#NiUnaMás
Tras las rejas. Femicidios, comisarías y cuarentena
Florencia Magalí Morales apareció ahorcada en una comisaría de San Luis, donde estuvo detenida por violar la cuarentena: iba en bicicleta a comprar comida para su familia. Las sospechas, las filmaciones desaparecidas, y lo que revela el cuerpo. Además, los casos de Santa Fe que revelan un sistema de violencia y ocultamiento con uniforme estatal. Por Lucrecia Raimondi.
El 5 de abril de este año Florencia Magalí Morales, 39 años, fue arrestada en Santa Rosa del Conlara, San Luis, por violar la cuarentena.
Había salido en bicicleta a las 9 de la mañana para buscar dinero en un cajero automático y comprar alimentos para sus dos hijos de 12 y 8 años y su nieta de 4.
Pero Florencia Magalí Morales fue encontrada horas después, a las 19.30, ahorcada en una celda de la Comisaría 25 de esa localidad, un hecho plagado de sombras que a la vez ilumina nuevas evidencias sobre el rol policial y estatal en los femicidios.
Existen diferentes versiones de lo que sucedió, a veces contradictorias y algunas seguramente falsas. La policía difundió que Magalí fue detenida porque iba en su bicicleta a contramano (en un lugar de 10.000 habitantes, un domingo, en el momento de auge de la cuarentena con las calles vacías). Fue lo que le dijo telefónicamente el comisario Heraldo Clavero a Celeste, la hermana de Magalí. Ella no estaba autorizada a circular ya que los domingos podían hacerlo las personas con DNI finalizados en número par, y el de ella era impar.
Sea por ir a contramano, por el DNI o por el simple hecho de salir a hacer unas compras, una versión policial indica que fue detenida y trasladada a la seccional. Eso choca con otra explicación –también policial– que sugiere que ella misma se dirigió a la Comisaría 25, sin custodia, según lo muestran cámaras de seguridad. Es una constante que abarca a muchos de estos episodios que involucran a la policía en todo el país: la confusión, las contradicciones y la desinformación. El abogado de la familia, Santiago Calderón, confirmó la secuencia en la comisaría: “Ella pregunta por una persona puntual a quien buscaba (un amigo, el policía Javier Sosa), y cuando le dicen que no está, le piden el documento. En esos casos generalmente se hace una advertencia de que se vuelva a la casa porque no puede circular ese día. Acá supuestamente ha habido una discusión y termina ella detenida”.
Un comunicado del Poder Judicial puntano indica que, al intentar retenerla, ella quiso escapar (recuérdese que había dejado a hijos y nieta y no quería seguir demorándose), y eso provocó forcejeos con policías como Yohana Torres, Marcos Ontiveros y el oficial Daniel Mancilla. La reducen y la mandan a un hospital (no hay explicaciones del porqué), la llevan de vuelta a la comisaría y la encierran en una celda de castigo.
A las 19.30 el comisario Clavero informó telefónicamente al Juzgado de Instrucción Penal departamental que habían encontrado muerta a Magalí. “Se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada”, anunció. Así como existen filmaciones hasta que Magalí llega a la comisaría no hay registro alguno de lo ocurrido a partir de ese momento: otra paradoja frecuente en estos casos.
Los abogados de la familia (Calderón Salomón y Federico Putelli) declararon que la médica que había atendido a Magalí en el hospital no la había notado “drogada ni alcoholizada”, ni presentaba golpes. Lo que haya ocurrido, sucedió dentro de la comisaría.
En el calabozo la encontraron sentada en el piso, con un cordón rodeándole el cuello (aparentemente de su propio buzo) y el otro extremo atado a la bisagra de la puerta.
El grito de Magalí
Según la primera autopsia la muerte se produjo por asfixia, pero no menciona signos de lucha y ni siquiera marcas del cordón. “La autopsia solo dijo que la causa de muerte había sido asfixia mecánica. Por considerarlo insuficiente, pedimos una segunda autopsia que detalló lesiones en las muñecas, en el antebrazo izquierdo y debajo de las dos rodillas, que son signos compatibles con la autodefensa y que fueron ocultadas en el primer informe”, explicó Calderón.
Nadie vio el cuerpo colgado, todos los testimonios coinciden en que estaba en el piso, “por lo que se supone que fue manipulado”, dijo el abogado.
Celeste Morales notó una herida en el pómulo de su hermana durante el funeral. Cuenta que antes, al identificar el cuerpo, Magalí estaba tapada con un blusón oscuro de policía, además de que no le dieron más de un minuto para verla por lo cual no registró el golpe en ese momento.
Según la autopsia, la muerte se habría producido alrededor de tres horas antes de que el comisario Clavero informase lo ocurrido. Esa brecha abre también sospechas sobre qué pasó realmente en ese tiempo.
