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Tras las rejas. Femicidios, comisarías y cuarentena

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Florencia Magalí Morales apareció ahorcada en una comisaría de San Luis, donde estuvo detenida por violar la cuarentena: iba en bicicleta a comprar comida para su familia. Las sospechas, las filmaciones desaparecidas, y lo que revela el cuerpo. Además, los casos de Santa Fe que revelan un sistema de violencia y ocultamiento con uniforme estatal. Por Lucrecia Raimondi.

El 5 de abril de este año Florencia Magalí Morales, 39 años, fue arrestada en Santa Rosa del Conlara, San Luis, por violar la cuarentena. 

Había salido en bicicleta a las 9 de la mañana para buscar dinero en un cajero automático y comprar alimentos para sus dos hijos de 12 y 8 años y su nieta de 4. 

Pero Florencia Magalí Morales fue encontrada horas después, a las 19.30, ahorcada en una celda de la Comisaría 25 de esa localidad, un hecho plagado de sombras que a la vez ilumina nuevas evidencias sobre el rol policial y estatal en los femicidios.

Existen diferentes versiones de lo que sucedió, a veces contradictorias y algunas seguramente falsas. La policía difundió que Magalí fue detenida porque iba en su bicicleta a contramano (en un lugar de 10.000 habitantes, un domingo, en el momento de auge de la cuarentena con las calles vacías). Fue lo que le dijo telefónicamente el comisario Heraldo Clavero a Celeste, la hermana de Magalí. Ella no estaba autorizada a circular ya que los domingos podían hacerlo las personas con DNI finalizados en número par, y el de ella era impar. 

Sea por ir a contramano, por el DNI o por el simple hecho de salir a hacer unas compras, una versión policial indica que fue detenida y trasladada a la seccional. Eso choca con otra explicación –también policial– que sugiere que ella misma se dirigió a la Comisaría 25, sin custodia, según lo muestran cámaras de seguridad. Es una constante que abarca a muchos de estos episodios que involucran a la policía en todo el país: la confusión, las contradicciones y la desinformación. El abogado de la familia, Santiago Calderón, confirmó la secuencia en la comisaría: “Ella pregunta por una persona puntual a quien buscaba (un amigo, el policía Javier Sosa), y cuando le dicen que no está, le piden el documento. En esos casos generalmente se hace una advertencia de que se vuelva a la casa porque no puede circular ese día. Acá supuestamente ha habido una discusión y termina ella detenida”. 

Un comunicado del Poder Judicial puntano indica que, al intentar retenerla, ella quiso escapar (recuérdese que había dejado a hijos y nieta y no quería seguir demorándose), y eso provocó forcejeos con policías como Yohana Torres, Marcos Ontiveros y el oficial Daniel Mancilla. La reducen  y la mandan a un hospital (no hay explicaciones del porqué), la llevan de vuelta a la comisaría y la encierran en una celda de castigo.    

A las 19.30 el comisario Clavero informó telefónicamente al Juzgado de Instrucción Penal departamental que habían encontrado muerta a Magalí. “Se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada”, anunció. Así como existen filmaciones hasta que Magalí llega a la comisaría no hay registro alguno de lo ocurrido a partir de ese momento: otra paradoja frecuente en estos casos.  

Los abogados de la familia (Calderón Salomón y Federico Putelli) declararon que la médica que había atendido a Magalí en el hospital no la había notado “drogada ni alcoholizada”, ni presentaba golpes. Lo que haya ocurrido, sucedió dentro de la comisaría.  

En el calabozo la encontraron sentada en el piso, con un cordón rodeándole el cuello (aparentemente de su propio buzo) y el otro extremo atado a la bisagra de la puerta. 

El grito de Magalí 

Según la primera autopsia la muerte se produjo por asfixia, pero no menciona signos de lucha y ni siquiera marcas del cordón. “La autopsia solo dijo que la causa de muerte había sido asfixia mecánica. Por considerarlo insuficiente, pedimos una segunda autopsia que detalló lesiones en las muñecas, en el antebrazo izquierdo y debajo de las dos rodillas, que son signos compatibles con la autodefensa y que fueron ocultadas en el primer informe”, explicó Calderón. 

Nadie vio el cuerpo colgado, todos los testimonios coinciden en que estaba en el piso, “por lo que se supone que fue manipulado”, dijo el abogado.  

Celeste Morales notó una herida en el pómulo de su hermana durante el funeral. Cuenta que antes, al identificar el cuerpo, Magalí estaba tapada con un blusón oscuro de policía, además de que no le dieron más de un minuto para verla por lo cual no registró el golpe en ese momento. 

Según la autopsia, la muerte se habría producido alrededor de tres horas antes de que el comisario Clavero informase lo ocurrido. Esa brecha abre también sospechas sobre qué pasó realmente en ese tiempo. 

