#NiUnaMás
4° Informe del Observatorio Lucía Pérez: 175 femicidios en 2020, 102 cometidos durante la cuarentena
Julio de 2020
175 femicidios en los primeros seis meses de 2020, 102 cometidos durante la cuarentena.
55 travesticidios y transfemicidios.
95 intentos de femicidios, sólo durante la cuarentena.
41 mujeres desaparecidas.
194 huerfanos, 10 durante el mes de julio.
9 crímenes en investigación sospechados de femicidios.
2 muertas por aborto clandestino.
20 femicidas se suicidaron luego de cometer el crimen.
No son cifras: son las vidas de hijas, madres, hermanas, amigas, vecinas, que la violencia patriarcal nos arrebató en formas cada vez más crueles.
¿Cómo poner fin a estas violencias?
¿Cómo construir el Nunca Más del Ni Una Menos?
Ese es el desafío social que nos toca.
De las familias destrozadas por estos crímenes dolorosamente aprendimos algunas cosas que podemos aportar:
- El Poder Judicial tiene una responsabilidad central, que no cumple. En este informe detallamos la situación del tribunal de Familia de Neuquén para dar un ejemplo concreto de cómo se construye la impunidad de los femicidios y cómo el aparato judicial violenta a las familias.
- El Poder Ejecutivo nacional, provincial y municipal tiene una responsabilidad ineludible, que no cumple. En este informe citamos el ejemplo de Rawson para ilustrar una forma concreta de construir prevención, alerta y participación social para enfrentar estas violencias. Que sea una excepción y no la regla demuestra la falta de compromiso y voluntad de las autoridades estatales para intentar nuevas y múltiples formas, hasta encontrar la más eficiente y correcta.
- Ambos poderes del Estado todavía no han informado en forma clara y transparente qué responsabilidades tienen y a través de qué organismos y personas las cumplirá, de manera tal de que ante cada femicidio ocurrido en cualquier punto del país tanto las familias como las comunidades sepan desde el primer momento a dónde ir y quién es la persona y la institución responsable de hacer cumplir los derechos que como víctima les corresponde.
- Exijimos entonces un mapa de responsabilidades, con nombres y direcciones de funcionarixs y organismos encargados de cumplir con las obligaciones que los tratados internacionales y las leyes nacionales imponen al Estado argentino. Cada localidad, cada barrio, cada rincón de este país debe tener ese mapa local, que además detalle qué recursos están asignados para enfrentar estas violencias, tanto para contener a las familias de las víctimas como para prevenirlas socialmente. Que esos recursos sean públicos y transparentes es nuestro derecho y es una obligación del Estado.
Hasta tanto el Estado anuncie las respuestas que necesitamos, la sociedad argentina debe exponerse, desafiar la cuarentena, el frío y la comodidad para gritar en las calles lo que se niegan a escuchar. Resumimos en este informe con imágenes y breves comentarios seis marchas que se hicieron durante el aislamiento obligatorio y en diferentes ciudades del país con un mismo reclamo: justicia.
31 de julio: Una marcha organizada por el grupo de Mujeres Autoconvocadas de Berabevú reiteró el «pedido de justicia por Julieta Del Pino”.
18 de julio: Maira Castillo, según información aportada por las autoridades judiciales se habría quitado la vida. Sin embargo familiares y amigos de la joven sostienen que podría haber participación y responsabilidad directa de su pareja. Con una multitudinaria marcha reclamaron a la justicia por avances concretos en la investigación del hecho, y que se cambie la caratula de la causa.
15 de julio: El femicidio de Rocío Vera conmocionó a la localidad de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe. La joven de 14 años fue encontrada sin vida en un descampado y con signos de haber sido golpeada. Tras el hecho, vecinos autoconvocados de la ciudad se movilizaron para reclamar que se esclarezcan los hechos y pedir justicia por el femicidio.
La marcha se inició en el ingreso al barrio Carmen Luisa, de la ciudad de Reconquista. Desde Lisandro de la Torre y la Interbarrial, caminaron hasta una casa de Avenida San Martín al 4100, en cuyas inmediaciones fue hallado el cuerpo de Rocío.
5 de junio: En La Rioja se realizó una marcha para exigir justicia por el femicidio de Micaela Gordillo.
18 de mayo y 26 de abril: La familia de Cecilia Gisela Basaldúa, la mujer asesinada cuyo cuerpo fue encontrado el sábado 25 de abril en Capilla del Monte, Córdoba, encabezó dos marchas para reclamar que se esclarezca el crimen y se busquen y encuentren a otros posibles involucrados en el femicidio.
