Nota
19 y 20: los días que parieron una década
¿Cómo entender hoy lo que pasó el 19 y 20? ¿Un estallido fracasado con un lema -“que se vayan todos”-, que no se concretó? ¿Un problema de ahorristas? ¿O es un punto de inflexión en la historia, y en la cultura política del país, de una importancia comparable al 17 de octubre, y con alcances cruciales en mucho de lo que ocurrió en esta década que está terminando, y en mucho de lo que continúa sucediendo?
NOTA CON AUDIOS
En los audios y textos que siguen, Raúl Zibechi y Norma Giarraca reflexionan y suman ideas que ayudan a debatir y comprender. Olga Tonino, la madre de Gustavo Benedetto (30 años, repositor de supermercado y estudiante de Historia, muerto cuando le dispararon a la cabeza desde adentro del Banco HSBC en Avenida de Mayo) cuenta cómo vive y desvive este aniversario. Rodrigo Borda (abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales) detalla en qué punto está un juicio que nunca parece llegar a nada -y qué significa esa demora-, pero que el año que viene deberá (o debería) determinar quiénes son los responsables políticos de aquella represión. Hablar del 19 y 20 no es hablar del pasado. Tal vez sea explorar la historia del presente.
“Un 17 de octubre”
El uruguayo Raúl Zibechi escribió Genealogía del Argentinazo, que también se editó como Genealogía de la Revuelta, uno de los primeros y más profundos intentos de comprender qué era lo que estaba ocurriendo en las calles y, sobre todo, en las cabezas y los corazones grandes sectores sociales que en un momento marcaron un límite, y abrieron todo un espacio.
Ahora Zibechi dice a lavaca: “El 19 y 20 fue un levantamiento o una insurrección que marca toda la década hasta el día de hoy. Creo que en la historia argentina reciente tiene una importancia similar a la que pudo tener el 17 de octubre del 45. Es un hecho profundamente modificador de la realidad política, cultural, social, y económica argentina. Hay un antes y un después. Como dicen los mexicanos, es un parteaguas”.
El velorio de Kirchner, y el veto
“Si uno observa lo sucedido cuando el reciente velorio y entierro de Néstor Kirchner” postula Zibechi “ve reflejos que conectan con el 19 y 20. Y también en los sucesos del Parque Indoamericano. De lo que estamos hablando es de la capacidad de los de debajo de vetar algunas decisiones o algunos procesos iniciados por la élites. Por los gobiernos neoliberales de aquella época, y aún por las derechas de hoy”.
El argumento lleva a lo siguiente: “Podemos concluir que el 19 y 20 es una muestra clara de la capacidad y el poder de los de abajo. Y eso es algo que llegó y se instaló en la sociedad. Y aún hoy sigue operando, más allá de quién esté en el gobierno, más allá de los nombres de las fuerzas populares arraigadas en las periferias urbanas, más allá del nombre de los dirigentes. Esa capacidad de veto de los de abajo, sigue operando. Y me parece que va a seguir operando durante un tiempo”.
Lo que aprenden los de abajo
¿Por qué se llegó a ese veto? ¿Por hartazgo, por aprendizaje político? Responde Zibechi, reflejando otras investigaciones como Territorios en resistencia: “Yo creo que el mundo de los de abajo ha ido creciendo, no sólo numéricamente, sino que se ha ido haciendo más fuerte, ganando en autoestima, complejizándose. No son sólo los pobres de siempre, sino pobres de nueva generación, empobrecidos de las clases medias. Y han aparecido nuevos saberes y nuevas capacidades. Por ejemplo la capacidad de organizarse. Antes la organización era el sindicato. No habían aprendido a organizarse en el territorio. Primero aprendieron a seguir caudillos, o punteros. Luego aprendieron a organizarse autónomamente de los punteros, por ejemplo”.
