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Ni una más

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MU en Jujuy, junto a familiares víctimas de femicidios. Es una provincia modelo de la máquina que asesina mujeres, de la que el Estado es parte activa. Los fiscales, unidos contra los familiares de víctimas. Las familias, investigadas y amenazadas. Las jóvenes, en peligro ante una violencia machista que crece ante la inacción y la impunidad. Los casos que generaron puebladas y ya son emblema del Ni Una Más en el norte. Y las madres, hermanas e hijes que no se callan y tejen red por la verdad, la memoria y la justicia. Por Claudia Acuña.

Fotos: Nacho Yuchark

Diecisiete kilómetros a 2.641 metros de altura separan a Huacalera de Tilcara. Mientras los camino, cada paso se convierte en latido y al ritmo de ese tic tac se precipitan imágenes, palabras, información, nombres, expedientes, datos y más, todo baldeado por esas lágrimas que vimos rodar en las cansadas mejillas marrones de madres, hijas, hermanas, padres, amigas.

Las lágrimas: eso sin duda es lo primero.

Gruesas, constantes, pesadas.

Limpio las mías mientras agradezco pisar esta Puna bella y silenciosa, sacudida por un ventarrón helado que mitiga el imperio del sol. El cansancio aturde, la impotencia acelera. Ambas cosas describen lo que significa caminar esos kilómetros y también escribir esta crónica.

Un pequeño monolito de piedra nos recuerda que estamos en el Trópico de Capricornio y honro allí lo poco que recuerdo de la novela de Henry Miller:

¿Por qué moverse?

¿Por qué salir de un refugio acogedor?”.

Repito como si fuera el cayado de un pastor: las lágrimas son lo primero.

¿Qué es lo segundo?

No hay segundo: ese es el problema.

Lo primero son las lágrimas, sí, pero a partir de ellas todo, hasta el detalle más trivial, es igual de importante y sucede al mismo tiempo y a una velocidad que apuna; como el soroche, marea, duele, da náuseas, corta la respiración y hace casi imposible moverse. Caminando por la Puna jujeña comprendemos que nuestras ruedas son esas cuatro letras. 

Este es entonces y tan solo un capítulo más de la Historia que construyen las personas -desde el principio de estos tiempos en los que siempre fue imposible moverse- con esa palabra: casi.

La tormenta perfecta

Tomar un avión es más fácil que viajar en el tren Sarmiento. La frase la escribe en el whatssap Lucas Pedulla, el compañero de MU al que le comento que nunca nos pidieron certificado de circulación, carnets de obra social, credenciales de prensa, ni nada de lo exigido para llegar a San Salvador. La frase describe a las personas con las que comparto el vuelo: abrumadora mayoría de Hombres No Usuarios del Sarmiento.

El aeropuerto queda lejos de la ciudad y el trayecto alcanza para chequear la información que comparte el chofer:

-Va a estar nublado, pero no va a llover. Acá se terminaron las tormentas desde que los tabacaleros tiran misiles para dispersarlas.

Googleo “jujuy” “tormenta” “misil”: en el diario El Tribuno hay varias notas que informan sobre su relación con las sequías.

La moza que atiende el pequeño bar donde intentamos desayunar tiene que repetirme la pregunta tres veces porque la enorme pantalla del televisor que hay a sus espaldas ha capturado la posibilidad de expresarme. Se la señalo con el dedo y recién ahí comprende qué pasa:

-¡Ah, sí! Siempre entran así, en manada.

Son trece hombres de traje que con pasos largos y decididos irrumpen en un gran salón hasta alcanzar el centro, ocupado por un escritorio. Allí se sientan tres, el resto permanece de pie, rodeando al trío. Mientras el único que habla mira a la cámara con ojos eyectados, el resto se mantiene firme e inmutable, hasta que pasa algo: uno se tapa la cara con las manos y sacude la cabeza de lado a lado.

