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Ni una más

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MU en Jujuy, junto a familiares víctimas de femicidios. Es una provincia modelo de la máquina que asesina mujeres, de la que el Estado es parte activa. Los fiscales, unidos contra los familiares de víctimas. Las familias, investigadas y amenazadas. Las jóvenes, en peligro ante una violencia machista que crece ante la inacción y la impunidad. Los casos que generaron puebladas y ya son emblema del Ni Una Más en el norte. Y las madres, hermanas e hijes que no se callan y tejen red por la verdad, la memoria y la justicia. Por Claudia Acuña.

Fotos: Nacho Yuchark

Diecisiete kilómetros a 2.641 metros de altura separan a Huacalera de Tilcara. Mientras los camino, cada paso se convierte en latido y al ritmo de ese tic tac se precipitan imágenes, palabras, información, nombres, expedientes, datos y más, todo baldeado por esas lágrimas que vimos rodar en las cansadas mejillas marrones de madres, hijas, hermanas, padres, amigas.

Las lágrimas: eso sin duda es lo primero.

Gruesas, constantes, pesadas.

Limpio las mías mientras agradezco pisar esta Puna bella y silenciosa, sacudida por un ventarrón helado que mitiga el imperio del sol. El cansancio aturde, la impotencia acelera. Ambas cosas describen lo que significa caminar esos kilómetros y también escribir esta crónica.

Un pequeño monolito de piedra nos recuerda que estamos en el Trópico de Capricornio y honro allí lo poco que recuerdo de la novela de Henry Miller:

¿Por qué moverse?

¿Por qué salir de un refugio acogedor?”.

Repito como si fuera el cayado de un pastor: las lágrimas son lo primero.

¿Qué es lo segundo?

No hay segundo: ese es el problema.

Lo primero son las lágrimas, sí, pero a partir de ellas todo, hasta el detalle más trivial, es igual de importante y sucede al mismo tiempo y a una velocidad que apuna; como el soroche, marea, duele, da náuseas, corta la respiración y hace casi imposible moverse. Caminando por la Puna jujeña comprendemos que nuestras ruedas son esas cuatro letras. 

Este es entonces y tan solo un capítulo más de la Historia que construyen las personas -desde el principio de estos tiempos en los que siempre fue imposible moverse- con esa palabra: casi.

La tormenta perfecta

Tomar un avión es más fácil que viajar en el tren Sarmiento. La frase la escribe en el whatssap Lucas Pedulla, el compañero de MU al que le comento que nunca nos pidieron certificado de circulación, carnets de obra social, credenciales de prensa, ni nada de lo exigido para llegar a San Salvador. La frase describe a las personas con las que comparto el vuelo: abrumadora mayoría de Hombres No Usuarios del Sarmiento.

El aeropuerto queda lejos de la ciudad y el trayecto alcanza para chequear la información que comparte el chofer:

-Va a estar nublado, pero no va a llover. Acá se terminaron las tormentas desde que los tabacaleros tiran misiles para dispersarlas.

Googleo “jujuy” “tormenta” “misil”: en el diario El Tribuno hay varias notas que informan sobre su relación con las sequías.

La moza que atiende el pequeño bar donde intentamos desayunar tiene que repetirme la pregunta tres veces porque la enorme pantalla del televisor que hay a sus espaldas ha capturado la posibilidad de expresarme. Se la señalo con el dedo y recién ahí comprende qué pasa:

-¡Ah, sí! Siempre entran así, en manada.

Son trece hombres de traje que con pasos largos y decididos irrumpen en un gran salón hasta alcanzar el centro, ocupado por un escritorio. Allí se sientan tres, el resto permanece de pie, rodeando al trío. Mientras el único que habla mira a la cámara con ojos eyectados, el resto se mantiene firme e inmutable, hasta que pasa algo: uno se tapa la cara con las manos y sacude la cabeza de lado a lado.

Los trece hombres son integrantes del Ministerio Público de la Acusación, el organismo que creó el gobernador Gerardo Morales siete días después de asumir el cargo y para designar a Sergio Lello Sánchez como fiscal general y vitalicio. Él es quien habla. La televisión no tiene audio, pero la moza me resume la noticia:

-Le hizo perder el embarazo a la secretaria de un juzgado, ella lo denunció y ahora quiere echarla.

La noticia de hoy es que Lello Sánchez “requirió que se la investigue, y eventualmente se disponga la cesantía”. Quien está a cargo de ejecutar a la víctima es el fiscal Diego Cusell.

Esenciales  y descartables

La explicación la interrumpe un mensaje de Mary Álvarez, integrante del área de género y diversidad del gremio de trabajadores estatales:

-Veníte ya. Estás a la vuelta.

Doy la vuelta, entonces, para entrar a la oficina de Carlos Sajama, el secretario general de ATE-Jujuy, quien está escuchando a una señora que le resume su reclamo: en 2002 comenzó a trabajar en una escuela como portera, en paralelo y por las noches estudió bibliotecología, se recibió en cuatro años, al quinto la designaron para cubrir una suplencia y ahí está, pero siempre cobrando lo mismo -1.700 pesos -y firmando un contrato de servicio. Pidió que la regularicen, pero si lo lograra -lo cual es muy difícil- no le reconocen todos estos años de servicio. Le propusieron entonces pasar al sector salud, para trabajar en el hospital de campaña que abrieron previendo el rebrote de carnaval.