El siguiente salto: “Con el tiempo aprendieron a producir, recuperar fábricas, crear huertas, panaderías, todo tipo de emprendimientos para la producción. Desde la producción para la sobrevivencia como los comedores comunitarios, hasta la producción material. Y aprendieron a manejar la salud, con clínicas autoconstruidas por los de abajo. Y espacios de formación del más diverso tipo, apelando muchas veces a la educación popular.
Tesis sobre el poder y el cascarón
Una de las víctimas emblemáticas de aquellos días, y de los aprendizajes que menciona Zibechi, fue Claudio “Pocho” Lepratti, ayudante de cocina en una escuela de las periferias pobres de Rosario, y profesor de Filosofía. Se paró en el techo del comedor cuando la policía disparaba a mansalva. “No tiren que hay pibes comiendo” fue su último grito. La policía lo mató de un balazo en la garganta.
Zibechi contabiliza la primera ocupación de tierras de las últimas décadas en San Francisco Solano, en los 80, de la mano del cura Raúl Berardo. “Desde aquel momento los de abajo han desarrollado capacidades que llamo poderes. Capacidad de poder hacer una cantidad enorme de cosas. En el peor de los casos, seguir a un caudillo o un puntero. En el mejor, organizarse autónomamente para hacer un montón de cuestiones que antes hacía el Estado. Y que aún hoy habiendo planes y políticas sociales el Estado hace a medias. Pero la gente sigue haciendo. Los sociólogos llaman a ese poder “empoderamiento”. Es una palabra que no me gusta. Pero esa capacidad de hacer de los de abajo ha sido lo que llevó a romper el cascarón de las organizaciones preestablecidas, y saltar a la arena pública el 19 y 20. Y en muchos otros reventones que hubo antes y que siguió habiendo después”.
[audio:https://media.lavaca.org/audios/19y20-raulzibechi.mp3]
Raúl Zibechi
El 19 y 20 sigue ocurriendo
Las organizaciones de desocupados que no se resignan a ser un punterismo de nuevo cuño, las fábricas recuperadas, las distintas experiencias cooperativas y horizontales que nacieron de 2001, son para Zibechi sólo una parte de lo vigente desde entonces: “Se vio en el Indoamericano. Se abre una grieta, y la gente no espera. Del mismo modo que no espera que haya una justicia reparadora por parte del Estado. Si llega, y se condena a un Videla, bienvenida. Pero hay un ajusticia de lo que sucedió hace tres décadas. De lo que ocurre hoy, del gatillo fácil, de la represión, de las patotas del color que sean, sobre eso no hay justicia”.
Dicho esto, el 19 y 20 no parece, para Zibechi, un tema de museo, sino lo contrario: “el 19 y 20 sigue pasando. Pasó en el 2002 en Puente Pueyrredón y siguió a lo largo de la década en mil pequeñas acciones, en las asambleas contra la minería, los bachilleratos populares, la movilización cuando los juicios de la legislatura, cantidad de accioners contra la represión. La movilización por lo de Mariano Ferreyra, lo de los qom en Formosa, la muerte de Kirchner, son un montón de hechos en los que el 19 y 20 sigue operando. Hechos que no tuvieron la envergadura del 2001 pero podrían tenerla si se dan las condiciones.
Sobre la derecha
“Todo eso muestra que se está reconfigurando la coyuntura política permanentemente” asegura Zibechi. “Yo veo que se está vetando a la derecha, a los Macri y compañía, a los menemistas de hoy, y se está forzando a los que están en la Casa Rosada para
que sigan mirando el abajo y atendiendo las necesidades de la gente. No es un legado muerto. Es un legado que opera y actúa en la cotidianeidad”.
La socióloga Norma Giarracca trata de ajustar el foco sobre aquellos días: “Hay políticos y periodistas que dicen que lo que ocurrió fue el producto de la manipulación de caudillos políticos. Pero eso pudo hacerse por el grado de desesperación de la población. Por el hambre y la situación de desesperanza y sufrimiento que había en esos meses”.
¿Corralito + bolsillo?
