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El contexto de la amenaza a Messi en Rosario: narco Estado, violencia, femicidios y extractivismo

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Lionel Messi fue amenazado en Rosario a través de un atentado con mensaje mafioso al supermercado de la familia de su pareja, Antonela Rocuzzo. ¿Cómo funciona el mercado sicario? ¿Cuánto se pagan las amenazas y muertes por encargo? ¿Cuál es el marco territorial e institucional de la amenaza? El abandono del Estado y la proliferación de bandas. El rol policial y penitenciario. La ciudad en disputa. Publicamos aquí la investigación realizada por la revista MU en Rosario: El narco-Estado: plomo & humo, que fue tapa de nuestra edición de diciembre y refleja el contexto en el que se da esta situación que cobra relevancia por la celebridad de Messi, pero que sigue gestándose desde hace años sin respuestas. Las voces rosarinas para comprender en qué ámbito se fermentó la amenaza.

Rosario, el narco-Estado: plomo & humo.

Narcofemicidios, violencia y extractivismo

La jefa de la Unidad Fiscal de Balaceras revela cuánto se pagan las amenazas y muertes por encargo, entre otras confesiones sobre cómo trabaja la justicia cuando el Estado es cómplice del narco. Una ciudad sitiada por el terror, donde las mujeres y los niños pasaron de ser intocables a principales víctimas. La relación entre extractivismo, pobreza y un sistema penitenciario corrupto. Y las organizaciones feministas y ambientales que explican cómo funcionan las lógicas de una ciudad en disputa. Por Claudia Acuña.

El contexto de la amenaza a Messi en Rosario: narco Estado, violencia, femicidios y extractivismo
Foto Sebastián Smok para lavaca

1. Balaceras: los tiros que nadie escucha

Juez: ¿Ocupación?

Narco: Contrato sicarios para tirar tiros a jueces.

La jefa de la Unidad Fiscal de Balaceras Valeria Haurigot tiene el brazo apoyado en el respaldo del sillón de cuerina negro y con ese gesto, que le eleva el hombro izquierdo, otorga a sus palabras un tono sport, digamos, que acentúa chasqueando las eses. Si fuera porteña podría calificar como canchera, pero la actualidad rosarina le quita frivolidad a todo: las balas fraguan bronce.

A menos de veinte centímetros está sentado un muy joven empleado judicial, con la cara casi pegada a una pantalla enorme y con auriculares blancos XL clavados en las orejas: es el encargado de las escuchas telefónicas a las bandas narcos que intentan dominar la ciudad con ráfagas de plomo. Parece concentrado en esas conversaciones clandestinas, pero algunas preguntas, o quizá las respuestas, lo obligan a mirarme directo a los ojos.

La oficina es estrecha y contiene cinco escritorios, tres muebles para archivar expedientes, un mapa que hace falso equilibrio en la pared y un problema enorme: se calcula que este año la ciudad soportó el azote de ocho balaceras por día que dejaron un promedio de dos víctimas diarias: 524 personas baleadas, según datos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Miro alrededor y saco un cálculo simbólico: más de 500 investigaciones judiciales en 7 metros cuadrados. Es como filmar The Wire en un tupper. Pero estamos en Rosario y este tupper ya fue baleado cuatro veces.

Coraje entonces es lo que transmite la fiscal de Balaceras cuando le pregunto si tiene miedo. Responde:

–He tenido miedo en circunstancias concretas, pero lo voy pudiendo superar.

Luego responde todas las preguntas con una catarata de datos que recorren lo sistémico y lo biográfico con pinceladas precisas que describen el cuadro general y, a la vez, el alma humana. Por ejemplo:

¿Cuánto se paga una balacera?

Cuatro mil pesos la ráfaga, 150 mil el homicidio, pero la balacera a la estación de servicio, que implicó páginas y páginas de tinta, reproches políticos, produjo cambios en el sistema de patrullajes y expuso a la comunidad a una situación de pánico y peligro, se pagó con un par de zapatillas.

¿Qué desata una balacera?

Acá en Rosario tenemos a Messi y al Guille Cantero (líder de Los Monos)….

Uno hace goles…

Y Cantero ordena balaceras para pedir la revisión de su condena, por ejemplo… Es decir, las balaceras pueden hacerse para sacarle cosas al Estado, como el cambio de lugar de detención de un integrante de una banda, o para que le mejoren las condiciones de detención. Otra: la clásica extorsión a comerciantes. Te pido plata una, tres, cuatro veces, a la quinta te meto una balacera. Otra: deudas de droga. Me debés, no pagás, te baleo. Otra más: un soldadito te consume droga, vos, jefe, estás preso. ¿Cómo hacés para sancionar a tu empleado? En un trabajo formal lo suspendés o despedís, en este ordenás una balacera.

Nos relataron otra: madre e hija tienen su casa en una ochava, que parece ser la ubicación preferida para instalar un kiosco de venta de drogas. Las balearon ya tres veces para espantarlas. Buscan así que abandonen la casa y ocuparla.

Hay de esas también. Y está esta otra: la que tengo que dictaminar ahora. A la empleada de una pescadería no le gustó cómo la trató su jefa. Tenía una amiga que era conocida de alguien relacionado con un capo narco. A través de ella le pidió una balacera para asustar a su jefa. Cuando por las escuchas encontramos ese origen se lo contamos a la jefa, que es la víctima que hizo la denuncia. ¿Sabés que me pidió? Que no la encarcele: sabe que tiene dos hijas chiquitas y está sola. “Esas nenas no pueden vivir con su madre presa”. Estábamos hablando de eso con él cuando ustedes llegaron: ¿qué pena le doy?

El joven empleado judicial aparta los ojos de la pantalla y me mira.

El Estado Los Monos

Narco: Le tenemos que dar con todo a cualquiera que engachemos.

