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A 20 años del Caso Bulacio: Yo sabía

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El 26 de abril de 1991 Walter Bulacio, 17 años, murió en el Sanatorio Mitre, una semana después de ser detenido arbitrariamente por la Policía Federal, la noche del 19 de abril, en la puerta del Estadio Obras a la espera del recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Walter BulacioJunto a 73 personas más, incluyendo varios menores, Walter fue subido a los golpes a los colectivos preparados para el operativo policial que culminó en los calabozos de la comisaría 35º del barrio porteño de Nuñez. Allí el comisario, Miguel Angel Espósito lo golpeó brutalmente en la cabeza provocándole, días más tarde, la muerte.
Hoy, tras 20 años, el comisario sigue impune y no hay ningún detenido en la causa. En esta nota especial para lavaca, Julieta Colomer, una de las fundadoras de la Mesa de Escrache Popular, sintetiza lo que para su generación representa este caso.
Caer por estar parado
Un graffiti pintado en la pared de la comisaría 35º es el comienzo de una historia. La historia de Walter Bulacio. La historia que comienza luego de su muerte.
En la madrugada del 20 de abril, Nazareno, amigo de Walter, detenido junto a él, dejó grabado un mensaje en la pared del calabozo. Un año más tarde, en mayo de 1992, María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio e integrante de Correpi (Coordinadora de lucha contra la represión policial e institucional), organización nacida al calor de la movilización popular tras la muerte de Walter, comienza a descifrarlo al encontrar una fotografía de aquel graffit, dentro del expediente judicial: «Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. CAIMOS POR ESTAR PARADOS». 19/4/91.
«Lo que quiso decir Nazareno -cuenta María del Carmen Verdú- es que los detuvieron por estar parados, haciendo nada, por estar inmóviles, pero para mí fue simbólico porque así de inmóvil estaba el conjunto del campo popular por aquellos años».
¿Qué piensan los jóvenes que hoy tienen 20 años sobre el gatillo fácil y el accionar represivo de las fuerzas de seguridad? ¿Qué piensan de las detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes? ¿Qué saben del maltrato y las torturas en cárceles y comisarías? ¿Qué piensan los que aún no habían nacido cuando Walter moría, acerca de lo que es la seguridad? ¿Qué saben de la historia de Walter Bulacio, el joven de Aldo Bonzi, que murió a los 17 años y se convirtió en bandera?
María del Carmen Verdú, se dedicó a sistematizar el laberinto judicial que, en el transcurso de estos 20 años, transitó la causa Bulacio. En su libro Represión en democracia detalla minuciosamente «la larga serie de dictámenes y resoluciones judiciales que demuestran que el Estado Argentino y todos sus gobiernos democráticos desde 1991 han silenciado el caso garantizando la impunidad de los responsables y preservando sus herramientas represivas.»
Un cuadro sinóptico resume los trámites que insumió la causa, desde sus inicios en 1991, hasta diciembre de 2008. En 17 páginas, Verdú despliega cada paso en busca de justicia, que transitó desde los juzgados ordinarios hasta los tribunales internacionales de derechos humanos, obteniendo, en todos estos años, la misma respuesta: impunidad.
Las demoras judiciales para seguir el caso, la prisión preventiva al comisario Espósito sólo por el delito de privación ilegítima de la libertad, el sobreseimiento de los otros delitos, el sobreseimiento posterior del comisario procesado, son algunos ejemplos de las idas y vueltas que debió atravesar el caso. En 1997 ante la persistencia de demoras judiciales, que implican una violación a la obligación del Estado de administrar justicia, la abogada de la familia Bulacio presentó una denuncia contra el Estado Argentino ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando violados los derechos, garantizados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos: a la vida, a la integridad física, a la libertad y a un recurso judicial sencillo y rápido.
Tortura es delito de Estado
Ante la respuesta de la justicia argentina la CIDH presentó la demanda del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2001. La sentencia de la Corte IDH condenó al Estado Argentino en septiembre de 2003 y ordenó dos cuestiones que aún no se cumplieron:

  • El juicio y castigo a todos los responsables y
  • La rectificación del Estado Argentino en relación al esquema de detenciones arbitrarias, ya que puso en evidencia la ilegalidad de las prácticas policiales de detención por fuera de lo normado y sin ningún tipo de justificativo legal, como las razzias que, toleradas por jueces y fiscales, permanentemente están violando los convenios internacionales y la propia Constitución Argentina en materia de libertad y protección judicial a menores de edad.

