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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano
Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark

La plaza de General Pacheco es un punto de encuentro familiar el fin de semana. Se encuentra en un barrio de casas bajas, en el centro de la localidad tigrense, muy cercana a la entrada a los barrios privados, a dos cuadras del hospital, y a la vuelta de la comisaría. 

Hay juegos con hamacas y toboganes de colores; una calesita y pérgolas de madera pobladas de enredaderas. Algunas mesitas y bancos de cemento pintados de verde gastado sirven de pizarra para quienes tienen algo que decir: “Muerte al sistema” resalta en rojo sobre una de ellas.

La temperatura baja de golpe y el cielo se cubre. El viento empieza a molestar pero las familias siguen tomando mate en el pasto. Un grupo de vecinos se reúne alrededor de un show que se armó en el centro de la plaza; del otro lado, Marisa y Facundo, madre y padre de Luna Ortiz, joven asesinada en 2017 en esa localidad, esperan a más familias. 

Acompañada por dos personas llega Lisette, hija de Nancy Fernández y hermana de Micaela, asesinadas hace casi una década. Dejan el parlante con el micrófono al lado de la mesa, sacan el mate y un paquete de bizcochos. Los saludos y abrazos de encuentro son apretados y duran varios segundos. 

Marisa y Facundo despliegan un folio viejo sobre la mesa donde cargan ocho pancartas con distintas fotos y descripciones. La que primero se ve anuncia: “Viviana Altamirano, desaparecida el 28/04/04 en Generál Pacheco, Tigre”. 

Fany llega con una bolsa de paltas que trajo de su árbol, las reparte y se sienta. Es la madre de Valeria López, desaparecida desde hace dos años. Todavía la busca: por eso, abre su cartera y saca los volantes con la cara de su hija. 

Ahora sí, las tres familias sentadas en la plaza de Pacheco muestran con sus historias una máquina que se repite, un sistema de violencias hacia mujeres y niñas, sin pausa, desde hace décadas. 

Y que, además de la impunidad, tiene un territorio común: la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano
Una radio abierta para difundir todo lo que no se dice.

Causas partidas

El 2 de junio de 2017 fue la última vez que Marisa Rodriguez vio a su hija, Luna Ortiz, con vida; por eso ahora, sentada en la plaza, acaricia su foto en el cartel que lleva en sus manos. Luna tenía 19 años cuando fue drogada, alcoholizada y violada en varias ocasiones por varios hombres mientras le suministraban drogas. 

Breve racconto: Isaías Villarreal la contactó a través de las redes sociales, y la llevó a su casa, donde la esperaba con dos hombres más; ahí la drogaron, alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. El 3 de junio, fecha que repite cada año la salida masiva a las calles para exigir el fin de la violencia, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa de Villarreal. 

“Desde un principio salimos a la calle”, dice Marisa, su mamá. La reacción fue rápida y motivada por lo que encontraban del otro lado: “Todas negativas, siempre, por parte del Poder Judicial”. Esas negativas iban (y van) desde lo más pequeño como: no darles fotocopias de las causas; hasta lo más estructural: fragmentar la investigación de la muerte de Luna en distintas causas y no en una sola. 

Una de esas causas es la que el fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción Violencia de Género San Isidro, caratuló en 2019 –dos años después del femicidio- como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”. Por ello se condenó a Villarreal a 14 años de prisión y se imputó a Pablo Paz Gutiérrez por abuso sexual seguido de muerte. Dos años después, en marzo de 2021, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata, Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, hicieron lugar al pedido de la defensa y catalogaron el femicidio de Luna como “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente”. Así, este año, Villareal consiguió la excarcelación. “Dejaron en libertad al único asesino”, resume Marisa. 

Además está la causa por abuso, que se abrió durante el juicio: “En esa causa nos cuestionan a nosotros como padres, nos quieren culpar por lo que le pasó a Luna”. Una tercera causa, que investiga una posible vinculación con trata de personas, fue archivada. “Fue la que primero archivaron y nunca nos dejaron como familia ser parte. Nos enteramos porque fuimos a la Fiscalía de Tigre y vimos el adjunto que decía trata de personas, pero no pudimos ver el contenido”. ¿Imaginan por qué? “Complicidad”, contesta Marisa. 

Marisa resume lo común entre las tres causas: “La investigaron más a Luna que a nadie; pusieron fotos intentando demostrar que ella era una ‘ buscona’ que le pasó lo que le pasó porque era atrevida… pasa con todas las causas: responsabilizan a las mujeres. Desde el principio nos costó acceder al expediente; tuvimos que hacer una marcha para que nos lo den porque decían que se cortaba la luz, o que no tenían papel. Así, todo el tiempo”.

Recientemente Marisa y Facundo Ortiz, papá de Luna, se reunieron con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires y de Nación, que se comprometieron a formar “una mesa de trabajo”; iniciativa que deja Marisa con sabor amargo: “Deberían tener injerencia o por lo menos acompañarnos en los procesos. Dan muchas vueltas mientras como familiares andamos con las causas a cuestas”. 

La dimensión de la lucha que las familias dan cada día se evidencia en una de las últimas situaciones que tuvo que soportar la familia de Luna: en la última movilización al tribunal de San Isidro el juez Alejandro Lagos los convocó a hablar. Lagos compone el TOC 7 junto a Gustavo Gaig y María Coelho, tribunal que le otorgó la excarcelación a Villarreal. ¿Qué les dijo? “Que no nos podía ayudar en nada, que ellos no son responsables, que los responsables son los que cambiaron la carátula. Y dijo que no tenía conocimiento de la causa y que sólo adhirió a la decisión. ¿Cómo puede ser?”, se pregunta Marisa. Y remata: “Cuando salimos de ahí el juez Lagos nos hizo una denuncia por amenazas: fue una jugada para intentar hacernos callar”. 

