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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano
Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark

La plaza de General Pacheco es un punto de encuentro familiar el fin de semana. Se encuentra en un barrio de casas bajas, en el centro de la localidad tigrense, muy cercana a la entrada a los barrios privados, a dos cuadras del hospital, y a la vuelta de la comisaría. 

Hay juegos con hamacas y toboganes de colores; una calesita y pérgolas de madera pobladas de enredaderas. Algunas mesitas y bancos de cemento pintados de verde gastado sirven de pizarra para quienes tienen algo que decir: “Muerte al sistema” resalta en rojo sobre una de ellas.

La temperatura baja de golpe y el cielo se cubre. El viento empieza a molestar pero las familias siguen tomando mate en el pasto. Un grupo de vecinos se reúne alrededor de un show que se armó en el centro de la plaza; del otro lado, Marisa y Facundo, madre y padre de Luna Ortiz, joven asesinada en 2017 en esa localidad, esperan a más familias. 

Acompañada por dos personas llega Lisette, hija de Nancy Fernández y hermana de Micaela, asesinadas hace casi una década. Dejan el parlante con el micrófono al lado de la mesa, sacan el mate y un paquete de bizcochos. Los saludos y abrazos de encuentro son apretados y duran varios segundos. 

Marisa y Facundo despliegan un folio viejo sobre la mesa donde cargan ocho pancartas con distintas fotos y descripciones. La que primero se ve anuncia: “Viviana Altamirano, desaparecida el 28/04/04 en Generál Pacheco, Tigre”. 

Fany llega con una bolsa de paltas que trajo de su árbol, las reparte y se sienta. Es la madre de Valeria López, desaparecida desde hace dos años. Todavía la busca: por eso, abre su cartera y saca los volantes con la cara de su hija. 

Ahora sí, las tres familias sentadas en la plaza de Pacheco muestran con sus historias una máquina que se repite, un sistema de violencias hacia mujeres y niñas, sin pausa, desde hace décadas. 

Y que, además de la impunidad, tiene un territorio común: la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano
Una radio abierta para difundir todo lo que no se dice.

Causas partidas

El 2 de junio de 2017 fue la última vez que Marisa Rodriguez vio a su hija, Luna Ortiz, con vida; por eso ahora, sentada en la plaza, acaricia su foto en el cartel que lleva en sus manos. Luna tenía 19 años cuando fue drogada, alcoholizada y violada en varias ocasiones por varios hombres mientras le suministraban drogas. 

Breve racconto: Isaías Villarreal la contactó a través de las redes sociales, y la llevó a su casa, donde la esperaba con dos hombres más; ahí la drogaron, alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. El 3 de junio, fecha que repite cada año la salida masiva a las calles para exigir el fin de la violencia, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa de Villarreal. 

“Desde un principio salimos a la calle”, dice Marisa, su mamá. La reacción fue rápida y motivada por lo que encontraban del otro lado: “Todas negativas, siempre, por parte del Poder Judicial”. Esas negativas iban (y van) desde lo más pequeño como: no darles fotocopias de las causas; hasta lo más estructural: fragmentar la investigación de la muerte de Luna en distintas causas y no en una sola. 

Una de esas causas es la que el fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción Violencia de Género San Isidro, caratuló en 2019 –dos años después del femicidio- como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”. Por ello se condenó a Villarreal a 14 años de prisión y se imputó a Pablo Paz Gutiérrez por abuso sexual seguido de muerte. Dos años después, en marzo de 2021, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata, Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, hicieron lugar al pedido de la defensa y catalogaron el femicidio de Luna como “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente”. Así, este año, Villareal consiguió la excarcelación. “Dejaron en libertad al único asesino”, resume Marisa. 

Además está la causa por abuso, que se abrió durante el juicio: “En esa causa nos cuestionan a nosotros como padres, nos quieren culpar por lo que le pasó a Luna”. Una tercera causa, que investiga una posible vinculación con trata de personas, fue archivada. “Fue la que primero archivaron y nunca nos dejaron como familia ser parte. Nos enteramos porque fuimos a la Fiscalía de Tigre y vimos el adjunto que decía trata de personas, pero no pudimos ver el contenido”. ¿Imaginan por qué? “Complicidad”, contesta Marisa. 