Los trece hombres son integrantes del Ministerio Público de la Acusación, el organismo que creó el gobernador Gerardo Morales siete días después de asumir el cargo y para designar a Sergio Lello Sánchez como fiscal general y vitalicio. Él es quien habla. La televisión no tiene audio, pero la moza me resume la noticia:

-Le hizo perder el embarazo a la secretaria de un juzgado, ella lo denunció y ahora quiere echarla.

La noticia de hoy es que Lello Sánchez “requirió que se la investigue, y eventualmente se disponga la cesantía”. Quien está a cargo de ejecutar a la víctima es el fiscal Diego Cusell.

Esenciales  y descartables

La explicación la interrumpe un mensaje de Mary Álvarez, integrante del área de género y diversidad del gremio de trabajadores estatales:

-Veníte ya. Estás a la vuelta.

Doy la vuelta, entonces, para entrar a la oficina de Carlos Sajama, el secretario general de ATE-Jujuy, quien está escuchando a una señora que le resume su reclamo: en 2002 comenzó a trabajar en una escuela como portera, en paralelo y por las noches estudió bibliotecología, se recibió en cuatro años, al quinto la designaron para cubrir una suplencia y ahí está, pero siempre cobrando lo mismo -1.700 pesos -y firmando un contrato de servicio. Pidió que la regularicen, pero si lo lograra -lo cual es muy difícil- no le reconocen todos estos años de servicio. Le propusieron entonces pasar al sector salud, para trabajar en el hospital de campaña que abrieron previendo el rebrote de carnaval.

-Pero cuando se termina la pandemia pasamos de ser trabajadores esenciales a descartables y perdemos todo. Y sabe qué: ya no puedo perder nada más.

Es ahí cuando Mary me informa que la que habla es la mamá de Iara Rueda, la joven de 16 años asesinada en Palpalá.

Las familias víctimas de femicidios y desapariciones en la Plaza central de San Salvador.

Puebladas  y sinvergüenzas

Mónica Cunchila, ese es el nombre de la mamá de Iara. Conviene recordarlo por varios motivos. El principal: es lo que representa el antes y el después que marcó el femicidio de su hija Iara en Jujuy.

Cuando compartimos el asiento del colectivo que nos lleva de San Salvador a Palpalá Mónica me cuenta así el crimen de su hija, mientras arrastra las lágrimas con el puño:

Fue el 23 de septiembre, calcula que a las 4 de la tarde, cuando Iara recibió un mensaje por whatssap de un ex compañero de colegio. “Me compra un trabajo práctico, ma”, le avisó. Iara agarró la bicicleta, salió de su casa y nunca regresó. Las cámaras de seguridad de la ruta la registran pasar en bici rumbo a su casa, a las 17, a pocos metros de un retén policial. Esa es la última imagen de Iara. Las cámaras dejaron de grabar porque a esa hora comenzó un corte de luz.

Ese mismo día a las 20.20 Mónica cruzó la calle que separa su kiosco de comidas de la comisaría y trató de hacer la denuncia: no se la tomaron porque era domingo. Resolvió entonces buscarla ella misma con sus vecinos. Su marido, a quien todos conocen como El Coya, organizó el patrullaje que se hizo aquella larga noche sin luz ni luna, mientras por las redes se difundía la foto de Iara y pedidos de ayuda. Al amanecer sus amigas quinceañeras se plantaron en la ruta con cartulinas. La policía les pegó para dispersarlas.“Desde el primer día a la noche, cuando recibimos un mensaje que decía que habían visto a una chica que se la estaba llevando un hombre, llamé al jefe policial y me dijo: ‘ya, ya vamos a ir, sí’. Al otro día me traje al comisario a mi casa y el testigo cuando lo vio dijo ‘tengo miedo de hablar’. Ahí se perdió otro día más. Luego me pasaron a Casos Especiales e iniciaron otra vez las actuaciones, en vez de trabajar en conjunto y pedirle al juez o al fiscal que firme lo que tenga que firmar, no sé, lo que sea, pero no se hizo… y así, entonces, perdimos 24 horas más. Según la autopsia, ese día la matan a mi hija. El comisario Rodríguez me decía “es una chiquilinada, ya va a aparecer. Seguro que se fue porque está embarazada o algo así. Y yo le contestaba: “Comisario: mi hija está indispuesta”, pero insistía con que mi hija estaría en un hotel, con “un noviecito”. Reclamé el informe del celular, porque ahí está la clave: a ella la engañaron con lo del trabajo práctico y así la sacaron de casa. ¿Y qué me responde? “Eso se demora mucho”… Si hubiese sido la hija de un diputado o del gobernador ese informe no tarda nada… Después encuentran el celular de mi hija y me llaman para que vaya a buscarlo y cuando llego estaban todos ahí, sentados, sin hacer nada. Finalmente, cinco días tarde, el viernes, el juez dio la orden y qué casualidad: el rastrillaje empieza a las ocho de la mañana y una hora después aparece mi hija”.