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La foto de Valeria López, desaparecida.

La conexión narco

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido. Y otra vez volvieron a negarle el derecho a denunciar, pero no solo eso: horas después fueron a detenerla a su casa y la llevaron a la comisaría, donde fue torturada. El 17 de febrero de 2013 Micaela fue asesinada en la casa de un hombre, Dante Pato Cenizo, en la zona conocido por su relación con el narcotráfico. 

Micaela Fernández tenía 14 años cuando fue asesinada. Ella y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. La investigación de la muerte de Micaela estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio.

Por denunciar las redes de complicidad policial, buscando a los responsables y tratando de conseguir justicia, un año después también torturaron y asesinaron a su madre, Nancy Fernández. Fue el 2 de mayo de 2014. Fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Tenía 36 años. 

La hermana de Micaela, Lisette Fernández, tomó el reclamo de justicia cuando cumplió la mayoría de edad. Tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, 13 cuando asesinaron a su mamá. Con el ceño fruncido detrás de los anteojos sostiene con fuerza sus fotos y cuenta que desde el inicio los procedimientos se hicieron mal, con los policías a quienes denuncia siendo parte. 

Las falsas carátulas con las que las causas son investigadas son otra de las maniobras utilizadas en el entramado de impunidad. A fines de 2020, en una marcha a la Fiscalía de Pacheco para reclamar que se investigue, la familia de Nancy se enteró de que la causa por su femicidio había sido trasladada a la Fiscalía de Munro. 

A pesar del cambio sin aviso de distrito, la causa tampocó avanzó. “Fue difícil llegar hasta acá. Me acuerdo que hasta tuvimos que hacer una movilización para que la fiscal me entregara el expediente de mi mamá”, dice su hija. Acompañarse y movilizar son algunas de las estrategias que junto a otras familias de víctimas sostienen para obtener respuestas. “Nos quieren cansar” repite Lisette: “Pero yo ya no tengo miedo”.

Cuando consiguió el expediente y reactivar la causa de su madre, nueve años después logró también reabrir la causa de su hermana, hasta entonces archivada, que sigue caratulada como suicidio. “Todo fueron trabas”. Y relata que las excusas de la fiscal para no entregar el expediente iban desde “no tengo quien saque fotocopias” hasta “no hay luz”. Al igual que en el caso de Luna Ortiz, la metodología de destrato y violencia se repite. 

Culpar a la víctima

Valeria López salió de su casa un 26 de enero de 2020 y jamás volvió. Iba al cumpleaños de un compañero de trabajo en el lavadero “Bob Esponja”, donde también trabajaba, en la avenida Sobremonte y Gandolfo, en Virreyes. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. Desde ese momento la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué pasó?

La causa se caratuló como “averiguación de paradero” pero su madre, Fany Román, asegura que Valeria no se fue por sus propios medios y que algo le pasó. Sigue exigiendo a la justicia que cambie la carátula a “desaparición forzada”. Cree que su entorno y la pareja que en ese momento tenía están involucrados, pero ni la policía ni la justicia pueden darle alguna respuesta. “Ni una pista, ni una punta tenemos”. El último rastro de Valeria fue captado por una cámara de San Fernando en la madrugada del 27 de enero de 2020 caminando hacia un kiosco con otra mujer. Después de esa imagen, nada más, aun cuando el Municipio se jacta de la cantidad de cámaras de seguridad que tienen: una cada 3.500 habitantes. 

Mientras tanto en la causa se encuentran actas de búsqueda erróneas (ponían mal su nombre) o incompletas, otro dato recurrente en muchos casos que muestran el vicio judicial de entorpecer procesos y reforzar la impunidad. La policía hizo trascender que se la buscaba como “una adicta sin recuperación, sucia y desaliñada”. “A ella la victimizan porque salía por la noche y salía con chicos diferentes”, dice Fanny, que tuvo que organizar una búsqueda por sus propios medios: pidió plata prestada para hacer fotocopias y volantes y salió puerta a puerta. “Sabemos que los vecinos saben algo pero tienen miedo de hablar”.

Durante la pandemia, familiares y amigos de Valeria acompañaron a Fany a la puerta de la Quinta de Olivos a llevarle un pedido al Presidente para que se federalizara la búsqueda. Ese día coincidió con la histórica protesta de la policía bonaerense en la quinta de Olivos por el reclamo salarial. Ahí estaba Juan Villarruel, jefe del Gabinete táctico que en su momento investigaba el caso pero luego fue desplazado. “Él mismo arrancaba los carteles, nos seguía y amenazaba”. Tanto Villarruel como Andrea del Valle Lobo, que era titular de la Comisaría 2ª de San Fernando, primera dependencia en tomar el caso, fueron trasladados. 

La ultima reunión que Fanny tuvo con la policía y su abogada le dijeron que la búsqueda por trata de personas está desvinculada. Se pregunta: “¿Son incompetentes o son cómplices?” y se responde a sí misma: “Las dos cosas”. 

La causa está en la Fiscalía de género de San Isidro y ella también cree que “quieren encajonarla como a todas”. La investigación sigue parada. “Ellos creen que matándonos a todas nos vamos a dejar de mover y no es así: ya no tenemos miedo”.

