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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark

La plaza de General Pacheco es un punto de encuentro familiar el fin de semana. Se encuentra en un barrio de casas bajas, en el centro de la localidad tigrense, muy cercana a la entrada a los barrios privados, a dos cuadras del hospital, y a la vuelta de la comisaría. 

Hay juegos con hamacas y toboganes de colores; una calesita y pérgolas de madera pobladas de enredaderas. Algunas mesitas y bancos de cemento pintados de verde gastado sirven de pizarra para quienes tienen algo que decir: “Muerte al sistema” resalta en rojo sobre una de ellas.

La temperatura baja de golpe y el cielo se cubre. El viento empieza a molestar pero las familias siguen tomando mate en el pasto. Un grupo de vecinos se reúne alrededor de un show que se armó en el centro de la plaza; del otro lado, Marisa y Facundo, madre y padre de Luna Ortiz, joven asesinada en 2017 en esa localidad, esperan a más familias. 

Acompañada por dos personas llega Lisette, hija de Nancy Fernández y hermana de Micaela, asesinadas hace casi una década. Dejan el parlante con el micrófono al lado de la mesa, sacan el mate y un paquete de bizcochos. Los saludos y abrazos de encuentro son apretados y duran varios segundos. 

Marisa y Facundo despliegan un folio viejo sobre la mesa donde cargan ocho pancartas con distintas fotos y descripciones. La que primero se ve anuncia: “Viviana Altamirano, desaparecida el 28/04/04 en Generál Pacheco, Tigre”. 

Fany llega con una bolsa de paltas que trajo de su árbol, las reparte y se sienta. Es la madre de Valeria López, desaparecida desde hace dos años. Todavía la busca: por eso, abre su cartera y saca los volantes con la cara de su hija. 

Ahora sí, las tres familias sentadas en la plaza de Pacheco muestran con sus historias una máquina que se repite, un sistema de violencias hacia mujeres y niñas, sin pausa, desde hace décadas. 

Y que, además de la impunidad, tiene un territorio común: la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Una radio abierta para difundir todo lo que no se dice.

Causas partidas

El 2 de junio de 2017 fue la última vez que Marisa Rodriguez vio a su hija, Luna Ortiz, con vida; por eso ahora, sentada en la plaza, acaricia su foto en el cartel que lleva en sus manos. Luna tenía 19 años cuando fue drogada, alcoholizada y violada en varias ocasiones por varios hombres mientras le suministraban drogas. 

Breve racconto: Isaías Villarreal la contactó a través de las redes sociales, y la llevó a su casa, donde la esperaba con dos hombres más; ahí la drogaron, alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. El 3 de junio, fecha que repite cada año la salida masiva a las calles para exigir el fin de la violencia, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa de Villarreal. 

“Desde un principio salimos a la calle”, dice Marisa, su mamá. La reacción fue rápida y motivada por lo que encontraban del otro lado: “Todas negativas, siempre, por parte del Poder Judicial”. Esas negativas iban (y van) desde lo más pequeño como: no darles fotocopias de las causas; hasta lo más estructural: fragmentar la investigación de la muerte de Luna en distintas causas y no en una sola. 

Una de esas causas es la que el fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción Violencia de Género San Isidro, caratuló en 2019 –dos años después del femicidio- como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”. Por ello se condenó a Villarreal a 14 años de prisión y se imputó a Pablo Paz Gutiérrez por abuso sexual seguido de muerte. Dos años después, en marzo de 2021, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata, Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, hicieron lugar al pedido de la defensa y catalogaron el femicidio de Luna como “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente”. Así, este año, Villareal consiguió la excarcelación. “Dejaron en libertad al único asesino”, resume Marisa. 

Además está la causa por abuso, que se abrió durante el juicio: “En esa causa nos cuestionan a nosotros como padres, nos quieren culpar por lo que le pasó a Luna”. Una tercera causa, que investiga una posible vinculación con trata de personas, fue archivada. “Fue la que primero archivaron y nunca nos dejaron como familia ser parte. Nos enteramos porque fuimos a la Fiscalía de Tigre y vimos el adjunto que decía trata de personas, pero no pudimos ver el contenido”. ¿Imaginan por qué? “Complicidad”, contesta Marisa. 