Todo Jujuy fue testigo de cada uno de los detalles de esa semana horrenda y por eso mismo la noticia del hallazgo del cuerpo violado y torturado de Iara originó una pueblada. También escuchó clarito la frase que alcanzó a decir Mónica antes de desmayarse, cuando le comunicaron la noticia:

-Usted no tiene vergüenza

Le hablaba al fiscal de la causa, Diego Cusell.

En la puerta de la casa de Mónica hay tres fotos de Iara y dos carteles que recuerdan que todos los martes Palpalá marcha para exigir justicia. Al entrar lo primero que se ve es el living habitado por pancartas, carteles, banners, volantes, todos con la cara sonriente de Iara. En su habitación está tendida la cama, tal cual la dejó aquel día, el último, con el osito de peluche en la cabecera y la carpeta en los pies. Frente a la cama hay un altar, al lado del televisor, custodiado por frascos de esmaltes de todos los colores. Cuatro velitas rodean la foto principal, que la recuerdan el día de su cumpleaños. La torta está decorada con su principal pasión: la Torre Eiffel.

Una de sus tres hermanas es quien, luego, toca su guitarra siguiendo la partitura que le hizo copiar a Iara su profesor. Nos hace escuchar así su tema preferido: ella la títuló Mammá, que es la palabra más popular de la Rapsodia Bohemia, de Queen.

Son las tres de la tarde y el calor jujeño ha ahogado los ruidos para obligarlos a la siesta. Sentadas en la cama de una adolescente de 16 años, allí en Palpalá, a 1.686 kilómetros de la capital argentina y a millones de Fredy Mercury una guitarra nos recuerda una canción que narra metáforicamente la muerte del varón heterosexual.

Usted está equivocada

Caminamos las 20 cuadras que separa la casa de Mónica del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Iara. La familia construyó allí una pequeña capilla, donde puso la foto sonriente, una cruz de madera y seis velas violetas. Plantó alrededor tres Santa Rita de flores también violeta -su color preferido- y un lapacho que alguien arrancó de raíz y se llevó. “La encontraron con las manos atadas con un cincha de caballo y los pies, con la tira de su mochila. Desde el primer día un vecino ubicó la señal de su celular a 300 metros de acá. La policía sabía qué tenía que hacer, pero no lo hizo”.  Por el crimen de Iara hay tres detenidos: un menor, que suponen fue el entregador y dos hombres que Mónica no conocen y vivían en el barrio que está frente a ese descampado. Todos los detenidos se negaron a declarar. La autopsia determinó que estuvo mucho tiempo sumergida en agua. La ropa –una remera con dibujos de leoncitos, calza negra y zapatillas negras- estaba descolorida y sus lentes quemados. 

Mónica vuelve a arrastrar las lágrimas con el puño y recuerda que la única asistencia que recibió del Estado fue la de una psicóloga que llegó a su casa aquel día tremendo. Le dijo: “Usted primero es Mónica y luego la mamá de Iara. No deje que esto arruine su vida también”. Recuerda su respuesta: “Usted está equivocada. Yo desde hoy no soy más ni Mónica ni la mamá de Iara. A partir de ahora soy una mujer que va a luchar hasta el final”.