Soldadito: Sí, dale, vamos… que encima ando con unas ganas de tirar yo…

La fiscalía especializada en balaceras fue creada en septiembre de 2020: pleno coronarivurs. La ciudad ya había sufrido esa pandemia cuando en 2013 asesinaron al jefe de la narco-banda que llamaremos Los Monos si con ese nombre se comprende que en la actualidad se trata de una organización criminal integrada por civiles y agentes uniformados por el Estado provincial y nacional, que cumplen funciones en la Policía y en el Servicio Penitenciario. Apenas comenzó esta nueva ola de ataques la Fiscalía General convocó a una reunión. “Lo primero que nos preguntamos fue: ¿qué es una balacera? No hay un tipo penal que la reprima: hay abuso de armas de fuego, hay extorsión, hay homicidio, lesiones, etc., etc., pero la balacera no existe. Y el Derecho Penal es taxativo: la conducta a investigar y a sancionar tiene que estar bien determinada. ¿Y qué teníamos nosotros? Teníamos que pasaba una moto con dos ocupantes, y producía una ráfaga de tiros, a veces sin pedir nada a cambio, con lo que ni siquiera había extorsión. Entonces cambiamos la pregunta: ¿Qué están buscando? ¿Cual es el objetivo? Y ahí la respuesta fue clara: alterar el orden, producir terror. Y eso sí es un tipo penal: la intimidación pública. Así se decide crear esta unidad con un buen equipo de analistas (a cargo de las escuchas) y tres fiscales”.

¿Resultados?

Hoy cada fiscal tiene unas 200 personas presas en prisión preventiva. Como es una unidad nueva todavía ningún caso llegó a juicio oral.

La cifra justifica el tono de orgullo con el que relata el método de trabajo que han sistematizado: “A través de investigaciones muy meticulosas logramos una detención, secuestramos un arma, un celular y en lugar de quedarnos ahí, en la autoría del hecho, comenzamos a tirar de ese hilo hasta llegar a quién dio la orden, quién la moto, quién el arma, quién el dinero y cuál es la red que sostiene toda esa operación”. Lograron identificar así que en Rosario actúan seis narco-bandas. “El mundo criminal no es el mismo que décadas atrás. Hay un gran nivel de violencia y un muy fácil acceso a armas de fuego. No soy socióloga, pero entiendo que ha crecido la idea de sentirse representado por una organización criminal como posibilidad de ascenso social, porque de otra manera no vas a llegar a nada. Hay una brecha social muy grande. Los excluidos encuentran en estas formas violentas la única manera de tener notoriedad, reconocimiento, poder, ingresos. En sus celulares ves eso: cuando los detenemos se autobuscan en Google.

¿Notás que en esta nueva ola de balaceras hay un componente de género?

Sin duda. Incluso vino una investigadora del Conicet a nuestra unidad para investigar ese rasgo. Eso también cambió. En los códigos narcos las mujeres y niños eran intocables, especialmente aquellos relacionados con integrantes de las bandas. Pero ahora notamos que muchos de los que están presos dan órdenes a sus mujeres, madres, parejas, hermanas, para que lleven el negocio adelante.

No parece que tengan opción de negarse…

No, pero luego y ya en funciones no podés poner todo en una misma bolsa por el rasgo de género. Tenés mujeres que tienen poder de decisión y que compiten por su trabajo como compito yo con una colega. Mujeres que quieren ser líderes porque saben, quieren, les gusta, y pueden. Y tenés otras pobrecitas que son totalmente intercambiables, cuyas vidas no valen nada. Te nombro un caso: en las extorsiones del barrio Ludueña hay involucradas muchas mujeres. ¿Por qué? Porque son las únicas que pueden ingresar el chip del celular en las cárceles desde donde los jefes narcos presos dan las órdenes. Son casos que te hacen comprender que es muy difícil construir la respuesta punitiva de una mujer que forma parte de una organización criminal. 

Es la segunda vez que mencionás delitos que se cometen dentro de la cárcel, donde se supone hay agentes estatales responsables de que eso no suceda… ¿Las balaceras se ordenan desde ahí?

Sí. La logística es afuera, pero la cárcel es el principal problema que enfrentamos porque no tiene ningún tipo de freno. Y no hablo del sistema penitenciario provincial: que quede claro, porque peor es el federal. Es un espanto, un horror, lleno de comunicaciones a cualquier hora. Los presos son empresarios que 24 x 7 están digitando sus negocios. Y terminamos dictando prisiones preventivas de personas que ya están presas.

La próxima prisión preventiva debería ser la del jefe del Servicio Penitenciario…

La responsabilidad estatal la encontramos en todos lados, ya sea por acción o por omisión, como por ejemplo cuando está habilitando el poder de la organización permitiendo que se haga cargo de un sector determinado del barrio donde ejerce sus funciones de venta, pero donde también provee comida, divertimento, cierta posibilidad de abuso sexual en relación a niñas y adolescentes del entorno. Son estas acciones cotidianas las que explican el poder enorme que tiene la organización criminal y su proliferación. Pero también hay acción u omisión del Estado cuando no controla que le vendió mil balas a una persona que a la siguiente semana puede comprar otras mil.

Otros territorios dominados por bandas narcos se caracterizan por las actividades que convierten a las mujeres en mercaderías descartables, negociables. ¿Notás eso también acá?

Sí, pero creo que es porque hay una gran explotación de la vulnerabilidad en general. Lo veo más por ese lado. La organización capta porque acá las infancias sufren mucho. Veo niños y niñas totalmente desprotegidos, que cuando los llevan y los encierran para atender un búnker no se fijan en el sexo. Lo que más noto en relación a las mujeres es el manoseo enorme con imágenes, videos, fotos, que les propcionan satisfacción a los que están presos. Y no sabemos hasta qué punto hay un consentimiento de las mujeres que ahí aparecen.

Finalmente, ¿cómo terminamos con las balaceras?

En primer lugar, repensando las políticas penitenciarias. Y hay que repensar el 100 por ciento. Todo. Porque no es lo mismo una población carcelaria con mayoría de personas detenidas por robo que con dominio de población narco. La narcocriminalidad genera violencia extra e intra muros.

Concretamente, ¿qué hay que repensar?

Dónde hay que endurecer y dónde hay que aflojar.

¿Un ejemplo?

No podemos poner en la misma bolsa al que roba un estéreo que al que participa de una organización criminal narco…

Corta en seco la frase y sonríe.

“Estoy pensando que muchas cosas que te dije pueden sonar horribles… Te juro que acá estamos trabajando bien… Pero si te digo eso parecemos los directivos de una empresa fundida”.

