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Necro & gore. Extractos del libro de Sayak Valencia

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Compartimos algunos fragmentos seleccionados de Capitalismo Gore, el libro que la poeta, ensayista y activista mexicana Sayak Valencia editó en 2010 cuando volvió a México. En el libro, Valencia narra que empezó a urdir la teoría cuando vio caer un cadáver de un auto en medio de la autopista. Su reflexión a partir de esa violencia a cielo abierto y naturalizada parió dos nuevos términos que definieron la época -“capitalismo gore” y “necropolítica”-, que conectan las lógicas del capital con el narcoestado mexicano, el rol de los medios masivos y las luchas feministas. 

Feminismo y geopolítica

En este trabajo no buscamos proponer un feminismo unitario y hegemónico que se adscriba a una crítica simplista de la violencia como instrumento fundamental en la estructuración de las lógicas del capitalismo gore. Partimos de los feminismos y planteamos la pertinencia de estos como conocimientos situados geopolíticamente y como respuestas a contextos específicos en los cuales se desarrollan. Consideramos que dichos feminismos no deben ser juzgados dentro de las estructuras “impermeables” del feminismo blanco y primermundista. El feminismo aquí planteado se deslinda de aquél de forma auto-reflexiva y rechaza ser emparentado o usado “bajo la explotación cultural imperialista del feminismo”.

Tijuana

This is Tijuana. La nubosidad furiosa que es el Pacífico. Un torso descuartizado repartido por la carretera en hora pico. Cigarrillos incendiándose uno tras otro. Luces de la zona roja, microscópicos universos. Metástasis arbórea. Los narcos. El machismo. Silicone Land. Whores-Barbie’s Factory. Armas de alto calibre riéndose a carcajadas. This is Tijuana. Irse y quedarse al mismo tiempo. Decir de otra manera que todo es un eterno regreso. Trayectorias y mujeres irrevocables. Violencia, tedio y cotidianidad sobregiradas. This is Tijuana La palabra We/come riéndose en mi cara. La palabra We/come significando simultáneamente que toda entrada es una salida. El silencio que apuñala. El desierto que hierve. Los gritos migrantes que estallan. This is Tijuana. Cebras-burros imitando a la nostalgia. Autos flamantes. Furiosos taxis. La cabeza sentencia reiteradamente un atroz mantra: “abre (te) por dentro”. Entrar al juego. Ver el Fuego. Fugarse todas las veces y de una vez por todas apostar a ganar. This is Tijuana.

Capitalismo gore

Proponemos el término capitalismo gore, para hacer referencia a la reinterpretación dada a la economía hegemónica y global en los espacios (geográficamente) fronterizos. En nuestro caso pondremos como ejemplo de dicho fenómeno a la ciudad de Tijuana, frontera ubicada entre México y los Estados Unidos, conocida como la última esquina de Latinoamérica. Tomamos el término gore de un género cinematográfico que hace referencia a la violencia extrema y tajante. Entonces, con capitalismo gore nos referimos al derramamiento de sangre explícito e injustificado (como precio a pagar por el Tercer Mundo que se aferra a seguir las lógicas del capitalismo, cada vez más exigentes), al altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos, frecuentemente mezclados con el crimen organizado, el género y los usos predatorios de los cuerpos, todo esto por medio de la violencia más explícita como herramienta de necroempoderamiento.

Estas prácticas se han radicalizado con el advenimiento de la globalización dado que esta se funda en lógicas predatorias que, junto a la espectralización y la especulación en los mercados financieros, se desarrollan y ejecutan prácticas de violencia radical.

Por ello, proponemos una reflexión sobre el capitalismo gore entendiéndolo como “la dimensión sistemáticamente descontrolada y contradictoria del proyecto neo liberal”. 

Violencia

La historia contemporánea ya no se escribe desde los sobrevivientes sino desde el número de muertos. Es decir, “los cadáveres como respuesta al carácter netamente utópico de los discursos oficiales sobre la globalización”, subvirtiendo el optimismo del flujo traído por esta pues lo que ahora fluye libremente no son las personas sino la droga, la violencia y el capital producido por estos elementos.

De este modo, el siglo XX puede ser entendido como un sinónimo de violencia, la cual se ha radicalizado a través del neoliberalismo y el advenimiento de la globalización hasta alcanzar en la primera década del siglo XXI la etiqueta de realidad gore. En este punto cabría la pregunta de por qué es diferente esta forma de violencia vinculada con el capitalismo gore a las otras formas de ejecución. La respuesta radicaría en un entramado fuertemente ligado a los beneficios económicos que reporta tanto su ejecución como su espectacularización y posterior comercialización a través de los medios de información. En el capitalismo gore la violencia se utiliza, al mismo tiempo, como una tecnología de control y como un gag que es también un instrumento político.

