Nota
24 de marzo: Memoria del presente
El caso de un adolescente secuestrado y desaparecido en democracia, Luciano Arruga, cuya investigación continúa vergonzosamente caratulada como “averiguación de paradero”, convocó a uno de los actos tal vez más simbólicos de los que se producen en estos días en torno al 24 de marzo: un acto en tiempo presente. Por eso vecinos de Lomas del Mirador, chicos de las escuelas primarias, figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Pablo Pimentel (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza) y Hugo Cañón (Comisión Provincial por la Memoria), por ejemplo, acompañaron a familiares de víctimas desaparecidas en democracia este viernes frente al destacamento policial cuyos integrantes hicieron desaparecer a Luciano Arruga en enero de 2009. Dato ilustrativo: no hubo funcionarios municipales, provinciales ni nacionales.
Reclutamiento de jóvenes
No hay ningún policía procesado, pero la tenacidad de familiares y amigos ha logrado desactivar el destacamento que se había instalado en medio de los pedidos mediáticos de “mano dura”, que no bajaron ningún índice delictivo pero permitieron a la Policía Bonaerense, también en Lomas del Mirador, reclutar jóvenes para delinquir en “zonas liberadas” por la propia fuerza.
Luciano fue de los que se negó. La metodología que pone en contacto al pasado y al presente se verifica en las palabras: secuestro, desaparición, torturas, zonas liberadas. El 24 de marzo encuentra al país con la posibilidad de hacer justicia ante las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Pero las zonas oscuras policiales que padecen principalmente los jóvenes pobres, en casos como la provincia de Buenos Aires, parecen protegidas por la impunidad política y judicial.
Paralelos de ayer a hoy

El acto
Este viernes 23 el destacamento fue de los familiares y vecinos. Las paredes del lugar fueron intervenidas por alumnos de distintas escuelas de La Matanza con recortes y collages informativos que recuerdan su oscuro pasado. Las habitaciones podían visitarse aunque parcialmente: tres de las cinco siguen siendo objeto de pericias por la causa de Luciano.
Desde las 10 de la mañana los chicos mostraron sus trabajos e hicieron el recorrido por el ex destacamento. Luego habló el presidente de la Comisión Nacional por la Memoria, Hugo Cañón, quien acopló allí su intervención institucional como repudio al golpe de 1976. Aquí se incluyen los audios de cada uno de los oradores del acto.
Luego contaron a lavaca la importancia de recordar un nuevo aniversario del golpe junto a los familiares de Luciano Arruga.
Pablo Pimentel (APDH)
[audio:http://archive.org/download/AudiosLucianoArruga/lucianoarruga-pimentel.mp3]
Adolfo Pérez Esquivel
[audio:http://archive.org/download/AudiosLucianoArruga/lucianoarruga-perezesquivel.mp3]
Vanesa Orieta (hermana de Luciano Arruga)
[audio:http://archive.org/download/AudiosLucianoArruga/lucianoarruga-vanesa.mp3]
“Cambiar la mentalidad”
Pérez Esquivel: “Esto no comienza ni termina aquí, es una etapa que tenemos que ir fortaleciendo para trabajar la conciencia colectiva y la responsabilidad social, como se hizo hoy acá con estos chicos. Lamentablemente, Luciano es un desaparecido en democracia, lo mismo que Julio López, entonces hay que tratar de evitar esto y cambiar la conciencia, la mentalidad de aquellos que todavía piensan que ése es el camino. Y superar la impunidad jurídica”.
“Todos los asesinados”
Pablo Pimentel (APDH): “El hecho de que la Comisión Provincial por la Memoria haya decidido hacer su acto institucional de repudio al golpe en este lugar, nos da una connotación y un compromiso muy fuerte. De alguna manera visibiliza a todos lo que pasó con Luciano y exige que a la justicia local que actúe en consecuencia. Es un día importante de reflexión que nos compromete a profundizar todo lo que venimos haciendo acerca de Luciano y todos los pibes asesinados por la policía”.
Otro caso: Kiki
Entre los presentes, se encontraban los amigos de Jonathan “El Kiki” Lezcano, asesinado por la policía el 8 de julio de 2009 junto a su amigo Ezequiel Blanco. Durante dos meses fueron, como Luciano, jóvenes desaparecidos. La madre de “Kiki” presentó una denuncia, recurrió a Missing Children, fue a programas de televisión. Las sospechas recaían sobre la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 52º en la que tantas veces los habían golpeado. Incluso “Kiki” había sido amenazado: “Voy a ser tu sombra”, le habría dicho un policía. Recién el 14 de septiembre los cuerpos fueron encontrados en un cementerio; se supo que fueron enterrados como NN por orden del fiscal Facundo Cubas, del juzgado de Instrucción n°49, que recién en octubre pasado fue removido de la causa. Al reconstruir la secuencia, quedó implicado el agente de la Policía Federal Daniel Santiago Vega, pero en carácter de “testigo”.
