#NiUnaMás
8M desde el pie: Las razones de un paro que se impone desde abajo
Desde Jujuy, Tucumán, la provincia de Buenos Aires y todo el país las mujeres se preparan para parar y organizan marchas e intervenciones en la calle de cara a un nuevo 8M. Cómo surgió esta revolución que reclama mejores condiciones de vida, menos violencia y acciones concretas y urgentes del Estado. Lo que se denuncia: las policías, las complicidades gubenamentales y la impunidad judicial. Lo que deja la pandemia. Y lo que brota desde abajo: una organización creciente ante los femicidios que no paran. Cómo serán las movilizaciones y lo que dicen las mujeres y disidencias y las familias de víctimas desde los territorios.
Por Inés Hayes y Melissa Zenobi
Un 8 de marzo de 2017 fue el primer año que en Argentina las mujeres y diversidades pararon. “Si nuestro trabajo no vale, que produzcan sin nosotras”, dijeron y se convocaron masivamente en plazas, calles y lugares de trabajo para hacerse escuchar. Venían de la experiencia que dejó el 19 de octubre de 2016, primer paro de Mujeres en nuestro país, luego del femicidio de Lucía Pérez.
Este lunes tendrá lugar el sexto paro, porque a pesar del tiempo y del cambio de Gobierno, las demandas del movimiento feminista siguen más vigentes que nunca. Con 66 femicidios en lo que va del año –según datos del Observatorio contra la violencia patriarcal Lucía Pérez-, el eje está puesto en seguir luchando contra la violencia machista en todas sus expresiones. Como en cada oportunidad, habrá paro, acciones y marchas en todo el territorio nacional producidas por el desborde que impulsa la urgencia y la necesidad.
“Estamos planteando reclamos relacionados con la violencia de género que padecemos las mujeres en Jujuy, por eso también el 8 haremos una presentación para pedir un jury al juez Pablo Martín Pullen Llermanos quien tuvo una participación directa en la vulneración de derechos de Marina Paniagua, otorgando la libertad a su femicida cuando había informes que mostraban el riesgo que implicaba para Marina”, explica Mariana Vargas, abogada de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy, una provincia en la que los femicidios en pandemia encendieron todas las alertas. El lunes a las 17 se concentrarán en la plaza principal para volver a decir que el Estado y la Policía son responsables de los femicidios y pedirán una vez más la renuncia de Alejandra Martínez, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer y la Igualdad de Género de Jujuy: “Entendemos que la omisión del Estado en lugares clave como el que ella dirige, hace que a las mujeres nos cueste la vida”, señala Vargas.
En la Ciudad de Buenos Aires, las mujeres y disidencias de la organización territorial La Dignidad movilizarán el martes 9 a distintas comisarías de la Ciudad. ¿Por qué eligieron plantar sus reclamos ahí? Lo explica Lucila González: “Las comisarías son el primer lugar que tenemos para ir cuando somos violentadas, y ahí muchas veces no nos toman las denuncias, o somos revictimizadas, descreen de nuestras palabras y relatos y somos violentadas una y otra vez. Vamos a acompañar la movilización al Congreso Nacional del 8 de marzo, pero también creemos que son necesarias las acciones concretas y directas en la calle y en las instituciones responsables”.
Responder con los pies
La semana pasada General Madariaga, una localidad bonaerense de 20 mil habitantes, fue noticia por el femicidio de Graciela Noemí Funes, asesinada a balazos por el oficial de policía Franco Mauricio Torres, cuando intentaba evitar que el oficial abusara de su hija. “Estamos preocupadas por el aumento de la violencia, pero también conmovidas porque cada vez somos más las mujeres y disidencias que se están sumando a la organización acá en Madariaga”, explica Celeste ladino, de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias que nació de las celebraciones en la plaza local por la conquista que significó el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en diciembre pasado. “La multisectorial busca ser un nexo entre todas las personas y organismos del Estado que deberían intervenir para que no pasen estas cosas”, cuenta Celeste, luego de la multitudinaria movilización espontánea que se realizó el día del brutal femicidio de Graciela. “Todo el pueblo salió a la calle, eran cuadras de movilización”, detalla Celeste. Este 8M realizarán una jornada extendida en la plaza principal para debatir y reflexionar sobre las problemáticas que atraviesan a las mujeres y disidencias. También habrá una “feria consciente, autogestiva y feminista y música en vivo”.
