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Amparo para un barrio entero

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¿Qué hacer frente al terrorismo de barrio? ¿Cómo actuar (y no solo escandalizarse) frente a la violencia, el delito y el miedo cotidianos en barrios pobres y periféricos donde el Estado y la policía son muchas veces cómplices del problema, y no de su solución? ¿Donde los menores son armados y reclutados por la propia policía que les otorga “zonas liberadas” para cometer delitos?
Amparo para un barrio enteroLas preguntas convocaron a un heterogéneo grupo de personas y proyectos: Mónica Alegre, la mamá del desaparecido Luciano Arruga (e integrantes de la Coordinadora por su aparición); Penélope Lauman, recuperada tras haber sido baleada en el barrio Villegas, de Ciudad Evita (y familiares y amigas); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); integrantes de las revistas Barcelona, Mu, y de la cooperativa lavaca; Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH); periodistas e investigadores como Cristian Alarcón (quien además participó en los grupos que lucharon por el esclarecimiento de la desaparición de Miguel Bru, en los 90), abogados como Ricardo Dios de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro se realizó en el CELS, con la presencia de distintos medios y una idea que expresó Gastón Chillier, Director Ejecutivo de la organización anfitriona: “Esperamos que este sea el primer encuentro de muchos. Pero de acuerdo a lo que estuvimos conversando con Claudia Acuña (presidenta de la cooperativa lavaca) nos parece definitivamente muy interesante la idea de realizar una acción judicial para el barrio Villegas con la forma de un amparo. Desde la órbita de los derechos humanos, se ha utilizado al poder judicial por la vía penal, para juzgar a los responsables de violaciones a esos derechos, cosa que no vamos a dejar de hacer. Pero por otro lado, lo ahora nos planteamos es promover una acción de amparo, que ponga en juego la responsabilidad del Estado también con respecto a otros derechos: a la educación, la vivienda, el trabajo, poder desarrollar una vida digna. Y que el Estado sea responsable –por acción- de promover y garantizar esos derechos, y no responsable de la violación de los mismos. Hay una vinculación entre lo que fue el terrorismo de Estado, y este terrorismo de barrio, que nos obliga a pensar en nuevos paradigmas para enfrentarlo”.
Luciano + Penélope
Amparo para un barrio entero“Hoy se cumplen un año y cinco meses de la desaparición de mi hijo” explicó Mónica. Luciano Arruga tenía 16 años y desapareció en Lomas del Mirador el 30 de enero de 2009 tras haber rechazado la oferta realizada por policías de “trabajar” para ellos. Traducción: cometer delitos con zonas liberadas por las propia policía. La causa está parada, pero además los policías sospechados por su desaparición siguen en funciones. Junto a Mónica estaba Penélope Lauman, integrante de la cooperativa lavaca y víctima de tres balazos por la espalda en medio de una aparente “guerra” entre bandas barriales.
Josefina Martínez, del Programa de Violencia Institucional del Cels destacó algo muchas veces distorsionado: “No hay tanto una ausencia del Estado, sino una presencia de las redes de ilegalidad. Por eso hemos hecho este acopio de trabajos para hacer un análisis amplio que nos permita ver la trama de la violencia, más allá de cada caso puntualmente”.
Dos casos diferentes
Gastón Chillier, director del CelsPablo Pimentel, de la APDH de La Matanza, recordó que desde hace mucho vienen denunciando estas situaciones: “La vinculación de parte de la policía, de parte del poder judicial y parte del poder político es histórico, y no solo del conurbano sino de todo el país. El caso último que tenemos es el de Luciano. En el barrio de San Petersburgo, lindante a Villegas y Puerta de Hierro, y marcado como triángulo rojo, donde los policías se aprovisionan de jóvenes que pasan a trabajar para esta gente”. Pablo agregó: “En el país de los desaparecidos, no hemos podido instalar lo suficiente el caso de la desaparición de Luciano Arruga”. Recordó que el entonces ministro bonaerense Carlos Stornelli, acorralado por los efectos del caso de la familia Pomar, varios meses después terminó denunciando él también el reclutamiento de jóvenes para delinquir por parte de la Policía Bonaerense
Frente a la sensación de que nada puede hacerse en estos casos, Pimentel opuso dos ejemplos. En San Petersburgo, la movilización primero de los padres y luego de grupos de chicos, incluso “pibes chorros” terminó generando la intervención del ministerio de Desarrollo Social, que facilitó la implementación de otras actividades: “Los chicos largaron las armas, están haciendo trabajos en el barrio y hasta fútbol callejero. Y las chicas, que muchas veces eran las que incitaban a los chicos para lo delictivo, ahora están en grupos de hip hop, y todo el barrio está con una predisposición distinta a salir del problema”. El segundo ejemplo: “Mientras Penélope estaba en el hospital, las chicas del barrio salieron a volantear, a hacer pintadas con jóvenes y chicos, grafitis. Yo vivo a 15 cuadras. El otro día, mientras estábamos frenando un desalojo, la gente del barrio me comentaba: ‘qué bárbaro, cómo lograron parar a la banda que estaba en Villegas, y eso que estaba amparada por un jefe policial’. Quiere decir que es muy difícil, pero posible transformar las cosas. Crear un paradigma de autosuperación, que tiene que enfrentarse a algo que sigue vigente, que son las prácticas punteriles en los barrios. Ha habido avances si se compara con la época de Duhalde, pero se siguen alimentando esa forma de tener atada a la gente con planes sociales”.
La ley del piolaje
