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Las minas abiertas de América Latina

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El 22 de julio es considerado el Día Internacional de Acción Contra la Minería a Cielo Abierto, aunque en realidad es apenas uno de 365 días en los que las comunidades que se oponen a la megaminería llevan adelante sus acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente a una industria que extrae todo y no deja nada, que expulsa habitantes y producciones, genera desempleo, chupa el agua y la contamina del mismo modo que lo hace con el aire y la tierra.
Las minas abiertas de América Latina
Este 22 habrá actividades desde Montreal, Canadá (encuentros, proyecciones, manifestaciones frente a los consulados de los países latinoamericanos y una marcha a la Bolsa de Comercio ) hasta Argentina, donde habrá también proyecciones y encuentros en lugares ya emblemáticos como Esquel, Andalgalá, Famatina, Tafí y Belén, entre otros. Pero el 23 de julio, y el 24 y cada uno de los siguientes días, continuarán las acciones de las asambleas y comunidades. El 16 de agosto, por ejemplo, es el próximo encuentro de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) esta vez en Santiago del Estero. Todo en simultáneo con la llegada de las empresas chinas como Shandong Gold Group y Hong Kong Betc Investment Group, que suscribieron un acuerdo con la provincia de La Rioja para el distrito minero El Oro, ubicado en el departamento de Chilecito. Del otro lado, las comunidades siguen movilizándose para evitar proyectos que afectan sus vidas, el presente y el futuro.
Aquí acompañamos estas actividades con un video de presentación de la jornada del 22, y otros materiales que hemos venido publicando en lavaca y Mu, que se suman a las emisiones de Decí Mu. En esta oportunidad Andalgalá, como caso testigo de las comunidades argentinas que dicen No a la minería.
Andalgalá: las minas abiertas
(Publicado en la revista Mu, marzo 2010)
El lugar bajo el algarrobo donde una comunidad en asamblea está frenando un proyecto minero que triplica en tamaño al mayor de los actuales, donde se armó una represión cosecha Bicentenario y una pueblada que quiere dar vuelta la historia, exhibe:
Banderas argentinas.
Una figura de medio metro de San Expedito, patrono de las causas justas y urgentes.
Una calavera con colmillos de vampiro, y la leyenda No a la minería.
Una imagen de Nuestra Señora del Valle, patrona de Catamarca, con una perforación en el brazo derecho debida al disparo de goma que le embocaron durante la represión que -puede verse- no excluyó a nadie. Se ha convertido en motivo de asombro popular, por cuestiones no tanto milagrosas como balísticas.
En un rincón, un clásico rostro del Che Guevara (que jamás habrá imaginado su rol póstumo y globalizado como un San Expedito del materialismo dialéctico).
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Al algarrobo le han nacido instalaciones de media sombras, lonas, mesas, sillas de plástico, charlas y sueños para albergar a una asamblea cada vez mayor, y hay un péndulo sobre las llamas: en un tarrito que cuelga sobre el fuego, Marcela, Alejandro, Raúl, Teresita, Ana, Aldo y Graciela están calentando agua para el mate. En una enorme olla suele prepararse la polenta de cada día. Estas personas, y tantas otras, tomaron una decisión pacífica el 15 de febrero: sentarse en el camino comunero que va hacia el campamento de la mina Agua Rica, delante de las camionetas de la empresa y de una enorme retroexcavadora con ruedas de oruga que algunos han comparado con los exabruptos bélicos que muestra la película Avatar.
Los empleados mineros no iban sólos, sino custodiados por las denominadas “fuerzas del orden”. La represión subsiguiente hacia los asambleístas sentados tipo Gandhi, fue en 3d, o 4, si se tiene en cuenta la dimensión tiempo: les pegaron, balearon, gasearon y persiguieron todo el día y toda la noche. Hubo cientos de heridos, 40 detenidos. La comunidad respondió con una pueblada que atacó las oficinas de una minera, a la fiscalía que había mandado a reprimir y a la intendencia, pero sin lastimar a nadie. No hacían falta anteojos especiales para sentir el vértigo.
Andalgalá (Catamarca, 17.000 habitantes) significa Señor de la Alta Montaña en quechua. Allí puede verse la imponencia nevada del Aconquija, declarado Santuario de la Naturaleza. A 70 kilómetros, desde 1998 funciona una minera a cielo abierto cuyos desmadres contaminantes abarcan a cuatro provincias y que la justicia no termina de condenar: Minera Alumbrera. Y aún más cerca, a 17 kilómetros, el emprendimiento que por ahora frenó la comunidad, tiene un nombre ocurrente: Agua Rica. La patria minera es multinacional, con capitales turbios, y pasaportes canadienses.
