#NiUnaMás
4° Informe del Observatorio Lucía Pérez: 175 femicidios en 2020, 102 cometidos durante la cuarentena
Julio de 2020
175 femicidios en los primeros seis meses de 2020, 102 cometidos durante la cuarentena.
55 travesticidios y transfemicidios.
95 intentos de femicidios, sólo durante la cuarentena.
41 mujeres desaparecidas.
194 huerfanos, 10 durante el mes de julio.
9 crímenes en investigación sospechados de femicidios.
2 muertas por aborto clandestino.
20 femicidas se suicidaron luego de cometer el crimen.
No son cifras: son las vidas de hijas, madres, hermanas, amigas, vecinas, que la violencia patriarcal nos arrebató en formas cada vez más crueles.
¿Cómo poner fin a estas violencias?
¿Cómo construir el Nunca Más del Ni Una Menos?
Ese es el desafío social que nos toca.
De las familias destrozadas por estos crímenes dolorosamente aprendimos algunas cosas que podemos aportar:
- El Poder Judicial tiene una responsabilidad central, que no cumple. En este informe detallamos la situación del tribunal de Familia de Neuquén para dar un ejemplo concreto de cómo se construye la impunidad de los femicidios y cómo el aparato judicial violenta a las familias.
- El Poder Ejecutivo nacional, provincial y municipal tiene una responsabilidad ineludible, que no cumple. En este informe citamos el ejemplo de Rawson para ilustrar una forma concreta de construir prevención, alerta y participación social para enfrentar estas violencias. Que sea una excepción y no la regla demuestra la falta de compromiso y voluntad de las autoridades estatales para intentar nuevas y múltiples formas, hasta encontrar la más eficiente y correcta.
- Ambos poderes del Estado todavía no han informado en forma clara y transparente qué responsabilidades tienen y a través de qué organismos y personas las cumplirá, de manera tal de que ante cada femicidio ocurrido en cualquier punto del país tanto las familias como las comunidades sepan desde el primer momento a dónde ir y quién es la persona y la institución responsable de hacer cumplir los derechos que como víctima les corresponde.
- Exijimos entonces un mapa de responsabilidades, con nombres y direcciones de funcionarixs y organismos encargados de cumplir con las obligaciones que los tratados internacionales y las leyes nacionales imponen al Estado argentino. Cada localidad, cada barrio, cada rincón de este país debe tener ese mapa local, que además detalle qué recursos están asignados para enfrentar estas violencias, tanto para contener a las familias de las víctimas como para prevenirlas socialmente. Que esos recursos sean públicos y transparentes es nuestro derecho y es una obligación del Estado.
Hasta tanto el Estado anuncie las respuestas que necesitamos, la sociedad argentina debe exponerse, desafiar la cuarentena, el frío y la comodidad para gritar en las calles lo que se niegan a escuchar. Resumimos en este informe con imágenes y breves comentarios seis marchas que se hicieron durante el aislamiento obligatorio y en diferentes ciudades del país con un mismo reclamo: justicia.
31 de julio: Una marcha organizada por el grupo de Mujeres Autoconvocadas de Berabevú reiteró el «pedido de justicia por Julieta Del Pino”.
18 de julio: Maira Castillo, según información aportada por las autoridades judiciales se habría quitado la vida. Sin embargo familiares y amigos de la joven sostienen que podría haber participación y responsabilidad directa de su pareja. Con una multitudinaria marcha reclamaron a la justicia por avances concretos en la investigación del hecho, y que se cambie la caratula de la causa.
15 de julio: El femicidio de Rocío Vera conmocionó a la localidad de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe. La joven de 14 años fue encontrada sin vida en un descampado y con signos de haber sido golpeada. Tras el hecho, vecinos autoconvocados de la ciudad se movilizaron para reclamar que se esclarezcan los hechos y pedir justicia por el femicidio.
La marcha se inició en el ingreso al barrio Carmen Luisa, de la ciudad de Reconquista. Desde Lisandro de la Torre y la Interbarrial, caminaron hasta una casa de Avenida San Martín al 4100, en cuyas inmediaciones fue hallado el cuerpo de Rocío.
5 de junio: En La Rioja se realizó una marcha para exigir justicia por el femicidio de Micaela Gordillo.
18 de mayo y 26 de abril: La familia de Cecilia Gisela Basaldúa, la mujer asesinada cuyo cuerpo fue encontrado el sábado 25 de abril en Capilla del Monte, Córdoba, encabezó dos marchas para reclamar que se esclarezca el crimen y se busquen y encuentren a otros posibles involucrados en el femicidio.