Marisa resume lo común entre las tres causas: “La investigaron más a Luna que a nadie; pusieron fotos intentando demostrar que ella era una ‘ buscona’ que le pasó lo que le pasó porque era atrevida… pasa con todas las causas: responsabilizan a las mujeres. Desde el principio nos costó acceder al expediente; tuvimos que hacer una marcha para que nos lo den porque decían que se cortaba la luz, o que no tenían papel. Así, todo el tiempo”.

Recientemente Marisa y Facundo Ortiz, papá de Luna, se reunieron con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires y de Nación, que se comprometieron a formar “una mesa de trabajo”; iniciativa que deja Marisa con sabor amargo: “Deberían tener injerencia o por lo menos acompañarnos en los procesos. Dan muchas vueltas mientras como familiares andamos con las causas a cuestas”. 

La dimensión de la lucha que las familias dan cada día se evidencia en una de las últimas situaciones que tuvo que soportar la familia de Luna: en la última movilización al tribunal de San Isidro el juez Alejandro Lagos los convocó a hablar. Lagos compone el TOC 7 junto a Gustavo Gaig y María Coelho, tribunal que le otorgó la excarcelación a Villarreal. ¿Qué les dijo? “Que no nos podía ayudar en nada, que ellos no son responsables, que los responsables son los que cambiaron la carátula. Y dijo que no tenía conocimiento de la causa y que sólo adhirió a la decisión. ¿Cómo puede ser?”, se pregunta Marisa. Y remata: “Cuando salimos de ahí el juez Lagos nos hizo una denuncia por amenazas: fue una jugada para intentar hacernos callar”. 

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La foto de Valeria López, desaparecida.

La conexión narco

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido. Y otra vez volvieron a negarle el derecho a denunciar, pero no solo eso: horas después fueron a detenerla a su casa y la llevaron a la comisaría, donde fue torturada. El 17 de febrero de 2013 Micaela fue asesinada en la casa de un hombre, Dante Pato Cenizo, en la zona conocido por su relación con el narcotráfico. 

Micaela Fernández tenía 14 años cuando fue asesinada. Ella y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. La investigación de la muerte de Micaela estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio.

Por denunciar las redes de complicidad policial, buscando a los responsables y tratando de conseguir justicia, un año después también torturaron y asesinaron a su madre, Nancy Fernández. Fue el 2 de mayo de 2014. Fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Tenía 36 años. 

La hermana de Micaela, Lisette Fernández, tomó el reclamo de justicia cuando cumplió la mayoría de edad. Tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, 13 cuando asesinaron a su mamá. Con el ceño fruncido detrás de los anteojos sostiene con fuerza sus fotos y cuenta que desde el inicio los procedimientos se hicieron mal, con los policías a quienes denuncia siendo parte. 

Las falsas carátulas con las que las causas son investigadas son otra de las maniobras utilizadas en el entramado de impunidad. A fines de 2020, en una marcha a la Fiscalía de Pacheco para reclamar que se investigue, la familia de Nancy se enteró de que la causa por su femicidio había sido trasladada a la Fiscalía de Munro. 

A pesar del cambio sin aviso de distrito, la causa tampocó avanzó. “Fue difícil llegar hasta acá. Me acuerdo que hasta tuvimos que hacer una movilización para que la fiscal me entregara el expediente de mi mamá”, dice su hija. Acompañarse y movilizar son algunas de las estrategias que junto a otras familias de víctimas sostienen para obtener respuestas. “Nos quieren cansar” repite Lisette: “Pero yo ya no tengo miedo”.

Cuando consiguió el expediente y reactivar la causa de su madre, nueve años después logró también reabrir la causa de su hermana, hasta entonces archivada, que sigue caratulada como suicidio. “Todo fueron trabas”. Y relata que las excusas de la fiscal para no entregar el expediente iban desde “no tengo quien saque fotocopias” hasta “no hay luz”. Al igual que en el caso de Luna Ortiz, la metodología de destrato y violencia se repite. 

Culpar a la víctima

Valeria López salió de su casa un 26 de enero de 2020 y jamás volvió. Iba al cumpleaños de un compañero de trabajo en el lavadero “Bob Esponja”, donde también trabajaba, en la avenida Sobremonte y Gandolfo, en Virreyes. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. Desde ese momento la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué pasó?