Continúa Giarracca, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del instituto Gino Germani: “Aquellas interpretaciones que miran a la historia y la gente desde lo institucional y los arreglos palaciegos, dicen que la clase media porteña salió porque le habían tocado el bolsillo. Efectivamente la cuestión del corralito fue un elemento importante para un conjunto de ahorristas que no tenían nada que ver con los sectores concentrados que habían sacado el dinero durante el 2001.
Eran parejas de ancianos que tenían ahorros, gente que había vendido una casa, etcétera, y que también son dignos de respeto”.
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Norma Giarracca
La cacerola de la clase media
La idea de relativizar el reclamo de esa clase media en decadencia y sus cacerolas abolladas, es un argumento que mezcla una especie de obrerismo (muy de clase media) con cierto elitismo de los que buscan encoger teóricamente las consecuencias del 19 y 20, al extremo de que Giarracca debe aclarar que aquellos manifestantes “son dignos de respeto”.
“Pero además de haber salido los ahorristas, salió una clase media que estaba harta de lo que estaba pasando básicamente desde 1990. Que había creído en las promesas de Alfonsín, y se había desilusionado. Que había creído en las primeras promesas de Menem, y se había horrorizado. Y que había puesto sus esperanzas en la Alianza, muchos pensando que la presencia de Chacho Alvarez, que era un hombre que venía del centroizquierda, podía modificar esa terrible y dramática línea de la historia que venía desde el año 75 en lo que hace en la línea económica, aún cuando debemos reconocer un cambio político importante en el 84”.
El fin de la representación
La mayor industria argentina suele ser la trituración de esperanzas. “Esa gente de clase media salió a la calle con hartazgo, y produjo un fenómeno que articuló demandas de las personas que se movilizaron el 19 a la noche, con la gente del conurbano que se sumó el 20 en la Plaza de Mayo. Un fenómeno político en el corazón del poder del país, la Plaza de Mayo, que tuvo una importancia muy grande para la historia posterior. Hay una falla de representación, expuesta en esa consigna polisémica (con muchos significados) del ‘Que se vayan todos’. El mensaje era: no queremos más la representación política. Queremos tomar la historia en nuestras propias manos”.
La respuesta K
Giarracca cree que de todos modos una consigna como esa tenía límites. “Porque de alguna manera la política hay que resolverla. Y no se resolvió la política de representación, no se la pudo cambiar en esa coyuntura. Después está lo otro. Cómo influye esto en la década posterior. Yo creo que uno puede reconocer en el gobierno de Néstor Kirchner sobre todo, haberse dado cuenta de que el país no estaba para bromas. Y empezar a plantear y anclar ciertas tradiciones que son aquellas de las que nos sentimos orgullosos la mayoría de los argentinos. Que son tradiciones libertarias, de justicia, democráticas. Él lo tomó por el lado de los derechos humanos, que sabía que eran un valor, algo muy preciado para la sociedad que había sufrido lo que había sufrido en la década del 70”.
¿Cómo hubiera sido el país sin 19 y 20?
Norma hace el razonamiento al revés: “Creo que sin el 19 y 20, sin todo lo que pasó, muy probablemente los Kirchner no hubiesen llegado al gobierno. Pero si hubiesen llegado por la razón que sea, no se hubiesen planteado como sentido de gobierno lo que se plantearon. Por eso me parece muy importante recordar el 19 y 20 porque de alguna manera planteó una línea en la historia reciente de la Argentina, que marca un límite, una distancia. Se pone una distancia a aquello que es lo peor de nuestra historia. Le indica a las clases gobernantes que las poblaciones pueden tener paciencia, pueden tener formas de adaptarse a las nuevas situaciones y aprovechar los momentos de bonanza económica. Pero hay límites que no los pasan”. Giarracca cree que Kirchner en particular, entendió ese mensaje como nadie: “Siempre se cuidó muchísimo de la cuestión de la represión de la protesta, porque tenía muy presente lo que había pasado desde finales de los 90 y hasta que él asumió. Lo que no tengo claro es si eso está presente en la clase política actual. O si se cree nuevamente, como lo dicen los diarios de derecha, como Perfil por ejemplo, que la represión es uno de los dispositivos más importantes para el desarrollo económico del país”.