La familia solicitó una necropsia: en el análisis del cuerpo luego de ser enterrado, los forenses observaron que faltaban partes de la anatomía que resultan esenciales para determinar si hubo agresiones que causaron la muerte. Por eso se busca ahora determinar si el cadáver fue manipulado. Tampoco aparecieron la ropa de Magalí, su bicicleta, su mochila ni una pulsera que le había regalado Celeste. Una nueva autopsia está pendiente para determinar el tema de la lesión en el pómulo. 

Otro dato oscuro es la cantidad de efectivos que había en la comisaría. Un perito de criminalística que llegó al lugar tras la muerte de Magalí mencionó que eran al menos diez hombres y mujeres, pero la policía adujo que eran solo cinco, que quedaron en disponibilidad, incluyendo al comisario Clavero. 

El abogado Calderón explicó que no se les tomó testimonio a dos personas que estaban detenidas en la comisaría, que inicialmente afirmaron que “escucharon gritar a Florencia, pedir auxilio y luego advirtieron la asistencia de un médico”. Ambas personas fueron trasladadas a otra comisaría y todo quedó en el silencio.  

La familia solicitó la recusación del juez de instrucción Jorge Pinto por no investigar en profundidad y por “supuesta parcialidad y prejuzgamiento”. El abogado calculó que “con el 80 por ciento de la prueba sin producirse es prematuro pensar en un suicidio”.

Además de desmentir la hipótesis policial del suicidio, la familia encadena la actitud del juez Pinto con los informes forenses y la defensa de los policías. Denuncia encubrimiento, exige que se incorpore la perspectiva de género y que se investigue la figura de femicidio en custodia o suicidio inducido.

El pacto de silencio

Magalí y Celeste Morales se llevaban un año y medio: eran las mayores de cinco hermanas mujeres. Oriundas de Las Heras, Mendoza, tenían una relación no solo fraternal, sino de amistad compinche. Magalí se había instalado en 2017 en Santa Rosa del Conlara, a 400 kilómetros y 6 horas de viaje en auto. Quiso ir en busca de oportunidades laborales y criar a sus hijes. 

Durante un tiempo trabajó como empleada de limpieza en un hotel alojamiento, pero luego se separó de su pareja, dejó ese empleo y se dedicó a cocinar y vender viandas saludables, entre otras changas que le permitían garantizar la educación y la alimentación de les niñes a su cargo. 

Las visitas a Las Heras se concentraban a fin de año o el Día de la Madre. Las hermanas hablaban por celular día por medio. Celeste no duda: lo peor que le pasó en su vida fue tener que reconocer el cuerpo de su hermana. “Magalí era todo risas, alguien que cuando te bajoneabas, te levantaba. Era re-cariñosa, alegre. A fin de año el nene mayor termina la primaria y mi hermana estaba entusiasmadísima con eso, quería hacer un festejo grande. Y me decía que pronto nos íbamos a reencontrar”. 

Enumera: “Si ella proyectaba futuros con otros y amaba a sus hijos, a su familia, a mis padres, que les tenía devoción… nunca, nunca hubiera hecho eso. Ellos, los policías, tuvieron el tiempo para armar todo. Ahí hay un pacto silencio”. 

Huérfanos sin Estado

Celeste asumió la custodia de sus sobrines y de la nieta que vivía con Magalí y los llevó a Las Heras. El Estado les cortó la Asignación Universal por Hijo (AUH) y no recibe ninguna ayuda económica. Es partera, vive además con su hijo de 5 años y con otra sobrina adolescente que tiene un bebé. 

Gracias a la solidaridad de la escuela en la que anotó a los hijos de Magalí, la misma a la que va su nene, recibe bolsones de alimentos que gestionaron las maestras enteradas de la situación de la familia. 

“No los iba a dejar en ese pueblo, que mi hermana decía que era muy machista. Me los traje y los voy a criar como gente de bien, que cuida a los demás, que respeta a las mujeres. Trato de hacer las cosas que hacían con ella. A mi hermana le encantaba la música, así que bailaban. El otro día pasaron un tema y uno de los chicos me dice: ‘esta canción le gustaba a mi mamá’”. Se le quiebra la voz. Dice Celeste que sabe que no podrá llenar nunca el vacío. Pero está dispuesta a hacer todos los esfuerzos por amor, y porque ve que las mujeres se movilizaron siempre por su hermana pese a la pandemia, pese al miedo, pese a todo. Y exigen justicia.  

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Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

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Sin fronteras. Femicidios, crímenes sexuales y terrorismo

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La socióloga mexicana Julia Monárrez Fragoso mantuvo un encuentro con Familias Sobrevivientes de Femicidios. Monárrez, creadora del término “femicidio”, es de las más prestigiosas especialistas en violencia contra las mujeres. Compartimos acá sus principales aportes durante el histórico encuentro, de Ciudad Juárez a Buenos Aires. 

Familias Sobrevivientes de Femicidios en MU. Lo que surgió de un contacto histórico. Fotos: Lina Etchesuri
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