Luego contará que a su madre, cuando tenía 5 años, la regalaron a una familia que la hacía dormir en el piso, la daba de comer las sobras y la obligaba a trabajar de sirvienta. “Toda su vida con cama adentro. Nos metió en la cabeza una frase: ´Si tenés un problema vos lo podés solucionar. No bajes los brazos´. Será por eso, quizá, que en el peor momento de mi vida me acordé de ella y se me vino una imagen: en esto tenemos que ser así”. Mónica cierra el puño, lo aprieta y sigue: “Unidos como los dedos de esta mano. Y ahí me puse a buscar a las otras familias que habían sufrido lo mismo, conocí a la Multisectorial de la Mujer y empecé a moverme. No sé de dónde sacamos fuerza, porque lo único que no tiene solución es la muerte. Yo sé que esto no tiene solución: tiene lucha. Nos pasó algo tremendo, injusto, terrible y por eso mismo somos lo que tenemos que lograr que mañana nuestras hijas y todas las hijas no tengan miedo”.

Otro colectivo nos llevará hasta el kiosco de comidas que desde hace años atiende el matrimonio. Es un pequeño local instalado en medio de un parque, con mesas y sillas ubicadas debajo de árboles y rodeadas de plantas, flores y pájaros. En una de las paredes está pintada Iara, sonriente. Desde el mostrador todos los días sus padres observan al comisario y los efectivos que se negaron a tomar la denuncia y buscarla. 

Desde adentro

Anochece en San Salvador donde nos espera Agustina Aramayo, la secretaria denunciada por el fiscal general. El pelo negro y largo, las sandalias altas, la mirada decidida y la bebé en brazos, mientras cuenta qué disparó su persecución: “Entré al Poder Judicial en 2015 y con la asunción de Morales hubo una reforma que me dejó en la órbita de fiscal general Lello Sánchez. Un año después participo de la marcha de Ni Una Menos y cuando vuelvo a mi trabajo me imprimen una foto dónde estoy en primer plano y me informan que no puedo hacer eso porque soy una funcionaria pública. Entonces le explico: no milito para ningún partido político, pero sí apoyo la causa y me parece que como funcionaria debemos participar, concientizar sobre esto y brindar nuestro apoyo. Me dicen que no, que la próxima vez que lo haga me hacían un sumario administrativo. A partir de ahí empezaron una serie de hostigamientos, persecuciones. Me cambiaron diez veces de lugar de trabajo y en cada cambio me advertían que tenía que renunciar. Denuncio el mobbing laboral en 2019 y fue peor. Hice la denuncia embarazada, aunque no lo sabía en ese momento. Con todos los nervios empiezo a atravesar pérdidas y termino internada en una clínica de Palpalá, donde me dicen que tenía una amenaza de aborto. Me ordenan  reposo absoluto por treinta días para salvar al bebé. Presento el certificado en mi trabajo y me autorizan tres días: 30, 31 y primero de agosto. Termino perdiendo el bebé y me dan dos días. Yo seguía expulsando, seguía con pérdidas, pero tenía que ir a trabajar a tribunales. Mientras, la denuncia que había hecho siguió avanzando, pero la pandemia frenó todo. Vuelvo a quedar embarazada, tengo a mi hija y en plena licencia por maternidad me obligan a volver a trabajar. Luego entiendo que lo hicieron para notificarme que se había abierto el sumario al que hizo referencia el fiscal general hoy en la conferencia de prensa. Lo hacen para echarme, pero yo no me puedo dar ese lujo: estoy llena de deudas”.

Le pregunto si ese fiscal general es el responsable de que se investiguen los femicidios y las denuncias por violencia. La respuesta es sí.

Le pregunto si tiene miedo. La respuesta es la misma.

Así termina nuestro primer día en Jujuy.