Lo que aquí parece en juego es quiénes van a ser los señores de la alta montaña. Empresas, políticos y grupos de choque que confrontan a viejos, embarazadas y vírgenes, o una comunidad que quiere vivir. Dice Ana, jubilada: “El problema es que nos declararon la guerra”.
Dios es wi fi
Hasta hace poco, todo parecía centrado en el entusiasmo de los Vecinos Autoconvocados por la Vida de Andalgalá, que denunciaban a las mineras, al intendente peronista y al gobernador radical. El intendente José Perea no tenía un manejo convincente de las regalías mineras. Un fuerte momento de su gestión fue el anuncio de utilizarlas para convertir a Andalgalá en una ciudad Wi Fi, con fotos de un Cristo Redentor y el lema: “Dios es inalámbrico- Andalgalá Ciudad Wireless – Internet gratis Wi Fi – José Perea, de puño y letra”. Al margen de sus posibles lecturas, es difícil determinar si la publicidad hubiera pasado algún control de alcoholemia. El Wi Fi no fue eterno. “Sólo anduvo en algunos lugares, y por poquito tiempo” dice Martín.
En la misma línea progresista, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral había anunciado en un acto público que Andalgalá se convertirá, gracias a la minería, en Vancouver (ciudad canadiense). Los catamarqueños seguían observando en silencio.
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Cómo nace una asamblea
En diciembre de 2009 empezaron las novedades fuertes. Se anunció formalmente que durante enero comenzarían las obras de Agua Rica. Y se conoció un informe de la Oficina de Catastro Minero de la Secretaría de Minería provincial, el Padrón de Minas del Departamento de Andalgalá-Año 2009, con 272 proyectos de cateo (exploración) empadronados. Un párrafo textual del informe: “Respecto a la mina denominada Pilciao 16, Expte 770B2005, se encuentra Registrada y Concedida a partir de la fecha 6/12/2005, a nombre de la empresa Billinton Argentina B.V, y el Área de Mina cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la Minera como la superficial, siendo la Minera en este caso con fines de Prospección y Exploración, que en el caso, de llegar a una Explotación, se deberá contemplar la Indemnización correspondiente y el mayor interés público por parte del Estado, para la prioridad de Desarrollo”. Traducción: Pilciao 16 significa que el subsuelo de Andalgalá puede albergar a una futura mina y que el Estado dará prioridad al “Desarrollo”, pagando indemnizaciones. Los andalgalenses seguían observando, pero ya con los ojos muy abiertos, y el sistema nervioso encendido.
Las desmentidas de la Secretaría de Minería fueron peores, ya que desmentían un informe que se les había escapado por error burocrático, en tierras donde el índice de mentira política por metro cuadrado supera al de cualquier partido de truco.
El profesor del polimodal Aldo Flores, el 13 de diciembre vio con algunos vecinos y amigos el documental La fuente del jardín de tus arterias, con testimonios sobre cómo en distintos lugares los vecinos se organizaron en asambleas frente a las multinacionales. Aldo terminó la noche obsesionado: “Si no hacemos algo rápido, nos pasan por encima”. Con otro de sus vecinos, a quien llamaremos Raúl (pidió reserva de su nombre para no incrementar los índices de desocupación) se fue al camino comunal que sale del pueblo de Chaquiago, en el distrito El Potrero, hacia Agua Rica. A 6 kilómetros de Andalgalá, a las 7 de la mañana, el 14 de diciembre de 2009. Fue en bicicleta con una larga bandera argentina. Se instaló estratégicamente junto al algarrobo que está en el predio de don Nelson Medina, que volvió a su tierra luego de ejercer como tapicero en Buenos Aires (al estar en un campo privado, no los pueden expulsar).
Aldo se puso de un lado del camino, Raúl del otro, sosteniendo entre ambos la bandera. “La idea fue: vamos, y los que quieran que se sumen. No cortamos el camino, sino que le explicamos a la gente lo que pasa. Todos pueden seguir viaje, menos los camiones que vayan a Agua Rica”.
A las 8 de la mañana llegó otro vecino. Reemplazó a Raúl que se fue a su trabajo. Al mediodía dos más. Los celulares titilaban con mensajes de texto. “A la noche éramos como diez, y decidimos quedarnos” dice Aldo. A los pocos días, ya hubo debates en los que intervinieron hasta 200 personas. Trabajadores ocupados o desocupados, arquitectos, amas de casa, docentes, médicos, comerciantes, peones rurales, estudiantes… Los encuentros, caminatas y asambleas en la plaza del centro reunieron a no menos de 2.000 personas, en una ciudad donde buena parte del sector estatal (intendencia, oficinas provinciales, bancos oficiales, escuelas, salud pública) y privado (proveedores de Alumbrera y Agua Rica) presionan a sus empleados y contratados para que permanezcan en el molde. Sin embargo, había nacido una nueva asamblea: El Algarrobo.
