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A 20 años del Caso Bulacio: Yo sabía

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El 26 de abril de 1991 Walter Bulacio, 17 años, murió en el Sanatorio Mitre, una semana después de ser detenido arbitrariamente por la Policía Federal, la noche del 19 de abril, en la puerta del Estadio Obras a la espera del recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A 20 años del Caso Bulacio: Yo sabíaJunto a 73 personas más, incluyendo varios menores, Walter fue subido a los golpes a los colectivos preparados para el operativo policial que culminó en los calabozos de la comisaría 35º del barrio porteño de Nuñez. Allí el comisario, Miguel Angel Espósito lo golpeó brutalmente en la cabeza provocándole, días más tarde, la muerte.
Hoy, tras 20 años, el comisario sigue impune y no hay ningún detenido en la causa. En esta nota especial para lavaca, Julieta Colomer, una de las fundadoras de la Mesa de Escrache Popular, sintetiza lo que para su generación representa este caso.
Caer por estar parado
Un graffiti pintado en la pared de la comisaría 35º es el comienzo de una historia. La historia de Walter Bulacio. La historia que comienza luego de su muerte.
En la madrugada del 20 de abril, Nazareno, amigo de Walter, detenido junto a él, dejó grabado un mensaje en la pared del calabozo. Un año más tarde, en mayo de 1992, María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio e integrante de Correpi (Coordinadora de lucha contra la represión policial e institucional), organización nacida al calor de la movilización popular tras la muerte de Walter, comienza a descifrarlo al encontrar una fotografía de aquel graffit, dentro del expediente judicial: “Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. CAIMOS POR ESTAR PARADOS”. 19/4/91.
“Lo que quiso decir Nazareno -cuenta María del Carmen Verdú- es que los detuvieron por estar parados, haciendo nada, por estar inmóviles, pero para mí fue simbólico porque así de inmóvil estaba el conjunto del campo popular por aquellos años”.
¿Qué piensan los jóvenes que hoy tienen 20 años sobre el gatillo fácil y el accionar represivo de las fuerzas de seguridad? ¿Qué piensan de las detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes? ¿Qué saben del maltrato y las torturas en cárceles y comisarías? ¿Qué piensan los que aún no habían nacido cuando Walter moría, acerca de lo que es la seguridad? ¿Qué saben de la historia de Walter Bulacio, el joven de Aldo Bonzi, que murió a los 17 años y se convirtió en bandera?
María del Carmen Verdú, se dedicó a sistematizar el laberinto judicial que, en el transcurso de estos 20 años, transitó la causa Bulacio. En su libro Represión en democracia detalla minuciosamente “la larga serie de dictámenes y resoluciones judiciales que demuestran que el Estado Argentino y todos sus gobiernos democráticos desde 1991 han silenciado el caso garantizando la impunidad de los responsables y preservando sus herramientas represivas.”
Un cuadro sinóptico resume los trámites que insumió la causa, desde sus inicios en 1991, hasta diciembre de 2008. En 17 páginas, Verdú despliega cada paso en busca de justicia, que transitó desde los juzgados ordinarios hasta los tribunales internacionales de derechos humanos, obteniendo, en todos estos años, la misma respuesta: impunidad.
Las demoras judiciales para seguir el caso, la prisión preventiva al comisario Espósito sólo por el delito de privación ilegítima de la libertad, el sobreseimiento de los otros delitos, el sobreseimiento posterior del comisario procesado, son algunos ejemplos de las idas y vueltas que debió atravesar el caso. En 1997 ante la persistencia de demoras judiciales, que implican una violación a la obligación del Estado de administrar justicia, la abogada de la familia Bulacio presentó una denuncia contra el Estado Argentino ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando violados los derechos, garantizados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos: a la vida, a la integridad física, a la libertad y a un recurso judicial sencillo y rápido.
Tortura es delito de Estado
Ante la respuesta de la justicia argentina la CIDH presentó la demanda del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2001. La sentencia de la Corte IDH condenó al Estado Argentino en septiembre de 2003 y ordenó dos cuestiones que aún no se cumplieron:

  • El juicio y castigo a todos los responsables y
  • La rectificación del Estado Argentino en relación al esquema de detenciones arbitrarias, ya que puso en evidencia la ilegalidad de las prácticas policiales de detención por fuera de lo normado y sin ningún tipo de justificativo legal, como las razzias que, toleradas por jueces y fiscales, permanentemente están violando los convenios internacionales y la propia Constitución Argentina en materia de libertad y protección judicial a menores de edad.

“Evidentemente -afirma Verdú- ningún gobierno se va a suicidar quitándole a su fuerza de seguridad las herramientas más útiles para ejercer el control social. Imaginate: si los policías no pudieran detener personas porque sí, quedaría absolutamente coartada la mecánica cotidiana del control, en sentido estricto, desde un punto de vista macro, y además se quedarían sin su fuente de recaudación, porque muchas de esas detenciones se aprovechan para la extorsión, sobre todo a los vendedores ambulantes, a personas en estado de prostitución, es decir a todos los que sobreviven en la vía pública”.
Más allá de la interpelación al Estado por la Corte Interamericana y del largo trayecto recorrido durante estos 20 años de impunidad, lo asombroso son los resultados de los juicios: la libertad de los condenados y procesados. Dice Verdú: “En los últimos 8 ó 10 juicios a los que hemos llegado con policías, gendarmes, servicios penitenciarios imputados por delitos con penas en expectativa de 25 años o de prisión perpetua, por homicidios simples, homicidios calificados, tortura, tortura seguida de muerte, en todos los casos llegaron al juicio en libertad y en la mayoría, aún condenados, se fueron en libertad. Situación que es totalmente impensable para cualquier ladrón de gallinas que se morfa la prisión preventiva aunque tenga la causa más idiota. Cuando los acusados son funcionarios públicos, los jueces y fiscales siempre buscan la vuelta para evitar la condena, para que la condena sea mínima o para que, aún si tienen que dar una condena un poco más alta, sean exonerados en un tiempo corto.”
El caso Walter Bulacio puso en cuestión la connivencia del aparato policial-judicial, puso en evidencia la práctica policial de las detenciones arbitrarias y la práctica judicial de la eterna dilación cuando los acusados son funcionarios públicos. “En este caso no se salva nadie -dice Verdú- ni los jueces ni los fiscales. Ya no les queda qué inventar y lo siguen inventando. Ahora estamos a las puertas de lo que va a ser la frutilla del postre de la impunidad con este juicio oral que llega mal, tarde, incompleto, que probablemente empiece en agosto. Ya se postergó porque tenía que empezar en abril, donde el único procesado que va a juicio es el comisario Miguel Angel Espósito, ninguno de sus mandantes fue indagado jamás a pesar de que existe reconocimiento oficial de que fue un crimen de Estado. A Espósito se lo va a juzgar únicamente por la privación ilegítima de la libertad. Ni por la muerte ni por las torturas, con lo cual la pena máxima será de 5 años”.
3.160
3.160 es la cantidad de jóvenes muertos por la represión policial desde 1983 a la actualidad, que Correpi lleva contabilizados para demostrar que no se trata de casos aislados, de “excesos o errores del personal policial” sino de una práctica sistemática basada en el control social y el disciplinamiento de los pibes pobres.
El caso Walter Bulacio dio visibilidad a los muchos otros que se dan cotidianamente en los barrios marginados de todo el país, en democracia y bajo el discurso de los sucesivos gobiernos que, aún hoy, siguen dando legitimidad a la autonomía de las fuerzas de seguridad. De ese modo simulan la desvinculación de responsabilidades de presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores, jueces, fiscales, que parecieran no tener incidencia en el accionar policial.
A lo largo de estos años se han presentado variadas tesis, teorías e hipótesis acerca de la autonomía institucional de la policía. Los integrantes de Correpi, por su parte, también han acumulado experiencia y conocimiento y han desarrollado su propia teoría: la represión policial e institucional forma parte de una política de Estado: “No hay otro sistema de libertades en el marco de un sistema capitalista -afirma Verdú- no se ha inventado, ni se va a inventar en un largo tiempo, otra forma de garantizar la explotación que no sea por la fuerza, a través de la opresión. Y para garantizar esa opresión cuando alguien decide que no quiere andar con el lomo agachado, la única herramienta efectiva es la represión. Los distintos gobiernos democráticos, desde 1991 a la actualidad, se apoyaron en la fabricación de consenso, que es un tipo de represión más sutil, invisible y no percibida como represión. Por un lado, están los que concientemente piden el destacamento policial, la subcomisaría, facultades a los policías para detener pibes, endurecimiento del aparato represivo, baja de la edad de imputabilidad, porque saben que es el modo para garantizar sus privilegios. Y en el extremo opuesto, existe esa otra realidad de cómo ese discurso cala en los que son doblemente víctimas: de la explotación económica, y de esa operación de descerebramiento que les mete en la cabeza el sentido común de la clase enemiga.”