Si fuera el caso, se confirmaría una vieja maldición argentina: toda posibilidad de democratización de la riqueza, de redistribución de la democracia, tiende a resolverse matando.
Sólo el 19 y 20 fueron 38 los muertos (más abajo, la nómina completa).
Cara a cara con el que mató
Olga Tonino es la madre de Gustavo Benedetto, el muchacho muerto de un balazo en la cabeza, disparado desde adentro del banco HSBC. “Miraba el noticiero, y veo que seguimos pidiendo justicia” dice Olga a lavaca.
“La causa de Gustavo está, pero toda parada. Nadie me llamó para nada, para darme algo. Y a él no lo tengo desgraciadamente, hace 9 años. Él de acá se fue solo, no fue con ninguna agrupación ni nada, quería saber lo que ocurría ahí ese día, ese 20 de diciembre. Fue lo que le tocó. No sé si fue el destino de él, o la desgracia. ¿Qué otra cosa te puedo decir?”.
Olga sigue esperando que se haga algo. “Yo estuve cara a cara con el tipo que mató a mi hijo (el ex mayor del Ejército Jorge Eduardo Varando, que estuvo dos años en prisión por el caso y quedó libre). Ese militar le disparaba a la gente. En la reconstrucción lo tuve ahí. Frente a mí. Pero él está suelto. Lo largaron. No se hizo más nada.
Olga traza un perfil de Gustavo, a punto de quebrarse: “Era un chico bueno, trabajador, trabajaba en un supermercado. Yo había quedado viuda un año antes, y él era el sostén mío, porque trabajaba para ayudarme. Por eso tenía tanta bronca ese día: ‘Me voy a la plaza me voy, quiero ver cómo es esto’. Agrega Olga: “No iba a hacer quilombo, nada que ver”.
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Olga la madre de Gustavo Benedetto
Nombres
La causa en la que se investiga la represión y las muertes ocurridas el 19 y 20 es otra muestra genética de la Argentina de los últimos años. Rodrigo Borda es abogado e integra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los que promueve ese juicio. Explica Borda: “Los imputados en la ciudad de Buenos Aires son Enrique Mathov, como secretario de Seguridad, el comisario Rubén Santos, como jefe de la Policía Federal, el comisario Raúl Andreozzi como jefe de la Superintendencia Metropolitana, y el comisario Norberto Gaudiero, de Coordinación Federal. Estos imputados están en la etapa de juicio Oral en el Tribunal Oral Federal número 6. Se les atribuyen las cinco muertes ocurridas en Capital Federal, como homicidio culposo por la negligencia en la conducción del operativo, y alrededor de 118 lesiones culposas, que son los heridos”.
De la Rúa encontró la salida
¿Y el juicio? “Creemos que el año que viene podría realizarse” sostiene Borda. “De la Rúa se encuentra sobreseído por la Cámara Federal en un fallo dividido, y ese sobreseimiento está apelado por el fiscal, el CELS, el abogado Rodolfo Yanzón y CORREPI. Aspiramos a que el año que viene se defina en la Cámara de Casación o en la Corte la situación de De la Rúa, con la esperanza de que pueda revertirse el sobreseimiento y se lo sume al juicio”.
Otro imputado ya falleció, el entonces ministro del Interior Ramón Mestre. “Además hay causas en las que no intervenimos pero siguen pendientes, por los autores materiales. Por ejemplo en el caso de la muerte de Gustavo Benedetto, al que le dispararon desde adentro del HSBC y el caso del homicidio de Alberto Márquez en la 9 de Julio, con imputados de Asuntos Internos de la policía tanto por esa muerte como por las lesiones de los heridos de bala en ese contexto. Hay además un policía, el principal Víctor Belloni. Hay pruebas, fotos y testigos con los que se pudo reconstruir su actuación en Tacuarí y 9 de Julio. Es uno de los imputados por la muerte de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos ‘Petete’ Almirón. Sin embargo, no está procesado por ese hecho pero sí por haber disparado en ese contexto, así que está elevado a juicio como tentativa de homicidio. Y otros están imputados por apremios ilegales, vejaciones, golpes”.