El sistema

El Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registra 35 femicidios en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, 8 de ellas menores de edad. La más chica, Paloma, tenía un año, hija de Sabrina Cernnamo, también asesinada; y la más grande, Ángela Nuccio, 90 años. 

Si el zoom se amplía hacia los partidos de San Isidro, Vicente López, San Martín, San Fernando y Tigre, el registro histórico arroja 131 femicidios y travesticidios; 24, menores de edad. 

El primer femicidio registrado en zona norte es el de una menor. Era Carolina Aló, y tenía 17 años cuando el 27 de mayo de 1996 fue asesinada en Tigre de 113 puñaladas por quien entonces era su novio: Fabián Tablado. 

En los 90 el femicidio de Carolina Aló se convirtió en un caso emblemático que movilizó y conmovió a toda la sociedad, una joven asesinada atrozmente por su novio. 

Hoy, en ese mismo territorio, las historias de las mujeres asesinadas, violentadas y desaparecidas se tejen en una trama compleja de complicidades territoriales y estatales, mucho más allá del ámbito doméstico. 

¿Qué pasó en estos años? 

La experiencia de estas familias arroja una serie de pistas sobre el rol del Estado, fundamentalmente de la policía y la justicia, en la compleja trama que hoy envuelve estos crímenes.

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Femicidio de Julieta Riera: se anuló el juicio que declaró culpable a Jorge Christen, hijo de una ex jueza

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Prisión domiciliaria durante el proceso judicial, salidas transitorias para visitar familiares, anulación de un juicio que lo encontró culpable: hijo de una ex jueza, Jorge Christen sigue haciendo gala de su impunidad por el femicidio de Julieta Riera. La familia de la joven elevó un recurso a la Corte Suprema y apela a que la visibilidad del caso desarme la impunidad local. La voz de la familia ante los riegos a tener que volver a pasar por un posible nuevo proceso: “¿Y nosotros? ¿Quién piensa en nuestra salud física y mental? Porque todo esto es desgastante e implica volver atrás en el tiempo, cosa que es sumamente doloroso para toda la familia. Ya basta de impunidad”. 

Por Franca Boccazzi

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos anuló, tras una sentencia inédita, el juicio que condenó a Jorge Julián Christe a cadena perpetua por el femicidio de su pareja, María Julieta Riera. El argumento para justificar la decisión fue que se observaron errores en el proceso y que por eso debe hacerse nuevamente. Esto no sólo implica un retroceso en la obtención de justicia de la familia de la víctima, que había logrado llegar a la verdad y a una sentencia firme para el culpable, sino que ahora tendrán que afrontar otro juicio de cero, con todo el dolor que eso implica: volver a reconstruir la historia y las pruebas para demostrar que Julieta no se cayó del balcón, como sostuvo siempre la defensa del acusado, sino que él la arrojó. Tanto el fiscal de la causa, Ignacio Aramberry, como la abogada de la familia, Corina Beisel, mostraron preocupación por la decisión del tribunal y ya están trabajando para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ana Brugo, madre de Julieta, considera la posibilidad de que esta medida es otro privilegio más que obtuvo Christe por ser hijo de una ex jueza de Paraná. 

A pesar de no pronunciarse sobre los pedidos de absolución y libertad inmediata que había solicitado la defensa del femicida, el tribunal integrado por les jueces Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Giorgio sí resolvió por mayoría, con dos votos a favor (de Mizawak y Carubia) y uno en contra (de Giorgio), hacer lugar a la anulación del juicio por jurados celebrado en abril del 2021, echando para atrás la decisión del Tribunal de Casación que había ratificado el fallo del jurado popular que, de forma unánime, había encontrado a Christe culpable bajo el cargo de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género. 

Los caballitos de batalla de la anulación

“El juicio no estuvo mal hecho”, sostuvo Corina Beisel en diálogo con Radio La Red. La abogada de la familia de Riera explicó que la representante de Jorge Christen presentó un recurso de Impugnación Extraordinaria argumentando que hubo dos fotografías que no se mostraron durante la investigación penal preparatoria y esto ya es suficiente para decir que se violó el derecho a la defensa. Sin embargo, para Beisel la decisión del STJ es cuestionable: «He visto otros casos en los cuales, a pesar de estas cuestiones, han soslayado algunas cosas ya que han valorado la copiosa prueba que nos lleva a esta premisa de que, si suprimimos la prueba cuestionada, se arribaría a la misma conclusión».

Por otra parte, en la sentencia se critica al juez en su modo de instruir al jurado por decir “en, al menos 8 oportunidades, la necesidad de llegar a un veredicto unánime, sin explicar claramente la posibilidad de declarar “estancado” el juicio por inexistencia de unanimidad”. En realidad, es obligación explicarle al jurado la necesidad de llegar a una decisión unánime tanto para condenar como para absolver. Además, el “estancamiento” no está considerado como una tercera vía de resolución a menos que el jurado plantee dificultades en la deliberación como puede pasar en casos donde no hay pruebas suficientes. Entonces, al no ser obligatoria la instrucción sobre el estancamiento, es aún más grave que el STJ haya expresado que la omisión de esta instrucción es parte causal de la anulación de un juicio donde hubo un veredicto unánime de un jurado popular que además fue ratificado por la Cámara de Casación de Paraná.