La jefa de la Unidad Fiscal de Balaceras parece ahora hundida en su sillón negro y sí: el empleado judicial me mira fijo, a la espera de mi reacción o mi respuesta.

El contexto de la amenaza a Messi en Rosario: narco Estado, violencia, femicidios y extractivismo

2. Femicidios territoriales: las cifras que nadie escucha

Soldadito: Ahora estoy acá, en la casa de la señora esa…

Narco: Bueno, bueno… no le cobres mucho… ¿me escuchaste?

Soldadito: Lo que dijiste…

Narco: Eso. La señora te va a dar una moneda y cuando la volvamos a visitar te va a dar otra.

La fiscal Luciana Vallarela alza su brazo para señalarnos las instalaciones de la Unidad de Violencia de Género: la fila de escritorios ocupa un pasillo. Su tarea es atender las denuncias de víctimas de violencia “que no sean delitos sexuales ni femicidios, porque esos casos los trabajan las unidades de homicidios”. Sin embargo, por interés personal, está llevando un registro que imprimió y tiene arriba de su escritorio. Es una larga lista con nombres, números de causa, fiscalía. Su actitud es la de quien espera que esa lista le importe a alguien. 

Para ubicarnos, ¿en que situación estamos respecto de otros años?

Lo que cambió es que la mayoría de los asesinatos de las mujeres hasta el año pasado se daban en un contexto de relación de pareja. No tengo la estadística exacta, pero no superaban más de 10 femicidios y todos en contexto de una relación. La diferencia es que, al día de hoy, ya hay 54 asesinatos de mujeres, lo cual representa el 22 por ciento del total de las muertes de Rosario y la gran mayoría de los casos tienen otro contexto. De hecho, los que pueden clasificarse como “femicidio íntimo” son solo 4 casos. Todos los demás podrían tener que ver con estos contextos de criminalidad organizada. Es otro tipo de femicidio que no era el habitual en la ciudad de Rosario.

50 este año. ¿Y el anterior?

Cero.

¿Qué análisis hacés de esta escalada?

Hay que analizar cada caso para ver si se dan esas motivaciones de género que puedan dar cuenta de un femicidio. Quién es la mujer victima, pero también si son personas que integran las organizaciones criminales y si esa muerte puede tener como objetivo aleccionar porque, tal vez, esas mujeres fueron tildadas de infieles, traicioneras, o si tiene que ver con considerarlas objetos descartables, objetos fungibles dentro de la organización. Por ejemplo, si son los eslabones más débiles, como venta de drogas, vigilancia de búnkers: son mujeres que están consideradas algo fácilmente reemplazable. También, en otros casos, no son las que integran las bandas, son a lo mejor la familia o pareja de algún integrante de alguna organización criminal y eso tiene que ver con un “vuelto” por algo. Por venganza. Donde la venganza es al varón y eso termina victimizando a la mujer. Muchas de estas muertes que han ocurrido en las balaceras también podrían encuadrar como femicidios. Pero hay que hacer una análisis de cada caso para ser rigurosos con el concepto.

A priori, entonces, estamos ciegas porque no contamos con esa información. Pero algo sabemos: son demasiados casos y cambió la materialidad. Ya no son femicidios que se producen en contexto de una relación parental conflictiva sino de narcocriminalidad. Sin embargo, ese contexto no es nuevo para Rosario. ¿Qué cambió?

No ha habido en otros años tantas muertes de mujeres como este. Esta cifra es muchísimo más alta y por eso llama la atención. Pero también esa particular forma de violencia la vemos en nuestra oficina: en la relación de pareja también vemos balaceras o extorsiones, o mayor circulación de armas de fuego, que no eran las formas de violencia que veníamos atendiendo en los años anteriores. 

El contexto de la amenaza a Messi en Rosario: narco Estado, violencia, femicidios y extractivismo
Majo Poncino, militante del Movimiento Evita, feminista, politóloga, y empleada en la Jefatura de Gabinete de la Nación: “No queremos quedarnos en un feminismo institucional que solo recoge demandas de género y consignas”.

La narcoviolencia impregna todo. ¿A qué te parece que responde?

A varios factores. A la violencia que vivimos últimamente: una disputa en el territorio por las bandas criminales. A que muchos jóvenes inexpertos y muy jugados en el ejercicio de la violencia sienten que su vida no vale y tampoco la de los otros. A que la pertenencia a estos grupos les da la posibilidad de cierto prestigio. A que ese sentido de pertenencia a un grupo, lamentablemente, no se los está dando el Estado o no lo consiguen en otro lugar. A que muchas mujeres se vuelcan a que su casa sea un lugar de venta de drogas porque están en una situación de extrema vulnerabilidad que hace que eso se convierta en una opción económica. Y a que la mayor participación de mujeres en la narcocriminalidad también tiene que ver con que muchos de los varones están siendo encarcelados y entonces ellas continúan con el negocio como una economía de supervivencia, siempre bajo las órdenes de la pareja que está encarcelada. Y en Santa Fe empieza a ser habitual que muchos de los hechos delictivos se ordenan desde la unidad penitenciaria. 

Cuando estos casos llegan a las fiscalías, ¿toda esa información se analiza con una perspectiva de género?

Todos los funcionarios deberían estar formados para trabajar desde una perspectiva de género, no debería ser privativo de esta unidad. Pero justamente lo que proponíamos era analizar estas muertes ampliando la mirada para comprenderlas. Entiendo que producir información permite actuar. Si no, uno va a ciegas. 

¿Deberían tratarse como femicidios?

Hemos hecho la propuesta a la fiscal regional. En este momento está en concurso el cargo de fiscal general y no es el momento para que tomen la decisión de tratar esas muertes desde una oficina de género. 

¿Sos la primera que nota lo que estos 50 asesinatos representan? 

No sé si hay alguien más. En mi caso el interés lo origina la inquietud de empezar a pensar y ubicar cuáles se podrían analizar con este contexto de femicidios producidos por la narcocriminalidad. 

En nuestro Observatorio estamos aplicando el concepto de femicidio territorial que define estos casos…

El territorio es una clave. Lo que veo es que hay un abandono del Estado en territorio que deja el lugar más librado a estas bandas. Hay muchos jóvenes, chicos, de 14 años, que están jugados y el despliegue de la violencia es así, inusitado, fuerte. Sin límite. 

