#NiUnaMás
Vencer al miedo
La trama que nos hizo ver el Caso Araceli. La impunidad que quedó al descubierto con el hallazgo del cuerpo de Araceli Fulles expone qué hay detrás de estos femicidios. El barrio exige ahora “que la policía deje de amparar a los delincuentes” en un territorio donde el huevo de la serpiente del narcomachismo pudo romperse por la acción de una familia y sus vecinas. Por Claudia Acuña y Anabella Arrascaeta.
Llueve.
En estos bordes del conurbano eso significa que a la tristeza de las persianas bajas de los negocios quebrados, las siluetas fantasmales de las fábricas bombardeadas por sucesivas décadas de recesión y los baches que surcan las avenidas transitadas por autos destartalados, se suma una humedad helada, penetrante.
Si todo lo que acá duele fuera una serie, estarías viendo los escenarios de la primera temporada de The Killing.
En estos tiempos tremendos, las series tiene la virtud de ordenar en secuencias la violencia. Por eso lo primero que te muestra The Killing es lo que importa: el miedo que le hacen sentir a una mujer transitando los bordes de la ciudad, sola.
Ese miedo es el protagonista de esta historia.
La heroína principal es Araceli Fulles, esa joven de 22 años que todos conocimos por su final, transmitido por todos los medios en directo. Culminaba así la gran lección que nos dejó Araceli: cómo funciona la máquina de la violencia.
Analizarla hoy es una tarea, un aprendizaje y una deuda.
La que tenemos con ella, con su familia y con todas las mujeres.
La injusticia
Llueve.
La ropa y los pies de todas las mujeres están empapados y las lágrimas se mezclan con las gotas densas de la tormenta. Son rostros desfigurados por el dolor, con ojeras de insomnios y miradas desconfiadas.
Están alertas y cansadas y despeinadas.
Siete mujeres están sentadas al lado de una estatua que reproduce en bronce a San Martín, al que por algún motivo -a simple vista inexplicable- le han cruzado cintas de peligro y colocado delante un cartel que anuncia “Informes”. Es lo primero que se ve cuando se ingresa a los tribunales de San Martín, en cuyo hall las cintas de peligro se multiplican, creando una atmósfera como las de esas escenas del crimen que abundan en las series tipo The Killing.
A unos metros de donde están sentadas las siete mujeres, con el San Martín de bronce que grita peligro a sus espaldas, están paradas otras mujeres que acaban de escuchar la sentencia a perpetua para el femicida de Micaela González. No festejan, pero se las ve aliviadas. La abogada Gabriela Konder resume el caso: le rompió la cabeza con un ladrillo en la puerta de su casa, delante de su hijita de dos años y de su hermano de 11. “Fue un caso relativamente fácil de resolver, por suerte, porque se trató de un femicidio parental en la vía pública, no tuvimos que depender de la investigación policial ni judicial para esclarecerlo”.
Pregunto a la abogada qué fue lo que más le impactó del juicio: “Escuchar a los testigos, que describían a la pareja como ´normal´, pero después detallaban que él la agarraba de los pelos o que la denigraba delante de la familia. Esa naturalización de la violencia me impactó”. Se queda unos segundos en silencio y agrega: “Y también cómo se construye el no ver, no escuchar, no meterse. Aquel día, al comenzar a discutir la pareja, los vecinos se dieron vuelta. Literalmente le dieron la espalda. Pero cuando les preguntás por qué, no dicen que es para no meterse, sino porque no quieren ser parte de lo que viene después. ¿Entendés? No confían en la justicia. Y cuando no hay justicia, no hay testigos. Es una cadena”.
En la puerta y bajo la lluvia hay más mujeres con niños en brazos, mojándose. Son integrantes del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), el movimiento que acompañó la denuncia del femicidio de Micaela González en el barrio y en tribunales. Están ahí, bajo ese cielo inclemente, que consideran un castigo menor al lado del peligro de impunidad que podían consagrar los jueces si no acompañaban hoy a la familia de una mujer asesinada.
Mientras, el grupo de siete mujeres sigue sentado.