La experiencia de Rawson
Rawson tuvo 300 casos de violencia de género denunciados durante la cuarentena y este mes buscó la forma de intentar prevenirla. Desde la Dirección de Familia se puso en marcha el programa de «Promotores Barriales para la Prevención de Violencia de género» que tiene como fin capacitar a los vecinos para detectar e intervenir en esta problemática. Recién se han realizado tres reuniones con los interesados en participar de esta propuesta, y fueron unos 100 los vecinos, en su mayoría mujeres, que ya se inscribieron para comenzar con la capacitación. «Recurrimos a la intervención de los vecinos porque son ellos los que están más cerca de las víctimas y con más posibilidades de saber cuándo y dónde ocurren estos casos»
Neuquén, un ejemplo de la emergencia
La Oficina de Violencia (OV) del Poder Judicial de la ciudad de Neuquén se encuentra, según el propio director provincial, Juan Pablo Durán, en una “crítica situación de emergencia” debido a que tiene un plantel de abogadas y abogados “diezmado”. Así detalló a la prensa la grave situación: “Hoy los cuatro juzgados de Familia de Neuquén tienen en trámite 2.500 expedientes de violencia, ¿quién crees que lleva adelante todo el proceso desde la admisión, el seguimiento y control de esos 2.500 expedientes? El juzgado de Familia, no, lo lleva la Oficina de Violencia aparte de las funciones específicas. De 20 funcionarias que tendría que tener, tengo 15 que encima no puedo darles vacaciones, ni licencia. Las funcionarias están trabajando entre 10 y 12 horas por día, de manera presencial, y desde sus casas”, aseguró.
El 1 de julio prácticamente todo el funcionariado del fuero de Familia resolvió no atender más el teléfono de guardia de la OV, de 14 a 8 de la mañana. En una nota dirigida al presidente del TSJ, Oscar Massei, manifestaron que desde el año pasado sostienen un reclamo porque entienden que esa es una función que no está regulada, por la que no reciben ningún tipo de remuneración, y que está siendo prestada por personas que no trabajan la temática.
Travesticidios y transfemicidios
Durante el año 2020 la agrupación La Rosa Naranja registró 55 travesticidios y transfemicidios. Chinina Karly Sasha Palomino y Roberta Carabajal fueron asesinadas en la vía pública, baleada y apuñalada. En ambos casos las carátulas con las que se comenzó la investigación fueron “homicidio”.
Desde que se decretó el aislamiento fueron 42 estos crímenes, 11 durante julio.
Cuarentena y Violencia de género: relevamiento de denuncias en ocho provincias
- Ciudad de Buenos Aires
El ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, a través de la Dirección General de la Mujer, registró, desde el inicio de la cuarentena, un total de 19.722 llamados en la Línea 144, un 48% más en relación al mismo período del año pasado. Hubo, en promedio, 193 llamados por día: ocho por hora. El pico se registró en abril: 6.191 llamados, contra 4.065 en 2019.
Entre el 20 de marzo (cuando se decretó el distanciamiento social obligatorio) hasta el 31 de marzo se recibieron 2.082 llamados, con un aumento del 36% (1.551).
En abril se registraron 6.191 llamados con un crecimiento del 52,3% (4.065).
En mayo fueron 5.668, un 42,5% más que en 2019 (3.976).
En junio 5.781, con un crecimiento interanual del 54%.
“Venimos verificando con preocupación un aumento significativo en los llamados y en las consultas a la 144”, confirmó Felipe Miguel, Jefe de Gabinete porteño, en una conferencia de prensa compartida vía Zoom con María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat; y Agustina Ciarletta, Directora General de la Mujer.
Por su parte la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependiente de la Corte Suprema, informó que desde el 20 de marzo hasta el 17 de julio, ese organismo recibió 1.280 casos de violencia familiar y 1.455 consultas informativas y extrajurisdiccionales.
En los cuatro meses de aislamiento por la pandemia, la OVD asistió a 1623 personas y se iniciaron causas judiciales que determinaron 1000 medidas de prohibición de acercamiento y 230 exclusiones del hogar para los violentos, informó el organismo.
En ese periodo, 462 personas fueron amenazadas de muerte por las personas denunciadas.
Los agresores fueron principalmente varones (81 %) y el grupo con más denuncias fue el de entre 22 y 49 años (64 %).
Las mujeres siguieron siendo la más afectadas: de cada 10 personas atendidas, 6 fueron adultas y 3 niñas, niños y adolescentes, y hubo asistencia a cuatro mujeres trans/travesti.
6 de cada 10 afectadas fueron víctimas de violencia física.
La justicia emitió 1000 medidas de prohibición de acercamiento, 230 exclusiones del hogar a violentos, se otorgaron 345 dispositivos de alerta para mujeres agredidas y se regularon alimentos provisorios en 136 casos.
