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Vencer al miedo

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La trama que nos hizo ver el Caso Araceli. La impunidad que quedó al descubierto con el hallazgo del cuerpo de Araceli Fulles expone qué hay detrás de estos femicidios. El barrio exige ahora “que la policía deje de amparar a los delincuentes” en un territorio donde el huevo de la serpiente del narcomachismo pudo romperse por la acción de una familia y sus vecinas. Por Claudia Acuña y Anabella Arrascaeta.

Vencer al miedo

Llueve.

En estos bordes del conurbano eso significa que a la tristeza de las persianas bajas de los negocios quebrados, las siluetas fantasmales de las fábricas bombardeadas por sucesivas décadas de recesión y los baches que surcan las avenidas transitadas por autos destartalados, se suma una humedad helada, penetrante.

Si todo lo que acá duele fuera una serie, estarías viendo los escenarios de la primera temporada de The Killing.

En estos tiempos tremendos, las series tiene la virtud de ordenar en secuencias la violencia. Por eso lo primero que te muestra The Killing es lo que importa: el miedo que le hacen sentir a una mujer transitando los bordes de la ciudad, sola.

Ese miedo es el protagonista de esta historia.

La heroína principal es Araceli Fulles, esa joven de 22 años que todos conocimos por su final, transmitido por todos los medios en directo. Culminaba así la gran lección que nos dejó Araceli: cómo funciona la máquina de la violencia.

Analizarla hoy es una tarea, un aprendizaje y una deuda.

La que tenemos con ella, con su familia y con todas las mujeres.

La injusticia

Llueve.

La ropa y los pies de todas las mujeres están empapados y las lágrimas se mezclan con las gotas densas de la tormenta. Son rostros desfigurados por el dolor, con ojeras de insomnios y miradas desconfiadas.

Están alertas y cansadas y despeinadas.

Siete mujeres  están sentadas al lado de una estatua que reproduce en bronce a San Martín, al que por algún motivo -a simple vista inexplicable- le han cruzado cintas de peligro y colocado delante un cartel que anuncia “Informes”. Es lo primero que se ve cuando se ingresa a los tribunales de San Martín, en cuyo hall las cintas de peligro se multiplican, creando una atmósfera como las de esas escenas del crimen que abundan en las series tipo The Killing.

A unos metros de donde están sentadas las siete mujeres, con el San Martín de bronce que grita peligro a sus espaldas, están paradas otras mujeres que acaban de escuchar la sentencia a perpetua para el femicida de Micaela González. No festejan, pero se las ve aliviadas. La abogada Gabriela Konder resume el caso: le rompió la cabeza con un ladrillo en la puerta de su casa, delante de su hijita de dos años y de su hermano de 11. “Fue un caso relativamente fácil de resolver, por suerte, porque se trató de un femicidio parental en la vía pública, no tuvimos que depender de la investigación policial ni judicial para esclarecerlo”.

Pregunto a la abogada qué fue lo que más le impactó del juicio: “Escuchar a los testigos, que describían a la pareja como ´normal´, pero después detallaban que él la agarraba de los pelos o que la denigraba delante de la familia. Esa naturalización de la violencia me impactó”. Se queda unos segundos en silencio y agrega: “Y también cómo se construye el no ver, no escuchar, no meterse. Aquel día, al comenzar a discutir la pareja, los vecinos se dieron vuelta. Literalmente le dieron la espalda. Pero cuando les preguntás por qué, no dicen que es para no meterse, sino porque no quieren ser parte de lo que viene después. ¿Entendés? No confían en la justicia. Y cuando no hay justicia, no hay testigos. Es una cadena”.

En la puerta y bajo la lluvia hay más mujeres con niños en brazos, mojándose. Son integrantes del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), el movimiento que acompañó la denuncia del femicidio de Micaela González en el barrio y en tribunales. Están ahí, bajo ese cielo inclemente, que consideran un castigo menor al lado del peligro de impunidad que podían consagrar los jueces si no acompañaban hoy a la familia de una mujer asesinada.

Mientras, el grupo de siete mujeres sigue sentado.

La que me habla ahora es otra mujer, quejándose porque le entregaron un botón antipánico como única protección para evitar las palizas de su pareja. Protesta porque ella trabaja limpiando casas en Capital y el botón deja de funcionar apenas cruza la General Paz. Le acaban de explicar que así funciona: es decir, no tiene el alcance que ella necesita.

¿Y?

Me repite: “Y nada. Así funciona”.

Llueve.

Cuando todas estas mujeres llegaron a estos tribunales eran las 7 de la mañana y había frío, pero no lluvia, así que ahora -que ya es mediodía y la tormenta golpea-, no hay paraguas ni impermeables, sino calzas y buzos de algodón empapados.