Fronteras

Es importante destacar que en este entramado criminal los especialistas en la violencia se organizan en unas fronteras difusas donde no es del todo posible separar sus técnicas de las de las fuerzas de seguridad pertenecientes a los gobiernos. De hecho, es bien sabido que «los especialistas en infligir daños físicos (como, por ejemplo, policías, soldados, guardias, sicarios y bandas) juegan un papel significativo en la violencia colectiva [y muchos de ellos se encuentran o encontraron emparentados con el Estado]». Un ejemplo de estos especialistas de la violencia lo representa el comando armado mexicano denominado Los Zetas, ex militares de los ejércitos mexicano y salvadoreño, quienes constituyen el brazo armado, el ejército privado, del cártel del Golfo y cuyas prácticas de violencia son famosas por ser tremendamente efectivas, efectistas y despiadadas. Por ejemplo: videograbar las decapitaciones de sus víctimas o contrincantes en tiempo real y después subirlas junto con un mensaje-amenaza oral o escrito al portal de video en internet llamado YouTube. El hecho de que estos expertos en violencia hayan sido entrenados por los gobiernos dinamita la división simple entre los insurrectos y las fuerzas del orden. Ya que transcodifica esos registros y crea otros, donde los conocimientos sobre violencia se convierten en una mercancía que se rige por las lógicas mercantiles de la oferta y la demanda.

Trabajo

Una pregunta fundamental cruza este texto: ¿qué ha pasado con el trabajo? Como hemos revisado en el apartado sobre emprendedores económicos, el concepto de trabajo se ha reconfigurado. Ahora que las prácticas gore trastocan el modelo marxista de producción-consumo, nos encontramos inmersos en un cambio radical respecto a lo que se refiere al trabajo equiparable en alcances con el gran cambio que sucedió con la revolución industrial. La carencia objetiva a la que se refería Marx y en la cual basaba su teoría del Estado, de la lucha de clases y la división del trabajo, ha sido trastocada por las revoluciones tecnológicas y electrónicas que hemos venido viviendo en los últimos veinticinco años.

Las prácticas gore y sus ejecutores crearán una nueva clase social: la clase criminal global. Es decir, estas organizaciones han traspasado ya el nivel ético, que confina y repudia la criminalidad, y le han dado la vuelta, creando otro tipo de socialización, otro status: el de la respetabilidad que otorga el dinero sin importar de dónde provenga, adoptada por los menos favorecidos como una marca de identidad, un signo de pertenencia. En los cada vez más desvanecidos Estados-nación del Tercer Mundo se ha instaurado una nueva cultura nacionalista basada en la criminalidad.

Proletariado gore

Sabemos que la desigualdad económica es un factor importante -pero no el único- para el ejercicio de la criminalidad. Admitimos que el proceso que lleva a la violencia está integrado por una red de elementos que se entretejen para producir el fenómeno y, también, defendemos la importancia de la desigualdad social y la pobreza como un motor cardinal en el ejercicio de la violencia criminal. No obstante, concordamos con Resa Nestares acerca de que, para la creación de una red criminal, es necesario contar con los medios económicos y técnicos para ponerla en marcha; por lo tanto, el ejercicio y la gestión de la violencia, entendida como un producto, cuenta con un elemento jerarquizador donde los pobres, quienes no cuentan con los medios de producción, disponen de su fuerza de trabajo para formar parte del escalafón más bajo de la cadena criminal y, por tanto, el más contundente: ejecutores de la violencia, cuyas motivaciones, aparte de la supervivencia económica, se basan en deseos de movilidad y pertenencia social por medio de la legitimidad que otorga el dinero, creando así una especie de nuevo proletariado de la violencia o proletariado gore.

Cuerpo

El desarrollo y ejercicio de la violencia sobreespecializada hunde sus raíces en una historia más global: en la historia de las tecnologías del Estado para disciplinar el cuerpo. En la actualidad estas técnicas desarrolladas por el Estado y transmitidas a su aparato militar, son ofertadas en el mercado, en la era gore, como bienes y servicios. Ahora bien, estas tecnologías de meticulosidad sanguinaria instauran un código de lectura dentro del entramado de la violencia, creando así una semiótica de esta a través de la lectura de los mensajes enviados por medio de la aplicación de técnicas específicas de tortura y modalidades de asesinato. 

En estas señales, lanzadas por el narcotráfico mexicano, encontramos que el cuerpo es en este contexto concebido como una cartografía susceptible de reescritura, pues al inscribir en él códigos propios del crimen organizado se intenta establecer un diálogo macabro y un imaginario social basado en la amenaza constante. Estas inscripciones tienen el papel de dar una advertencia directa, porque “todos entendemos el mensajeo escrito en la carne”. Para los especialistas en violencia del capitalismo gore, el cuerpo, en su desgarro y vulneración, es el mensaje.