El servicio médico de la Oficina atendió a 387 personas y constató lesiones en el 82 % de los casos.
https://www.telam.com.ar/notas/202007/494040-oficina-de-violencia-domestica-denuncias-meses-aislamiento-pandemia.html —
Otro informe del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires detalló que se recibieron 2.844 denuncias «con indicadores de violencia de género» en la justicia porteña desde el 20 de marzo -fecha de inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)- hasta el 19 de junio.
El mayor porcentaje de denuncias -38%- se realizó en el último mes analizado (20 de mayo al 19 de junio) y la cantidad de presentaciones fue en aumento desde el inicio de la medida, teniendo en cuenta que durante el segundo mes se produjeron el 36% (1.036 casos) y en el primero el 26% (741 casos), de acuerdo a los datos aportados por la Oficina de Planificación de Políticas de Géneros y Diversidades.
Del total de denuncias por violencia de género, 1.041 (37 %) indican la comisión de conductas contravencionales, mientras que 1.803 (el 63 %) se enmarcan dentro algún delito penal.
Además, el 77 % del total de casos involucraron violencia de género en su modalidad doméstica.
En relación con la calificación de los hechos según las figuras penales cuya competencia corresponde al fuero local, se advierte una prominencia de las lesiones con el 40% de las denuncias; seguidas por las «amenazas» (30%) y la «resistencia o desobediencia a la autoridad» (8%).
Sobre las conductas contravencionales, el 68% estuvo representado por la acción de «hostigar, intimidar y maltratar».
https://www.telam.com.ar/notas/202007/486057-caba-cuarentena-denuncias-violencia-genero.html
- Provincia de Buenos Aires
Según un informe elaborado por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, entre el 20 de marzo y el 30 de junio de 2020 fueron asesinadas en ese territorio 33 mujeres. Un año atrás, en ese mismo período, fueron 19 las mujeres asesinadas, de acuerdo con las estadísticas de las fiscalías de toda la provincia. Apenas un 20% de las víctimas de femicidio llegaron a denunciar.»
Los departamentos judiciales donde más asesinatos por causas de género hubo durante la cuarentena fueron Moreno/General Rodríguez (6); San Isidro (5) y Zára-Campana, Lomas de Zamora y Dolores (3 cada uno).
El 25% de los asesinatos fueron un sábado. Y en la madrugada se comete el 42% de los femicidios (entre las 0 y las 12), según el reporte de la Procuración.
Por su parte el el registro del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense informó que entre el 20 de marzo y el 19 de julio, las operadoras atendieron 5.903 consultas por violencia de género. El número representa una suba promedio del 35% en los pedidos de ayuda respecto de antes de la cuarentena.
El 50% de los pedidos de ayuda se concentra en nueve municipios: La Plata, Mar del Plata (General Pueyrredón), La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Moreno y Quilmes.
En 8 de cada 10 casos, las víctimas denuncian que el agresor es su actual o ex pareja. Y el 96% de quienes ejercen la violencia son varones que, al igual que sus víctimas, tienen entre 25 y 44 años.
https://www.tiempoar.com.ar/nota/crecieron-un-35-los-pedidos-de-ayuda-por-violencia-de-genero-en-la-cuarentena
- Santa Fe
En cinco ciudades de Santa Fe (incluidas la cabecera provincial y Rosario) hubo 8.733 registros de violencia de género desde el 20 de marzo al 27 de abril de este año. La ciudad de Rosario encabeza el mayor número de casos de violencia de género, con un promedio diario de 143. Los datos son del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) y el Observatorio de Seguridad Pública (OSP).
- San Juan
En 77 días se registraron 89 casos de violencia sexual contra menores. Un 73% de esas denuncias fueron por ataques sexuales contra nenas. Es decir que cada 24 horas se denunció 1,15 casos. La mayor cantidad de denuncias fue por ataques sexuales contra menores provienen de una persona extrafamiliar, por ejemplo un amigo de la familia o un vecino cercano. Durante esta cuarenta fueron denunciadas 44 personas fuera del vínculo familiar.
El segundo puesto de los más denunciados desde el 15 de marzo al 31 de mayo fueron los padrastros y tíos: en este periodo se acusó a 12 hombres parejas de las madres de las víctimas y a 12 tíos.
Respecto al rango de edad de la víctima 44 casos pertenecen a niñas, niños y adolescente entre 12 y 17 años, en segundo lugar con 26 denuncias se da en el rango entre los 6 y 11 años; y 19 casos de 0 a 5 años.
Emanuel Torés, director de CISEM, también destacó que durante los primeros meses de cuarentena las llamadas para expresar que una mujer estaba siendo víctima de violencia sexista incrementaron notablemente. «Durante los fines de semana se observa una suba de llamadas, sobre todo en el día domingo».
