Nota
Alerta Chaco: saqueos, represión y muerte de un niño de 13 años
Ismael Ramírez, un niño de 13 años, murió de un balazo en el pecho en medio de una represión policial a un intento de saqueo en un supermercado del barrio Obrero, en la localidad de Sáenz Peña, Chaco. El fiscal del caso subrayó que la bala partió de un “arma de uso civil”, pero los vecinos señalan que es habitual que la policía “porte otro calibre”. Hay otro niño de 14 años internado en grave estado con un perdigón en un ojo. “Nosotros anticipamos a las autoridades provinciales lo que podría llegar a ocurrir con la pobreza extrema que se está concentrando en Chaco”, dicen a lavaca desde el Centro de Estudios Nelson Mandela, y precisan que fue el tercer intento de saqueo en tres días. El contexto de pobreza extrema y las advertencias sobre un posible estallido social.
“¿No ves que es sólo un niño?”, grita una señora, llorando.
En la calle hay un cuerpo tirado.
Se ven policías con armas en las manos.
Se oyen disparos en medio de la noche.
Es sólo una de las imágenes de los videos filmados por celular desde el Barrio Obrero, en la localidad de Roque Saénz Peña, en Chaco, donde un intento de saqueo de un supermercado terminó con la vida de Ismael Ramírez, un niño qom de tan sólo 13 años, muerto de un tiro en el pecho. Otro niño está internado en grave estado en Resistencia con un perdigón en un ojo.
El director del Hospital 4 de Junio, Rolando Gauna, confirmó al portal de noticias Periodismo365 que Ismael murió a las 22:30 del lunes. “Es un chico que ingresó por la Guardia de Emergencias proveniente de la zona de los incidentes de saqueos en el Barrio 713 Viviendas”, especificó. “También hay otro chico con un balazo en el ojo. Tiene incrustado un perdigón en la zona periorbitaria. Se le realizará de manera inmediata una tomografía y ya se lo deriva urgente a Resistencia, a un área de mayor complejidad”.
El ministro de Seguridad de Chaco, Carlos Barsesa, trató de desligar a la policía del hecho. “Nos enteramos de la muerte de un chico con un arma de fuego. Nosotros creemos que el arma no corresponde con la Policía. Hubo disparos de civiles, y de gente del súper”, apuntó.
Según el Diario Norte, el fiscal Marcelo Soto, que intervino en la investigación, confirmó esta mañana que la bala que mató a Ismael corresponde a perdigones “de escopeta o tumbera”, y no de uso policial. “Son perdigones de uso de arma civil”, apuntó. Sin embargo, los vecinos no descartan que haya sido precisamente una maniobra de despiste policial: “Sabemos que los efectivos no tienen en su cintura sólo una 9m, sino una segunda arma”, dicen a lavaca.
El comisario Romero, jefe de la Dirección General de Seguridad Interior, dijo a una radio local que se detuvieron a 16 hombres y tres mujeres, entre mayores y menores de edad, mientras que se secuestraron un arma blanca, un revolver calibre 22, “cinco tumberas y una pala ancha”.
Eric Ponce, vecino de Saénz Peña y militante del Partido Obrero, resume a lavaca: “Chaco es un caldo de cultivo, y cualquier chispa puede provocar una explosión”.
La explosión
Los acontecimientos que se produjeron frente al supermercado Impulso tuvieron algunos antecedentes durante el fin de semana, según precisó a lavaca el director del Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela, Rolando Nuñez. “El primer hecho se produjo el sábado a la mañana en un supermercado en Barranqueras: la gente se agolpó y pedía comida. Después, a la noche, otro grupo se hizo presente en un supermercado a 30 cuadras de la plaza central de Resistencia. La policía también llegó rápido. Luego, ocurrió lo de Sáenz Peña”.
Los mensajes circularon por WhatsApp en los días previos. “El supermercado está ubicado en un punto muy estratégico, en el centro de tres barrios populares: 713 Viviendas, el barrio Monseñor de Carlo y el barrio Obrero”, explica Ponce. “Son barrios populares y del lado de 713 están las comunidades indígenas. Son barrios y comunidades olvidadas por mucho tiempo que están recibiendo, muy rápido y al mismo tiempo, los impactos de esta crisis económica”.
Según precisaron a lavaca periodistas de la zona, fueron unas 200 personas que se concentraron alrededor de las 20 frente al supermercado, cuyos dueños habían alertado por la tarde a la Comisaría 3ra la posibilidad de eventuales saqueos. Su propietario, Orlando Proselek, dijo a diariochaco.com que llamó nuevamente a la Comisaría cuando vio a la gente ya frente a su comercio: “Llegaron recién a los 20 minutos siento que están a tres cuadras”.
Nuñez, del Centro Mandela, apunta a lavaca: “Nosotros anticipamos a las autoridades provinciales lo que podría llegar a ocurrir con la pobreza extrema que se está concentrando en Chaco. Esto no se resuelve con policías, sino con asistencia social y política pública. Lo que terminó pasando es la muerte de Ismael y la internación del otro joven. Hubo un informe preliminar que señala que el orificio del proyectil no se corresponde con una reglamentaria, pero sí sería la del chico con perdigón en el ojo. Sin embargo, los testimonios señalan que los disparos podrían haber provenido de un personal policial: sabemos que los efectivos no tienen en su cintura sólo una 9m, sino una segunda arma. No hay que descartar nada”.
Los vecinos comentan que el barrio amaneció hoy con un operativo policial nunca visto. Los efectivos vallaron la zona cinco cuadras a la redonda del supermercado. Ponce: “No es algo generalizado sino un punto particular de la ciudad: justamente el lugar donde más impacta el ajuste del Gobierno nacional y provincial. Lo que ocurrió es el resultado de falta de aplicación de políticas de Estado. En Chaco hay más de un millón de personas, la mitad vive de un empleo público y otro porcentaje de asignaciones sociales. Hoy encima tenemos una provincia paralizada: los docentes, médicos y judiciales están de paro. Los bolsillos están muy golpeados, hay mucha gente bajo el índice de indigencia y la problemática se endurece cada vez más. En el caso puntual de las comunidades originarias, muchas viven de la limosna que tira el Estado. Muchos chicos en edad escolar ya entran a trabajar para el municipio en condiciones paupérrimas. Es un caldo de cultivo, y cualquier chispa puede provocar una explosión”.
La chispa ya explotó.
Nota
Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.
Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.
Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo.

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba.
Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio.
Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo.
Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Hacer historia
La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.
Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.
Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate.
Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.
En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.



El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.
Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.
Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.
“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.
Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.


Las condenas:
- Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos: condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.
- Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.
- La oficial Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
- Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
- El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
- El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46) el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.
Nota
Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.
La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.
Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.
Compartimos la investigación de MU sobre este caso:
Nota
Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.
En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.
La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.
Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.
El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.
Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:
- la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
- el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
- las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
- el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
- las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
- las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
- Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
- Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.
Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:
- Sí: sí a la vida.
- Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
- Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
- Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.
Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.
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