-Pero cuando se termina la pandemia pasamos de ser trabajadores esenciales a descartables y perdemos todo. Y sabe qué: ya no puedo perder nada más.

Es ahí cuando Mary me informa que la que habla es la mamá de Iara Rueda, la joven de 16 años asesinada en Palpalá.

Las familias víctimas de femicidios y desapariciones en la Plaza central de San Salvador.

Puebladas  y sinvergüenzas

Mónica Cunchila, ese es el nombre de la mamá de Iara. Conviene recordarlo por varios motivos. El principal: es lo que representa el antes y el después que marcó el femicidio de su hija Iara en Jujuy.

Cuando compartimos el asiento del colectivo que nos lleva de San Salvador a Palpalá Mónica me cuenta así el crimen de su hija, mientras arrastra las lágrimas con el puño:

Fue el 23 de septiembre, calcula que a las 4 de la tarde, cuando Iara recibió un mensaje por whatssap de un ex compañero de colegio. “Me compra un trabajo práctico, ma”, le avisó. Iara agarró la bicicleta, salió de su casa y nunca regresó. Las cámaras de seguridad de la ruta la registran pasar en bici rumbo a su casa, a las 17, a pocos metros de un retén policial. Esa es la última imagen de Iara. Las cámaras dejaron de grabar porque a esa hora comenzó un corte de luz.

Ese mismo día a las 20.20 Mónica cruzó la calle que separa su kiosco de comidas de la comisaría y trató de hacer la denuncia: no se la tomaron porque era domingo. Resolvió entonces buscarla ella misma con sus vecinos. Su marido, a quien todos conocen como El Coya, organizó el patrullaje que se hizo aquella larga noche sin luz ni luna, mientras por las redes se difundía la foto de Iara y pedidos de ayuda. Al amanecer sus amigas quinceañeras se plantaron en la ruta con cartulinas. La policía les pegó para dispersarlas.“Desde el primer día a la noche, cuando recibimos un mensaje que decía que habían visto a una chica que se la estaba llevando un hombre, llamé al jefe policial y me dijo: ‘ya, ya vamos a ir, sí’. Al otro día me traje al comisario a mi casa y el testigo cuando lo vio dijo ‘tengo miedo de hablar’. Ahí se perdió otro día más. Luego me pasaron a Casos Especiales e iniciaron otra vez las actuaciones, en vez de trabajar en conjunto y pedirle al juez o al fiscal que firme lo que tenga que firmar, no sé, lo que sea, pero no se hizo… y así, entonces, perdimos 24 horas más. Según la autopsia, ese día la matan a mi hija. El comisario Rodríguez me decía “es una chiquilinada, ya va a aparecer. Seguro que se fue porque está embarazada o algo así. Y yo le contestaba: “Comisario: mi hija está indispuesta”, pero insistía con que mi hija estaría en un hotel, con “un noviecito”. Reclamé el informe del celular, porque ahí está la clave: a ella la engañaron con lo del trabajo práctico y así la sacaron de casa. ¿Y qué me responde? “Eso se demora mucho”… Si hubiese sido la hija de un diputado o del gobernador ese informe no tarda nada… Después encuentran el celular de mi hija y me llaman para que vaya a buscarlo y cuando llego estaban todos ahí, sentados, sin hacer nada. Finalmente, cinco días tarde, el viernes, el juez dio la orden y qué casualidad: el rastrillaje empieza a las ocho de la mañana y una hora después aparece mi hija”.

Todo Jujuy fue testigo de cada uno de los detalles de esa semana horrenda y por eso mismo la noticia del hallazgo del cuerpo violado y torturado de Iara originó una pueblada. También escuchó clarito la frase que alcanzó a decir Mónica antes de desmayarse, cuando le comunicaron la noticia:

-Usted no tiene vergüenza

Le hablaba al fiscal de la causa, Diego Cusell.

En la puerta de la casa de Mónica hay tres fotos de Iara y dos carteles que recuerdan que todos los martes Palpalá marcha para exigir justicia. Al entrar lo primero que se ve es el living habitado por pancartas, carteles, banners, volantes, todos con la cara sonriente de Iara. En su habitación está tendida la cama, tal cual la dejó aquel día, el último, con el osito de peluche en la cabecera y la carpeta en los pies. Frente a la cama hay un altar, al lado del televisor, custodiado por frascos de esmaltes de todos los colores. Cuatro velitas rodean la foto principal, que la recuerdan el día de su cumpleaños. La torta está decorada con su principal pasión: la Torre Eiffel.

Una de sus tres hermanas es quien, luego, toca su guitarra siguiendo la partitura que le hizo copiar a Iara su profesor. Nos hace escuchar así su tema preferido: ella la títuló Mammá, que es la palabra más popular de la Rapsodia Bohemia, de Queen.

Son las tres de la tarde y el calor jujeño ha ahogado los ruidos para obligarlos a la siesta. Sentadas en la cama de una adolescente de 16 años, allí en Palpalá, a 1.686 kilómetros de la capital argentina y a millones de Fredy Mercury una guitarra nos recuerda una canción que narra metáforicamente la muerte del varón heterosexual.