«Evidentemente -afirma Verdú- ningún gobierno se va a suicidar quitándole a su fuerza de seguridad las herramientas más útiles para ejercer el control social. Imaginate: si los policías no pudieran detener personas porque sí, quedaría absolutamente coartada la mecánica cotidiana del control, en sentido estricto, desde un punto de vista macro, y además se quedarían sin su fuente de recaudación, porque muchas de esas detenciones se aprovechan para la extorsión, sobre todo a los vendedores ambulantes, a personas en estado de prostitución, es decir a todos los que sobreviven en la vía pública».
Más allá de la interpelación al Estado por la Corte Interamericana y del largo trayecto recorrido durante estos 20 años de impunidad, lo asombroso son los resultados de los juicios: la libertad de los condenados y procesados. Dice Verdú: «En los últimos 8 ó 10 juicios a los que hemos llegado con policías, gendarmes, servicios penitenciarios imputados por delitos con penas en expectativa de 25 años o de prisión perpetua, por homicidios simples, homicidios calificados, tortura, tortura seguida de muerte, en todos los casos llegaron al juicio en libertad y en la mayoría, aún condenados, se fueron en libertad. Situación que es totalmente impensable para cualquier ladrón de gallinas que se morfa la prisión preventiva aunque tenga la causa más idiota. Cuando los acusados son funcionarios públicos, los jueces y fiscales siempre buscan la vuelta para evitar la condena, para que la condena sea mínima o para que, aún si tienen que dar una condena un poco más alta, sean exonerados en un tiempo corto.»
El caso Walter Bulacio puso en cuestión la connivencia del aparato policial-judicial, puso en evidencia la práctica policial de las detenciones arbitrarias y la práctica judicial de la eterna dilación cuando los acusados son funcionarios públicos. «En este caso no se salva nadie -dice Verdú- ni los jueces ni los fiscales. Ya no les queda qué inventar y lo siguen inventando. Ahora estamos a las puertas de lo que va a ser la frutilla del postre de la impunidad con este juicio oral que llega mal, tarde, incompleto, que probablemente empiece en agosto. Ya se postergó porque tenía que empezar en abril, donde el único procesado que va a juicio es el comisario Miguel Angel Espósito, ninguno de sus mandantes fue indagado jamás a pesar de que existe reconocimiento oficial de que fue un crimen de Estado. A Espósito se lo va a juzgar únicamente por la privación ilegítima de la libertad. Ni por la muerte ni por las torturas, con lo cual la pena máxima será de 5 años».
3.160
3.160 es la cantidad de jóvenes muertos por la represión policial desde 1983 a la actualidad, que Correpi lleva contabilizados para demostrar que no se trata de casos aislados, de «excesos o errores del personal policial» sino de una práctica sistemática basada en el control social y el disciplinamiento de los pibes pobres.
El caso Walter Bulacio dio visibilidad a los muchos otros que se dan cotidianamente en los barrios marginados de todo el país, en democracia y bajo el discurso de los sucesivos gobiernos que, aún hoy, siguen dando legitimidad a la autonomía de las fuerzas de seguridad. De ese modo simulan la desvinculación de responsabilidades de presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores, jueces, fiscales, que parecieran no tener incidencia en el accionar policial.
A lo largo de estos años se han presentado variadas tesis, teorías e hipótesis acerca de la autonomía institucional de la policía. Los integrantes de Correpi, por su parte, también han acumulado experiencia y conocimiento y han desarrollado su propia teoría: la represión policial e institucional forma parte de una política de Estado: «No hay otro sistema de libertades en el marco de un sistema capitalista -afirma Verdú- no se ha inventado, ni se va a inventar en un largo tiempo, otra forma de garantizar la explotación que no sea por la fuerza, a través de la opresión. Y para garantizar esa opresión cuando alguien decide que no quiere andar con el lomo agachado, la única herramienta efectiva es la represión. Los distintos gobiernos democráticos, desde 1991 a la actualidad, se apoyaron en la fabricación de consenso, que es un tipo de represión más sutil, invisible y no percibida como represión. Por un lado, están los que concientemente piden el destacamento policial, la subcomisaría, facultades a los policías para detener pibes, endurecimiento del aparato represivo, baja de la edad de imputabilidad, porque saben que es el modo para garantizar sus privilegios. Y en el extremo opuesto, existe esa otra realidad de cómo ese discurso cala en los que son doblemente víctimas: de la explotación económica, y de esa operación de descerebramiento que les mete en la cabeza el sentido común de la clase enemiga.»
