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La Campaña Migrar no es Delito rechazó la app del gobierno para expulsar inmigrantes y anunció un paro

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Más de 50 organizaciones realizaron ayer una Audiencia Pública en el Congreso de la Nación para exigir la anulación definitiva del DNU 70/2017, que busca sistematizar la expulsión de migrantes, y denunciar que la aplicación para celulares que anunció hace unos días el gobierno es una herramienta ilegal de control social que no existe ni en los países con peores políticas migratorias. El 4 de septiembre, Día del inmigrante, realizarán un paro y movilización a Tribunales como parte del plan de lucha diseñado para anular el DNU.

Por Alejandro Volkind para lavaca.dream.press

Durante poco más de dos horas, en la sala 1 del piso 2 del anexo del Congreso los migrantes tuvieron la palabra. El hecho, poco mediático, tuvo categoría de inédito. Desde que en enero de 2017 Mauricio Macri publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, que modificó aspectos sustanciales de la ley de Migraciones 25.871 y consolidó un discurso xenófobo en la sociedad, la problemática migrante no había tenido lugar en el recinto ni se habían escuchado las voces de sus protagonistas.
Por ello, esta Audiencia Pública convocada por la Campaña Migrar No es Delito y posibilitada por la diputada Romina Del Plá fue celebrada por los más de 15 oradores que a través de argumentos documentados y contundentes denunciaron con detalle el ataque sistemático tanto material como simbólico que viene realizando este gobierno sobre los casi 2 millones de inmigrantes que hoy en día residen en el país.

Representantes de la campaña Migrar no es delito junto a diputadas y diputados de la Nación.

No más pasos atrás

Para dimensionar el enorme retroceso en materia de Derechos Humanos que significó el DNU 70/2017 es importante conocer qué ley vino a neutralizar.
La ley de Migraciones 25.871, vigente desde finales de 2003, permitió la mayor regularización de inmigrantes de la historia argentina y fue considerada un “ejemplo mundial” por la Organización Internacional para las Migraciones. Esta normativa, que dio de baja una ley impuesta durante la última dictadura cívico militar, fue consensuada durante meses con organizaciones de derechos humanos y aprobada por unanimidad en ambas cámaras.
El decreto, por el contrario, fue publicado sorpresivamente en el Boletín Oficial, sin debate previo y sin pasar por el Congreso y habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial. Para ello, el gobierno tergiversó datos oficiales que le permitieron vincular directamente migración y criminalidad.
Ahora una persona migrante que subsiste de la venta callejera podría ser denunciada penalmente por su actividad económica o por resistir un desalojo en la vía pública y ello ya lo clasificaría como “expulsable”.
“El decreto generó la sensación de que el Estado está saliendo a perseguir la migración y que la delincuencia está directamente asociada a la migración”, aseguró en la Audiencia Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes – CAREF.
Esta sensación se volvió concreta en los últimos días, cuando se conoció que el gobierno nacional implementará desde septiembre una “app para detectar inmigrantes ilegales o con antecedentes penales”. Esta aplicación, elaborada por la Dirección Nacional de Migraciones, estará en los teléfonos celulares de policías provinciales y nacionales y de médicos de hospitales públicos, quienes podrán saber la situación migratoria y últimos tránsitos de quienes consideren sospechoso, o mejor dicho, inmigrante.
“La aplicación lo que busca es un control social total, como en la época de la ley Videla: toda la administración pública puesta al servicio del control de una parte de la población a la cual se le atribuyen toda una serie de males”, denunció Pablo Ceriani Cernadas, director del Programa de Migración y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Las consecuencias de esta medida –advirtió- ya se conocen porque se vivieron en la década del ´80 y del´90: miedo de ir al hospital, miedo a estar cerca de una fuerza de seguridad, miedo de ir a la justicia a denunciar un delito, miedo a enviar a los chicos a la escuela. “Es una aberración en términos de políticas sociales, de salud pública, en materia laboral, educativa y de seguridad ciudadana”, señaló Cernadas.

Migrantes preocupados escuchan exposiciones dentro del Congreso.

