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A 20 años del Caso Bulacio: Yo sabía

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El 26 de abril de 1991 Walter Bulacio, 17 años, murió en el Sanatorio Mitre, una semana después de ser detenido arbitrariamente por la Policía Federal, la noche del 19 de abril, en la puerta del Estadio Obras a la espera del recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A 20 años del Caso Bulacio: Yo sabíaJunto a 73 personas más, incluyendo varios menores, Walter fue subido a los golpes a los colectivos preparados para el operativo policial que culminó en los calabozos de la comisaría 35º del barrio porteño de Nuñez. Allí el comisario, Miguel Angel Espósito lo golpeó brutalmente en la cabeza provocándole, días más tarde, la muerte.
Hoy, tras 20 años, el comisario sigue impune y no hay ningún detenido en la causa. En esta nota especial para lavaca, Julieta Colomer, una de las fundadoras de la Mesa de Escrache Popular, sintetiza lo que para su generación representa este caso.
Caer por estar parado
Un graffiti pintado en la pared de la comisaría 35º es el comienzo de una historia. La historia de Walter Bulacio. La historia que comienza luego de su muerte.
En la madrugada del 20 de abril, Nazareno, amigo de Walter, detenido junto a él, dejó grabado un mensaje en la pared del calabozo. Un año más tarde, en mayo de 1992, María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio e integrante de Correpi (Coordinadora de lucha contra la represión policial e institucional), organización nacida al calor de la movilización popular tras la muerte de Walter, comienza a descifrarlo al encontrar una fotografía de aquel graffit, dentro del expediente judicial: «Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. CAIMOS POR ESTAR PARADOS». 19/4/91.
«Lo que quiso decir Nazareno -cuenta María del Carmen Verdú- es que los detuvieron por estar parados, haciendo nada, por estar inmóviles, pero para mí fue simbólico porque así de inmóvil estaba el conjunto del campo popular por aquellos años».
¿Qué piensan los jóvenes que hoy tienen 20 años sobre el gatillo fácil y el accionar represivo de las fuerzas de seguridad? ¿Qué piensan de las detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes? ¿Qué saben del maltrato y las torturas en cárceles y comisarías? ¿Qué piensan los que aún no habían nacido cuando Walter moría, acerca de lo que es la seguridad? ¿Qué saben de la historia de Walter Bulacio, el joven de Aldo Bonzi, que murió a los 17 años y se convirtió en bandera?
María del Carmen Verdú, se dedicó a sistematizar el laberinto judicial que, en el transcurso de estos 20 años, transitó la causa Bulacio. En su libro Represión en democracia detalla minuciosamente «la larga serie de dictámenes y resoluciones judiciales que demuestran que el Estado Argentino y todos sus gobiernos democráticos desde 1991 han silenciado el caso garantizando la impunidad de los responsables y preservando sus herramientas represivas.»
Un cuadro sinóptico resume los trámites que insumió la causa, desde sus inicios en 1991, hasta diciembre de 2008. En 17 páginas, Verdú despliega cada paso en busca de justicia, que transitó desde los juzgados ordinarios hasta los tribunales internacionales de derechos humanos, obteniendo, en todos estos años, la misma respuesta: impunidad.
Las demoras judiciales para seguir el caso, la prisión preventiva al comisario Espósito sólo por el delito de privación ilegítima de la libertad, el sobreseimiento de los otros delitos, el sobreseimiento posterior del comisario procesado, son algunos ejemplos de las idas y vueltas que debió atravesar el caso. En 1997 ante la persistencia de demoras judiciales, que implican una violación a la obligación del Estado de administrar justicia, la abogada de la familia Bulacio presentó una denuncia contra el Estado Argentino ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando violados los derechos, garantizados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos: a la vida, a la integridad física, a la libertad y a un recurso judicial sencillo y rápido.
Tortura es delito de Estado
Ante la respuesta de la justicia argentina la CIDH presentó la demanda del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2001. La sentencia de la Corte IDH condenó al Estado Argentino en septiembre de 2003 y ordenó dos cuestiones que aún no se cumplieron:

  • El juicio y castigo a todos los responsables y
  • La rectificación del Estado Argentino en relación al esquema de detenciones arbitrarias, ya que puso en evidencia la ilegalidad de las prácticas policiales de detención por fuera de lo normado y sin ningún tipo de justificativo legal, como las razzias que, toleradas por jueces y fiscales, permanentemente están violando los convenios internacionales y la propia Constitución Argentina en materia de libertad y protección judicial a menores de edad.