En ese contexto, ¿con qué herramientas cuentan para detener esta escalada? 

Se ha avanzado en la justicia federal en condenas a muchos miembros de organizaciones. La gran mayoría de cabecillas están detenidos. Pero muchos hechos se siguen haciendo desde el servicio penitenciario y eso requiere políticas públicas a largo plazo. Había experiencias interesantes de trabajo en territorios, pero al día de hoy esos dispositivos se han discontinuado. Hoy no se está haciendo nada en ese sentido. El programa Nueva Oportunidad no tiene la misma fuerza, está vaciado de recursos. Solo desde la justicia no se puede solucionar: requiere de acuerdos políticos a largo plazo. 

En tu área, ¿tenés recursos suficientes para abordar casos de violencia?

Siempre son insuficientes para la cantidad de casos. Recibimos aproximadamente 40  denuncias diarias por violencia y somos cinco fiscales mujeres, con grupos de trabajo que son bastante reducidos para el caudal de denuncias. Y esos equipos mayoritariamente están integrados por pasantes contratadas, que tienen un tiempo de duración corto en esos trabajos y eso genera un recambio. Es difícil capitalizar formas de trabajo y modalidades, así que es complicado. Además tampoco hay muchas herramientas públicas efectivas por parte de otros poderes del Estado para abordar la situación de las mujeres. En general la mujer que viene a denunciar también sufre una situación de vulnerabilidad económica, de falta de vivienda que hace que muchas veces viva con su agresor, y esas políticas son temporarias. Existen centros de protección o refugios, pero el Estado no ayuda en temas de vivienda o conseguir un trabajo. Hay subsidios que duran seis meses y de un monto que no alcanza para sostener ni a ellas ni a sus hijos. Es todo temporario, nada efectivo ni a largo plazo, y que dificulta mucho a las mujeres sostener las denuncias. Muchas dicen que quieren retirarla porque hay falta de acompañamiento para esperar los procesos.

¿Cuánto dura ese proceso?

A veces con una abreviada logramos condena. Si tenemos que ir a juicio, lo fijan a dos años. Ese proceso en soledad es muy difícil de hacer. Ese sostén que no está lo suplen las organizaciones barriales y políticas de mujeres que haya en los barrios. Los laburos que hacen para acompañar y sostener los procesos judiciales son fundamentales para que se pueda avanzar: hacen lo que el Estado no hace.

¿Y en los barrios el Estado qué ofrece?

En algunos hay centros para recibir las denuncias. Hay situaciones que no deberían llegar a la fiscalía sino resolverse en ámbitos territoriales. El sistema es clasista, machista, burocrático, y el paso que hay que dar para llegar hasta acá no es gratuito. Más para una persona que no tiene recursos. Si tenés recursos no la pasás tan mal como si no tenés nada.

También tenés que tener tiempo…

Ni hablar. Para tramitar una restricción de acercamiento tienen que venir al centro de la ciudad. En colectivo. No es gratuito. 

Tampoco obtienen generalmente lo que buscan…

Hay situaciones tan diversas y las mujeres siempre quieren que la persona que la agredió esté presa. Y hay que pensar otro abordaje de violencia porque el sistema carcelario está claro que no es la solución.

Por lo que se ve en Rosario es el problema.

La cárcel es reproductora de la violencia machista. Lo vemos nosotras con el porcentaje de reincidencia. Los que han sido condenados y recuperarn la libertad, los volvemos a encontrar con nuevas denuncias.

Quién cuida a las que cuidan

Narco: Los canas están pidiendo mucha plata.

Jefe policial: Ni ahí, boludo. Están
re-locos estos. ¿Cómo van a pedir más si no tienen nada?

Narco: Bueno, fijate; si no, vemos…

Jefe policial: Los sicologean. Aguantá, flaco. Vamos a esperar un toque.
Y si no, dale.

En un rato hay asamblea de la multisectorial feminista de Rosario, así que llega al legendario bar El Cairo con el tiempo justo para la charla y por eso va al grano. Majo Poncino es militante del Movimiento Evita, vino a Rosario hace 18 años para estudiar Ciencias Políticas y ahí vive hasta hoy, aunque su trabajo la obliga a viajar a Buenos Aires: ocupa un puesto en la Jefatura de Gabinete. Es justamente esa condición de feminista, militante y funcionaria la que le otorga a sus palabras un extraño bonus track. “Cuando empezaron la masividad de los hechos, sobre todo en agosto, algunas organizaciones nos empezamos a juntar para construir un diagnóstico sobre qué nos pasaba como ciudad. Hay un correlato político estructural acá en Rosario: hace muchos años que está inmersa en una discusión en torno a la inseguridad y lo narco, y el escenario es  la disputa territorial.  Recuerdo que cuando empecé a militar ya hacíamos jornadas solidarias como forma de respuesta a las disputas territoriales en el barrio Nuevo Alberdi, en Empalme. 

¿Hoy lo siguen haciendo?

Yo lo sigo haciendo. Es por ahí, por empoderar la organización social, porque es la comunidad desde donde se pueden encontrar salidas. El tejido social es fundamental. Ahí es la discusión más fuerte. La valorización del territorio. No perder el espacio publico. Y con las balaceras nos quieren correr de la calle, de la vereda. 

¿Esas disputas territoriales se expresan ahora en el cuerpo de las mujeres?

Los códigos barriales de “acá no se roba, los ancianos, niños y mujeres no se tocan”, se rompieron. Ahora es al azar. Y el blanco son las mujeres. Por un lado, porque cumplen roles en esas organizaciones, porque el que las comandaba está en la cárcel; y por el otro, porque son víctimas colaterales pero de un sistema que las expone, porque las mujeres somos las que estamos en el espacio público llevando a los chicos a la escuela o acompañando a nuestras hijas al colectivo. Por eso hay que entender el juego como un entramado entre el espacio publico, el rol de las mujeres y cómo se disputa territorio. Nosotras decimos que por eso mismo lo que produce esa violencia son femicidios. 

En un contexto así, ¿qué le demanda el movimiento feminista al Estado?