La que me habla ahora es otra mujer, quejándose porque le entregaron un botón antipánico como única protección para evitar las palizas de su pareja. Protesta porque ella trabaja limpiando casas en Capital y el botón deja de funcionar apenas cruza la General Paz. Le acaban de explicar que así funciona: es decir, no tiene el alcance que ella necesita.
¿Y?
Me repite: “Y nada. Así funciona”.
Llueve.
Cuando todas estas mujeres llegaron a estos tribunales eran las 7 de la mañana y había frío, pero no lluvia, así que ahora -que ya es mediodía y la tormenta golpea-, no hay paraguas ni impermeables, sino calzas y buzos de algodón empapados.
Si la historia de este miedo fuera el argumento de una serie, quizá arrancaría con lo sucede después: las siete mujeres empapadas se ponen de pie, frente MU, el único medio que respondió a la convocatoria de su conferencia de prensa. Ante ese solo grabador, la prima de Araceli lee un comunicado solemne. Intentan así desmentir la cantidad desconcertante de falsas noticias que estuvieron circulando esa semana.
Es una conferencia de prensa que le habla a una prensa ausente.
Una vez terminada la lectura del comunicado, la joven prima de Araceli anuncia:
-Ahora pueden hacer preguntas.
¿Qué hipótesis evalúan cuando ya se cumplen 27 días de la desaparición de Araceli?
Nosotras no hacemos hipótesis. Eso es algo que solo hace gente que está sentada en un escritorio y tiene tiempo para perder. Nosotras, desde el primer día, hacemos lo mismo: organizarnos para buscarla.
Así comenzó el peor día del Caso Araceli.
La tierra que traga
Araceli desapareció en San Martín en la madrugada del 1° de abril y durante 27 días su destino fue ocultado por todos: la policía, la justicia y la prensa. Es la trilogía de la impunidad, pero también la santísima tríada que consagra qué, dónde y cuándo vemos lo que vemos.
En la casa de la mamá de Araceli hay una enorme pantalla de televisión que ahora mismo muestra la cara de Jorge Rial con un zócalo que informa sobre el último escándalo mediático. “Le levanté la mano después de que ella me pateó la cara”, dice el zócalo.
La tele está sin sonido, las paredes sin revoque y en la cocina, que también es comedor, hay media docena de hombres que esperan las novedades que traen las mujeres de Tribunales. “Nada”, resume la mamá de Araceli.
Luego uno de sus tres hermanos pone la pava para el mate.
Otro de los hombres se me acerca con una carpeta donde está guardada la denuncia que hicieron en la comisaría por la desaparición de Araceli, aquel día que le mandó el mensaje a su mamá (“andá poniendo la pava que ya voy para allá)” y nunca llegó. Estaba a una cuadra y media, me aclara.
Le pregunto quién es y me responde: “De la Brigada. Estoy viviendo con ellos, compartiendo las 24 horas. Mi trabajo es de contención”, detalla.
Sospecho qué contiene.
En esa cocina comedor está el único y verdadero centro de operaciones de la búsqueda de Araceli.
Ahora mismo están alterados por un llamado que recibieron alertando sobre un posible dato. El hermano mayor de Araceli es el encargado de hacer con ese dato lo que la familia hizo desde el primer día: llevar las pistas recibidas al juzgado y al Comando de Patrullas Comunitarias (CPC), que depende de la municipalidad de San Martín.
Ubiquémonos en ese territorio.
San Martín es el municipio del conurbano en el que viven casi 500 mil personas, 100 mil en asentamientos pobres: hay más de 30, todos sometidos en las últimas décadas al maltrato social y económico, hasta convertirlos en escenarios de las más diversas transas delictivas. Desde el primer día que asumió el gobierno de Mauricio Macri se retiraron de todos esos barrios las fuerzas nacionales –básicamente, Gendarmería- dejando la llamada “seguridad” a cargo de las fuerzas municipales y provinciales, en esta proporción:
La fuerza policial municipal, llamada Protección Ciudadana, que tiene 200 integrantes, 80 patrulleros y 875 cámaras de seguridad, que se monitorean desde el CPC.
La Bonaerense, que depende del gobierno provincial, tiene 800 integrantes, y 40 patrulleros, de los cuales funcionan 33.
Durante 27 días ninguna de estas fuerzas y herramientas aportó nada sobre el paradero de Araceli.