Foto y sarasa

La siguiente mañana es la charla con tres integrantes de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias: la abogada Mariana Vargas -responsable del caso de Romina Tejerina, la joven que a los 19 años fue violada, quedó embarazada y fue condenada a 14 años de prisión por la muerte de su bebé-, la periodista Natalia Aramayo –hermana de Agustina, la secretaria perseguida por el fiscal general- y la psicóloga social  Miri Morales, una de las impulsoras de esta red nacida en 2007, parida tras el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en esa provincia y con un objetivo preciso: impulsar la ley de emergencia. Este año una norma fue sancionada con ese título y un nombre, el de Iara. “Pero no contempla todos los puntos que exigimos, aún no fue reglamentada y no tiene presupuesto, por lo tanto estamos igual que siempre: todo sarasa. Hay una política de marketinear con el Ni una menos, sacarse la foto, hacer un convenio acá, un convenio allá, foto, foto, foto. Y en concreto, cero recursos”. ¿Qué exigir entonces? Un indicador que ellas recomiendan tener siempre  en cuenta es la situación del personal que trabaja recibiendo las denuncias. “Hacen muchos anuncios, pero  nunca  las condiciones de las trabajadoras y trabajadores han mejorado. Son chicos o chicas recién recibidas, muy mal pagos, precarizados: eso es violencia institucional. Y eso se traduce en femicidios”. Citan un ejemplo: el caso de Nahir Mamani, 20 años. “Llamó al 144 y la derivaron a hacer la denuncia a una oficina. Tenía miedo y por eso la acompañó su papá. Las personas que trabajaban ahí, que estaban desbordadas, le dan turno para semanas después y la mandan a su casa. Nunca le hicieron  un seguimiento, y terminó asesinada. Y eso se repite en el caso de Rosana Mazala y en muchos otros en los que las mujeres acudieron al Estado y el Estado no las acompaña”. ¿Por qué? “En esencia, porque las y los funcionarios a cargo de diseñar las políticas y adjudicar los recursos no se hacen cargo de que el Estado no es una oenegé que hace lo que puede, sino que tiene una responsabilidad indelegable  y esa responsabilidad es evitar los femicidios. No sé si piensan que no se pueden evitar o es otra cosa, porque siempre escucho discursos justificadores. Creo que el punto central es dejar en claro que todo femicidio es evitable y eso no está instalado”. 

Las voces silenciadas

Son las tres de la tarde y en la plaza central es Víctor Álvarez, el papá de otra Nahir,  quien nos cuenta cómo sigue la historia: su hija fue asesinada en octubre de 2020, tenía 16 años y un hijo de seis meses, Giovani. “Ayer nos dieron la tutela, pero nos dijeron que hasta que no haya condena no podemos recibir el subsidio. Ojalá nunca le toque pasar por esto al gobernador o a alguien con poder político, porque ahí sí van a saber el dolor y la injusticia”. Víctor está rodeado de siete familias que fueron convocadas por Mónica. Llegan desde Ledesma, Abra Pampa, Santa Clara, Palpalá, San Pedro y los bordes de San Salvador con fotos, remeras, pancartas y banners que despliegan como gritos frente a la Casa de Gobierno. Escuchan en silencio los relatos que se van sucediendo uno tras otro y que tantas veces repitieron con la esperanza de ser escuchados. 

Abrazan a la mamá de Tania Palacios, 23 años, asesinada en 2019 de un balazo en el pecho por su novio policía y todavía sin fecha de juicio. “El año que matan a mi hija, muere mi madre. A mi madre la entierro en mayo y a mi hija la entierro en diciembre. Y en el año 2020 entierro a mi pareja, en abril. Mi vida viene así. Hay días en los que quiero vivir para lograr justicia y hay días de morir. Es algo doloroso.  Es algo triste. Yo me quería meter en el cajón de mi hija….”

Abrazan a la mamá de Cinthia Tolaba, desaparecida en enero de 2016 a los 15 años. “Ya han pasado cinco años y nada. Tenía un rastro que seguí hace poco, fuimos a buscarla al Chaco salteño y nada. Tenía celular, pero nunca hicieron el rastreo. De la causa no se investigó nada, quedó así nomás…”

Abrazan a los padres de Cesia Reinaga, 20 años, asesinada en setiembre de 2020. Por su crimen están detenidos los dueños del multimedio de Abrapampa, el padre y el abuelo del femicida, que es menor y por eso fue beneficiado con prisión domiciliaria, que cumple en la casa de su mamá concejal, destituía por ocultar el crimen. “Hemos recibido muchas amenazas, muchas, pero estamos agradecidas a Dios y a la gente que siempre nos acompaña porque solo ellas nos protegen. No estamos pidiendo venganza: estamos buscando justicia y que esto no pase más. ¿Y qué recibimos? Amenazas que nos quiere callar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué el que tiene poder nos puede matar porque nosotros no tenemos dinero? No somos ignorantes: somos pobres, pero conscientes de nuestros derechos”.