¿Qué vamos a discutir con el Estado? Hay una discusión de fondo eterna sobre cuál es la intervención que debe tener el Estado en los territorios. La solución no es resolver la inseguridad con más policías, sino que una de las posibles soluciones es intervenir los barrios de una mirada socioestructural más integral: luz, zanjeo, desmalezamiento, generación de trabajo. Cuando valorizás los territorios también desnivelás la fuerza de la violencia para que el barrio genere más comunidad. Si tenemos barrios populares sin acceso a los servicios, donde ni entra el colectivo, los excluís y la única alternativa para los jóvenes que viven ahí es que sean soldaditos.

¿Cuál sería entonces la agenda feminista para Rosario?

Quiénes cuidan a las que cuidan es un interrogante que nos hacemos hoy en este contexto. No es que solo hablamos de una agenda sectorizada y de violencia por motivos de género, en la cual los femicidios y los transfemicidios siguen siendo un número vigente. No queremos quedarnos en un feminismo institucional que solo recoge demandas de género y consignas. Queremos políticas concretas integrales, que le den la accesibilidad al territorio. 

¿Por ejemplo?

Queremos la ley de humedales. El humedal es territorio en términos integrales: es tierra, naturaleza, animales, cambio climático, y eso es disputa territorial. También lo que queremos discutir es el concepto de “buenas y malas víctimas”. Ninguna de las mujeres  que cumplen algún rol en la organización narco o fueron víctimas colaterales de las balaceras son “buenas” o “malas”. Somos todas y todos víctimas de un mismo sistema que excluye por igual a la persona que fue baleada esperando el colectivo y a la que cumple un rol en esa organización por una necesidad. Es central discutir esto, visibilizar la violencia en sus múltiples formas en una ciudad en la que tenemos 70 mil viviendas vaciás y hay una reinversión en el proceso agroexportador. 

¿Cómo integramos la discusión de lo narco, los femicidios y el humedal?

No podemos discutir agendas sectoriales. Como militante feminista quiero discutir cómo se distribuye la tierra o cómo generamos acceso a viviendas en forma igualitaria. Y voy a  discutir todo eso con perspectiva de género, sí. La discusión central tenemos que hacerla en lo sociourbano, lo geoterritorial, en cómo pensamos ciudades más accesibles y feministas. Tenemos que discutir todo: la casa, la salud, el trabajo, el barrio. Tenemos que discutir el poder. Porque somos las mujeres las que todavía sostenemos el tejido social en los territorios más castigados.

La resistencia en los barrios sigue siendo una tarea de las mujeres, pero las organizaciones feministas no tienen en sus agendas estos reclamos

Hoy por hoy el movimiento transfeminista atraviesa una crisis de representación. Y en ese sentido tiene la misma complejidad de un actor político cualquiera. De todas formas la resistencia deviene de las redes que nosotras construimos. Por momentos hay un nivel de desgaste que no está mal que lo tengamos. Hay una discusión de cómo el movimiento va instalando las agendas que nos bajan, pero seguimos en las calles: en Rosario el 8 de marzo fuimos casi 50 mil. Sin embargo el 3 de junio nos pegó un cachetazo y visibilizó un síntoma: estamos atravesando una crisis política. Les decía a la compañeras: ¿cómo podemos en esta ciudad donde nos mataron más de 50 mujeres tener media plaza? La consigna Ni Una Menos ya no alcanza. 

3. Ecocidio

Narco: Escuchá: pude rescatar 300 mil pesos. No conseguí más. La mina tiene dos hijos. No la arruines, porfa.

Jefe policial: Está bien. Te estoy dando una mano grandisima.

Narco: ¿La van a arrestar o puede seguir trabajando?

Jefe policial: Mejor que se haga humo.

Rosario es una ciudad bella que seduce con una combinación exquisita: la urbe y el río. Su costanera es un balcón panorámico que permite apreciar los humedales que le dan aire, horizonte, respiro. Hoy son la escena del crimen: solo este año fueron quemadas 95 mil hectáreas, según el informe satelital que realiza el CONAE. La Multisectorial en Defensa de los Humedales calcula que en los últimos dos años el fuego castigó a un millón trescientas mil hectáreas.

Sobre la ribera deslumbran las altas torres construidas en los últimos años, un boom inmobiliario financiado por el dinero de la soja y sospecha de lavado. El abogado Sebastián Sancevich completa el mapa urbano: 35.061 familias viven en 112 barrios precarios, donde solo el 1,79% accede al agua corriente, el 2,68% tiene cloacas y el 5% luz. Esa es también la escena del crimen. Otra: el puerto privatizado. En agosto de este año incautaron 1.658 kilos de cocaína que partieron de la terminal que controla la empresa agroexportadora Vicentín. 

Ahora mismo mientras nos encontramos con tres integrantes de la Multisectorial en Defensa de los Humedales en una esquina céntrica –que si fuera porteña sería una top de Palermo o Recoleta– nos recibe una balacera. Hay un cadáver en medio del asfalto, cuatro o cinco patrulleros y alguna gente mirando el terror, pero a los pocos minutos lo que queda es la policía recogiendo el cuerpo y gente almorzando en el bar de esa esquina, charlando de temas diversos. En nuestro caso, el menú es pizza y resistencia.

¿Cómo es la vida en la ciudad que se puso más violenta e irrespirable?

Antonella: Invivible. Si no te matan las balas, te mata el humo.  En 2020, en el mismo momento en que estábamos encerrados por la pandemia, nos estaban prendiendo fuego. Ahí comenzó la multisectorial, en esa paradoja de querer protegerte porque decían que tenías que quedarte aislado por cuestiones de salud, pero teníamos igual que salir parar exponer en un acto público y político las quemas. Tenías que quedarte en tu casa por una virus que afectaba el aparato respiratorio, pero al mismo no podías respirar aire. 

¿Por qué nos acostumbramos a lo invivible?

Antonella: No hay que acostumbrarse.

Irina: Se viven ajenos algunos problemas. Nos falta de alguna manera incorporarlos a la vida propia,  porque el tema de violencia, para mí, se fue metiendo de a poco. Vivo hace siete años acá, soy de Bariloche. Cuando llegué, veía y sentía que, en realidad, acá no pasaba nada. Pasaba, pero tan lejos que no lo vivenciaba. Ahora, y desde hace un año, hay balaceras a tres cuadras de mi casa, y matan gente en la esquina. Las personas que vivimos en sectores de clase media lo vemos más de cerca..