Botón de muestra
«El ensañamiento, la brutalidad con que actúa la policía se da más en aquellos uniformados que no quieren verse reconocidos en el negrito que detuvieron, sino que quieren ser como el comisario que va ‘peinado con alerta’, con sobretodo de pelo de camello y uñas manicureadas, y una casa de 3 o 4 millones de dólares», dice Verdú.
Pienso entonces en el «Mataguachos de Fiorito», el policía retirado José Antonio Pelozo, que había sido jefe de calle de la comisaría 5º de Villa Fiorito. En 2003 asesinó a Matías Bárzola. En 2002 Jorge Chaco González muere en un hospital a causa de las torturas que le aplicaron otros dos policías que integraban el mismo servicio de calle de la comisaría del barrio. Verdú me cuenta: «El Mataguachos vivía en Fiorito a 3 cuadras de la casa de Estela, mamá de Matías, y de Ramona, mamá del Chaco González, en una casita tan humilde como las de ellas. Él no se reconoce con intereses comunes con Estela y Ramona sino con la clase que defiende, y por eso su odio y resentimiento, típicos sentimientos del desclasado. Aparecen los argumentos sobre mejorar el sueldo a la policía o sobre educarlos en Derechos Humanos para que entiendan que están al servicio de la comunidad, para generar mejores vínculos entre vecinos y policías, como la policía de proximidad o la participación ciudadana en la gestión de políticas de seguridad. Pero todo ese discurso que suena tan progre y tentador, se cae como castillo de naipes cuando ves que el vecino que va a la comisaría a discutir con el comisario sobre el mapa de criminalidad del barrio, es el mismo que saca de la esquina a escopetazos a los hijos de sus vecinos. Pero además se cae cuando entendés que ese uniformado desclasado siempre va a tener el punto de vista del patrón, nunca del trabajador. El hecho de que provenga materialmente de la misma clase, incluso que venda su fuerza de trabajo a un sueldo que no le alcanza para vivir, no lo determina en la medida que no tiene conciencia. Y no la puede tener nunca porque precisamente son seleccionados de forma tal que, con el entrenamiento posterior, se elimine toda posibilidad de conciencia.»
Uno de los principales ejes de trabajo de Correpi en los barrios de Soldati, Lugano, La Boca y en el conurbano bonaerense se desarrolla en la búsqueda de herramientas que permitan generar la discusión, entre los vecinos, sobre los diferentes consensos y permisos que se establecen en los barrios, los prejuicios, la ignorancia, la falta de comunicación, lo que está bien, lo que está mal, el peligro que representa para algunos la invasión de Gendarmería, mientras que para otros es la única solución posible al problema de la inseguridad.
Organizate y luchá
Esa palabras parecen definir la propuesta de Correpi al llegar a cualquier barrio para dar una charla en la sociedad de fomento, escuelas, clubes de fútbol o directamente en la plaza del barrio. En estos encuentros, cuenta Verdú, «lo que menos hay que explicarles a los pibes es que la policía les pega, los verduguea, los quiere reclutar para robar. O que son los que dirigen las venta de merca en el barrio, que son los que administran los prostíbulos, que son los que hacen negocios con la venta de autos robados. Todo eso los pibes lo saben porque lo viven a diario. Lo que hay que lograr es que asuman la necesidad de organizarse para pelear y no decir ‘yo zafé’ como aparecía en las primeras declaraciones de los otros detenidos que estuvieron con Walter en la comisaría 35º. Cuando el juez les preguntaba qué hicieron después que los encerraron, todos contestaron: ‘Me quedé tranqui’. El disciplinamiento funciona y esa es la barrera que hay que atravesar: arrancar a fuerza de movilización, de denuncia, de presencia en la calle, esa idea metida como tatuaje en la piel de que tenés que quedarte tranqui, porque la vida es así y nada podés hacer».
Las lecciones de Walter
Pregunto: ¿Qué nos enseñó el caso Bulacio como sociedad?
«Primero definí sociedad -me interpela Verdú-. Yo no uso ese término, no hay tal cosa como un ente único llamado sociedad. Hay un Estado en el que viven dos clases: los ricos y los pobres».
Verdú sintetiza las enseñanzas que dejó el caso de Walter para demostrar su hipótesis:

  • «A la burguesía le enseñó que tiene que ser más sutil en su forma de reprimir, de hecho se generaron una serie de reformas legislativas y normativas en general a partir del caso Bulacio. Hasta se blanqueó la facultad policial de detener personas en averiguación de antecedentes con la reforma Lázara, en el ámbito nacional, directamente impulsada por la detención y muerte de Walter, con el mismo mecanismo solapado de legitimación como sucedió con el cambio de los edictos policiales por el Código Contravencional. Hasta ese momento, con la ley Lázara teníamos la posibilidad de impugnar la ley de origen de la averiguación de antecedentes que estaba reglada en un decreto de la dictadura. A partir de 1995 tenemos una ley del Congreso Nacional: lo único que se modificó es que ahora se castiga como si fuesen delito conductas que no lo son.»
  • «A los familiares de los pibes asesinados: les enseñó que hay que organizarse. El caso Bulacio es el que da el espaldarazo final para que, desde ese grupo heterogéneo de militantes antirepresivos que buscábamos camino, termináramos de parir una organización política como Correpi.»
  • «A los pibes pobres les dejó un emblema de lucha que ha calado hondo, que genera una necesidad de organización independiente y consecuente a partir del ejemplo de todos los casos. Si vas a Fiorito los chicos saben quién fue el Chaco González, saben quién fue Matías Bárzola, conocen la historia de Leandro y Walter, o los conocen como los pibes de la masacre, con mucha más claridad que a Walter Bulacio, que es más lejano en el tiempo. En Moreno las banderas son Cristofer Torres, o el pibe Bolaños, Miguelito Da Silva, el Checho Casal. Casos y familias que hoy están reconocidas, después de muchos años de pelea, por sus vecinos, los compañeros de colegio de sus hijos, sus familiares, como los referentes en la lucha antirrepresiva en esos barrios. En Morón el símbolo es Sergio Durán, en Ciudad Evita el Pule Otero, en Rafael Castillo, el Peca Rivero, en Talar de Pacheco, Romina Lemos y sigue la lista…»