«Evidentemente -afirma Verdú- ningún gobierno se va a suicidar quitándole a su fuerza de seguridad las herramientas más útiles para ejercer el control social. Imaginate: si los policías no pudieran detener personas porque sí, quedaría absolutamente coartada la mecánica cotidiana del control, en sentido estricto, desde un punto de vista macro, y además se quedarían sin su fuente de recaudación, porque muchas de esas detenciones se aprovechan para la extorsión, sobre todo a los vendedores ambulantes, a personas en estado de prostitución, es decir a todos los que sobreviven en la vía pública».
Más allá de la interpelación al Estado por la Corte Interamericana y del largo trayecto recorrido durante estos 20 años de impunidad, lo asombroso son los resultados de los juicios: la libertad de los condenados y procesados. Dice Verdú: «En los últimos 8 ó 10 juicios a los que hemos llegado con policías, gendarmes, servicios penitenciarios imputados por delitos con penas en expectativa de 25 años o de prisión perpetua, por homicidios simples, homicidios calificados, tortura, tortura seguida de muerte, en todos los casos llegaron al juicio en libertad y en la mayoría, aún condenados, se fueron en libertad. Situación que es totalmente impensable para cualquier ladrón de gallinas que se morfa la prisión preventiva aunque tenga la causa más idiota. Cuando los acusados son funcionarios públicos, los jueces y fiscales siempre buscan la vuelta para evitar la condena, para que la condena sea mínima o para que, aún si tienen que dar una condena un poco más alta, sean exonerados en un tiempo corto.»
El caso Walter Bulacio puso en cuestión la connivencia del aparato policial-judicial, puso en evidencia la práctica policial de las detenciones arbitrarias y la práctica judicial de la eterna dilación cuando los acusados son funcionarios públicos. «En este caso no se salva nadie -dice Verdú- ni los jueces ni los fiscales. Ya no les queda qué inventar y lo siguen inventando. Ahora estamos a las puertas de lo que va a ser la frutilla del postre de la impunidad con este juicio oral que llega mal, tarde, incompleto, que probablemente empiece en agosto. Ya se postergó porque tenía que empezar en abril, donde el único procesado que va a juicio es el comisario Miguel Angel Espósito, ninguno de sus mandantes fue indagado jamás a pesar de que existe reconocimiento oficial de que fue un crimen de Estado. A Espósito se lo va a juzgar únicamente por la privación ilegítima de la libertad. Ni por la muerte ni por las torturas, con lo cual la pena máxima será de 5 años».
3.160
3.160 es la cantidad de jóvenes muertos por la represión policial desde 1983 a la actualidad, que Correpi lleva contabilizados para demostrar que no se trata de casos aislados, de «excesos o errores del personal policial» sino de una práctica sistemática basada en el control social y el disciplinamiento de los pibes pobres.
El caso Walter Bulacio dio visibilidad a los muchos otros que se dan cotidianamente en los barrios marginados de todo el país, en democracia y bajo el discurso de los sucesivos gobiernos que, aún hoy, siguen dando legitimidad a la autonomía de las fuerzas de seguridad. De ese modo simulan la desvinculación de responsabilidades de presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores, jueces, fiscales, que parecieran no tener incidencia en el accionar policial.
A lo largo de estos años se han presentado variadas tesis, teorías e hipótesis acerca de la autonomía institucional de la policía. Los integrantes de Correpi, por su parte, también han acumulado experiencia y conocimiento y han desarrollado su propia teoría: la represión policial e institucional forma parte de una política de Estado: «No hay otro sistema de libertades en el marco de un sistema capitalista -afirma Verdú- no se ha inventado, ni se va a inventar en un largo tiempo, otra forma de garantizar la explotación que no sea por la fuerza, a través de la opresión. Y para garantizar esa opresión cuando alguien decide que no quiere andar con el lomo agachado, la única herramienta efectiva es la represión. Los distintos gobiernos democráticos, desde 1991 a la actualidad, se apoyaron en la fabricación de consenso, que es un tipo de represión más sutil, invisible y no percibida como represión. Por un lado, están los que concientemente piden el destacamento policial, la subcomisaría, facultades a los policías para detener pibes, endurecimiento del aparato represivo, baja de la edad de imputabilidad, porque saben que es el modo para garantizar sus privilegios. Y en el extremo opuesto, existe esa otra realidad de cómo ese discurso cala en los que son doblemente víctimas: de la explotación económica, y de esa operación de descerebramiento que les mete en la cabeza el sentido común de la clase enemiga.»
Botón de muestra
«El ensañamiento, la brutalidad con que actúa la policía se da más en aquellos uniformados que no quieren verse reconocidos en el negrito que detuvieron, sino que quieren ser como el comisario que va ‘peinado con alerta’, con sobretodo de pelo de camello y uñas manicureadas, y una casa de 3 o 4 millones de dólares», dice Verdú.
Pienso entonces en el «Mataguachos de Fiorito», el policía retirado José Antonio Pelozo, que había sido jefe de calle de la comisaría 5º de Villa Fiorito. En 2003 asesinó a Matías Bárzola. En 2002 Jorge Chaco González muere en un hospital a causa de las torturas que le aplicaron otros dos policías que integraban el mismo servicio de calle de la comisaría del barrio. Verdú me cuenta: «El Mataguachos vivía en Fiorito a 3 cuadras de la casa de Estela, mamá de Matías, y de Ramona, mamá del Chaco González, en una casita tan humilde como las de ellas. Él no se reconoce con intereses comunes con Estela y Ramona sino con la clase que defiende, y por eso su odio y resentimiento, típicos sentimientos del desclasado. Aparecen los argumentos sobre mejorar el sueldo a la policía o sobre educarlos en Derechos Humanos para que entiendan que están al servicio de la comunidad, para generar mejores vínculos entre vecinos y policías, como la policía de proximidad o la participación ciudadana en la gestión de políticas de seguridad. Pero todo ese discurso que suena tan progre y tentador, se cae como castillo de naipes cuando ves que el vecino que va a la comisaría a discutir con el comisario sobre el mapa de criminalidad del barrio, es el mismo que saca de la esquina a escopetazos a los hijos de sus vecinos. Pero además se cae cuando entendés que ese uniformado desclasado siempre va a tener el punto de vista del patrón, nunca del trabajador. El hecho de que provenga materialmente de la misma clase, incluso que venda su fuerza de trabajo a un sueldo que no le alcanza para vivir, no lo determina en la medida que no tiene conciencia. Y no la puede tener nunca porque precisamente son seleccionados de forma tal que, con el entrenamiento posterior, se elimine toda posibilidad de conciencia.»
Uno de los principales ejes de trabajo de Correpi en los barrios de Soldati, Lugano, La Boca y en el conurbano bonaerense se desarrolla en la búsqueda de herramientas que permitan generar la discusión, entre los vecinos, sobre los diferentes consensos y permisos que se establecen en los barrios, los prejuicios, la ignorancia, la falta de comunicación, lo que está bien, lo que está mal, el peligro que representa para algunos la invasión de Gendarmería, mientras que para otros es la única solución posible al problema de la inseguridad.
Organizate y luchá
Esa palabras parecen definir la propuesta de Correpi al llegar a cualquier barrio para dar una charla en la sociedad de fomento, escuelas, clubes de fútbol o directamente en la plaza del barrio. En estos encuentros, cuenta Verdú, «lo que menos hay que explicarles a los pibes es que la policía les pega, los verduguea, los quiere reclutar para robar. O que son los que dirigen las venta de merca en el barrio, que son los que administran los prostíbulos, que son los que hacen negocios con la venta de autos robados. Todo eso los pibes lo saben porque lo viven a diario. Lo que hay que lograr es que asuman la necesidad de organizarse para pelear y no decir ‘yo zafé’ como aparecía en las primeras declaraciones de los otros detenidos que estuvieron con Walter en la comisaría 35º. Cuando el juez les preguntaba qué hicieron después que los encerraron, todos contestaron: ‘Me quedé tranqui’. El disciplinamiento funciona y esa es la barrera que hay que atravesar: arrancar a fuerza de movilización, de denuncia, de presencia en la calle, esa idea metida como tatuaje en la piel de que tenés que quedarte tranqui, porque la vida es así y nada podés hacer».
Las lecciones de Walter
Pregunto: ¿Qué nos enseñó el caso Bulacio como sociedad?
«Primero definí sociedad -me interpela Verdú-. Yo no uso ese término, no hay tal cosa como un ente único llamado sociedad. Hay un Estado en el que viven dos clases: los ricos y los pobres».
Verdú sintetiza las enseñanzas que dejó el caso de Walter para demostrar su hipótesis:

  • «A la burguesía le enseñó que tiene que ser más sutil en su forma de reprimir, de hecho se generaron una serie de reformas legislativas y normativas en general a partir del caso Bulacio. Hasta se blanqueó la facultad policial de detener personas en averiguación de antecedentes con la reforma Lázara, en el ámbito nacional, directamente impulsada por la detención y muerte de Walter, con el mismo mecanismo solapado de legitimación como sucedió con el cambio de los edictos policiales por el Código Contravencional. Hasta ese momento, con la ley Lázara teníamos la posibilidad de impugnar la ley de origen de la averiguación de antecedentes que estaba reglada en un decreto de la dictadura. A partir de 1995 tenemos una ley del Congreso Nacional: lo único que se modificó es que ahora se castiga como si fuesen delito conductas que no lo son.»
  • «A los familiares de los pibes asesinados: les enseñó que hay que organizarse. El caso Bulacio es el que da el espaldarazo final para que, desde ese grupo heterogéneo de militantes antirepresivos que buscábamos camino, termináramos de parir una organización política como Correpi.»
  • «A los pibes pobres les dejó un emblema de lucha que ha calado hondo, que genera una necesidad de organización independiente y consecuente a partir del ejemplo de todos los casos. Si vas a Fiorito los chicos saben quién fue el Chaco González, saben quién fue Matías Bárzola, conocen la historia de Leandro y Walter, o los conocen como los pibes de la masacre, con mucha más claridad que a Walter Bulacio, que es más lejano en el tiempo. En Moreno las banderas son Cristofer Torres, o el pibe Bolaños, Miguelito Da Silva, el Checho Casal. Casos y familias que hoy están reconocidas, después de muchos años de pelea, por sus vecinos, los compañeros de colegio de sus hijos, sus familiares, como los referentes en la lucha antirrepresiva en esos barrios. En Morón el símbolo es Sergio Durán, en Ciudad Evita el Pule Otero, en Rafael Castillo, el Peca Rivero, en Talar de Pacheco, Romina Lemos y sigue la lista…»