Si la historia de este miedo fuera el argumento de una serie, quizá arrancaría con lo sucede después: las siete mujeres empapadas se ponen de pie, frente MU, el único medio que respondió a la convocatoria de su conferencia de prensa. Ante ese solo grabador, la prima de Araceli lee un comunicado solemne. Intentan así desmentir la cantidad desconcertante de falsas noticias que estuvieron circulando esa semana.

Es una conferencia de prensa que le habla a una prensa ausente.

Una vez terminada la lectura del comunicado, la joven prima de Araceli anuncia:

-Ahora pueden hacer preguntas.

¿Qué hipótesis evalúan cuando ya se cumplen 27 días de la desaparición de Araceli?

Nosotras no hacemos hipótesis. Eso es algo que solo hace gente que está sentada en un escritorio y tiene tiempo para perder. Nosotras, desde el primer día, hacemos lo mismo: organizarnos para buscarla.

Así comenzó el peor día del Caso Araceli.

La tierra que traga

Araceli desapareció en San Martín en la madrugada del 1° de abril y durante 27 días su destino fue ocultado por todos: la policía, la justicia y la prensa. Es la trilogía de la impunidad, pero también la santísima tríada que consagra qué, dónde y cuándo vemos lo que vemos.

En la casa de la mamá de Araceli hay una enorme pantalla de televisión que ahora mismo muestra la cara de Jorge Rial con un zócalo que informa sobre el último escándalo mediático. “Le levanté la mano después de que ella me pateó la cara”, dice el zócalo.

La tele está sin sonido, las paredes sin revoque y en la cocina, que también es comedor, hay media docena de hombres que esperan las novedades que traen las mujeres de Tribunales. “Nada”, resume la mamá de Araceli.

Luego uno de sus tres hermanos pone la pava para el mate.

Otro de los hombres se me acerca con una carpeta donde está guardada la denuncia que hicieron en la comisaría por la desaparición de Araceli, aquel día que le mandó el mensaje  a su mamá (“andá poniendo la pava que ya voy para allá)” y nunca llegó. Estaba a una cuadra y media, me aclara.

Le pregunto quién es y me responde: “De la Brigada. Estoy viviendo con ellos, compartiendo las 24 horas. Mi trabajo es de contención”, detalla.

Sospecho qué contiene.

En esa cocina comedor está el único y verdadero centro de operaciones de la búsqueda de Araceli.

Ahora mismo están alterados por un llamado que recibieron alertando sobre un posible dato. El hermano mayor de Araceli es el encargado de hacer con ese dato lo que la familia hizo desde el primer día: llevar las pistas recibidas al juzgado y al Comando de Patrullas Comunitarias (CPC), que depende de la municipalidad de San Martín.

Ubiquémonos en ese territorio.

San Martín es el municipio del conurbano en el que viven casi 500 mil personas, 100 mil en asentamientos pobres: hay más de 30, todos sometidos en las últimas décadas al maltrato social y económico, hasta convertirlos en escenarios de las más diversas transas delictivas. Desde el primer día que asumió el gobierno de Mauricio Macri se retiraron de todos esos barrios las fuerzas nacionales –básicamente, Gendarmería- dejando la llamada “seguridad” a cargo de las fuerzas municipales y provinciales, en esta proporción:

La fuerza policial municipal, llamada Protección Ciudadana, que tiene 200 integrantes, 80 patrulleros y 875 cámaras de seguridad, que se monitorean desde el CPC.

La Bonaerense, que depende del gobierno provincial,  tiene 800 integrantes, y 40 patrulleros, de los cuales funcionan 33.

Durante 27 días ninguna de estas fuerzas y herramientas aportó nada sobre el paradero de Araceli.

Tuvieron que correr, sí, detrás de cada pista que llegaba al 911 o el celular que difundió la familia para encontrarla. Y en este peor día volvieron a correr, empujados por esa llamada que había aportado algo diferente: el dato que la familia estaba esperando.

La red de impunidad

“Estamos rodeados de amarillo”, sintetiza un funcionario municipal para describir la situación política del municipio de San Martín. Para explicar lo que esto significa pone un ejemplo: “La única obra del gobierno nacional anunciada para esta zona es el Metrobus y nos saltea. Viene de la Capital, pero se retoma recién en Tres de Febrero, que es de ellos”. Ellos son el gobierno de Cambiemos, que sortea  la obra pública según un reparto colorido: deja en blanco a los municipios opositores.

¿El color político afectó el destino de la búsqueda de Araceli?

¿Es esta interna política el motivo por el cual el gobierno nacional no activó la difusión en los medios de la foto de Araceli ni envió los equipos suficientes y necesarios para encontrarla?

La respuesta del funcionario es otro dato: “El intendente (Gabriel Katopodis) se dio cuenta de que los rastrillajes se hacían sin perros y se tuvo que encargar de conseguirlos. Averiguó que  los Bomberos Voluntarios de Punta Alta tenían perros entrenados; los contactó y nos prestaron dos”.