¿Qué aprendí yo del caso Bulacio?
En el año 1991 yo tenía, como Walter, 17 años, me gustaban los Redondos e iba a recitales de rock. Comenzaba a participar del Centro de Estudiantes y a cuestionar las injusticias.
La experiencia de haber participado en la Mesa de Escrache Popular sin duda dejó marcada una huella, como aquel graffiti en la pared: un mensaje a descifrar, un punto de partida, una historia para contar.
El aprendizaje en el cuerpo que implica organizarse con otros para construir otra justicia, la que nace de abajo y se toma como propia. Aprender a sumar la voz al conjunto para no callar, a poner la memoria en acción para no ser indiferente a la impunidad, a no olvidar, a no delegar, a continuar la lucha de los que ya no están, recordándolos con alegría. Pero sobre todo, creo que en estos 20 años aprendí a cantar en cada recital, en cada manifestación, en cada escrache: «Yo sabía, yo sabía que a Bulacio lo mató la policía».

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Todo se quema, nada se transforma

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Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
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Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga: memoria contra la impunidad por un desaparecido en democracia

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A 14 años de la desaparición de Luciano Arruga (que tenía 16 años en aquel momento), la causa que investiga su muerte está congelada y los ocho policías implicados figuran apenas como testigos. En diálogo con lavaca la madre de Luciano recuerda algunas otras cosas: lo que no cierra alrededor del cuerpo que estuvo desaparecido 5 años y 8 meses, tras haberse negado a ser reclutado por la propia policía para robar. Las imágenes de la vida de adolescentes en territorios dominados por la trampa y la violencia de las instituciones. Las dudas sobre la teoría de que fue atropellado. La investigación a la propia familia, que tuvo los teléfonos pinchados. Las amenazas, la quema del auto a Vanesa, la hermana de Luciano. El hostigamiento a los amigos del joven que debieron mudarse del barrio. El silencio político, la complicidad judicial, y los límites de la defensa. El recuerdo de Luciano, su fanatismo por River, su generosidad para compartir comida con sus amigos: “Él me enseñó a ser mejor persona” dice Mónica. Este domingo desde las 15, en el Espacio Luciano Arruga (ex destacamento donde el adolescente fue torturado; Indart y San Martín, Lomas del Mirador), familiares y amigos organizan la tradicional jornada en recuerdo del joven de 16 años desaparecido por la Bonaerense: “Seguiremos recordando que nosotros jamás vamos a bajar los brazos; que vamos a seguir pidiendo justicia todos los días de nuestra vida”. Por Francisco Pandolfi.

Mónica Alegre el próximo 21 de agosto cumplirá 60 años. Siempre cumple, Mónica Alegre, que vive en la casa de su mamá, a quien cuida todos los días en la villa 12 de Octubre de Lomas del Mirador. El martes 31 de enero se cumplirá otro aniversario sin su hijo: 14 años de aquel 2009 cuando Luciano Arruga fue desaparecido por la Policía Bonaerense. Lo parió un 29 de febrero de 1992. Su Negrito tenía 16 años y estaba por festejar los 17. No lo dejaron.

Para Mónica la vida fue complicada mucho antes de la desaparición de Luciano. Junto a su familia, vivieron en la calle, en casillas, en un hotel. El papá de Luciano los abandonó cuando él tenía 5 años. Y Moni ahí, presente, estando, sosteniendo, pese a todo.  

Lo recuerda a “su morocho” bien flacucho, cartoneando para ayudar a su familia. Como ya habían conocido la nieve –cuando el 9 de julio de 2007 cayó sorpresivamente en Buenos Aires–, le quedaba el sueño de ver el mar y las montañas. No lo dejaron.

El rechazo a “trabajar” para la policía

A Luciano le gustaba mucho el fútbol y era tan pero tan fanático de River, que aseguraba que si tenía un hijo varón lo llamaría Enzo Ramón, por Enzo Francescoli y Ramón Díaz. Nunca le alcanzó la plata para ir al Monumental. Tenía intacto el deseo de llegar a ese día. Tampoco lo dejaron.

En 2007, aquel año donde sus ojos vislumbraron la nieve porteña, la Policía Bonaerense le ofreció salir a robar para ellos. Se lo contó a su madre, que se quedó tranquila con la negativa de su hijo. Pero ante el “no”, vendría el hostigamiento policial, las amenazas. Y ya no lo dejarían en paz.

El 28 de septiembre de 2008 lo detuvieron de manera irregular y fue llevado al destacamento de Lomas del Mirador, inhabilitado para alojar personas y prohibido para menores. Fue amenazado y golpeado. Allí fue a rescatarlo Moni, que escuchaba sus gritos para que le dejaran de pegar. Por esas torturas el ex policía bonaerense Julio Torales, fue condenado en mayo de 2015 a diez años de prisión.