Durante 2011 la causa había sido sencillamente cerrada, a pesar de los intentos de la querella por reactivarla. El último cartucho fue la presentación de un amparo en octubre, que logra un nuevo juez. Las pruebas salen a flote. Vega pasa de “testigo” a “imputado”. Se investiga al fiscal Cubas por la errática orden de entierro. Los amigos del “Kiki” cuentan entusiasmados estas novedades: “En febrero se hizo al ronda de testigos, que era un solo, el que había visto como le disparaban al Kiki. Ahora estamos en la etapa de las audiencias esperando con ansias la declaración de Vega”.
Del lado de afuera
Vanesa Orieta, hermana de Luciano, rompió la línea conmemorativa del acto: denunció que los familiares no tienen participación en la coordinación del espacio del ex destacamento, tal cual había sido acordado con la intendencia. Hace dos semanas, cuenta, cambiaron sin aviso la cerradura de una llave que ellos también manejaban. Se entiende por qué no hubo funcionario alguno en el acto, a pesar de la omnipresente firma del intendente Fernando Espinoza sobre el cartel que dice: “Espacio para la memoria social y cultural Luciano Arruga”.
“Hoy estamos del lado de afuera lamentablemente. Por eso llamamos la atención de todos aquellos que quieren tener una participación para que tengan en cuenta que si nosotros no entramos, ellos van a tener las manos manchadas con sangre. Es increíble que nosotros, que venimos peleando por este espacio, lo tengamos que ver de afuera, y que aquellos que no han hecho absolutamente nada por nosotros ni por la familia ni por Luciano hoy pongan tremendo cartel y que chapeen con el nombre de Luciano y que intenten hacer de esto un centro social y deportivo. No lo vamos a permitir”.
De miércoles
Vanesa no oculta a lavaca toda su bronca. Desde la desaparición de su hermano, el cierre del destacamento fue su principal reclamo. Tras años de denuncias recién en 2011 lograron forzar la promesa del intendente Fernando Espinoza, el mismo que lo había inaugurado en 2007 por pedido expreso de ciertos vecinos: lo cerraría cuando se concretara “una prueba”. Desde que se demostró que Luciano había estado allí el día de su desaparición, Espinoza demoró cerrarlo hasta el 28 de diciembre de 2011 (Vanesa define: “un día de miércoles”). Pidió “perdón” a los familiares y dijo “desconocer lo que estaba pasando”. El intendente además reconoció la desaparición de Luciano.
El cartel dice ahora que el destacamento es un “Centro social de la memoria”, con el nombre de Luciano Arruga y la firma de Espinoza. Sin embargo, los familiares y amigos de Luciano no lo sienten propio.
La propuesta
Sobre el tema del manejo del lugar, una semana atrás la intendencia cambió la cerradura de una llave que también manejaban los familiares y amigos, y los dejaron afuera. Pablo Pimentel completa a lavaca la secuencia: “Cuando yo hablé con el secretario de Gobierno municipal me dijo que habían cambiado la llave porque era la misma que tenía la policía. Yo le digo, está bien, pero ¿porque no le avisaron a los familiares? Y si tomaron la decisión política de no darles las llaves, díganle por qué”.
¿Qué proponen los familiares y amigos? Explica Vanesa: “Que este lugar sea un referente del tema de derechos humanos actuales. Que el de Luciano se convierta en un caso testigo de situaciones que no pueden ser visibles para el resto de la sociedad. Lamentablemente el poder político municipal no entiende que somos familiares de víctimas y que queremos transformar este lugar de muerte en un lugar de vida con nuestra forma de organización y de lucha. Nuestro trabajo acá tenía que ver con la reconstrucción de la memoria, con un archivo de casos, con una biblioteca de derechos humanos, tratando de crear un espacio para que los jóvenes de los barrios puedan ser integrados a un proyecto más humanizado. No queremos que se apropien de nuestro trabajo, ni del nombre de Luciano”.
Lugar para la vida
Pimentel: “Lo que ahora falta a este lugar es darle contenido, y el contenido tiene que estar sí o sí en el marco de lo que la familia y los amigos quieren: un lugar que sea de vida, de contención y de iluminación de otros jóvenes para que no vuelva a ocurrir lo que pasó. Si no está la familia en este espacio nosotros como APDH no vamos a participar”.
Cuando termina la jornada familiares y amigos se apuran a despegar las pancartas de las paredes del ex destacamento. Se van a Morón, a otro acto.
Tienen que devolver las llaves.
La pregunta
¿Cuál es la lógica de que esté cerrado el destacamento pero libres sus policías, sin proceso y cumpliendo funciones?
Vanesa Arruga: “Esa pregunta yo me la hago todos los días. A 3 años, la causa de mi hermano se mantiene como averiguación de paradero y yo siempre tengo estos pensamientos rápidos, que me surgen: si a tres años de desaparecido un chico de 16 años la justicia no pudo encontrarlo, yo no me puedo poner a hablar de la parte profesional de cada uno de los que están en esta causa. Porque tendría que decir que son paupérrimos, mediocres, que no saben cómo trabajar. Pero como yo creo que hay una intencionalidad, nos tenemos que valer de todos los artilugios que existan a nuestro alrededor para acorralar a esa justicia, y que en definitiva termine haciendo lo que tiene que hacer: reconocer que acá existió una participación de la policía para secuestrar a Luciano, torturarlo y desaparecerlo”.
Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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