Uno fue el que marcó la casa donde encontraron el cuerpo destrozado de Araceli.

El dato que llegó aquel peor día fue concreto: dónde habían visto a Araceli por última vez.

En una plaza.

Y con qué personas: los hombres que ahora están detenidos.

Ahora ya conocemos varios nombres y quedó expuesta la red que mató e hizo desaparecer a Araceli –diez hombres, tres son policías de la seccional en la que la familia presentó la denuncia de desaparición y de la cual dependía la búsqueda- pero aquel día ese dato confirmó lo que la familia sospechaba desde el primer día: en su desaparición estaban involucrados conocidos del barrio que contaban con un sistema de impunidad territorial, protegidos por la Policía Bonaerense.

Habían logrado, al fin, superar el principal obstáculo.

La no fiscal

La oficina de la fiscal Graciela López Pereyra tiene en su puerta pegado un cartel que proclama: “No estás sola: podemos ayudarte”. Promociona así al Sistema Integral Contra la Violencia de Género. La fiscal no atiende a la prensa. Atiende, sí, a esa policía que le fue marcando el ritmo de la investigación judicial. Así, ninguna de las hipótesis que argumentó la fiscal para definir los esfuerzos de la investigación tuvo asidero. La primera fue la droga, que la llevó a no hacer nada durante los primeros diez días. La segunda, llegó con la conmoción por el femicidio de Micaela García: la de la trata. La tercera fue investigar a la familia. Se activó justo después de que los hermanos de Araceli declararan públicamente: “La policía no quiere encontrarla. Ya saben quién la tiene”.

Todas estas hipótesis de investigación fueron plantadas en la causa por la policía y tuvieron su correspondiente difusión en la prensa.

Los medios presentaron a Araceli primero como una consumidora de drogas duras, a pesar de que nadie que haya visto cómo afecta a los cuerpos la adicción al paco pudiera asociarlo a la imagen de Araceli.

Luego, agitaron el fantasma de la trata, que recorre las tinieblas de la explotación sexual en un país en el que el comercio de cuerpos es cada vez más intenso, abusivo y alentado por factores sociales tan diversos como la destrucción de la autoestima, la falta de horizontes vitales  y productivos de las mujeres. El mercado de la explotación sexual hoy no necesita secuestrar esas vidas que ya están presas de sus destinos sociales. Necesita, sí, mantenerlas atadas, con violencia y abusos, a esos miserables destinos. Y para lograrlo cuenta con cómplices privilegiados.

Eso que llaman “trata” es la policía, la justicia y los medios que se alimentan de prostituir mujeres.

Es la misma máquina abusadora que hizo funcionar la no-búsqueda de Araceli.

Lobo suelto

Cada uno de los días sin Araceli, la familia y sus amigas hicieron funcionar otra máquina, la única capaz de conjurar la impunidad de ese poder. Con los pies y las manos, volantearon cada cuadra del barrio, miraron a los ojos a cada vecino y recorrieron cada casa, desde las mejores hasta las más precarias.

Aquel peor día estaban repartiendo esos volantes cuando llegó la noticia de que habían encontrado el dato que buscaban. En el grupo hay mujeres jóvenes que ya son madres de varios hijos. Su preocupación principal es una siniestra: tienen miedo de que se los roben. Es una preocupación que repite cada una, como si fuera una verdad y no una pesadilla. Lo dicen con convicción y cuentan hasta cómo se organizan para evitar lo peor: hacen cadenas para que siempre haya un adulto acompañando a los hijos a la entrada o salida de la escuela y no los dejan jugar nunca en la calle.

¿De dónde sale ese miedo?

Busco y encuentro.

Hace diez años, en San Martín desapareció Milagros, una nena de 5 años. Nunca apareció. El único sospechoso detenido, quedó libre. La fiscal fue Graciela López Pereyra, la misma del caso Araceli.

En los bordes del conurbano los fantasmas que dan miedo son alertas que hay que tomar siempre en serio. Son memoria de impunidad que advierten: peligro, lobo suelto.

Quizás ahora que el femicida de Araceli logró ser atrapado -por una mujer paraguaya y embarazada, de quien se rió Gendarmería cuando los alertó de la presencia del asesino en el barrio- al fin dejen de acecharnos los fantasmas que reproducen cuentos sobre chicas que estuvieron a punto de ser secuestradas.

Quizás.

Pedagogía de la crueldad

Aquel peor día pasó lo que todos ya sabemos. El cuerpo destrozado de Araceli fue encontrado por un perro que siguió el rastro de su perfume desde la plaza hasta la casa donde estaba enterrada. Su madre me había dicho: “A mi hija no se la tragó la tierra”, pero de la manera más perversa habían querido que eso sucediera.