“Hablar de barrio y organización es hablar de compañeras que cada día resisten y sobreviven en el hambre y la miseria, desde siempre”, señala desde Tucumán, Leonor Cruz, responsable del área de género de la Federación Nacional Territorial y miembro de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Tucumán. Bajo la consigna “Trabajadoras somos todas”, este lunes las mujeres de los territorios van al paro: “porque luchamos y deseamos un presente sin estigmas, sin estereotipos, sin violencias. Para que dejen de matarnos, de violarnos, de golpearnos. Las mujeres de los barrios paramos por un país más justo y porque no nacimos para revolver la olla, nacimos para cambiar la historia y lo hacemos juntas y organizadas”, sintetiza Leonor.
Parar la olla
En medio de la pandemia, las mujeres del Centro Cultural y Comunitario al Pié del Cañón de Moreno, sintieron en carne propia que la violencia era una consecuencia inherente de la sociedad machista en la que se vive, que el encierro de las medidas de aislamiento, profundizó aun más. “Desde la olla popular veíamos que el confinamiento fue un detonante que se sumó al resto de las problemáticas que veníamos viviendo las mujeres y las disidencias”, dice Lorena Alderete y remarca el impacto que tuvieron la falta de respuestas de las instituciones del Estado. Sin embargo, el movimiento feminista de Moreno no estuvo quieto en pandemia: “Marchamos para denunciar estas situaciones de vulnerabilidad en que estamos la mujeres de los territorios cada vez que lo necesitamos”, dijo Alderete.
“Este 8 de marzo salimos a protestar por todas las mujeres de la economía popular”, agrega Liliana Condori, referente del MTE y de la UTEP Mujeres y diversidad. Es que en este tiempo de pandemia, fueron las mujeres de los territorios “quienes estuvieron en la primera línea, garantizando el alimento para las familias, a través de los merenderos y comedores comunitarios”, dice y lamenta que aún no sean reconocidas salarialmente como trabajadoras y que tampoco se las tenga en cuenta de manera prioritaria para el Plan de Vacunación. Condorí coincide que el aislamiento profundizó la violencia “porque muchas de ellas están conviviendo las 24 horas con su agresor, y pareciera que no hay justicia: los teléfonos de la línea 144 no atienden los fines de semana”.
Cuidar es un trabajo
“Llegamos al 8M con crisis sanitaria, pero ratificando desde todos los sectores que la calle es el lugar donde conquistamos cada uno de nuestros derechos y no la podemos abandonar aunque sabemos cómo nos tenemos que cuidar. A eso lo sabemos muy bien porque la gestión de la pandemia recayó en sectores feminizados”, afirma Clarisa Gambera, directora de Géneros y Diversidades de ATE Nacional y secretaria de Géneros de CTA A Capital Federal. “Estamos demandando derechos y salarios para todas, porque trabajadoras somos todas, tenemos compañeras que están situación de precariedad laboral, que cobran muy por debajo de la canasta básica”, señala Gambera y asegura que el tema de los femicidios es otro de los ejes fundamentales: “Quedó en evidencia que no funciona la justicia, no funcionan las fuerzas de seguridad ni las políticas públicas”. Advierte también que sacar de la precarización a quienes trabajan para erradicar las violencias es fundamental.
Cecilia Barros, del Movimiento Evita, agrega: “Llegamos con mucho dolor, bronca y angustia por la pérdida cotidiana de una compañera, de una mujer, de una madre, de una hermana. Venimos desarrollando un trabajo territorial extenso a lo largo y a lo ancho de todo el país con las promotoras territoriales contra la violencia de género. Nuestras compañeras acompañan en todo el proceso anterior y posterior a las denuncias porque solo de esa forma se generan abordajes integrales, entendiendo que para llegar a las instituciones oficiales, primero hay que reconstruir los tejidos comunitarios porque una de las características de la violencia machista es el aislamiento y económico”.
