Sigamos en contacto

Mu143

Dijimos NO

Publicada

el

En una típica sesión express de fines de año, diputados y senadores mendocinos aprobaron el 20 de diciembre una ley que deroga la 7722 y abre la puerta a la megaminería a cielo abierto. PRO, radicales y Frente de Todos sin grieta, con aval desde el gobierno de Alberto Fernández.
Ese mismo viernes hubo manifestaciones y bloqueos parciales de 40 ó 50 minutos tanto en rutas nacionales (como la 7 que conecta con Chile y la 40) como provinciales, percibiéndose un descontento que era silencioso y se volvió masivo. “Se produjo un divorcio entre la casta política y buena parte de la sociedad”, dice a MU el profesor universitario e integrante de la Asamblea Popular por el Agua, Marcelo Giraud, sobre cómo se gestó la movida que buscaba abrir en Mendoza a la megaminería a cielo abierto.
El proyecto fue el primer acto del gobierno del radical Rodolfo Suárez, quien aseguró que contaba con el aval del presidente Alberto Fernández.

La asamblea de Esquel, donde el 82% de lxs vecinxs votaron en contra de la instalación de la mina.

El sacudón

«Aunque sospechábamos que se venía esta maniobra, el sacudón fue muy grande y todo está organizándose sobre la marcha. En las manifestaciones se pudo ver mucha gente tanto radical como kirchnersta con mucha bronca y defraudada por todo esto”, agrega Giraud.
La senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti había realizado una conferencia de prensa que en lo esencial apoyaba la ley junto al diputado nacional también peronista Omar Félix. El diputado y su hermano Emir Félix, intendente de San Rafael, en medio de todo este debate y del impulso presidencial, tuvieron la velocidad de crear una empresa minera, Sierras del Nevado S.A., lo cual de por sí define el contexto en el que se dio este debate. La empresa de los Félix se dedicaría a la extracción de cuarzo, pero la nueva legislación que apoyaron les abría otros horizontes.
“Hablaban de controles, pero todos sabemos en nuestro país que nunca hay controles suficientes ni eficientes para las corporaciones, como ya lo demostró la situación en San Juan”, dice Giraud sobre el derramamiento de millones de litros de agua cianurada en la provincia postulada como modelo a seguir por el actual presidente. “Eso provocó mucho rechazo en Mendoza, porque si hay algo que la gente no quiere es justamente lo que ocurre en San Juan. La nueva ley no impide el uso de cianuro o de ácidos químicos como el sulfúrico. Además, abrir el territorio al gran capital minero trasnacional es poner en altísimo riesgo de contaminación las cuencas altas de nuestros ríos en una provincia de clima árido y semiárido, en la que el agua es el recurso o bien común más elemental junto con el aire, pero que viene de diez años de sequía histórica”.

Reinas y madres

Miles de personas de toda Mendoza realizaron el domingo 22 -dos días después de la Ley- una masiva e inédita marcha que incluyó acampes y cortes de ruta pacíficos, con festivales, y que confluyó el lunes en una pueblada histórica que rodeó la Casa de Gobierno con un grito claro: “No se toca”. El gobierno reprimió y hubo más de 30 detenidos. La movilización siguió toda la noche a pesar de la violencia estatal desatada.
Desde entonces el rechazo social atravesó toda la provincia. La Comisión de Reinas de la Vendimia reclamó la suspensión del histórico festival: “No hay nada que festejar: sin agua no hay vendimia”, sintetizó en un comunicado. La reacción también se hizo escuchar en cooperativistas vitivinícolas, la Iglesia y la Confederación Rural Argentina (CRA). Además, la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, señaló en un video: “No queremos veneno en el agua. Le digo al presidente: ‘Alberto, te estás equivocando. No te equivoques porque esto le cuesta caro a los argentinos’”.

Docentes de Famatina estudiaron las consecuencias de la minería contaminante e informaron al pueblo. Resultado: 4 proyectos rechazados.