¿Qué aprendí yo del caso Bulacio?
En el año 1991 yo tenía, como Walter, 17 años, me gustaban los Redondos e iba a recitales de rock. Comenzaba a participar del Centro de Estudiantes y a cuestionar las injusticias.
La experiencia de haber participado en la Mesa de Escrache Popular sin duda dejó marcada una huella, como aquel graffiti en la pared: un mensaje a descifrar, un punto de partida, una historia para contar.
El aprendizaje en el cuerpo que implica organizarse con otros para construir otra justicia, la que nace de abajo y se toma como propia. Aprender a sumar la voz al conjunto para no callar, a poner la memoria en acción para no ser indiferente a la impunidad, a no olvidar, a no delegar, a continuar la lucha de los que ya no están, recordándolos con alegría. Pero sobre todo, creo que en estos 20 años aprendí a cantar en cada recital, en cada manifestación, en cada escrache: «Yo sabía, yo sabía que a Bulacio lo mató la policía».

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La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

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Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (87 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.

Por Franco Ciancaglini.

La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo. 

En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso. 

“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.

La que habla es una de sus hijas, Paula.

El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10. 

Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 87 años.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.

El arma y la palabra

Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.

Es jubilada.

Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.

Tiene tres hijas.

Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.

Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.

Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.

La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.

Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.

El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.

Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.

Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.

Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.

“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.

Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.

Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.

Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.

Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.

La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”. 

¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.

La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.

¿Necesitan algo? “Sí: paz”.

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Los principales puntos del fallo que critica el operativo policial y ordenó liberar a los 114 detenidos

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La jueza Karina Andrade dictó de madrugada la liberación de 114 personas detenidas en la cacería que el Gobierno desató en la protesta contra el recorte a los jubilados en el Congreso. El fallo es preciso no sólo en los términos bajo los que ubica el derecho a la protesta como ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino también en la descripción del accionar de las fuerzas de seguridad. La jueza cuestionó la información “imprecisa” y “deficitaria” respecto del motivo de las detenciones, el momento y lugar en el que se produjeron, y a donde fueron llevados. La magistrada fue clara en marcar dónde está la falla: “Es preciso remarcar que el déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”. Mientras el Gobierno amenaza a la jueza, el fotógrafo Pablo Grillo sigue peleando por su vida, internado en el Hospital Ramos Mejía por un disparo en la cabeza.

Por Lucas Pedulla

“A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”.

La cita es textual y corresponde al fallo de 12 páginas con el que la jueza Karina Andrade, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº15, dictó la liberación de 114 personas detenidas en la cacería desatada en la protesta del Congreso. La decisión causó desconcierto en el Gobierno, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, amenazó con que “se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”.

Pero la jueza es precisa no sólo en los términos sino también en la descripción de una jornada bestial, con múltiples personas heridas de gravedad, entre ellas el fotógrafo Pablo Grillo, que sigue peleando por su vida, internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía.

“Información imprecisa”

La jueza Andrade especifica que a las 17.55 horas les llegó la convalidación de las primeras tres detenciones. A las 18.49, llegaron las de otras siete personas. A las 20.43, de otras cinco. La información es importante porque la magistrada apunta que, pasadas las 22 horas, la Dirección de Privados de Libertad le informó la detención de 89 personas que no habían sido comunicadas ni al tribunal ni a la defensa. Mientras, otra presentación le pedía a la jueza la liberación de las personas porque habían intervenido fuerzas federales y no de la Ciudad.