Amparo para un barrio enteroMientras los integrantes del Cels distribuían a los periodistas algunos trabajos relacionados con la situación, como «Violencia institucional y políticas de seguridad: refuerzo de las corporaciones y estigmatización de los sectores más vulnerables de la sociedad», Cristian Alarcón describió la diferencia entre las maras y pandillas centroamericanas (convertidas en una masiva subcultura) y las bandas que operan en los barrios argentinos: “Aquí es todo muy incipiente. Nosotros no estamos condenados. Hay sociedades centroamericanas que frente a tragedias con miles de muertos, ni siquiera logran pedir justicia. Aquí tenemos recursos extraordinarios”. Agregó: “Tenemos que hacernos grandes preguntas. Por ejemplo, desde donde intervenimos. Nos encontramos ante una ley nueva. La del pibe más piola, la policía más piola, la familia más piola, el gran piolaje, y todos interviniendo de algún modo en las redes delictivas. Hay una adhesión a la ilegalidad. Esa es una discusión que hay que dar. Frente a cualquier demanda, estas alianzas que estamos pensando tienen a favor un factor: el tiempo. Y la intervención de la propia gente del barrio. Lo que hay que preguntarse es sobre la relación de las instituciones de la sociedad civil, con los sectores populares. En esta reunión estamos viendo una alianza estratégica, a la que podemos sumarnos algunos periodistas escribiendo, publicando y lanzando ideas para ver cómo enfrentar esas situaciones nuevas”.
Ir por otro lado
Amparo para un barrio enteroMónica: “Yo no sé de política, es más no sé hablar ante una cámara. Les pido disculpas. Pero me siento herida, desilusionada. Me pongo a pensar ¿Dónde están los derechos de nosotros, la gente humilde? Donde están los derechos de mi hijo? Si alguien me lo sabe explicar que me lo explique. ¿Y los derechos de Penélope? O del pibe que murió por ir a un recital? O de los muertos en Bariloche? Nadie me lo explica. Luciano es un número más. Un negrito más. No les sirvió, no les importa, habrá miles. Por eso estamos acá. Para que entiendan los que están más arriba de nosotros. Tenemos que abriles los ojos, mis hijos o Penélope no son un número. Necesitan también que les abran las puertas”.
Mónica agradeció a las revistas presentes la mención permanente del caso de Luciano. Incluyó a Barcelona. Pablo Marchetti, uno de los directores de la publicación, contó: “Parecería que la política de derechos humanos tiene que ver solo con crímenes de la dictadura. Y que la seguridad solo tiene que ver con el robo a ciertos sectores sociales. Entonces Luciano Arruga no encaja. Modestamente queremos dar una idea distinta. Hablábamos de esta pelea en los medios. Cuando salió en TN lo de Luciano, por fin, en el programa de televisión 6,7, 8 salieron a criticarlos diciendo que hablan de eso y no de hijos de Ernestina Herrera de Noble. Estamos en medio de una pelea mediática muy particular. Una vez más, vayamos por otro lado”.
[audio:http://media.lavaca.org/audios/cels-cristian-alarcon.mp3]
Cristian Alarcón, periodista e investigador
[audio:http://media.lavaca.org/audios/cels-gaston-chillier.mp3]
Gastón Chillier, director del Cels
[audio:http://media.lavaca.org/audios/cels-monica-arruga.mp3]
Mónica, la mamá de Luciano Arruga
[audio:http://media.lavaca.org/audios/cels-pablo-pimentel.mp3]
Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH)
[audio:http://media.lavaca.org/audios/cels-claudia-acuna.mp3]
Claudia Acuña, de la Cooperativa lavaca

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Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

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11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.  

Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo. 

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba. 

Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio. 

Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo. 

Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Hacer historia

La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.

Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.

Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate. 

Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.

En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.

El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.

Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.

Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.

“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.

Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Las condenas:

  • Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos:  condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.
  • Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.
  • La oficial  Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
  • Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
  • El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
  • El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46)  el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.
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Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

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Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.

La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Pedidos de justicia por Daniel Solano en 2012, a meses de su asesinato.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.

Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.

Compartimos la investigación de MU sobre este caso:

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Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

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Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.

En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.

La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.

Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.  

El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban  conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.

Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:

  • la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
  • el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
  • las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
  • el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
  • las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
  • las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
  • Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
  • Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.

Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:

  • Sí: sí a la vida.
  • Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
  • Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
  • Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.

Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.  

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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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