El principio y el contexto

María Julieta Riera tenía 24 años cuando el 30 de abril del 2020 en la madrugada su pareja de 31 años, Jorge Julián Christen, la arrojó desde el octavo piso del departamento donde convivían, a pocas cuadras del centro de Paraná. La caída de 19 metros de altura hizo que muriera inmediatamente. Luego la autopsia confirmó, además, que Julieta tenía lesiones producto de haber recibido violencia física previo a la caída.  

Lo primero que hizo Jorge después de esta escena fue subirse a su moto y pasar por la casa de su mamá, la ex jueza Ana María Stagnaro, y de ahí a la comisaría para dar aviso de que su pareja se había caído del balcón. 

A partir de ese momento quedó detenido y 4 meses más tarde logró obtener el beneficio de la prisión domiciliaria para pasar el resto del proceso judicial en la casa de su madre. Un año después fue condenado a prisión perpetua y llevado a la Unidad Penal 1 de la capital entrerriana. Tanto Ana Brugo como Corina Beisel cuentan que Christen obtuvo varias salidas transitorias para visitar a su hijo en casa, cuando en realidad lo común es que las familias tengan que dirigirse al penal para encontrarse con la persona privada de libertad. Beisel grafica el beneficio contando que ella, como abogada, tiene muchos clientes condenados que hace años están en prisión y aún no lograron una salida transitoria. 

Prisión domiciliaria durante el proceso judicial, salidas transitorias para visitar familiares, anulación de un juicio por jurado donde 12 personas encontraron culpable a Christen: estos aspectos son considerados privilegios por ser un hijo del poder. No sólo por las posibles influencias de Stagnaro en el ámbito judicial sino también por los recursos económicos que posibilitaron que la familia de Jorge pagara peritos y consultores externos, además de una abogada como Mariana Barbitta que cuenta con una amplia trayectoria y sin ejercer en Entre Ríos se matriculó especialmente en esta provincia para atender el caso.

Es por esto que para la familia de Julieta fue crucial el acompañamiento de la comunidad paranaense, de organizaciones sociales y feministas en todas las instancias del juicio. Gracias a la incontable cantidad de movilizaciones, incluso en pandemia, el caso alcanzó la suficiente visibilización para que la familia pudiera conseguir un juicio justo que duró dos semanas, con la certeza de un proceso transparente y un jurado conformado por 12 ciudadanes. “Yo doy gracias a la sociedad porque es lo único que tengo, que me ayuda y que me da fuerzas para seguir”, le contó Ana Brugo a lavaca.

Cómo se sigue

Si bien la anulación del juicio no implica la inocencia de Jorge Christen, ahora su defensa tiene la posibilidad de obtener prisión domiciliaria o incluso la libertad del acusado mientras espera el nuevo juicio. Esto es un motivo de preocupación para la familia de Riera, no solo por el temor a ser agredides o de cruzarse por la calle con el femicida de Julieta, sino también por el riesgo de que Christen se dé a la fuga. Más allá de los recursos económicos del condenado que posibilitarían que esto suceda, para Corina el atenuante principal es la actitud que tuvo después de haber matado a su pareja: no quedarse en el lugar del hecho junto al cuerpo y llamar al 911, y en su lugar ir a la casa de la madre y luego a la comisaría para hacer pasar la situación como un accidente. Para la abogada, este comportamiento demuestra que “no es una persona fiable”.

Por eso, tanto la fiscalía como Beisel se ocuparon rápidamente de elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y apelan a que la visibilidad del caso ayude a que el proceso avance lo más rápido posible. 

Mientras tanto, Ana y su familia deben lidiar con el shock emocional que implicó la anulación del juicio. Al día siguiente de recibir la noticia la mamá de Julieta tuvo que volver a recurrir a tratamiento psicológico y el duelo que habían empezado luego de obtener justicia con la condena a prisión perpetua de Christen, ahora se transforma nuevamente en un proceso angustiante y extenuante. Al respecto ella expresó: “¿Y nosotros? ¿Quién piensa en nuestra salud física y mental? Porque todo esto es desgastante e implica volver atrás en el tiempo, cosa que es sumamente doloroso para toda la familia, es terrible”. 

Sin embargo esta sensación no opaca el deseo de agotar todas las instancias necesarias para que el femicida de Julieta tenga su sentencia definitiva: “Sabemos que el proceso en Nación es más lento, pero como familia estamos dispuestos a remover cielo y tierra porque esto no puede quedar así: nosotros atravesados por el dolor y con impunidad. Ya basta de impunidad”.

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1 año de la muerte de Daiana Abregú: Nadie se suicida en una comisaría

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La joven de 26 años salió a bailar y luego apareció muerta en la celda de la comisaría comunal de la ciudad de Laprida. Cinco policías bonaerenses están imputados por triple homicidio y uno por encubrimiento. Sin embargo, la Justicia aún no definió con qué caratula elevará a juicio su caso: si por suicidio u homicidio. Hoy el pueblo saldrá a las calles para reclamar justicia.

Por Facundo Lo Duca

El 5 de junio de 2022 Daiana Abregú apareció muerta en la celda de la comisaría comunal de Laprida, en la provincia de Buenos Aires. Su muerte causó estupor en la ciudad ubicada a 400 kilómetros de Capital Federal, acostumbrada a la tranquilidad de la pampa bonaerense y reconocida por los monumentos que el enigmático arquitecto Francisco Salomone construyó durante la década del ’30.

