Nota
Derechos humanos indígenas: el estado de las cosas, y las cosas del Estado
Tal vez se trate de un mapa. No un mapa estrictamente geográfico, sino un GPS conceptual para orientarse sobre lo que ocurre en los territorios de los que casi nadie habla, al menos en la política mediática. El informe anual del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODPHI) en su edición 2012 trata sobre la situación indígena, la violación al derecho a las tierras, la criminalización de quienes intentan defender sus derechos, y la incidencia del modelo extractivo en las comunidades de Neuquén, Río Negro y Chubut. Así como analiza casos emblemáticos de la vulneración de derechos, y la falta de cumplimiento de la legislación vigente por parte del Estado, describe los logros de la organización comunitaria frente a diversas situaciones que involucran al Pueblo Mapuche y al Mapuche- Tehuelche.
Modelo para armar
El informe de 66 páginas, al que puede accederse desde www.odhpi.org plantea: “Identificamos como de emergencia la situación territorial en la que se encuentran las comunidades mapuce y mapuche-tehuelche en la norpatagonia. La violación sistemática del Estado al derecho a las tierras, territorios y recursos del Pueblo Mapuce y Pueblo Mapuche-Tehuelche funciona a su vez como la gran causa que origina otra multiplicidad de violaciones”.
Trabajaron nueve especialistas en derecho indígena, que describen el avance sobre territorios originarios con la complicidad del Estado con el “modelo económico basado en la explotación irracional y la entrega de los recursos naturales, donde las prioridades de desarrollo se deciden a puertas cerradas y se imponen verticalmente sin la consulta ni la participación de los pueblos afectados”.
Las piezas de ese modelo para armar: “Modelo extractivo (minería, hidrocarburos, soja), la concentración de la tierra y la producción, los desalojos y la violencia judicial y policial”.
La ley y el desorden
El informe explica que la intensificación de políticas y acciones privadas y estatales generan conflictos en los territorios indígenas, pese al ordenamiento jurídico que protege los derechos territoriales de los pueblos. Intervinieron en el trabajo los doctores Micaela Gomiz, Laura Zannoni, Eduardo Hualpa, Sonia Ivanoff, Elena Picasso, Fernando Kosovsky y Gustavo Macayo.
En el caso de Neuquén, Micaela Gomiz recuerda que han pasado cinco años desde la reforma de la Constitución provincial (que reconoce los derechos indígenas) y denuncia que “no sólo no se ha avanzado en materia de reconocimiento efectivo en la aplicación de políticas públicas, sino que el accionar estatal viene generando situaciones de violación concreta de los derechos humanos de los pueblos indígenas”. Las leyes escritas poco tienen que ver con las trampas de la realidad.
Gomiz asegura que los derechos del Pueblo Mapuche son “violados sistemáticamente por el Estado neuquino” y lo acusa de haber asumido “conscientemente una política de negación de las comunidades indígenas, mediante la vulneración de sus derechos territoriales, la imposición de modelos de desarrollo inconsultos y ajenos a la cosmovisión indígena, la promoción y la estigmatización de las organizaciones indígenas como ‘usurpadoras’”.
Otro dato: la creciente criminalización de los dirigentes indígenas. Ejemplifica, como caso testigo, con la situación de la comunidad Paichil Antriao, de Villa la Angostura, que habita el lugar desde 1902 y que sufrió (y sufre) distintas usurpaciones territoriales.
El informe recorre también la situación de Chubut y Río Negro, y casos específicos como el dela comunidad Mellao Morales en Neuquén (frente a una empresa minera china que pretende instalarse en cercanías de la localidad de Loncopué, ver Mu nº 49), la situación de la comunidad Santa Rosa-Leleque (en disputa territorial contra la multinacional Benetton), la comunidad Wenctru Trawel Leufu (con un fallo favorable frente a una petrolera), la comunidad José Manuel Pichun frente a la avanzada forestal en cercanías de El Bolsón y, como paradigma del Poder Judicial racista, se analiza el accionar del juez de Chubut José Colabelli, destituido en 2004 por la violenta represión a la comunidad mapuche Vuelta del Río, y restituido en su cargo en 2010.
“El desafío es que el Estado como responsable del respeto y la garantía de los derechos humanos modifique sus estructuras monoculturales (…) proyecte un modelo económico sustentable, participativo y que no avasalle los territorios y los recursos indígenas y de ese modo cumpla con los compromisos asumidos”, exige en el último capítulo y afirma que es “central comprender que es necesario cambiar esa lógica de invisibilización, desconocimiento y negación que trae como resultado la profundización y perpetuación del genocidio indígena en nuestro país”.
Documental a un año de la represión del 12 de marzo
Imagen sobreviviente: el fotógrafo, el hincha y la jubilada

El 12 de marzo de 2025, hinchadas de fútbol se autoconvocaron para acompañar la marcha de jubilados y jubiladas. Ese día la violencia desplegada por Patricia Bullrich hirió gravemente a Pablo Grillo, Beatriz Blanco y Jonathan Navarro. Este corto documental de Cooperativa Lavaca vuelve a esa jornada y a una imagen de solidaridad que sigue sobreviviendo.
Nota
MU 211: Método Pablo

Todo lo que le salvó la vida a Pablo Grillo, fotorreportero herido tras un disparo de Gentarmería hace un año. Lo que enseña su pelea contra la muerte, que terminó ganando gracias a la solidaridad y una red de salud pública y afecto que sigue viva.

