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MU en Jujuy, junto a familiares víctimas de femicidios. Es una provincia modelo de la máquina que asesina mujeres, de la que el Estado es parte activa. Los fiscales, unidos contra los familiares de víctimas. Las familias, investigadas y amenazadas. Las jóvenes, en peligro ante una violencia machista que crece ante la inacción y la impunidad. Los casos que generaron puebladas y ya son emblema del Ni Una Más en el norte. Y las madres, hermanas e hijes que no se callan y tejen red por la verdad, la memoria y la justicia. Por Claudia Acuña.

Ni una más
Fotos: Nacho Yuchark

Diecisiete kilómetros a 2.641 metros de altura separan a Huacalera de Tilcara. Mientras los camino, cada paso se convierte en latido y al ritmo de ese tic tac se precipitan imágenes, palabras, información, nombres, expedientes, datos y más, todo baldeado por esas lágrimas que vimos rodar en las cansadas mejillas marrones de madres, hijas, hermanas, padres, amigas.

Las lágrimas: eso sin duda es lo primero.

Gruesas, constantes, pesadas.

Limpio las mías mientras agradezco pisar esta Puna bella y silenciosa, sacudida por un ventarrón helado que mitiga el imperio del sol. El cansancio aturde, la impotencia acelera. Ambas cosas describen lo que significa caminar esos kilómetros y también escribir esta crónica.

Un pequeño monolito de piedra nos recuerda que estamos en el Trópico de Capricornio y honro allí lo poco que recuerdo de la novela de Henry Miller:

¿Por qué moverse?

¿Por qué salir de un refugio acogedor?”.

Repito como si fuera el cayado de un pastor: las lágrimas son lo primero.

¿Qué es lo segundo?

No hay segundo: ese es el problema.

Lo primero son las lágrimas, sí, pero a partir de ellas todo, hasta el detalle más trivial, es igual de importante y sucede al mismo tiempo y a una velocidad que apuna; como el soroche, marea, duele, da náuseas, corta la respiración y hace casi imposible moverse. Caminando por la Puna jujeña comprendemos que nuestras ruedas son esas cuatro letras. 

Este es entonces y tan solo un capítulo más de la Historia que construyen las personas -desde el principio de estos tiempos en los que siempre fue imposible moverse- con esa palabra: casi.

La tormenta perfecta

Tomar un avión es más fácil que viajar en el tren Sarmiento. La frase la escribe en el whatssap Lucas Pedulla, el compañero de MU al que le comento que nunca nos pidieron certificado de circulación, carnets de obra social, credenciales de prensa, ni nada de lo exigido para llegar a San Salvador. La frase describe a las personas con las que comparto el vuelo: abrumadora mayoría de Hombres No Usuarios del Sarmiento.

El aeropuerto queda lejos de la ciudad y el trayecto alcanza para chequear la información que comparte el chofer:

-Va a estar nublado, pero no va a llover. Acá se terminaron las tormentas desde que los tabacaleros tiran misiles para dispersarlas.

Googleo “jujuy” “tormenta” “misil”: en el diario El Tribuno hay varias notas que informan sobre su relación con las sequías.

La moza que atiende el pequeño bar donde intentamos desayunar tiene que repetirme la pregunta tres veces porque la enorme pantalla del televisor que hay a sus espaldas ha capturado la posibilidad de expresarme. Se la señalo con el dedo y recién ahí comprende qué pasa:

-¡Ah, sí! Siempre entran así, en manada.

Son trece hombres de traje que con pasos largos y decididos irrumpen en un gran salón hasta alcanzar el centro, ocupado por un escritorio. Allí se sientan tres, el resto permanece de pie, rodeando al trío. Mientras el único que habla mira a la cámara con ojos eyectados, el resto se mantiene firme e inmutable, hasta que pasa algo: uno se tapa la cara con las manos y sacude la cabeza de lado a lado.

