Comienza este martes el juicio por el asesinato de Nancy Fernández que se extenderá entre el 3 y el 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Por Anabella Arrascaeta.

Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada (ambas en la foto de portada). Sin embargo, se caratuló el caso de Micaela como suicidio. El acusado es Juan Carlos Corvalán, conocido narco de la zona. Nancy y Micaela eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.

Esta historia, situada en el Municipio de Tigre, se teje entre muertes e impunidades. El crimen de Micaela Fernández fue caratulado como suicidio, y sigue impune. Este martes comienza entonces el juicio por el asesinato de su madre, Nancy Fernández, que se extenderá hasta el viernes 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Hay un solo imputado por el femicidio: Juan Carlos Corvalán, narco de la zona.

El entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse. 

Nancy Fernández, de la comunidad qom del Tigre. La asesinaron porque seguía denunciando que el caso de su hija Micaela no había sido un suicidio, sino un asesinato (Foto de Canal Abierto)

Los crímenes

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”. 

El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas. 

Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Ahora, diez años después, su muerte llega a Tribunales. 

El reclamo de justicia

Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales. 

La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estará presente en los Tribunales acompañando a Lisette. 

“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.

Marisa Rodríguez, la mamá de Luna Ortiz, junto a Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela que retomó el reclamo de justicia ante la audiencia que comenzará este martes 3.

Esa red garantiza por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organiza que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención. 

El juicio marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia. 

En los 244 días del año transcurridos hasta fin de agosto el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 201 femicidios y travesticidios en todo el país. En el mes de agosto, además, se produjeron dos condenas históricas por los crímenes de Luana Ludueña en Córdoba y de Tehuel de la Torre en el gran Buenos Aires, que pueden conocerse en estos links.

De todos modos desde hace 1.297 días nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel de la Torre? Su cuerpo sigue sin aparecer, aun cuando en un fallo histórico, Luis Alberto Ramos fue condenado a prisión perpetua por su crimen. Los jueces Claudio Joaquín Bernard, Ramiro Lorenzo y la jueza Silvia Hoerr, integrantes del Tribunal N° 2 en lo Criminal de La Plata, consideraron en el crimen el agravante de “odio a la identidad de género”, como lo planteaban la familia y la fiscalía. Es el primer juicio que incorpora esta mirada en el caso de un varón trans en nuestro país. Como el caso fue dividido, el otro imputado, Oscar Montes, tendrá un juicio por jurado popular sin fecha prevista aún.

Esos avances judiciales se producen mientras los números de la violencia siguen poniendo a la sociedad en la zona del horror.

Solo durante agosto hubo 25 femicidios. La más pequeña tenía 11 años, se llamaba Luján. Otro saldo estremecedor de lo que va del año es que ya hubo 18 infancias asesinadas como producto de esas situaciones de violencia criminal.

Se produjeron, además, 156 tentativas de femicidios en el año. Y 64 desapariciones que continúan sin respuesta y sin que se conozca el destino de esas desaparecidas.

Otro resultado que no suele tenerse presente como efecto de esa violencia sistémica: el número de huérfanos por femicidios ascendió, durante 2024, a 129.

Para seguir exigiendo justicia, se llevaron a cabo 226 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en todo el país. 

El saldo actual arroja que hay 546 funcionarios denunciados. Es el registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad e Iglesia Católicas. Actualizado diariamente, revisado mensualmente. El caso más difundido este mes fue el del ex presidente Alberto Fernández, al que se sumó el del diputado Germán Kiczka.

Estos números y estas situaciones no son cifras aisladas: representan la cartografía de la violencia patriarcal. Frente a esa realidad, el Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran de modo autogestivo una serie de padrones que compartimos de manera libre en la web del Observatorio, los cuales comenzaron a materializarse en talleres realizados con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.
Todo la información producida es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org

El jurado popular y el Tribunal Técnico de la Cámara 3ª del Crimen de la Ciudad de Córdoba condenaron este martes por la tarde a Diego Gustavo Concha, ex titular de Defensa Civil de la provincia (en la foto, durante la audiencia). La pena: prisión perpetua por el delito de abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña, una bombera voluntaria que se quitó la vida en enero de 2022, nueve semanas después del ataque. En el fallo se consideró que el hecho fue un caso de violencia institucional ya que Concha “abusó de su poder como jefe de un área clave del gobierno de Córdoba”. Tanto él como la provincia de Córdoba deberán indemnizar solidariamente a los padres de Luana por daños y pérdida de chance de ayuda futura.

Desde Córdoba por Bernardina Rosini

Finalmente hubo justicia.

El ex titular de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, fue condenado a prisión perpetua por el abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña. Luana era bombera voluntaria y se suicidó en enero de 2022, como efecto del ataque que había sufrido.

El Tribunal rechazó el pedido del fiscal Fernando López Villagra, quien había solicitado que se declarara inconstitucional la pena máxima en este caso y que Concha fuera sancionado con 20 años de cárcel.