La experiencia de Rawson
Rawson tuvo 300 casos de violencia de género denunciados durante la cuarentena y este mes buscó la forma de intentar prevenirla. Desde la Dirección de Familia se puso en marcha el programa de «Promotores Barriales para la Prevención de Violencia de género» que tiene como fin capacitar a los vecinos para detectar e intervenir en esta problemática. Recién se han realizado tres reuniones con los interesados en participar de esta propuesta, y fueron unos 100 los vecinos, en su mayoría mujeres, que ya se inscribieron para comenzar con la capacitación. «Recurrimos a la intervención de los vecinos porque son ellos los que están más cerca de las víctimas y con más posibilidades de saber cuándo y dónde ocurren estos casos»
Neuquén, un ejemplo de la emergencia
La Oficina de Violencia (OV) del Poder Judicial de la ciudad de Neuquén se encuentra, según el propio director provincial, Juan Pablo Durán, en una “crítica situación de emergencia” debido a que tiene un plantel de abogadas y abogados “diezmado”. Así detalló a la prensa la grave situación: “Hoy los cuatro juzgados de Familia de Neuquén tienen en trámite 2.500 expedientes de violencia, ¿quién crees que lleva adelante todo el proceso desde la admisión, el seguimiento y control de esos 2.500 expedientes? El juzgado de Familia, no, lo lleva la Oficina de Violencia aparte de las funciones específicas. De 20 funcionarias que tendría que tener, tengo 15 que encima no puedo darles vacaciones, ni licencia. Las funcionarias están trabajando entre 10 y 12 horas por día, de manera presencial, y desde sus casas”, aseguró.
El 1 de julio prácticamente todo el funcionariado del fuero de Familia resolvió no atender más el teléfono de guardia de la OV, de 14 a 8 de la mañana. En una nota dirigida al presidente del TSJ, Oscar Massei, manifestaron que desde el año pasado sostienen un reclamo porque entienden que esa es una función que no está regulada, por la que no reciben ningún tipo de remuneración, y que está siendo prestada por personas que no trabajan la temática.
Travesticidios y transfemicidios
Durante el año 2020 la agrupación La Rosa Naranja registró 55 travesticidios y transfemicidios. Chinina Karly Sasha Palomino y Roberta Carabajal fueron asesinadas en la vía pública, baleada y apuñalada. En ambos casos las carátulas con las que se comenzó la investigación fueron “homicidio”.
Desde que se decretó el aislamiento fueron 42 estos crímenes, 11 durante julio.
Cuarentena y Violencia de género: relevamiento de denuncias en ocho provincias
- Ciudad de Buenos Aires
El ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, a través de la Dirección General de la Mujer, registró, desde el inicio de la cuarentena, un total de 19.722 llamados en la Línea 144, un 48% más en relación al mismo período del año pasado. Hubo, en promedio, 193 llamados por día: ocho por hora. El pico se registró en abril: 6.191 llamados, contra 4.065 en 2019.
Entre el 20 de marzo (cuando se decretó el distanciamiento social obligatorio) hasta el 31 de marzo se recibieron 2.082 llamados, con un aumento del 36% (1.551).
En abril se registraron 6.191 llamados con un crecimiento del 52,3% (4.065).
En mayo fueron 5.668, un 42,5% más que en 2019 (3.976).
En junio 5.781, con un crecimiento interanual del 54%.
“Venimos verificando con preocupación un aumento significativo en los llamados y en las consultas a la 144”, confirmó Felipe Miguel, Jefe de Gabinete porteño, en una conferencia de prensa compartida vía Zoom con María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat; y Agustina Ciarletta, Directora General de la Mujer.
Por su parte la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependiente de la Corte Suprema, informó que desde el 20 de marzo hasta el 17 de julio, ese organismo recibió 1.280 casos de violencia familiar y 1.455 consultas informativas y extrajurisdiccionales.
En los cuatro meses de aislamiento por la pandemia, la OVD asistió a 1623 personas y se iniciaron causas judiciales que determinaron 1000 medidas de prohibición de acercamiento y 230 exclusiones del hogar para los violentos, informó el organismo.
En ese periodo, 462 personas fueron amenazadas de muerte por las personas denunciadas.