Abrazan a Carlos, hermano de Rosa Aliaga, asesinada en mayo de 2015 y víctima de un expediente judicial que hasta el día de hoy no tiene ni detenidos ni hipótesis del crimen. “La mataron con un palo en la cabeza y con un cuchillo en el pecho. La fiscalía hizo todo mal y la defensa hace todo bien para ponernos trabas y no poder presentarnos como querellantes”.

Abrazan a la mamá de Kathy Mamani, 17 años, asesinada en Palpalá en mayo de 2011 y hasta hoy sin avances en la investigación. “No sé nada de la causa. Nadie me informó nada. Ni el juez, ni el fiscal. Nunca nadie me citó. Ni siquiera me dieron una audiencia. Nada”. 

Abrazan a la amiga de Rosalía Lucía Quiroga, desaparecida el 14 de mayo de 2014. “El último contacto que tuvo su mamá fue a las 10 de la mañana. Y desde ahí hasta el día de hoy no se sabe nada. El marido la golpeaba, la maltrataba, fue el primer imputado y después murió, y se llevó todo. Tenía hijos. Tenía 23 años”.

Abrazan a las hijas de Rosita Patagua, 46 años, protagonista del último femicidio evitable sufrido en esa provincia: el juez Pullen Llermanós ordenó la libertad de su asesino, por no considerarlo peligroso y desoyendo los informes fiscales. A la semana de recuperar la libertad la mató.  Ahora estas jóvenes de 24 y 26 años están a cargo de su hermano menor. También están amenazadas. Cuentan que por Facebook pidieron ayuda y así contactaron a la abogada Mariana Vargas, que esta semana solicitó que el Estado garantice la seguridad de las chicas. Cuentan también que están preocupadas porque mañana su hermano tiene que comenzar las clases y no saben cómo prepararlo: su madre siempre se encargaba de esas cosas. Les pregunto qué necesitan y la menor responde corriéndose las lágrimas: “Quisiera, si se puede, que se modifique un poco, acá en Jujuy y en todo el país, lo que haya que hacer para que se garantice el acompañamiento de las mujeres desde el primer momento en que denuncian; que concurran a su domicilio, que la busquen, que la llamen, para que no suceda esto de nuevo. Hay un montón de casos en que las mujeres hacen la denuncia y terminan en desgracias, que no esperen a que nos maten para hacer algo”.

Las abrazo.

Las cosas que se caen

Tercer día.  Estamos en Huacalera, en la casa de la familia de Camila Peñalba. Tenía 25 años y dos hijos cuando la encontraron muerta, el 5 de marzo del 2020. Los vecinos escucharon llorar a su bebé, entraron y ahí estaba: su cuerpo, derrumbado en la cama sobre su hija Lara, inmóvil y aterrada. Ahora Lara está sacando fotos con la cámara de Nacho, fotógrafo de MU, enorme para su cuerpito largo de 7 años, mientras Matilde, su abuela, deja que las lágrimas hablen. A su espalda, los cerros imponentes se dejan abrazar por las nubes. Del sol nos resguarda una media sombra negra que cubre el patio de tierra de la casa con ladrillos de abobe y puertas de madera.  No hace falta hacer preguntas: necesita que alguien la escuche y con esa esperanza habla: “Nos dijeron que se había muerto por broncoaspiración y empecé a buscar qué era, como para entender qué le había pasado. Más leía y menos entendía, pero el fiscal insistía que se había ahogado con su propio vómito porque estaba borracha. Y mi hija no bebía”. Aturdida, dice, decidió contratar un perito que confirmó sus sospechas: el laboratorio descartó ebriedad, no se había producido ninguna broncoaspiración y la muerte fue producto de un ahorcamiento. Además, su cuerpo estaba golpeado. Logró así que el juez ordenara  una junta médica que en diciembre confirmó la pericia de parte. Así logró que la ex pareja de su hija fuera encarcelada en enero de este año. La última noticia de la causa es lo que le hace brotar las lágrimas: el mismo perito que falseó la autopsia, designado por el Ministerio Público de Acusación dirigido por el fiscal Lello Sánchez, fue nombrado para hacerle la pericia psiquiátrica al imputado. Matilde siente el peso de lo que eso significa como si los cerros se derrumbaran sobre su espalda: “Es una lucha desigual, nunca termina”.