Usted está equivocada

Caminamos las 20 cuadras que separa la casa de Mónica del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Iara. La familia construyó allí una pequeña capilla, donde puso la foto sonriente, una cruz de madera y seis velas violetas. Plantó alrededor tres Santa Rita de flores también violeta -su color preferido- y un lapacho que alguien arrancó de raíz y se llevó. “La encontraron con las manos atadas con un cincha de caballo y los pies, con la tira de su mochila. Desde el primer día un vecino ubicó la señal de su celular a 300 metros de acá. La policía sabía qué tenía que hacer, pero no lo hizo”.  Por el crimen de Iara hay tres detenidos: un menor, que suponen fue el entregador y dos hombres que Mónica no conocen y vivían en el barrio que está frente a ese descampado. Todos los detenidos se negaron a declarar. La autopsia determinó que estuvo mucho tiempo sumergida en agua. La ropa –una remera con dibujos de leoncitos, calza negra y zapatillas negras- estaba descolorida y sus lentes quemados. 

Mónica vuelve a arrastrar las lágrimas con el puño y recuerda que la única asistencia que recibió del Estado fue la de una psicóloga que llegó a su casa aquel día tremendo. Le dijo: “Usted primero es Mónica y luego la mamá de Iara. No deje que esto arruine su vida también”. Recuerda su respuesta: “Usted está equivocada. Yo desde hoy no soy más ni Mónica ni la mamá de Iara. A partir de ahora soy una mujer que va a luchar hasta el final”.

Luego contará que a su madre, cuando tenía 5 años, la regalaron a una familia que la hacía dormir en el piso, la daba de comer las sobras y la obligaba a trabajar de sirvienta. “Toda su vida con cama adentro. Nos metió en la cabeza una frase: ´Si tenés un problema vos lo podés solucionar. No bajes los brazos´. Será por eso, quizá, que en el peor momento de mi vida me acordé de ella y se me vino una imagen: en esto tenemos que ser así”. Mónica cierra el puño, lo aprieta y sigue: “Unidos como los dedos de esta mano. Y ahí me puse a buscar a las otras familias que habían sufrido lo mismo, conocí a la Multisectorial de la Mujer y empecé a moverme. No sé de dónde sacamos fuerza, porque lo único que no tiene solución es la muerte. Yo sé que esto no tiene solución: tiene lucha. Nos pasó algo tremendo, injusto, terrible y por eso mismo somos lo que tenemos que lograr que mañana nuestras hijas y todas las hijas no tengan miedo”.

Otro colectivo nos llevará hasta el kiosco de comidas que desde hace años atiende el matrimonio. Es un pequeño local instalado en medio de un parque, con mesas y sillas ubicadas debajo de árboles y rodeadas de plantas, flores y pájaros. En una de las paredes está pintada Iara, sonriente. Desde el mostrador todos los días sus padres observan al comisario y los efectivos que se negaron a tomar la denuncia y buscarla. 

Desde adentro

Anochece en San Salvador donde nos espera Agustina Aramayo, la secretaria denunciada por el fiscal general. El pelo negro y largo, las sandalias altas, la mirada decidida y la bebé en brazos, mientras cuenta qué disparó su persecución: “Entré al Poder Judicial en 2015 y con la asunción de Morales hubo una reforma que me dejó en la órbita de fiscal general Lello Sánchez. Un año después participo de la marcha de Ni Una Menos y cuando vuelvo a mi trabajo me imprimen una foto dónde estoy en primer plano y me informan que no puedo hacer eso porque soy una funcionaria pública. Entonces le explico: no milito para ningún partido político, pero sí apoyo la causa y me parece que como funcionaria debemos participar, concientizar sobre esto y brindar nuestro apoyo. Me dicen que no, que la próxima vez que lo haga me hacían un sumario administrativo. A partir de ahí empezaron una serie de hostigamientos, persecuciones. Me cambiaron diez veces de lugar de trabajo y en cada cambio me advertían que tenía que renunciar. Denuncio el mobbing laboral en 2019 y fue peor. Hice la denuncia embarazada, aunque no lo sabía en ese momento. Con todos los nervios empiezo a atravesar pérdidas y termino internada en una clínica de Palpalá, donde me dicen que tenía una amenaza de aborto. Me ordenan  reposo absoluto por treinta días para salvar al bebé. Presento el certificado en mi trabajo y me autorizan tres días: 30, 31 y primero de agosto. Termino perdiendo el bebé y me dan dos días. Yo seguía expulsando, seguía con pérdidas, pero tenía que ir a trabajar a tribunales. Mientras, la denuncia que había hecho siguió avanzando, pero la pandemia frenó todo. Vuelvo a quedar embarazada, tengo a mi hija y en plena licencia por maternidad me obligan a volver a trabajar. Luego entiendo que lo hicieron para notificarme que se había abierto el sumario al que hizo referencia el fiscal general hoy en la conferencia de prensa. Lo hacen para echarme, pero yo no me puedo dar ese lujo: estoy llena de deudas”.

Le pregunto si ese fiscal general es el responsable de que se investiguen los femicidios y las denuncias por violencia. La respuesta es sí.

Le pregunto si tiene miedo. La respuesta es la misma.

Así termina nuestro primer día en Jujuy.