En su fallo, el Tribunal reconoció el caso como un hecho de violencia institucional, señalando que Concha “abusó de su poder como jefe de un área clave del gobierno de Córdoba” para perpetrar el abuso contra la joven. Además de la pena de prisión, Concha fue inhabilitado de forma perpetua para ocupar cargos públicos. El Tribunal ordenó que Concha, en forma solidaria con la provincia de Córdoba, pague una indemnización a los padres de Luana, Cristina Caminos y Sergio Ludueña, por daños y pérdida de chance de ayuda futura.

Luana y su perro Ciro.

Hallado culpable en todos los cargos en su contra, el ex funcionario también fue sentenciado por los hechos de violencia de género cometidos contra su ex pareja. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 17 de septiembre.

Un arma en la cabeza

Diego Concha, de 53 años, llegó a juicio acusado de homicidio por abuso sexual contra Luana Ludueña, de 25 años. Ludueña, tras ser atacada por quien era entonces el Director de Defensa Civil de la provincia, intentó suicidarse en tres ocasiones. Durante su internación en una clínica de la ciudad capital, se enteró de que Concha había renunciado a su cargo y había sido detenido por otro caso en su contra. El funcionario fue arrestado el 27 de noviembre de 2021, luego de que su ex esposa, también bombera, lo denunciara por agresiones y amenazas. Según su testimonio, Concha la habría amenazado de muerte apuntándole con un arma en la cabeza, además de perseguirla en la carretera y cruzarle la camioneta, sumando estos incidentes a una serie de agresiones sufridas desde su separación.

El homo sapiens y la tarjeta de crédito

La jornada comenzó en el Palacio de Tribunales II con las palabras de Sergio Ludueña, padre de la joven bombera, quien se dirigió al jurado popular: “Tienen en sus manos la posibilidad de hacer una diferencia y que la muerte de Luana no quede impune, y que Diego Concha sea condenado para que esto sirva y no haya ninguna víctima más de abuso de poder”. Visiblemente conmovido, recordó los esfuerzos de su hija por superarse profesionalmente: “La vi nacer y me tocó verla morir. Pido justicia por Luana y por quienes no se animaron a hablar”.

Diego Concha, en el centro, durante una de las audiencias. Foto: Natalia Roca para lavaca.org.

Inmediatamente después, fue el turno del ex funcionario. Llamó la atención la omisión de la palabra “inocencia” durante los 17 minutos de su exposición. Al dirigirse al tribunal, compuesto por los jueces Juan Manuel Ugarte, Eugenio Pérez Moreno y Marcelo Jaime, y al jurado popular, Concha declaró: “En el encuentro con Luana no pasó nada malo ni nada bueno, sencillamente no pasó absolutamente nada”.

Luego, hizo una referencia a tiempos prehistóricos: “El homo sapiens no conocía la palabra, entonces se comunicaban por señas o dibujos. Luego el hombre evolucionó y logró conseguir la palabra, y con la palabra se puede hacer el bien o el mal”, afirmó.

Continuó: “Muchas veces el hombre usa la palabra para hacer mucho daño, para tergiversar y sacarlas de contexto, y en muchos casos, mentir”. Posteriormente, mencionó su labor como Director de Defensa Civil, destacando sus años de servicio como bombero y apoyando su defensa en su ejercicio profesional. En cuanto a las denuncias de su ex pareja, mencionó que “tenía un adicional de mi tarjeta de crédito y gastaba libremente, así también con mi tarjeta de débito”.

Después de tal argumento bancario pidió perdón a sus hijos por “tal vez no estar en momentos importantes como eventos escolares” y prosiguió: “Disculpas también a mi ex pareja. Ningún hombre, bajo ningún concepto, debe discutir con su pareja, fuese el motivo que fuese. Lo tengo re claro, lo he hablado muchísimo con las psicólogas que me han ayudado en el penal de Bouwer”. Y para concluir, afirmó: “Quiero que quede bien en claro que quien les está hablando sabe perfectamente qué es la violencia de género”.

El poder en el banquillo

Después de las palabras de Concha hubo un cuarto intermedio de varias horas hasta conocerse la sentencia. Profundamente conmovida al saber que finalmente fue hallado culpable, la madre de Luana expresó: “Ninguna condena es suficiente porque Luana no nos la devuelven. No puedo decir que estoy feliz pero Luana puede descansar en paz y nosotros como familia cumplimos con su pedido de justicia”.

Agradeció a los presentes, sobre todo a las Fuegas, brigadistas forestales de Sierras Chicas que acompañaron fuertemente a la familia a lo largo del proceso. Sobre Concha dijo: “No me interesa él. No escuché en el recinto lo que dijo. Yo solo rezaba. A lo largo del juicio y de las audiencias llevadas a cabo, no hubo ocasión en la que él mostrara arrepentimiento, empatía, ni reflexión alguna sobre lo que significó su conducta”.

El abogado de la familia Ludueña, Dr Carlos Nayi dijo sentirse “ampliamente conforme” con la condena. “Se le ha devuelto la paz a una familia, y el honor a una joven que supo decir que prefería dar la vida que claudicar. Valió la pena”. Y dijo que este caso marca un precedente: “Se trata del poder sentado en el banquillo de acusados”.