Sin embargo, tenía razón.

A Araceli no se la había tragado la tierra.

A Araceli se la habían tragado la policía cómplice de sus femicidas, las internas políticas y las operaciones de prensa.

El hallazgo de su cuerpo destrozado dejó al descubierto todo eso y mucho más.

¿Qué más?

Si esta historia del miedo fuera una serie, la última escena quizá mostraría el zapping por diferentes pantallas de televisión que exhiben en directo el show del terror.

Es la síntesis perfecta de aquello que la antropóloga Rita Segato describe como “la pedagogía de la crueldad”. Un shock de noticias que, una y otra vez, resaltan lo que ya no es noticia, sino prédica: las mujeres estamos en riesgo.

Es cierto: lo estamos.

Es cierto: las hijas tienen miedo de andar solas por las calles, las madres tienen miedo de que sus hijas anden solas por la calle y las que no son madres, también.

¿Es esa la lección que quieren transmitirnos con el Caso Araceli?

Llueve.

La prima de Araceli estudió Ciencias Políticas. La conocí la mañana de aquel peor día en Tribunales y la vi luego organizar la volanteada al día siguiente, hasta que llegó el momento en que tuvo que irse a la escuela de adultos nocturna donde da clases, allá por el final de la ruta 8, me dijo, antes de subirse la capucha de la campera, cruzarse la cartera al pecho y caminar bajo la tormenta esas largas y desoladas cuadras que la llevaban hasta la parada del colectivo. Antes, me pide:

“Poné que Araceli era muy carismática, que te hacía reir, que era muy compañera. Una dulce, muy. Poné que Araceli estaba buscando qué seguir, qué estudiar, qué le gustaba. Poné que era una piba de 22 años común, muy familiera”.

Pongo.

Pongo también la última frase que me dice al despedirse:

“La sociedad sabe lo mal que trabaja la justicia o cómo los medios manipulan la información. Sabe también que los que tienen un rol social no asumen la responsabilidad que tienen. Sabe además que la desventaja siempre la soportamos las de abajo. Estos casos suceden ya todos los días, pero todos los días tenemos soportar que el sistema empiece de cero. Pero nosotras no empezamos de cero. Cada vez estamos más despiertas, cada vez sabemos más qué hacer”.

Cada vez sabemos más qué hacer, pongo y repito.

Pongo, además, esa última imagen que miro alejarse mientras el cielo truena:

Una mujer joven caminando sola por la calle, con miedo.

Llueve.

Hágase la luz

Tres días después de hacer aparecer el cadáver de Araceli, la familia, las amigas, las vecinas, organizan una marcha para exigir justicia. Ya saben a qué se enfrentan. “Esto recién comienza”, dirá el tío para sintetizar lo que ya saben. “Te tiene que pasar algo así para que te des cuenta, pero está todo a la vista. Ahora no pueden taparlo”. Se refiere a la red que protegió hasta ahora a quienes están involucrados en el femicidio de Araceli. Una trama que va desde el narcotráfico territorial, atraviesa a la Bonaerense y llega a la justicia. Señala, indignado, que Darío Badaracco, el femicida de Araceli, tenía una denuncia por abuso y maltrato de los hijitos de su pareja, que fue archivada.

¿Por quién?

Por la fiscal Graciela López Pereyra, la misma que dejó enredar la búsqueda de Araceli.

“Estamos furiosos y le deseamos a esta gente lo peor, pero sabemos que no es el momento para que pensemos claramente cuál es la mejor manera de terminar con esto”.

Las mujeres del barrio, sin embargo, ya aprendieron cómo comenzar a construir el largo camino que tienen por delante. Trazaron el recorrido de esta marcha para que el punto culminante fuera la plaza donde fue vista por última vez Araceli con vida.

Llevaron hasta allí velas y las encendieron. Convirtieron así en santuario ese negro territorio dominado por los transas del barrio.

Es un mensaje.

La luz de las velas enfrentando la oscuridad con que el poder protege a los delincuentes.

Hay más de quinientas personas acompañándolas y muchas vecinas que salen a la puerta de su casa para aplaudirlas a su paso.

Lograron así, con los pies y las velas, que en esta noche estrellada en la que ya no llueve las mujeres tengan menos miedo.

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Femicidios, huérfanxs y desaparecidas desde Jujuy a Tierra del Fuego: los nuevos datos del Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal

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El año ya tuvo 274 días. En ese tiempo se produjeron en Argentina 231 femicidios y travesticidios, 74 desapariciones de mujeres, y 150 menores quedaron huérfanxs. Tales son los datos que surgen del primer padrón autogestivo que existe sobre la violencia patriarcal en el país, elaborado por el Observatorio Lucía Pérez (observatorioluciaperez.org). Se trata una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por la Cooperativa Lavaca. Uno de sus efectos es dimensionar un problema que, salvo en contados casos, permanece oculto tanto en la información estatal como en la que se produce mediáticamente: el contexto y magnitud de los crímenes cotidianos que no aparecen en los discursos oficiales ni en los periodísticos.