Ni necesario, ni urgente

Desde su imposición, el DNU 70/2017 no paró de cosechar repudios. A las decenas de organizaciones de Derechos Humanos y de Migrantes que se manifestaron en contra, y que se unieron en la Campaña Migrar No es Delito, se hay que sumar al Comité Contra la Tortura de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez, en marzo de este año, la justicia argentina lo declaró inconstitucional. ¿Los motivos? «El decreto no expone razones válidas —dadas las deficiencias que presenta en el análisis de las estadísticas— para sostener la necesidad inmediata de modificar la ley eludiendo la participación del Congreso». En el fallo, los jueces de la Sala V de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal también consideraron que el DNU atenta contra derechos fundamentales de los inmigrantes, dando lugar a todas las denuncias de las organizaciones de migrantes.
Sin embargo, el gobierno apeló y el decreto está vigente hasta que la Corte Suprema tome posición. Por ello, Galoppo sugirió no perder de vista que si bien el proceso judicial sigue su curso, no hay que perder de vista lo que pueda suceder con la sentencia de la Corte y advirtió sobre las distintas prácticas que actualmente están dificultando la inserción y regularización de los migrantes, entre las que destacó los altísimos aranceles migratorios que se pagan –que aumentan año tras año- y la demora en la entrega de turnos.
Para dar una idea, si un ciudadano del Mercosur quiere sacar un turno hoy –ejemplificó-, le darán fecha para el 20 de marzo de 2020. Durante esos 19 meses esa persona va a estar en situación irregular, no va a tener una constancia de que tiene un trámite pendiente, no va a poder trabajar en forma regular, ni alquilar una vivienda en condiciones dignas, ni va a poder entrar a una institución terciaria o universitaria, ni va a poder circular libremente por las fronteras. “Con estas medidas y con estas prácticas estamos empujando a la población a la irregularidad migratoria”, concluyó Galoppo.

Una joven migrante durante la sesión en el Congreso, con el volante que invita al Paro.

Camino al Paro

Zulema Montero es abogada y presidenta de la Asociación Civil Yanapacuna («ayudándonos» en lengua aymara). Fue una de las decenas de personas que durante años luchó para que salga la ley de migraciones 25.871. Antes de empezar su intervención, aclara que está nerviosa y se pone a llorar. “Yo siento, porque trabajo con la gente migrante, las llamadas angustiantes, los mensajes de WhattsApp de lo que está pasando con los migrantes en Argentina. En Jujuy se están haciendo cobros indebidos, trámites que se tienen que pagar 1500 pesos se están cobrando 9000 pesos. La gente desesperada me pregunta qué hacer. Las expulsiones se están dando, y en casos que no corresponden. Yo lo que veo en la práctica es un retroceso total en derechos humanos”.
Con el fluir de las palabras su voz se hace potente. “Todas las organizaciones de migrantes tenemos que estar unidas y no aceptar ni el DNU ni esa aplicación, porque va a ser motivo de extorsiones. ¿Por qué perseguir a los migrantes, si somos trabajadores, si somos personas con dignidad? No estamos reclamando por reclamar: son derechos adquiridos”, remarca Zulema.
Migrantes, trabajadores y derechos son palabras que se repiten en casi todas las intervenciones y que permiten entender por qué el 4 de septiembre, Día del inmigrante, realizarán un paro y se movilizarán a la Plaza de Tribunales como parte del plan de lucha diseñado para anular el DNU.
“En este segundo Paro hemos tachado eso de Día del inmigrante. No queremos el festejo”, remarca Doris Quispe, integrante de la Campaña y del Partido Obrero. “Lo que queremos ser es sujetos políticos. Nos reivindicamos. Sabemos que aportamos a la economía, que tenemos derechos. No queremos ser más los pobrecitos. Somos una nueva generación migrante”, asegura.
“No podemos ser los chivos expiatorios para tapar la mala política económica de este gobierno”, sintetiza Zulema.
La frase retumba en todos los presentes, sin importar el país de origen. Este paro, por suerte, ya tiene fecha.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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