La causa se caratuló como “averiguación de paradero” pero su madre, Fany Román, asegura que Valeria no se fue por sus propios medios y que algo le pasó. Sigue exigiendo a la justicia que cambie la carátula a “desaparición forzada”. Cree que su entorno y la pareja que en ese momento tenía están involucrados, pero ni la policía ni la justicia pueden darle alguna respuesta. “Ni una pista, ni una punta tenemos”. El último rastro de Valeria fue captado por una cámara de San Fernando en la madrugada del 27 de enero de 2020 caminando hacia un kiosco con otra mujer. Después de esa imagen, nada más, aun cuando el Municipio se jacta de la cantidad de cámaras de seguridad que tienen: una cada 3.500 habitantes. 

Mientras tanto en la causa se encuentran actas de búsqueda erróneas (ponían mal su nombre) o incompletas, otro dato recurrente en muchos casos que muestran el vicio judicial de entorpecer procesos y reforzar la impunidad. La policía hizo trascender que se la buscaba como “una adicta sin recuperación, sucia y desaliñada”. “A ella la victimizan porque salía por la noche y salía con chicos diferentes”, dice Fanny, que tuvo que organizar una búsqueda por sus propios medios: pidió plata prestada para hacer fotocopias y volantes y salió puerta a puerta. “Sabemos que los vecinos saben algo pero tienen miedo de hablar”.

Durante la pandemia, familiares y amigos de Valeria acompañaron a Fany a la puerta de la Quinta de Olivos a llevarle un pedido al Presidente para que se federalizara la búsqueda. Ese día coincidió con la histórica protesta de la policía bonaerense en la quinta de Olivos por el reclamo salarial. Ahí estaba Juan Villarruel, jefe del Gabinete táctico que en su momento investigaba el caso pero luego fue desplazado. “Él mismo arrancaba los carteles, nos seguía y amenazaba”. Tanto Villarruel como Andrea del Valle Lobo, que era titular de la Comisaría 2ª de San Fernando, primera dependencia en tomar el caso, fueron trasladados. 

La ultima reunión que Fanny tuvo con la policía y su abogada le dijeron que la búsqueda por trata de personas está desvinculada. Se pregunta: “¿Son incompetentes o son cómplices?” y se responde a sí misma: “Las dos cosas”. 

La causa está en la Fiscalía de género de San Isidro y ella también cree que “quieren encajonarla como a todas”. La investigación sigue parada. “Ellos creen que matándonos a todas nos vamos a dejar de mover y no es así: ya no tenemos miedo”.

El sistema

El Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registra 35 femicidios en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, 8 de ellas menores de edad. La más chica, Paloma, tenía un año, hija de Sabrina Cernnamo, también asesinada; y la más grande, Ángela Nuccio, 90 años. 

Si el zoom se amplía hacia los partidos de San Isidro, Vicente López, San Martín, San Fernando y Tigre, el registro histórico arroja 131 femicidios y travesticidios; 24, menores de edad. 

El primer femicidio registrado en zona norte es el de una menor. Era Carolina Aló, y tenía 17 años cuando el 27 de mayo de 1996 fue asesinada en Tigre de 113 puñaladas por quien entonces era su novio: Fabián Tablado. 

En los 90 el femicidio de Carolina Aló se convirtió en un caso emblemático que movilizó y conmovió a toda la sociedad, una joven asesinada atrozmente por su novio. 

Hoy, en ese mismo territorio, las historias de las mujeres asesinadas, violentadas y desaparecidas se tejen en una trama compleja de complicidades territoriales y estatales, mucho más allá del ámbito doméstico. 

¿Qué pasó en estos años? 

La experiencia de estas familias arroja una serie de pistas sobre el rol del Estado, fundamentalmente de la policía y la justicia, en la compleja trama que hoy envuelve estos crímenes.

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91 femicidios y ninguna respuesta

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“Nosotras, familias sobrevivientes de femicidios nos dirigimos a usted para solicitar con respeto y esperanza una audiencia” dice la 2ª carta del colectivo que nuclea a familiares de todo el país, dirigida a Javier Milei. Este 8 de abril las Familias Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo, como todos los primeros lunes de cada mes, mientras el mundo seguía el eclipse de sol. Denunciaron en un documento –también presentado en la Casa Rosada– que hasta el domingo 7 se produjeron 91 femicidios en el año, que dejaron además 9 víctimas menores asesinadas y 52 huérfanos. Hay, en lo que va de 2024, 18 mujeres desaparecidas. Luego las Familias hablaron sobre las causas, el factor narco y la responsabilidad del Estado.