- Mendoza
El Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) duplicó el número de sus intervenciones durante la fase del aislamiento social y el pico máximo de los casos se registró en mayo, con 1.188 abordajes, según informó Stella Spezia, de la Dirección de la Mujer del Poder Judicial de Mendoza.
En la ciudad Capital se atendieron 267 casos de violencia de género durante el primer semestre, según un informe de la Subdirección de la Mujer dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad. El detalle mes por mes:
Enero: 55 (de los cuales fueron judicializados 22)
Febrero 55 (de los cuales fueron judicializados 22)
Marzo 39 (de los cuales fueron judicializados 29)
Abril 42 (de los cuales fueron judicializados 31)
Mayo 39 (de los cuales fueron judicializados 32)
Junio 37 (de los cuales fueron judicializados 27)
6. Tucumán
“En los últimos dos meses se recibieron más de 400 denuncias por hechos de violencia intrafamiliar” informó el director de la oficina de Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía provincial, Julio Fernández. Un promedio de 6 por día
Entre marzo y junio el total de las denuncias suman más de 800 denuncias de mujeres que fueron víctimas de violencia en el periodo entre marzo y junio.
7. Salta
Datos oficiales del Ministerio de Seguridad provincial confirman que en entre el 1° de enero y el 1° de junio de este año se registraron 3.478 denuncias por violencia de género, de las cuales 1.476 corresponden a los cuatro meses de la cuarentena. https://www.lanacion.com.ar/seguridad/cuatro-provincias-del-norte-tuvieron-la-tasa-de-femicidios-mas-alta-en-el-primer-semestre-nid2396055
8. Entre Ríos
El 31 de julio el Poder Judicial de Entre Ríos informó que en 130 días de aislamiento “se promovieron en materia de violencia familiar y contra la mujer 3171 causas judiciales en las que se registraron 3379 personas víctimas, de las cuales el 91 % son mujeres y niñas”. En ese mismo período: “se dictaron 2369 medidas de prohibición de acercamiento y 555 exclusiones del hogar a quienes ejercen violencia”.
Desde el 20 de marzo al 20 de julio “233 personas denunciaron que fueron amenazadas, 182 lesionadas y 160 abusadas sexualmente por las personas denunciadas y ocurrieron 2 femicidios. El tipo de violencia más denunciado fue la psicológica (38%), seguida de física (31%) y sexual (21%). Los agresores fueron principalmente varones (98%) y el grupo con más denuncias fue el de entre 21 y 30 años (31%).”
El 13 de abril se implementó una plantilla para denuncias online, desde ese día se recibieron “165 denuncias de violencia familiar y contra la mujer en Entre Ríos provenientes de diversos departamentos y todas ellas remitidas al fuero competente para su tramitación. Por ese canal, 7 personas con discapacidad accedieron al servicio de Justicia”.
Además la Oficina de Violencia de Género (OGV) tramitó 34 teléfonos celulares para la instalación de la aplicación de botones de pánico solicitados por diferentes organismos judiciales de la provincia para aquellas mujeres que no disponen de dispositivos propios.
El alerta mundial
- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) predice que podría haber hasta 7 millones de embarazos no deseados en todo el mundo debido a la crisis, con potencialmente miles de muertes por aborto inseguro y partos complicados debido al acceso inadecuado a la atención de emergencia.
En Argentina, el aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo una deuda de la democracia, al menos dos mujeres murieron durante el 2020 a causa de abortos clandestinos.
- En el informe de las Naciones Unidas titulado “Covid 19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental”, se aborda la violencia machista detallando que“la violencia contra las mujeres también constituye una situación preocupante que se agrava en contextos de aislamiento social como el actual”.
https://www.onu.org.ar/stuff/Informe-COVID-19-Argentina.pdf
- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó durante julio una nota acerca del Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En el informe detallan “a la luz de la actual crisis de la COVID-19, el Convenio y la Recomendación son ahora más relevantes que nunca, ya que la pandemia está revelando y empeorando las desigualdades existentes y las inseguridades económicas que incrementan el riesgo de acoso y violencia en el mundo del trabajo”. También agregan que “Los trabajadores poco remunerados—en su mayoría mujeres—ya corrían un mayor riesgo de ser objeto de agresiones y de acoso en el lugar de trabajo antes de la crisis. Ahora muchas mujeres con empleos poco remunerados hacen trabajos esenciales de primera línea en la crisis de la COVID-19 y constituyen uno de los grupos más golpeados por la pérdida de empleos”.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—actrav/documents/briefingnote/wcms_749792.pdf
#NiUnaMás
7 años sin Lucía: Salvando el corazón
Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.
Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
Por Anabella Arrascaeta
Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.
Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año.
Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?
Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos.
Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso?
Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron.
En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata?
La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?
Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá
El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.
El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.
La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.
“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.
Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
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