El caos continuaba. A las 22.30, la jueza recibió el grueso: 93 detenciones. A las 23.23, otras cuatro. Y recién a las 2.16 se informó la identidad de la última persona: en total, 114 detenciones. Por esas horas, la información era difusa respecto de la cantidad y los lugares donde estaban. Así queda claro el porqué y cómo la jueza argumentó su decisión:

  • “A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial”. 
  • “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”.
  • “A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”.
  • “En cuanto a la información para control, con relación a los detenidos 4) a 15) no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en donde serían alojados. Situación similar ocurrió con los detenidos 16) a 108) y 109) a 113) sobre quienes tampoco se indicó el momento en el que ocurrieron las detenciones ni el lugar de alojamiento”.
  • Sobre los detenidos 109) a 113), no se informó el momento ni el motivo de sus detenciones y, finalmente se aguardó para el dictado de la presente la identificación de la última de las personas detenidas, previamente identificado como “Hombre de 25 años de edad que no aporta datos pero es ciudadano mexicano”.

Sobre las irregularidades en las detenciones, cita un fallo paradigmático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado argentino por la desaparición forzada en democracia del joven Iván Torres: “Una ‘demora’, así sea con meros fines de identificación de la persona, constituye una privación a la libertad física de la persona y, por lo tanto, toda limitación a la misma debe ajustarse estrictamente a lo que la Convención Americana y la legislación interna establezca al efecto, siempre y cuando sea compatible con la Convención”. 

Por eso, remarca: “Cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente, en su caso, como mínimo”.

La protesta como libertad de expresión

La jueza ubica que la marcha de jubilados en el Congreso, “como es de público conocimiento”, ocurre todos los miércoles desde hace un año, y sobre esa base fáctica le “resultó imperioso” enmarcar los hechos “dentro de las exigencias constitucionales y convencionales” ya que, advirtió, “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión”. 

Por ese motivo, subraya: 

  • “Estas libertades adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa (se ‘moviliza’) en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores. Desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”. 
  • “Así, vale recordar que los adultos mayores se encuentran específicamente protegidos en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) a través de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la Carta Magna a través de la sanción de la ley 27.700 por el Congreso de la Nación”.
  • La libertad de expresión, junto con el derecho a la protesta, necesariamente concatenado con la primera, se configuran como derechos baluartes del sistema democrático, pues permiten a los individuos de una sociedad democrática dar a conocer sus ideas, conocer las opiniones de sus conciudadanos y los actos de gobierno y criticar los actos de sus representantes, así como peticionar a estos últimos”.
  • Cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): “Cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas … Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectiva a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.
  • Sigue la jueza: “Entonces, quienes se ‘movilizan’ en verdad se expresan, y deben poder hacerlo, de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes y ello, siempre que se efectúe en el marco de la legalidad, no puede ser socavado. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades”. 
  • “En otras palabras, en democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales”.

La jueza cita al constitucionalista Roberto Gargarella: “Una democracia representativa, la única alternativa con la que cuentan los ciudadanos para cambiar el rumbo de las cosas es la de protestar y quejarse frente a las autoridades. Si se socava dicha posibilidad, la democracia representativa se convierte en una oligarquía o plutocracia, es decir, la democracia llega a su fin. De allí que una democracia, aún modesta, no sólo no puede darse el lujo de perder ciertas voces críticas sino que más bien, y por el contrario, debe hacer todo lo posible por potenciar a cada una de ellas”. 

Déficit de seguridad

Sobre el cierre, la jueza vuelve a cuestionar el operativo:

  • “No puedo soslayar, en esta línea, que la información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a ‘los hechos del Congreso de la Nación’”. 
  • “Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en ’flagrancia’, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle”.
  • “Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”.
  • “Y sobre esta cuestión, es preciso remarcar que el déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”.
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Nota

Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

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¿Por qué la marcha de ayer fue reprimida? Miles de personas identificadas con distintos clubes se acercaron a bancar la marcha de todos los miércoles de jubiladas y jubilados. Algunas no llegaron ni a acercarse a Congreso que los gases ya habían comenzado. Pero eso no hizo mermar la convocatoria, que fue multitudinaria y regaló, pese a los palos, charlas e imágenes que hablan de una alianza inesperada y transversal a distintas demandas sociales. ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue? Los testimonios de jubilados y jóvenes antes, durante y después del partido que se jugó en la calle, que siguió al ritmo de las cacerolas y promete generar un quiebre en odio y bronca alrededor de dos gritos de época: “Fuera Milei” y “Que se vayan todos”.