Botón de muestra
“El ensañamiento, la brutalidad con que actúa la policía se da más en aquellos uniformados que no quieren verse reconocidos en el negrito que detuvieron, sino que quieren ser como el comisario que va ‘peinado con alerta’, con sobretodo de pelo de camello y uñas manicureadas, y una casa de 3 o 4 millones de dólares”, dice Verdú.
Pienso entonces en el “Mataguachos de Fiorito”, el policía retirado José Antonio Pelozo, que había sido jefe de calle de la comisaría 5º de Villa Fiorito. En 2003 asesinó a Matías Bárzola. En 2002 Jorge Chaco González muere en un hospital a causa de las torturas que le aplicaron otros dos policías que integraban el mismo servicio de calle de la comisaría del barrio. Verdú me cuenta: “El Mataguachos vivía en Fiorito a 3 cuadras de la casa de Estela, mamá de Matías, y de Ramona, mamá del Chaco González, en una casita tan humilde como las de ellas. Él no se reconoce con intereses comunes con Estela y Ramona sino con la clase que defiende, y por eso su odio y resentimiento, típicos sentimientos del desclasado. Aparecen los argumentos sobre mejorar el sueldo a la policía o sobre educarlos en Derechos Humanos para que entiendan que están al servicio de la comunidad, para generar mejores vínculos entre vecinos y policías, como la policía de proximidad o la participación ciudadana en la gestión de políticas de seguridad. Pero todo ese discurso que suena tan progre y tentador, se cae como castillo de naipes cuando ves que el vecino que va a la comisaría a discutir con el comisario sobre el mapa de criminalidad del barrio, es el mismo que saca de la esquina a escopetazos a los hijos de sus vecinos. Pero además se cae cuando entendés que ese uniformado desclasado siempre va a tener el punto de vista del patrón, nunca del trabajador. El hecho de que provenga materialmente de la misma clase, incluso que venda su fuerza de trabajo a un sueldo que no le alcanza para vivir, no lo determina en la medida que no tiene conciencia. Y no la puede tener nunca porque precisamente son seleccionados de forma tal que, con el entrenamiento posterior, se elimine toda posibilidad de conciencia.”
Uno de los principales ejes de trabajo de Correpi en los barrios de Soldati, Lugano, La Boca y en el conurbano bonaerense se desarrolla en la búsqueda de herramientas que permitan generar la discusión, entre los vecinos, sobre los diferentes consensos y permisos que se establecen en los barrios, los prejuicios, la ignorancia, la falta de comunicación, lo que está bien, lo que está mal, el peligro que representa para algunos la invasión de Gendarmería, mientras que para otros es la única solución posible al problema de la inseguridad.
Organizate y luchá
Esa palabras parecen definir la propuesta de Correpi al llegar a cualquier barrio para dar una charla en la sociedad de fomento, escuelas, clubes de fútbol o directamente en la plaza del barrio. En estos encuentros, cuenta Verdú, “lo que menos hay que explicarles a los pibes es que la policía les pega, los verduguea, los quiere reclutar para robar. O que son los que dirigen las venta de merca en el barrio, que son los que administran los prostíbulos, que son los que hacen negocios con la venta de autos robados. Todo eso los pibes lo saben porque lo viven a diario. Lo que hay que lograr es que asuman la necesidad de organizarse para pelear y no decir ‘yo zafé’ como aparecía en las primeras declaraciones de los otros detenidos que estuvieron con Walter en la comisaría 35º. Cuando el juez les preguntaba qué hicieron después que los encerraron, todos contestaron: ‘Me quedé tranqui’. El disciplinamiento funciona y esa es la barrera que hay que atravesar: arrancar a fuerza de movilización, de denuncia, de presencia en la calle, esa idea metida como tatuaje en la piel de que tenés que quedarte tranqui, porque la vida es así y nada podés hacer”.
Las lecciones de Walter
Pregunto: ¿Qué nos enseñó el caso Bulacio como sociedad?
“Primero definí sociedad -me interpela Verdú-. Yo no uso ese término, no hay tal cosa como un ente único llamado sociedad. Hay un Estado en el que viven dos clases: los ricos y los pobres”.
Verdú sintetiza las enseñanzas que dejó el caso de Walter para demostrar su hipótesis:

  • “A la burguesía le enseñó que tiene que ser más sutil en su forma de reprimir, de hecho se generaron una serie de reformas legislativas y normativas en general a partir del caso Bulacio. Hasta se blanqueó la facultad policial de detener personas en averiguación de antecedentes con la reforma Lázara, en el ámbito nacional, directamente impulsada por la detención y muerte de Walter, con el mismo mecanismo solapado de legitimación como sucedió con el cambio de los edictos policiales por el Código Contravencional. Hasta ese momento, con la ley Lázara teníamos la posibilidad de impugnar la ley de origen de la averiguación de antecedentes que estaba reglada en un decreto de la dictadura. A partir de 1995 tenemos una ley del Congreso Nacional: lo único que se modificó es que ahora se castiga como si fuesen delito conductas que no lo son.”
  • “A los familiares de los pibes asesinados: les enseñó que hay que organizarse. El caso Bulacio es el que da el espaldarazo final para que, desde ese grupo heterogéneo de militantes antirepresivos que buscábamos camino, termináramos de parir una organización política como Correpi.”
  • “A los pibes pobres les dejó un emblema de lucha que ha calado hondo, que genera una necesidad de organización independiente y consecuente a partir del ejemplo de todos los casos. Si vas a Fiorito los chicos saben quién fue el Chaco González, saben quién fue Matías Bárzola, conocen la historia de Leandro y Walter, o los conocen como los pibes de la masacre, con mucha más claridad que a Walter Bulacio, que es más lejano en el tiempo. En Moreno las banderas son Cristofer Torres, o el pibe Bolaños, Miguelito Da Silva, el Checho Casal. Casos y familias que hoy están reconocidas, después de muchos años de pelea, por sus vecinos, los compañeros de colegio de sus hijos, sus familiares, como los referentes en la lucha antirrepresiva en esos barrios. En Morón el símbolo es Sergio Durán, en Ciudad Evita el Pule Otero, en Rafael Castillo, el Peca Rivero, en Talar de Pacheco, Romina Lemos y sigue la lista…”