“El 8 vamos a pedir el reconocimiento económico e institucional de la tarea que realizan nuestras compañeras, quienes además de acompañar y sostener, ayudan a encontrar mecanismos en cooperativas, por ejemplo, para que las mujeres puedan sostenerse económicamente y puedan salir de las redes de la violencia”, agrega Cecilia.
Voz propia
Erica Bellini del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas dice a lavaca: “Llegamos a este 8 M luego de un contexto muy difícil por la pandemia, pero seguimos pensando cómo afrontar el sistema patronal que nos dejó el patriarcado en las fábricas recuperadas tratando de fortalecer una mirada crítica y reconociendo los comportamientos machistas y violentos de nuestros propios compañeros, viendo cómo se pueden trabajar sus masculinidades y sus prácticas y tratando de avanzar en un modelo que desde la autogestión nos tenga como protagonistas y no siendo habladas por nuestros compañeros”.
Las trabajadoras y disidencias del subte también llegan al 8M organizadas: “Hacemos hincapié en la necesidad de la redistribución de la riqueza para que podamos tener empleos genuinos, sin precarización y que tengamos una política integral de cuidados, que se valoren los trabajos dentro de nuestras casas que implican una triple jornada. Celebramos la conquista de la Ley Voluntaria del Embarazo y haber conquistado un Ministerio, pero entendemos que tenemos que seguir profundizando las políticas para que no haya femicidios, transfemicidios ni travesticidios, porque no queremos más muertes”, sintetiza Karina Nicoletta, trabajadora y delegada de las trabajadoras del subte.
Esenciales y desiguales
Este 8 de marzo también paran las trabajadoras de la salud, que no tuvieron ni un solo día de descanso durante 2020. “Deseamos y merecemos un mundo con más igualdad, sin estereotipos ni violencias, pero sin lucha no va a ser posible, por eso salimos a la calle una vez más. El año pasado quedaron expuestas de manera brutal las diferencias entre varones y mujeres: estuvimos al frente de los cuidados con sueldos menores al de los varones y esto nos demuestra que es necesario seguir trabajando en políticas públicas para frenar esta desigualdad. Seguimos diciendo que no hay equidad de género y que tenemos que seguir trabajando por erradicar la violencia en el mundo del trabajo. Reclamamos este 8 de marzo el fin de la violencia, porque la deuda sigue siendo con nosotras”, dice a lavaca Fernanda Boriotti, presidenta de la Fesprosa, federación que reúne a los y las trabajadoras de la salud de todo el país.
En un mundo cada vez más desigual, la CTA Autónoma está planteando la necesidad de una justa distribución de la riqueza con criterios igualitarios: “Terminar con las desigualdades no solamente supone, aunque es esencial, terminar con las desigualdades de género dentro de las organizaciones sindicales y del mundo del trabajo. Estamos dando las batallas dentro de nuestras organizaciones, pero el desafío tiene que ver con un debate profundo y una confrontación fuerte con el capitalismo. La distribución de la riqueza tiene que ser con criterios de igualdad y de equidad y todas las interseccionalidades que tiene la opresión en todo sentido”, afirma Claudia Baigorria, secretaria adjunta de esa Central.
Por qué paramos
Marta Montero, mamá de Lucia Pérez, la joven asesinada en Mar del Plata lamenta llegar a este 8M con 66 mujeres muertas en lo que va del año: “Estamos fracasando constantemente”, y explica por qué: “Si una mujer denunció, no se la tuvo en cuenta y después aparece muerta es porque el Estado sigue llegando tarde. Si no nos hacemos cargo de esto, si siempre es algo que le pasa a otro, es muy difícil revertir esta situación. Necesitamos que cuando una mujer denuncia no se la encierre en un refugio, sino que se encierre al violento, que es el responsable. El que está decidido a hacer mal, lo va a hacer. Por eso el seguimiento debe ser con él, no con la mujer que denuncia. Falta compromiso, políticas sociales, un Estado presente, una justicia que funcione y que no tenga que esperar años por justicia. Luchamos para que no nos maten a nosotras. Por eso seguimos en la calle, por eso salirnos y seguimos andando”.