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El Algarrobo no es un corte de ruta (excusa que usan para procesar a quienes reclaman) sino una asamblea junto al camino, dispuesta a no dejar pasar maquinarias e insumos que nutren a un proyecto minero que consideran peligroso para la comunidad, y al que los propios informes solicitados por la provincia a la Universidad de Tucumán le adjudican un cúmulo de irregularidades.
Aldo: “Cuando se acercaban Nochebuena y Año Nuevo propuse levantar todo. No tenía sentido seguir ahí. Hubo asamblea, y estaban todos tan posesionados, que nos quedamos”. Las fiestas en asamblea: cada familia llevaba lo que había preparado, y todo se compartió. Muchos pasaban a saludar antes, otros después, todos dejaban algo (nueces, pan dulce, turrones) como ofrenda a los que ni en esos días confiaron en la empresa.
La minera Agua Rica pertenece a Yamana Gold, la misma empresa que reemplazó a Meridian Gold y aún hoy pretende instalarse en Esquel, pese al plebiscito en contra. Agua Rica no hizo nada en enero, que se sepa. Pero ya en febrero el intendente José Perea, inalámbrico, profetizó: “El 25 de febrero las máquinas van a pasar, caiga quien caiga”.
Lo hizo en un acto por el Sí a la mina: “Como mi marido tiene taxi nos vinieron a ofrecer 1.200 pesos si juntábamos 40 personas para ir, a las que les iban a dar de comer sandwiches y gaseosas” cuenta ahora Graciela bajo el algarrobo. “Me dio tanta rabia que les dije que no, que estoy contra la minera. Y que sea lo que sea”. Marcela: “A unos vecinos míos, los Mercado, los llevaron y les pagaron como 200 pesos para que fueran cuatro changos”. Rosario Carranza, arquitecta: “Para mi lo que encendió la mecha fue esa marcha pro minera. La gente está acostumbrada a ser ignorada, pisoteada, maltratada, pero fue tan burda la manipulación, la obligación de los empleados públicos y contratados de las empresas, que fue demasiado. Todos entendimos: si para sostener esto tienen que hacer esta cosa tan humillante, tan trucha, es que algo no cierra”. Fue el 9 de febrero. El 11 los asambleístas convocaron a su propia marcha, que reunió, calculan, 6.000 personas. Proporcionalmente, es como si en Buenos Aires se hubiesen movilizado un millón de sus habitantes: “Y fue sin obligación, y con gente que está con nosotros pero no participó para que no la marcaran en el trabajo” explica Alejandro.
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Rompiendo cuellos
El 12 de febrero la fiscal Marta Nieva mandó a la policía al algarrobo. El lunes 15 se desató la batalla. A las 4 de la tarde llegó la retroexcavadora acompañada por camionetas de Agua Rica y tres clanes policiales: los de Andalgalá, la Infantería (luciendo camuflajes en celeste), y el Grupo Kuntur (“cóndor” en quechua, modelo verdoso). Dilema: ¿por qué hay tantos grupos especiales de represión floreciendo en las provincias argentinas?
Los asambleístas habían anotado prolijamente tandas de vecinos que se irían sentando en el camino de tierra, poniéndole pacíficamente el cuerpo a la cuestión. “Empezaron a pegar, unos agarraban a la gente de los pelos, o te llevaban entre cuatro, otros nos disparaban gas pimienta, balazos de goma, cachiporrazos” relata Marcela. Aldo: “Te disparaban a dos metros, a la cara. No hubo muertos de casualidad”. Además de los 100 efectivos pertrechados contra 300 asambleístas, la mayoría mujeres (por la hora) la policía tenía una retaguardia que cortó la llegada al algarrobo desde Andalgalá, mientras la golpiza continuaba con entusiasmo creciente. Un vecino de apellido Orellana se subió a su camión y lo atravesó en el camino para que los de Agua Rica no pasaran, y anunció que no se movería de allí: los Kuntur quedaron perplejos (los vecinos ya no necesitaban poner el cuerpo en el piso, y no tenían claro si debían pegarle al camionero -que padece diabetes y problemas cardíacos- o a su vehículo). Al anochecer llegó la orden de desalojo del camión. Lo quitaron sin que Orellana pudiera evitarlo, y los vecinos volvieron a sentarse en el camino, actitud que permitió a los policías su momento más violento. Balearon, por ejemplo, a un chico de 16 años (todavía tiene las marcas de los balazos), lo patearon en la cabeza y en la espalda. O casi desnucan a Fanny Cañete, dos