¿Qué aprendí yo del caso Bulacio?
En el año 1991 yo tenía, como Walter, 17 años, me gustaban los Redondos e iba a recitales de rock. Comenzaba a participar del Centro de Estudiantes y a cuestionar las injusticias.
La experiencia de haber participado en la Mesa de Escrache Popular sin duda dejó marcada una huella, como aquel graffiti en la pared: un mensaje a descifrar, un punto de partida, una historia para contar.
El aprendizaje en el cuerpo que implica organizarse con otros para construir otra justicia, la que nace de abajo y se toma como propia. Aprender a sumar la voz al conjunto para no callar, a poner la memoria en acción para no ser indiferente a la impunidad, a no olvidar, a no delegar, a continuar la lucha de los que ya no están, recordándolos con alegría. Pero sobre todo, creo que en estos 20 años aprendí a cantar en cada recital, en cada manifestación, en cada escrache: “Yo sabía, yo sabía que a Bulacio lo mató la policía”.

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El estado de la salud: Hospitales marcharon contra el recorte, con el Bonaparte como símbolo de la insensibilidad

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Médicos y médicas de distintos hospitales públicos e instituciones de salud marcharon hoy a Plaza de Mayo. El Hospital Garrahan -donde el gobierno nacional echó al Consejo Directivo- fue el punto de partida y el símbolo, el Hospital Bonaparte cuyos trabajadores y trabajadoras resisten al cierre. Lo común: el ahogo presupuestario y el recorte salarial. El contexto: mayor demanda, menos dinero, menos insumos y más precariedad. Un combo insalubre para quienes trabajan y para quienes se atienden. El llamado a un paro general, y la unión sin distinciones de todo el personal de las instituciones. El jueves, Día de la Salud Mental, habrá una nueva marcha a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte.

Por Lucas Pedulla

Karen tiene 35 años y este martes cumplió su primera semana de residencia en el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Lamenta no estar en su área de trabajo, después de estudiar durante años en la Universidad Nacional de Luján, sino en Plaza de Mayo, fruto de una necesidad que la empujó a salir a la calle, con miles de trabajadores y trabajadoras de la salud.

Pero rescata lo bueno, ante la pregunta de cómo está, que ella elige responder en plural: “Estamos bien, es muy energética esta situación: permanecimos en nuestros puestos de trabajo, con el hospital abierto, garantizando la continuidad de la atención, y reconforta que haya tenido toda esta respuesta. Todo eso implica que es una pelea que vamos a poder ganar”.

Karen ingresó al Bonaparte en medio de un plan de lucha que trabajadores y trabajadoras de la salud llevan adelante hace meses, con pedidos de recomposición salarial y la denuncia del desabastecimiento de las instituciones. Hasta ahí, todo a-normal. Hasta que el viernes llegó el “baldazo de agua fría”, según describe: “Cuando volvimos a nuestros puestos y a realizar las tareas diarias, a las dos y media de la tarde, sin que tengamos la mínima sospecha empezaron a circular mensajes de que habían anunciado el inminente cierre del hospital -dice Karen a lavaca– Para nosotros fue impactante. No sabíamos cómo reaccionar hasta que bajamos al hall de entrada y nos encontramos con las puertas cerradas y los pacientes en la vereda: los habían sacado de la guardia”.

Así fue que una compañera propuso quedarse hasta revertir la decisión de cierre. El apoyo fue unánime, con festivales y vigilias que acompañaron a lxs trabajadorxs todo el fin de semana. El lunes realizaron un abrazo simbólico, donde cantaron: “El Bona no se cierra”. Y hoy se movilizaron a Plaza de Mayo.

A Karen, en su primera semana, ya algo le quedó claro: “Nos quieren destruir como clase trabajadora. No quieren que tengamos salud. No quieren que tengamos educación. Nos quieren destruir para poder explotarnos más. Quieren que ganemos salarios miserables. No sé cómo pretenden que sostengamos la productividad del país si no tenemos salud, vivienda, educación y alimento”.

Foto: Tadeo Bourbon para lavaca

Del Hospital a la Plaza

La movilización partió del Hospital Garrahan, donde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro de 48 horas en reclamo de recomposiciones salariales, pero que es tan solo la punta de un iceberg: así se plegaron trabajadorxs del Bonaparte y, también, de otras instituciones como el Piñero, el Penna o el Posadas. 