Los trece hombres son integrantes del Ministerio Público de la Acusación, el organismo que creó el gobernador Gerardo Morales siete días después de asumir el cargo y para designar a Sergio Lello Sánchez como fiscal general y vitalicio. Él es quien habla. La televisión no tiene audio, pero la moza me resume la noticia:

-Le hizo perder el embarazo a la secretaria de un juzgado, ella lo denunció y ahora quiere echarla.

La noticia de hoy es que Lello Sánchez “requirió que se la investigue, y eventualmente se disponga la cesantía”. Quien está a cargo de ejecutar a la víctima es el fiscal Diego Cusell.

Esenciales  y descartables

La explicación la interrumpe un mensaje de Mary Álvarez, integrante del área de género y diversidad del gremio de trabajadores estatales:

-Veníte ya. Estás a la vuelta.

Doy la vuelta, entonces, para entrar a la oficina de Carlos Sajama, el secretario general de ATE-Jujuy, quien está escuchando a una señora que le resume su reclamo: en 2002 comenzó a trabajar en una escuela como portera, en paralelo y por las noches estudió bibliotecología, se recibió en cuatro años, al quinto la designaron para cubrir una suplencia y ahí está, pero siempre cobrando lo mismo -1.700 pesos -y firmando un contrato de servicio. Pidió que la regularicen, pero si lo lograra -lo cual es muy difícil- no le reconocen todos estos años de servicio. Le propusieron entonces pasar al sector salud, para trabajar en el hospital de campaña que abrieron previendo el rebrote de carnaval.

-Pero cuando se termina la pandemia pasamos de ser trabajadores esenciales a descartables y perdemos todo. Y sabe qué: ya no puedo perder nada más.

Es ahí cuando Mary me informa que la que habla es la mamá de Iara Rueda, la joven de 16 años asesinada en Palpalá.

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Las familias víctimas de femicidios y desapariciones en la Plaza central de San Salvador.

Puebladas  y sinvergüenzas

Mónica Cunchila, ese es el nombre de la mamá de Iara. Conviene recordarlo por varios motivos. El principal: es lo que representa el antes y el después que marcó el femicidio de su hija Iara en Jujuy.

Cuando compartimos el asiento del colectivo que nos lleva de San Salvador a Palpalá Mónica me cuenta así el crimen de su hija, mientras arrastra las lágrimas con el puño:

Fue el 23 de septiembre, calcula que a las 4 de la tarde, cuando Iara recibió un mensaje por whatssap de un ex compañero de colegio. “Me compra un trabajo práctico, ma”, le avisó. Iara agarró la bicicleta, salió de su casa y nunca regresó. Las cámaras de seguridad de la ruta la registran pasar en bici rumbo a su casa, a las 17, a pocos metros de un retén policial. Esa es la última imagen de Iara. Las cámaras dejaron de grabar porque a esa hora comenzó un corte de luz.

Ese mismo día a las 20.20 Mónica cruzó la calle que separa su kiosco de comidas de la comisaría y trató de hacer la denuncia: no se la tomaron porque era domingo. Resolvió entonces buscarla ella misma con sus vecinos. Su marido, a quien todos conocen como El Coya, organizó el patrullaje que se hizo aquella larga noche sin luz ni luna, mientras por las redes se difundía la foto de Iara y pedidos de ayuda. Al amanecer sus amigas quinceañeras se plantaron en la ruta con cartulinas. La policía les pegó para dispersarlas.“Desde el primer día a la noche, cuando recibimos un mensaje que decía que habían visto a una chica que se la estaba llevando un hombre, llamé al jefe policial y me dijo: ‘ya, ya vamos a ir, sí’. Al otro día me traje al comisario a mi casa y el testigo cuando lo vio dijo ‘tengo miedo de hablar’. Ahí se perdió otro día más. Luego me pasaron a Casos Especiales e iniciaron otra vez las actuaciones, en vez de trabajar en conjunto y pedirle al juez o al fiscal que firme lo que tenga que firmar, no sé, lo que sea, pero no se hizo… y así, entonces, perdimos 24 horas más. Según la autopsia, ese día la matan a mi hija. El comisario Rodríguez me decía “es una chiquilinada, ya va a aparecer. Seguro que se fue porque está embarazada o algo así. Y yo le contestaba: “Comisario: mi hija está indispuesta”, pero insistía con que mi hija estaría en un hotel, con “un noviecito”. Reclamé el informe del celular, porque ahí está la clave: a ella la engañaron con lo del trabajo práctico y así la sacaron de casa. ¿Y qué me responde? “Eso se demora mucho”… Si hubiese sido la hija de un diputado o del gobernador ese informe no tarda nada… Después encuentran el celular de mi hija y me llaman para que vaya a buscarlo y cuando llego estaban todos ahí, sentados, sin hacer nada. Finalmente, cinco días tarde, el viernes, el juez dio la orden y qué casualidad: el rastrillaje empieza a las ocho de la mañana y una hora después aparece mi hija”.