91 femicidios y ninguna respuesta

Marta, madre de Lucía Pérez y Facundo, el papá de Luna Ortiz. La lectura del documento que exhibe el nivel de violencia contra las mujeres en el país.

En sintonía con el eclipse de sol de este lunes, la Plaza de Mayo presentó de pronto un clima desapacible, frío, ventoso, mientras las Familias Sobrevivientes de Femicidios volvieron a presentarse allí para visibilizar el reclamo sobre las mujeres asesinadas y para solicitar por carta (la 2ª en el año) que el presidente Javier Milei las reciba.

El grupo, alineado en sillas negras de espaldas a la Casa Rosada, aguantó la ventolera y leyó un documento del que se desprenden distintos datos:

  • º Hubo 91 femicidios en los 98 días del año hasta el domingo 7 de abril, registrados por el Observatorio Lucía Pérez.
  • º Además, 9 víctimas menores fueron asesinadas en el transcurso de esos femicidios.
  • º Otro saldo: 52 huérefanxs.
  • º Se contabilizaron otros 62 intentos de femicidios.
  • º Hay en el país 18 mujeres desaparecidas en lo que va de 2024.
91 femicidios y ninguna respuesta

Mariela, y el reclamo por su hija.

Genocidio por goteo

Sobre estas cifras –que revelan lo que Marta Montero (madre de Lucía Pérez) define como “genocidio por goteo”– no ha habido respuesta alguna por parte del Estado.

El texto de la misiva fue presentado por la propia Marta, su esposo Guillermo Pérez, Susana Reyes (madre de Cecilia Basaldúa), Mariela Quintanilla (madre de Iara Nardelli), Facundo Ortiz y Marisa Rodríguez (padres de Luna Ortiz) en nombre del colectivo.  

El texto: “Señor Presidente de la Nación Argentina. Nosotras, familias sobrevivientes de femicidios nos dirigimos a usted para solicitar con respeto y esperanza una audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias”. En marzo se había presentado la primera carta en la Casa Rosada y les dijeron que sería derivada a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

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Susana con imágenes de su hija, Cecilia Basaldúa.

Asesinadas en democracia

Susana Reyes, con una foto de su hija y las palabras “Verdad y justicia”,   recordó que hace cuatro años desaparecía Cecilia Basaldúa en Córdoba, cuyo cuerpo apareció el 25 de abril de 2020. “Y todavía estamos luchando para tener un fiscal en la causa por el crimen de mi hija, porque hubo un primer juicio en el que metieron preso a un inocente. Hay muchas causas armadas en Córdoba. Ahora estamos esperando que nos nombren nuevo fiscal, porque el que nos habían designado se jubiló el año pasado en agosto. Y no salió el decreto del nuevo.  Nosotros vamos a seguir siempre. Estamos luchando no solo por Cecilia sino por todas y todos los asesinados en democracia”.

Susana agrega: “Queremos que nos reciban para ver si nos pueden escuchar, si pueden hacer algo. Cada vez son más muertes que se siguen sumando. Hay niños huérfanos y las madres también quedamos huérfanas por la muerte de nuestras hijas. Así que vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias”.

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Marisa y Facundo, los padres de Luna Ortiz. El caso de su hija (drogada y muerta por sus captores) fue calificado como “homicidio imprudente”. Las familias reclaman justicia.

Homicidios imprudentes

Facundo suma sobre la historia de su hija, Luna Ortiz (19 años cuando fue asesinada el 2 de junio de 2017): “Hace ya siete años que asesinaron a Luna y todavía no podemos llegar a conseguir justicia, es una lucha interminable. La causa está en Casación, la Sala I. Es algo muy importante. Necesitamos que estos jueces nos escuchen y tomen una buena decisión condenando a Villarreal por femicidio”.

Para comprender: Luna fue contactada por Isaías Villarreal el 2 de junio de 2017 mediante Facebook. Se encontraron y él la llevó a su casa, donde la esperaban otros dos hombres: ahí la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. Un día después, el 3 de junio de 2017, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa del propio Villarreal. Los jueces Ariel Introzzi Truglia y Sebastián Hipólito Urquijo y la jueza Verónica Mara Di Tommaso lo condenaron finalmente al máximo posible solicitado por un delito menor: 4 años y 11 meses por “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente”.