En lo que va del año, los datos representan un femicidio cada 28 horas. Pero las víctimas de esta violencia en realidad son 250, ya que se debe sumar a las 19 infancias asesinadas como efecto de estas situaciones.

Y hubo además 185 tentativas de femicidio. En cada caso hay un nombre y una historia que reflejan una violencia que no cede con el correr de los años, con la responsabilidad muchas veces del Estado por la falta de investigación de los casos, por inacción y/o complicidad policial y muchas veces judicial frente a las denuncias y alertas, y por la ausencia de medidas concretas que eviten la continuidad de los crímenes.  Aquí los datos hasta fin de septiembre de 2024.   

Femicidios, huérfanxs y desaparecidas desde Jujuy a Tierra del Fuego: los nuevos datos del Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal

En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 231 femicidios y travesticidios en todo el país. 

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca, que desde 2020 elabora de modo autogestivo una serie de padrones que permiten abordar la dimensión de la violencia femicida en todo el país. En lo que va del año se registraron femicidios en todas las provincias, sin excepción, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. 

Femicidios, huérfanxs y desaparecidas desde Jujuy a Tierra del Fuego: los nuevos datos del Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal

En el caso particular de septiembre, se registraron 28 femicidios y 1 travesticidio (el de Ana Paula Costas, de 43 años, en San Salvador de Jujuy).

Solo en los últimos 7 días del mes fueron 9 los crímenes en ocho provincias distintas del país. Septiembre se convirtió así en uno de los meses más sangrientos de este año, luego del período de verano en el que recurrentemente, año a año, se ve un aumento de la violencia contra las mujeres: enero registró 33 femicidios y febrero 35. 

Femicidios, huérfanxs y desaparecidas desde Jujuy a Tierra del Fuego: los nuevos datos del Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal

Los números no son cifras aisladas: representan la cartografía de la violencia patriarcal y muestran también sus heridas.

Un dato que casi nunca se valora en toda su dimensión: como consecuencia de estos asesinatos, los huérfanos por femicidios a lo largo del año son 150. En algunos casos además, les hijxs presenciaron los crímenes, en otros fueron quienes denunciaron que su mamá no aparecía. Recientemente, por ejemplo, fue lo que le sucedió a la hija mayor de Vilma Acosta en José C. Paz, que fue a la comisaría para denunciar que hacía dos días no sabía nada de su mamá. La policía la encontró sin vida, enterrada en el patio de la casa su pareja Fabián Real. Vilma tenía además otros tres hijxs menores de edad que se han sumado a la impactante nómina de huérfanxs. 

Femicidios, huérfanxs y desaparecidas desde Jujuy a Tierra del Fuego: los nuevos datos del Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal

Otro saldo estremecedor para este 2024 es que ya hubo 19 infancias asesinadas como producto de esas situaciones de violencia femicida, es decir menores de edad que terminaron siendo víctimas también de la violencia.

Y se produjeron, además, 185 tentativas de femicidios.

Para seguir exigiendo justicia, se llevaron a cabo 250 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en todo el país en lo que va del año. En el último mes fueron 23 las movilizaciones. 

Este trabajo de investigación que se comparte libremente en la web comenzó a materializarse en talleres realizados con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información producida por el Observatorio Lucía Pérez es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org

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Ciberacoso a periodistas mujeres: nuevo informe de Periodistas Argentinas

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La facultad de Derecho de la UBA fue la sede de presentación de un informe inédito en el rubro llamado “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura” que contextualiza los ataques a periodistas mujeres vía redes sociales y reclama al Estado y a las empresas de medios medidas urgentes para parar la espiral de violencia. El 80% de las periodistas censadas se ve inhibida de manifestarse en redes y el mismo porcentaje temió o teme por su integridad física. Cómo funciona el trolling, y su objetivo: silenciar. El carácter sistemático, y los casos paradigmáticos. Lo más grave: que sea agitado (si no financiado) desde el Estado.

Por Anabella Arrascaeta. Fotos de Cleo Bouza.

La colectiva Periodistas Argentinas presentó hoy en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA el documento “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, un informe que contextualiza los ataques que soportan actualmente las profesionales, resume casos paradigmáticos y formula pedidos concretos al Estado y a las empresas de medios.