Los agresores fueron principalmente varones (81 %) y el grupo con más denuncias fue el de entre 22 y 49 años (64 %).
Las mujeres siguieron siendo la más afectadas: de cada 10 personas atendidas, 6 fueron adultas y 3 niñas, niños y adolescentes, y hubo asistencia a cuatro mujeres trans/travesti.
6 de cada 10 afectadas fueron víctimas de violencia física.
La justicia emitió 1000 medidas de prohibición de acercamiento, 230 exclusiones del hogar a violentos, se otorgaron 345 dispositivos de alerta para mujeres agredidas y se regularon alimentos provisorios en 136 casos.
El servicio médico de la Oficina atendió a 387 personas y constató lesiones en el 82 % de los casos.
https://www.telam.com.ar/notas/202007/494040-oficina-de-violencia-domestica-denuncias-meses-aislamiento-pandemia.html —
Otro informe del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires detalló que se recibieron 2.844 denuncias «con indicadores de violencia de género» en la justicia porteña desde el 20 de marzo -fecha de inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)- hasta el 19 de junio.
El mayor porcentaje de denuncias -38%- se realizó en el último mes analizado (20 de mayo al 19 de junio) y la cantidad de presentaciones fue en aumento desde el inicio de la medida, teniendo en cuenta que durante el segundo mes se produjeron el 36% (1.036 casos) y en el primero el 26% (741 casos), de acuerdo a los datos aportados por la Oficina de Planificación de Políticas de Géneros y Diversidades.
Del total de denuncias por violencia de género, 1.041 (37 %) indican la comisión de conductas contravencionales, mientras que 1.803 (el 63 %) se enmarcan dentro algún delito penal.
Además, el 77 % del total de casos involucraron violencia de género en su modalidad doméstica.
En relación con la calificación de los hechos según las figuras penales cuya competencia corresponde al fuero local, se advierte una prominencia de las lesiones con el 40% de las denuncias; seguidas por las «amenazas» (30%) y la «resistencia o desobediencia a la autoridad» (8%).
Sobre las conductas contravencionales, el 68% estuvo representado por la acción de «hostigar, intimidar y maltratar».
https://www.telam.com.ar/notas/202007/486057-caba-cuarentena-denuncias-violencia-genero.html
- Provincia de Buenos Aires
Según un informe elaborado por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, entre el 20 de marzo y el 30 de junio de 2020 fueron asesinadas en ese territorio 33 mujeres. Un año atrás, en ese mismo período, fueron 19 las mujeres asesinadas, de acuerdo con las estadísticas de las fiscalías de toda la provincia. Apenas un 20% de las víctimas de femicidio llegaron a denunciar.»
Los departamentos judiciales donde más asesinatos por causas de género hubo durante la cuarentena fueron Moreno/General Rodríguez (6); San Isidro (5) y Zára-Campana, Lomas de Zamora y Dolores (3 cada uno).
El 25% de los asesinatos fueron un sábado. Y en la madrugada se comete el 42% de los femicidios (entre las 0 y las 12), según el reporte de la Procuración.
Por su parte el el registro del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense informó que entre el 20 de marzo y el 19 de julio, las operadoras atendieron 5.903 consultas por violencia de género. El número representa una suba promedio del 35% en los pedidos de ayuda respecto de antes de la cuarentena.
El 50% de los pedidos de ayuda se concentra en nueve municipios: La Plata, Mar del Plata (General Pueyrredón), La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Moreno y Quilmes.
En 8 de cada 10 casos, las víctimas denuncian que el agresor es su actual o ex pareja. Y el 96% de quienes ejercen la violencia son varones que, al igual que sus víctimas, tienen entre 25 y 44 años.
https://www.tiempoar.com.ar/nota/crecieron-un-35-los-pedidos-de-ayuda-por-violencia-de-genero-en-la-cuarentena
- Santa Fe
En cinco ciudades de Santa Fe (incluidas la cabecera provincial y Rosario) hubo 8.733 registros de violencia de género desde el 20 de marzo al 27 de abril de este año. La ciudad de Rosario encabeza el mayor número de casos de violencia de género, con un promedio diario de 143. Los datos son del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) y el Observatorio de Seguridad Pública (OSP).
- San Juan
En 77 días se registraron 89 casos de violencia sexual contra menores. Un 73% de esas denuncias fueron por ataques sexuales contra nenas. Es decir que cada 24 horas se denunció 1,15 casos. La mayor cantidad de denuncias fue por ataques sexuales contra menores provienen de una persona extrafamiliar, por ejemplo un amigo de la familia o un vecino cercano. Durante esta cuarenta fueron denunciadas 44 personas fuera del vínculo familiar.