Necropolítica

En la época actual la muerte se erige como centro de la biopolítica, transformándola en necropolítica. Achille Mbembe afirma a este respecto: “la expresión más actual de soberanía reside, en gran medida, en el poder y la capacidad de dictar quién merece vivir y quién debe morir. Por consiguiente, matar o permitir la vida constituyen los límites de la soberanía como sus principales atributos”. Para Mbembe, al igual que para Agamben, el Estado nazi es el ejemplo perfecto de esta soberanía de muerte, aunque Mbembe identifica también a la esclavitud como uno de los primeros campos de ejecución de la biopolítica y apunta que en las colonias ha sido donde la gubernamentabilidad necropolítica, ejercida por los gobiernos colonizadores, ha tenido su más grande y duradero asentamiento del estado de excepción 

Estamos de acuerdo con Mbembe respecto a sus apreciaciones geopolítica y racialmente situadas de la biopolítica. Sin embargo, en esta investigación deseamos retomar el término de necropolítica y proponerlo, además, como un contravalor que se inscribe en el mismo registro de la biopolítica pero la radicaliza, ya que desacraliza y mercantiliza los procesos del morir: si la biopolítica se entiende como el arte de gestionar el vivir de las poblaciones, las exigencias capitalistas han hecho que el vivir y todos sus procesos asociados se conviertan en mercancías, lo cual se puede parangonar con lo que entendemos como necropoder, puesto que este representa la gestión del último y más radical de los procesos del vivir: la muerte. 

Necropoder

Si teóricos posfordistas como Negri y Hardt hablan de la producción biopolítica, proponiendo un concepto con reminiscencias foucaultinas, para explicar la complejidad de las formas actuales de producción capitalista, aquí retomamos el concepto de biopoder y lo extrapolamos al de necropoder, para señalar el desplazamiento actual que se ha dado entre estas formas de producción y las formas de consumo. Hablamos pues de que en este desplazamiento se efectúa “una transformación de la estructura de la vida”.

Llama la atención que el sistema capitalista que ha devenido gore, que hoy está amenazado por el necroempoderamiento de los sujetos endriagos (en su mayor parte masculinos), siga sin tener en cuenta lo que las mujeres tenemos que decir respecto a este sistema que es una nueva versión del capitalismo, una versión, más retorcida, hard core y superlativa. Puede resultar extraño hablar de empoderamiento femenino bajo las condiciones actuales de violencia recalcitrante. Sin embargo, el descentramiento del sistema capitalista/patriarcal y lo innegable de su fractura e insostenibilidad abren la puerta a los feminismos, a sus prácticas, para seguir planteando desde otros ángulos (no heteropatriarcales) las condiciones actuales en las que se rige el mundo. Es decir, esta ruptura epistémica a la que nos ha llevado el capitalismo, en su versión más salvaje abre la puerta para repensar al capitalismo gore y fraguar, junto a las herramientas feministas, un discurso y unas prácticas sostenibles que nos alejen de él.

Revoluciones vivas

Ante la coyuntura del capitalismo gore se erige de manera apropiada el concepto de transfeminismo entendido como una articulación tanto del pensamiento como de resistencia social que es capaz de conservar como necesarios ciertos supuestos de la lucha feminista para la obtención de derechos en ciertos espacios geopolíticamente diversos: que al mismo tiempo integra el elemento de la movilidad entre géneros, corporalidades y sexualidades para la creación de estrategias que sean aplicables in situ y se identifiquen con la idea deleuziana de minorías, multiplicidades y singularidades que conformen una organización reticular capaz de una “reapropiación e intervención irreductibles a los slogans de defensa de la ‘mujer’, la ‘identidad’, la ‘libertad’, o la ‘igualdad’, es decir, poner en común ‘revoluciones vivas’”.

El replanteamiento de las masculinidades que consideren tanto el devenir mujer y el devenir queer representa el reto de construirnos desde un sitio distinto a las dicotomías ya conocidas que nos emparentan con discursos inmovilizantes, desarticulantes que siguen caminando por vías ya transitadas y llegan a las mismas conclusiones. Ante estas dicotomías en esta investigación hemos propuesto como estrategia de deconstrucción de estos discursos: las desobediencias de género y el rescate de la metodología (práctica) backdoor que ha utilizado el movimiento queer en la deconstrucción de esta díada discursiva para fraguar otras resistencias posibles y plausibles que lleven a la ejecución de revoluciones vivas. Y que estas revoluciones tengan sus puntos de convergencia en la creación de una crítica discursiva y una resistencia física y estratégica que evite unirse a las filas de los ejecutores y/o las víctimas de la violencia ejercida por los sujetos endriagos del planeta y su capitalismo gore. 

Capitalismo Gore. Control económico, violencia y narcopoder
Sayak Valencia
Editado por Melusina y Paidós, entre otros, y disponible en geopolitica.iiec.unam.mx

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
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La ciudad rota: el femicidio de Daiana Abregú

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La joven de 26 años apareció muerta en la celda de la comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde entonces, la policía sostiene que se suicidó con su propia campera, pero la justicia comprobó diferentes falacias en ese relato que llevaron a la detención de cinco efectivos bonaerenses. La investigación para determinar qué pasó con Daiana aún continúa, mientras la familia busca verdad y justicia. Por Facundo Lo Duca.

La foto de Daiana en la plaza principal. Foto: Mauro Arias
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La última Mu: Yo princesa

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