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La Campaña Migrar no es Delito rechazó la app del gobierno para expulsar inmigrantes y anunció un paro

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Más de 50 organizaciones realizaron ayer una Audiencia Pública en el Congreso de la Nación para exigir la anulación definitiva del DNU 70/2017, que busca sistematizar la expulsión de migrantes, y denunciar que la aplicación para celulares que anunció hace unos días el gobierno es una herramienta ilegal de control social que no existe ni en los países con peores políticas migratorias. El 4 de septiembre, Día del inmigrante, realizarán un paro y movilización a Tribunales como parte del plan de lucha diseñado para anular el DNU.

Por Alejandro Volkind para lavaca.org

Durante poco más de dos horas, en la sala 1 del piso 2 del anexo del Congreso los migrantes tuvieron la palabra. El hecho, poco mediático, tuvo categoría de inédito. Desde que en enero de 2017 Mauricio Macri publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, que modificó aspectos sustanciales de la ley de Migraciones 25.871 y consolidó un discurso xenófobo en la sociedad, la problemática migrante no había tenido lugar en el recinto ni se habían escuchado las voces de sus protagonistas.
Por ello, esta Audiencia Pública convocada por la Campaña Migrar No es Delito y posibilitada por la diputada Romina Del Plá fue celebrada por los más de 15 oradores que a través de argumentos documentados y contundentes denunciaron con detalle el ataque sistemático tanto material como simbólico que viene realizando este gobierno sobre los casi 2 millones de inmigrantes que hoy en día residen en el país.

La Campaña Migrar no es Delito rechazó la app del gobierno para expulsar inmigrantes y anunció un paro

Representantes de la campaña Migrar no es delito junto a diputadas y diputados de la Nación.

No más pasos atrás

Para dimensionar el enorme retroceso en materia de Derechos Humanos que significó el DNU 70/2017 es importante conocer qué ley vino a neutralizar.
La ley de Migraciones 25.871, vigente desde finales de 2003, permitió la mayor regularización de inmigrantes de la historia argentina y fue considerada un “ejemplo mundial” por la Organización Internacional para las Migraciones. Esta normativa, que dio de baja una ley impuesta durante la última dictadura cívico militar, fue consensuada durante meses con organizaciones de derechos humanos y aprobada por unanimidad en ambas cámaras.
El decreto, por el contrario, fue publicado sorpresivamente en el Boletín Oficial, sin debate previo y sin pasar por el Congreso y habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial. Para ello, el gobierno tergiversó datos oficiales que le permitieron vincular directamente migración y criminalidad.
Ahora una persona migrante que subsiste de la venta callejera podría ser denunciada penalmente por su actividad económica o por resistir un desalojo en la vía pública y ello ya lo clasificaría como “expulsable”.
“El decreto generó la sensación de que el Estado está saliendo a perseguir la migración y que la delincuencia está directamente asociada a la migración”, aseguró en la Audiencia Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes – CAREF.
Esta sensación se volvió concreta en los últimos días, cuando se conoció que el gobierno nacional implementará desde septiembre una “app para detectar inmigrantes ilegales o con antecedentes penales”. Esta aplicación, elaborada por la Dirección Nacional de Migraciones, estará en los teléfonos celulares de policías provinciales y nacionales y de médicos de hospitales públicos, quienes podrán saber la situación migratoria y últimos tránsitos de quienes consideren sospechoso, o mejor dicho, inmigrante.
“La aplicación lo que busca es un control social total, como en la época de la ley Videla: toda la administración pública puesta al servicio del control de una parte de la población a la cual se le atribuyen toda una serie de males”, denunció Pablo Ceriani Cernadas, director del Programa de Migración y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Las consecuencias de esta medida –advirtió- ya se conocen porque se vivieron en la década del ´80 y del´90: miedo de ir al hospital, miedo a estar cerca de una fuerza de seguridad, miedo de ir a la justicia a denunciar un delito, miedo a enviar a los chicos a la escuela. “Es una aberración en términos de políticas sociales, de salud pública, en materia laboral, educativa y de seguridad ciudadana”, señaló Cernadas.