El segundo puesto de los más denunciados desde el 15 de marzo al 31 de mayo fueron los padrastros y tíos: en este periodo se acusó a 12 hombres parejas de las madres de las víctimas y a 12 tíos.
Respecto al rango de edad de la víctima 44 casos pertenecen a niñas, niños y adolescente entre 12 y 17 años, en segundo lugar con 26 denuncias se da en el rango entre los 6 y 11 años; y 19 casos de 0 a 5 años.
Emanuel Torés, director de CISEM, también destacó que durante los primeros meses de cuarentena las llamadas para expresar que una mujer estaba siendo víctima de violencia sexista incrementaron notablemente. «Durante los fines de semana se observa una suba de llamadas, sobre todo en el día domingo».
- Mendoza
El Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) duplicó el número de sus intervenciones durante la fase del aislamiento social y el pico máximo de los casos se registró en mayo, con 1.188 abordajes, según informó Stella Spezia, de la Dirección de la Mujer del Poder Judicial de Mendoza.
En la ciudad Capital se atendieron 267 casos de violencia de género durante el primer semestre, según un informe de la Subdirección de la Mujer dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad. El detalle mes por mes:
Enero: 55 (de los cuales fueron judicializados 22)
Febrero 55 (de los cuales fueron judicializados 22)
Marzo 39 (de los cuales fueron judicializados 29)
Abril 42 (de los cuales fueron judicializados 31)
Mayo 39 (de los cuales fueron judicializados 32)
Junio 37 (de los cuales fueron judicializados 27)
6. Tucumán
“En los últimos dos meses se recibieron más de 400 denuncias por hechos de violencia intrafamiliar” informó el director de la oficina de Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía provincial, Julio Fernández. Un promedio de 6 por día
Entre marzo y junio el total de las denuncias suman más de 800 denuncias de mujeres que fueron víctimas de violencia en el periodo entre marzo y junio.
7. Salta
Datos oficiales del Ministerio de Seguridad provincial confirman que en entre el 1° de enero y el 1° de junio de este año se registraron 3.478 denuncias por violencia de género, de las cuales 1.476 corresponden a los cuatro meses de la cuarentena. https://www.lanacion.com.ar/seguridad/cuatro-provincias-del-norte-tuvieron-la-tasa-de-femicidios-mas-alta-en-el-primer-semestre-nid2396055
8. Entre Ríos
El 31 de julio el Poder Judicial de Entre Ríos informó que en 130 días de aislamiento “se promovieron en materia de violencia familiar y contra la mujer 3171 causas judiciales en las que se registraron 3379 personas víctimas, de las cuales el 91 % son mujeres y niñas”. En ese mismo período: “se dictaron 2369 medidas de prohibición de acercamiento y 555 exclusiones del hogar a quienes ejercen violencia”.
Desde el 20 de marzo al 20 de julio “233 personas denunciaron que fueron amenazadas, 182 lesionadas y 160 abusadas sexualmente por las personas denunciadas y ocurrieron 2 femicidios. El tipo de violencia más denunciado fue la psicológica (38%), seguida de física (31%) y sexual (21%). Los agresores fueron principalmente varones (98%) y el grupo con más denuncias fue el de entre 21 y 30 años (31%).”
El 13 de abril se implementó una plantilla para denuncias online, desde ese día se recibieron “165 denuncias de violencia familiar y contra la mujer en Entre Ríos provenientes de diversos departamentos y todas ellas remitidas al fuero competente para su tramitación. Por ese canal, 7 personas con discapacidad accedieron al servicio de Justicia”.
Además la Oficina de Violencia de Género (OGV) tramitó 34 teléfonos celulares para la instalación de la aplicación de botones de pánico solicitados por diferentes organismos judiciales de la provincia para aquellas mujeres que no disponen de dispositivos propios.
El alerta mundial
- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) predice que podría haber hasta 7 millones de embarazos no deseados en todo el mundo debido a la crisis, con potencialmente miles de muertes por aborto inseguro y partos complicados debido al acceso inadecuado a la atención de emergencia.
En Argentina, el aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo una deuda de la democracia, al menos dos mujeres murieron durante el 2020 a causa de abortos clandestinos.