Daiana había salido a bailar la noche del sábado 4 de junio. El domingo, alrededor de las siete de la mañana, fue de detenida por un móvil policial tras provocar disturbios en la vía pública. Sola, vestida con una campera de jean y bajo el custodio de tres policías, la joven quedó alojada en una celda de la comisaría comunal.

A las seis de la tarde de ese domingo, un patrullero llegó hasta la casa de Daiana, donde vivía con su hijo menor, sus hermanas y sus padres. Del auto bajaron dos policías: uno de ellos Marcelo Amaya, subcomisario de la estación policial.

Tras golpear la puerta, Laura Abregú ─la madre de la joven─, salió a su encuentro. Los efectivos la miraron fijo y dijeron una frase que al día de hoy todavía está en duda:

─Señora, su hija se quitó la vida.

La versión policial dijo que Daiana se suicidó en su celda, ahorcándose con su propia campera. La primera autopsia, realizada un día después de su muerte por la Asociación Pericial de Azul, sostuvo esa hipótesis luego de señalar una marca de ahorcadura en el cuello compatible a la prenda que llevaba cuando fue detenida.

La Comisión Provincial Por la memoria (CPM) intervino de inmediato en la causa como particular damnificado. Tras analizar los presurosos resultados de la primera autopsia, la organización de derechos humanos encontró una serie de irregularidades.

La autopsia no había respetado el Protocolo de Minnesota, una instancia que debe seguirse en casos de muertes bajo custodia del Estado. Los resultados del examen del cuerpo de la joven habían presentado graves falencias: no se realizaron radiografías ni fotografías completas, no se completaron extracciones de piel para determinar si algunas lesiones fueron producidas antes o después de su muerte y tampoco se realizaron filmaciones del examen, tal como lo establecen los protocolos vigentes.

La insistencia del abogado de la familia, Sergio Roldan, junto a la de la CPM, lograron que se realice una reaautopsia del cuerpo.

La Asesoría Pericial de La Plata fue finalmente el órgano encargado del procedimiento. El informe final de la reautopsia dio como resultado que Daiana Abregú no se habría ahorcado. Los peritos concluyeron que la víctima murió por una “asfixia mecánica de sofocación”. Además, no observaron lesiones en los músculos del cuello compatibles con el lazo de ahorcadura de la campera; también señalaron que existían lesiones en esa zona del cuerpo compatibles con signos de una posible autodefensa.

El fiscal del caso, Ignacio Calonje, quien se había mostrado reacio a una realizar un segundo examen del cuerpo, analizó los resultados de esa evaluación y ordenó que Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Gisel DiBin, Juliana Zelaya y Leandro Esteban Fuhr ─los cinco policías bonaerenses presentes aquel 5 de junio de junio en la comisaría─ fueran encarcelados y acusados por homicidio triplemente calificado.

La decisión había traído calma a la familia y amigos de Daiana. Pero el pueblo, por otro lado, quedó dividido. A las marchas que se hacían frente a la comisaría solo acudían un pequeño grupo de vecinos que acompañaron a la familia desde un principio. “Muchos le creen a la policía porque Daiana viene de una familia humilde. Si fuera al revés, estarían acá. Laprida tiene sus matices”, contó una vecina a lavaca.

La situación procesal de los policías, sin embargo, tendría un giro que volvería toda al principio. Un tercer informe pericial, solicitado por el fiscal y realizado por la Policía Federal, analizó los dos últimos exámenes del cuerpo de Daiana.

A través de conjeturas estigmatizantes sobre la conducta de la joven y describiéndola como alguien “con consumos problemáticos de drogas”, algo que fue desmentido por su propia familia, la policía federal aseguró que Abregú finalmente se habría quitado la vida en su celda. Es decir, para la Federal alguien con supuestos “problemas de consumos” y “conflictos emocionales”, es un potencial suicida dentro de un calabazo.

Ese escenario habilitó a que liberaran a los cinco policías detenidos y que la hipótesis del suicidio volviera a cobrar relevancia para la justicia provincial, aunque continuaron imputados por homicidio.

La bonaerense, respaldada por otra fuerza de seguridad, así como también por el ministro Sergio Berni, intentaba salvar su presente. Pero sería condenada por su pasado.

La bonaerense de Laprida

En una investigación colaborativa con otros medios, Lavaca fue a Laprida para contar el funcionamiento de la policía y la comisaría. Los relatos de los vecinos describieron la violencia institucional en la que estaba sumergida la ciudad.

Picanas eléctricas, palizas a menores de edad y hasta torturas con bolsas de plástico en la cabeza eran moneda corriente dentro de los calabazos.

Lejos de alguna sanción, a algunos policías se los premiaba. Como es el caso de Adrián Nuñez, uno de los cinco implicados en la muerte de Daiana, y denunciado en más de un testimonio por algunos vecinos de Laprida. En 2021, Nuñez recibió un premio estimulo por su labor como oficial ayudante.

Dos expolicías que trabajaron en esa comisaría, además, le confirmaron a este medio los excesos de algunos colegas, como así también otros manejos internos de la dependencia policial. Todo bajo la tutela de dos comisarios: Christian Barrios y Marcelo Amaya, quienes dirigían la seccional cuando ocurrió lo de Daiana.

Otro dato no menor fueron los antecedentes de la comisaría. En el año 2003, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tenía previsto llegar al pueblo para revisar una serie de expedientes y documentación sensible referido a la comisaría. Sin embargo, el 21 de julio de ese año, un “depósito con documentación y otros elementos” del edificio se prendió fuego.