Hace poco se recibió de profesora de Lengua y  Literatura y su primera designación la lleva tres días a la semana hasta una escuela secundaria de la frontera, por eso no estaba en Huacalera cuando asesinaron a su hija. Ahora, con el inicio de las clases presenciales, no sabe cómo hará para conciliar el cuidado de los nietos, de su hijo de 10 años y de su trabajo. Todavía no recibió ninguna ayuda económica para sostenerlos, aunque la ley Brisa obliga al Estado a hacerlo. Lo de siempre: hasta obtener la guarda legalmente no podrá tramitarla. Y ese trámite, por cómo se redactó la reglamentación, es judicial y por lo tanto, demora más que la necesidad. El Derecho tarda.

Le pregunto qué la llevó a tomar esa decisión clave que desnudó la trama de impunidad que suele atrapar los pedidos de justicia de los femicidios en esas periferias y las lágrimas de Matilde retornan, más abundantes y trágicas. “Yo sospechaba qué había pasado en realidad, porque mi hija lo había denunciado y él siempre estaba dando vueltas por la casa, pero me dije: esto te va a costar muy caro, y tenés los nietos y poco trabajo. La justicia no es para vos. Decidí dejarlo pasar, pero se me empezaron a caer cosas encima. Cosas de esas que nunca se caen: el reloj de pared, cajas que estaban bien acomodadas. Me dije: esa es mi hija que no me va a dejar tranquila hasta que no me encargue. Y tenía razón, porque si no mis nietos corrían el riesgo de ser criados por el asesino de su madre”. 

Le pregunto quién es el fiscal de la causa, aquel que lo comunicó que su hija había muerto por borracha. Me responde un nombre que escuchó por tercera vez en tres días: Diego Cusell.

Son las tres y media de la tarde y el micro a San Salvador acaba de pasar de largo. Casi lo alcanzamos. 

Casi.

Las opciones: esperar cuatro horas al siguiente o abordar uno en Tilcara, que ofrece más frecuencias los domingos a la tarde. La respuesta llega por whatssap y es una foto. En el mismo salón que copó la manada de fiscales están ahora sentadas tres mujeres rodeadas por una docena de abogadas.Es la imagen de la conferencia de prensa que se organizó para apoyar a Agustina Aramayo, la secretaria perseguida. Así lograron que, días después, el Tribunal Superior obligara al fiscal general Lillo Sánchez a archivar el expediente con el que pretendía echarla.

Caminamos.

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Lucía Pérez: mil firmas por una fecha para el jury a los jueces que dejaron impune el femicidio

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A pesar de haber sido votado por unanimidad hace más de un año, el juicio político a Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas sigue sin fecha. Pasaron ya cuatro años del fallo misógino y la familia logró un nuevo proceso que comenzará en febrero, pero en paralelo reclama el fin de la impunidad para quienes buscaron consagrar la impunidad. Organizaciones, sindicatos y hasta la actual Ministra de la Mujer de la Nación acompañan el pedido de la familia, a través de distintas cartas dirigidas a la Corte Suprema de la Provincia y miles de firmas cosechadas durante la muestra El cuarto de Lucía el mes pasado en Mar del Plata.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, viajó toda la noche y llegó a la Plata a las 7.20 de la mañana para entregar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires mil firmas que acompañan el pedido urgente de que se resuelva el jury a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes pretendieron consagrar la impunidad en el femicidio de la jóven marplatense de 16 años.