La familia solicitó una necropsia: en el análisis del cuerpo luego de ser enterrado, los forenses observaron que faltaban partes de la anatomía que resultan esenciales para determinar si hubo agresiones que causaron la muerte. Por eso se busca ahora determinar si el cadáver fue manipulado. Tampoco aparecieron la ropa de Magalí, su bicicleta, su mochila ni una pulsera que le había regalado Celeste. Una nueva autopsia está pendiente para determinar el tema de la lesión en el pómulo.
Otro dato oscuro es la cantidad de efectivos que había en la comisaría. Un perito de criminalística que llegó al lugar tras la muerte de Magalí mencionó que eran al menos diez hombres y mujeres, pero la policía adujo que eran solo cinco, que quedaron en disponibilidad, incluyendo al comisario Clavero.
El abogado Calderón explicó que no se les tomó testimonio a dos personas que estaban detenidas en la comisaría, que inicialmente afirmaron que “escucharon gritar a Florencia, pedir auxilio y luego advirtieron la asistencia de un médico”. Ambas personas fueron trasladadas a otra comisaría y todo quedó en el silencio.
La familia solicitó la recusación del juez de instrucción Jorge Pinto por no investigar en profundidad y por “supuesta parcialidad y prejuzgamiento”. El abogado calculó que “con el 80 por ciento de la prueba sin producirse es prematuro pensar en un suicidio”.
Además de desmentir la hipótesis policial del suicidio, la familia encadena la actitud del juez Pinto con los informes forenses y la defensa de los policías. Denuncia encubrimiento, exige que se incorpore la perspectiva de género y que se investigue la figura de femicidio en custodia o suicidio inducido.
El pacto de silencio
Magalí y Celeste Morales se llevaban un año y medio: eran las mayores de cinco hermanas mujeres. Oriundas de Las Heras, Mendoza, tenían una relación no solo fraternal, sino de amistad compinche. Magalí se había instalado en 2017 en Santa Rosa del Conlara, a 400 kilómetros y 6 horas de viaje en auto. Quiso ir en busca de oportunidades laborales y criar a sus hijes.
Durante un tiempo trabajó como empleada de limpieza en un hotel alojamiento, pero luego se separó de su pareja, dejó ese empleo y se dedicó a cocinar y vender viandas saludables, entre otras changas que le permitían garantizar la educación y la alimentación de les niñes a su cargo.
Las visitas a Las Heras se concentraban a fin de año o el Día de la Madre. Las hermanas hablaban por celular día por medio. Celeste no duda: lo peor que le pasó en su vida fue tener que reconocer el cuerpo de su hermana. “Magalí era todo risas, alguien que cuando te bajoneabas, te levantaba. Era re-cariñosa, alegre. A fin de año el nene mayor termina la primaria y mi hermana estaba entusiasmadísima con eso, quería hacer un festejo grande. Y me decía que pronto nos íbamos a reencontrar”.
Enumera: “Si ella proyectaba futuros con otros y amaba a sus hijos, a su familia, a mis padres, que les tenía devoción… nunca, nunca hubiera hecho eso. Ellos, los policías, tuvieron el tiempo para armar todo. Ahí hay un pacto silencio”.
Huérfanos sin Estado
Celeste asumió la custodia de sus sobrines y de la nieta que vivía con Magalí y los llevó a Las Heras. El Estado les cortó la Asignación Universal por Hijo (AUH) y no recibe ninguna ayuda económica. Es partera, vive además con su hijo de 5 años y con otra sobrina adolescente que tiene un bebé.
Gracias a la solidaridad de la escuela en la que anotó a los hijos de Magalí, la misma a la que va su nene, recibe bolsones de alimentos que gestionaron las maestras enteradas de la situación de la familia.
“No los iba a dejar en ese pueblo, que mi hermana decía que era muy machista. Me los traje y los voy a criar como gente de bien, que cuida a los demás, que respeta a las mujeres. Trato de hacer las cosas que hacían con ella. A mi hermana le encantaba la música, así que bailaban. El otro día pasaron un tema y uno de los chicos me dice: ‘esta canción le gustaba a mi mamá’”. Se le quiebra la voz. Dice Celeste que sabe que no podrá llenar nunca el vacío. Pero está dispuesta a hacer todos los esfuerzos por amor, y porque ve que las mujeres se movilizaron siempre por su hermana pese a la pandemia, pese al miedo, pese a todo. Y exigen justicia.
#NiUnaMás
Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro condenó a Juan Carlos Corvalán como autor del asesinato de Nancy Fernández, perteneciente a la comunidad qom del Tigre. El hecho ocurrió hace diez años. Nancy reclamaba por el crimen de su hija Micaela, que aún sigue impune. Por Anabella Arrascaeta.
Hubo un gesto de justicia, diez años después. El Tribunal Oral de San Isidro anunció la condena de Juan Carlos Corvalán por el crimen de Nancy Fernández. El 1°de octubre se conocerá la resolución final, el tiempo de la condena, y los fundamentos. El fallo fue unánime, y los magistrados señalaron que para tomar la decisión tuvieron en cuenta la perspectiva de género y el derecho internacional. En la calle estaba Lisette, la hija de Nancy, quien agradeció el apoyo con el que contó y anunció que continuará la lucha por esclarecer el crimen de su hermana Micaela.