Zulma, de la organización Mujeres al Oeste que desde hace tantos años teje en los bordes bonaerense solidaridad feminista, sintetiza: “A las mujeres nos falta todavía cambiar muchas cosas. En primer lugar, cambiar el mundo. Lo estamos haciendo de a poco, con la revolución cotidiana del feminismo. Nos falta, también, mejorar el boceto del mundo que queremos hasta trazar un cuadro con más detalles. Nos falta mucho, entonces, para lograr que tratemos a este mundo de otra manera, para sentirnos parte de él sin explotarlo, maltratarlo ni violentarlo. Eso es fundamental. Nos falta transformar en bienes comunes todo lo que hoy en día está usurpando el capitalismo. Nos falta no solo voltear al patriarcado, porque solo no se va a caer, sino también al capitalismo. Nuestra lucha no se trata ya de conquistar derechos sino de construir otro: un mundo feminista”.
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El Estado responsable: femicidios y fuerzas de seguridad
El expolicía Miguel Ángel Mazo, femicida de Florencia Albornoz (foto principal), saldrá hoy en libertad después de una condena de solo 15 años; un caso que llegó a instancias internacionales y volvió a dejar al descubierto la peor de las violencias: la ejercida por el propio Estado. A pocos días de iniciado el año ya hay 13 víctimas de femicidios y en tres están involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad. El compromiso que el Estado argentino no cumple: capacitar, prevenir y reparar.
Por Evangelina Bucari
Durante la madrugada del 17 de enero de 2010, Miguel Ángel Mazo, policía de la provincia de Buenos Aires, asesinó con su arma reglamentaria a Florencia Albornoz, de 21 años, y a un amigo de ella, Ernesto Escudero. El caso fue catalogado como doble homicidio agravado por el vínculo, ya que en ese momento no estaba vigente la figura del femicidio. En 2012, Mazo fue condenado a solo 15 años de prisión. Hoy quedará en libertad.
Florencia y su femicida tenían una hija y, además, ella tenía un hijo de una pareja anterior. Durante toda la relación y aun cuando terminó, Mazo la sometió a hechos de violencia. Ella realizó la denuncia, pero no se dictó ninguna medida de protección. Y cuando las agresiones escalaron, fue la Comisaría de Quilmes, sección primera –en la cual el agresor prestaba servicios– la encargada de custodiar su integridad. Algo que no sucedió: finalmente, Mazo ingresó a la casa donde estaba Florencia con Ernesto Escudero y los asesinó.
A la impunidad y al dolor que siente la familia Albornoz porque el asesino de Florencia caminará libre por las calles de la zona sur del conurbano bonaerense, se suma otro incumplimiento por parte del Estado. Ocurre que en 2023, tras un reclamo presentado ante la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), habían lograron una serie de medidas de reparación y de no repetición, con la firma de un acuerdo de solución amistosa del cual las autoridades nacionales, las de entonces y las de ahora, nunca se hicieron cargo. “El Estado argentino reconoció su responsabilidad por no haber podido resguardar a Florencia ni prevenir su femicidio. Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo es tierra de nadie”, denunció Christian Berndt Castiglione, fundador de Justicia y Reparación, uno de los abogados que brindó asistencia jurídica para llevar adelante el reclamo del caso en la Cedaw.
¿Qué pasa cuando los agresores son parte de las fuerzas de seguridad y la violencia patriarcal se combina con la portación de un arma y la balanza desequilibrada del acceso a la justicia? De los 13 femicidios registrados en los primeros 15 días de 2025, tres fueron cometidos por y/o están acusados parejas o exparejas que eran policías, al igual que las mujeres asesinadas:
Guadalupe Mena, el 1º de enero; Yanina Noemí Zárate, el 5 de enero; y María Soledad Poblete, el 9 de enero. Al menos en uno de los casos existían denuncias previas o había medidas judiciales en curso, como pasó en 2010 con Florencia y, más recientemente, en 2021, con Úrsula Bahillo, asesinada a puñaladas luego de que un juez desestimara las múltiples denuncias contra Matías Martínez, su expareja, quien pertenecía a la Bonaerense.