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Migrantes preocupados escuchan exposiciones dentro del Congreso.

Ni necesario, ni urgente

Desde su imposición, el DNU 70/2017 no paró de cosechar repudios. A las decenas de organizaciones de Derechos Humanos y de Migrantes que se manifestaron en contra, y que se unieron en la Campaña Migrar No es Delito, se hay que sumar al Comité Contra la Tortura de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez, en marzo de este año, la justicia argentina lo declaró inconstitucional. ¿Los motivos? «El decreto no expone razones válidas —dadas las deficiencias que presenta en el análisis de las estadísticas— para sostener la necesidad inmediata de modificar la ley eludiendo la participación del Congreso». En el fallo, los jueces de la Sala V de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal también consideraron que el DNU atenta contra derechos fundamentales de los inmigrantes, dando lugar a todas las denuncias de las organizaciones de migrantes.
Sin embargo, el gobierno apeló y el decreto está vigente hasta que la Corte Suprema tome posición. Por ello, Galoppo sugirió no perder de vista que si bien el proceso judicial sigue su curso, no hay que perder de vista lo que pueda suceder con la sentencia de la Corte y advirtió sobre las distintas prácticas que actualmente están dificultando la inserción y regularización de los migrantes, entre las que destacó los altísimos aranceles migratorios que se pagan –que aumentan año tras año- y la demora en la entrega de turnos.
Para dar una idea, si un ciudadano del Mercosur quiere sacar un turno hoy –ejemplificó-, le darán fecha para el 20 de marzo de 2020. Durante esos 19 meses esa persona va a estar en situación irregular, no va a tener una constancia de que tiene un trámite pendiente, no va a poder trabajar en forma regular, ni alquilar una vivienda en condiciones dignas, ni va a poder entrar a una institución terciaria o universitaria, ni va a poder circular libremente por las fronteras. “Con estas medidas y con estas prácticas estamos empujando a la población a la irregularidad migratoria”, concluyó Galoppo.

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Una joven migrante durante la sesión en el Congreso, con el volante que invita al Paro.

Camino al Paro

Zulema Montero es abogada y presidenta de la Asociación Civil Yanapacuna («ayudándonos» en lengua aymara). Fue una de las decenas de personas que durante años luchó para que salga la ley de migraciones 25.871. Antes de empezar su intervención, aclara que está nerviosa y se pone a llorar. “Yo siento, porque trabajo con la gente migrante, las llamadas angustiantes, los mensajes de WhattsApp de lo que está pasando con los migrantes en Argentina. En Jujuy se están haciendo cobros indebidos, trámites que se tienen que pagar 1500 pesos se están cobrando 9000 pesos. La gente desesperada me pregunta qué hacer. Las expulsiones se están dando, y en casos que no corresponden. Yo lo que veo en la práctica es un retroceso total en derechos humanos”.
Con el fluir de las palabras su voz se hace potente. “Todas las organizaciones de migrantes tenemos que estar unidas y no aceptar ni el DNU ni esa aplicación, porque va a ser motivo de extorsiones. ¿Por qué perseguir a los migrantes, si somos trabajadores, si somos personas con dignidad? No estamos reclamando por reclamar: son derechos adquiridos”, remarca Zulema.
Migrantes, trabajadores y derechos son palabras que se repiten en casi todas las intervenciones y que permiten entender por qué el 4 de septiembre, Día del inmigrante, realizarán un paro y se movilizarán a la Plaza de Tribunales como parte del plan de lucha diseñado para anular el DNU.
“En este segundo Paro hemos tachado eso de Día del inmigrante. No queremos el festejo”, remarca Doris Quispe, integrante de la Campaña y del Partido Obrero. “Lo que queremos ser es sujetos políticos. Nos reivindicamos. Sabemos que aportamos a la economía, que tenemos derechos. No queremos ser más los pobrecitos. Somos una nueva generación migrante”, asegura.
“No podemos ser los chivos expiatorios para tapar la mala política económica de este gobierno”, sintetiza Zulema.
La frase retumba en todos los presentes, sin importar el país de origen. Este paro, por suerte, ya tiene fecha.

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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