Tuvieron que correr, sí, detrás de cada pista que llegaba al 911 o el celular que difundió la familia para encontrarla. Y en este peor día volvieron a correr, empujados por esa llamada que había aportado algo diferente: el dato que la familia estaba esperando.
La red de impunidad
“Estamos rodeados de amarillo”, sintetiza un funcionario municipal para describir la situación política del municipio de San Martín. Para explicar lo que esto significa pone un ejemplo: “La única obra del gobierno nacional anunciada para esta zona es el Metrobus y nos saltea. Viene de la Capital, pero se retoma recién en Tres de Febrero, que es de ellos”. Ellos son el gobierno de Cambiemos, que sortea la obra pública según un reparto colorido: deja en blanco a los municipios opositores.
¿El color político afectó el destino de la búsqueda de Araceli?
¿Es esta interna política el motivo por el cual el gobierno nacional no activó la difusión en los medios de la foto de Araceli ni envió los equipos suficientes y necesarios para encontrarla?
La respuesta del funcionario es otro dato: “El intendente (Gabriel Katopodis) se dio cuenta de que los rastrillajes se hacían sin perros y se tuvo que encargar de conseguirlos. Averiguó que los Bomberos Voluntarios de Punta Alta tenían perros entrenados; los contactó y nos prestaron dos”.
Uno fue el que marcó la casa donde encontraron el cuerpo destrozado de Araceli.
El dato que llegó aquel peor día fue concreto: dónde habían visto a Araceli por última vez.
En una plaza.
Y con qué personas: los hombres que ahora están detenidos.
Ahora ya conocemos varios nombres y quedó expuesta la red que mató e hizo desaparecer a Araceli –diez hombres, tres son policías de la seccional en la que la familia presentó la denuncia de desaparición y de la cual dependía la búsqueda- pero aquel día ese dato confirmó lo que la familia sospechaba desde el primer día: en su desaparición estaban involucrados conocidos del barrio que contaban con un sistema de impunidad territorial, protegidos por la Policía Bonaerense.
Habían logrado, al fin, superar el principal obstáculo.
La no fiscal
La oficina de la fiscal Graciela López Pereyra tiene en su puerta pegado un cartel que proclama: “No estás sola: podemos ayudarte”. Promociona así al Sistema Integral Contra la Violencia de Género. La fiscal no atiende a la prensa. Atiende, sí, a esa policía que le fue marcando el ritmo de la investigación judicial. Así, ninguna de las hipótesis que argumentó la fiscal para definir los esfuerzos de la investigación tuvo asidero. La primera fue la droga, que la llevó a no hacer nada durante los primeros diez días. La segunda, llegó con la conmoción por el femicidio de Micaela García: la de la trata. La tercera fue investigar a la familia. Se activó justo después de que los hermanos de Araceli declararan públicamente: “La policía no quiere encontrarla. Ya saben quién la tiene”.
Todas estas hipótesis de investigación fueron plantadas en la causa por la policía y tuvieron su correspondiente difusión en la prensa.
Los medios presentaron a Araceli primero como una consumidora de drogas duras, a pesar de que nadie que haya visto cómo afecta a los cuerpos la adicción al paco pudiera asociarlo a la imagen de Araceli.
Luego, agitaron el fantasma de la trata, que recorre las tinieblas de la explotación sexual en un país en el que el comercio de cuerpos es cada vez más intenso, abusivo y alentado por factores sociales tan diversos como la destrucción de la autoestima, la falta de horizontes vitales y productivos de las mujeres. El mercado de la explotación sexual hoy no necesita secuestrar esas vidas que ya están presas de sus destinos sociales. Necesita, sí, mantenerlas atadas, con violencia y abusos, a esos miserables destinos. Y para lograrlo cuenta con cómplices privilegiados.
Eso que llaman “trata” es la policía, la justicia y los medios que se alimentan de prostituir mujeres.
Es la misma máquina abusadora que hizo funcionar la no-búsqueda de Araceli.
Lobo suelto
Cada uno de los días sin Araceli, la familia y sus amigas hicieron funcionar otra máquina, la única capaz de conjurar la impunidad de ese poder. Con los pies y las manos, volantearon cada cuadra del barrio, miraron a los ojos a cada vecino y recorrieron cada casa, desde las mejores hasta las más precarias.