Foto y sarasa

La siguiente mañana es la charla con tres integrantes de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias: la abogada Mariana Vargas -responsable del caso de Romina Tejerina, la joven que a los 19 años fue violada, quedó embarazada y fue condenada a 14 años de prisión por la muerte de su bebé-, la periodista Natalia Aramayo –hermana de Agustina, la secretaria perseguida por el fiscal general- y la psicóloga social  Miri Morales, una de las impulsoras de esta red nacida en 2007, parida tras el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en esa provincia y con un objetivo preciso: impulsar la ley de emergencia. Este año una norma fue sancionada con ese título y un nombre, el de Iara. “Pero no contempla todos los puntos que exigimos, aún no fue reglamentada y no tiene presupuesto, por lo tanto estamos igual que siempre: todo sarasa. Hay una política de marketinear con el Ni una menos, sacarse la foto, hacer un convenio acá, un convenio allá, foto, foto, foto. Y en concreto, cero recursos”. ¿Qué exigir entonces? Un indicador que ellas recomiendan tener siempre  en cuenta es la situación del personal que trabaja recibiendo las denuncias. “Hacen muchos anuncios, pero  nunca  las condiciones de las trabajadoras y trabajadores han mejorado. Son chicos o chicas recién recibidas, muy mal pagos, precarizados: eso es violencia institucional. Y eso se traduce en femicidios”. Citan un ejemplo: el caso de Nahir Mamani, 20 años. “Llamó al 144 y la derivaron a hacer la denuncia a una oficina. Tenía miedo y por eso la acompañó su papá. Las personas que trabajaban ahí, que estaban desbordadas, le dan turno para semanas después y la mandan a su casa. Nunca le hicieron  un seguimiento, y terminó asesinada. Y eso se repite en el caso de Rosana Mazala y en muchos otros en los que las mujeres acudieron al Estado y el Estado no las acompaña”. ¿Por qué? “En esencia, porque las y los funcionarios a cargo de diseñar las políticas y adjudicar los recursos no se hacen cargo de que el Estado no es una oenegé que hace lo que puede, sino que tiene una responsabilidad indelegable  y esa responsabilidad es evitar los femicidios. No sé si piensan que no se pueden evitar o es otra cosa, porque siempre escucho discursos justificadores. Creo que el punto central es dejar en claro que todo femicidio es evitable y eso no está instalado”. 

Las voces silenciadas

Son las tres de la tarde y en la plaza central es Víctor Álvarez, el papá de otra Nahir,  quien nos cuenta cómo sigue la historia: su hija fue asesinada en octubre de 2020, tenía 16 años y un hijo de seis meses, Giovani. “Ayer nos dieron la tutela, pero nos dijeron que hasta que no haya condena no podemos recibir el subsidio. Ojalá nunca le toque pasar por esto al gobernador o a alguien con poder político, porque ahí sí van a saber el dolor y la injusticia”. Víctor está rodeado de siete familias que fueron convocadas por Mónica. Llegan desde Ledesma, Abra Pampa, Santa Clara, Palpalá, San Pedro y los bordes de San Salvador con fotos, remeras, pancartas y banners que despliegan como gritos frente a la Casa de Gobierno. Escuchan en silencio los relatos que se van sucediendo uno tras otro y que tantas veces repitieron con la esperanza de ser escuchados. 

Abrazan a la mamá de Tania Palacios, 23 años, asesinada en 2019 de un balazo en el pecho por su novio policía y todavía sin fecha de juicio. “El año que matan a mi hija, muere mi madre. A mi madre la entierro en mayo y a mi hija la entierro en diciembre. Y en el año 2020 entierro a mi pareja, en abril. Mi vida viene así. Hay días en los que quiero vivir para lograr justicia y hay días de morir. Es algo doloroso.  Es algo triste. Yo me quería meter en el cajón de mi hija….”

Abrazan a la mamá de Cinthia Tolaba, desaparecida en enero de 2016 a los 15 años. “Ya han pasado cinco años y nada. Tenía un rastro que seguí hace poco, fuimos a buscarla al Chaco salteño y nada. Tenía celular, pero nunca hicieron el rastreo. De la causa no se investigó nada, quedó así nomás…”

Abrazan a los padres de Cesia Reinaga, 20 años, asesinada en setiembre de 2020. Por su crimen están detenidos los dueños del multimedio de Abrapampa, el padre y el abuelo del femicida, que es menor y por eso fue beneficiado con prisión domiciliaria, que cumple en la casa de su mamá concejal, destituía por ocultar el crimen. “Hemos recibido muchas amenazas, muchas, pero estamos agradecidas a Dios y a la gente que siempre nos acompaña porque solo ellas nos protegen. No estamos pidiendo venganza: estamos buscando justicia y que esto no pase más. ¿Y qué recibimos? Amenazas que nos quiere callar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué el que tiene poder nos puede matar porque nosotros no tenemos dinero? No somos ignorantes: somos pobres, pero conscientes de nuestros derechos”.

Abrazan a Carlos, hermano de Rosa Aliaga, asesinada en mayo de 2015 y víctima de un expediente judicial que hasta el día de hoy no tiene ni detenidos ni hipótesis del crimen. “La mataron con un palo en la cabeza y con un cuchillo en el pecho. La fiscalía hizo todo mal y la defensa hace todo bien para ponernos trabas y no poder presentarnos como querellantes”.