hijos, empleada adminsitrativa de 31 años, que cuenta: “Me agarraron dos tipos, uno del cuello y el otro me pateaba las piernas. Sentía la cara como quemada por el gas pimienta y veía cómo pateaban a otras mujeres y a mi marido. Era algo loco. El que me agarró me torció la cabeza. Yo creo que me pudo matar. Todavía no puedo dejar de usar cuello ortopédico porque la cabeza se me cae. Pero en ese momento me metieron en una camioneta, y los que manejaban les decían a las mujeres policías: “Llevala atrás y hacela recagar”. Me patearon ahí de nuevo, las mujeres. Lo que tengo es traumatismo cervical y tendinitis, pero el médico no quiere adelantarse hasta ver todos los estudios. Estoy medicada, pero ni así se me pasa el dolor”.
Los policías lograron despejar el camino, pasaron las camionetas y la retroexcavadora. Los 300 asambleístas partieron entonces hacia Andalgalá, donde los mensajitos continuaban reuniendo a miles de personas. Los grupos policiales partieron tras ellos. Empezó otra batalla. La gente rodeaba la comisaría para que liberaran a los detenidos. Del supermercado Los Mellizos salió uno de los dueños, de apellido Rojano, dueño también de la retroexcavadora del conflicto. Insultos de ida y vuelta, amenazas de este señor, y la gente empezó a tirarle piedras a los vidrios del supermercado. “No hubo saqueo, salvo un chico que aprovechó y se escapó en una patineta” describe Alejandro. La policía reprimió nuevamente, los asambleístas se dispersaron. Un grupo fue hacia las oficinas de Yamana Gold y a pedradas le astillaron cada uno de los vidrios del frente. La policía salió de cacería por toda Andalgalá. Otros grupos de vecinos fueron hacia la fiscalía, de donde había partido la orden para este desquicio, y allí tampoco quedaron vidrios. Las corridas desde ese lugar terminaron en la intendencia. Allí también rompieron vidrios y se generó un incendio que calcinó el despacho de José Perea.
Seguían llegando heridos al hospital, como Arturo, empapado en sangre, otro docente al que casi le perforan el cuello de un balazo de goma. Los combates nocturnos se fueron diluyendo, y al día siguiente el juez de Minas provincial, Guillermo Cerda, ordenó frenar toda obra en Agua Rica hasta tanto se recupere algo que llamó paz social. “Nadie le cree una palabra -dice Urbano-. Apenas se calmen las cosas, empiezan de nuevo. Por eso la asamblea volvió enseguidita a instalarse en el  algarrobo”.
El estallido hippy
Velozmente el intendente Perea salió a denunciar ese estallido social como obra de concejales opositores, docentes en general, y hippies. Acusó también al grupo Quebracho, como es norma en estos casos (fue una mención intencionada y no confusión arbórea con la asamblea El Algarrobo). Rosario: “Aquí no hubo gente de afuera, se ve en todas las fotos y las filmaciones. Todo Andalgalá estaba en la calle. Y por eso mismo es que la bronca se descargó contra lugares tan específicos”. Muchos de los asambleístas intentaron, al contrario, calmar los ánimos mediante otra herramienta clásica: cantar el Himno Nacional. Pero apenas se entonaba el “o juremos con gloria morir”, la gente volvía a la comisaría a reclamar por los detenidos, o marchaba a tirarle cascotazos a las oficinas de Agua Rica / Yamana Gold o a la intendencia. La tesis sobre los concejales quedó desmentida al día siguiente, cuando el propio Concejo Deliberante apareció decorado a huevazos.
Corrió un rumor: los incidentes en la intendencia no habían sido como para provocar un incendio tan sospechosamente grande. Días después el diario El Ancasti (no es un órgano asambleario, ni hippy) publicó en su tapa: “Por la quema de la documentación el Tribunal de Cuentas no podrá auditar las regalías de Andalgalá”. El rumor se convertía en noticia: el incendio pudo ser aprovechado para impedir que se investigue. El intendente también desmintió esto y dijo que el incendio había sido provocado por empleados municipales. Lo real es que Andalgalá recibió fondos de regalías por alrededor de 60 millones de pesos en los últimos seis años sin que esté muy claro qué ocurrió. Casos testigo:
a) Una hostería con presupuesto de 3 millones de pesos: sólo hay unos pilares en el lugar.
b) Arroyo Hayco: 4 kilómetros de canalización prevista con 14,7 millones de inversión. Se hicieron 400 metros.
c) Centro Cultural: inversión de 13 millones de pesos prevista, por ahora sólo se hizo la maqueta.
d) Frigorífico municipal: presupuesto de 1,5 millones, sigue en el freezer, por así decir.