- En el informe de las Naciones Unidas titulado “Covid 19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental”, se aborda la violencia machista detallando que“la violencia contra las mujeres también constituye una situación preocupante que se agrava en contextos de aislamiento social como el actual”.
https://www.onu.org.ar/stuff/Informe-COVID-19-Argentina.pdf
- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó durante julio una nota acerca del Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En el informe detallan “a la luz de la actual crisis de la COVID-19, el Convenio y la Recomendación son ahora más relevantes que nunca, ya que la pandemia está revelando y empeorando las desigualdades existentes y las inseguridades económicas que incrementan el riesgo de acoso y violencia en el mundo del trabajo”. También agregan que “Los trabajadores poco remunerados—en su mayoría mujeres—ya corrían un mayor riesgo de ser objeto de agresiones y de acoso en el lugar de trabajo antes de la crisis. Ahora muchas mujeres con empleos poco remunerados hacen trabajos esenciales de primera línea en la crisis de la COVID-19 y constituyen uno de los grupos más golpeados por la pérdida de empleos”.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—actrav/documents/briefingnote/wcms_749792.pdf
#NiUnaMás
Lucía Pérez: la lucha para que al femicida Matías Farías no le bajen la condena
(por Evangelina Bucari desde Mar del Plata, para lavaca)
Casi una década después del crimen que conmocionó a la Argentina y dio origen al primer Paro Nacional de Mujeres, el caso de Lucía Pérez enfrenta un nuevo capítulo judicial y otra instancia de revictimización para su familia, que ya atravesó todo tipo de maltratos en la búsqueda de justicia por el narcofemicidio de su hija de tan solo 16 años. (Foto de portada, Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de Lucía, junto al abogado Juan Pablo Gallego)
En los tribunales de la calle Almirante Brown, en Mar del Plata, se lleva adelante una audiencia de cesura, un proceso de dos jornadas para determinar una nueva pena para Matías Farías, condenado por femicidio pero beneficiado el año pasado por un polémico cambio de carátula que hora le permitirá recibir una sentencia significativamente más baja que la prisión perpetua que cumplía.
Tras un primer día (el miércoles 29 de abril) marcado por las declaraciones testimoniales que buscaron trazar el perfil del condenado y el impacto del crimen, la segunda jornada estará centrada en los alegatos finales de las partes.
El eje de la controversia radica en un fallo de 2025 de María Florencia Budiño y Víctor Violini, integrantes del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, quienes resolvieron que el asesinato de Lucía no constituyó un femicidio, sino un “abuso sexual agravado”.
Esta reconfiguración del delito tiene consecuencias directas en la condena: mientras que el femicidio conlleva prisión perpetua, la nueva carátula reduce el rango de la pena a un espectro de entre 8 y 20 años de prisión.
La querella, encabezada por el abogado Juan Pablo Gallego, adelantó que tanto la fiscalía como ellos pedirán la pena máxima posible. Sin embargo, aclaró que también plantearán una vía alternativa: “De manera subsidiaria, vamos a sostener la figura de femicidio, porque entendemos que la orden de Casación ha quedado abstracta”.
Sobre lo ocurrido en la primera jornada, el abogado destacó que “solo declararon los padres de Lucía”, y que Marta Montero, la madre, “tuvo una posición muy categórica, responsabilizando al Estado por el daño que viene padeciendo la familia”.
Gallego también cuestionó con dureza a la defensa: “Presentaron dos testigos falsos que terminaron en un papelón, en un contexto de muchísimo agravio hacia la víctima”. Pese a ese escenario, aseguró que la querella se retiró conforme con el desarrollo de la audiencia y con expectativas de cara a los alegatos finales.
En medio de esta tensión, la causa sumó otro giro relevante. Juan Pablo Offidani, condenado como partícipe secundario, vio revocada su libertad condicional hace apenas unos días. La Cámara de Apelación y Garantías hizo lugar al recurso del fiscal y la familia, y determinó que no se cumplían las condiciones para su excarcelación.
Offidani, quien inicialmente había sido beneficiado con la libertad tras pasar nueve años detenido, ahora deberá someterse a un régimen de semilibertad estrictamente supervisado, con salidas diurnas limitadas y la prohibición absoluta de acercarse a menos de 200 metros de la familia Pérez Montero.