Falsas promesas

«No voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino”, repitió Suárez en varios pasajes de una conferencia posterior a las masivas movilizaciones. El gobernador intentó sostener el avance minero como generador de fuentes de trabajo: “Mendoza tiene al 40 por ciento de la población debajo de la línea de la pobreza”.
Ese argumento ya había empujado a una carta firmada por más de 500 docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el CONICET en la que hablaban sobre la irresponsabilidad de la propuesta. “La idea de desarrollo provincial a partir de la expansión de la minería aparece a todas luces simplificada y anacrónica y, en tanto, irresponsable”, alertaron, sobre uno de los principales argumentos pro mineros. “De las múltiples actividades con valor económico existentes en la provincia, la propuesta de insistir en viabilizar la minería como una de las principales alternativas puede ser la peor forma de ‘ampliar’ la matriz productiva”.
El gobernador defendió la actividad en aquellos lugares que haya “consenso social”. Pero parece que tales lugares no existían.

Calles y conferencias

el jueves 26 de diciembre el gobernador Suárez comunicó en conferencia de prensa que no reglamentaría las modificaciones a la ley 7722 que habilitaban el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera. Las calles y las plazas volvieron a llenarse luego del tembladeral que significó el anuncio, no solo para festejar: “Estamos, todos los días, en estado de movilización permanente. La gente no va a salir de la calle hasta la derogación. Ese es el único diálogo posible”, decía la asambleísta María Teresa Guni Cañas en medio de trompetas y bubuselas que sonaban en su pueblo, Luján de Cuyo, en Mendoza. “Esto pasa en cada pueblo de la provincia: en cada lugar hay ahora gente en la calle. La plaza, acá, está llena. También en Mendoza capital”.
Un día después el gobernador Rodolfo Suárez anunció en otra conferencia de prensa que enviaría a la Legislatura el proyecto de derogación de la Ley 9.209, que permitía el uso de sustancias tóxicas en la minería, para que tanto Diputados como Senadores la traten ese mismo día. “La licencia social no existe en la provincia de Mendoza”, dijo tras una reunión con intendentes. Los departamentos de San Rafael, San Carlos, Maipú, Lavalle, La Paz, Tunuyán y Santa Rosa habían notificado su decisión de suspender sus Fiestas de Vendimias hasta que no se lograra la derogación.
¿Cómo se percibe este anuncio? Las asambleas no dudan y dicen a MU: “Es espectacular, porque también va a repercutir en Chubut. Nos estamos haciendo el aguante provincia a provincia. Anoche, después de la gran marcha de los tambores, se cantó: ‘Chubut, escucha, tu lucha es nuestra lucha’. Es un triunfo histórico”.

En Tinogasta también dijeron NO a la mina, con represiones incluidas.

Alerta Chubut

La otra provincia amenazada por el lobby político-minero es Chubut. Todo 2019 Chubut estuvo atravesada por una crisis económica y política que mantuvo huelgas estatales por 18 semanas. En la provincia, la Ley 5.001 prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro, efecto del histórico plebiscito de Esquel de 2003, en el que el 82% de la población le dijo NO a un proyecto minero. En las últimas semanas, el rumor de su derogación circuló por todas las asambleas, mientras crecía la amenaza de tratarla sobre tablas.
A fines de noviembre la policía reprimió una manifestación de vecinos y vecinas que reclamaban contra la minería a cielo abierto frente a la Legislatura. Ese día se sancionó la reforma de la Ley de Ministerios, que creó una cartera específica para la minería.
Al habilitar sesiones extraordinarias, la preocupación era que el Ejecutivo colara el proyecto en las últimas semanas del 2019. Por el efecto Mendoza eso no sucedió, aseguran las asambleas, que siguen alertas ante cualquier movimiento y ya saben cómo torcer a gobiernos y empresas: saliendo alas calles.

Mu143

La calle habló

Publicada

el

Postales de las resistencias al macrismo.

Seguir leyendo

Mu143

Bolivia: estado de golpe

Publicada

el

Breve crónica de los últimos y precipitados tiempos en Bolivia, en los que pasó de todo: elecciones, golpe, candidaturas, masacres y exilios que incluyen Argentina. De las sospechas de manipulación de las urnas al aprovechamiento de la derecha, qué factores también señalan errores internos para rearmar el MAS y volver a recuperar el voto.