La foto que ayer intentó borrar el gobierno con la represión salvaje fue la de miles de clubes unidos alrededor de la marcha habitual de jubilados, y la foto del miércoles que sigue, probablemente con más gente, y la del siguiente, con cada vez más. Está por verse los efectos de este violento amedrentamiento a la protesta, con pruebas plantadas para justificarlo, mientras el fotógrafo Pablo Grillo pelea por su vida. Pero hay algo que ya pasó ayer, más acá de la represión.

Los jubilados y las hinchadas marcharon.

Se tuvieron que aguantar los gases, los tiros y los palos.

Y los aguantaron.

Y siguieron ahí, pese a todo.  

Y siguió llegando gente, pese a todo.

Hasta altas horas de la madrugada en distintos barrios porteños, y hasta en Plaza de Mayo.

Pese a todo.

Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

A diferencia de la versión del gobierno nacional y de los medios de comunicación cercanos, en una imagen casi inédita en la historia argentina (sin Mundial) hubo hinchas de montones de clubes del fútbol argentino juntos y hermanados.

“Este gobierno hizo lo que pocas cosas logran, unirnos”, dice uno de Huracán abrazado a otro de San Lorenzo. Una de Morón, con uno de Almirante Brown. Una de Boca, con otra de River. Y uno de Tigre, con una de Ferro, con uno de Midland, con una de Los Andes, y así todos, reunidos con entusiasmo en esta foto producida por lavaca:

Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

La previa 

Horas antes, jubiladas y jubilados se reunían en MU (a una cuadra del Congreso) como previa de cada miércoles. Todavía tranquilos, pensaban sobre lo que pasaría más tarde. Son parte del grupo Movimiento Activo de Trabajadorxs y Jubilados y charlan con lavaca sobre eso que ya había pasado: una alianza insólita entre hinchas y jubilados.

 Ustedes vienen convocando desde hace más de un año a que se sumen organizaciones, centrales obreras, pero… de repente son las hinchadas. ¿Por qué?  

Beatriz: Pero no es desde ahora, ¿ustedes recuerdan la canción de Pappo? “Nadie se atreva a tocar a mi vieja”; bueno, eso significa que todos estos muchachos de la hinchada, quizás cuando iban a la cancha con el abuelo cuando eran chiquitos, los llevó el padre hoy jubilado, es decir: es muy genuina y muy ingenua también la adhesión. Y es tremendamente afectiva.  

Víctor: Las organizaciones no movilizan porque la mayoría está dirigida por la burocracia, la burocracia sindical, y como ellos no movilizan, le meten miedo también a los trabajadores para que no se movilicen, ese es uno de los puntos. Hace media hora, un compañero mandó un mensaje que estaba saliendo de La Plata, y comentaba que en el tren de atrás venían hinchas de Gimnasia y Estudiantes, juntos en el mismo tren.  

Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

O sea que el espanto logró unir lo imposible.  

Beatriz: Claro, el espanto o el amor. Y otra de las cosas más interesantes que yo veo es que subyace una cosa que es la argentinidad. ¿Recuerdan cuando se ganó el campeonato del mundo? La argentinidad: eso subyace y en algún momento sale, sobre todo frente al avasallamiento que hay acerca de la argentinidad en este momento.  

Rubén: No se olviden que la hinchada de Boca fue la primera que hizo una movilización en contra del macrismo, y apenas asumió lo sacamos a Milei a las puteadas el día que se votaba presidente en el club. Hacía 6 días que lo habían elegido Presidente y lo sacamos a escupitajos y a puteadas. Eso tiene que ver con esa combinación entre el sentimiento y la pasión, con lo político.  

Beatriz: La vez pasada en la cancha de Estudiantes, Sturzenegger se tuvo que ir porque le decían de todo menos bonito: las tribunas son un termómetro social total.  

¿Y cómo se hace para que esta alianza siga más allá de hoy?  

Rubén (bostero): Hay que plantear que se haga permanente, aquí viene lo que se llama la construcción, y una construcción es día a día. ¿Cómo se hace, quién tiene la receta? Nadie. Lo que pasó el miércoles anterior a lo que pasó este miércoles son cosas distintas: todos los movimientos se van modificando, porque la realidad se va modificando. No podés manejar el tiempo, lo único que podés hacer es leer hacia dónde va la realidad, para poder ir digamos hacia una estrategia más ordenada o más segura para la clase trabajadora. Pero es muy difícil eso si no ves la realidad, si estás con una doctrina o con un dogma encima tuyo, no ves lo que está pasando. Es momento de estar muy abiertos.  

¿Así sea de River Plate?  

Como trabajador te respeto, pero como hincha… bueno: desde hoy, sí.

Rubén, Beatriz, Víctor y el resto de jubilados salían así la cancha, con los ojos bien abiertos.