Marisa, la madre de Luna, agrega: “El femicidio sigue impune, nos encontramos en la etapa de Casación otra vez planteando un femicidio. Apelando lo después de siete años de impunidad porque los jueces liberaron a uno de los femicidas de Luna. Vamos a seguir luchando porque queremos justicia por Luna y por todas nuestras hijas”.

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Lucía Pérez y Carla Soggiu. “Luchamos por justicia para todas”.

¿Cuál es la responsabilidad del Estado?

Guillermo (el padre de Lucía Pérez): “Hace 8 años que venimos buscando justicia por nuestra hija (el femicidio ocurrió el 8 de octubre de 2016 y provocó el Primer Paro Nacional de Mujeres). Ahora el 29 de abril tenemos el recurso de Casación”. En el caso de Lucía, en marzo de 2023 hubo sentencia a perpetua en un caso (Matías Farías), y el otro acusado (Juan Pablo Offidani) terminó con una condena menor, 15 años en total, como “partícipe secundario” del crimen, que incluye la condena a ambos por la venta de drogas en la puerta de una escuela secundaria, lo que desencadenó toda la tragedia. La familia apeló la sentencia a Offidani, y las defensas de los acusados apelaron sus condenas. Es lo que comenzará a debatirse en el tribunal de Casación bonaerense.

“Queremos justicia” dice Guillermo, “y que nuestras hijas puedan descansar”.

En el documento presentado el mes pasado al gobierno junto a la solicitud de audiencia, se planteaba una mirada amplia y a la vez profunda de lo que ocurre: “No podemos hablar de femicidios y travesticidios sin hablar de narcotráfico, como no podemos hablar, sin nombrarlo, de ningún otro tema de esta emergencia social que estamos padeciendo hoy: hambre, desocupación, destrucción de la educación y salud pública. Todos fuegos que alimentan el incendio de nuestro futuro y paz social”.

Marta Montero habla sobre el rol estatal: “El Estado es responsable, por eso hablamos de genocidio, con un Estado que no hizo ni hace nada por evitarlo. Y decimos que son narcofemicidios, porque muchísimas veces tienen que ver con esa cuestión de lo narco, donde el Estado no solo está ausente sino que muchas veces está presente, porque ¿quién es el que no hace nada cuando venden droga en la puerta de una escuela? La policía, que es parte del Estado. ¿Y quién deja impunes muchos de estos crímenes? El Poder Judicial, que es parte del Estado”.

¿Y en los casos en que el origen es la violencia dentro de una pareja? “El Estado también es responsable al no avanzar en las investigaciones, al ocultar pruebas muchas veces, al dejar impune al asesino, al no atender a las víctimas, a los huérfanos, a las familias. Pero además, muchas veces esa violencia se genera por lo que hablábamos antes: el tema de la droga, la violencia que se genera territorialmente y en la gente que está en eso, que termina golpeando y matando a las mujeres”.

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Marta y Guillermo, los padres de Lucía.

El caso de Lucía implica una ruptura y un precedente, porque la familia logró que se anule el primer y vergonzoso juicio que absolvió a Farías y Offidani por el femicidio, acusándolos solamente de vender droga en vereda de la escuela marplatense a la que iba Lucía, que tenía 16 años cuando la mataron. Esa anulación permitió el segundo juicio (el que ahora irá a Casación por las respectivas apelaciones) y motivó además un jury: un juicio a los jueces de aquel primer proceso. “Estamos esperando que se concrete, porque ya está todo listo” explica Marta.

El rol de Marta Montero en Mar del Plata generó la invitación a participar con una ponencia en la 5º Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos que se está llevando a cabo en esa ciudad hasta el 11 de abril. Marta intervendrá este martes 9 en una sesión que tratará “Justicia de género en salud. Praxis feminists por la justicia en salud”. En el panel coordinado por Melanie Alperstein (Sudáfrica) intervendrá Marta (Femicidio, luchas por la justicia de género y rendición de cuentas), Julie Dale, de Brasil (Violencia y discriminación contra LGBTQI+), Zahira Bouhabra (en conexión desde Marruecos), y hablará sobre Resistencia a los sistemas violentos y respuesta a las crisis de violencia de género Rawia Mahmoud (en conexión desde Sudán).

Lo crucial del trabajo de la familia continúa en Mar del Plata con La Casa de Lucía, punto de encuentro, de conferencias, recitales, eventos culturales y lugar además de acompañamiento para otras familias víctimas de violencia o de femicidios.