Cuatro meses después, el 31 de enero de 2009, Luciano fue desaparecido. Fernando Espinoza era el intendente de La Matanza; Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cristina Kirchner, la presidenta de la Nación. El silencio de las cúpulas fue ensordecedor.

La causa da cuenta de que esa noche los móviles policiales tuvieron “un funcionamiento irregular”, con circulación por fuera del recorrido asignado, falta de registros y estadío “durante varias horas en un descampado conocido como Monte Dorrego”.

Además, los libros de guardia del destacamento fueron adulterados. El 5 de febrero, su hermana Vanesa Orieta presentó un Habeas Corpus, pero fue rechazado por el Juzgado de Garantías N°5, a cargo del Juez Gustavo Blanco y la fiscal Roxana Castelli, meses después reemplazada por Celia Cejas.

La aparición

Finalmente el 17 de octubre de 2014 –5 años  y 8 meses después– se encontró el cuerpo de Lucianor enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Se descubrió que había fallecido el 1º de febrero de 2009, supuestamente atropellado por un auto al intentar cruzar la General Paz, desesperado, escapando (según declararon testigos), en circunstancias que aún siguen siendo investigadas. Y que había sido llevado al Hospital Santojanni, justamente donde su familia había ido dos veces a preguntar si estaba allí, y se lo negaron. Supuestamente se buscaba a un joven desaparecido, mientras un NN era enterrado por las mismas autoridades sin investigar quién era ni dar noticia alguna a la sociedad.

La causa que debe investigar su desaparición y muerte continúa en etapa de instrucción y el juicio político pedido por sus familiares a las fiscales Castelli y Cejas y al juez Banco, está estancado.

A 14 años, se sabe de la amnesia de los distintos gobiernos que se sucedieron, como de la complicidad policial-judicial. A 14 años, se sigue sin saber qué le pasó a Luciano esa noche. A 14 años, Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano Nahuel Arruga, su orgullo, su “Negrito que se negó a robar para la Policía”, habla, llora, lo recuerda sonriendo.

–¿Cómo te llevás con esta fecha?

–Intento no pensar tanto, pero no se trata del 31 de enero, de una fecha particular: así son todos y cada uno de los días de mi vida. Pasaron 14 años, duele, va a doler siempre, toda mi vida. Es mentira que el tiempo cura todo. Hace muchos años una vez te dije, “el ser humano es un animal de costumbre” y es así. Una se acostumbra a vivir con el dolor, y es horrible; también con la desidia, la angustia, la tristeza, a no haber tenido justicia. Hasta a eso una se acostumbra hasta que se acaba la nafta, hasta que la pacha dice basta; no creo en Dios, aunque debe ser que exista, pero para nosotros no tuvo tiempo. Ahora, al estar cuidando a mi mamá, no estoy yendo a actividades de otros familiares, lo que me significaba sentirme viva. Al no estar en esos espacios como antes, siento que me ahogo, pero son procesos. Lo único que me queda es vivir con el recuerdo, con las anécdotas.

–¿Hay algunos de esos recuerdos o anécdotas que te sirven para sobrellevar mejor el día a día?

–Sí, sobre todo sus sonrisas, el recordarlo riendo. Agradezco lo mucho que me enseñó, lo que aprendí de él a ser mejor persona, más solidaria con mis pares, a no juzgar; del dolor también se aprende.

–Una de las primeras veces que hablamos en 2009 contabas que pese a vivir re contra justos, si tenías cuatro papas, a veces él se llevaba dos para sus amigos, porque no tenían nada para comer.