Todo Jujuy fue testigo de cada uno de los detalles de esa semana horrenda y por eso mismo la noticia del hallazgo del cuerpo violado y torturado de Iara originó una pueblada. También escuchó clarito la frase que alcanzó a decir Mónica antes de desmayarse, cuando le comunicaron la noticia:

-Usted no tiene vergüenza

Le hablaba al fiscal de la causa, Diego Cusell.

En la puerta de la casa de Mónica hay tres fotos de Iara y dos carteles que recuerdan que todos los martes Palpalá marcha para exigir justicia. Al entrar lo primero que se ve es el living habitado por pancartas, carteles, banners, volantes, todos con la cara sonriente de Iara. En su habitación está tendida la cama, tal cual la dejó aquel día, el último, con el osito de peluche en la cabecera y la carpeta en los pies. Frente a la cama hay un altar, al lado del televisor, custodiado por frascos de esmaltes de todos los colores. Cuatro velitas rodean la foto principal, que la recuerdan el día de su cumpleaños. La torta está decorada con su principal pasión: la Torre Eiffel.

Una de sus tres hermanas es quien, luego, toca su guitarra siguiendo la partitura que le hizo copiar a Iara su profesor. Nos hace escuchar así su tema preferido: ella la títuló Mammá, que es la palabra más popular de la Rapsodia Bohemia, de Queen.

Son las tres de la tarde y el calor jujeño ha ahogado los ruidos para obligarlos a la siesta. Sentadas en la cama de una adolescente de 16 años, allí en Palpalá, a 1.686 kilómetros de la capital argentina y a millones de Fredy Mercury una guitarra nos recuerda una canción que narra metáforicamente la muerte del varón heterosexual.

Usted está equivocada

Caminamos las 20 cuadras que separa la casa de Mónica del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Iara. La familia construyó allí una pequeña capilla, donde puso la foto sonriente, una cruz de madera y seis velas violetas. Plantó alrededor tres Santa Rita de flores también violeta -su color preferido- y un lapacho que alguien arrancó de raíz y se llevó. “La encontraron con las manos atadas con un cincha de caballo y los pies, con la tira de su mochila. Desde el primer día un vecino ubicó la señal de su celular a 300 metros de acá. La policía sabía qué tenía que hacer, pero no lo hizo”.  Por el crimen de Iara hay tres detenidos: un menor, que suponen fue el entregador y dos hombres que Mónica no conocen y vivían en el barrio que está frente a ese descampado. Todos los detenidos se negaron a declarar. La autopsia determinó que estuvo mucho tiempo sumergida en agua. La ropa –una remera con dibujos de leoncitos, calza negra y zapatillas negras- estaba descolorida y sus lentes quemados. 