O sea que allí se reúne lo académico con lo barrial y la solidaridad concreta, no discursiva. Sostiene Marta: “Para nosotros es una alegría, porque hay un enorme movimiento alrededor de las cosas que se hacen allí. Vienen mujeres, familias, también estudiantes, abogados, de todo. Estamos empezando un curso de huerta, pero también va a ser lugar para que terminen la secundaria quienes no pudieron hacerlo. Y el acompañamiento a otras familias es fundamental, porque a todos nos pasa que ante la justicia estamos desorientados, te hablan de modos que no entendés muchas veces. Con la experiencia que lamentablemente hemos tenido, ahora podeos ayudar a otra gente que pasa por lo mismo para que conozca y entienda sus derechos, y cómo llevar adelante las causas”.

Vuelve a hablar sobre la casa, y la cantidad y calidad de eventos que allí suceden: “Eso sorprendió incluso a los vecinos. Nos decían que era una casa que había estado siempre cerrada, oscura, abandonada (había pertenecido a un grupo narco, según puede verse en MU 190). Y la gente del barrio nos dice que hoy pudimos transformar esa oscuridad en una luz muy linda, que les da entusiasmo. Imaginate la alegría que es para nosotros” dice Marta, cuando se iban de Plaza de Mayo habiendo presentado la carta y el informe y –sorprendentemente- el lunes frío, ventoso, desapacible y eclipsado se transformaba en un día de otoño cálido y luminoso.

El próximo encuentro está previsto para el 6 de mayo.  

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En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

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Nuevo informe mensual del primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal.

En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez registró  85 femicidios y travesticidios en todo el país. Solo durante marzo ocurrieron 18, con el agregado de 3 infancias asesinadas: Alma, de 11 años; Mateo, de 2; y Zamir, de 9. El total en lo que va del año es de 9.

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

Otro dato que surge del relevamiento es que, como resultado de estos crímenes de mujeres, se registraron 47 huérfanxs.

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

En este 2024, se llevan registradas 53 tentativas de femicidios.

Hay 18 mujeres desaparecidas.

Y llevamos 1.144 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

Por otra parte, se realizaron 105 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal que exigen justicia ante los crímenes que no cesan. 

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

El número de funcionarios denunciados que ha registrado el Observatorio asciende a 482.

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

Esos datos, esos crímenes, no son solamente cifras: por eso en nuestros padrones se visualiza cada nombre, la edad, el lugar donde vivían las víctimas y cómo sucedió cada femicidio, entre otros muchos datos que permiten dimensionar la violencia.

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencia, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así reunidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso en en www.observatorioluciaperez.org

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8M: Estamos

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En otro Día Internacional de la Mujer el movimiento feminista volvió a llenar las calles de Buenos Aires, frente al Congreso, como supo hacer durante las movilizaciones a favor del aborto, en medio de algunas novedades: un gobierno que ataca al feminismo, que cree que lo puede contener con un protocolo antipiquetes y que enfrenta la agenda de derechos que las mujeres y disidencias volvieron a poner hoy en la calle. La desigualdad como eje. Las principales reinvindicaciones y palabras de hoy. Los testimonios que hablan de emergencias de hambre (con comedores sin comida y con el triple de gente), a la conexión con las banderas de derechos humanos. Les Nietes de personas desaparecidxs, y el lema de la bandera que salió hoy por primera vez a la calle: “Soy feminista porque tengo memoria”.

Texto: Anabella Arrascaeta

Fotos: Lina M. Etchesuri

“Soy feminista porque tengo memoria”, dice la bandera que Ana, nieta de detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico militar, pintó para marchar junto a sus compañeres de Nietes. Es la primera vez que esta frase sale a la calle, en este 8M, a días del 24, el primer marzo de la era de Javier Milei. 

8M: Estamos
Les Nietes en la puerta de Mu Trinchera Boutique. Foto: Lina Etchesuri

Argentina, 2024. Sobre Callao la Policía Federal intenta mantener cortada la Avenida para la foto que da cumplimiento al protocolo de la ministra Patricia Bullrich. No pueden. Los autos circulan solo esa cuadra y doblan a la izquierda por Avenida Rivadavia. Hacia la plaza Congreso las calles están cortadas porque el músculo de los feminismos está entrenado y volvió a llenarla. Partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, culturales, asambleas, deportistas, músicas, periodistas, y miles de grupitos de amigas, madres, abuelas, hijas, vecinas, nietes, en un largo y cada vez más inabarcable etcétera.  