Aquel peor día estaban repartiendo esos volantes cuando llegó la noticia de que habían encontrado el dato que buscaban. En el grupo hay mujeres jóvenes que ya son madres de varios hijos. Su preocupación principal es una siniestra: tienen miedo de que se los roben. Es una preocupación que repite cada una, como si fuera una verdad y no una pesadilla. Lo dicen con convicción y cuentan hasta cómo se organizan para evitar lo peor: hacen cadenas para que siempre haya un adulto acompañando a los hijos a la entrada o salida de la escuela y no los dejan jugar nunca en la calle.
¿De dónde sale ese miedo?
Busco y encuentro.
Hace diez años, en San Martín desapareció Milagros, una nena de 5 años. Nunca apareció. El único sospechoso detenido, quedó libre. La fiscal fue Graciela López Pereyra, la misma del caso Araceli.
En los bordes del conurbano los fantasmas que dan miedo son alertas que hay que tomar siempre en serio. Son memoria de impunidad que advierten: peligro, lobo suelto.
Quizás ahora que el femicida de Araceli logró ser atrapado -por una mujer paraguaya y embarazada, de quien se rió Gendarmería cuando los alertó de la presencia del asesino en el barrio- al fin dejen de acecharnos los fantasmas que reproducen cuentos sobre chicas que estuvieron a punto de ser secuestradas.
Quizás.
Pedagogía de la crueldad
Aquel peor día pasó lo que todos ya sabemos. El cuerpo destrozado de Araceli fue encontrado por un perro que siguió el rastro de su perfume desde la plaza hasta la casa donde estaba enterrada. Su madre me había dicho: “A mi hija no se la tragó la tierra”, pero de la manera más perversa habían querido que eso sucediera.
Sin embargo, tenía razón.
A Araceli no se la había tragado la tierra.
A Araceli se la habían tragado la policía cómplice de sus femicidas, las internas políticas y las operaciones de prensa.
El hallazgo de su cuerpo destrozado dejó al descubierto todo eso y mucho más.
¿Qué más?
Si esta historia del miedo fuera una serie, la última escena quizá mostraría el zapping por diferentes pantallas de televisión que exhiben en directo el show del terror.
Es la síntesis perfecta de aquello que la antropóloga Rita Segato describe como “la pedagogía de la crueldad”. Un shock de noticias que, una y otra vez, resaltan lo que ya no es noticia, sino prédica: las mujeres estamos en riesgo.
Es cierto: lo estamos.
Es cierto: las hijas tienen miedo de andar solas por las calles, las madres tienen miedo de que sus hijas anden solas por la calle y las que no son madres, también.
¿Es esa la lección que quieren transmitirnos con el Caso Araceli?
Llueve.
La prima de Araceli estudió Ciencias Políticas. La conocí la mañana de aquel peor día en Tribunales y la vi luego organizar la volanteada al día siguiente, hasta que llegó el momento en que tuvo que irse a la escuela de adultos nocturna donde da clases, allá por el final de la ruta 8, me dijo, antes de subirse la capucha de la campera, cruzarse la cartera al pecho y caminar bajo la tormenta esas largas y desoladas cuadras que la llevaban hasta la parada del colectivo. Antes, me pide:
“Poné que Araceli era muy carismática, que te hacía reir, que era muy compañera. Una dulce, muy. Poné que Araceli estaba buscando qué seguir, qué estudiar, qué le gustaba. Poné que era una piba de 22 años común, muy familiera”.
Pongo.
Pongo también la última frase que me dice al despedirse:
“La sociedad sabe lo mal que trabaja la justicia o cómo los medios manipulan la información. Sabe también que los que tienen un rol social no asumen la responsabilidad que tienen. Sabe además que la desventaja siempre la soportamos las de abajo. Estos casos suceden ya todos los días, pero todos los días tenemos soportar que el sistema empiece de cero. Pero nosotras no empezamos de cero. Cada vez estamos más despiertas, cada vez sabemos más qué hacer”.
Cada vez sabemos más qué hacer, pongo y repito.
Pongo, además, esa última imagen que miro alejarse mientras el cielo truena:
Una mujer joven caminando sola por la calle, con miedo.