A la misma fuerza pertenece el oficial Fabián Vázquez, detenido y acusado por el femicidio de Guadalupe Anahí Mena, de 19 años, quien recibió un disparo mortal en el parietal derecho. Vázquez dijo que mantenían un noviazgo con Guadalupe, que también pertenecía a la fuerza provincial, y que el arma reglamentaria se disparó cuando intentó evitar una broma de la joven.
La agente María Soledad Poblete, de 28 años, era mamá de dos niños. La encontraron asesinada en Bariloche, Río Negro. Tenía un tiro en el abdomen. Los vecinos aseguraron haber escuchado una discusión y detonaciones. Detuvieron a un policía y la investigación es por femicidio.
Yanina Noemí Zárate, de 38 años, era sargento de la Bonaerense y fue asesinada por su expareja, Gustavo Alejandro Juárez, también efectivo de esa fuerza, que luego de matarla se suicidó en su casa de Villa Gesell y ante la presencia de las dos hijas que compartían. Yanina lo había denunciado por violencia y el hombre tenía restricción de acercamiento. La causa está caratulada como “femicidio seguido de suicidio”.
Yanina Noemí Zárate, sargento de la Bonaerense asesinada por su expareja.
No son cifras
En 2024, el Observatorio Lucía Pérez registró 317 femicidios, 14 de los cuales tuvieron como autores a integrantes de la policía, las fuerzas federales o las fuerzas armadas, un número que se mantiene estable hace varios años. Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Corte Suprema de la Nación, los agentes federales y provinciales acusados de femicidios fueron:
14 en 2023,
15 en 2022,
23 en 2021,
7 en 2020,
16 en 2019,
18 en 2018,
12 en 2017. Un dato a destacar de ese año es que todos utilizaron su pistola reglamentaria para cometer los asesinatos.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
De acuerdo al informe “Uso de armas de fuego y participación de fuerzas de seguridad en femicidio (2017-2022)”, en ese período de cinco años hubo 70 víctimas directas de femicidio atacadas con armas de fuego por parte de 68 sujetos pertenecientes a las fuerzas de seguridad:
55 utilizaron su arma reglamentaria,
Dos emplearon armas de fuego autorizadas (no reglamentarias),
En un caso el arma no estaba autorizada
En los 12 restantes no hubo datos de autorización.
No repetición, no cumplimiento
En julio de 2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina –desmantelado por Javier Milei– acompañó el acto institucional de firma del acuerdo de solución amistosa ante la Cedaw en los casos de Florencia Albornoz y Analía Margarita Aros Soto, quien fue asesinada en 2017 y donde también se demostró la impericia estatal al demorar la solicitud de restricción. “El Estado argentino se comprometió a una reparación para ambas familias, pero ya pasó más de un año y todavía no cumplió con su parte del convenio”, explicó Berndt Castiglione. “El Estado brilla por su indiferencia: es brutal. No responden. Solo existió el pedido de disculpas en ese momento. Pero tanto en el gobierno anterior como en el actual hay una conducta de Estado sistemática, que revictimiza a las familias y eso es terrible”, enfatizó el abogado.
Berndt Castiglione detalló que entre los obligaciones asumidas se encuentran la asistencia psicológica a los familiares de las víctimas, el compromiso de llevar adelante políticas públicas que promuevan la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia por motivos de género; y la inclusión de los casos en diversas instancias de capacitación de las fuerzas de seguridad. “Se logró algo histórico, que era el compromiso de capacitar a 20 mil efectivos policiales sobre el tratamiento y sensibilización a la hora de tomar este tipo de denuncias”, explicó Berndt Castiglione.