Abrazan a la mamá de Kathy Mamani, 17 años, asesinada en Palpalá en mayo de 2011 y hasta hoy sin avances en la investigación. “No sé nada de la causa. Nadie me informó nada. Ni el juez, ni el fiscal. Nunca nadie me citó. Ni siquiera me dieron una audiencia. Nada”. 

Abrazan a la amiga de Rosalía Lucía Quiroga, desaparecida el 14 de mayo de 2014. “El último contacto que tuvo su mamá fue a las 10 de la mañana. Y desde ahí hasta el día de hoy no se sabe nada. El marido la golpeaba, la maltrataba, fue el primer imputado y después murió, y se llevó todo. Tenía hijos. Tenía 23 años”.

Abrazan a las hijas de Rosita Patagua, 46 años, protagonista del último femicidio evitable sufrido en esa provincia: el juez Pullen Llermanós ordenó la libertad de su asesino, por no considerarlo peligroso y desoyendo los informes fiscales. A la semana de recuperar la libertad la mató.  Ahora estas jóvenes de 24 y 26 años están a cargo de su hermano menor. También están amenazadas. Cuentan que por Facebook pidieron ayuda y así contactaron a la abogada Mariana Vargas, que esta semana solicitó que el Estado garantice la seguridad de las chicas. Cuentan también que están preocupadas porque mañana su hermano tiene que comenzar las clases y no saben cómo prepararlo: su madre siempre se encargaba de esas cosas. Les pregunto qué necesitan y la menor responde corriéndose las lágrimas: “Quisiera, si se puede, que se modifique un poco, acá en Jujuy y en todo el país, lo que haya que hacer para que se garantice el acompañamiento de las mujeres desde el primer momento en que denuncian; que concurran a su domicilio, que la busquen, que la llamen, para que no suceda esto de nuevo. Hay un montón de casos en que las mujeres hacen la denuncia y terminan en desgracias, que no esperen a que nos maten para hacer algo”.

Las abrazo.

Las cosas que se caen

Tercer día.  Estamos en Huacalera, en la casa de la familia de Camila Peñalba. Tenía 25 años y dos hijos cuando la encontraron muerta, el 5 de marzo del 2020. Los vecinos escucharon llorar a su bebé, entraron y ahí estaba: su cuerpo, derrumbado en la cama sobre su hija Lara, inmóvil y aterrada. Ahora Lara está sacando fotos con la cámara de Nacho, fotógrafo de MU, enorme para su cuerpito largo de 7 años, mientras Matilde, su abuela, deja que las lágrimas hablen. A su espalda, los cerros imponentes se dejan abrazar por las nubes. Del sol nos resguarda una media sombra negra que cubre el patio de tierra de la casa con ladrillos de abobe y puertas de madera.  No hace falta hacer preguntas: necesita que alguien la escuche y con esa esperanza habla: “Nos dijeron que se había muerto por broncoaspiración y empecé a buscar qué era, como para entender qué le había pasado. Más leía y menos entendía, pero el fiscal insistía que se había ahogado con su propio vómito porque estaba borracha. Y mi hija no bebía”. Aturdida, dice, decidió contratar un perito que confirmó sus sospechas: el laboratorio descartó ebriedad, no se había producido ninguna broncoaspiración y la muerte fue producto de un ahorcamiento. Además, su cuerpo estaba golpeado. Logró así que el juez ordenara  una junta médica que en diciembre confirmó la pericia de parte. Así logró que la ex pareja de su hija fuera encarcelada en enero de este año. La última noticia de la causa es lo que le hace brotar las lágrimas: el mismo perito que falseó la autopsia, designado por el Ministerio Público de Acusación dirigido por el fiscal Lello Sánchez, fue nombrado para hacerle la pericia psiquiátrica al imputado. Matilde siente el peso de lo que eso significa como si los cerros se derrumbaran sobre su espalda: “Es una lucha desigual, nunca termina”.

Hace poco se recibió de profesora de Lengua y  Literatura y su primera designación la lleva tres días a la semana hasta una escuela secundaria de la frontera, por eso no estaba en Huacalera cuando asesinaron a su hija. Ahora, con el inicio de las clases presenciales, no sabe cómo hará para conciliar el cuidado de los nietos, de su hijo de 10 años y de su trabajo. Todavía no recibió ninguna ayuda económica para sostenerlos, aunque la ley Brisa obliga al Estado a hacerlo. Lo de siempre: hasta obtener la guarda legalmente no podrá tramitarla. Y ese trámite, por cómo se redactó la reglamentación, es judicial y por lo tanto, demora más que la necesidad. El Derecho tarda.

Le pregunto qué la llevó a tomar esa decisión clave que desnudó la trama de impunidad que suele atrapar los pedidos de justicia de los femicidios en esas periferias y las lágrimas de Matilde retornan, más abundantes y trágicas. “Yo sospechaba qué había pasado en realidad, porque mi hija lo había denunciado y él siempre estaba dando vueltas por la casa, pero me dije: esto te va a costar muy caro, y tenés los nietos y poco trabajo. La justicia no es para vos. Decidí dejarlo pasar, pero se me empezaron a caer cosas encima. Cosas de esas que nunca se caen: el reloj de pared, cajas que estaban bien acomodadas. Me dije: esa es mi hija que no me va a dejar tranquila hasta que no me encargue. Y tenía razón, porque si no mis nietos corrían el riesgo de ser criados por el asesino de su madre”. 