En la puerta del juzgado, familiares y manifestantes con el abogado Juan Pablo Gallego, que explica:“Estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Ni un paso atrás
La defensa de la familia Pérez Montero advirtió que si el tribunal local no convalida la gravedad del crimen y el perfil peligroso del condenado, recurrirán a la Corte Suprema o incluso a instancias de justicia internacional.
En cuanto a los fundamentos del fallo que modificó la calificación del caso, Gallego fue contundente: “En casi todos los párrafos, la propia Casación reconoce que se trata de un delito en un contexto de violencia de género, por lo que no se entiende el motivo de haber descartado el femicidio”.
En esa línea, vinculó la decisión con una coyuntura política específica: “En ese momento –señaló– se hablaba de eliminar la figura del Código Penal, cosa que finalmente no ocurrió”. De todos modos, se mostró confiado en que esa interpretación pueda revertirse.
Fue enfático en afirmar que desde la familia “no vienen a inventar una verdad”, sino a mostrar que los hechos probados encajan perfectamente en la figura que intentó “borrar” la Cámara de Casación. “En la audiencia de cesura volvió a quedar acreditado, como en todas las resoluciones y los juicios, que inequívocamente existió femicidio”, remarcó el abogado. Por eso, consideró que “estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Marta, que desde el día uno no dejó de luchar por su hija y “por todas las Lucías”, tiene una pregunta muy sencilla para hacerle a la justicia: “Si lo que le hicieron a Lucía no es femicidio, ¿entonces qué es?”.
Cronología de 10 años de impunidad y lucha
2016: Lucía es drogada, violada y asesinada el 8 de octubre. Las pericias forenses confirmaron que la última penetración anal infligida a Lucía ocurrió mientras ella agonizaba. Tenía rastros de drogas en su sangre.
2018: un primer juicio «misógino» absuelve a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, los tres implicados en la violación y el femicidio de Lucía, condenándolos solo por venta de drogas.
2020: Casación anula ese juicio por contener «intolerables prejuicios de género».
2023: en un segundo juicio, Farías es condenado a perpetua por femicidio. Y Juan Pablo Offidani recibió la pena de 15 años de prisión por resultar partícipe secundario del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes, y Alejandro Maciel, no recibió condena porque había fallecido en 2020.
2025: Un nuevo fallo de Casación “borra” el femicidio, e impone una audiencia de cesura para revisar la condena de Farías.
29 y 30 de abril de 2026: se desarrolla la audiencia de cesura.
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Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común
Por Bernardina Rosini para lavaca.org
Desde Córdoba
Bajo la lluvia, debajo de un árbol, rodeados de las personas que los acompañan desde el femicidio de Cecilia Basaldúa, hace 6 años, sus padres hicieron una conferencia de prensa que no tendría que haber sido necesaria. Susana Reyes y Daniel Basaldúa debieran estar viviendo esta jornada de otro modo. Debieran poder decirle a su hija que la extrañan pero que lograron hacer justicia, que descanse en paz. En cambio, están parados en el cementerio de San Vicente de Córdoba Capital, en una ciudad que no es la de ellos, sin saber con certeza si el cuerpo que está allí es el de Cecilia.
Este sábado se cumplen seis años desde que apareciera el cuerpo de Cecilia Basaldúa en un codo de río de Capilla del Monte. Tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento. Llevaba veinte días desaparecida. Era la peor noticia que podían recibir sus padres. Hoy reciben otra: Cecilia está enterrada en una fosa común, junto a desconocidos (según el reporte que les entregaron se tratan de “Silvia Becerra” y “Eduardo Arce”) en este cementerio. Nadie les avisó. No fueron notificados. No estuvieron presentes. No dieron su autorización.
«A nosotros nos mataron a nuestra hija y queremos justicia», dice Daniel. «Debe haber responsables, debe haber firmas, nombres de quienes han autorizado esto. Se tiene que encargar la misma justicia de dar con el o los asesinos pero también de los responsables de estos traslados del cuerpo. Ya sé cuál es su argumento: que nosotros sabíamos, y lo digo de nuevo acá: nosotros no sabíamos nada».
Susana apunta a los próximos pasos: «Queremos un ADN. Nosotros no tenemos la certeza de que allí está enterrada Cecilia. Es una incógnita».