Marisa resume lo común entre las tres causas: “La investigaron más a Luna que a nadie; pusieron fotos intentando demostrar que ella era una ‘ buscona’ que le pasó lo que le pasó porque era atrevida… pasa con todas las causas: responsabilizan a las mujeres. Desde el principio nos costó acceder al expediente; tuvimos que hacer una marcha para que nos lo den porque decían que se cortaba la luz, o que no tenían papel. Así, todo el tiempo”.

Recientemente Marisa y Facundo Ortiz, papá de Luna, se reunieron con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires y de Nación, que se comprometieron a formar “una mesa de trabajo”; iniciativa que deja Marisa con sabor amargo: “Deberían tener injerencia o por lo menos acompañarnos en los procesos. Dan muchas vueltas mientras como familiares andamos con las causas a cuestas”. 

La dimensión de la lucha que las familias dan cada día se evidencia en una de las últimas situaciones que tuvo que soportar la familia de Luna: en la última movilización al tribunal de San Isidro el juez Alejandro Lagos los convocó a hablar. Lagos compone el TOC 7 junto a Gustavo Gaig y María Coelho, tribunal que le otorgó la excarcelación a Villarreal. ¿Qué les dijo? “Que no nos podía ayudar en nada, que ellos no son responsables, que los responsables son los que cambiaron la carátula. Y dijo que no tenía conocimiento de la causa y que sólo adhirió a la decisión. ¿Cómo puede ser?”, se pregunta Marisa. Y remata: “Cuando salimos de ahí el juez Lagos nos hizo una denuncia por amenazas: fue una jugada para intentar hacernos callar”. 

La foto de Valeria López, desaparecida.

La conexión narco

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido. Y otra vez volvieron a negarle el derecho a denunciar, pero no solo eso: horas después fueron a detenerla a su casa y la llevaron a la comisaría, donde fue torturada. El 17 de febrero de 2013 Micaela fue asesinada en la casa de un hombre, Dante Pato Cenizo, en la zona conocido por su relación con el narcotráfico. 

Micaela Fernández tenía 14 años cuando fue asesinada. Ella y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. La investigación de la muerte de Micaela estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio.

Por denunciar las redes de complicidad policial, buscando a los responsables y tratando de conseguir justicia, un año después también torturaron y asesinaron a su madre, Nancy Fernández. Fue el 2 de mayo de 2014. Fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Tenía 36 años. 

La hermana de Micaela, Lisette Fernández, tomó el reclamo de justicia cuando cumplió la mayoría de edad. Tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, 13 cuando asesinaron a su mamá. Con el ceño fruncido detrás de los anteojos sostiene con fuerza sus fotos y cuenta que desde el inicio los procedimientos se hicieron mal, con los policías a quienes denuncia siendo parte. 

Las falsas carátulas con las que las causas son investigadas son otra de las maniobras utilizadas en el entramado de impunidad. A fines de 2020, en una marcha a la Fiscalía de Pacheco para reclamar que se investigue, la familia de Nancy se enteró de que la causa por su femicidio había sido trasladada a la Fiscalía de Munro. 

A pesar del cambio sin aviso de distrito, la causa tampocó avanzó. “Fue difícil llegar hasta acá. Me acuerdo que hasta tuvimos que hacer una movilización para que la fiscal me entregara el expediente de mi mamá”, dice su hija. Acompañarse y movilizar son algunas de las estrategias que junto a otras familias de víctimas sostienen para obtener respuestas. “Nos quieren cansar” repite Lisette: “Pero yo ya no tengo miedo”.

Cuando consiguió el expediente y reactivar la causa de su madre, nueve años después logró también reabrir la causa de su hermana, hasta entonces archivada, que sigue caratulada como suicidio. “Todo fueron trabas”. Y relata que las excusas de la fiscal para no entregar el expediente iban desde “no tengo quien saque fotocopias” hasta “no hay luz”. Al igual que en el caso de Luna Ortiz, la metodología de destrato y violencia se repite. 