Le pregunto quién es el fiscal de la causa, aquel que lo comunicó que su hija había muerto por borracha. Me responde un nombre que escuchó por tercera vez en tres días: Diego Cusell.

Son las tres y media de la tarde y el micro a San Salvador acaba de pasar de largo. Casi lo alcanzamos. 

Casi.

Las opciones: esperar cuatro horas al siguiente o abordar uno en Tilcara, que ofrece más frecuencias los domingos a la tarde. La respuesta llega por whatssap y es una foto. En el mismo salón que copó la manada de fiscales están ahora sentadas tres mujeres rodeadas por una docena de abogadas.Es la imagen de la conferencia de prensa que se organizó para apoyar a Agustina Aramayo, la secretaria perseguida. Así lograron que, días después, el Tribunal Superior obligara al fiscal general Lillo Sánchez a archivar el expediente con el que pretendía echarla.

Caminamos.

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Alperovich fue procesado y embargado por abuso sexual

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La justicia procesó a José Alperovich por abuso sexual simple en tres oportunidades y abuso sexual agravado en seis oportunidades. Además lo embargó por 2,5 millones de pesos. «Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019», celebra Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. «Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano», reflexiona. Las lecciones de esta demora en el avance judicial, y el contexto de violencia patriarcal que caracteriza a la provincia. Y un recuerdo imborrable: la desgarradora carta de la persona que denunció al ex gobernador.

El procesamiento, dictado por el juez Osvaldo Rappa, del Juzgado Criminal y Correccional 35, llega luego de la denuncia de su sobrina, y ex asesora, por abusos ocurridos entre 2017 y 2019 en la Ciudad de Buenos Aires. En una carta pública la víctima relató así los abusos: «Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él”.

La causa se había iniciado en la Ciudad de Buenos Aires y en Tucumán, en ambas jurisdicciones se declaraban incompetentes. En mayo del año pasado, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Nación, la causa pasó a CABA y fue impulsada por el fiscal Santiago Vismara, de la Fiscalía Criminal y Correccional 10, y la fiscala Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. 

Alperovich declaró el pasado 20 de abril, se aseguró inocente y luego tuiteó: “Realicé un extenso descargo de mi defensa, analizando todas las pruebas presentadas en la causa y demostrando que se trata de una falsa denuncia con fines de excluirme de la escena política”. 

Jardín de la impunidad

José Jorge Alperovich dio sus primeros pasos en la política como legislador provincial de Tucumán, integrando el bloque de la Unión Cívica Radical en 1995. Allí se desempeñó como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese periodo Antonio Bussi era el gobernador. 

Luego fue gobernador de la provincia de Tucumán durante tres periodos seguidos, entre 2003 y 2015, año en el que asume como senador nacional. Su esposa, Beatriz Rojkés, también es senadora y, además, preside el Partido Justicialista en la provincia.

El caso de Alperovich no es aislado: en la provincia de Tucumán son los seis hombres de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fueron denunciados por casos de acoso, abuso sexual y de poder. Además de Alperovich ellos son: el legislador Ricardo Bussi, el ttular del Ministerio Publico de la Defensa Washington Navarro Dávila, Antonio Daniel Estofán vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Carlos Najar intendente de Las Talitas, y Bruno Gabriel Romano Concejal de Juan Bautista Alberdi.

El festejo y lo que falta

“Lo de Alperovich, para el movimiento feminista, es un triunfo”, dice a lavaca Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. “Decimos que hoy la justicia fue un poquito más justa, pero se demoró muchísimo. También es un mensaje, entendiendo otras cosas que vamos logrando, por ejemplo: hemos avanzado en la causa de Bussi pidiendo el desafuero, entendiendo que al juez Pisa el año pasado le pudimos hacer un juicio político”.

¿Qué quiere decir ese mensaje?

Que a la larga esta tozudez que tenemos el movimiento feminista en plantar bandera, en salir a decir, en tomar las calles, en no dejar que se invisibilice y desaparezca el tema; a la larga, tiene estos resultados. Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019. Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano. Esa es la primera reflexión que hago cuando veo la noticia.

¿Qué falta? 

Falta mucho, falta que la justicia se reforme con mirada feminista, lo que significa que hay que poner se a discutir, hoy más que nunca, qué es esta reforma judicial. Pero hoy estamos contentas, porque es un mensaje para una provincia como Tucumán, donde la impunidad camina tranquila por la calle. 

La carta de su sobrina

A la luz del procesamiento, leer completa la carta abierta que su sobrina difundió en noviembre de 2019 es una forma clara de contextualizar esta noticia. Dice:

“Estoy segura que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual quisiera estar en este lugar, desnudando la intimidad más dolorosa de su vida. Pero nos obligan a encontrar en esta manera la posibilidad de ser escuchadas. Ya no nos callamos más, pero tampoco queremos hablar por lo bajo de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que nos hicieron y de cómo hacemos para volver a la vida después de que hechos tan traumáticos nos la cambiaron para siempre.

No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe.

El mío se llama Jose Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él.

No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mi. Ya se cansaría de mi, de que no quiera, de que sea “asexuada” como me llamaba. Pero su fijación no cesaba, durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más violencia por mi resistencia.