“Ya han pasado cuatro años del fallo y un año de que los jueces han sido apartados de sus cargos pero aún seguimos sin respuesta. Exigimos la audiencia de prueba a estos magistrados que han sido apartados por mal desempeño de funcionario público. Queremos una reforma judicial con perspectiva en derechos humanos”, dice el texto que reunió mil firmas durante la exposición de El Cuarto de Lucía en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. 

Además, junto a las firmas, se entregaron cartas de organizaciones que acompañan el reclamo, entre ellas una firmada por Ayelen Mazzina Guiñazú, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en la que solicita “tengan a bien adoptar las medidas necesarias para que dicho poder del Estado tome razón de los cambios que han venido operándose a nivel social, que comprenda lo imperativo de adoptar como elemento central la perspectiva de género y feminista a la hora de juzgar, que se posicione como servidor de la comunidad, que escuche sus reclamos y reivindicaciones, y se convierta así en un ejemplo y un pilar más de la lucha contra el patriarcado, las vulneraciones sociales y desigualdades por razones de género”. Además, dejando en claro que no pretende la intromisión en otros poderes, sigue la Ministra: “Deseamos que la población bonaerense y del resto de la nación Argentina pueda observar prontamente que se transita hacia un efectivo juzgamiento de los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso”. 

Marta Montero ante la Corte Suprema bonaerense: en sus manos, la carta que reclama fecha urgente para el jury, acompañada por mil firmas.

La falta de decisión

Lucía tenía 16 años cuando la abusaron y mataron. Pero los jueces Gómez Urso, Viñas y Aldo Carnevale (que evadió el jury político porque fue beneficiado por la ex gobernadora Vidal con la jubilación anticipada) absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel y se dedicaron a hacer un minucioso análisis de la vida de Lucía: qué le gustaba escuchar, qué profesión quería seguir, con quién y de qué chateaba, qué le gustaba fumar.

En noviembre del año pasado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados votó por unanimidad a favor de la suspensión de los jueces Pablo Viñas y Juan Facundo Gómez Urso, y del inicio del juicio político por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. La audiencia estuvo presidida por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Pero el proceso aún no inició. Dice Marta Montero: “Ya está sorteado quienes van a llevar adelante la audiencia, entonces solamente se tienen que sentar y hacerlo. Tiene que tomar la decisión”. 

¿Qué falta, entonces? “Decisión política”. 

El cuarto

Para exigir que se concrete el inicio del jury se inició una campaña durante la exposición de “El Cuarto de Lucía” en el Teatro Auditorium de Mar del Plata en la cual se juntaron nada menos que mil firmas. Todas dirigidas a la Corte Bonaerense, algunas de ellas se acompañan con cartas que suman su voz al reclamo. Entre otras, están firmadas por: 

  • Ayelen Mazzina Guiñazú, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación
  • Comisión Ejecutiva Nacional de la Central de Trabajadores/as de la Argentina Autónoma
  • Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Regional tuyú Sur
  • Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Regional Mar del Plata.
  • Asociación Judicial Bonaerense. Departamental Mar del Plata.
  • Foro de Géneros, foro interdistrital de géneros sobre abuso, violencia y trata de personas. 
  • Red Regional de Mujeres.

“Para seguir creyendo en la justicia, solicitamos que este jury se concrete a la brevedad”, dice la carta de la Red Regional de Mujeres. Desde la Asociación Judicial Bonaerense, por su parte, solicitan el inicio del juicio “cumpliendo de esta forma el propio Estado los compromisos internacionales asumidos de lucha contra la violencia de género”. Desde el Foro de Géneros interpelan: “No entendemos por qué el retardo de la justicia de esta medida votada por unanimidad”. 

Remata el pedido Marta Montero: “Hemos ido, hablado, preguntado miles de veces. Ahora hacemos esta campaña porque no queremos seguir esperando y porque no estamos solos: nos apoyan. Entonces que nos escuchen: queremos que se ponga fecha”. 

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Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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#NiUnaMás

Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

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