Llueve.
Hágase la luz
Tres días después de hacer aparecer el cadáver de Araceli, la familia, las amigas, las vecinas, organizan una marcha para exigir justicia. Ya saben a qué se enfrentan. “Esto recién comienza”, dirá el tío para sintetizar lo que ya saben. “Te tiene que pasar algo así para que te des cuenta, pero está todo a la vista. Ahora no pueden taparlo”. Se refiere a la red que protegió hasta ahora a quienes están involucrados en el femicidio de Araceli. Una trama que va desde el narcotráfico territorial, atraviesa a la Bonaerense y llega a la justicia. Señala, indignado, que Darío Badaracco, el femicida de Araceli, tenía una denuncia por abuso y maltrato de los hijitos de su pareja, que fue archivada.
¿Por quién?
Por la fiscal Graciela López Pereyra, la misma que dejó enredar la búsqueda de Araceli.
“Estamos furiosos y le deseamos a esta gente lo peor, pero sabemos que no es el momento para que pensemos claramente cuál es la mejor manera de terminar con esto”.
Las mujeres del barrio, sin embargo, ya aprendieron cómo comenzar a construir el largo camino que tienen por delante. Trazaron el recorrido de esta marcha para que el punto culminante fuera la plaza donde fue vista por última vez Araceli con vida.
Llevaron hasta allí velas y las encendieron. Convirtieron así en santuario ese negro territorio dominado por los transas del barrio.
Es un mensaje.
La luz de las velas enfrentando la oscuridad con que el poder protege a los delincuentes.
Hay más de quinientas personas acompañándolas y muchas vecinas que salen a la puerta de su casa para aplaudirlas a su paso.
Lograron así, con los pies y las velas, que en esta noche estrellada en la que ya no llueve las mujeres tengan menos miedo.
#NiUnaMás
El Estado responsable: femicidios y fuerzas de seguridad
El expolicía Miguel Ángel Mazo, femicida de Florencia Albornoz (foto principal), saldrá hoy en libertad después de una condena de solo 15 años; un caso que llegó a instancias internacionales y volvió a dejar al descubierto la peor de las violencias: la ejercida por el propio Estado. A pocos días de iniciado el año ya hay 13 víctimas de femicidios y en tres están involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad. El compromiso que el Estado argentino no cumple: capacitar, prevenir y reparar.
Por Evangelina Bucari
Durante la madrugada del 17 de enero de 2010, Miguel Ángel Mazo, policía de la provincia de Buenos Aires, asesinó con su arma reglamentaria a Florencia Albornoz, de 21 años, y a un amigo de ella, Ernesto Escudero. El caso fue catalogado como doble homicidio agravado por el vínculo, ya que en ese momento no estaba vigente la figura del femicidio. En 2012, Mazo fue condenado a solo 15 años de prisión. Hoy quedará en libertad.
Florencia y su femicida tenían una hija y, además, ella tenía un hijo de una pareja anterior. Durante toda la relación y aun cuando terminó, Mazo la sometió a hechos de violencia. Ella realizó la denuncia, pero no se dictó ninguna medida de protección. Y cuando las agresiones escalaron, fue la Comisaría de Quilmes, sección primera –en la cual el agresor prestaba servicios– la encargada de custodiar su integridad. Algo que no sucedió: finalmente, Mazo ingresó a la casa donde estaba Florencia con Ernesto Escudero y los asesinó.
A la impunidad y al dolor que siente la familia Albornoz porque el asesino de Florencia caminará libre por las calles de la zona sur del conurbano bonaerense, se suma otro incumplimiento por parte del Estado. Ocurre que en 2023, tras un reclamo presentado ante la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), habían lograron una serie de medidas de reparación y de no repetición, con la firma de un acuerdo de solución amistosa del cual las autoridades nacionales, las de entonces y las de ahora, nunca se hicieron cargo. “El Estado argentino reconoció su responsabilidad por no haber podido resguardar a Florencia ni prevenir su femicidio. Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo es tierra de nadie”, denunció Christian Berndt Castiglione, fundador de Justicia y Reparación, uno de los abogados que brindó asistencia jurídica para llevar adelante el reclamo del caso en la Cedaw.