–Era así, si tenía media docena de huevos, y me faltaban dos o tres, ya sabía qué había pasado. Lo mismo con las papas, porque los pibes no tenían para comer, pero la verdad es que nosotros tampoco, entonces a veces me enojaba con él. “Pero yo salgo con el carro, mamá, y si no, pido; los pibes no tienen nada”. Y después me decía: “Aprendé mamá, ¿cuándo vas a aprender?”. Y mamá aprendió, aprendió de la peor manera, tuvo un gran costo, pero aprendí: hoy soy más humana. Ese pibe era mi Negrito, que jugaba descalzo a la pelota por un sanguche de milanesa y una coca; un pibe de barrio, un pibe villero, un pibe cartonero. Y sabés que ahora que pienso en esto, por primera vez caigo en que hace 14 años que no amaso pan casero, ¡14 años! Antes los hacía siempre, porque a él le gustaba mucho, y también se llevaba para sus amigos que no tenían nada.

Moni deja por un momento unos parches que está cosiendo para la actividad de este domingo y llora de la impotencia. Se le reestablece un poco la voz y el pan casero se asocia a las mentiras que sembraron alrededor de la causa: “Pasaron 14 años sin justicia, de disfrazar la realidad, de que dijeran que había muerto en un accidente de tránsito. ¿Quién tiene las herramientas para desaparecer un cuerpo? Se necesita de todo el aparato del Estado, judicial, policial y político para desaparecer a una persona durante 5 años y 8 meses. No se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, con el paso del tiempo cierra todo: tres hábeas corpus nos rechazaron antes que aceptaran el último, unos meses antes de encontrar el cuerpo. Se ve que no estaba aceitado el ocultamiento total y algo podía quedar al azar. Ya para cuando apareció el cuerpo, habían borraron todo. En el medio, pasaron muchas cosas en el caso, como la Policía espiándonos a los familiares porque investigaban un secuestro extorsivo; el hostigamiento a uno de los pibes de Familiares y Amigos que amenazaron que iba a terminar como el Negro y se tuvo que ir a vivir al sur; el quemar el auto de Vanesa; el querer incendiarme mi casa; las amenazas al resto de mis hijos… Hay pibes acá en el barrio que tuvieron que irse a Paraguay por miedo. Se fueron porque la Policía los re cagó a palos y los amenazó. Así, con esta impunidad, ya pasaron 14 años y la causa sigue en etapa de instrucción; es una burla, los ocho policías implicados ¡siguen como testigos! Me pregunto: ¿podrán dormir tranquilos? ¿vivirán en paz?”.

–¿Cómo explicas que luego de tantos años todavía se esté en la etapa de instrucción, o sea, de investigación penal?

–Yo me pregunto lo mismo, ¿cómo se explica? Como la causa no prescribe, porque si hay algo que luchamos con uñas siguiente es para caratularla como desaparición forzada, la van a mantener en ese estado. Juegan con el desgaste, con el cansancio, con los recuerdos y también con tu economía, porque si vos no tenés un buen abogado… Mi abogado es del CELS y el CELS vos sabés hasta dónde patea; se va a desgarrar las vestiduras por el caso hasta que tocás al Estado, ahí da un pasito atrás. Entonces se dan pequeños pasos, la causa sigue moviéndose, pero no avanza. Todo seguirá así hasta que quizá algún día tenga un buen abogado y empiece de vuelta.

–¿Qué creés que debe aprender de Luciano la sociedad, para ser un poco mejor?

–Ese corazón inmenso que tenía el Negro; a ser un poco más humano, a valorar la vida, a aprender. Ojalá, sí, ojalá que la sociedad aprenda a no ser tan egoísta. El Negro era así; no le gustaba tanto estudiar, pero tenía un corazón de oro. Vos fijate, se llevaba pan casero para dárselo a sus amigos; al día siguiente quizá no iba a tener nada para comer, pero priorizaba a los demás.

–¿Por qué es importante la actividad de esta tarde?

–Desde las 15, en el Espacio Luciano Arruga (ex destacamento donde fue torturado Luciano; Indart y San Martín, Lomas del Mirador) seguiremos recordando que nosotros jamás vamos a bajar los brazos; que vamos a seguir pidiendo justicia todos los días de nuestra vida. Es importante para tener la memoria del Negro viva y presente, para saber nosotros mismos que no estamos derrotados; para que sepan que no estamos derrotados y que seguimos luchando.

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