Culpar a la víctima

Valeria López salió de su casa un 26 de enero de 2020 y jamás volvió. Iba al cumpleaños de un compañero de trabajo en el lavadero “Bob Esponja”, donde también trabajaba, en la avenida Sobremonte y Gandolfo, en Virreyes. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. Desde ese momento la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué pasó?

La causa se caratuló como “averiguación de paradero” pero su madre, Fany Román, asegura que Valeria no se fue por sus propios medios y que algo le pasó. Sigue exigiendo a la justicia que cambie la carátula a “desaparición forzada”. Cree que su entorno y la pareja que en ese momento tenía están involucrados, pero ni la policía ni la justicia pueden darle alguna respuesta. “Ni una pista, ni una punta tenemos”. El último rastro de Valeria fue captado por una cámara de San Fernando en la madrugada del 27 de enero de 2020 caminando hacia un kiosco con otra mujer. Después de esa imagen, nada más, aun cuando el Municipio se jacta de la cantidad de cámaras de seguridad que tienen: una cada 3.500 habitantes. 

Mientras tanto en la causa se encuentran actas de búsqueda erróneas (ponían mal su nombre) o incompletas, otro dato recurrente en muchos casos que muestran el vicio judicial de entorpecer procesos y reforzar la impunidad. La policía hizo trascender que se la buscaba como “una adicta sin recuperación, sucia y desaliñada”. “A ella la victimizan porque salía por la noche y salía con chicos diferentes”, dice Fanny, que tuvo que organizar una búsqueda por sus propios medios: pidió plata prestada para hacer fotocopias y volantes y salió puerta a puerta. “Sabemos que los vecinos saben algo pero tienen miedo de hablar”.

Durante la pandemia, familiares y amigos de Valeria acompañaron a Fany a la puerta de la Quinta de Olivos a llevarle un pedido al Presidente para que se federalizara la búsqueda. Ese día coincidió con la histórica protesta de la policía bonaerense en la quinta de Olivos por el reclamo salarial. Ahí estaba Juan Villarruel, jefe del Gabinete táctico que en su momento investigaba el caso pero luego fue desplazado. “Él mismo arrancaba los carteles, nos seguía y amenazaba”. Tanto Villarruel como Andrea del Valle Lobo, que era titular de la Comisaría 2ª de San Fernando, primera dependencia en tomar el caso, fueron trasladados. 

La ultima reunión que Fanny tuvo con la policía y su abogada le dijeron que la búsqueda por trata de personas está desvinculada. Se pregunta: “¿Son incompetentes o son cómplices?” y se responde a sí misma: “Las dos cosas”. 

La causa está en la Fiscalía de género de San Isidro y ella también cree que “quieren encajonarla como a todas”. La investigación sigue parada. “Ellos creen que matándonos a todas nos vamos a dejar de mover y no es así: ya no tenemos miedo”.

El sistema

El Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registra 35 femicidios en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, 8 de ellas menores de edad. La más chica, Paloma, tenía un año, hija de Sabrina Cernnamo, también asesinada; y la más grande, Ángela Nuccio, 90 años. 

Si el zoom se amplía hacia los partidos de San Isidro, Vicente López, San Martín, San Fernando y Tigre, el registro histórico arroja 131 femicidios y travesticidios; 24, menores de edad. 

El primer femicidio registrado en zona norte es el de una menor. Era Carolina Aló, y tenía 17 años cuando el 27 de mayo de 1996 fue asesinada en Tigre de 113 puñaladas por quien entonces era su novio: Fabián Tablado. 

En los 90 el femicidio de Carolina Aló se convirtió en un caso emblemático que movilizó y conmovió a toda la sociedad, una joven asesinada atrozmente por su novio. 

Hoy, en ese mismo territorio, las historias de las mujeres asesinadas, violentadas y desaparecidas se tejen en una trama compleja de complicidades territoriales y estatales, mucho más allá del ámbito doméstico. 

¿Qué pasó en estos años? 