Mónica vuelve a arrastrar las lágrimas con el puño y recuerda que la única asistencia que recibió del Estado fue la de una psicóloga que llegó a su casa aquel día tremendo. Le dijo: “Usted primero es Mónica y luego la mamá de Iara. No deje que esto arruine su vida también”. Recuerda su respuesta: “Usted está equivocada. Yo desde hoy no soy más ni Mónica ni la mamá de Iara. A partir de ahora soy una mujer que va a luchar hasta el final”.

Luego contará que a su madre, cuando tenía 5 años, la regalaron a una familia que la hacía dormir en el piso, la daba de comer las sobras y la obligaba a trabajar de sirvienta. “Toda su vida con cama adentro. Nos metió en la cabeza una frase: ´Si tenés un problema vos lo podés solucionar. No bajes los brazos´. Será por eso, quizá, que en el peor momento de mi vida me acordé de ella y se me vino una imagen: en esto tenemos que ser así”. Mónica cierra el puño, lo aprieta y sigue: “Unidos como los dedos de esta mano. Y ahí me puse a buscar a las otras familias que habían sufrido lo mismo, conocí a la Multisectorial de la Mujer y empecé a moverme. No sé de dónde sacamos fuerza, porque lo único que no tiene solución es la muerte. Yo sé que esto no tiene solución: tiene lucha. Nos pasó algo tremendo, injusto, terrible y por eso mismo somos lo que tenemos que lograr que mañana nuestras hijas y todas las hijas no tengan miedo”.

Otro colectivo nos llevará hasta el kiosco de comidas que desde hace años atiende el matrimonio. Es un pequeño local instalado en medio de un parque, con mesas y sillas ubicadas debajo de árboles y rodeadas de plantas, flores y pájaros. En una de las paredes está pintada Iara, sonriente. Desde el mostrador todos los días sus padres observan al comisario y los efectivos que se negaron a tomar la denuncia y buscarla. 

Desde adentro

Anochece en San Salvador donde nos espera Agustina Aramayo, la secretaria denunciada por el fiscal general. El pelo negro y largo, las sandalias altas, la mirada decidida y la bebé en brazos, mientras cuenta qué disparó su persecución: “Entré al Poder Judicial en 2015 y con la asunción de Morales hubo una reforma que me dejó en la órbita de fiscal general Lello Sánchez. Un año después participo de la marcha de Ni Una Menos y cuando vuelvo a mi trabajo me imprimen una foto dónde estoy en primer plano y me informan que no puedo hacer eso porque soy una funcionaria pública. Entonces le explico: no milito para ningún partido político, pero sí apoyo la causa y me parece que como funcionaria debemos participar, concientizar sobre esto y brindar nuestro apoyo. Me dicen que no, que la próxima vez que lo haga me hacían un sumario administrativo. A partir de ahí empezaron una serie de hostigamientos, persecuciones. Me cambiaron diez veces de lugar de trabajo y en cada cambio me advertían que tenía que renunciar. Denuncio el mobbing laboral en 2019 y fue peor. Hice la denuncia embarazada, aunque no lo sabía en ese momento. Con todos los nervios empiezo a atravesar pérdidas y termino internada en una clínica de Palpalá, donde me dicen que tenía una amenaza de aborto. Me ordenan  reposo absoluto por treinta días para salvar al bebé. Presento el certificado en mi trabajo y me autorizan tres días: 30, 31 y primero de agosto. Termino perdiendo el bebé y me dan dos días. Yo seguía expulsando, seguía con pérdidas, pero tenía que ir a trabajar a tribunales. Mientras, la denuncia que había hecho siguió avanzando, pero la pandemia frenó todo. Vuelvo a quedar embarazada, tengo a mi hija y en plena licencia por maternidad me obligan a volver a trabajar. Luego entiendo que lo hicieron para notificarme que se había abierto el sumario al que hizo referencia el fiscal general hoy en la conferencia de prensa. Lo hacen para echarme, pero yo no me puedo dar ese lujo: estoy llena de deudas”.

Le pregunto si ese fiscal general es el responsable de que se investiguen los femicidios y las denuncias por violencia. La respuesta es sí.

