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El tic tac del Bauen: amenaza de desalojo y marcha, mientras los diputados demoran la expropiación
El jueves 19 de abril será un día decisivo para el Hotel Bauen. En realidad, cada día de funcionamiento, cada hora, es decisiva. Pero esta vez, más aun, los trabajadores enfrentan momentos en los que se sacuden las agujas de todos los barómetros. Y por eso el 19 convocan a marchar desde Callao 360 hasta un juzgado; otra vuelta por el laberinto judicial.
Para comprender: el pasado martes 10 los trabajadores se reunieron con asesores de distintos diputados para tratar el proyecto de Ley de Expropiación del edificio a su favor, con resultados positivos. La instancia clave debía ser la del día siguiente, miércoles 11, cuando el proyecto sería tratado en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, los funcionarios suspendieron la reunión y la reprogramaron para el 26 de abril, fecha que saltea el otro round clave en la pelea por la expropiación: este jueves 19 de abril en el que fueron citados al Juzgado nº 9 de Capital Federal (M.T de Alvear y Callao) para que les notifiquen, presumen, una nueva orden de desalojo.
“Los tiempos de las cámaras legislativas van a contramano de los tiempos de los trabajadores, se supone que ellos deberían estar prestos a reunirse y tratar los proyectos de ley que tienen urgencia como en nuestro caso. Sabían claramente que el 19 tenemos una audiencia y que era muy importante conseguir un despacho favorable en la Comisión de Cooperativas”, analiza ante lavaca Federico Tonarelli, presidente de la cooperativa del BAUEN.
Lo legal y lo político
Desde el lunes 11 de julio de 2011, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso de queja presentado por la cooperativa, las instancias legales por la expropiación del Hotel BAUEN a favor de sus trabajadores fueron agotadas. La citación del 19 significa así que “la causa se sigue moviendo, y no en un sentido favorable a nosotros”, dice Tonarelli.
Por eso los trabajadores ponen todas las fichas a los dos proyectos de ley que plantean la expropiación del inmueble, que tienen estado parlamentario y serán tratados el 26 de abril en primera instancia. Según pudieron adelantarles los asesores de diputados de distintos bloques, “todos, menos el Pro –que ha estado históricamente en contra de la cooperativa- manifestaron que era necesaria la sanción de la ley. Pero a pesar de ese acuerdo, los diputados no se presentaron”, se lamenta Federico sobre esa brecha entre las palabras con los hechos.
Un proyecto de Ley de Expropiación del Hotel BAUEN había sido presentado por la diputada de Libres del Sur Victoria Donda. Cajoneado, perdió estado parlamentario en 2011. Este año la propuesta se volvió a presentar, así como un nuevo proyecto del bloque de Nuevo Encuentro, que lidera Martín Sabbatella. Tonarelli no hace diferencias entre uno y otro, salvo “algunas variaciones técnicas en la transferencia del inmueble” y entiende que, lejos de ser una puja partidaria, ambos alimentan la necesidad de la expropiación. En la reunión con los asesores, cuenta, también diputados del Frente para la Victoria –que tiene mayoría en ambas cámaras- se expresaron a favor deteniéndose en la “historia oscura” que trae la propiedad del hotel desde la dictadura.
Historia oscura
La historia de la propiedad del edificio de Callao 360 se remonta no casualmente al año 1978. Situado en una zona porteña estratégica – Corrientes y Callao- el BAUEN fue construido para ampliar la infraestructura de servicios de la Ciudad de cara al Mundial y por iniciativa del gobierno militar. Tonarelli: “El hotel se levantó con fondos estatales y con un préstamo del ex Banco Nacional de Desarrollo (actualmente en manos del Banco Nación) a un tal Marcelo Iurcovich. El préstamo jamás fue cancelado”. La confianza del Estado militar hacia Iurcovich es al menos sospechosa.
A comienzos de los 90, el hotel entró en decadencia y hubo un brusco descenso en los porcentajes de ocupación. Tras algunas maniobras que intentaron posicionarlo nuevamente, finalmente en 1997 fue vendido parcialmente al Grupo Solari, a cargo de una cadena hotelera en Chile, que debía saldar la deuda de Iurcovich con el Estado. Una nueva estrategia de apostar a los viajeros de negocios y contingentes turísticos tampoco funcionó y, en febrero del año 2000, la firma Solari pidió la propia convocatoria de acreedores. Tan sólo había pagado 4 de los 12 millones que adeudaban, por lo que, dicen los trabajadores, “la quiebra es fraudulenta y el Grupo Solari no fue nunca el propietario”.