Pero el humo afectó a todos…

Irina: Funciona al revés, porque el problema de la violencia es tan fuerte que el humo queda lejos, por más que se levanten y lo respiren. El humo me afectó ayer  y en diez años quizá puedo darme cuenta de cómo me está enfermando hoy, pero mañana me pueden matar en la calle. Es más inmediato.

Antonella: Hay un estudio que revela el mapa de la pobreza y el de la contaminación: coinciden. Hay un montón de población urbana que se asienta a los costados del curso de agua y son todos cursos contaminados. Hay basurales. Vierten desechos al río, siendo que hay una ley que prohíbe. Si miramos las costas tenés los dos polos: megatorres con oficinas o gente muy pobre que se fue a vivir ahí porque encontraron el recurso de la pesca. 

Ivo:  La violencia atraviesa esta ciudad en todo sentido. Es intencional y es sostenida: no pasa porque sí. El río nos lo advierte: vemos que hay un fuego intencional que tiene objetivos económicos, ganaderos, inmobiliarios y que no termina porque nadie lo detiene: es sostenido. El humo afecta a todos: no se salvan ni los ricos. Modifica tu día a día:  tenemos que adaptarnos para no pasarla peor. Ponés un trapo húmedo abajo de las ventanas, rejillas de ventilación, tenés todo cerrado, no hacés actividad física porque te hace mal. Organizás así la resistencia al humo, pero hay una resistencia imposible de organizar que es la del cuerpo: no podemos dejar de respirar. Y recién lo vivimos cuando pasamos por la costanera: el delta ahora mismo se está prendiendo fuego y si el humo no llegó a la ciudad es porque el viento lo llevó para otro lado.  

 ¿Qué los llevó a organizarse y salir?

Antonella: La pandemia nos trajo una paradoja: había tiempo. Eso permitió que algunes pudiéramos dedicarle tiempo a organizarnos. También teníamos miedo.

Ivo: El click lo hizo la contradicción entre enciérrense, tengan todo bien ventilado y no poder abrir las ventanas porque te asfixiaba el humo. En ese momento decidimos salir. Entendimos así que la justicia social que militábamos en tantas organizaciones es sinónimo de justicia ambiental: el agua que falta en muchos barrios es el humedal que estamos defendiendo. El desafío es lograr que la gente entienda que tenemos que defender el sustento de la vida. 

¿Cómo lograron que lo entiendan?

Ivo: Lamentablemente fue el humo. Si no hay humo y convocamos a una movilización vamos mil personas, pero si hay humo llegamos a diez mil. De todas formas creo  que la multisectorial logró que el ciudadano común comprenda la importancia de los humedales en contexto de crisis climática. 

De nuevo: ¿cómo lograron que se comprenda la importancia de los humedales?

Irina: Con comunicación. Pudimos explicar las cosas sin mucho tecnicismo. Eso también es mucho laburo. Y hablándole a las familias, yendo a las escuelas, a los barrios. 

Ivo: La multisectorial hizo un buen trabajo de compilación de información precisa y confiable, que explica no solo el origen del humo, sino cómo se relaciona eso con la vaca o con la mansión de lujo que ves en los humedales. 

Antonella: Estamos informando a los medios.

Irina: Porque no hay infomarción oficial. Y eso dice un montón del problema.

Antonella: Cesar Massi, una persona militante como nosotros, con su tiempo y su mouse, fue haciendo mediciones con el sistema satelital. Si esta persona ciudadana no se tomaba el tiempo para hacerlo no teníamos registro de lo que estaba arrasando el fuego. Eso lo tiene que hacer el Estado. Pero el Estado se encarga de ocultar, no de registrar. 

Por último: ¿qué opinan sobre el estado de la ley?

Ivo: Como multisectorial estamos seguros de que queremos la ley consensuada o nada. No de capricho, sino porque es una ley que surge de un trabajo arduo y colectivo, que tiene el aval de la ciencia, la academia y más de 500 organizaciones de todo el territorio. Y hay cosas que no queremos negociar, como la moratoria, que prohíbe las nuevas actividades productivas o la extensión de las ya existentes desde que la ley se sancione hasta que se implemente, porque pueden pasar cinco años hasta que hagan los relevamientos territoriales. Y en ese lapso pueden arrasar con todo. El Delta tiene 2 millones de hectáreas y en dos años se quemó la mitad. Imaginate en cinco.

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El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

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Un 3 de junio sin movilización en la ciudad de Buenos Aires (pasó para el 4) pero sí en el resto del país, encontró sin embargo a integrantes de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones en la Plaza de Mayo con dos enormes pancartas que rodearon la Pirámide con los nombres escritos a mano de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y lo que va del 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otros lugares del país. Lo que dicen las familias sobre lo narco, el poder judicial, y de dónde se saca fuerza para seguir.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

“Estamos otra vez acá. No es la primera vez ni va a ser la última, pero estamos acá visibilizando lo que nos pasa, como lo tratamos de hacer todos los años, todos los meses, todos los minutos de nuestras vidas” dijo en Plaza de Mayo Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, junto a la Pirámide donde Familias Víctimas de Femicidios instalaron dos pancartas que rodearon totalmente ese monumento, con los nombres de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y estos meses de 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

A su lado estaba Susana Reyes, la madre de Cecilia Basaldúa, que agregó: “Yo estoy acá para que paren de matarnos y para que se haga justicia por todas las que nos faltan. No queremos que haya más mueres, hay mucha complicidad policial, judicial, política y estamos cansadas, pero vamos a seguir peleando y reclamando para que esto cambie en algún momento.  

Mónica Ferreyra es la madre de otra joven asesinada, Araceli Fulles: “Ojalá nadie tenga que sentir el dolor que sentimos nosotras. Lo único que queremos es justicia. Pero te encontrás con un Poder Judicial y encima con una política de dejar que los narcotraficantes entren al país. Cada vez hay más narcos en la calle, que venden más droga, y usan a las chicas que se las entregan por drogas, y después las descartan. En el caso de mi hija todos los que la mataron están sueltos, y eso que a tres les dieron perpetua. Pero no cumplieron ni un año y los soltaron. El que la mató es narcotraficante. Ahí te das cuenta de cómo es que funciona el Poder Judicial”.