Le pregunto si tiene miedo. La respuesta es la misma.

Así termina nuestro primer día en Jujuy.

Foto y sarasa

La siguiente mañana es la charla con tres integrantes de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias: la abogada Mariana Vargas -responsable del caso de Romina Tejerina, la joven que a los 19 años fue violada, quedó embarazada y fue condenada a 14 años de prisión por la muerte de su bebé-, la periodista Natalia Aramayo –hermana de Agustina, la secretaria perseguida por el fiscal general- y la psicóloga social  Miri Morales, una de las impulsoras de esta red nacida en 2007, parida tras el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en esa provincia y con un objetivo preciso: impulsar la ley de emergencia. Este año una norma fue sancionada con ese título y un nombre, el de Iara. “Pero no contempla todos los puntos que exigimos, aún no fue reglamentada y no tiene presupuesto, por lo tanto estamos igual que siempre: todo sarasa. Hay una política de marketinear con el Ni una menos, sacarse la foto, hacer un convenio acá, un convenio allá, foto, foto, foto. Y en concreto, cero recursos”. ¿Qué exigir entonces? Un indicador que ellas recomiendan tener siempre  en cuenta es la situación del personal que trabaja recibiendo las denuncias. “Hacen muchos anuncios, pero  nunca  las condiciones de las trabajadoras y trabajadores han mejorado. Son chicos o chicas recién recibidas, muy mal pagos, precarizados: eso es violencia institucional. Y eso se traduce en femicidios”. Citan un ejemplo: el caso de Nahir Mamani, 20 años. “Llamó al 144 y la derivaron a hacer la denuncia a una oficina. Tenía miedo y por eso la acompañó su papá. Las personas que trabajaban ahí, que estaban desbordadas, le dan turno para semanas después y la mandan a su casa. Nunca le hicieron  un seguimiento, y terminó asesinada. Y eso se repite en el caso de Rosana Mazala y en muchos otros en los que las mujeres acudieron al Estado y el Estado no las acompaña”. ¿Por qué? “En esencia, porque las y los funcionarios a cargo de diseñar las políticas y adjudicar los recursos no se hacen cargo de que el Estado no es una oenegé que hace lo que puede, sino que tiene una responsabilidad indelegable  y esa responsabilidad es evitar los femicidios. No sé si piensan que no se pueden evitar o es otra cosa, porque siempre escucho discursos justificadores. Creo que el punto central es dejar en claro que todo femicidio es evitable y eso no está instalado”. 

Las voces silenciadas

Son las tres de la tarde y en la plaza central es Víctor Álvarez, el papá de otra Nahir,  quien nos cuenta cómo sigue la historia: su hija fue asesinada en octubre de 2020, tenía 16 años y un hijo de seis meses, Giovani. “Ayer nos dieron la tutela, pero nos dijeron que hasta que no haya condena no podemos recibir el subsidio. Ojalá nunca le toque pasar por esto al gobernador o a alguien con poder político, porque ahí sí van a saber el dolor y la injusticia”. Víctor está rodeado de siete familias que fueron convocadas por Mónica. Llegan desde Ledesma, Abra Pampa, Santa Clara, Palpalá, San Pedro y los bordes de San Salvador con fotos, remeras, pancartas y banners que despliegan como gritos frente a la Casa de Gobierno. Escuchan en silencio los relatos que se van sucediendo uno tras otro y que tantas veces repitieron con la esperanza de ser escuchados. 

Abrazan a la mamá de Tania Palacios, 23 años, asesinada en 2019 de un balazo en el pecho por su novio policía y todavía sin fecha de juicio. “El año que matan a mi hija, muere mi madre. A mi madre la entierro en mayo y a mi hija la entierro en diciembre. Y en el año 2020 entierro a mi pareja, en abril. Mi vida viene así. Hay días en los que quiero vivir para lograr justicia y hay días de morir. Es algo doloroso.  Es algo triste. Yo me quería meter en el cajón de mi hija….”