¿Qué pasa cuando los agresores son parte de las fuerzas de seguridad y la violencia patriarcal se combina con la portación de un arma y la balanza desequilibrada del acceso a la justicia? De los 13 femicidios registrados en los primeros 15 días de 2025, tres fueron cometidos por y/o están acusados parejas o exparejas que eran policías, al igual que las mujeres asesinadas:
Guadalupe Mena, el 1º de enero; Yanina Noemí Zárate, el 5 de enero; y María Soledad Poblete, el 9 de enero. Al menos en uno de los casos existían denuncias previas o había medidas judiciales en curso, como pasó en 2010 con Florencia y, más recientemente, en 2021, con Úrsula Bahillo, asesinada a puñaladas luego de que un juez desestimara las múltiples denuncias contra Matías Martínez, su expareja, quien pertenecía a la Bonaerense.
A la misma fuerza pertenece el oficial Fabián Vázquez, detenido y acusado por el femicidio de Guadalupe Anahí Mena, de 19 años, quien recibió un disparo mortal en el parietal derecho. Vázquez dijo que mantenían un noviazgo con Guadalupe, que también pertenecía a la fuerza provincial, y que el arma reglamentaria se disparó cuando intentó evitar una broma de la joven.
La agente María Soledad Poblete, de 28 años, era mamá de dos niños. La encontraron asesinada en Bariloche, Río Negro. Tenía un tiro en el abdomen. Los vecinos aseguraron haber escuchado una discusión y detonaciones. Detuvieron a un policía y la investigación es por femicidio.
Yanina Noemí Zárate, de 38 años, era sargento de la Bonaerense y fue asesinada por su expareja, Gustavo Alejandro Juárez, también efectivo de esa fuerza, que luego de matarla se suicidó en su casa de Villa Gesell y ante la presencia de las dos hijas que compartían. Yanina lo había denunciado por violencia y el hombre tenía restricción de acercamiento. La causa está caratulada como “femicidio seguido de suicidio”.
Yanina Noemí Zárate, sargento de la Bonaerense asesinada por su expareja.
No son cifras
En 2024, el Observatorio Lucía Pérez registró 317 femicidios, 14 de los cuales tuvieron como autores a integrantes de la policía, las fuerzas federales o las fuerzas armadas, un número que se mantiene estable hace varios años. Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Corte Suprema de la Nación, los agentes federales y provinciales acusados de femicidios fueron:
14 en 2023,
15 en 2022,
23 en 2021,
7 en 2020,
16 en 2019,
18 en 2018,
12 en 2017. Un dato a destacar de ese año es que todos utilizaron su pistola reglamentaria para cometer los asesinatos.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
De acuerdo al informe “Uso de armas de fuego y participación de fuerzas de seguridad en femicidio (2017-2022)”, en ese período de cinco años hubo 70 víctimas directas de femicidio atacadas con armas de fuego por parte de 68 sujetos pertenecientes a las fuerzas de seguridad:
55 utilizaron su arma reglamentaria,
Dos emplearon armas de fuego autorizadas (no reglamentarias),
En un caso el arma no estaba autorizada
En los 12 restantes no hubo datos de autorización.
No repetición, no cumplimiento
En julio de 2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina –desmantelado por Javier Milei– acompañó el acto institucional de firma del acuerdo de solución amistosa ante la Cedaw en los casos de Florencia Albornoz y Analía Margarita Aros Soto, quien fue asesinada en 2017 y donde también se demostró la impericia estatal al demorar la solicitud de restricción. “El Estado argentino se comprometió a una reparación para ambas familias, pero ya pasó más de un año y todavía no cumplió con su parte del convenio”, explicó Berndt Castiglione. “El Estado brilla por su indiferencia: es brutal. No responden. Solo existió el pedido de disculpas en ese momento. Pero tanto en el gobierno anterior como en el actual hay una conducta de Estado sistemática, que revictimiza a las familias y eso es terrible”, enfatizó el abogado.
Berndt Castiglione detalló que entre los obligaciones asumidas se encuentran la asistencia psicológica a los familiares de las víctimas, el compromiso de llevar adelante políticas públicas que promuevan la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia por motivos de género; y la inclusión de los casos en diversas instancias de capacitación de las fuerzas de seguridad. “Se logró algo histórico, que era el compromiso de capacitar a 20 mil efectivos policiales sobre el tratamiento y sensibilización a la hora de tomar este tipo de denuncias”, explicó Berndt Castiglione.