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Guillermo Pérez, el padre de Lucía Pérez: “Uno ve lo de Maradona y la jueza, y la justicia parece un chiste. En el caso nuestro van a hacer otro juicio, ya van como seis. Cada vez que pueden le degradan la pena a los que también fueron narcos que vendía droga en la puerta del colegio al que iba mi hija. Pero hubo un juicio, tuvieron que anularlo, hicieron otro, también lo mandan para atrás. Un jury (juicio político) que fue un escándalo. Y casi nunca se logra justicia. Somos un país que está preso del Poder Judicial. Un país sin justicia, o con una justicia que sigue siendo un chiste”.

Susana: “Es cierto, el caso de Cecilia está impune hace cinco años porque metieron preso a un perejil, un chico que pasó dos años en la cárcel y era evidente que no tenía nada que ver. Lo tuvieron que liberar porque la fiscal Paula Kelm no tenía una sola prueba en su contra, fue vergonzoso, todo armado por la fiscal, por la policía, o sea que es una violencia permanente de la justicia contra la gente”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Marta saludó a personas y familias que se acercaron al ver los carteles, incluso familiares de otra mujer asesinada en 2017 que terminaron participando del encuentro. Dijo Marta: “No queremos ni una más, ni una mujer muerta más. Las cifras son espantosas y vamos a seguir luchando aunque a veces parezca una utopía. Pero creemos que algún día lo vamos a lograr”.

Susana comentó que hasta la figura de femicidio pretende ser eliminada. Marta: “Claro, es lo que están haciendo en el nuevo juicio por lo de mi hija. Quieren romper todos los derechos, y el Estado no se quiere hacer cargo de nada. Lo que busca es la impunidad en estos casos, y así tenemos casi 450 mujeres muertas en menos de un año y medio, que los nombres de cada una están en estos carteles. Yo decía que creo en la utopía, pero también sé que nuestra lucha será infinita”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

En esa especie de infierno al que son sometidas las familias, ¿de dónde se saca fuerzas para seguir?

Susana: “Del amor que nos dejaron nuestras hijas, de la gente que nos acompaña y de nosotras mismas que nos contenemos para estar juntas y poder seguir adelante”.

Mónica: “Aparte del amor que nos dejaron, también es el amor por hacer justicia. Es como que la impotencia y el dolor, en lugar de frenarnos, nos dan fuerza para seguir pensando que queremos justicia para nuestras hijas”.

Guillermo: “Si no hay justicia, seguiremos en la lucha. Esa es la respuesta que tenemos que dar, pase lo que pase”.

Marta: “Nunca se las vamos a hacer fácil. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Que nunca crean que nos han ganado. Es cierto, la fuerza la tenemos del amor y de seguir adelante siempre por la memoria de nuestras hijas”.    

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A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

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El aniversario del grito masivo encuentra dos escenarios muy diferentes: con actividades y movilizaciones que cada año suman más participación en las provincias y con una convocatoria en CABA que posterga un día el Ni Una Menos para sumarse al reclamo de las y los jubilados.

Las cifras de víctimas de femicidios siguen siendo tan alarmantes como las que despertaron el Ni Una Menos hace una década, cuando el asesinato de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años, impulsó la primera convocatoria el 3 de junio de 2015. Sin embargo, mientras el gobierno de Javier Milei desmantela programas, recorta presupuestos destinados a prevenir las violencias, niega los crímenes por motivos de género, busca derogar la figura de femicidio y hasta “celebra” en redes sociales que supuestamente “bajaron los homicidios de mujeres” la convocatoria de este año marca un síntoma.

En la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas, las organizaciones políticas y sindicales nucleadas en la asamblea Ni Una Menos decidieron cambiar la fecha de la movilización al Congreso de la Nación para el miércoles 4 de junio, para unirse a las y los jubilados que reclaman desde hace meses contra el ajuste y la crueldad libertaria. En el resto del país, se mantiene el 3 de junio como fecha de encuentro y marchas. Ese día, también habrá acciones puntuales en territorio.

A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

Familias Víctimas de Femicidios en una de sus acciones el 3J de 2023.

3J federal

Las Familias de Víctimas de Femicidios y Desapariciones –que llegarán con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de la Argentina– realizarán el 3 de junio una asamblea abierta a las 12, en Plaza de Mayo, donde compartirán sus testimonios, sus difíciles caminos en busca de justicia y se abrazarán en el grito de “Ni una Más”. Al terminar el encuentro, caminarán hasta el Congreso de la Nación para sumarse a la actividad que organiza Atravesadxs por el Femicidio, otra de las organizaciones que reúne a familiares de víctimas. Este año, Atravesadxs realizará una intervención fotográfica sobre la plaza entre las 9 y las 17.

La socióloga Marisa Fournier, integrante de la colectiva Conurbanas Transfeministas, cuenta que en las asambleas que realizaron en el oeste y noroeste bonaerense para definir las acciones para esta fecha apareció el cansancio, pero también la fuerza. “Entonces nos preguntamos: ¿cómo insuflamos la energía militante feminista y la creatividad?”, sintetiza.

En este contexto creían que era necesario hacer algo el propio 3 de junio y en el territorio, más allá de que la movilización este convocada para el 4, porque “el año pasado muchas decidieron no apostar a lo territorial y la marcha de CABA fue muy flaca”. En ese sentido, explica: “Nos parece muy saludable y estratégico enlazar con esta resistencia histórica que están llevando adelante nuestros viejos y nuestras viejas”.

También veían conveniente salir de la declamación o la denuncia y pensar en algo que reconforte y genere más red.

“Decidimos no hacer marchas locales ni documento, y realizar una intervención para el 3J en San Miguel, uno de los municipios más hostiles en políticas de género”, explica Fournier. La propuesta es fruto de una articulación entre Conurbanas, la cooperativa Frida Kahlo, Acción Territorial Rebelde (ATR), La Colmena y trabajadoras de organizaciones territoriales. Se realizará en la plaza principal, frente a la Municipalidad. Habrá fuego en forma de velas o antorchas, y se va a recuperar una intervención que creó Sandra Posadino, llamada PREnDAs, en la que cada prenda representará la forma en que fue cometido el femicidio. “Este 3 de junio, recuperamos el arte y la performatividad como parte de nuestros lenguajes”, asegura Fournier.

