Nota
Derechos humanos indígenas: el estado de las cosas, y las cosas del Estado
Tal vez se trate de un mapa. No un mapa estrictamente geográfico, sino un GPS conceptual para orientarse sobre lo que ocurre en los territorios de los que casi nadie habla, al menos en la política mediática. El informe anual del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODPHI) en su edición 2012 trata sobre la situación indígena, la violación al derecho a las tierras, la criminalización de quienes intentan defender sus derechos, y la incidencia del modelo extractivo en las comunidades de Neuquén, Río Negro y Chubut. Así como analiza casos emblemáticos de la vulneración de derechos, y la falta de cumplimiento de la legislación vigente por parte del Estado, describe los logros de la organización comunitaria frente a diversas situaciones que involucran al Pueblo Mapuche y al Mapuche- Tehuelche.
Modelo para armar
El informe de 66 páginas, al que puede accederse desde www.odhpi.org plantea: “Identificamos como de emergencia la situación territorial en la que se encuentran las comunidades mapuce y mapuche-tehuelche en la norpatagonia. La violación sistemática del Estado al derecho a las tierras, territorios y recursos del Pueblo Mapuce y Pueblo Mapuche-Tehuelche funciona a su vez como la gran causa que origina otra multiplicidad de violaciones”.
Trabajaron nueve especialistas en derecho indígena, que describen el avance sobre territorios originarios con la complicidad del Estado con el “modelo económico basado en la explotación irracional y la entrega de los recursos naturales, donde las prioridades de desarrollo se deciden a puertas cerradas y se imponen verticalmente sin la consulta ni la participación de los pueblos afectados”.
Las piezas de ese modelo para armar: “Modelo extractivo (minería, hidrocarburos, soja), la concentración de la tierra y la producción, los desalojos y la violencia judicial y policial”.
La ley y el desordenEl informe explica que la intensificación de políticas y acciones privadas y estatales generan conflictos en los territorios indígenas, pese al ordenamiento jurídico que protege los derechos territoriales de los pueblos. Intervinieron en el trabajo los doctores Micaela Gomiz, Laura Zannoni, Eduardo Hualpa, Sonia Ivanoff, Elena Picasso, Fernando Kosovsky y Gustavo Macayo.
En el caso de Neuquén, Micaela Gomiz recuerda que han pasado cinco años desde la reforma de la Constitución provincial (que reconoce los derechos indígenas) y denuncia que “no sólo no se ha avanzado en materia de reconocimiento efectivo en la aplicación de políticas públicas, sino que el accionar estatal viene generando situaciones de violación concreta de los derechos humanos de los pueblos indígenas”. Las leyes escritas poco tienen que ver con las trampas de la realidad.
Gomiz asegura que los derechos del Pueblo Mapuche son “violados sistemáticamente por el Estado neuquino” y lo acusa de haber asumido “conscientemente una política de negación de las comunidades indígenas, mediante la vulneración de sus derechos territoriales, la imposición de modelos de desarrollo inconsultos y ajenos a la cosmovisión indígena, la promoción y la estigmatización de las organizaciones indígenas como ‘usurpadoras’”.
Otro dato: la creciente criminalización de los dirigentes indígenas. Ejemplifica, como caso testigo, con la situación de la comunidad Paichil Antriao, de Villa la Angostura, que habita el lugar desde 1902 y que sufrió (y sufre) distintas usurpaciones territoriales.
El informe recorre también la situación de Chubut y Río Negro, y casos específicos como el dela comunidad Mellao Morales en Neuquén (frente a una empresa minera china que pretende instalarse en cercanías de la localidad de Loncopué, ver Mu nº 49), la situación de la comunidad Santa Rosa-Leleque (en disputa territorial contra la multinacional Benetton), la comunidad Wenctru Trawel Leufu (con un fallo favorable frente a una petrolera), la comunidad José Manuel Pichun frente a la avanzada forestal en cercanías de El Bolsón y, como paradigma del Poder Judicial racista, se analiza el accionar del juez de Chubut José Colabelli, destituido en 2004 por la violenta represión a la comunidad mapuche Vuelta del Río, y restituido en su cargo en 2010.
“El desafío es que el Estado como responsable del respeto y la garantía de los derechos humanos modifique sus estructuras monoculturales (…) proyecte un modelo económico sustentable, participativo y que no avasalle los territorios y los recursos indígenas y de ese modo cumpla con los compromisos asumidos”, exige en el último capítulo y afirma que es “central comprender que es necesario cambiar esa lógica de invisibilización, desconocimiento y negación que trae como resultado la profundización y perpetuación del genocidio indígena en nuestro país”.
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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