La Plaza de Mayo combina hoy dos escenarios, Casa Rosada y el Ministerio de Economía, a donde el presidente Javier Milei cruzó al mediodía para almorzar con el ministro Luis Caputo, protagonista de uno de los estribillos de este mediodía: 

“Che caputo, che Caputo / no te lo decimos más / si tocás los hospitales / qué quilombo se va a armar”. 

Cantando está Magalí, 34 años, bioquímica, quien hizo toda su carrera dentro del Garrahan, donde trabaja hace ocho años. Hoy es personal de planta, en el sector de Laboratorio. Precisa el reclamo: “Pedimos 100% de aumento en una sola cuota. Recomposición salarial de todos los trabajadores de todos los hospitales. Desde diciembre nuestro salario perdió mucho, quedamos atrasados, y eso genera una situación de mucho pluriempleo, con mucho cansancio, que redunda en una mala calidad de atención y en que muchos profesionales formados se están yendo. El hospital se está vaciando con estas políticas de recorte. Y eso afecta a la salud”. 

Luego, otro trabajador del Garrahan toma el micrófono: “Esta marcha agrupa sin distinción de tareas y sin distinción de agrupación. Nos tenemos que unir en una sola lucha y hacer una huelga general para derrotar a este gobierno”. 

Un residente del Hospital Posadas, en el oeste del conurbano bonaerense suma: “Tenemos que estar todos juntos para enfrentar un gobierno de insensibles que quieren llevarnos a la pobreza extrema”.

Un residente del Penna: “Si hay algo que quiere el Gobierno es dividirnos: los residentes por un lado, los de planta por otro, los del Bonaparte por otro, los enfermeros por allá. Tenemos que unirnos y que todas las centrales llamen a un paro”.

Una trabajadora de hospitales de Lanús y Alejandro Korn, al sur del conurbano profundo: “Este es un gobierno despiadado y oscurantista que quiere cerrar baluartes para la sociedad, como las universidades que brindan la posibilidad de ascenso social para la clase trabajadora. Paro general ya”.

Magalí, del Garrahan, escucha y dice a lavaca: “Hemos movilizado en todos los gobiernos pero este recorte no lo vi hasta ahora. Aumentó la demanda, porque se caen de las obras sociales y vienen al hospital público, y los insumos y reactivos tardan mucho llegar”.

Foto: Tadeo Bourbon para lavaca

Desde la Plaza anuncian que el jueves es el día de la Salud Mental y habrá una nueva marcha, a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte. “No queremos resignarnos a los salarios de miseria que atentan contra la salud de los pacientes -dice, desde el camión otra trabajadora del Bonaparte-. Acumulamos casi un 50% de pérdida de poder adquisitivo. Sostenemos, con profunda vocación, que vamos a seguir luchando”.

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el lunes que “el Hospital Bonaparte no va a cerrar”, aunque habló de una “reestructuración” en base a un supuesto “desfasaje” entre la cantidad de empleados y los usuarios. En Plaza de Mayo, desde un camión, responde una de esas trabajadoras: “Atendemos de 8 a 20 (horas). Recibimos a mamás y papás que tienen a sus hijos en tratamiento. Contamos con una guardia las 24 horas y un 0800 que atiende llamados. Hoy el hospital está funcionando porque lo estamos defendiendo. No se cierra. Están diciendo que sobran los trabajadores, pero es mentira: estamos desbordados de demanda. En el Bonaparte no sobra nadie. La mayoría hacen tratamientos ambulatorios. Es el primer hospital que quieren cerrar en democracia, y no lo vamos a permitir”.

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Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

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De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.

En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.

El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.

Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:

Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.

La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.

¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.

Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.

¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.

Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.

El desmantelamiento como política

La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.

El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.

El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.

Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.

Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.

Cómo trabaja el Bonaparte

Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.

El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.

Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.

El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.

Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.

¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.

La fortaleza de la lucha

Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.

Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.

Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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