#NiUnaMás
Tras las rejas. Femicidios, comisarías y cuarentena
Florencia Magalí Morales apareció ahorcada en una comisaría de San Luis, donde estuvo detenida por violar la cuarentena: iba en bicicleta a comprar comida para su familia. Las sospechas, las filmaciones desaparecidas, y lo que revela el cuerpo. Además, los casos de Santa Fe que revelan un sistema de violencia y ocultamiento con uniforme estatal. Por Lucrecia Raimondi.

El 5 de abril de este año Florencia Magalí Morales, 39 años, fue arrestada en Santa Rosa del Conlara, San Luis, por violar la cuarentena.
Había salido en bicicleta a las 9 de la mañana para buscar dinero en un cajero automático y comprar alimentos para sus dos hijos de 12 y 8 años y su nieta de 4.
Pero Florencia Magalí Morales fue encontrada horas después, a las 19.30, ahorcada en una celda de la Comisaría 25 de esa localidad, un hecho plagado de sombras que a la vez ilumina nuevas evidencias sobre el rol policial y estatal en los femicidios.
Existen diferentes versiones de lo que sucedió, a veces contradictorias y algunas seguramente falsas. La policía difundió que Magalí fue detenida porque iba en su bicicleta a contramano (en un lugar de 10.000 habitantes, un domingo, en el momento de auge de la cuarentena con las calles vacías). Fue lo que le dijo telefónicamente el comisario Heraldo Clavero a Celeste, la hermana de Magalí. Ella no estaba autorizada a circular ya que los domingos podían hacerlo las personas con DNI finalizados en número par, y el de ella era impar.
Sea por ir a contramano, por el DNI o por el simple hecho de salir a hacer unas compras, una versión policial indica que fue detenida y trasladada a la seccional. Eso choca con otra explicación –también policial– que sugiere que ella misma se dirigió a la Comisaría 25, sin custodia, según lo muestran cámaras de seguridad. Es una constante que abarca a muchos de estos episodios que involucran a la policía en todo el país: la confusión, las contradicciones y la desinformación. El abogado de la familia, Santiago Calderón, confirmó la secuencia en la comisaría: “Ella pregunta por una persona puntual a quien buscaba (un amigo, el policía Javier Sosa), y cuando le dicen que no está, le piden el documento. En esos casos generalmente se hace una advertencia de que se vuelva a la casa porque no puede circular ese día. Acá supuestamente ha habido una discusión y termina ella detenida”.
Un comunicado del Poder Judicial puntano indica que, al intentar retenerla, ella quiso escapar (recuérdese que había dejado a hijos y nieta y no quería seguir demorándose), y eso provocó forcejeos con policías como Yohana Torres, Marcos Ontiveros y el oficial Daniel Mancilla. La reducen y la mandan a un hospital (no hay explicaciones del porqué), la llevan de vuelta a la comisaría y la encierran en una celda de castigo.
A las 19.30 el comisario Clavero informó telefónicamente al Juzgado de Instrucción Penal departamental que habían encontrado muerta a Magalí. “Se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada”, anunció. Así como existen filmaciones hasta que Magalí llega a la comisaría no hay registro alguno de lo ocurrido a partir de ese momento: otra paradoja frecuente en estos casos.
Los abogados de la familia (Calderón Salomón y Federico Putelli) declararon que la médica que había atendido a Magalí en el hospital no la había notado “drogada ni alcoholizada”, ni presentaba golpes. Lo que haya ocurrido, sucedió dentro de la comisaría.
En el calabozo la encontraron sentada en el piso, con un cordón rodeándole el cuello (aparentemente de su propio buzo) y el otro extremo atado a la bisagra de la puerta.