A las cuatro de la tarde el hit sacude el pasto: “El que no salta votó a Milei”. 

La Plaza, una vez más, está llena.

¿Por qué?  

Límites

Cristina, 80 años, abre los ojos grandes desde abajo de la gorra que la protege del sol y dirige la mirada hacia sus amigas (otra Cristina de 72 años, y dos Lilianas, 67 y 70 años). Dice: “Peleamos mucho por este momento, y lo tenemos que defender”. Llegaron temprano, con sus remeras del grupo de teatro comunitario al que pertenecen y con el que en el último tiempo hicieron una obra sobre la Semana Trágica, y otra que es un homenaje a Azucena Villaflor, Madre de Plaza de Mayo desaparecida. “Tenemos una edad donde vivimos a full el patriarcado, y vemos en nuestras hijas ese cambio de paradigma: no son las mismas mujeres y yo me alegro profundamente por eso. Y aprendo todos los días de las generaciones nuevas, necesitamos acompañarlas porque debemos lograr ese cambio que de a poco se va modificando. No es que se haya logrado todo, nos falta, pero tenemos que estar unidas”. 

“Estar” y “juntas” son de las palabras que más se repiten hoy en Congreso. Y que se sienten: todas las generaciones, de los centros a los bordes. Dice una de las Cristinas: “Te voy a decir una frase peronista: unidos o dominados. En este momento, con este gobierno estamos en un retroceso, y nosotras tenemos que poner un límite: hoy, todas en las calles, estamos poniendo ese límite concreto en la calle”. 

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Comedores

Claudia, 54 años, vino de San Miguel y señala a una compañera: “Ella trae una papa”, y después apunta a otra: “Ella trae una cebolla”. Después mira a otra: “Ella trae fideos”. Así explica cómo están sosteniendo en los barrios las ollas desde que no reciben alimentos tras la asunción del nuevo gobierno.

Dice que lo hacen porque, cuando hay una emergencia, “el pueblo es solidario”. Y porque saben cómo hacerlo. “Nosotras echamos a los ingleses: las mujeres. Hicimos la bandera para Belgrano, organizamos la campaña para San Martín, y ahora tenemos que organizar la campaña para sacar a este loco. Las compañeras muchas son de programas sociales, todas trabajan, sirvieron cuando estaba la pandemia pero ahora las quieren descartar”. 

Según su termómetro, la gente que asiste a los comedores se triplicó. No son solo niñes: ahora son familias enteras. 

8M: Estamos

Fotos: Lina Etchesuri

“El barrio ahora se está dando cuenta que la casta somos nosotros” dice a lavaca. “La gente estaba cansada de los políticos comunes corrientes, pero ahora las mujeres del barrio están preocupadas porque no les alcanza para comer. Muchas no pudieron comprar útiles de sus hijos, y en los comedores no hay mercadería”. 

Claudia, que es militante del Movimiento Evita, dice que la organización está haciendo una autocrítica interna, pero ella ya tiene clara una posición: “Aunque sea un gobierno nuestro, si hay que hacer un reclamo, hay que hacerlo. No hay que esperar. Aprendimos que si un funcionario o compañero no está haciendo las cosas como corresponde, hay que protestar”. 

8M: Estamos

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

En los comedores de La Boca que tiene el MST también se triplicó la demanda. “Muchos vecinos que no iban, ahora van. En diciembre ya teníamos escasez de variedad pero ahora la situación está cada vez peor. No tenemos alimentos, hace varios meses no llegan”, dice Susana. Para sostener la olla organizan actividades: rifas, hay quienes arreglan cosas, otras que hacen las uñas: “Nos la rebuscamos”. Ese es el reclamo que llegó hoy hasta el Congreso. 

Susana explica: “Los comedores están compuestos por mujeres: somos las que los mantenemos. Pero hoy hay muchas compañeras grandes que no pudieron venir; son mayores y hace mucho calor; otras tienen muchos chicos. Antes podíamos venir, pero ahora no, porque se reprime. Es una decisión que muchas compañeras que tienen muchos hijos se quedan cuidando los comedores y las demás que podemos venir, venimos”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Aguante

Paula está con un cartel que clama: “Nuestros derechos no se negocian”. Del otro lado sentencia: “Milei nunca”. Llegó sola a Plaza Congreso, pero se encontró con amigas en el camino. Tiene 52 años, y dice: “Viví muchas crisis, pero hoy veo que estamos cada vez peor, tenemos un gobierno que no tiene idea de lo que es la empatía, de cómo se lleva adelante un país con todos los sufrimientos que hemos tenido, con una dictadura todavía reciente, con cosas nefastas que nos han pasado. Y en ese contexto, las mujeres somos las que hemos luchado”. 