Es obvio decir que en Bolivia son tiempos de cambio. Pero el análisis no solo puede ser político sino también arquitectónico: existe una nueva casa de gobierno, la Casa Grande del Pueblo, justo detrás del famoso Palacio Quemado. Es un edificio vidrioso de más de 20 pisos al que la gente compara con un shopping. Dicen que el propio Evo, quien lo mandó a construir, no se sentía cómodo en la moderna construcción, y el último tiempo volvió al Palacio. Lo dejó el 10 de noviembre, tras aceptar la “sugerencia” del comandante mayor del Ejército boliviano y después de una semana turbulenta por la presunta manipulación electoral. El propio Evo convocó a la OEA para que analizara el tema, y ésta finalmente publicó el informe final el 4 de diciembre concluyendo que hubo “manipulación dolosa”. Los medios lo titularon bien grande.
Pero el proceso parece ser mucho más largo y complejo que el de unas elecciones fallidas. Más acá de la palabra de la OEA, de las maniobras de la derecha para ensuciar la cancha, del golpe de Estado y de la asunción de Añez, muchos señalan el comienzo del fin de Evo al referéndum donde el 51,3% de los bolivianos votaron en contra de su reelección. Se presentó igual, pero su imagen ya no era la misma: en El Alto, donde la fórmula del MAS había llegado a superar el 90% en elecciones pasadas, esta vez no superó el 60%. El núcleo duro seguía, pero faltaba el resto histórico. Igualmente, con los números parciales de las elecciones 2019 el MAS asegura que habría ganado la elección por unos 10 puntos.
Evo renunció como consecuencia del debilitamiento de su figura, pero también -o sobre todo- por una mezcla de presiones económicas y políticas que él adjudicó a Estados Unidos. Finalmente fue presionado por los altos mandos militares, pero la sublevación más grande fue la policial. Hubo motines y mensajes de odio para el Presidente, quien amenazado terminó viajando a México a exiliarse junto a su vicepresidente Álvaro García Linera. Aseguró que de quedarse en Bolivia corrían peligro su libertad y su vida. Hoy se encuentra en Argentina desde el 12 de diciembre.
Lo que siguió es de película: la sucesora natural era la Presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, también del MAS. Pero ésta también renunció presionada por amenazas. Y fue Janine Añez, la vicepresidenta segunda, miembro de un partido con escasa representación parlamentaria, quien aprovechó el vacío de poder y, en una sesión relámpago y sin quórum legislativo, se autoproclamó presidenta de Bolivia.
En Bolivia todos saben que, en verdad, quien gobierna no es la obediente mujer rubia, sino dos apellidos candidatos a las próximas elecciones: Mesa y Camacho.

Crónica al vuelo

Lo primero que se ve al bajar del aeropuerto en Santa Cruz, al hacer escala, es una gigantografía de Corteva Agroscience (fusión de las corporaciones del agronegocio Dow, DuPont y Pioneer) que dice: “Sigamos creciendo”. En La Paz el cartel es el de la empresa de hidrocarburos estatal: YPFB.
Los carteles son importantes en Bolivia. Junto a uno gigante de El Alto, otro mensaje asegura: “Siempre de pie, nunca de rodillas”. Bajando hacia La Paz conviven pintadas de “Evo 2020” con “Chau Evo” y “Evo ecocida”. Su nombre parece ser el epicentro de un país sacudido, con una derecha fragmentada, un MAS también revuelto que quiere volver con Evo dirigiendo la campaña desde Argentina (él no puede presentarse y aún no hay candidaturas definidas, aunque al cierre de esta edición sonaba fuerte el nombre de Andrónico) y los cuestionamientos en los movimientos sociales.
Desde El Alto, la ciudad de La Paz se ve como una gran marea de casitas sin revoque, que cubren todo el largo y ancho de un gran valle de montañas. Al ir acercándose uno va notando los matices, las alturas y profundidades de esa ciudad única.
Ya en el kilómetro 0, como se le dice a la Plaza Murillo -donde están el Palacio de gobierno y la Asamblea Legislativa-, se puede ver desde cerca y como un Aleph mucho de lo que pasa hoy en Bolivia: los militares custodiando los edificios celosamente; los políticos y empresarios pululando de traje; los medios a la espera de que algo pase (y siempre pasa); las cholas vendiendo; los jóvenes parapoliciales; y alguna pancarta con reclamos (sobre el incendio de la Chiquitanía, o justicia por los muertos de Senkata) que rápidamente son disueltos por policías y/o militares.
Quizá sea esa la mayor dimensión de qué significa un golpe de Estado: en Bolivia hoy no se puede desplegar una bandera con reclamos frente al Palacio Quemado; hay perseguidos políticos, exiliados, amenazas por doquier, denuncias por sedición; hubo dos masacres a manos del Ejército; hay familiares reclamando justicia sin ningún éxito; y lejos de plantarse como un gobierno de transición, el de Yanine Añez sigue gobernando el país e instalando decretos y cambios institucionales.