Abrazan a la mamá de Cinthia Tolaba, desaparecida en enero de 2016 a los 15 años. “Ya han pasado cinco años y nada. Tenía un rastro que seguí hace poco, fuimos a buscarla al Chaco salteño y nada. Tenía celular, pero nunca hicieron el rastreo. De la causa no se investigó nada, quedó así nomás…”

Abrazan a los padres de Cesia Reinaga, 20 años, asesinada en setiembre de 2020. Por su crimen están detenidos los dueños del multimedio de Abrapampa, el padre y el abuelo del femicida, que es menor y por eso fue beneficiado con prisión domiciliaria, que cumple en la casa de su mamá concejal, destituía por ocultar el crimen. “Hemos recibido muchas amenazas, muchas, pero estamos agradecidas a Dios y a la gente que siempre nos acompaña porque solo ellas nos protegen. No estamos pidiendo venganza: estamos buscando justicia y que esto no pase más. ¿Y qué recibimos? Amenazas que nos quiere callar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué el que tiene poder nos puede matar porque nosotros no tenemos dinero? No somos ignorantes: somos pobres, pero conscientes de nuestros derechos”.

Abrazan a Carlos, hermano de Rosa Aliaga, asesinada en mayo de 2015 y víctima de un expediente judicial que hasta el día de hoy no tiene ni detenidos ni hipótesis del crimen. “La mataron con un palo en la cabeza y con un cuchillo en el pecho. La fiscalía hizo todo mal y la defensa hace todo bien para ponernos trabas y no poder presentarnos como querellantes”.

Abrazan a la mamá de Kathy Mamani, 17 años, asesinada en Palpalá en mayo de 2011 y hasta hoy sin avances en la investigación. “No sé nada de la causa. Nadie me informó nada. Ni el juez, ni el fiscal. Nunca nadie me citó. Ni siquiera me dieron una audiencia. Nada”. 

Abrazan a la amiga de Rosalía Lucía Quiroga, desaparecida el 14 de mayo de 2014. “El último contacto que tuvo su mamá fue a las 10 de la mañana. Y desde ahí hasta el día de hoy no se sabe nada. El marido la golpeaba, la maltrataba, fue el primer imputado y después murió, y se llevó todo. Tenía hijos. Tenía 23 años”.

Abrazan a las hijas de Rosita Patagua, 46 años, protagonista del último femicidio evitable sufrido en esa provincia: el juez Pullen Llermanós ordenó la libertad de su asesino, por no considerarlo peligroso y desoyendo los informes fiscales. A la semana de recuperar la libertad la mató.  Ahora estas jóvenes de 24 y 26 años están a cargo de su hermano menor. También están amenazadas. Cuentan que por Facebook pidieron ayuda y así contactaron a la abogada Mariana Vargas, que esta semana solicitó que el Estado garantice la seguridad de las chicas. Cuentan también que están preocupadas porque mañana su hermano tiene que comenzar las clases y no saben cómo prepararlo: su madre siempre se encargaba de esas cosas. Les pregunto qué necesitan y la menor responde corriéndose las lágrimas: “Quisiera, si se puede, que se modifique un poco, acá en Jujuy y en todo el país, lo que haya que hacer para que se garantice el acompañamiento de las mujeres desde el primer momento en que denuncian; que concurran a su domicilio, que la busquen, que la llamen, para que no suceda esto de nuevo. Hay un montón de casos en que las mujeres hacen la denuncia y terminan en desgracias, que no esperen a que nos maten para hacer algo”.

Las abrazo.

