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Tres países, un juicio: comienza a juzgarse a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

El actor argentino se escapó a Brasil pero no logró evadir un proceso inédito que reunió a tres ministerios públicos de distintos países para comprobar los hechos denunciados por Thelma Fardin. La actriz lo había denunciado por un abuso sexual ocurrido en Nicaragua, cuando filmaban juntos una tira televisiva y ella era menor. Esta semana Thelma declaró en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de Argentina, desde donde fue escuchada de manera virtual por un juez brasilero. Así se dio comienzo a un proceso que, en diálogo con lavaca, el abogado de la víctima considera histórico en dos sentidos: “Lo que ha sucedido hasta ahora tuvo un impacto enorme porque muchas víctimas de delitos sexuales, a partir de la denuncia de Thelma y de su lucha, se animaron a denunciar”. El detalle de cómo se llegó al juicio, cómo sigue y las perspectivas que abriría un fallo condenatorio.
Por Melanie Prokopiec
Thelma Fardin declaró y respondió preguntas durante más de cuatro horas en una de las salas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres de la Argentina (UFEM), en la Ciudad de Buenos Aires, por su denuncia contra el actor Juan Darthes por violación agravada. Virtualmente la escuchó el juez brasilero de la sala 7 de la Justicia Federal Criminal de San Pablo, donde se desarrolla el proceso. Fardin relató los hechos que denunció el 4 de diciembre de 2018 en Managua, y que desencadenaron el juicio, y luego la defensa la sometió a un interrogatorio con preguntas que apuntaron a poner en duda la veracidad de sus palabras.
Con su declaración inició un proceso histórico que une tres países de una manera inédita: Argentina, Brasil y Nicaragua. Y que aguarda por la declaración de al menos once personas, entre quienes están citados quienes estuvieron en el lugar cuando ocurrieron los hechos denunciados; la psicóloga de Thelma que la atendió desde sus 19 años hasta el año pasado, el psiquiatra que le hizo el peritaje de parte; las actrices Anita Coacci y Calu Rivero; y algunas mujeres que no desean se revele su identidad.
Cuando terminen dichas declaraciones, llegará el turno de la declaración de Darthés. Luego, los psicólogos propuestos tanto por Darthés como por la fiscalía harán un análisis de lo declarado.
La sentencia podría conocerse en enero o febrero del próximo año.
“Se trata de un hecho que marca un hito ya que se trabajó en coordinación y cooperación entre tres países distintos, aplicándose la legislación de cada uno de esos países y un acuerdo de cooperación entre Ministerios Públicos Fiscales, con las intervenciones judiciales de cada caso, para resguardar las formalidades exigidas por los distintos ordenamientos jurídicos” sostiene a lavaca el abogado de Fardin, Martin Arias Duval, remarcando la excepcionalidad de la situación: “No es habitual que en tres países se trabaje con perspectiva de género para impulsar un proceso de estas características: los sistemas de administración de justicia en latinoamérica suelen ser conservadores y patriarcales”.
Cómo se logró
En abril de 2018 Thelma Fardín acudió a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres de la Argentina (UFEM) para denunciar a Juan Darthés por los hechos ocurridos en Managua. Allí, la fiscal Mariela Labozzeta le dijo que no podían investigar el caso porque no había ocurrido en territorio argentino.
En casi todos los países existe el principio de territorialidad que establece que la Ley Penal se aplica exclusivamente a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que la sanciona. Nicaragua era la jurisdicción competente para intervenir, ya que allí fue donde ocurrió el delito.
Esta fue la primera dificultad que Thelma tuvo que enfrentar.
Entonces, la actriz fue a Nicaragua. Primero la recibieron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y luego en la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal. Ante este organismo, el 4 de diciembre de 2018 Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Darthés.
El día 20 de ese mismo mes, el actor partió a San Pablo, Brasil, país del cual posee nacionalidad. Allí no existe el principio de territorialidad y el Estado no extradita a sus nacionales, sino que asume la competencia para todos los delitos cometidos por ellos. «Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua», aseguraba Thelma en su cuenta de Instagram en ese momento. Otra complicación que aparecía en el proceso de denuncia.
La fiscalía de Nicaragua requirió al juez del Distrito Penal de Audiencias de Managua, ciudad capital de ese país, la apertura de un proceso penal contra el actor el 2 de agosto de 2019. Las pericias, tanto oficiales como de parte, dieron cuenta de que Thelma presentaba estrés postraumático compatible con abuso sexual. Y el 17 de octubre, el Juzgado Décimo del Distrito de lo Penal de Audiencia de la Circunscripción de Managua, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, acusó por violación agravada a Darthes y giró una orden de detención y captura internacional contra el actor. Esto fue para que el acusado fuera buscado en todos los países miembros de Interpol.