Los investigadores determinarían que el incendio habría sido intencional. Entre los policías que estaban en esa época en la estación, se encontraba Marcelo Amaya, el mismo que le dijo a la madre de Daiana que su hija se había quitado la vida. Amaya, junto a Christian Barrios, fueron desplazados de sus cargos.

En el mes de abril Calonje hizo un pedido para que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea quien analice los resultados de las dos autopsias que se hicieron sobre el cuerpo de Abregú y contraste los resultados con los de la Policía Federal. De ese informe, saldrá finalmente la caratula con que el fiscal deberá elevar a juicio la causa: si por homicidio o suicido.

Amnistía Internacional tomó el caso de Daiana en 2022. Desde entonces, su historia forma parte de la campaña internacional por los derechos humanos que el organismo impulsa con el fin de que se esclarezca su caso. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, entre 2012 y 2022, murieron al menos 215 personas en comisarías bonaerenses, un promedio de 20 por año.

Daiana falleció un 5 de junio, el mismo día que Laprida celebra el natalicio de su máximo prócer: el arquitecto de las pampas, Francisco Salomone.

Hoy, mientras algunos veneran edificios antiguos, los familiares y amigos de Daiana saldrán una vez más a las calles. A pedir justicia. A gritar: “Nadie se suicida en una comisaría”.

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3J: El Nunca Más del Ni Una Menos, con una asamblea histórica de Familiares Víctimas de Femicidios en Plaza de Mayo

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Desde Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba. De Mar del Plata, San Miguel del Monte, Monte Hermoso. Desde Tigre, Moreno, San Vicente. Desde todas partes del país, decenas de familiares de mujeres y personas trans asesinadas y desaparecidas se autoconvocaron en Plaza de Mayo para compartir el panorama de los distintos casos, con estas palabras como denominador común: narco, policía, fiscalía. También se escucharon ideas para combatirlo, entre la calle, el abrazo y la memoria, rescatando todo el arsenal de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Por eso, el día del Ni Una Menos, junto a la Pirámide de Mayo se gritaron dos palabras que lo dicen todo: Nunca Más. Compartimos a continuación todas las voces que se escucharon en este 3J.  

De todo lo que se dijo y escuchó en la asamblea, las familias armarán un documento para presentar ante las autoridades que deben llevar adelante las políticas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia machista. Entre otras propuestas, se pidió una reparación para familiares y que el Procurador General de la Nación los reciba para trabajar en el entrenamiento de los fiscales en la búsqueda de pruebas.

Acompañaron la movida decenas de organizaciones sociales, sindicales y políticas (debajo, la lista completa), Periodistas Argentinas, la actriz Thelma Fardin y otras integrantes de Actrices Argentinas; y las funcionarias Ayelén Mazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, y Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las violencias por razones de género del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires.

Estuvo ausente, entre otrxs, Tehuel de la Torre, joven trans desaparecido, pero de la asamblea participó su madre.

El cierre del acto fue con arte. Primero, una batucada de mujeres copó el centro de la escena con las familias alrededor. Luego, vestidas de rojo, otro grupo de mujeres realizó una acción en la que cantaron y levantaron en alto fotos de víctimas de femicidios. Con la Casa Rosada de fondo, una cuerda de tambores cerró la jornada rodeada de emoción y aplausos.

Las voces de las familias

Familiares de Florencia Pennacchi, desaparecida

Tras 18 años, no tenemos noticias. Flor fue víctima en 2005 de desaparición forzada, con la complicidad de organismos oscuros. Pero además de casos como el de Florencia, quiero hablar de otras víctimas. La mamá de Florencia acaba de fallecer. Y a muchas madres, padres, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, amigos, el dolor punzante de la ausencia cambia la vida para siempre. Para que la impunidad suceda es necesaria una cadena de complicidad gubernamentales judiciales y policiales. Seguimos y estamos acá, porque somos la voz de aquellas silenciadas. 

Marisa, mamá de Luna Ortiz

Hoy es un día para transformar el dolor en lucha. Esto nos da fuerza de familiares, emociona lo que estamos transitando, esta nuestra lucha después de este gran dolor. Y duele después por cómo somos violentados por este sistema judicial. Luna era una piba de barrio que luchaba por cada pibe, y no pudo llegar a la marcha por el ni una menos. Hoy sigo el legado de mi hija, porque la lucha empieza en los barrios. 

Facundo, papá de Luna Ortiz

Es un día muy doloroso porque mientras se marchaba un 3 de junio de 2017 Luna fue captada por Isaias Villarreal. Hoy está en libertad, porque la justicia no reconoció el femicidio, y fue condenado por abandono de persona. Celebramos esta asamblea, para que se escuchen nuestros reclamos de leyes que no se cumplen, como la de patrocinio gratuito. Somos familias de laburadores. Luchamos contra cómplices gigantes como la justicia, la policía. La Ley Brisa, muy a cuenta gota, se cumple. Este lunes 12/6 en tribunales de San Isidro, invitamos a todos al juicio contra Villarreal para que sea condenado por femicidio.

Papá de Natalia Melmann, asesinada y torturada y violada en Miramar el 4 de febrero de 2001

La sentencia (Ricardo Panadero, condenado a perpetua este 17 de mayo, fue el cuarto policía condenado por su femicidio) fue lograda por la lucha y acompañamiento de un montón de personas. Porque la lucha no se abandona, se gana, como aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo. Se puede. Es posible.