El informe enciende una alerta: “El ciberacoso se ha convertido en una práctica sistemática que afecta gravemente a las mujeres periodistas”, explicitan. Durante la presentación las periodistas Nancy Pazos, Noelia Barral Grigera, Romina Manguel y María O’Donnell dieron cuenta de cómo funciona la industria de los ataques “impulsados por actores institucionales que diseñan campañas en distintas plataformas –aunque con especial intensidad en la red X– para coordinar intimidaciones y descalificaciones con el propósito de silenciar a comunicadoras críticas. “Estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia”, sintetiza la investigación presentada por Periodistas Argentinas. 

Entre quienes acompañaron la presentación se encontraban la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados; la especialista en derecho Marisa Herrera; Carla Gaudensi, Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); y Agustín Lecchi, Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). 

“Se tienen que abrir los ojos: esto es un problema, y tiene consecuencias”, dijo a lavaca la periodista Nancy Pazos, y siguió: “Se puede generar estadísticas, legislación, y hasta protección, no solo del Estado sino de las empresas periodísticas. Hay que abrir los ojos para que las empresas periodísticas se den cuenta que están atentando no contra la libertad de prensa de una periodista sino del conjunto”. 

La periodista Noelia Barral Grigera explicó a lavaca que “la diferencia que encontramos en el último tiempo en el comportamiento de este tipo de cuentas es que ya no son usuarios anónimos aislados, sino que efectivamente son comunidades organizadas, rentadas, que se coordinan para atacar y hostigar a comunicadoras críticas, a personas que tienen influencia en las redes, y que opinan críticamente”. 

El informe, además del diagnóstico, recomendaciones y pedidos concretos para salir de esta grave situación, da cuenta de 16 casos paradigmáticos, entre ellos los de Nancy Pazos, Romina Manguel y María O Donnell, que pusieron su voz en la presentación. 

La periodista Cynthia García, en diálogo con lavaca, hace foco en que “lo que se establece es una trama sistemática” y considera que esa trama “es estatal, entonces el acoso es grave, porque es una violencia en redes sociales en un momento donde tenemos un gobierno que cree que la democracia se legitima en las redes sociales, y un Presidente que retuitea y ejerce esa violencia”. Y agrega: “El informe establece que el objetivo es el silenciamiento, que no es personal, que tiene un sesgo de género, y sobre todo que es sobre periodistas que se expresan política, socialmente en la esfera pública”.  

De lo que hablamos entonces es de un ataque a la libertad de expresión entendida como un pilar de la democracia. 

Trolling para silenciar

El informe da cuenta de que el término troll cambió en los últimos años. “En la actualidad, su uso está industrializado y tiene como finalidad aquello que el periodista mexicano Alberto Escorcia denomina ‘tecnocensura’: no se trata ya de alguien oculto detrás de un falso perfil, sino de un mecanismo financiado para producir desinformación. Este financiamiento puede provenir de grupos de poder o de gobiernos, tal como advierte Reporteros Sin Fronteras (RSF)”, explican y agregan que en los últimos años “la industria del ciberacoso ha tenido, además, un incentivo: las nuevas tecnologías son manipuladas para que los mensajes de odio adquieran mayor magnitud”. 

En ese contexto plantean que “la relación de las campañas de trolling y el periodismo es estratégica porque representa el campo difusor de los temas de actualidad: es blanco de los ataques para forzar la agenda de la conversación social”. La red social que identifican como más agresiva es X -ex twitter- y encuentran como explicación que es la red donde se disputa el control de la conversación política. 

A esto se suma que “en términos generales, la cultura digital tiende a invisibilizar a las mujeres o desplazarlas hacia la periferia. Esto quiere decir que todas aquellas acciones orientadas a reivindicar una posición de mayor centralidad en la sociedad (como las que realiza históricamente el feminismo) han tenido una violenta contestación en Internet”. 

Las mujeres con voz pública se vuelven así especial foco de ataque. El informe de Periodistas Argentinas retoma un material realizado por ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información que luego de estudiar ataques a periodistas señala: 

  1. La visibilidad las expone a la violencia en línea por el solo hecho de ser mujeres con voz pública. 
  2. Hay sesgos de género en los ataques que reciben. 
  3. La violencia sistemática en línea tiene por objeto silenciarlas.

Dice Periodistas Argentinas: “Trolls para dirigir ataques contra algún actor específico, bots para viralizar rápidamente un hashtag, difusión de datos personales o creación de fake news son algunas de las estrategias visibles que se usan en las redes sociales para dañar la reputación de una persona, atemorizarla y desplazarla del debate”. Y señalan las particularidades que encuentran en los casos que analizaron de violencia dirigida hacia mujeres con voz pública: 

  • Son ataques sistemáticos. No se trata de hechos aislados. 
  • Hay ataques reactivos –a un posteo, una cobertura, una nota– y hay otros que se perciben como azarosos, “porque sí”, que pueden llegar en cualquier momento y que las entrevistadas relacionan con el ensañamiento y la intención de correrlas del debate público. 
  • A menudo, se sospecha, y en ocasiones, se comprueba que existe una coordinación.