El juez de Nicaragua, Celso Urbina, le negó al abogado defensor de Juan Darthés varias peticiones, entre ellas, revocar la orden de captura internacional en contra del actor e incluir en la acusación por violación agravada, pruebas que están relacionadas con la vida de la víctima.
El organismo internacional ordenó la captura internacional de Juan Darthes el 14 de noviembre. Se emitió un alerta roja con la finalidad de localizar y detener a Darthés en Brasil y concretar su extradición a Nicaragua. El abogado de la víctima reveló: “La Fiscalía de Nicaragua promovió ante la Corte Suprema de aquél país el pedido de extradición de Darthés, por lo que a través de las vías diplomáticas, Nicaragua pidió a Brasil la extradición del nombrado. Esto lo hizo, aun sabiendo que Brasil no lo entregaría porque si no demuestra voluntad de avanzar, se cae la circular roja de Interpol”.
Era necesario agotar el procedimiento para poder trasladar el juicio iniciado en Nicaragua, a la justicia brasileña porque no debería dar por sentado que no existiría extradición. La solicitud de extradición fue admitida mediante sentencia del día 30 de septiembre de 2020. Diez días más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitó a Brasil la extradición de Darthés. Ese paso fue fundamental para mantener la vigencia de la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol.
“Lo que sucedió después fue que el Ministerio Público de Brasil, al tomar conocimiento del caso, inició una investigación en aquél país. Si bien Brasil no extradita brasileros, sí puede juzgarlos en territorio de Brasil, y aplicando ley brasileña, por delitos cometidos en el exterior”, manifestó Duval. El organismo decidió investigar de oficio luego de que Nicaragua presentara el pedido formal de extradición. El MPF pidió a Nicaragua las pruebas que tenía y la colaboración de la justicia argentina para recolectar las pruebas que pudieran ser de utilidad. Así se pusieron a disposición las evidencias que había recolectado la UFEM.
Luego, la causa tuvo el siguiente avance los primeros días de abril de 2021, cuando Juan Darthés fue acusado formalmente por «estupro agravado» por el MPF. El delito tiene penas de 8 a 12 años en el código penal del país vecino. Así el Fiscal de Brasil procedió a hacer la denuncia ante el juez de Brasil.
A pedido de la justicia de Brasil, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) de la Procuración General de la Nación, elaboró un informe que fue remitido al juez de San Pablo sobre la tercera vez que la actriz fue sometida a peritajes. En Nicaragua fueron de varios tipos: psicológico, psiquiátrico y físico. Y después en Argentina Thelma hizo los peritajes con una psicóloga y un psiquiatra que ella contrató.
El 10 de junio, tras la difusión de unas pericias psiquiátricas a Darthés, Fardin declaró en Twitter: “A mí, como a todas las víctimas de abuso, ya me sometieron a tres pericias, y todas desde los organismos oficiales, me hicieron incluso una pericia física, sí: así de re-victimizante es el sistema”. Además, aclaró que la pericia que se hizo pública era de parte y que hasta ese momento a Darthés no le habían hecho ninguna oficial. El perito es de oficio cuando la designación ha sido hecha por la autoridad judicial y de parte cuando ha sido elegido libremente por cualquiera de las partes.
El Juez Federal en lo Criminal de la Subsección Judicial de San Pablo, Pablo Ali Mazloum, consideró que la acusación estaba lo suficientemente fundada como para avanzar en la realización del juicio y fijó la fecha.
Así Darthes llegó al banquillo de los acusados.
“Lo que ha sucedido hasta ahora tuvo un impacto enorme porque muchas víctimas de delitos sexuales, a partir de la denuncia de Thelma y de su lucha, se animaron a denunciar”, reflexiona Duval. “Y por supuesto que si se llega a un veredicto condenatorio en este caso, podría servir para que las mujeres víctimas de abusos,se atrevan a hablar: el sistema de administración de justicia podría mostrar que los agresores no quedan impunes”.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

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216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023






Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.
Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.
Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.
En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años.
Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.
Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto.
Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar.
Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?
Sobre el Observatorio Lucía Pérez:
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades.
Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans.
Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.
Todo la información que producimos es de público y libre acceso.
Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.
Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org
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