El grito de Magalí
Según la primera autopsia la muerte se produjo por asfixia, pero no menciona signos de lucha y ni siquiera marcas del cordón. “La autopsia solo dijo que la causa de muerte había sido asfixia mecánica. Por considerarlo insuficiente, pedimos una segunda autopsia que detalló lesiones en las muñecas, en el antebrazo izquierdo y debajo de las dos rodillas, que son signos compatibles con la autodefensa y que fueron ocultadas en el primer informe”, explicó Calderón.
Nadie vio el cuerpo colgado, todos los testimonios coinciden en que estaba en el piso, “por lo que se supone que fue manipulado”, dijo el abogado.
Celeste Morales notó una herida en el pómulo de su hermana durante el funeral. Cuenta que antes, al identificar el cuerpo, Magalí estaba tapada con un blusón oscuro de policía, además de que no le dieron más de un minuto para verla por lo cual no registró el golpe en ese momento.
Según la autopsia, la muerte se habría producido alrededor de tres horas antes de que el comisario Clavero informase lo ocurrido. Esa brecha abre también sospechas sobre qué pasó realmente en ese tiempo.
La familia solicitó una necropsia: en el análisis del cuerpo luego de ser enterrado, los forenses observaron que faltaban partes de la anatomía que resultan esenciales para determinar si hubo agresiones que causaron la muerte. Por eso se busca ahora determinar si el cadáver fue manipulado. Tampoco aparecieron la ropa de Magalí, su bicicleta, su mochila ni una pulsera que le había regalado Celeste. Una nueva autopsia está pendiente para determinar el tema de la lesión en el pómulo.
Otro dato oscuro es la cantidad de efectivos que había en la comisaría. Un perito de criminalística que llegó al lugar tras la muerte de Magalí mencionó que eran al menos diez hombres y mujeres, pero la policía adujo que eran solo cinco, que quedaron en disponibilidad, incluyendo al comisario Clavero.
El abogado Calderón explicó que no se les tomó testimonio a dos personas que estaban detenidas en la comisaría, que inicialmente afirmaron que “escucharon gritar a Florencia, pedir auxilio y luego advirtieron la asistencia de un médico”. Ambas personas fueron trasladadas a otra comisaría y todo quedó en el silencio.
La familia solicitó la recusación del juez de instrucción Jorge Pinto por no investigar en profundidad y por “supuesta parcialidad y prejuzgamiento”. El abogado calculó que “con el 80 por ciento de la prueba sin producirse es prematuro pensar en un suicidio”.
Además de desmentir la hipótesis policial del suicidio, la familia encadena la actitud del juez Pinto con los informes forenses y la defensa de los policías. Denuncia encubrimiento, exige que se incorpore la perspectiva de género y que se investigue la figura de femicidio en custodia o suicidio inducido.
El pacto de silencio
Magalí y Celeste Morales se llevaban un año y medio: eran las mayores de cinco hermanas mujeres. Oriundas de Las Heras, Mendoza, tenían una relación no solo fraternal, sino de amistad compinche. Magalí se había instalado en 2017 en Santa Rosa del Conlara, a 400 kilómetros y 6 horas de viaje en auto. Quiso ir en busca de oportunidades laborales y criar a sus hijes.
Durante un tiempo trabajó como empleada de limpieza en un hotel alojamiento, pero luego se separó de su pareja, dejó ese empleo y se dedicó a cocinar y vender viandas saludables, entre otras changas que le permitían garantizar la educación y la alimentación de les niñes a su cargo.
Las visitas a Las Heras se concentraban a fin de año o el Día de la Madre. Las hermanas hablaban por celular día por medio. Celeste no duda: lo peor que le pasó en su vida fue tener que reconocer el cuerpo de su hermana. “Magalí era todo risas, alguien que cuando te bajoneabas, te levantaba. Era re-cariñosa, alegre. A fin de año el nene mayor termina la primaria y mi hermana estaba entusiasmadísima con eso, quería hacer un festejo grande. Y me decía que pronto nos íbamos a reencontrar”.