La experiencia de estas familias arroja una serie de pistas sobre el rol del Estado, fundamentalmente de la policía y la justicia, en la compleja trama que hoy envuelve estos crímenes.

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Travesticidios: un crimen social

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Este mes el foco está puesto en el padrón de travesticidios, crímenes de odio contra personas travesti, trans y no binarias, que el Observatorio lleva adelante. Este año se registraron ya 8 travesticidios: muertes crueles, violentas y deshumanizantes. “Son muertes que no pueden entenderse sino como encadenadas a vidas de vulneraciones de derechos, estigma y criminalización”, analiza la antropóloga e investigadora Florencia Paz Landeira. Recordamos sus nombres, distinguimos la singularidad de sus crímenes respecto de los femicidios y damos cuenta de las violencias estructurales, cotidianas y persistentes que traman sus experiencias de vida y de muerte, para desarmar también la invisibilización.expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

En lo que va del año ya se registraron ocho travesticidios, cuatro de los cuales tuvieron lugar en agosto, un mes de escalada de la violencia transodiante. Alddana, Giaccobi, Fernanda, Sofía, Pancha, Victoria, Carina y Nicol. Nombres que deberían estar escritos en calles y banderas. Nombres que sintetizan una lucha y una gesta, para rememorar el libro de Lohana Berkins. Nombres que evocan vidas de injusticias y exclusiones y, lo peor, muertes crueles, violentas y deshumanizantes. Y, aun así, nombres que no llegan a la tapa de los diarios ni convocan marchas masivas en la capital del país, nombres que apenas se cuelan en las secciones de policiales disputando dignidad -aun desde la muerte- a un periodismo rancio y discriminador que a diez años de la ley de identidad de género todavía no ha aprendido nada sobre el trato digno.
Travesticidio es la categoría política que desde el activismo se acuñó para nombrar los asesinatos de personas trans y travestis motivados en la discriminación por identidad de género, para distinguir la singularidad de estos crímenes respecto de los femicidios y también para dar cuenta de las violencias estructurales, cotidianas y persistentes que traman sus experiencias de vida y de muerte. Porque son muertes que no pueden entenderse sino como encadenadas a vidas de vulneraciones de derechos, estigma y criminalización.
La singularidad de estas muertes suele también entramparse en sistemáticos mecanismos de invisibilización. Por eso, el Observatorio Lucía Pérez desde su creación se presentó como un padrón de femicidios y travesticidios, exhibiendo los patrones comunes de la violencia patriarcal sin perder de vista la especificidad y la enseñanza de Lohana: las muertes de las personas trans tienen que considerarse travesticidios porque se trata de vidas sin derechos. La categoría de travesticidio entonces procura sintetizar los efectos materiales y simbólicos que se derivan del mero hecho de ser trans o travesti en una sociedad que subordina, patologiza y excluye aquellas identidades que no se corresponden con el sexo asignado al nacer. Como dijo Marlene Wayar a lavaca hace unos años: “las travas estamos condenadas a caminar en el riesgo” y a cada paso, en cada interacción, una pregunta, “¿Me va a matar o no me va a matar?”.

*

En enero de este año, a Alddana Lorens la mataron de un golpe en la cabeza en su propia casa. El sospechoso y detenido -después de estar ocho meses prófugo- es su hermano. La madre de ambos también está acusada por abandono de persona, porque permitió que Alddana estuviera dos días en el piso, sin posibilidad de levantarse sola. Su salud estaba deteriorada porque meses antes había sido atacada por un prostituyente: le tiró el auto encima cuando ella estaba en una esquina. Al hospital llegó gracias a la ayuda de una tía, pero no fue hasta después de su muerte que pidieron intervención policial y judicial para investigar lo que había pasado. ¿Se ve la trama de violencias y abandonos?
En agosto, A Alejandra Ironici la encontraron en su casa con quemaduras en su cuerpo y sobre un charco de sangre. Alejandra era referente del movimiento trans en Santa Fe y había sido la primera en la provincia en obtener el DNI con la rectificación de su nombre y género autopercibido. La autopsia reveló 46 puñaladas que habrían sido perpetradas por su ex pareja, único sospechoso y detenido. ¿Se siente la crueldad?