Recuperar el voto

Al descabezamiento de la cúpula del MAS le sucedió una ola de persecuciones y amenazas a dirigentes territoriales y militantes que forzaron exilios y pases a la clandestinidad. Evo Morales enfrenta distintos tipos de juicios en Bolivia y en cortes internacionales como La Haya, pero no solo él: cargos de sedición a quienes critican al gobierno, de terrorismo a quienes protestan, o la revisión a contrareloj de contratos estatales flojos de papeles forman parte de las estrategias político-judiciales que intentan desprestigiar a los dirigentes del MAS.
En una asamblea en Cochabamba con más de diez mil representantes de movimientos sociales el MAS debatió, en medio de críticas y arrepentimientos, la estrategia para restructurarse. Con sus principales líderes exiliados y ocultos por las persecuciones, enfrentó así el mayor desafío de sus veinticinco años de historia. Fueron las mujeres las que, sin medias tintas, reclamaron que los candidatos no sean elegidos “desde arriba”. El documento final le otorgó a Evo Morales el título de jefe de campaña. Con la ultraderecha golpista dividida todo parece indicar que otra vez las elecciones se decidirán entre quienes consagre el MAS y el partido de Carlos Mesa, así que la fórmula que resulte elegida deberá cargar con el desafío de una campaña electoral en pleno gobierno de facto.
Al cierre de esta edición Evo Morales planeaba, desde Buenos Aires, un acto de campaña en la frontera entre Bolivia y Argentina para definir la fórmula que competirá contra los candidatos de ultraderecha.

Seguir leyendo

Mu143

Guatemala: originarias

Publicada

el

Apuntes del 5º Encuentro del Grupo de Economía Feminista Emancipatoria. Cuáles son los ejes de discusión y las experiencias concretas que se compartieron en territorio mesoamericano, lejos de la burocratización del feminismo y junto a las raíces de las comunidades ancestrales. Del sentido de las palabras a las lecciones de la violencia del capitalismo patriarcal. Resistencia, organización, politización, autonomía, afectos y cocina: las claves para cuidar la vida. CLAUDIA ACUÑA

El quinto encuentro del Grupo de Trabajo de Clacso de Economía Feminista Emancipatoria es en Guatemala y eso significa, entre otras cosas, que estamos en territorio mesoamericano y en contacto directo con las raíces de la cultura maya. Significa también que las participantes llegarán mayoritariamente desde el sur de México, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Nicaragua o Panamá, países todos que están sacudidos por el tsunami del capitalismo extractivo y sus temporadas de ciclones de crímenes de Estado: toque de queda, estado de sitio, represiones, cárcel, desapariciones y asesinatos. Pero lo más importante es que también significa que estamos compartiendo la reflexión con mujeres que saben cómo resistir genocidios, tantos los milenarios como los posmodernos, y que llevan en sus ideas y en sus cuerpos la memoria de combates y derrotas y en sus almas las victorias construidas con ingredientes muy variados.

Definiendo luchas

as dos jornadas estuvieron dedicadas a escuchar a expositoras que con investigaciones y experiencias concretas fueron trazando un diagnóstico de las batallas feministas en el continente, así como también señalando las alertas para no desviar la potencia alcanzada hasta hoy y apuntar al horizonte común: queremos cambiarlo todo.
Algunos apuntes de lo rumiado en esa puesta en común:
Las mujeres somos un actor social que nunca fue reconocido como sujeto de transformación política y esa negación se transforma en nuestra principal virtud: la de lo inesperado. No saben cómo leernos, anticiparnos ni proyectarnos.
La respuesta de los factores de poder es la misma de siempre: la colonización. Somos salvajes, ergo nos educan. La evangelización del género nos creó así falsos ejes de lucha. Un ejemplo: la lucha por la igualdad y su aplicación limitada al tema concreto de la llamada “brecha salarial”. La investigación compartida demostró que los peores salarios son los más igualitarios (y por supuesto, los que recibe la mayor parte de la población). Eso significa que la lucha feminista no se puede reducir a igualar las condiciones de explotación del mercado laboral. La lucha es por “la otra economía”.

