Nota
Esquel celebra, pero las mineras quieren El Desquite
A 36 años del golpe militar, una de las cumbres más genuinas del sistema democrático ocurre cuando la sociedad puede definir su destino. Un caso paradigmático desde la recuperación democrática ha sido el de Esquel, donde el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito que rechazó por un 81% la minería a cielo abierto. Sin embargo hoy, 9 años después, empresas y gobiernos insisten en hacer lo que la gente no quiere, por lo que en el multitudinario acto de Esquel para celebrar aquel plebiscito, los oradores leyeron estas palabras de la Asamblea de Ciudadanos Autoconvocados:
- «Les decimos a los megamineros, a sus socios, a sus protectores políticos y a sus gerentes de todo tipo: no descansaremos, señores, no bajaremos los brazos, aquí nos tendrán, inagotables, hasta que su sordera oiga, hasta que se dignen a respetar al pueblo. Porque en este pueblo, señores, por si no lo recuerdan, la dignidad ya fue plebiscitada, y ganó por mayoría.»
El plebiscito de 2003 declaró a Esquel “municipio no tóxico” y de “ambiente sustentable”. El cumpleaños encontró a esta movilización de 3.000 personas en medio de jornadas plagadas de maniobras y avances de las mineras que Marta Sahores, una de las asambleístas, definió a lavaca como “subrepticias y secretas”, aunque los propios vecinos se han encargado de dejarlas al desnudo.
Grinpis y la ballena
En la misma provincia donde la prohibición de minería a cielo abierto es ley, hay 135 proyectos mineros que operan gracias a una serie de prestidigitaciones legales (que ahora plantean que los recursos no son provinciales sino nacionales, por ejemplo) avaladas por los gobiernos pero no por la gente, como lo demostró aquel plebiscito y lo ratifican las encuestas actuales.
Se aclara al gremio periodístico que se trata de vecinos, y no “ambientalistas”, como lo plantean con humor en una de las banderas que utilizan: “No somos Grinpis, somos la ballena”.
Canadienses antimineros
Los actos y movilizaciones contaron con la presencia de vecinos, chicos de las escuelas primarias, representantes de pueblos aledaños, artistas provinciales, hubo radios abiertas, juegos, barriletes, caminatas y discursos.
Del otro lado del continente hubo una manifestación paralela: canadienses solidarios con la causa se manifestaron en Toronto frente a las oficinas de Yamana Gold, la empresa que amenaza Esquel y otras ciudades sureñas.
“Nos apoyan desde hace mucho, incluso han sacado declaraciones en el Congreso para que lo que se prohíbe hacer en Canadá, se prohíba también en el resto del mundo”, cuenta Sahores sobre el intercambio que permite un link de acciones entre Esquel y Toronto.
Cuando a Esquel le cambiaron el nombre
Primero fue Meridian Gold la que intentó explotar la mina El Desquite. Hoy la empresa que busca más de lo mismo –oro- se llama Yamana Gold: “Desde hace un año y medio que están instalados en Esquel pero jugando a las escondidas”, cuenta Sahores a lavaca. Se trata de una serie de denuncias e informaciones que han corrido estos días sobre la instalación de oficinas de Yamana en la ciudad. “No hay certificaciones oficiales pero apareció el dato de una oficina de la madre del guardaespaldas de un gerente de la minera, donde parece que están operando”. Para más datos el sitio de noticias Puerta E difundió la dirección de la oficina, en la calle Libertad 647 de Esquel.
Más allá de los guardaespaldas y sus señoras madres, hay más ejemplos de las atravesadas acciones de estas empresas: en la propia página web de la minera anunciaban un mega emprendimiento de similares condiciones al de Esquel pero en la ciudad de “Shuray”. Cuenta Sahores: “Empezamos a averiguar y resulta que era un seudónimo que pusieron a la ciudad de Esquel para ocultar el proyecto. Lo denunciamos y hasta tuvieron que ir a pedir disculpas al Concejo Deliberante”.
La provincia: 135 proyectos
El mismo 2003, después del fallido intento de instalación del proyecto minero para la explotación de la mina El Desquite, entonces impulsada por Meridian Gold, fue sancionada la ley 5001 que prohíbe la explotación minera metalífera y la utilización de cianuro en la provincia de Chubut. Desde la Legislatura de Chubut amenazan revisar la ley constantemente, así como los gobiernos locales alientan a la “minería responsable”. Pero más alá de la legislación provincial, la actividad en todo el país está regida por el Código de Minería, una norma legal de fondo que establece los sistemas de dominio de las sustancias minerales y regula los procedimientos de la industria, o al menos eso declara.
Como principio general, el dominio originario de las minas pertenece al Estado, siendo la explotación de “utilidad pública” que prevalece sobre los derechos de propiedad común. Así, es el Estado quien otorga las concesiones de explotación, al cumplimiento de las “órdenes vigentes”, siendo las minas –de acuerdo al régimen legal nacional- una propiedad distinta de la del terreno en la que se encuentran.
El Código Minero así descripto se mantiene vigente desde 1886, con algunos cambios. Es bajo estos pretextos legales que se pasan por alto una propia ley provincial que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en sus procesos. Según la web oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el listado actualizado de proyectos mineros en estado de prospección y exploración cuenta en Chubut con 135 emprendimientos desarrollados por 36 firmas, 105 de ellos en “etapa de prospección” (que significa reconocer qué minerales hay) y los restantes 30 explorando (determinando los lugares específicos de las futuras explotaciones).
La geografía chubutense indica que, mientras los primeros mapas mineros concentraban la actividad en el sector cordillerano, en la actualidad el interés minero se fue desplazando hacia el centro de la provincia. Y que en muchos casos los proyectos abarcan más de un departamento o sector: el departamento de Escalante, por ejemplo, agrupa 6 iniciativas mineras, el de Cushamen otras 5, 4 en Viedma y 3 en Futaleufú.
¿Plebiscito?
Los modos operativos de las mineras se repiten de manera similar en toda la provincia: disfrazados, a través de mentiras o medias-verdades. “Se están preparando porque quieren derogar la ley 5001”, interpreta Sahores. Otra de las lecturas de la asamblea esquelina es que el gobierno intentará lanzar un plebiscito a nivel provincial: “Creo que si lo largan en toda la provincia (al plebiscito) nos va a resultar mucho más difícil llegar a la gente con información, a pesar de lo que venimos haciendo hace un año. Estamos yendo a la meseta, hace una semana nos juntamos con gente de Trelew”, cuenta. La idea de un plebiscito en el que participe gente no directamente afectada, o que vive lejos del lugar, con el aparato estatal y clientelístico usual en estos casos, parece sumarse a las vergonzosas estrategias que vienen esgrimiendo gobiernos y mineras.
Otras palabras
Mientras tanto, los vecinos difundieron una información que plantea la siguiente mirada: “Con la misma potencia que rechazan las pretensiones de Yamana Gold/Minas Argentinas, durante los festejos los vecinos de esta ciudad del oeste de la provincia de Chubut insistieron en reclamar al gobierno provincial, a cargo de Martín Buzzi, que no modifique ni derogue la ley 5001 que prohíbe la explotación minera metalífera a cielo abierto y el uso cianuro en toda la provincia. Se unen en la acción a vecinos de muchas localidades de Chubut que defienden las fuentes de agua, la tierra y las actividades económicas verdaderamente sustentables”.
Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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