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Hacer un repaso por los rasgos comunes y salientes de las trayectorias de las personas trans en nuestro país y en la región, supone reconstruir una historia atravesada por la exclusión. Las diversas formas de discriminación, opresión y segregación a las que trans y travestis están expuestas constituyen un cuadro de sinergia de vulnerabilidades. Así, no pueden pensarse los travesticidios sino como el vértice atroz de un entramado de exclusión y vulneración de derechos, que nos habla de una violencia estructural, que se fortalece en la ausencia de políticas públicas que contemplen sus derechos humanos fundamentales y sus necesidades básicas. De allí la necesidad de incorporar estos nombres en una genealogía, en una historia colectiva atravesada por la persecución, marginación y, primordialmente, de privación de derechos. En base a esta discriminación sistemática, se funda una realidad de exclusión: las personas trans no gozan de igualdad de oportunidades y de trato en ningún ámbito de la vida social e institucional; la mayoría de ellas vive en extrema pobreza, privadas de derechos económicos, políticos, sociales y culturales.

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En la marcha producida por el grito Ni Una Menos en 2015, Diana Sacayán participó de la primera salida al espacio público del padrón de femicidios y travesticidios, cuando dejamos las huellas de nuestras manos con pintura roja sobre una tela negra y los nombres y edades de nuestras muertas. Meses después fue asesinada brutalmente en su casa por dos hombres, uno de ellos, Gabriel Marino, pareja ocasional de Diana. Murió apuñalada con ensañamiento. La condena estableció la prisión perpetua para Marino por “homicidio agravado por odio a la identidad de género”, en referencia al inciso 4 del artículo 80 del Código Penal en el que se incluye al odio de género o de orientación sexual, identidad de género o su expresión como agravante de un homicidio. Gracias a la lucha travesti, los fundamentos de la sentencia incorporaron de manera explícita por primera vez la categoría de travesticidio, con el objetivo de evidenciar que la violencia estuvo motivada en el odio por su identidad de género travesti y su activismo y trabajo por la diversidad sexual y los derechos de la población trans.
Sin embargo, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó en 2020 la condena a prisión perpetua de Marino, pero excluyó el agravante de “odio a la identidad de género”. El fiscal Ariel Yapur y la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), presentaron un recurso extraordinario contra el fallo y familiares de Diana solicitarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la apertura a amicus curiae (amigos del tribunal) de la causa sobre el crimen. Para que no se niegue su identidad y su historia de vida. A su vez, demandan por la incorporación de figura del travesticidio y del transfemicidio dentro del Código Penal. La teoría travesti revolucionando el mundo jurídico incluso desde la muerte.
El activismo travesti se ha visto forzado a darle un giro político a tanta muerte y desde el dolor construir sus trincheras de imaginación, de pensamiento y de vida. Marlene recuerda que a Lohana le decían que ella empezaba cada discusión tirando las muertas sobre el escritorio. “Pero es así. Ustedes primero nos mataron”. Es desde esta realidad insoportable y cruenta que el colectivo travesti hoy exige reparación, políticas de resarcimiento que expresen la responsabilidad estatal en el exterminio sistemático de la personas trans, una ley que las saque “del barro que crea la heterosexualidad”.
Diez años de la ley de identidad de género y todavía las vidas trans parecen valer menos. Diez años de discursos y campañas de “Argentina Igualitaria” y todavía las personas trans y travestis tienen una expectativa de vida medieval. Años de conquistas, de luchas y de muertes. Y todavía nos falta Tehuel.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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La ciudad rota: el femicidio de Daiana Abregú

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La joven de 26 años apareció muerta en la celda de la comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde entonces, la policía sostiene que se suicidó con su propia campera, pero la justicia comprobó diferentes falacias en ese relato que llevaron a la detención de cinco efectivos bonaerenses. La investigación para determinar qué pasó con Daiana aún continúa, mientras la familia busca verdad y justicia. Por Facundo Lo Duca.

La foto de Daiana en la plaza principal. Foto: Mauro Arias
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La última Mu: Yo princesa

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