Venderse a uno mismo
Reaparece en escena el apellido Iurcovich, quien ofrece al juzgado saldar las deudas a cambio del inmueble; el juez concede pero las cuentas indican que Irucovich nunca devolvió el dinero.
El hotel fue cerrado el 28 de diciembre de 2001, en plena crisis, un día de los Inocentes. Los trabajadores despedidos enseguida se contactaron con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y formaron una cooperativa. Durante un año y medio subsistieron con algunos subsidios de desempleo que utilizaban para mantener la infraestructura del hotel. A mediados de 2003 firmaron un convenio con el Gobierno de la Ciudad y el propio Marcelo Iurcovich, que les permitió empezar a explotar comercialmente los salones a cambio de ceder el uso del teatro a la Ciudad. Antes y después, la familia Iurcovich calificaría a los trabajadores de “ocupantes ilegítimos”.
La familia Iurcovich anunció, en 2005, una nueva venta del edificio, esta vez a Mercoteles S.A., empresa que supuestamente se haría cargo de las inversiones necesarias para su reapertura, y en cuyo directorio está el propio Iurcovich hijo, de nombre Hugo. Ninguna de las firmas todavía había pagado la deuda impositiva de 5 millones que pesaba sobre el negocio.
Trampa mauricia
En diciembre de 2005 el macrismo ganó en la Legislatura la votación de una ley con el mínimo de votos que perdonaba la deuda pero proclamaba nula la cooperativa de los empleados para manejar el Hotel. Gracias a la presión de los trabajadores, el entonces jefe de gobierno porteño Jorge Telerman demoró la firma de la ley. En julio de 2006 la Justicia determinó que el hotel pertenecía a la firma Mercoteles, y el 30 de ese mes la jueza comercial Paula Hualde intimó al desalojo del Bauen para el mes de septiembre. Los trabajadores lanzaron un comunicado: “Hoy tenemos un pleno funcionamiento. Desde que nos constituimos como Cooperativa hemos realizado todas las acciones y medidas a nuestro alcance para poder explotar el lugar, seguir generando más puestos de trabajo y demostrar que la gestión de las empresas recuperadas por sus trabajadores es viable, concreta y exitosa. Los logros están a la vista, hemos generado más de 150 puestos de trabajo -de los 20 iniciales -, en menos de tres años, y otra cantidad de empleos tercerizados si tenemos en cuenta los contratos con empresas proveedoras de insumos”.
Testaferros originarios
Si bien la orden de desalojo se mantiene, hasta hoy los trabajadores continúan autogestionando el hotel. La última presentación que hicieron fue en 2009, un recurso de queja que se detenía en “la deuda impaga del grupo originario, el que construyo el hotel, que hasta el día de hoy no fue saldado. Y, segundo, que se le quiere restituir el inmueble a un grupo económico que no presenta actividad económica, no presenta patrimonio y que claramente es testaferro del grupo originario”.
La presentación fue rechazada en primera instancia y luego en la Cámara de Apelaciones. El fallo intimaba a devolver el hotel a la firma Mercoteles S.A. Los trabajadores pidieron a la Corte Suprema que se examinara el expediente. Pero en julio de 2011 la Corte consideró suficientes los fallos anteriores, y avaló su resolución. “No queda una instancia superior a la Corte Suprema. Si bien desde el principio supimos que la pelea judicial iba a ser difícil, con esto nos queda más que claro que tenemos que resolverlo a través de la Ley nacional de Expropiación”, decía Federico Tonarelli por entonces a lavaca.
¿Cuál es la idea de los proyectos que se deberían discutir lo más rápidamente posible? Como expropiante puede actuar tanto el Estado Nacional como la Municipalidad de la Ciudad. “El Estado se sienta con la cooperativa a buscar algún modelo de transferencia del edificio, que puede ser la venta, el préstamo o la cesión”. Todo será nuevo: no hay antecedentes en la ciudad de una expropiación a favor de los trabajadores.
La esperanza está puesta en la mayoría que en ambas cámaras tiene el Frente Para la Victoria, que de palabra parecer estar de acuerdo con los proyectos de ley: “Lo que queremos es que el Gobierno juegue todas las cartas en esto. Hasta ahora, nos ha apoyado tibiamente” dice Federico. La idea es que este año “no hay excusas” y en eso están los trabajadores: difundiendo la enredada historia propietaria del inmueble, construyendo alianzas, y lo de siempre: trabajando.
Este jueves 19 de abril tienen una nueva cita en el juzgado. Y no quieren llegar solos. Por eso, en las puertas del Hotel, a las 10 de la mañana, convocan a marchar hasta el Juzgado Comercial nº9 de Capital Federal Será, como siempre, un día decisivo.
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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