Otra investigación del Grupo de Trabajo de Clacso ya había demostrado, además, que el 40% de la población de América del Sur recibe planes sociales desde hace ya veinte años. Eso significa, entre otras cosas, que no se trata de una medida de emergencia, sino que este sistema productivo ya no puede ofrecer ningún empleo digno al 40% de la sociedad económicamente activa. Y al resto, en su gran mayoría, lo somete a la precarización laboral. Ergo: eso que llamamos capitalismo industrial no tuvo en América Latina un desarrollo completo, pero su decadencia es constante y sin aparente retorno.
¿Cuál es nuestra lucha entonces? “Hablemos de autonomía0, es decir avanzar en la soberanía sobre las condiciones para la reproducción de la vida”, propone Natalia Quiroga Díaz. Se trata entonces de reconocer que las mujeres están sobre representadas en la población sin ingresos: una de cada tres no tiene ningún ingreso monetario y en una sociedad crecientemente mercantilizada significa que ellas ven gravemente afectada su autonomía, a la vez que plantea que las salidas individuales no son sustentables, las economías populares y sociales están conectadas con el bienestar de su entorno inmediato, por eso la autonomía tiene una dimensión territorial.

Alertas

Es fácil advertir en Centroamérica que la mal llamada cooperación internacional está ahora dedicando sus recursos a financiar una alianza folklórica entre el feminismo y los pueblos originarios. Una vez más la memoria de las más veteranas nos ayuda a desentrañar qué representa esta intención: “Si no hablan de monocultivo, fumigaciones y el agua no es la lucha ni del feminismo ni del pueblo originario”, advertirán. La memoria de estas expertas resume así la situación actual: “Nunca tuvimos agua potable, sino de pozo. Hace unos años con cavar 10 metros ya encontrábamos agua sana y en cantidad. Ahora necesitamos pasar los 30 y recién ahí la sacamos a gotas y con veneno”.
Monocultivo, fumigaciones, agua: palabras clave para detectar operaciones que intentan correr el foco y así, la presión.
Todavía no había comenzado la primera disertación y ya habíamos aprendido esta lección: la que sabe no está arriba ni adelante, sino al lado.

Parar la olla

¿De qué nos hablan estas mujeres de comunidades remotas, originarias y organizadas? De la cocina. Esa es la trinchera. Y de lo que se trata es ni más ni menos que de “politizar la olla”. Dicen: “Cada comida es una oportunidad de defender la diversidad, de poner en acto saberes ancestrales que se están perdiendo y de boicotear al capitalismo transgénico. Cada comida es una oportunidad de sanar a nuestra comunidad, de aprender a hacer de una forma mejor las cosas y de cuidar nuestros cuerpos y a la Madre Tierra”.
Politizar la olla significa repartir las tareas en forma equitativa, porque hoy la carga, el peso y la mochila están depositadas en la espalda de las mujeres; eso significa también que además de todo lo que ya este sistema patriarcal nos impone tenemos que soportar la resistencia en el espacio público y en el espacio cotidiano, ya sea privado o social. La casa, la calle y la olla popular: todo eso está hoy en los hombros de las mujeres. Y no está bien: está mal.
¿Podemos decirlo en voz alta en los espacios donde estamos organizando la resistencia? No. Todavía falta. ¿Qué falta? “Entre otras cosas, falta que cuando hablamos de políticas de cuidado incluyamos a las tareas sociales y políticas que están soportando las mujeres en esta crisis”, se apunta. Valorizar la militancia, por ejemplo. Cotizar las horas de la olla popular, por supuesto. Ejemplos ausentes en los estudios e investigaciones de la llamada economía del cuidado, que toma siempre como paradigma y medida la Familia destruida por el modelo neoliberal: padre, madre, hija, hijo, cenando en la mesa del departamento de cuatro ambientes comprado en cuotas con el sueldo en blanco, con aguinaldo y obra social de la pareja heterosexual.

Seguir leyendo

LA ÚLTIMA MU: MARICI WEW

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.