Thelma Fardin, actriz

Gracias por recibirme en este espacio. La lucha de Marta (Montero, mamá de Lucía Pérez) para mí es muy inspiradora. La primera vez que salí a la calle fue por lo de Lucía. Su lucha me inspira porque tras recibir el caso adverso por una justicia falsa nos dicen “mentirosas”, cuando la mentirosa es ella, la justicia. Te piden pruebas materiales en caso de abuso, como en muchísimos casos, como el de Lucía, como si el cuerpo flagelado no alcanza.En mi caso, tenemos mi testimonio, pero tampoco alcanza. Si no tengo pruebas materiales no alcanza. Organizades es la única salida. 

Carlos Aliaga, Jujuy, hermano de Rosita, asesinada en 2015

Pasaron ocho años y el caso sigue impune. No hay ningún detenido. La investigación empezará de nuevo. Hay una luz de esperanza, queremos creer en la Justicia. Pero hasta hoy, hay un asesino suelto en las calles de Libertador, Jujuy. Hay mucha impunidad en Jujuy, muchos casos de femicidio.

Mónica, mamá de Iara Rueda

Mi hija fue asesinada en pandemia, en 2020, engañada. Sale a la ruta engañada para entregar un trabajo práctico. No volvió. No demoramos nada en salir a la ruta ni bien llegamos a casa y vimos que no estaba Iara. No demoramos nada en hacer la denuncia. Si tiene noviecito, te preguntan, si uno le hizo algo, te dicen en la comisaría… Difunda por las redes sociales, te dicen. Los minutos que pasaban cada vez eran peores. Nunca cerraron los perímetros cerca de mi casa. No había una patrulla ni un policía en el barrio esa noche. Pasaron seis días cuando me llaman y me dicen “todo lo que pidió lo va a tener mañana”. Era domingo por la noche, mi hija desapareció un miércoles. ¿Por qué mañana? Porque recién lo aprobaron al otro día, a diez cuadras de casa, en un descampado, apareció el cuerpo: estaba violada y semienterrada. El Estado estuvo ausente con mi hija. En Jujuy estaba el protocolo que debían salir a buscarla de manera inmediata. Estaba cajoneado ese protocolo. Ocho funcionarios terminaron imputados. Pero los premiaron como jueces o jubilados o llevados a otros lugares. Mi hija es un caso bisagra en la provincia porque los organismos por fin se pusieron a trabajar. Porque las familias nos unimos a marchar y así los juicios empezaron a salir. Encontré una frase en el libro de mi hija: “Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que parece y eres más inteligente de lo que piensas. Si seguís creyendo tus sueños se harán realidad”. Mi hija tuvo justicia pero nosotras estamos condenadas porque a nosotras nos toca llorar toda la vida.

 

 Majo Herrera, mamá de Camila Cinalli

Nos seguimos preguntando dónde está Camila, desaparecida en 2015. El intendente de Monte lo único que hizo fue llevarme a Tucumán porque tenían una supuesta prueba. Fue mentira. Se venían las elecciones y no querían que se sepa qué pasó con ella. Tardaron cinco días en tomar la denuncia. Me decían que estaban con un noviecito. Mentira, te la roban como un perrito. Todos los días es la lucha. Y es poco el acompañamiento. No queremos más desapariciones ni femicidios.  

Mamá de Agustina Fredes, Blanca Osan

A Agustina la asesinó el novio el 25 de abril de 2017. Le dieron 15 años.  Quiero que lo condenen por la muerte de mi hija y mi nieto, porque ella estaba embarazada. No murió, como dicen, por el embarazo ectópico: fue violada con fierros de cromo, ahí le dañaron los órganos y mataron a su hijo. Mi hija no murió porque quiso: Matías Acevedo, militar de Mar del Plata, es el responsable. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu

Mi hija fue violada el 26 de diciembre de 2018 por la pareja. En enero de 2019 desaparece y aparece ahogada en el Riachuelo. Acciona el botón antipánico muchas veces. Tuvieron tiempo para ubicarla con botón que tiene GPS y da la ubicación exacta. Cuatro días después la encuentra personal de limpieza del riachuelo. Hay complicidad policial y judicial. Es mentira lo de la justicia independiente. Es mentira lo de la grieta. Defienden la impunidad de seres oscuros. Pero no vamos a abandonar la lucha. Nunca, mientras respiremos. Y van a tener que pagar los responsables por la muerte de mi hija.

Mamá de Analía Aros

Qué difícil. Qué difícil. Soy Ana Soto. Mi hija fue asesinada el 21 de marzo de 2017 por su pareja. Tuve justicia, es un alivio nada más porque nosotros seguimos el duelo. Su familia. Sus hijas. Hasta el día que nos vayamos de este mundo. Mi única terapia es acompañar a todas las madres que pasan el mismo dolor.

Susana, mamá de Cecilia Gisela Basaldúa

Estamos en representación de nuestros hijos que debieran estar acá. Cecilia tenía 36 años. En 2015 viaja a México para participar del Panamericano de hockey sobre hielo. Siguió viajando por América Latina. En 2019 regresó a Argentina. Me decía mamá, “América está sangrando por la pobreza que hay”. En marzo, iniciando la pandemia viaja a Capilla del Monte para escribir su libro. Llega a Capilla y no tenía lugar para quedarse. El 4-4-2020 es el último día que se comunica. A los días un hombre que la había alojado nos dice que tuvo un brote psicótico. Entramos en pánico, conseguimos permiso y viajamos. El 24 de abril llegamos a la tarde y nos dijeron que habían encontrado un cuerpo. Estaba muerta. La habían estrangulado, violado y asesinado. La policía no la buscó. Ahí comenzó nuestro martirio de buscar, de investigar. Que sigue. Estamos esperando que trabajen de verdad. Ahora hay nuevo fiscal pero desde noviembre hasta hoy, no hicieron nada.