Se trata de un viejo truco (o inepcia) judicial: tener las causas divididas en múltiples pedazos. Borda: “La aspiración es que todo eso se unifique en un solo juicio, porque son obviamente hechos concurrentes”.
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Rodrigo Borda
Corruptos, Represores & Corpiños
Borda siente un sabor amargo: “No haber podido avanzar en la identificación de los policías que dispararon contra Riva, Lamagna y Almirón. Hace 6 años pedimos un peritaje, que no se ha hecho. Es frustrante. Pero en otro sentido se puede destacar que a diferencia de lo que ocurrió con Kostecki y Santillán (los piqueteros muertos durante la represión en Puente Pueyrredón en junio de 2002) aquí se avanzó mucho más con respecto a los responsables políticos y jefes, que con respecto a los autores materiales sobre todo en helecho de Riva, Lamagna y Almirón. Todavía falta que lo de De la Rúa se revierta, y si ocurre sería un logro que los responsables políticos sean llevados a juicios. Después será importante obtener las condenas que corresponden”.
¿El poder judicial es lento en estos casos, o cómplice? “No podría decir que hay una deliberada intención de tapar u ocultar. Pero hay algo que se ve en casi todos los casos que presentan cierta complejidad, por la cantidad de víctimas o la complejidad de los hechos. En los casos complejos, la justicia muestra un record bastante pobre, sobre todo la justicia federal, una justicia más acostumbrada a perseguir a personas por tenencia de drogas, o a bolivianas que venden corpiños en la calle, que a perseguir corruptos o represores”.
Sigue el abogado: “Yo noto una enorme ineficiencia que se refleja no sólo en casos como estos sino en los casos en que se investigan hechos de la dictadura. La demora de la justicia es pavorosa. Por eso ejemplificaba con el peritaje balístico que hace 6 años está pedido y aceptado, y no se hace, no se puede, porque falta una cosa, tal otra, tal documentación, comunicar a tal perito tal cosa. Seis años. Hicimos recursos de queja por denegación de justicia. Y la verdad es que lo que obtuvimos es bastante poco. Eso explica muy bien por qué hace 10 años se inició la causa pero no tenemos un juicio, y por ende condena. La causa muestra con claridad la ineficiencia y la lentitud de la justicia federal para casos como éstos.
Nombres para recordar
Esta es la nómina elaborada por Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), de los muertos el 19 y 20.
– ACOSTA, Graciela, 35 años. Militante de DDHH. Estaba con una amiga buscando a sus hijos. Se acercó a un supermercado frente al que unas mil personas reclamaban comida. Recibió dos impactos de bala, disparados rodilla en tierra por un policía al que su amiga vio perfectamente. Provincia: Santa Fela espalda.la espalda.La Tablada.la cabeza.la boca.
– ALMIRÓN, Carlos “Petete”, 24 años Petete era militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y de la Coord. de Desocupados 29 de Mayo. Recibió un disparo de la policía en el pecho en Av. 9 de Julio y Av. de Mayo cuando encabezaba una columna de manifestantes que intentaba volver a la Plaza de Mayo.
– ALVAREZ Villalba, Ricardo, 23 años Asesinado en Rosario, Santa Fe.
– ARAPI, Ramón Alberto, 22 años Estaba con amigos tomando tereré en el Barrio Nuevo de Corrientes. Entró al barrio una camioneta Ford F-100 bordó sin leyendas identificatorias y sin patente, con cinco hombres, cuatro con el uniforme de combate azul-celeste de la policía de Corrientes. Arapi trató de esconderse, pero dos de los policías lo corrieron y alcanzaron. Uno lo golpeó y le pegó un tiro que entró por el pecho y salió por
– AREDES, Rubén, 24 años Fue asesinado por la Policía federal mientras participaba en un corte de calles en Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Recibió cuatro balas de plomo por
– AVACA, Elvira, 46 años Recibió un escopetazo frente a un supermercado frente al que pasaba con su hija en Cipolletti, Río Negro. Recibió el disparo en la zona lumbar. El calibre de la bala es policial.