Los andalgalenses siguen agregando letras a ese abecedario cuando recuerdan a Dios Wi Fi, o la inexistencia de obras públicas (salvo un monumento a la minería que reproduce a un obrero minero de socavón, que parece un enano deforme). Relata Urbano: “Con las regalías, el municipio puso espejos convexos en algunas esquinas, para que el que va en auto vea si por la cuadra que cruza viene algún vehículo”. Marcela: “Estamos como en la conquista. Se llevan el oro y nos dejan espejitos”.
Datos alumbreros
Alumbrera comenzó a explotarse en 1998. Es la mayor mina en funcionamiento en la Argentina. Consume, se calcula, 100 millones de litros de agua por día, lo cual está a la vez secando y contaminando rios y napas subterráneas (la empresa informa que es menos, 50 millones de litros diarios). Donde había un cerro deja un gigantesco cráter de 5 por 2,5 kilómetros, y 500 metros de profundidad, dinamitando 550.000 toneladas anuales de roca. El dique de colas es donde se filtra con ácidos a los minerales, separándolos de la tierra (“material estéril”). Alumbrera jura que no usa cianuro, lo cual provoca risotadas en los andalgalenses que tienen fuentes informativas que la empresa ni imagina. Una planta bombeadora envía los metales y minerales separados por el mineraloducto, nombre pomposo para lo que, cuando se ve en el río Villa Vil, por ejemplo, es un caño como de cloaca, que ya ha presentado cantidad de derrames y roturas a lo largo de 345 kilómetros. Ese recorrido ha desparramado la contaminación a Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero, incluyendo las Termas de Río Hondo. La mina cuenta con todos los beneficios impositivos imaginables (no pagan ni el impuesto al cheque), no se controla lo que extrae por lo que las regalías dependen de lo que ella misma declare, y pese a que supone ser una mina de oro, plata y cobre, traslada unos 60 minerales por el caño. “Y eso es un elemento de contaminación tremendo, y un contrabando de minerales no declarados. Lo digo yo, que me llamo Urbano Cardozo” dice el susodicho. Cromo, cesio, hierro, litio, molibdeno, sodio, níquel, plomo, renio, azufre, uranio… la química drenando en su esplendor.
El doctor Luis Flores viene realizando estudios y estadísticas con otros médicos del Hospital de Andalgalá, que dan como resultado índices anormales de osteosarcoma (cáncer de hueso en niños y jóvenes), cáncer de mama, enfermedades del colágeno, miastenia y esclerosis múltiple. Los estudios recién empiezan. Ninguna idea es concluyente por ahora. Lo único concluyente es la muerte inexplicable de niños como Laura Rosales, 13 años, que vivía a 3 kilómetros del dique de cola en Vis Vis, un pueblo que se transformó casi en fantasma.
Otro aspecto de la destrucción es el estallido del trabajo, la cultura, las economías familiares y regionales. Sergio Martínez, de Vecinos Autoconvocados por la Vida, relaciona todo: “Lo que aquí funciona es la humillación, que consiste en un empobrecimiento deliberado como política de Estado, para que se acepte como única alternativa a la actividad minera. Para que la gente diga: ‘Bueno, aunque me contamine, yo necesito trabajar’. Es la planificación de la pobreza. Para mi es un delito de lesa humanidad”.
¿Cómo se concreta? “Haciendo que Andalgalá abandone la cultura del trabajo. Administrando mal el agua de riego, desalentando la producción (nueces, olivos, frutas, ganadería). Eliminando toda forma de desarrollo agrícola y de créditos para pequeños y medianos productores. Instalando subsidios y dependencia del trabajo oficial, para que parezca que la única opción es la minera. Todo eso es violencia. Y encima les sale mal”.
¿Por qué la violencia?
Hay un fenómeno global, por el cual las personas son sometidas -según el caso- a mentiras, hambre, miedo, desempleo, enfermedad, empobrecimiento, angustias, violencia institucional, pérdida de noción de futuro, adormecimiento cerebral, contaminación, exclusión, precarización de las vidas, disciplinamiento, violación de sus derechos, sometimiento a las burocracias, desinformación y todos los etcéteras que cada lectora o lector esté dispuesto a agregar sin deprimirse demasiado, de ser posible. Si reaccionan frente a esos problemas, si dejan de comportarse como víctimas, si reclaman sus derechos, si actúan para crearlos o hacerlos valer, o reivindican su dignidad como sujetos o grupos, se dice que son “violentos”, “fundamentalistas” y cosas aún peores. Se denuncian sus acciones y reacciones “violentas” pero jamás la violencia estructural que las provocó.
¿Cómo entender entonces la pueblada en Andalgalá, tierra mansa y con más tradición de obediencia que de rebeldía? Primer detalle, aquí no hubo un prejuicio antiminero. “Al contrario, cuando llegó Alumbrera todos creímos que venía el progreso” confiesa Urbano. La reacción contra la minera mezcla las denuncias de los Vecinos por la Vida, con mucho de experiencia propia y sentido común.