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El partido

Laura tiene la remera de Boca; Margarita la de River. Y se abrazan. Laura dice: “Es terrible lo que viene pasando todos los miércoles, había que estar acá apoyando”. Su ¿rival? coincide.

Margarita, enfermera jubilada de Aldo Bonzi, lleva la de River: “Soy de una generación que viene luchando por sus derechos desde hace muchos años. El único camino es la calle, y no sólo para luchar por nosotros, los jubilados, sino por la educación, para que no se lleven todas nuestras riquezas. Con esto estamos perdiendo nuestro bienestar, nuestra tranquilidad”.

Otro clásico rival, dentro de la cancha, es Vélez-Chicago. Artemio tiene la del club de Mataderos. Rafael, la del conjunto de Liniers. Artemio dice que vino porque este gobierno es lo peor que pasó en democracia: “Lo que hay que hacer es resistir, y para resistir hay que olvidar cualquier división que no sea patria y antipatria”. Rafael, del cuadro contrario, completa: “Es fascismo puro, hay que sacarlo a la mierda: la democracia tiene que salvarse”.

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El Padre “Paco” Olveira, sacerdote de los Curas de Opción por los Pobres, no tiene puesta una sotana, sino una casaca de Boca. Más tarde intentaría evitar una detención y terminaría a punto de quedar detenido él. Antes de eso, dijo a lavaca, como un preludio de aquello: “Antes de empezar la marcha y ya nos gasearon; estamos en una dictadura, esto no es democracia, no hay ningún derecho a la protesta, lo único que saben es cagar a palos a la gente. Lo que buscan es sacarnos de la calle, atemorizarnos, pero están consiguiendo lo contrario: que cada vez seamos más”.

Filomena no tiene puesta ninguna remera. Sí su nieto (de River), que la acompaña. Ella, 84 años, está en silla de ruedas. Dice: «Vine con mi nieto para sumar gente. La cosa está muy mal. Hoy por ejemplo, no tengo leche», dijo mientras la Policía comenzaba ya a reprimir.

Armando tiene 76 años y vino desde Haedo. En su bastón, con el que se afirma ante el terreno movedizo de este presente del país, lleva colgado un papel: “Prefiero morir de pie, que vivir de rodillas”. Tiene los ojos todos gaseados. De pie, denuncia: “Más de 30 años de aporte tengo, y este perro, porque es un perro, me sacó los remedios para la presión”. Muestra: “Mirá, mirá cómo tengo las piernas; y vine igual”. Y repite: “Y vine igual”, mientras muestra las várices que esta vez viajaron desde el conurbano bonaerense.

Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

Después del próximo 23 de marzo, en apenas días, Armando y los trabajadores que no tengan 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán acceder a una jubilación: se estima que 7 de cada 10 accedieron a su jubilación mediante la moratoria vigente. Y en el caso de las mujeres, 9 de cada 10.  

Pero los jubilados no luchan sólo por los jubilados. Al contrario. Lo resume Julio, que tiene colgada una bufanda celeste y blanca, y unos ojos dilatados no por el llanto, sino por el gas. “Vengo por mi familia, por los jóvenes, por la gente en situación de calle -dice- por la pobreza que hay, que cada vez es mayor. Nunca vi una cosa igual, este gobierno no tiene sensibilidad, no sé a dónde vamos a parar”. Cierra Julio, de 84 años, con los ojos cada vez más rojos, mientras siguen los gases: “Yo voy a seguir luchando mientras pueda contra este régimen”.

Sobre Avenida de Mayo y sobre Hipólito Yrigoyen, las calles que rodean la Plaza de los dos Congresos, se profundiza el enfrentamiento directo entre hinchadas y distintas fuerzas. Al frente de la represión está la Gendarmería Nacional y motos de la Policía Federal; atrás, agentes con chalecos de esta misma fuerza salen en grupo a cazar manifestantes. De pronto salen no menos de diez sosteniendo a una joven de 22 años, y la llevan hacia unos camiones celulares apostados en la entrada del Senado de la Nación. Allí ocurre esta escena, que mezcla el testimonio de la joven Anabella Pompeo con el del comisario a cargo de su detención:

La cacería siguió. 

Horacio Pietragalla, ex secretario de Derechos Humanos, está colgado en una valla frente al Congreso de la Nación y mira desde allí cómo centenas de policías federales tiran balazos de goma a las columnas de varias organizaciones sociales. Dice, desde las alturas: “Empezaron desde muy temprano, no querían que se convoque. A las 16 ya estaban reprimiendo. Esto cada vez va a ser más grande; la gente vino pacíficamente, no hubo agresiones grandes y sin embargo reprimieron de entrada. Es increíble la respuesta que da el Gobierno Nacional”.