– AVILA, Diego, 24 años Asesinado en Villa Fiorito, Buenos Aires.
– BENEDETTO, Gustavo Ariel, 30 años Se encontraba en la esquina entre la Avenida de Mayo y Chacabuco, Ciudad de Bs. As., donde se estaba llevando a cabo una manifestación. Recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muerte, disparado desde el interior del Banco HSBC, donde prestaba servicios como custodio privado el ex militar Varando, represor de
– CAMPOS, Walter, 17 años Estaba esperando cajas de comida junto a cientos de personas frente a un supermercado en Rosario (Sta Fe), cuando un tirador de elite de las TOE (Tropas de Operaciones Especiales) le disparó a
– CÁRDENAS, Jorge, 52 años Fue herido la noche del 19 en las escalinatas del Congreso de la Nación, y falleció varios meses después.
– DELGADO, Juan, 28 años Estaba con otras personas reclamando alimentos frente a un supermercado en Rosario, Santa Fe. Llegó un camión que aparentaba traer comida. Cuando los manifestantes se agolparon alrededor, de atrás aparecieron seis móviles policiales que dispararon contra la gente. Delgado fue herido con balas de goma cuando huía de la represión. Un policía lo tumbó de un cachiporrazo en las piernas, lo apuntó con su itaka, pero se había quedado sin carga, por lo que sacó la pistola y le disparó a menos de un metro de distancia.
– ENRIQUEZ, Víctor Ariel, 21 años Asesinado en Almirante Brown, Buenos Aires.
– FERNÁNDEZ, Luis Alberto, 27 años Vendía sandías frente a un supermercado en la provincia de Tucumán. Durante la represión a manifestantes, un gendarme le disparó a poca distancia en la cabeza. Murió dos días después.
– FERREIRA, Sergio Miguel, 20 años Baleado durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre de 2001. Murió un año después a raíz de una complicación hepática desencadenada por el balazo en el hígado recibido cuando la policía cordobesa reprimió duramente un saqueo a un supermercado del barrio Villa El Libertador.
– FLORES, Julio Hernán, 15 años Asesinado en Merlo, Buenos Aires.
– GARCÍA, Yanina, 18 años Recibió un disparo en el abdomen cuando, desesperada por los ruidos de las balas, salió a la vereda a buscar a su pequeña hija. En Rosario, Santa Fe
– GRAMAJO, Roberto Agustín, 19 años Un grupo de jóvenes estaba siendo perseguido por la Policía, que les disparaba balas de goma, en Alte. Brown, Buenos Aires. A la corrida se tuvieron que sumar todos los que estaban en la calle, ya que la Policía disparaba a mansalva. Un vecino pudo observar que en una obra en construcción que está ubicada en diagonal a su ventana había dos policías escondidos en las columnas. Uno de los policías disparó con balas de goma para lograr la retirada de los jóvenes, mientras que el otro policía se quedó escondido en la tercera columna de la obra en construcción y sacó el arma reglamentaria y efectuó tres o cuatro disparos. Uno de los disparos atravesó la cabeza de Roberto, que iba de su casa a la de su tío.
– GUÍAS, Pablo Marcelo, 23 años Asesinado en San Francisco Solano, Buenos Aires
– ITURAIN, Romina, 15 años Asesinada durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre, mientras estaba en su casa, adonde ingresó una bala policial disparada contra quienes protestaban frente a un supermercado en Paraná, Entre Ríos.
– LAMAGNA, Diego, 26 años Murió después de haber sido herido en el pecho con un perdigón de plomo. Según testigos, le dispararon policías de civil desde un auto particular en la Ciudad de Buenos Aires.