Las cosas que se caen

Tercer día.  Estamos en Huacalera, en la casa de la familia de Camila Peñalba. Tenía 25 años y dos hijos cuando la encontraron muerta, el 5 de marzo del 2020. Los vecinos escucharon llorar a su bebé, entraron y ahí estaba: su cuerpo, derrumbado en la cama sobre su hija Lara, inmóvil y aterrada. Ahora Lara está sacando fotos con la cámara de Nacho, fotógrafo de MU, enorme para su cuerpito largo de 7 años, mientras Matilde, su abuela, deja que las lágrimas hablen. A su espalda, los cerros imponentes se dejan abrazar por las nubes. Del sol nos resguarda una media sombra negra que cubre el patio de tierra de la casa con ladrillos de abobe y puertas de madera.  No hace falta hacer preguntas: necesita que alguien la escuche y con esa esperanza habla: “Nos dijeron que se había muerto por broncoaspiración y empecé a buscar qué era, como para entender qué le había pasado. Más leía y menos entendía, pero el fiscal insistía que se había ahogado con su propio vómito porque estaba borracha. Y mi hija no bebía”. Aturdida, dice, decidió contratar un perito que confirmó sus sospechas: el laboratorio descartó ebriedad, no se había producido ninguna broncoaspiración y la muerte fue producto de un ahorcamiento. Además, su cuerpo estaba golpeado. Logró así que el juez ordenara  una junta médica que en diciembre confirmó la pericia de parte. Así logró que la ex pareja de su hija fuera encarcelada en enero de este año. La última noticia de la causa es lo que le hace brotar las lágrimas: el mismo perito que falseó la autopsia, designado por el Ministerio Público de Acusación dirigido por el fiscal Lello Sánchez, fue nombrado para hacerle la pericia psiquiátrica al imputado. Matilde siente el peso de lo que eso significa como si los cerros se derrumbaran sobre su espalda: “Es una lucha desigual, nunca termina”.

Hace poco se recibió de profesora de Lengua y  Literatura y su primera designación la lleva tres días a la semana hasta una escuela secundaria de la frontera, por eso no estaba en Huacalera cuando asesinaron a su hija. Ahora, con el inicio de las clases presenciales, no sabe cómo hará para conciliar el cuidado de los nietos, de su hijo de 10 años y de su trabajo. Todavía no recibió ninguna ayuda económica para sostenerlos, aunque la ley Brisa obliga al Estado a hacerlo. Lo de siempre: hasta obtener la guarda legalmente no podrá tramitarla. Y ese trámite, por cómo se redactó la reglamentación, es judicial y por lo tanto, demora más que la necesidad. El Derecho tarda.

Le pregunto qué la llevó a tomar esa decisión clave que desnudó la trama de impunidad que suele atrapar los pedidos de justicia de los femicidios en esas periferias y las lágrimas de Matilde retornan, más abundantes y trágicas. “Yo sospechaba qué había pasado en realidad, porque mi hija lo había denunciado y él siempre estaba dando vueltas por la casa, pero me dije: esto te va a costar muy caro, y tenés los nietos y poco trabajo. La justicia no es para vos. Decidí dejarlo pasar, pero se me empezaron a caer cosas encima. Cosas de esas que nunca se caen: el reloj de pared, cajas que estaban bien acomodadas. Me dije: esa es mi hija que no me va a dejar tranquila hasta que no me encargue. Y tenía razón, porque si no mis nietos corrían el riesgo de ser criados por el asesino de su madre”. 

Le pregunto quién es el fiscal de la causa, aquel que lo comunicó que su hija había muerto por borracha. Me responde un nombre que escuchó por tercera vez en tres días: Diego Cusell.

Son las tres y media de la tarde y el micro a San Salvador acaba de pasar de largo. Casi lo alcanzamos. 

Casi.

Las opciones: esperar cuatro horas al siguiente o abordar uno en Tilcara, que ofrece más frecuencias los domingos a la tarde. La respuesta llega por whatssap y es una foto. En el mismo salón que copó la manada de fiscales están ahora sentadas tres mujeres rodeadas por una docena de abogadas.Es la imagen de la conferencia de prensa que se organizó para apoyar a Agustina Aramayo, la secretaria perseguida. Así lograron que, días después, el Tribunal Superior obligara al fiscal general Lillo Sánchez a archivar el expediente con el que pretendía echarla.