La sensación de que nunca nadie iba a salvarme, de que no iba a haber una interrupción o algo que me sacara de esos lugares. Era expresamente su voluntad. Yo no podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros, y policías y custodios armados. Todos sabiendo lo que estaba pasando adentro y cuidando las fronteras de él. Estaba completamente atrapada.

Yo nunca elegí estar ahí de esa manera. Se lo decía en cada no. Pero mis no para él nunca fueron suficientes. No se trataba del ímpetu ni de la cantidad de veces que se lo decía ni de como se lo explicaba ni de como mezquinaba mi cuerpo ni de como intentaba defenderme ni si lloraba o no. Nunca en mi vida lloré tanto.

Durante todo ese tiempo no tuve ni un respiro. Trabajé sin parar, sin vacaciones, sin feriados. Solo me liberaba cuando él viajaba. Pero cuando regresaba, volvía también la pesadilla. Hasta que se detuvo, hasta que las situaciones en las que el disponía quedarse solo conmigo para tocarme y penetrarme se volvieron situaciones ya de violencia y maltrato público, delante de personas. Pero ya no más por dentro, ya no más al hueso, ya no más solos.

Pensar en quién era yo antes, sin miedo, con deseo de desarrollarme, de aprender, de vivir. Si me conocías pensarías que era una mujer a la que jamás le podría pasar algo así. El peligro cayó sobre mí todo junto, encubierto en el afecto familiar y en la seriedad de lo laboral. Quedé atrapada y atravesada para siempre.

A mí esto me cuesta desde el día que empezó a pasar y en todos los sentidos. Solo quiero justicia. Recuperar mi vida. Tengo 29 años, soy libre, soy joven. Quiero volver a empezar poniendo cada cosa en su lugar. Responsabilidad de acciones, consecuencias para quien corresponde. Hasta ahora, sólo las cargo yo. Sacarme esta mochila que ya no puedo sostener más y entregársela a su dueño.

No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se pueda especular. Esto es por mí. El motivo más importante de mi vida es mi renacimiento, mi sanación y la búsqueda de justicia. ¿Qué motivo más importante que el valor de mi propia vida puedo tener?

Estoy acá contando lo que viví por mi seguridad pero también para que otras mujeres se animen a hablar. Esto no me mato, me puedo proclamar y me puedo defender. Me puedo recuperar, me puedo cuidar, me puedo elegir. Hoy elijo no callarme nunca más. A pesar de que me decía, en pleno horror: ‘cállate, ¿no ves como estoy?’, para tapar todos mis no. No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea el nunca más de todas aquellas que queremos dejar de callar.

Elijo cerrar con estas palabras de Zuleika Esnal: “A las que denunciaron. A las que no. A las que pudieron salir. A las que no. A las que me escriben pidiendo que escriba. A las que me escriben pidiendo que no, que solo quieren probar qué se siente que alguien más sepa su infierno. A las todavía no. A las ahora sí. A las no puedo. A las sin nombre ni apellido. A las no pongas mi ciudad, por si me encuentra. A las mi vieja sabía y no hizo nada. A las de huesos rotos. A las que ya no están para contar su historia. A las que están acá pero no pueden contarla. A las que escriben paredes. A las que no. A las que salen a la calle. A las que no. A las que me va a sacar el nene si denuncio. A la memoria de todas. A sus mamás. A todas las mamás. (…) A las callate y aguantá. A las no aguanto más. A las me quiero morir. A las de sexo anal para no quedar embarazada de mi viejo en sexto grado. A las viajeras que no vuelven. A las que vuelven y es un lujo. A las te escribo ahora que duerme. A las te dejo que volvió. A las me mata si se entera. A las no sé a quién recurrir. A las te escribo porque yo no tengo a nadie””.

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#NiUnaMás

La familia de Carla Soggiu denuncia a Larreta y Santilli por las fallas en el sistema de GPS que debió protegerla

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A 3 años y 3 meses sin Carla Soggiu, y sin culpables por su femicidio, su familia apunta contra el sistema que debió protegerla: el botón antipánico concesionado por el Gobierno de la Ciudad. Carla lo apretó 5 veces antes de morir. La denuncia apunta sin vueltas contra el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el entonces vicejefe, Diego Santilli, quien dijo que el sistema funcionaba cuando las pruebas, y los hechos, indican lo contrario.  Cómo se desprotegio no solo a Carla sino a las 3 mil mujeres que contaban con el botón en la Ciudad. Y la necesidad de empujar justicia, cuando la impunidad de los femicidios es lo único que sigue funcionando.

5 veces.

Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces.

5 veces apretó el botón antipánico, antes de dejar de responder. Llegó a hablar con dos operarios de la empresa Coradir S.A., concesionaria del servicio licitado por el Gobierno de la Ciudad. Y pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. La pregunta es: ¿por qué?

4 días.

4 días Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero la encontró, ya fallecida, en el riachuelo. Según la autopsia, Carla murió por “asfixia mecánica por sumersión”.

La justicia le había otorgado el botón antipánico tras haber denunciado a su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, por torturas y violación ante la Oficina de Violencia Doméstica.

La lesión por la golpiza en el cráneo, según sus padres, derivó en una desestabilización y desorientación que terminó desencadenando en su muerte. Sin embargo, la causa judicial que investiga el caso no conectó esos dos hechos: Fuentes fue condenado por violación, pero no por femicidio.