“Estamos a la espera de que nos respondan –detalló fundador de Justicia y Reparación–. Desde hace más de un año pedimos reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia, la Secretaria de Derechos Humanos y la Cancillería para que el Estado les explique a ambas familias en qué instancia estamos y cómo viene el cumplimiento de todo lo que ofrecieron”. Además, se trata de “familias humildes que necesitan con urgencia esa reparación”.
Otros incumplimientos
En 2019, la Cedaw ya había intervenido en un caso contra el Estado argentino, que asumió su responsabilidad por no haber protegido a Olga del Rosario Díaz, por el intento de femicidio por parte de su expareja, el policía Luis Rolando Palavecino, luego de más de 15 años de desidia judicial por la violencia de género de la que era víctima y pasar 45 días en terapia intensiva. La denuncia ante Naciones Unidas contó con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación.
Las autoridades argentinas se comprometieron en un acuerdo de solución amistosa a tomar “acciones destinadas a mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia”. También, a realizar capacitaciones a las fuerzas de seguridad, incorporar en el plan de estudios de los cadetes y en todos los cursos exigidos al personal policial materias que traten la temática de género; y a realizar un registro público de denuncias realizadas contra jueces y juezas por casos de estos tipos de violencia. Como respuesta a ese compromiso internacional, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por unanimidad crear un registro público, que tiene datos hasta 2023, escasos si se compara con los elaborados por el Observatorio Lucía Pérez.
Para las cientos de familias que perdieron a alguien en manos de un femicida, y para los hijos e hijas que quedaron huérfanos de madre, la noticia de que Miguel Ángel Mazo quede en libertad es un duro golpe. Incuso, ya desde el penal el expolicía se dedicó a hostigar y a amenazar a la familia Albornoz. “Queremos alertar a la sociedad. Tendremos a un asesino libre en las calles”, comunicaron desde Atravesados por el Femicidio, organización de la que son parte. Y pidieron: “Como no tenemos una justicia coherente que dé penas acordes ahora vamos por la condena social para el asesino de Florencia que no se merece la inserción en la sociedad porque no cambio en nada ni se arrepintió nunca”.
Mientras el gobierno nacional asegura que bajaron los casos de femicidios, a la vez que desmantela casi todos los programas y las líneas de atención a víctimas de violencia, e incumple los tratados internacionales que podrían ayudar a la prevención, los familiares y amigos siguen exigiendo justicia y que el Estado se haga responsable y no sea cómplice con su silencio e indiferencia.
#NiUnaMás
No son cifras: femicidios y blablá
¿Qué tienen en común el vocero presidencial Manuel Adorni y la ex ministra de las Mujeres, Eli Gómez Alcorta? Ambos anunciaron que la cantidad de feminicidos habían disminuido. Adorni lo aseguró ayer en su habitual rueda de propaganda oficial. La ex ministra, el 30 de mayo de 2022. Es solo una de las coincidencias. La otra es la más contundente: ni uno ni otro gobierno asumió que todo femicidio es evitable. La tercera coincidencia está relacionada con la sensibilidad social y la responsabilidad política: no son cifras. Son vidas.
La declaración de Adorni tiene, además, un agravante: diciembre es históricamente el mes en el que se comete la mayor cantidad de estos crímenes. Este es particularmente trágico.
- En un solo día –15 de diciembre– sufrimos seis femicidios en seis diferentes provincias argentinas.
- En un solo día –el 20 de diciembre– la violencia femicida asesinó a tres víctimas, dos de ellas criaturas. Una de dos meses en Jujuy, otra de dos años en Santiago del Estero.
Durante este 2024, además, el gobierno decretó la desaparición de una herramienta esencial para la visibilización y el registro al enmudecer a la agencia Telam. Se trata, nada menos, de una fuente de información oficial y nacional que en su agenda, durante los últimos años, le dio centralidad a la cobertura de estos casos. Sin esa fuente informativa los observatorios sostenidos por la sociedad civil –como el nuestro– e incluso por los organismos de control como la Defensoría del Pueblo de Nación, han tenido que realizar un gran esfuerzo para obtener la información necesaria para actualizar sus registros. En nuestro caso, el rol de los medios territoriales ha sido central para compensar esa pérdida, ya que la mayoría de estos crímenes se cometen en localidades alejadas de las capitales provinciales.