En Córdoba, también se están organizando actividades para conmemorar el 3J, incluyendo la marcha en la ciudad y acciones puntuales en otras localidades para “recordar a las que nos faltan en el territorio”.

María Eugenia Marengo, integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, reconoce que “está difícil, cuesta salir”, por eso pensaron en una modalidad de encuentro que dé lugar a la palabra y a compartir lo que se está sintiendo. “La idea es recordar estos 10 años, colocar afiches con una especie de cartografía de las luchas y abrazarnos en tiempos difíciles”, cuenta sobre la actividad que harán junto con la Asamblea Multisectorial Punilla Norte y el Movimiento Popular La Dignidad. La “mateada transfeminista” comienza a las 15, en Alem 767, Barrio Balumba, Capilla del Monte.

Bajo el lema “No hay nada que festejar”, en Mendoza llaman a marchar a las 18 en el KM 0 de la ciudad capital, en San Martín y Garibaldi. “A una década de aquella primera marcha que marcó nuestras vidas, nos volvemos a reunir para hacer memoria, abrazarnos y exigir justicia”, dicen en la convocatoria. Piden llevar vestimenta negra y flores para armar un gran altar para las víctimas de la violencia machista.

La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Salta, Sofía Fernández, cuenta que entre las consignas de este 3J está “el pedido de aparición con vida de las 13 mujeres desaparecidas que tiene la provincia”. Reclamarán a la Justicia por las malas actuaciones en los casos de violencia desde las 9.30 en la Ciudad Judicial y también exigirán la suspensión de jueces y juezas denunciados por violencia que hoy siguen ejerciendo en esos fueros. Luego, el encuentro será en la Plaza 9 de Julio desde las 16, donde habrá intervenciones artísticas, talleres, radio abierta, un ritual a la Pachamama, para marchar a las 18.

En Jujuy, la convocatoria recuerda que solo en mayo la provincia tuvo tres mujeres víctimas de femicidio –Angelina González, Paola Vargas y Tamara Fierro– y llaman a concentrarse en la Plaza Belgrano a las 17.

En Santa Fe, mujeres y disidencias se reunirán en la Plaza del Soldado a las 17 bajo la consigna “Ni un derecho menos”, mientras que en Rosario la convocatoria de la Asamblea Lesbotrasfeminista Rosario y ATE, entre otros grupos, es a las 17, en la plaza 25 de Mayo, desde donde se movilizarán hacia la plaza San Martín para leer el documento conjunto.

Y en Tucumán, desde las 17 en Plaza Irigoyen, habrá intervenciones artísticas y radio abierta; luego se marchará a Plaza Independencia.

4J en la Ciudad

Una de las cosas que se repiten es la necesidad de recuperar la potencia y representatividad que supo tener la convocatoria del 3J en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón las organizaciones políticas, gremios y sindicatos convocaron a  movilizarse el miércoles en lugar del martes 3. “Tenemos que volver a la calle, generar asambleas plurales, recuperar la vitalidad de un movimiento que puede articular”, asegura Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien destaca que “la agenda urgente es la del trabajo. Sufrimos una violencia inédita: más precarias, más pobres, trabajando más horas, perseguidas y endeudadas”.

En el mismo sentido, Patricia González, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de AEFIP MDN, remarcó: “Este año llamamos a movilizar el 4, pero las seccionales adhieren según la convocatoria de cada provincia”.

Y agregó algo que señalaron muchas: “Hay cansancio, el año pasado la convocatoria fue baja y generó frustración”.

Femicidios en la mira  

En lo que va de 2025, el Observatorio Lucía Pérez registró 116 femicidios y transfemicidios, y en 2024, contabilizó 317 casos. Los datos recientes de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, son algo más bajos: 247 víctimas letales de violencia de género. Un número similar al que dieron en 2023, cuando hubo 250 víctimas, y se mantiene dentro del promedio histórico desde 2017.

¿Bajaron los femicidios como intenta instalar el Gobierno? En este sentido, organizaciones de familias de víctimas advierten que detrás de las estadísticas oficiales hay casos que no son tenidos en cuenta porque no tienen esa carátula y, al cambiar esa figura legal por otras –como abandono de persona, violación agravada o abuso sexual seguido de muerte–, los casos dejan de ser contabilizados.

Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez. Para Casación hubo abuso sexual, pero no femicidio, por lo que ordena imponer una nueva pena para Matías Farías, sin esa carátula. “Usan la causa de mi hija para eliminar la figura de femicidio”, denunció Marta Montero, su madre, luego de que la Cámara cambiara la calificación inicial.

Hay otros casos similares relacionados con asesinatos en el contexto de narcocriminalidad o femicidios territoriales. Por nombrar solo algunos:

  • a Luna Ortiz la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid donde fue intercambiada como mercancía. Un día después, encontraron su cuerpo sin vida. La causa se caratuló como “homicidio imprudente”.
  • Carla Soggiu apareció muerta tras activar el botón antipánico, que no funcionó. Para la Justicia, murió ahogada.
  • Luana Ludueña fue asesinada por Diego Concha, quien fue condenado por abuso sexual seguido de homicidio, pero sin el agravante por violencia de género.
  • En el caso de Griselda Blanco, el empresario acusado fue condenado por homicidio, pero sin la carátula de femicidio.

El método que aplica el gobierno en cada lugar donde pasa su “motosierra” es el mismo: primero, ningunear y desprestigiar, para luego, desmantelar. Negar los femicidios o decir que bajaron ayuda a justificar el ajuste y el cierre de programas.

El 3 y el 4 de junio se vienen dos días de abrazo colectivo frente a la avanzada antiderechos y a quienes buscan instalar que las feministas y transfeministas ya no tienen agenda o que “se pasaron tres pueblos”.

“¿De qué están hablando?”, se enoja la socióloga Marisa Fournier. “Esto es parte de la avanzada derechista y la reacción conservadora. Por eso, enlazar luchas es fundamental y estratégico”, asegura la integrante de la colectiva Conurbanas y pide: “Hay que fortalecer esa red que somos y que siempre fuimos”.

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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

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En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

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El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

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