Enumera: “Si ella proyectaba futuros con otros y amaba a sus hijos, a su familia, a mis padres, que les tenía devoción… nunca, nunca hubiera hecho eso. Ellos, los policías, tuvieron el tiempo para armar todo. Ahí hay un pacto silencio”.
Huérfanos sin Estado
Celeste asumió la custodia de sus sobrines y de la nieta que vivía con Magalí y los llevó a Las Heras. El Estado les cortó la Asignación Universal por Hijo (AUH) y no recibe ninguna ayuda económica. Es partera, vive además con su hijo de 5 años y con otra sobrina adolescente que tiene un bebé.
Gracias a la solidaridad de la escuela en la que anotó a los hijos de Magalí, la misma a la que va su nene, recibe bolsones de alimentos que gestionaron las maestras enteradas de la situación de la familia.
“No los iba a dejar en ese pueblo, que mi hermana decía que era muy machista. Me los traje y los voy a criar como gente de bien, que cuida a los demás, que respeta a las mujeres. Trato de hacer las cosas que hacían con ella. A mi hermana le encantaba la música, así que bailaban. El otro día pasaron un tema y uno de los chicos me dice: ‘esta canción le gustaba a mi mamá’”. Se le quiebra la voz. Dice Celeste que sabe que no podrá llenar nunca el vacío. Pero está dispuesta a hacer todos los esfuerzos por amor, y porque ve que las mujeres se movilizaron siempre por su hermana pese a la pandemia, pese al miedo, pese a todo. Y exigen justicia.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

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216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023






Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.
Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.
Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.
En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años.
Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.
Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto.
Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar.
Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?
Sobre el Observatorio Lucía Pérez:
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades.
Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans.
Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.
Todo la información que producimos es de público y libre acceso.
Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.
Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org
Nota
Caso Iara Nardelli: dos pericias descartan la hipótesis de un suicidio

“Cuando se sume el dictamen de policía científica a la causa, va a terminar de quedar en evidencia el mal trabajo que hizo la fiscalía y que sólo les interesa cerrar el caso rápido”, expresó el abogado de la familia de Iara Nardelli, Maximiliano Orsini, en diálogo con lavaca. La investigación sobre la muerte de la joven de 16 años mostró avances significativos que derriban la principal hipótesis de la fiscal a cargo de la causa, Romina Díaz, según la cual Iara se suicidó y una jauría atacó su cuerpo sin vida: solo se encontaron huesos del cuerpo.
Ahora se agregó a la causa una pericia caligráfica y la inminente publicación del estudio de la policía científica que analizó la ropa de Iara, al que se refiere el abogado Orsini quien además solicitó activar el protocolo por femicidio. Por su parte, Mariela Quintinilla, mamá de Iara, contó que en 55 días de investigación (Iara desapareció el 30 de junio) la fiscal sólo se comunicó con ella el 10 de julio para avisarle cuando hallaron parte de los restos de Iara: “Ni siquiera me llamaron a declarar”.
Por Franca Boccazzi
Cuando el 20 de julio el Poder Judicial confirmó que la mandíbula diseccionada, parte de una cabeza y una tibia que habían encontrado 10 días atrás en un descampado marplatense eran de Iara, empezó la averiguación de causales de su muerte. Pero desde el Juzgado de Familia Nº2 a cargo de la causa, siempre se sostuvo la hipótesis de que la adolescente se había suicidado y tanto Mariela Quintinilla, mamá de Iara, como el abogado de la familia, Maximiliano Orsini, coinciden en que no hubo voluntad de investigar si se trató de un crimen. “Aun cuando la situación era muy dudosa y no coincidía con un suicidio, la Fiscalía no dio lugar a mi pedido de que se active el protocolo por femicidio”, explica el abogado.
Pero ahora el caso está por dar un giro trascendente. Se acaba de sumar a la causa el informe de la pericia caligráfica que analizó unas cartas escritas por Iara y la conclusión es contundente. En palabras del abogado: “No se encontraron signos que hagan pensar en un suicidio, sino que se trata de una adolescente con problemas propios de la edad”.