“Estamos a la espera de que nos respondan –detalló fundador de Justicia y Reparación–. Desde hace más de un año pedimos reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia, la Secretaria de Derechos Humanos y la Cancillería para que el Estado les explique a ambas familias en qué instancia estamos y cómo viene el cumplimiento de todo lo que ofrecieron”. Además, se trata de “familias humildes que necesitan con urgencia esa reparación”.
Otros incumplimientos
En 2019, la Cedaw ya había intervenido en un caso contra el Estado argentino, que asumió su responsabilidad por no haber protegido a Olga del Rosario Díaz, por el intento de femicidio por parte de su expareja, el policía Luis Rolando Palavecino, luego de más de 15 años de desidia judicial por la violencia de género de la que era víctima y pasar 45 días en terapia intensiva. La denuncia ante Naciones Unidas contó con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación.
Las autoridades argentinas se comprometieron en un acuerdo de solución amistosa a tomar “acciones destinadas a mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia”. También, a realizar capacitaciones a las fuerzas de seguridad, incorporar en el plan de estudios de los cadetes y en todos los cursos exigidos al personal policial materias que traten la temática de género; y a realizar un registro público de denuncias realizadas contra jueces y juezas por casos de estos tipos de violencia. Como respuesta a ese compromiso internacional, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por unanimidad crear un registro público, que tiene datos hasta 2023, escasos si se compara con los elaborados por el Observatorio Lucía Pérez.
Para las cientos de familias que perdieron a alguien en manos de un femicida, y para los hijos e hijas que quedaron huérfanos de madre, la noticia de que Miguel Ángel Mazo quede en libertad es un duro golpe. Incuso, ya desde el penal el expolicía se dedicó a hostigar y a amenazar a la familia Albornoz. “Queremos alertar a la sociedad. Tendremos a un asesino libre en las calles”, comunicaron desde Atravesados por el Femicidio, organización de la que son parte. Y pidieron: “Como no tenemos una justicia coherente que dé penas acordes ahora vamos por la condena social para el asesino de Florencia que no se merece la inserción en la sociedad porque no cambio en nada ni se arrepintió nunca”.
Mientras el gobierno nacional asegura que bajaron los casos de femicidios, a la vez que desmantela casi todos los programas y las líneas de atención a víctimas de violencia, e incumple los tratados internacionales que podrían ayudar a la prevención, los familiares y amigos siguen exigiendo justicia y que el Estado se haga responsable y no sea cómplice con su silencio e indiferencia.
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No son cifras: femicidios y blablá
¿Qué tienen en común el vocero presidencial Manuel Adorni y la ex ministra de las Mujeres, Eli Gómez Alcorta? Ambos anunciaron que la cantidad de feminicidos habían disminuido. Adorni lo aseguró ayer en su habitual rueda de propaganda oficial. La ex ministra, el 30 de mayo de 2022. Es solo una de las coincidencias. La otra es la más contundente: ni uno ni otro gobierno asumió que todo femicidio es evitable. La tercera coincidencia está relacionada con la sensibilidad social y la responsabilidad política: no son cifras. Son vidas.
La declaración de Adorni tiene, además, un agravante: diciembre es históricamente el mes en el que se comete la mayor cantidad de estos crímenes. Este es particularmente trágico.
- En un solo día –15 de diciembre– sufrimos seis femicidios en seis diferentes provincias argentinas.
- En un solo día –el 20 de diciembre– la violencia femicida asesinó a tres víctimas, dos de ellas criaturas. Una de dos meses en Jujuy, otra de dos años en Santiago del Estero.
Durante este 2024, además, el gobierno decretó la desaparición de una herramienta esencial para la visibilización y el registro al enmudecer a la agencia Telam. Se trata, nada menos, de una fuente de información oficial y nacional que en su agenda, durante los últimos años, le dio centralidad a la cobertura de estos casos. Sin esa fuente informativa los observatorios sostenidos por la sociedad civil –como el nuestro– e incluso por los organismos de control como la Defensoría del Pueblo de Nación, han tenido que realizar un gran esfuerzo para obtener la información necesaria para actualizar sus registros. En nuestro caso, el rol de los medios territoriales ha sido central para compensar esa pérdida, ya que la mayoría de estos crímenes se cometen en localidades alejadas de las capitales provinciales.