La lista de coincidencias es extensa e incluye que ni antes ni ahora el Estado analizó los datos para diseñar lo que desde siempre falta: programas de prevención y contención. Una lectura atenta y responsable de los registros históricos podría establecer, por ejemplo, qué época del año es la más indicada para campañas de prevención y qué localidades son prioritarias para establecer programas pilotos de prevención. Esto implicaría, por supuesto, dedicar recursos económicos y profesionales a sistemas eficaces de recepción de alertas, de acompañamiento a víctimas y de contención de violencias. Implicaría, además, analizar sus resultados concretos, corregir y profundizar políticas y, sobre todo, rendir públicamente no solo los gastos, sino los porqués, los quiénes y las consecuencias negativas y positivas de cada programa. Nada más lejos de la motosierra con la que el actual gobierno arrasó lo poco que la sociedad movilizada y organizada había logrado arrancarle al Estado durante la última década.
Las consecuencias del negacionismo femicida son las que están a la vista, por tremendamente reales y cotidianas.
Los femicidios no se detienen.
El Estado es responsable no es una frase.
Acá podés leer la introducción al Informe 2024 de nuestro Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal.
#NiUnaMás
Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona
Todas las luces del Estadio Diego Armando Maradona se apagaron. Minutos antes del partido de Argentinos Juniors contra Barracas Central, solo se encendió un reflector: el que iluminaba las butacas de la platea Francis Cornejo. Cada una de las butacas con un nombre.
Tamara
Vanesa
Sheila
Abril
Rocio
Elena
Ana
Los nombres en las butacas del estadio de Argentinos Juniors. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Aquí se puede ver la imagen de cómo fue ese momento.
Fue el modo que se utilizó para mostrar los 277 nombres de víctimas de femicidios y travesticidios en lo que va de este año hasta hoy: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
En la oscuridad absoluta la voz del estadio dijo desde todos los parlantes: “Esas butacas vacías, cada una con el nombre de una víctima de femicidio, son un recordatorio doloroso: en lo que va del año 277 mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer. No son solo cifras, son historias, son ausencias”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Y un aplauso conmovedor y sincero inundó todo el estadio.
La acción fue impulsada por Secretaría de Género de Argentinos Juniors junto al Observatorio Lucía Pérez para visibilizar la violencia machista en nuestro país.
Las integrantes de la Secretaría de Géneros de Argentinos Juniors y del Observatorio Lucía Pérez. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“La idea fue dejar un espacio vacío de la tribuna con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año, y mostrar así la falta, que ellas hoy no están pudiendo venir a la cancha. Tomamos el mensaje del Observatorio: no son solo cifras, sino que detrás de cada uno de estos nombres , hay una historia”, dice a lavaca Mariel Alonso en la previa al partido mientras se repartían volantes con la invitación a visitar la web de la Secretaría del club y conocer la acción que se estaba por llevar a cabo.
Las camisetas de los jugadores adaptadas para el evento programado por la Secretaría de Géneros del club. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Las butacas vacías se iluminaron luego de la entrada en calor de los jugadores, que minutos después salieron a la cancha con un parche en la camiseta oficial que dice 25N, en homenaje a este día. Los suplentes salieron al campo con una remera especialmente diseñada para hoy que en la espalda tenía un dibujo que entre mujeres y banderas dejaba ver dos mensajes: “25N” y “Rompamos el silencio”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“Hacer estas acciones en un club es fundamental”, explica Vanina Sánchez, secretaria de Géneros de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. “Los clubes de fútbol no son solamente de fútbol, son también espacios donde las mujeres y los hombres venimos a pasarla bien, a alentar por nuestros colores, y son lugares donde estas batallas hay que darlas. Es súper importante que como institución deportiva podamos dar un mensaje: el de que es importante involucrarnos, defender nuestros derechos, y pedir también justicia por todas las mujeres que ya no están”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. Toda la información está disponible y es de libre acceso con el objetivo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Toda la info se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
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