Ni una menos

Madres y padres de víctimas de femicidios se unieron para tejer una voz colectiva. Su primera acción pública fue en Plaza de Mayo y en Casa Rosada, donde entregaron un petitorio de cinco puntos con exigencias al Estado. A partir de febrero los encuentros se repetirán el segundo miércoles de cada mes. Apuntes para identificar, debatir y erradicar las prácticas que construyen la impunidad. ANABELLA ARRASCAETA

Son las 11 de la mañana bajo el sol implacable de Plaza de Mayo. En ronda, sentadxs en bancos rojos, bajo paraguas, están la madre y padre de Lucía Pérez, de Carla Soggiu y de Melina Romero y las madres de Araceli Fulles y Agustina Fredes.
Entre ellxs y la Casa Rosada, una bandera negra de letras blancas dice:
«Estado femicida nunca más».
Llegaron desde distintos puntos de Buenos Aires, con kilómetros y dolores a cuestas, y se encontraron para dar así inicio al colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios, uniendo sus voces para que sean escuchadas por quienes deben encontrar soluciones adecuadas que permitan terminar con la violencia machista, esa violencia que destroza un cuerpo y, a la vez, una familia.
Lo saben, y por eso el encuentro es también una forma de abrazarse. Saberse juntxs es impulsar que sus historias se hagan visibles y sean escuchadas. Por eso este acto fundacional consta de un solo ritual: la conversación.

Volverse detectives

Durante dos horas compartirán sus experiencias y la historia de sus hijas. Habrá lágrimas que se contagian de una a una. La palabra irá rotando entre todxs, sin excepción, acompañada de una respetuosa escucha, y formará una clara radiografía de cómo no funciona la justicia.
Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Tenemos que seguir peleando para que se escuche que esto sigue ocurriendo. Todos los días vemos una chica nueva. Tiene que haber políticas de Estado verdaderas. Nos tienen que escuchar”.
Rubén, papá de Melina Romero: “En el caso de mi hija, la condena de la única persona detenida no está firme. Cuando ocurre un femicidio los primeros investigados somos la familia. Hay una falta total de apoyo del Estado”.
Guillermo, papá de Lucía Pérez: “Estamos hablando de una justicia obsoleta. Hay que trabajar en una reforma judicial. Nosotros como sobrevivientes de femicidios: tenemos que poder estar en paz”.
Mónica, mamá de Araceli Fulles: “Si hoy tengo que salir por todas las chicas, salgo. Hay gente que no se da cuenta del dolor y sacrificio que hacemos. El Estado estuvo ausente siempre. Yo busqué a mi hija 27 días, ¿por qué no ponen gente especializada? Pido justicia para mi hija y para todas las chicas: no puedo vivir con este dolor. Si sigo de pie es por ella”.
Blanca, mamá de Agustina Fredes: “Mi hija sufrió tortura, violaciones, fue muy lastimada. Cuando dejó al novio y decidió hablar, a los dos meses la tuve que internar y dos días después falleció. Estaba embarazada del violador de dos meses y medio. Tenía 19 años. La justicia dice que falleció de un embarazo ectópico. La investigación hasta julio de este año la dirigía un familiar del violador; la verdadera investigación la hice yo”.
Mónica, mamá de Araceli Fulles: “Es así: nosotros nos volvemos detectives”.
Ana María, mamá de Melina Romero: “En la causa de Melina no había ADN de nadie. La Fiscalía le echaba la culpa a la morgue y el laboratorio a la fiscalía. Yo no estoy de acuerdo con la investigación”.
Marta, mamá de Lucía Pérez: “Son horrores recurrentes. A todos nos pasa lo mismo”.

Los 5 puntos

La ronda termina con la lectura de los cinco puntos acordados con exigencias hacia el Estado. El mismo petitorio fue entregado luego en mesa de entrada de Presidencia, probablemente el primero recibido por esta gestión:
Cumplimiento efectivo de la pena: ningún femicida puede quedar en libertad sin que el Estado garantice que la cárcel no haya sido una escuela de más violencia.
Ayuda inmediata a los hijos de víctimas de femicidios: los abuelos se hacen cargo desde el yoghurt hasta la psicóloga.
Acompañamiento integral a las familias desde el Estado que incluya los recursos necesarios para llevar adelante el pedido de justicia: las familias deben pagar desde el ataúd hasta el abogado.
La capacitación sobre femicidios a los jueces, fiscales y defensores judiciales deben ser dados por los familiares, expertos en el maltrato, misoginia y crueldad judicial.
El Estado debe identificar a las familias como víctimas y su consecuente tratamiento.

Antes de los abrazos, se acuerda el próximo encuentro: 12 de febrero a las 11, en Plaza de Mayo. A partir de ahí se repetirá cada el segundo miércoles de cada mes, a la misma hora, en el mismo lugar.
El texto cierra diciendo: “Llamamos, entonces, Femicidios de Estado a aquellos crímenes contra mujeres y personas trans cuyas condiciones para que se produzcan, concreten y queden impunes forman parte del escenario previo y garantizado por las políticas de Estado, tanto las que se llevan adelante como las que se dejan de hacer. Por eso mismo el Estado es responsable de estos crímenes femicidas por acción, aquiesencia u omisión”.

Últimas noticias

Lucía Pérez, 16 años. A fines de noviembre de 2019 se designó el jurado que tendrá a cargo la tarea de evaluar el juicio político a los jueces que dejaron impune el femicidio de Lucía. Aunque ante el jury comparecerán solos dos jueces, ya que el tercero presentó un pedido de jubilación anticipado: la gobernadora saliente, María Eugenia Vidal se lo aceptó.
Araceli Fulles, 22 años. El único detenido por el femicidio de Araceli era Darío Badaracco, en el penal de Sierra Chica. En abril de 2019, lo mataron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Cazals, y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas: todos libres. El juicio oral ya tiene fecha: mediados de mayo de 2020.
Melina Romero, 17 años. La familia logró que el juez acepte llevar a juicio a un único implicado -Joel Fernández- que fue condenado en noviembre de 2017 a 13 años de prisión. La sentencia fue apelada por ambas partes. Hasta la fecha la Cámara de Casación de La Plata no produjo ningún movimiento en la causa.
Carla Soggiu, 28 años. En diciembre se celebró el juicio por la violación de Carla -no por su muerte-, al que la familia asistió como oyente. Fuentes, su ex pareja, fue condenado a 6 años. La causa no investigó la relación entre la violencia de Fuentes y el desenlace de la muerte de Carla, aún no esclarecida.
Agustina Fredes, 19 años. Fue violada y torturada física y psicológicamente por Matías José Acevedo, hechos que fueron denunciados ante la justicia. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. En junio de 2017 la familia pidió que se realizara una autopsia, que fue negada por considerarla “innecesaria”. El jefe policial que está encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador.

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