– LEGEMBRE, Cristian, 20 años Asesinado en Castelar, Buenos Aires
– LEPRATTI, Claudio “Pocho”, 35 años Militante comunitario. Estaba en la terraza de la escuela en la que colaboraba (era profesor de filosofía, y ayudaba como cocinero) cuando el móvil n° 2270 del Comando de Arroyo Seco se dirigía a reprimir un corte de calles de los vecinos del barrio. Los policías detuvieron el móvil y empezaron a disparar. Pocho gritaba que no lo hicieran porque había muchos chicos. Velásquez, el efectivo condenado a 14 años de prisión, dijo en la reconstrucción que disparó sin apuntar y que no sabía si tenía balas de goma o de plomo. El proyectil que lo mató ingresó por la garganta. Fue en Rosario, Santa Fe.
– MÁRQUEZ, Alberto, 57 años Durante la manifestación en la Ciudad de Buenos Aires, de una camioneta salieron civiles y uniformados que empezaron a disparar indiscriminadamente. Alberto Márquez recibió dos balazos en el tórax a consecuencia de los cuales murió. Uno de los autores es el comisario Oliverio, jefe de asuntos internos de la PFA, quien está detenido.
– MORENO, David Ernesto, 13 años Salió corriendo cuando la policía empezó a disparar contra los vecinos que se agolpaban frente a un supermercado en la provincia de Córdoba. La autopsia determinó que David fue herido con cinco proyectiles, algunos de goma y otros de plomo. De la nuca le extrajeron una posta de plomo que pertenecería a un cartucho disparado por una escopeta calibre 12/70 de la Policía. Los impactos en su cuerpo y en los de los otros heridos fueron por la espalda, por lo que se descarta que hayan sido lesionados por otras armas que las que disparaban los uniformados.
– PACINI, Miguel, 15 años Asesinado durante en la provincia de Sta Fe, recibió varios disparos en el cuello.
– PANIAGUA, Rosa Eloísa, 13 años Había ido con su familia a buscar comida en un supermercado en Paraná, Entre Ríos, porque el comisario del barrio había hecho correr la voz de que entregarían mercadería. Al llegar los esperaban policías y gendarmes. La bala entró por la parte superior de la cabeza y salió por
– PEDERNERA, Sergio, 16 años Baleado durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre en la provincia de Córdoba. El menor se encontraba en la calle buscando comida para su familia en el marco de los reclamos masivos que se realizaron en supermercados, cuando recibió una bala policial en el tórax que le produjo una paraplejia. Un año después falleció en el hospital.
– PEREYRA, Rubén, 20 años Baleado por la policía cuando regresaba a su casilla llevando al hombro una caja con alimentos entregados en un supermercado. En Rosario, Sta Fe
– RAMÍREZ, Damián Vicente, 14 años Asesinado de un balazo en el cuello en la esquina de Maciel y Cristianía, Gregorio de Laferrere, Buenos Aires.
– RIOS, Sandra. Asesinada durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre. Sin datos.
– RIVA, Gastón Marcelo, 30 años. Circulaba en moto por la Avenida de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando recibió un disparo en el pecho proveniente de alguna de las armas de un grupo de cuatro policías que estaban disparando.
– RODRÍGUEZ, José Daniel. Asesinado en Paraná, Entre Ríos.
– ROSALES, Mariela, 28 años. Asesinada en Lomas de Zamora, Buenos Aires.
– SALAS, Ariel Maximiliano, 30 años. Asesinado en la esquina de Maciel y Cristianía, Gregorio de Laferrere, Buenos Aires.
– SPINELLI, Carlos Manuel, 25 años Fusilado desde un Gol blanco durante la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. Sucedió en Pablo Nogués, Buenos Aires.
– TORRES, Juan Alberto, 21 años Sufrió una herida de arma de fuego en la zona abdominal. En Corrientes.
– VEGA, José, 19 años Asesinado en Moreno, Buenos Aires.
– VILLALBA, Ricardo, 16 años En Rosario, Santa Fe, recibió un tiro en un ojo cuando vecinos manifestaban pidiendo alimentos frente a un autoservicio. Murió el 23 de diciembre.
Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
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