Un hombre de 50 años, de zona Norte, viene por primera vez a la marcha de jubilados de los miércoles, también está asombrado con la represión: “Es impresionante. Lo quería ver con mis propios ojos. Es lo más parecido a un gobierno facho».

Silvia, 77 años, jubilada, no habla desde el Congreso: estaba por salir acompañada de Melanie, su amiga, y las balas la frenaron.  Dice: “Mi intención era estar en la marcha. Hoy más que nunca había que estar, cansados de ver cómo nos maltratan todos los miércoles. Pensaba ir temprano, con mi sillita porque no puedo estar parada mucho tiempo, hasta que vi lo que empezaba a pasar desde temprano, que me hizo acordar demasiado a la dictadura, no a un gobierno democrático. No hay libertad de expresión ni derecho a la protesta. Fue durísima la represión y consiguió el gobierno que no me animara a ir, simplemente porque no iba a poder correr. Y fue así, fue una cacería. Pero espero que cada vez seamos más los que salgamos, que no nos llenen de miedo”.

Los detenidos por manifestar fueron, según el gobierno, alrededor de 114 y la lista de heridos seguía creciendo al cierre de esta edición, uno de gravedad: Pablo Grillo, fotógrafo de 35 años, al cual un cartucho de gas lacrimógeno le impacto y rompió el cráneo. Pelea por su vida en el Hospital Ramos Mejía.

La represión, y la solidaridad: al cierre de esta nota la familia Grillo agradecía que la cantidad de gente que había ido a donar sangre para Pablo desbordaba el Hospital.

El partido que viene

Como todos los miércoles, ya está la convocatoria para el que viene, a la misma hora (17) y en el mismo lugar (el Congreso).

Una jubilada dice: “El próximo fin de semana, y en los que vendrán, en todas las canchas debe haber un grito unánime ‘Fuera Milei’, que sea de reivindicación al trabajo, a la dignidad y a la soberanía. Hoy debe ser el principio del fin de este gobierno, donde el pueblo se une y toma conciencia para que las cosas puedan cambiar”.

Los abrazos y apretones de manos son más efusivos entre clubes de signos opuestos al caer la noche. “Vamos Almirante Brown”, se escucha en la calle, y el cumplido no viene de otro hincha del club de Isidro Casanova, en La Matanza, sino de un veterano con la camiseta de Chicago, eterno clásico. Otra persona se acerca, pero ahora con la casaca de Morón, otro tremendo duelo del far west conurbano: “Vamos, compa, vamos los jubilados”, alentaron a algunos cabizbajos. 

Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

Lo que es casi imposible de ver por las calles de esos barrios, los jubilados lo hicieron posible.

Eso es también lo que expresa no ya la bronca, sino la rabia de una multitud que dice “basta” y cantó también un hit de época: “Que se vayan todos”, mientras Avenida de Mayo y sus arterias regalaron imágenes típicas del 2001. 

La policía, en un momento desorientada porque la gente no se amilanaba, era atacada con palabras y cantos:

– “Sos un muerto de hambre”.  

– “¿No tenés abuela? ¿No tenés abuelo?”.  

– “Vergüenza te tiene que dar”.  

– “A ustedes les parece que puedo vivir con 259 mil pesos por mes?”.  

– “Mira tu carita, ¿no tenés mamá? ¿No tenés papá?”.  

– “Están entregando el petróleo, el litio, ¿y defienden a este gobierno pegándonos a nosotros?”.  

– “¿Qué te dice tu vieja cuando venís a pegarle a los jubilados? ¿No es una jubilada como yo? No tenés cerebro ni corazón, malnacido”.  

– “Andá a Bahía, la puta que te parió, andá a Bahía, la puta que te parió”.

Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

Marcelo tiene 68 años y ligó un balazo de goma en el estómago: mientras se reponía en un bar enfrente del Congreso, contaba a lavaca: “Estaba en la vereda y empezaron a tirar tiros al tuntún” -dice levantándose la remera y mostrando la herida-. “Soy jubilado, soy hincha de Ferro y siento una impotencia porque estamos en manos de este tipo que es un loco, de la hermana que es peor y con un gabinete que es puro derecha y derecha. Tenemos que seguir con estas marchas: es la única forma de que se pueda dar vuelta la cosa”.

Afuera, mientras el viento empuja los gases que hacen arder ojos y gargantas, Carlos, el ya mítico jubilado hincha de Chacarita que logró que viniera su hinchada y luego el resto, sobresale de la línea de efectivos porque está parado sobre las rejas de un cordón que queda sobre Callao.

¿Quiere dar algún mensaje, Carlos?  

La juventud nos ha apoyado y el pueblo también. Y el miércoles que viene va a haber más apoyo. Salgan a luchar.

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