Además, Orsini aseguró a lavaca que de manera extra oficial se sabe que la policía científica ya analizó las prendas de Iara encontradas en el descampado, y está por sumarse a la causa su informe donde se confirma que “las roturas de la ropa no fueron causadas por un animal, sino por una acción humana”. Esto, a su vez, cuestiona la otra hipótesis que la fiscal sostiene sin fundamentos claros: sólo aparecieron restos óseos, sin restos blandos, porque el cuerpo fue atacado por perros en jauría.

Iara Nardelli: El barrio habla, la justicia no escucha
Ante la pasividad del juzgado para llegar a la verdad de lo que pasó con Iara, Mariela no se quedó de brazos cruzados. Junto a Marta Montero, mamá de Lucía Pérez que la viene acompañando y ayudando con su reclamo hace casi dos meses, recorrió el barrio donde desapareció su hija y se encontró con más información: hay vecinos y vecinas que conocían a Iara y afirman que era una joven alegre y con proyectos, y no ven posible que se haya suicidado. “No se lo creen ni ahí”.
La mamá de Iara también confirmó a lavaca que, en esas recorridas, pudo conseguir información valiosa para la causa pero quiere esperar a declarar para luego compartirla públicamente. “Estamos a 55 días y lo que me molesta es que no me dan novedades, todavía estamos esperando la filmación de las cámaras de la zona y ni siquiera me llamaron a declarar”.
El estigma que entorpece la investigación
Iara era de Miramar pero desde el 2021 vivía en la institución Aldeas Infantiles que se encarga de hospedar a jóvenes en situación de vulnerabilidad en la ciudad marplantense. La jueza María Silvina Lezcano fue quien dio la orden luego de que Iara pasara por un cuadro de depresión.
Al momento de su desaparición era una joven activa, que iba a la escuela, hacía un curso de peluquería, tenía amigas e incluso estaba de novia. Pero la Fiscalía actuó con tal prejuicio que no tuvo en cuenta cómo estaba Iara actualmente sino cómo era su salud mental hacía dos años: ni siquiera esperó los resultados de las pericias para determinar las causas de muerte y enseguida se adelantó a confirmar un suicidio.
Pero si es un suicidio, caben muchos interrogantes.
- ¿No es extraño que solo se encontraran restos óseos en vez de un cuerpo cuando sólo habían pasado 10 días desde que Iara había desaparecido?
- ¿Cómo se explica el suicidio cuando se encontró un cráneo, las prendas a 150 metros y la bombacha a 200 metros?
- ¿Por qué y cómo desapareció el celular?.
Orsini hizo todas estas preguntas una y otra vez para intentar abrir la mirada judicial para que se siga la línea de investigación que plantea que a Iara la mataron en otro lugar y plantaron la escena en el descampado.
En cambio, la explicación de la fiscal Romina Díaz fue tan simple como decir que solo había huesos debido al ataque de una jauría de perros que también habían roto y esparcido la ropa. “Todo el tiempo se aferraron a la idea del suicidio para cerrar el caso rápido, no dieron lugar a mi pedido de activación de protocolo de femicidio y ahora con los resultados de las pericias se va a demostrar que se equivocaron, pero en el medio ya se perdió un montón de tiempo”, explicó el abogado.
Mariela y Orsini ahora están a la espera de que se publique el informe de la Policía Científica para que se haga oficial y se sume a la causa. Tienen esperanzas de que, con esta evidencia, a la Fiscalía no le quede otro remedio que evaluar seriamente que Iara no se quitó la vida sino que la mató otra persona y de ahí en más la investigación cobre la urgencia e importancia que debería haber tenido desde el 20 de julio, cuando se confirmó el hallazgo de restos de Iaria en ese descampado cercano a Aldeas Infantiles.
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