Paula afirma que así como hubo y hay crisis, hay salidas: “Salimos primero organizándonos; somos las que podemos sacar este país adelante, porque somos empáticas. Hoy tenía miedo que no haya gente pero para sorpresa y alegría veo que todavía hay mucho aguante. Seguimos acá”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Tensión

Cuando los bombos de ATE dejan de tocar, Marina, a quien llaman “La capitana”, descansa. Están al frente de la masiva columna de trabajadoras del Estado, aún cuando se anunció que se les iba a descontar el día a quienes pararan. El efecto fue el contrario: “Estamos acá justamente por eso, a pesar que nos quieren guardadas en nuestros lugares y casas, aunque estén avasallándonos con que nos van a descontar el paro, con tomar represalia, venimos a poner el cuerpo más que nunca porque no vamos a permitir que se retroceda en ninguno de los derechos que hemos conquistado y están tratando de poner en riesgo”. 

¿Cómo los resguardamos? “Con esto”, dice y mira alrededor una marea de gente. “Animándonos entre nosotras a salir a la calle, fortaleciéndonos entre nosotras en los lugares que ya habíamos conquistado, perdiendo el miedo, entendiendo que si estamos juntas vamos conseguir la fuerza para defendernos, que ninguna se va a salvar sola, que es muy necesario que los feminismos puedan poner una voz en lo que está sucediendo y poder decir cómo impacta sobre nosotras el hambre que está generando este gobierno. Las voces están, las compañeras estamos: hay que animarse a levantarlas porque los lugares están todavía en tensión”. 

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa, joven asesinada en Capilla del Monte. Foto: Lina Etchesuri

Transversal

Las integrantes de Nietes posan con su bandera que lleva la insignia con la que comienza esta nota. Ana cuenta que escribió esa frase para recuperar “las luchas que hacen a las libertades que tenemos hoy y la memoria de los derechos que tenemos: esa es la conciencia que hoy reivindicamos”. 

¿Cómo se conectan el movimiento feminista y el de derechos humanos?

Lucía: No lo hemos charlado con tal profundidad en el organismo, podemos darte nuestras perspectivas; yo considero que empezaron a tener puntos de conciliación a partir del 2017-2018, con todo el movimiento que generamos las feministas jóvenes junto con las feministas históricas, contra la violencia hacia las mujeres que después se pudo darle muchísima fuerza a lo que fue la legalización del aborto. Solemos tener mucho vínculo con sobrevivientes, construcción política fraternal y compañerismo; hablando con una compañera de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, de Tucumán, nos contaba cómo le influyó el movimiento desde el 2017 en adelante, para tener el valor de poner en palabras la violencia sexual como parte de las torturas. A partir del 2017 se pudo retomar de otra manera porque también había más herramientas para problematizar un montón de cosas y para que también las nuevas generaciones acompañen procesos de históricas luchadoras.

8M: Estamos

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

¿Por qué les parece que esas dos banderas, la de feminismos y derechos humanos, son las más atacadas hoy? 

Ana: Creo que son los dos movimientos que han tenido la masividad, que han logrado interpelar al conjunto de la sociedad; tanto el movimiento de derechos humanos como el movimiento feminista ha logrado ser transversal a todas las tendencias. Y esa fuerza constituye una amenaza muy fuerte y ellos lo saben. Yo creo que los esfuerzos en desarmar todo esto es por la potencia que tiene en términos de transformación social, económica, subjetiva; por la fuerza y la potencia que tiene de interpelar al conjunto de sociedad, que se involucren personas que por ahí en la política no se meten tanto y en temas como derechos humanos y feminismos, sí. Eso es una fuerza muy grande. 

Después de marchar, les Nietes tocan en el piano de nuestra trinchera “Los dinosaurios” de Charly García. Y cuando terminan, aplauden y brindan por lo que están haciendo juntes. Historia, futuro, y presente.

Fotos: Lina Etchesuri

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