Alfredo, papá de Cecilia Basaldúa

Pasó hace tres años. Vamos a seguir luchando. Queremos que Cecilia descanse en paz. No voy a largar nunca esta lucha. Es lo que tenemos que hacer todos. La policía en Argentina es muy violenta y no está educada. Lo primero que hacen es pegar. Los policías en Capilla del Monte son todos violentos, apañados por el Poder Judicial. La causa de Cecilia fue armada totalmente por la policía. Paula Klem es la fiscal de ahí, comprada por el narcotráfico. Hay un montón de causas armadas. Esas lacras tienen que pagar. Esperemos que esta vez investiguen y dejen de lado la corrupción. Ella me decía «papá, ¿de qué tengo que tener cuidado? Yo quiero ser libre». 

Jhonny, papá de Claudia Patricia Tupa Latorre, fallecida el 10 de febrero de este año, mamá soltera de dos hijas

Murió en un local bailable por culpa de regenteadores de ese local. Pido justicia. Hoy la causa está en la fiscalía 62 de Ciudad de Buenos Aires: estamos esperando el examen toxicológico. Hubo envenenamiento. Los responsables son los del local y policías porque el local no estaba habilitado hace tres años. Hay complicidad.  

Erika, amiga de Claudia Tuppa

Claudia era una compañera de Polo Obrero, fue asesinada este año, fue encontrada muerta en Joaquín Gonzalez y Rivadavia. no se sabe que hacía en ese lugar. El fiscal Ariel Tapur no hizo nada para investigar el caso. La inoperancia del fiscal nos impide tener justicia.. Ha dejado dos niñas en orfandad. Las amigas, rotas, sin una guía, porque ella era delegada. Hoy es otro día donde se recuerdan estos femicidios tenemos que sumar el de Claudia también.

Familiares de Sofía Fernández

Era una mujer trans que falleció en la comisaría 5° de Pilar.  El 8 de abril la detuvieron en una situación confusa. El 10 de abril estaba muerta. En la boca tenía una bombacha y goma espuma. No sabemos más nada. Nos informan que Sofía se suicidó, lo que es totalmente mentira. En un mercado mercantilizado, la justicia quiere llenarse de plata. Debe haber un cambio total para terminar con estas injusticias. Los gobiernos permiten que esto suceda.

Abuela de Chiara Ramírez

Los padres de Chiara no tienen la fuerza para acompañar este camino porque tienen que criar 3 nietas. Mi nieta salió a un cumpleaños, ella no conocía a la mayoría de la gente. Salió a festejar y ante una pelea en el coche se empezaron a enfrentar los chicos y le pegaron un tiro en la cabeza. Salimos a la calle, cortamos rutas, quemamos gomas en la comisaría. La gente nos gritaba “vagos, vayan a trabajar dejen de pedir planes”. No: quiero justicia. Aprendan a defenderse, y no se dejen pegar.

Aixa Greco, hermana de Catherine Greco, asesinada el 8 de julio de 2022 en Cruz del Eje

La encontraron tirada en el piso con signos de ahorcamiento, quebraduras. El asesino está preso sólo porque tenía antecedentes de violencia de género. Borraron toda clase de pruebas en la casa , después empezaron a decir que se había matado. Salió que tenía golpes por todo el cuerpo: tenía raspaduras en la rodilla y signos en las muñecas como que había sido atada. Ahora nos están diciendo que el asesino puede quedar en libertad.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Queremos la reparación a las familias, reparación del Estado a cada una de las familias a las que nos matan a una hija. Cada una sabe lo que es levantarnos con los dolores en el alma, pero tenemos que comer. O como a mi marido, que tras treinta años lo echaron del trabajo porque faltaba por la causa. Mi propuesta es esta: queremos reparación, si quieren llamarle jubilación o como quieran; necesitamos una obra social, porque quienes mataron a nuestras hijas tienen todos los derechos: casa comida, médicos, seguro. Nosotros luchamos por las nuestras, lucharemos para que esa reparación exista. Otro pedido: una audiencia con el Procurador General de la Nación. Necesitamos fiscales acordes a la situación que les toque llevar. Si no están capacitados, deben recibir capacitación constante y supervisada. En una causa, si no se toman pruebas se hacen mal las investigaciones, y quienes pierden son las familias. Les agradezco por habernos acompañado, por ayudarnos y a las familias por todo el sacrificio que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Costeamos pasajes de familias, hospedajes para juicios… Debe haber Estado presente en tiempo y forma. No elegimos estar en este lugar. Pero estamos acá, desgraciadamente.

Las organizaciones que acompañaron

Sobre el final el micrófono se abrió y las siguientes organizaciones compartieron unas palabras:

·   MTR 12 de abril

·   Pan y rosas

·   Las rojas

·   AGD-UBA

·   Crculo de amigas feministas

·   ATE-CTA Autónoma

·   MST

·   PSTU

·   Movimiento Teresa Rodriguez

·   Marabunta

·   Isadora –  izquierda socialista

·   MTL rebelde

·   Romina del Plá, plenario de trabajadoras PO.

·   Opinión socialista

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