Nancy y su hija Micaela. La madre comenzó su lucha buscando esclarecer la verdad sobre el crimen de la niña de 14 años (caratulado como suicidio), y también fue asesinada.
Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada. Ambas eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.
Pese a esta condena, el crimen de Micaela sigue impune porque fue caratulado como suicidio. Esta historia, se teje entonces entre muertes e impunidades. Y el entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.
Los crímenes
En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.
El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.
Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada.
El reclamo de justicia
Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.
La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estuvo presente en los Tribunales acompañando a Lisette.
“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.
Esa red garantizó por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organizó que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.
La condena marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.
“Es gracias al apoyo que ustedes me dan que yo puedo seguir de pie, la lucha sigue; hoy se hizo justicia por mi madre pero todavía falta justicia por mi hermana”, dijo Lisette en la puerta de los Tribunales tras conocerse la sentencia de Nancy, que tal vez sea apenas el primer paso para desentrañar el fondo de esta historia.
Nota
Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández
Comienza este martes el juicio por el asesinato de Nancy Fernández que se extenderá entre el 3 y el 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Por Anabella Arrascaeta.
Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada (ambas en la foto de portada). Sin embargo, se caratuló el caso de Micaela como suicidio. El acusado es Juan Carlos Corvalán, conocido narco de la zona. Nancy y Micaela eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.
Esta historia, situada en el Municipio de Tigre, se teje entre muertes e impunidades. El crimen de Micaela Fernández fue caratulado como suicidio, y sigue impune. Este martes comienza entonces el juicio por el asesinato de su madre, Nancy Fernández, que se extenderá hasta el viernes 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Hay un solo imputado por el femicidio: Juan Carlos Corvalán, narco de la zona.
El entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.
Nancy Fernández, de la comunidad qom del Tigre. La asesinaron porque seguía denunciando que el caso de su hija Micaela no había sido un suicidio, sino un asesinato (Foto de Canal Abierto)
Los crímenes
En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.
El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.
Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Ahora, diez años después, su muerte llega a Tribunales.
El reclamo de justicia
Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.
La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estará presente en los Tribunales acompañando a Lisette.
“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.
Marisa Rodríguez, la mamá de Luna Ortiz, junto a Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela que retomó el reclamo de justicia ante la audiencia que comenzará este martes 3.
Esa red garantiza por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organiza que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.
El juicio marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.
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201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez
En los 244 días del año transcurridos hasta fin de agosto el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 201 femicidios y travesticidios en todo el país. En el mes de agosto, además, se produjeron dos condenas históricas por los crímenes de Luana Ludueña en Córdoba y de Tehuel de la Torre en el gran Buenos Aires, que pueden conocerse en estos links.
De todos modos desde hace 1.297 días nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel de la Torre? Su cuerpo sigue sin aparecer, aun cuando en un fallo histórico, Luis Alberto Ramos fue condenado a prisión perpetua por su crimen. Los jueces Claudio Joaquín Bernard, Ramiro Lorenzo y la jueza Silvia Hoerr, integrantes del Tribunal N° 2 en lo Criminal de La Plata, consideraron en el crimen el agravante de “odio a la identidad de género”, como lo planteaban la familia y la fiscalía. Es el primer juicio que incorpora esta mirada en el caso de un varón trans en nuestro país. Como el caso fue dividido, el otro imputado, Oscar Montes, tendrá un juicio por jurado popular sin fecha prevista aún.
Esos avances judiciales se producen mientras los números de la violencia siguen poniendo a la sociedad en la zona del horror.
Solo durante agosto hubo 25 femicidios. La más pequeña tenía 11 años, se llamaba Luján. Otro saldo estremecedor de lo que va del año es que ya hubo 18 infancias asesinadas como producto de esas situaciones de violencia criminal.
Se produjeron, además, 156 tentativas de femicidios en el año. Y 64 desapariciones que continúan sin respuesta y sin que se conozca el destino de esas desaparecidas.
Otro resultado que no suele tenerse presente como efecto de esa violencia sistémica: el número de huérfanos por femicidios ascendió, durante 2024, a 129.
Para seguir exigiendo justicia, se llevaron a cabo 226 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en todo el país.
El saldo actual arroja que hay 546 funcionarios denunciados. Es el registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad e Iglesia Católicas. Actualizado diariamente, revisado mensualmente. El caso más difundido este mes fue el del ex presidente Alberto Fernández, al que se sumó el del diputado Germán Kiczka.
Estos números y estas situaciones no son cifras aisladas: representan la cartografía de la violencia patriarcal. Frente a esa realidad, el Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran de modo autogestivo una serie de padrones que compartimos de manera libre en la web del Observatorio, los cuales comenzaron a materializarse en talleres realizados con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.
Todo la información producida es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org
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