Tampoco la causa investigó por qué a pesar de que Carla Soggiu pidió ayuda, el GPS del botón antipánico no funcionó.

1.

2.

3.

4.

5 veces.

Declaraciones versus pruebas

La familia asegura que no la encontraron porque el GPS del botón antipánico que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le había entregado, evidentemente, no funcionaba. Alfredo Barrera: “Escuchando los audios de mi hija no te queda ninguna duda de que no funciona nada. Cuando mi hija se comunicó, a los 5 minutos tenía que haber un patrullero: le dieron un aparato especialmente para eso”. En cambio, los patrulleros fueron enviados al domicilio de Carla, donde no había nadie.

“En programas de radio (Diego) Santilli dijo que el sistema funcionaba y que la contuvieron. Nunca nada más alejado de la realidad: él se refiere a que habló con los operadores pero ese no es el tema. Ella estaba hablando con alguien que no le podía solucionar nada, porque no funcionaba el GPS. Si funcionaba, a los 5 minutos ya le hubiesen mandado un móvil. Dicen que mandaron para su casa, y en la casa no estaba: no tenían ni idea donde estaba. Les reportaba por todos lados, pero en realidad no funcionaba”.

La investigación de por qué el botón no funcionó no la realizó la justicia penal sino la periodista María Miranda para el medio El Destape: la misma comprueba que el servicio de geolocalización de la empresa Coradir S.A. se encontraba caído porque el Gobierno de la Ciudad no había renovado el contrato. El 31 de diciembre de 2018 Coradir habría dejado de brindar el servicio de soporte; las últimas llamadas de Carla datan del 15 de enero. Según El Destape, el último “Informe de evento” de la Policía de la Ciudad, arrojó “Ubicación GPS aproximada: No encontrado”.

En la denuncia Alfredo detalla: “A raíz de lo sucedido en el caso de mi hija que tomamos conocimiento de que se produjo un cambio de empresa tercerizada prestadora del servicio de botón antipánico, y durante veinte días ninguna de las personas asistida por el sistema tuvo cobertura de ubicación por GPS”. Esto significa que el sistema no funcionaba ni para Carla ni para cerca de tres mil mujeres en situación de riesgo, de manera simultánea. 

Por esta razón Alfredo Barrera acaba de firmar y presentar una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad, puntualmente contra su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, y su vicejefe al momento de la muerte de Carla, Diego Santilli. En la misma se los cita a declarar junto a los dos operarios que hablaron con Carla, como al dueño de la empresa, y la periodista de El Destape.

La denuncia es clara: “El Gobierno de la Ciudad es culpable”. Y remata: “Es claro por qué: no funcionaba el GPS. Si hubiese funcionado, mi hija estaría. No hay mucha vuelta que darle”. 

Lo que no funciona

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión. “El fallo es vergonzoso. Nosotros ni estábamos de querellantes”, cuenta Alfredo sobre el proceso de injusticia.

La familia Soggiu denunció que esta condena no contempló la relación con la muerte de Carla, con graves secuelas tras la golpiza de Fuentes, y por eso abrió otra causa por femicidio. La misma fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. “Nos enteramos en noviembre de 2021 que estaba archivada. Ese mismo día habíamos ido a hablar con el abogado, que nos dijo que seguía todo parado, pero ¡no nos dijo que estaba archivada! Nos enteramos después. Ahí nosotros caímos de que estaba todo armado, de que este tipo habrá hecho su negocio o no sé, pero a nosotros nos iba a dejar sin nada”.

Que no exista una condena por “femicidio” implica, entre muchas otras cosas, que los padres de Carla hayan quedado a cargo de sus hijos sin poder obtener la asistencia que brinda la Ley Brisa a familiares víctimas de femicidios.

Sin culpables por la muerte de Carla, ahora la familia apunta al sistema que debió protegerla: el provisto por la Corte Suprema de Justicia y controlado por el Gobierno de la Ciudad. Cómo lo lograron: “Tuvimos que andar a las corridas, moviéndonos nosotros. Desde la Defensoría General de la Nación me consiguieron una audiencia con Defensoría de la Ciudad que de mala gana y porque yo les preguntó si podían hacer un papel para prorrogar la prescripción, me lo hicieron. Después de eso teníamos que encontrar un abogado que quisiera ir contra la ciudad. Y también pudimos”.

Alfredo subraya lo que no funciona: “Ni el GPS, ni la justicia”. Y describe este nuevo round judicial contra un rival difícil, de esta manera: “Pudimos subirnos al ring de nuevo; nos habían bajado violentamente. Después faltan un montón de cosas pero, simplemente, es tener la chance de poder pelear. Ahí estamos”.

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#NiUnaMás

Crimen perpetuo: el caso de Paula Martínez

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Denunció a sus violadores, ocho hombres, hace seis años. Desde entonces sufrió amenazas por parte de ellos y sus familiares. Encaró una lucha para “que no le pase a ninguna piba más”, pero en diciembre de 2021, agobiada, sin justicia ni contención estatal, se quitó la vida. Su familia sostiene el reclamo de justicia. Por Delfina Pedelacq.

Foto: Agustina Olivera
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La última Mu: ¿Dónde hay un mango?

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