En la plaza 9 de Julio se arma la charla con cuatro obreros andalgalenses. Santiago: “La gente reaccionó cuando vio que le pegaban a las mujeres, a sus vecinos, a madres, a chicos, a viejos, a cualquiera”. Ángel: “Desde que está Alumbrera, estamos cada vez peor, más pobres y con menos trabajo”. Pese a que posee una de las mayores “inversiones extranjeras” en el país (1.200 millones de dólares) Andalgalá es el departamento con mayor desocupación de Catamarca, que sigue siendo una de las provincias más empobrecidas del país. Conclusión: el “desarrollo”, y el “progreso” tienen un significado técnicamente nulo para la gran olvidada de estas fiestas: la comunidad. Sobre 3.000 puestos de trabajo prometidos (es lo que mencionaba Alumbrera, con la trampa de que se refería a la construcción de la mina), hay en la práctica unos 50 andalgalenses trabajando allí, en limpieza y mantenimiento principalmente. “Como nos consideran imbéciles, ahora Agua Rica promete 8.000 puestos de trabajo. Siguen mintiendo descaradamente”. ¿Aceptarían un trabajo bien pago en la mina? “No, porque es verso, porque te toman un tiempito y volvés a la calle”. Carlos, en El Algarrobo, me dice: “Estoy desocupado, pero prefiero buscar otra cosa. No me gusta esa gente”. Daniel, taxista: “Las enfermedades se van a ver cada vez más. Se llenan de plata, y no nos dejan nada. Es hambre para mañana, pero ni siquiera es pan para hoy”.
Todo ocurre con la aprobación sucesiva de los gobiernos municipal, provincial y nacional. “Pero el pueblo le está diciendo que no al gobierno. Por eso estas experiencias recuperan la democracia directa, y el poder se obsesiona por desalojar a la asamblea” dice Raúl. “Está en juego el sistema representativo. Ellos quieren seguir teniendo el poder, pero ya no representan a nadie”. Sin embargo, políticos como Perea (o el que lo destrone) siguen siendo votados. “Pero hoy la gente está pendiente de lo que diga o haga la asamblea. Esos políticos ganan porque ponen recursos, plata, promesas, compra de votos, porque no tienen oposición, o porque se perdió la idea de que el voto realmente tenga un valor. Al aparecer la asamblea, surge otra forma más directa de participación”. Todos consideran que si hubiera un plebiscito, el resultado sería aplastante contra la minería. El temor: “¿Cómo haríamos para garantizar que no haya fraude?” Otra iniciativa: que el Concejo Deliberante prohiba la minería a cielo abierto al menos en Andalgalá. Urbano cree que eso no alcanza, el debate está abierto.
Se reúne la asamblea El Algarrobo. Todos hablan, con la virtud de la síntesis. Y del humor. En un momento de descarga, empiezan a recapitular escenas inesperadas. Cuentan de una vecina muy pulcra, que se sentó frente a las camionetas, pero sobre una lona para no ensuciarse con la tierra: “Hasta que la policía la sacó de los pelos, con lona y todo”. Marcela cuenta de otra vecina: “Rosita estaba en el piso, los policías no la podían sacar porque es medio gordita, ¿no? Entonces después le gritaba a los policías: ‘che, basura, dale, vení, levantame ahora a ver si podés'”. Relatan el caso de un veterano que escapó de la camioneta policial al grito de “estos pelotudos dejaron la puerta abierta”. Las risas completan cada historia, pero luego programan la creación de un equipo de comunicación y algunas presentaciones judiciales. Más allá, se sigue cociendo la polenta.
Martín nació en La Plata, pero hace años que está aquí, ahora un poco perplejo. “Pensar que a mi mamá le dije que que elegí Andalgalá porque es tranquilo. Pero este lugar me dio la fuerza, por ejemplo, para querer tener hijos. Y de querer que la vida sea mejor. Lo que está pasando aquí no es un conflicto cualquiera. Aunque no siempre nos demos cuenta, estamos ante una cuestión de vida o muerte” dice sin dramatismo, sino con espíritu de describir lo evidente.
“Y cada uno tiene que elegir”, agrega. En Andalgalá, bajo un algarrobo, ya empezaron.
[flash https://www.youtube.com/watch?v=P70l6MBeZWs]
Sobre el Día Internacional contra la Minería
[flash https://www.youtube.com/watch?v=EqyoOgyIHI8]
Escenas de la represión en Andalgalá, febrero 2010
[flash https://www.youtube.com/watch?v=YtLaA2mnojw]
Video elaborado por la Asamblea El Algarrobo
Decí Mu y la minería: hablan los que saben
Bloque 1
[audio:https://media.lavaca.org/audios/decimu/online/decimu2010-11-1.mp3]
Bloque 2
[audio:https://media.lavaca.org/audios/decimu/online/decimu2010-11-2.mp3]
Otros links de interés