Esta violencia tiene consecuencias, todas las periodistas entrevistadas para el informe elaborado manifestaron impactos en su participación en la conversación pública. Los datos: 

  • El 80% limitó su participación en las redes: ha omitido opinar o manifestarse sobre determinados temas.
  • El 40% manifestó haberse autocensurado, evitando escribir o hablar sobre un tema de su pertinencia en el medio o ámbito en el que se desempeña.
  • Un tercio cambió de puesto laboral. 
  • Una cuarta parte experimentó despidos o la no renovación de sus contratos. Y la mitad tiene miedo de perderlo. 
  • Un 80% temió o teme por su integridad física.

Otros datos que retoma el informe de Periodistas Argentinas: 

  • El informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”, publicado por Reporteros Sin Fronteras muestra que, entre las principales víctimas de los ataques digitales, se encuentran las periodistas. 
  • Una investigación realizada en el Reino Unido por el think tank Demos, tras estudiar miles de tuits, reveló que las reporteras reciben en promedio tres veces más comentarios inapropiados o insultantes que sus colegas varones. “Mentirosa” y “prostituta” son algunos de los insultos más comunes, también la amenaza de violación. 
  • La amenaza de agresión sexual, también fue detectado como algo recurrente por ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. 
  • Reporteros Sin Fronteras también informa que el trauma sufrido conduce al silencio y reduce el pluralismo de la información.
  • En todos estos informes se identifica un mismo mecanismo: a partir de un mensaje posteado o retuiteado por una persona “real” –generalmente, funcionarios de gobierno o personalidades que forman parte de la red de comunicación y propaganda oficialista– se desata el ataque.

Casos paradigmáticos

Sobre la situación en nuestro país Periodistas Argentinas detalla que “en los últimos meses, se ha observado una escalada significativa de trolling contra mujeres periodistas, pero con una particularidad: las agresiones ya no solo provienen de usuarios no verificados o bots, sino también y principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras”. 

La colectiva relevó y da detalles de 16 casos de periodistas que han sufrido ciberacoso, y encontró características en común:

  • Son comunicadoras que informan, comentan y opinan sobre política y economía. 
  • Generalmente, los ataques no los originan sus opiniones personales sino la información que producen en sus medios y comparten en sus redes sociales. 
  • En la mayoría de los casos que citamos en este informe, el ataque ha sido iniciado o replicado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X, lo cual ha derivado en una campaña de trolling muy agresiva en el día del posteo, que se mantiene a lo largo del tiempo con menor intensidad.
  • En muchos de los casos, el ataque ha afectado también la relación periodística de estas profesionales con funcionarios y fuentes oficiales.
  • La violencia escala tanto y tan rápido que deciden alejarse de las redes o no responder. 
  • Algunas decidieron usar sus redes sociales de manera unidireccional, solo para informar a su comunidad, pero sin mantener interacciones.
  • No creen que sea personal, aunque sí disciplinador.
  • Coinciden en que hay un impacto sobre la libertad de expresión.

Los casos paradigmáticos que detallan son los de Luciana Peker, periodista y escritora feminista;  Ivy Cángaro, periodista de investigación; Paula Moreno Román, presidenta de Fopea; Marina Abiuso, exeditora de género de TN; Nancy Pazos, presidenta de Periodistas Argentinas; María O´Donnell, conductora de radio y televisión; Romina Manguel,  conductora de radio y televisión; Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación; Silvia Mercado, periodista del diario El Cronista; Sofía Diamante, periodista del diario La Nación y columnista del canal LN+; Jesica Bossi, periodista de TN; Ángela Lerena, periodista especializada en deportes; Cecilia Boufflet, periodista de TN y Radio Mitre; Julia Mengolini, periodista y fundadora de FutuRöck; Mónica Gutiérrez, periodista, conductora de radio y televisión; y Delfina Celichini, periodista del diario La Nación. 

Los pedidos

Como conclusión del informe desde Periodistas Argentinas solicitan:

-Al Estado:

  • Refuerce el marco legal para que restrinja el acoso en línea a periodistas y que la legislación se aplique estrictamente.
  • Imponga obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots que amplifican los ataques para que respeten los principios de la libertad de expresión y de información, sin que esto implique controlar los contenidos ni censurarlos.
  • Instaure dispositivos de resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso (indemnización financiera, ayuda médica y psicológica, etc).
  • Prohíba financiar este tipo de agresiones para intentar influir en la opinión pública o para atacar a personas en línea; en otras palabras, que no se permita ni al Estado ni a los partidos políticos pagar ejércitos de robots para manipular a los usuarios ni para acosar a periodistas.