La lista de coincidencias es extensa e incluye que ni antes ni ahora el Estado analizó los datos para diseñar lo que desde siempre falta: programas de prevención y contención. Una lectura atenta y responsable de los registros históricos podría establecer, por ejemplo, qué época del año es la más indicada para campañas de prevención y qué localidades son prioritarias para establecer programas pilotos de prevención. Esto implicaría, por supuesto, dedicar recursos económicos y profesionales a sistemas eficaces de recepción de alertas, de acompañamiento a víctimas y de contención de violencias. Implicaría, además, analizar sus resultados concretos, corregir y profundizar políticas y, sobre todo, rendir públicamente no solo los gastos, sino los porqués, los quiénes y las consecuencias negativas y positivas de cada programa. Nada más lejos de la motosierra con la que el actual gobierno arrasó lo poco que la sociedad movilizada y organizada había logrado arrancarle al Estado durante la última década.
Las consecuencias del negacionismo femicida son las que están a la vista, por tremendamente reales y cotidianas.
Los femicidios no se detienen.
El Estado es responsable no es una frase.
Acá podés leer la introducción al Informe 2024 de nuestro Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal.
#NiUnaMás
Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona
Todas las luces del Estadio Diego Armando Maradona se apagaron. Minutos antes del partido de Argentinos Juniors contra Barracas Central, solo se encendió un reflector: el que iluminaba las butacas de la platea Francis Cornejo. Cada una de las butacas con un nombre.
Tamara
Vanesa
Sheila
Abril
Rocio
Elena
Ana
Los nombres en las butacas del estadio de Argentinos Juniors. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Aquí se puede ver la imagen de cómo fue ese momento.
Fue el modo que se utilizó para mostrar los 277 nombres de víctimas de femicidios y travesticidios en lo que va de este año hasta hoy: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
En la oscuridad absoluta la voz del estadio dijo desde todos los parlantes: “Esas butacas vacías, cada una con el nombre de una víctima de femicidio, son un recordatorio doloroso: en lo que va del año 277 mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer. No son solo cifras, son historias, son ausencias”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Y un aplauso conmovedor y sincero inundó todo el estadio.
La acción fue impulsada por Secretaría de Género de Argentinos Juniors junto al Observatorio Lucía Pérez para visibilizar la violencia machista en nuestro país.
Las integrantes de la Secretaría de Géneros de Argentinos Juniors y del Observatorio Lucía Pérez. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“La idea fue dejar un espacio vacío de la tribuna con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año, y mostrar así la falta, que ellas hoy no están pudiendo venir a la cancha. Tomamos el mensaje del Observatorio: no son solo cifras, sino que detrás de cada uno de estos nombres , hay una historia”, dice a lavaca Mariel Alonso en la previa al partido mientras se repartían volantes con la invitación a visitar la web de la Secretaría del club y conocer la acción que se estaba por llevar a cabo.
Las camisetas de los jugadores adaptadas para el evento programado por la Secretaría de Géneros del club. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Las butacas vacías se iluminaron luego de la entrada en calor de los jugadores, que minutos después salieron a la cancha con un parche en la camiseta oficial que dice 25N, en homenaje a este día. Los suplentes salieron al campo con una remera especialmente diseñada para hoy que en la espalda tenía un dibujo que entre mujeres y banderas dejaba ver dos mensajes: “25N” y “Rompamos el silencio”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“Hacer estas acciones en un club es fundamental”, explica Vanina Sánchez, secretaria de Géneros de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. “Los clubes de fútbol no son solamente de fútbol, son también espacios donde las mujeres y los hombres venimos a pasarla bien, a alentar por nuestros colores, y son lugares donde estas batallas hay que darlas. Es súper importante que como institución deportiva podamos dar un mensaje: el de que es importante involucrarnos, defender nuestros derechos, y pedir también justicia por todas las mujeres que ya no están”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. Toda la información está disponible y es de libre acceso con el objetivo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Toda la info se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
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