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El estado de la salud: Hospitales marcharon contra el recorte, con el Bonaparte como símbolo de la insensibilidad

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Médicos y médicas de distintos hospitales públicos e instituciones de salud marcharon hoy a Plaza de Mayo. El Hospital Garrahan -donde el gobierno nacional echó al Consejo Directivo- fue el punto de partida y el símbolo, el Hospital Bonaparte cuyos trabajadores y trabajadoras resisten al cierre. Lo común: el ahogo presupuestario y el recorte salarial. El contexto: mayor demanda, menos dinero, menos insumos y más precariedad. Un combo insalubre para quienes trabajan y para quienes se atienden. El llamado a un paro general, y la unión sin distinciones de todo el personal de las instituciones. El jueves, Día de la Salud Mental, habrá una nueva marcha a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte.

Por Lucas Pedulla

Karen tiene 35 años y este martes cumplió su primera semana de residencia en el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Lamenta no estar en su área de trabajo, después de estudiar durante años en la Universidad Nacional de Luján, sino en Plaza de Mayo, fruto de una necesidad que la empujó a salir a la calle, con miles de trabajadores y trabajadoras de la salud.

Pero rescata lo bueno, ante la pregunta de cómo está, que ella elige responder en plural: “Estamos bien, es muy energética esta situación: permanecimos en nuestros puestos de trabajo, con el hospital abierto, garantizando la continuidad de la atención, y reconforta que haya tenido toda esta respuesta. Todo eso implica que es una pelea que vamos a poder ganar”.

Karen ingresó al Bonaparte en medio de un plan de lucha que trabajadores y trabajadoras de la salud llevan adelante hace meses, con pedidos de recomposición salarial y la denuncia del desabastecimiento de las instituciones. Hasta ahí, todo a-normal. Hasta que el viernes llegó el “baldazo de agua fría”, según describe: “Cuando volvimos a nuestros puestos y a realizar las tareas diarias, a las dos y media de la tarde, sin que tengamos la mínima sospecha empezaron a circular mensajes de que habían anunciado el inminente cierre del hospital -dice Karen a lavaca– Para nosotros fue impactante. No sabíamos cómo reaccionar hasta que bajamos al hall de entrada y nos encontramos con las puertas cerradas y los pacientes en la vereda: los habían sacado de la guardia”.

Así fue que una compañera propuso quedarse hasta revertir la decisión de cierre. El apoyo fue unánime, con festivales y vigilias que acompañaron a lxs trabajadorxs todo el fin de semana. El lunes realizaron un abrazo simbólico, donde cantaron: “El Bona no se cierra”. Y hoy se movilizaron a Plaza de Mayo.