Un cuerpo desaparecido
La abogada querellante Gisela Videla explicó lo que esa incógnita significa en términos jurídicos y humanos: «Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuerpo de Cecilia, hasta que no se sepa efectivamente dónde está, es un cuerpo que está desaparecido. Si hoy nos dicen que en la morgue ya no está y estaría supuestamente acá, pero con una cadena de custodia rota, no sabemos efectivamente: el cuerpo de Cecilia está desaparecido hasta que se haga este ADN». Y agregó: «Desde el punto de vista humano, es una crueldad manifiesta y sistemática que se viene dando para con estos padres. Sigue siendo un ninguneo y un manoseo de una situación tan dolorosa como es la de perder a una hija y a seis años que no haya ni una persona imputada en relación al hecho en sí».
Para entender cómo se llegó hasta acá hay que volver a noviembre de 2021. Antes de que comenzara el juicio que finalizaría absolviendo a Lucas Bustos, la querella presentó por escrito su oposición explícita a que el cuerpo fuera retirado de la morgue judicial. La familia quería avanzar con pericias más exhaustivas. El escrito quedó en el expediente. El cuerpo fue enterrado igual.
La familia no supo nada de esto hasta octubre de 2024, en una reunión con la actual fiscal de la causa, Sabrina Ardiles –la cuarta en hacerse cargo de una investigación que pasó también por Paula Kelm, el fiscal de Cámara Sergio Cuello, Barrera y Nelson Lingua–. Ardiles les mostró un papel, un comunicado. El cuerpo de Cecilia no estaba en la morgue judicial como ellos suponían desde hacía cinco años.
Cuando la fiscal habló públicamente sostuvo que la familia había sido notificada. La abogada querellante Daniela Pavón lo desmintió: el oficio estaba en la causa desde noviembre de 2021, pero la querella no tuvo acceso al expediente de Bustos desde su elevación a juicio. No existieron las varias notificaciones que mencionó Ardiles. El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue inhumado sin autorización, sin consentimiento, y en condiciones que los propios trabajadores del cementerio calificaron hoy como «extrañas».
¿Quién mató a Cecilia?
Cecilia no murió una sola vez. La mató uno o varios femicidas que todavía caminan libres. La mató una fiscal que apuró el cierre de la investigación, mantuvo en prisión dos años a un joven inocente y puso la firma para que se desarrollara lo que terminó siendo un simulacro de proceso judicial. La mató un sistema que apostó durante años a fiscales que demoraron, desgastaron y clausuraron posibilidades reales de avance en la causa. La mató la burocracia que perdió el oficio, o lo ocultó, o simplemente decidió que no importaba notificar a sus padres que el cuerpo de Cecilia sería retirado de la morgue y enterrado. Cada institución que intervino en esta causa dejó su marca sobre ella. Una cadena de violencias. Una cadena de femicidas.
Además de los cuatros fiscales, el cuadro de estos seis años es éste:
- Cuatro policías presos por violencia de género, entre ellos quienes dirigieron la búsqueda y la investigación original.
- Un imputado absuelto porque las pruebas no existían.
- Un sospechoso principal -Mario Mainardi, la última persona que alojó a Cecilia en Capilla del Monte- que vendió sus pertenencias, borró mensajes, pintó la casa donde ella se hospedaba (donde se registraron once muestras positivas de luminol) y se mudó a Rosario: libre, sin imputación, sin investigación que lo alcance.
- Y un cuerpo enterrado sin autorización, en una ciudad que no es la de su familia, en una fosa que no eligieron.
La Ley de Víctimas 27.372 existe para que nada de esto ocurra: garantiza el derecho a ser asesorado, a acceder a la justicia, a recibir protección y a ser escuchado durante todo el proceso penal. El Estado cordobés la violó en cada uno de esos puntos tal vez porque se entrena para lo contrario.
Al cerrar la jornada en el cementerio, Daniel y Susana repitieron el profundo agradecimiento a quienes siempre los acompañan, “la familia Basaldúa ahora es grande, y yo sé que Cecilia nos está dando fuerza, está por ahí dándonos fuerza”. Gran número de las mujeres presentes vinieron desde Capilla del Monte, traen su rostro y gritan “Cecilia Gisela Basaldúa, ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!”
Este sábado la actividad continuaba en Capilla del Monte donde la Mesa de Trabajo «Justicia por Cecilia» convocó una movilización “por Memoria, por Verdad y Justicia, y para que los culpables de su femicidio sean condenados”.
La semana que viene, sus abogadas harán una presentación judicial para determinar responsabilidades en torno a las órdenes que se dieron para sepultar sus restos sin consultar a la familia.
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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor
Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.
Por María del Carmen Varela
Foto: Lina Etchesuri
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