Nota
Los que tienen coronita
El edificio del ex Padelai es un símbolo de cómo se generan las políticas de exclusión en la Ciudad de Buenos Aires. En 2003 fue escenario de uno de los desalojos más violentos, que con gases y palos corrieron a las familias pobres que allí vivían. En agosto de 2009, la Legislatura dio trámite en tiempo récord -6 días -a la ley que cedió su uso gratuito y por 30 años al Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). Para poder hacer este regalo, la Ciudad debió pagar primero 12 millones de pesos a una empresa fantasmagórica. Luego, entregó los 5.970 metros cuadrados con una sola condición: que el CCEBA presentara «los plazos para realizar las obras, el proyecto arquitectónico y la línea de la programación cultural», según establece el artículo 2 de la ley.
Hasta el momento, hasta los propios legisladores porteños desconocen si esa condición se cumplió.
El círculo se cierra entonces de manera paradojal: el mismo edificio que el gobierno porteño vació a los palos de familias pobres es habitado ahora por ocupas VIP a los que nadie pide explicaciones.
El desalojo de Ibarra
El Padelai llegó a albergar a 759 personas que fueron expulsadas de allí con diferentes tácticas. La última fue la violencia. El desalojo de las 24 familias, que quedaron como residuo de una ocupación que se inició en 1984, cosechó 52 detenidos y 16 heridos. La crónica publicada por el diario La Nación rememora así el episodio:
«El primer mazazo se escuchó a las 17 y sacudió el edificio. Cerca del efectivo de la guardia de auxilio de la comuna que golpeaba con decisión, dos nenas miraban cómo caían los ladrillos de lo que había sido su ruinoso baño. Ellas estaban allí esperando que sus madres terminaran de sacar las pertenencias del cuarto que hasta ayer ocuparon en el ex Patronato de la Infancia (Padelai), que fue desalojado. Todavía olía a gases lacrimógenos cuando las nenas veían caer los escombros. Sus vecinas decían que habían sido golpeadas».
El entonces jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra, había intentado desocupar el edificio entregando un subsidio que rondaba los 30 mil pesos a cada familia,. Los que habían quedado resistiendo pertenecían al grupo que no fue incluido en este beneficio. Fueron desalojados por la fuerza con la excusa de un posible derrumbe para dejar así al Padelai vacío, a la espera de un destino que prometía aquello que algunos vecinos de San Telmo querían escuchar: un proyecto cultural que regara valor inmobiliario en el barrio.
El regalo de Macri
La propuesta que selló el destino del Padelai floreció recién en junio de 2008, cuando Mauricio Macri firmó un acuerdo para ceder el edificio al gobierno español. Para concretarlo fue necesario que la Legislatura porteña aprobara dos polémicas leyes:
- La expropiación: Se concretó el 19 de marzo de 2009. Luego de conocerse el convenio con España, el abogado César Arias -hijo del ex ministro de Justicia de Carlos Menem- presentó una demanda en nombre de la cooperativa San Telmo Ltda, supuesta poseedora del 70% del edificio, de acuerdo a un convenio suscripto con el ex intendente Carlos Grosso. Macri envió entonces un proyecto de ley a la Legislatura para declarar de interés histórico el Padelai y destinar 12 millones de pesos al pago de su expropiación, que depositó en una cuenta del Banco Ciudad a nombre de la cooperativa. En agosto de 2009 la gerencia de Inspección del Inaes informó al gobierno de la Ciudad «el estado de incertidumbre planteado en torno a la situación institucional de la cooperativa». Se perdieron los libros de actas y no se tiene registro de quiénes son sus socios, entre otras irregularidades. La única constancia que tiene el Inaes sobre esta empresa es que el último domicilio legal declarado es el estudio de abogados Mariño, Coconi y González.
En síntesis:
- El gobierno macrista destinó 12 millones de pesos a pagarle a una empresa que no cumple con los mínimos requisitos legales.
- A la fecha no está claro si se cobró el dinero depositado en el Banco Ciudad a nombre de esa cooperativa fantasmagórica.
- Tampoco si correspondía ese pago.
La expropiación se convirtió en ley en aquella sesión en la que la entonces diputada Patricia Walsh cubrió su banca con una bandera española para expresar lo que calificó un «acto de entrega y colonialismo».
- La cesión: Se aprobó en agosto de 2009, cuando la Legislatura dio trámite en tiempo récord a la ley que cedió el uso del Padelai al CCEBA: el ingreso del proyecto, su tratamiento en las respectivas comisiones y su aprobación consumió solo seis días. Las objeciones más importantes tuvieron que ver con los grandes enigmas del proyecto: no fijaba un cronograma de obras ni definía el monto de la inversión. Para enmendar este vacío, los legisladores acordaron agregar un artículo que condiciona la cesión a la presentación de los plazos para realizar las obras, el proyecto arquitectónico y la línea de la programación cultural. Los legisladores consultados por MU, y que en su momento objetaron estos puntos, no supieron informar si se cumplieron tales exigencias. El director de CCEBA Ricardo Ramón, en cambio, aseguró en octubre que «para las navidades, seguro» estarían terminados los pliegos del llamado a concurso para realizar las obras comprometidas. Dijo también: «Se trata de una licitación internacional y las pautas las estamos fijando junto con el Colegio de Arquitectos». Sin embargo, el jueves 23 de diciembre el Colegio de Arquitectos aseguró a lavaca: «No hay novedades» sobre el concurso. No pueden, tampoco, asegurar que se haya avanzado en torno a las condiciones para realizarlo. Responden: «Acá está todo parado».
Por lo pronto, el CCEBA se ha limitado a usar las paredes externas del edificio (el interior sigue inhabitable) para decorarlas con gigantografías e intervenciones, que custodia con cámaras de seguridad, a pesar de lo cual algunas fueron blanco de agresiones y amanecieron con tajos.
Expresan, así, las heridas de un barrio que se divide al ritmo de la especulación inmobiliaria, las expulsiones violentas y la ausencia de políticas sociales; la rapidez con que gobierno y legisladores otorgan dinero y espacios públicos para que ocupen unos aquello que niegan a otros; las continuidades y las paradojas, entre otras tantas cosas.
Expresan, también, una cultura: la otra.
Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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