A Karen, en su primera semana, ya algo le quedó claro: “Nos quieren destruir como clase trabajadora. No quieren que tengamos salud. No quieren que tengamos educación. Nos quieren destruir para poder explotarnos más. Quieren que ganemos salarios miserables. No sé cómo pretenden que sostengamos la productividad del país si no tenemos salud, vivienda, educación y alimento”.

Foto: Tadeo Bourbon para lavaca

Del Hospital a la Plaza

La movilización partió del Hospital Garrahan, donde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro de 48 horas en reclamo de recomposiciones salariales, pero que es tan solo la punta de un iceberg: así se plegaron trabajadorxs del Bonaparte y, también, de otras instituciones como el Piñero, el Penna o el Posadas. 

La Plaza de Mayo combina hoy dos escenarios, Casa Rosada y el Ministerio de Economía, a donde el presidente Javier Milei cruzó al mediodía para almorzar con el ministro Luis Caputo, protagonista de uno de los estribillos de este mediodía: 

“Che caputo, che Caputo / no te lo decimos más / si tocás los hospitales / qué quilombo se va a armar”. 

Cantando está Magalí, 34 años, bioquímica, quien hizo toda su carrera dentro del Garrahan, donde trabaja hace ocho años. Hoy es personal de planta, en el sector de Laboratorio. Precisa el reclamo: “Pedimos 100% de aumento en una sola cuota. Recomposición salarial de todos los trabajadores de todos los hospitales. Desde diciembre nuestro salario perdió mucho, quedamos atrasados, y eso genera una situación de mucho pluriempleo, con mucho cansancio, que redunda en una mala calidad de atención y en que muchos profesionales formados se están yendo. El hospital se está vaciando con estas políticas de recorte. Y eso afecta a la salud”. 

Luego, otro trabajador del Garrahan toma el micrófono: “Esta marcha agrupa sin distinción de tareas y sin distinción de agrupación. Nos tenemos que unir en una sola lucha y hacer una huelga general para derrotar a este gobierno”. 

Un residente del Hospital Posadas, en el oeste del conurbano bonaerense suma: “Tenemos que estar todos juntos para enfrentar un gobierno de insensibles que quieren llevarnos a la pobreza extrema”.

Un residente del Penna: “Si hay algo que quiere el Gobierno es dividirnos: los residentes por un lado, los de planta por otro, los del Bonaparte por otro, los enfermeros por allá. Tenemos que unirnos y que todas las centrales llamen a un paro”.

Una trabajadora de hospitales de Lanús y Alejandro Korn, al sur del conurbano profundo: “Este es un gobierno despiadado y oscurantista que quiere cerrar baluartes para la sociedad, como las universidades que brindan la posibilidad de ascenso social para la clase trabajadora. Paro general ya”.

Magalí, del Garrahan, escucha y dice a lavaca: “Hemos movilizado en todos los gobiernos pero este recorte no lo vi hasta ahora. Aumentó la demanda, porque se caen de las obras sociales y vienen al hospital público, y los insumos y reactivos tardan mucho llegar”.

Foto: Tadeo Bourbon para lavaca

Desde la Plaza anuncian que el jueves es el día de la Salud Mental y habrá una nueva marcha, a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte. “No queremos resignarnos a los salarios de miseria que atentan contra la salud de los pacientes -dice, desde el camión otra trabajadora del Bonaparte-. Acumulamos casi un 50% de pérdida de poder adquisitivo. Sostenemos, con profunda vocación, que vamos a seguir luchando”.

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el lunes que “el Hospital Bonaparte no va a cerrar”, aunque habló de una “reestructuración” en base a un supuesto “desfasaje” entre la cantidad de empleados y los usuarios. En Plaza de Mayo, desde un camión, responde una de esas trabajadoras: “Atendemos de 8 a 20 (horas). Recibimos a mamás y papás que tienen a sus hijos en tratamiento. Contamos con una guardia las 24 horas y un 0800 que atiende llamados. Hoy el hospital está funcionando porque lo estamos defendiendo. No se cierra. Están diciendo que sobran los trabajadores, pero es mentira: estamos desbordados de demanda. En el Bonaparte no sobra nadie. La mayoría hacen tratamientos ambulatorios. Es el primer hospital que quieren cerrar en democracia, y no lo vamos a permitir”.

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Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

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De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.

En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.

El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.

Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:

Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.

La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.

¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.

Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.

¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.

Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.

El desmantelamiento como política

La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.

El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.

El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.

Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.

Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.

Cómo trabaja el Bonaparte

Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.

El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.

Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.

El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.

Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.

¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.

La fortaleza de la lucha

Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.

Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.

Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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