Caminamos.

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La tesis del gran bonete

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¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio. 

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”.  Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para  denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

  1. Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
  2. Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
  3. Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
  4. Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.
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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

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Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores». 

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11  y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos. 

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo. 

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero. 

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa. 

www.observatorioluciaperez.org

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#NiUnaMás

Arte contra la impunidad femicida

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«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

«Es el Estado narco cubriéndose» dijo Guillermo Pérez a lavaca. La referencia: los imputados son probadamente narcos que vendían droga a menores en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Pero al anular el delito de femicidio, la pena de perpetua se reduce de manera drástica. Todo esto, debería pasar por la decisión final de la Corte provincial.

«Es una provocación para afectar a la familia, el día del cumpleaños de su hija» sostuvo Gustavo Melmann, el padre de otra joven asesinada, Natalia, hace 24 años.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Sobreponiéndose a la sorpresa, la familia inauguró en Mar del Plata El Cuarto de Lucía, visitado por cientos de personas que quisieron conocerlo, interiorizándose con la situación general de violencia contra las mujeres. «No nos van a hacer callar» dijo Marta.

Así, la noche del viernes se llenó de arte para reencontrar lo que Marta llamo «luz»: capacidad para recordar a Lucía y a miles de mujeres asesinadas, y seguir transitando todos los caminos contra la impunidad. Participaron 20 grupos de música y danza.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Marta diálogó con lavaca.

–¿Por qué se inaugura hoy la Casa de Lucía?
–Porque hoy es el día que nació hace 25 años; a esta hora estaba con contracciones; ella nació a las 20. Fue tan lindo como padres; teníamos a Matías y tener una hija fue re lindo. Por eso hoy estamos festejando la luz, que es ella; la luz en la cual está ella. El festejo de hoy es la luz de Lucía.
Presentamos el cuarto de Lucía, donde vamos a trabajar desde todos los sentidos; todo lo que nos atraviesa como mujeres, como madres, como víctimas. El cuarto va a estar para eso. Se ha transformado en una obra de arte en donde trabajamos, hacemos los informes, donde ponemos el foco en lo mal que hace las cosas la Justicia.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

–Hoy recibieron justamente una noticia de la Justicia con una nueva medida de impunidad.
–Sí, como ya estamos acostumbrados, y es triste decir eso porque después de 8 años deberíamos tener una condena como corresponde, y no seguir luchando de esta manera.Se le pierde el respeto totalmente a la vida del ser humano que se ha ido y a las familias que quedamos. Pero seguiremos trabajando y no bajaremos los brazos. Hoy más que nunca este lugar debe ser de abrazo de amor, de contención por todo esto que nos pasa también.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

–¿Por qué creen que recibieron la noticia hoy?
–Porque la Justicia es perversa. Es tan grande la perversión que tienen, que también eligen con quién hacerlo. Porque también hay que acallar a estas víctimas, pero estas víctimas no se van a callar jamás. Jamás. Entonces, estoy segura que lo hacen para destruirnos, pero lejos de eso, estamos cada vez con más fortaleza, con más lucha y ayudándonos entre todos.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Guillermo Pérez agregó:

“En estos momentos tan crueles que estamos pasando no hay que dejar de hacer cosas humanas. Tenemos que hablar de las cosas que podemos hacer juntos”.

Marta: «Hay una industria judicial, donde te siguen haciendo ir para atrás, mientras la gente como nosotros tiene que seguir trabajando y pagando abogados, buscando justicia y que no haya impunidad. Por eso también es algo perverso lo que nos siguen haciendo».

El Cuarto de Lucía podrá ser visitado como parte de la actividad marplatense de la Campaña Somos Lucía, que incluye entre otras cosas, cursos, talleres, encuentros, y seminarios de capacitación a personal judicial.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

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Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

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Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

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