-A las empresas de medios:

  • Asuman la amenaza de ciberacoso y la prevengan. Los medios de comunicación deben capacitar, tanto a los periodistas como al resto de sus empleados, para que enfrenten este tipo de amenazas, y crear dispositivos de urgencia internos para garantizar que los y las periodistas víctimas de acoso cuenten con apoyo y protección. No deben tomarlo como un ataque personal que debe enfrentar la o el periodista en forma individual, sino como un daño a la libertad de expresión, al periodismo y a los medios y, por tanto, asumir la responsabilidad de contener, responder, litigar si fuera el caso, capacitar y prevenir.
  • Aborden el tema del acoso en línea que sufren las y los periodistas: que realicen más reportajes e investigaciones que informen y sensibilicen a la población en general, al gremio periodístico y a las autoridades, sobre este desafío que aún no se reconoce como un ataque a la libertad de expresión ni como un serio riesgo del ejercicio de la profesión.

-A su vez dan recomendaciones de cómo responder a un ataque: 

  • El primer paso es guardar pruebas: hacer capturas o fotos de pantalla con las muestras del acoso.
  • Reporteros Sin Fronteras aconseja denunciar los contenidos en las plataformas y bloquear las cuentas que participan del ataque; hacerlo todas las veces que se requiera.
  • La guía Acoso y violencia digital. Herramientas de acción para periodistas –una iniciativa de UNICEF, UNFPA, PNUD y ONU Mujeres–, advierte que al denunciar ante la red social ”el cierre de la cuenta puede interpretarse como la pérdida de evidencia”, por eso “el primer paso es ubicar las pruebas y preservarlas (por ejemplo, hacer capturas de pantalla de los mensajes recibidos)”. Recomienda también diseñar un plan de acción, que incluya el resguardo de la seguridad, realizar la denuncia judicial y poner en conocimiento a organismos de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión.
  • Informar del ataque a jefes, compañeras/os de trabajo y organizaciones periodísticas y  sindicales. 
  • Recurrir a la solidaridad periodística. Colegas que han sido víctimas de acoso en redes pueden emprender una contraofensiva manifestando su apoyo a través de sus redes. 
  • Dice la guía Acoso y violencia digital: “Muchas veces se considera que responder a un ataque es transformarlo en una noticia, un hecho que se agranda al darle entidad. Las soluciones no son universales, pero frente a las estrategias de desinformación es importante considerar el alcance de no tomar acciones para aclarar los hechos que generan el hostigamiento y la violencia. El periodismo tiene un compromiso con la verdad y corresponde también frenar y rectificar las fake news (noticias falsas). Dar cuenta del hostigamiento desde el propio medio es una forma de respaldar a las periodistas agredidas”.
  • Por lo general, los ataques son violentos, pero de duración limitada. Desconectarse algunas horas si se considera necesario. 
Ciberacoso a periodistas mujeres: nuevo informe de Periodistas Argentinas
Integrantes de Periodistas Argentinas después de la presentación.
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#NiUnaMás

Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández

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El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro condenó a Juan Carlos Corvalán como autor del asesinato de Nancy Fernández, perteneciente a la comunidad qom del Tigre. El hecho ocurrió hace diez años. Nancy reclamaba por el crimen de su hija Micaela, que aún sigue impune. Por Anabella Arrascaeta.

Hubo un gesto de justicia, diez años después. El Tribunal Oral de San Isidro anunció la condena de Juan Carlos Corvalán por el crimen de Nancy Fernández. El 1°de octubre se conocerá la resolución final, el tiempo de la condena, y los fundamentos. El fallo fue unánime, y los magistrados señalaron que para tomar la decisión tuvieron en cuenta la perspectiva de género y el derecho internacional. En la calle estaba Lisette, la hija de Nancy, quien agradeció el apoyo con el que contó y anunció que continuará la lucha por esclarecer el crimen de su hermana Micaela. 

Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández

Nancy y su hija Micaela. La madre comenzó su lucha buscando esclarecer la verdad sobre el crimen de la niña de 14 años (caratulado como suicidio), y también fue asesinada.

Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada. Ambas eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.

Pese a esta condena, el crimen de Micaela sigue impune porque fue caratulado como suicidio. Esta historia, se teje entonces entre muertes e impunidades. Y el entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.


Los crímenes

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.

El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.

Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada.

El reclamo de justicia

Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.

La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estuvo presente en los Tribunales acompañando a Lisette.

“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.

Esa red garantizó por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organizó que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.

La condena marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.

“Es gracias al apoyo que ustedes me dan que yo puedo seguir de pie, la lucha sigue; hoy se hizo justicia por mi madre pero todavía falta justicia por mi hermana”, dijo Lisette en la puerta de los Tribunales tras conocerse la sentencia de Nancy, que tal vez sea apenas el primer paso para desentrañar el fondo de esta historia.

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