Pablo Grillo: Salvar la vida
¿Qué le salvó la vida al joven fotógrafo atacado por la Gendarmería? La gente que lo ayudó tras el disparo, la que lo atendió cuando se preveía que lo suyo era quedar en estado vegetativo. Los familiares y amigos: la red que estuvo en los momentos más difíciles y armó un mapa de cuidados para salir con solidaridad y energía de la violencia y la oscuridad. Detalles de casi un año destinado a volver a ver esa sonrisa. La recuperación continúa: la vida le ganó a la muerte. Compartimos el QR para releer en lavaca.org la primera entrevista periodística brindada por Pablo. LUCAS PEDULLA

El bordado: Beatriz Blanco, la “jubilada patotera”
Fue agredida por un policía y cayó de nuca al asfalto durante una manifestación de jubilados. La escena se hizo viral como símbolo de la represión de cada miércoles. Beatriz pensó que había muerto pero sobrevivió al golpazo. Una causa instruida por la jueza Servini de Cubría avanza para condenar al policía que la atacó. Fue acusada por Bullrich de “jubilada patotera” y ella lo lleva con orgullo en una remera creada por sus hijas. Tiene 83 años, sigue yendo a la Plaza con su bastón y sus reclamos por una vida digna, y hace bordados para reflejar cosas alegres. LUCAS PEDULLA

El aguante: Jonathan Navarro, herido durante la represión
Un oficial de Prefectura le disparó a la cabeza durante la manifestación de hinchadas y jubilados, la misma en la que tiraron al piso a Beatriz Blanco e hirieron a Pablo Grillo. Perdió la visión del ojo izquierdo para siempre. Jonathan Navarro fue aquel día a la calle convocado por hinchas de su club, Chacarita, e indignado porque a su papá le habían sacado el acceso gratuito a los medicamentos. Hoy está desocupado. “Pero no me arrepiento de haber ido”. LUCAS PEDULLA

Renacer es posible: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Fue la fábrica Aurora Grundig, la del televisor “caro, pero el mejor”. Colapsada tras el menemismo, sus trabajadoras y trabajadores organizados en cooperativa la recuperaron para resistir el abismo del desempleo. Hoy enfrentan más de lo mismo. Pero son 133 personas, crearon un bachillerato, consiguieron 60 viviendas. El industricidio visto desde la óptica de quienes logran llevar adelante lo que la patronal hundió: otra forma de crear y sostener trabajo, en una isla que el gobierno busca despoblar. FRANCISCO PANDOLFI

En movimiento: Movilizaciones 2026
Más allá de todo el protocolo de represión oficial las calles fueron otra vez, durante este verano 2026, un lugar de expresión y reclamo frente a la crisis que está ocurriendo en el país y en una sociedad muchas veces vapuleada por las políticas del gobierno. Algunas imágenes para recordar estos días que todavía no sabemos qué historia terminarán escribiendo.

Crecer bajo el terror: Infancias y dictadura
Un grupo de hijos e hijas de desaparecidos comenzó un proceso judicial para que el Estado reconozca que la violencia ejercida sobre esas infancias también constituyeron delitos. Es un proceso inédito que llega luego de un análisis y reconstrucción de testimonios sobre cómo funcionó el terrorismo de Estado en sus operativos, cautiverios y crímenes. Una investigación crucial que reúne los testimonios de Teresa Laborde, María Lucía Onofri, María Eva Basterra Seoane y Dafne Casoy. EVANGELINA BUCARI

Carta abierta: Masacre planificada 2026
Retomamos la Carta de un Escritor a la Junta Militar –enviada por Rodolfo Walsh el mismo día de su desaparición– para trazar una sintonía con el actual modelo económico. Lo ya vivido, frente a un presente alucinado. Y algunas pistas para intentar encarar lo que se viene. SERGIO CIANCAGLINI

Politizate: La Kalo
Es actriz, performer, canta, baila y agita en las calles y en las redes para combatir al fascismo y a la política tibia. Es drag y “vieja bruja”. Habla sobre dopamina, lucha de clases, therians, cultura, haters y kiosqueros. Historia y terapias para pelearle a la tristeza. FRANCO CIANCAGLINI

No podrán: Luciana Jury
Cantante y compositora con base en el folclore, causó revuelvo en el Festival de Cosquín por sus críticas al gobierno. La sobrina de Leonardo Favio y cómo protegerse y tejer alianzas en tiempos de hate, para que la cultura popular no solo resista sino también haga florecer. MARIA DEL CARMEN VARELA
Cabo suelto: Crónicas del más acá
Carlos Melone
INFORME ENERO-FEBRERO 2026 DEL OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ DE VIOLENCIA PATRIARCAL
Temporada de femicidios

Por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (https://observatorioluciaperez.org/)
Durante el verano de este 2026 sufrimos un femicidio y una tentativa de femicidio cada día y medio. Un promedio alarmante que, además costó la vida de cuatro criaturas; tres de ellas apenas superaban el año.
Las víctimas tienen un rango etáreo que va de los 78 a los 17 años y dejaron a 16 infancias huérfanas.
Los datos: enero y febrero suman 43 femicidios y 43 tentativas de femicidio.
No son cifras. Son vidas, como la de Natalia Cruz (foto principal), en Campo Quijano, Salta: su hermana también fue víctima de femicidio años atrás. Hubo marchas para exigir justicia durante casi todos los días desde el día del crimen en que se fugó su asesino –17 de febrero– hasta ayer, cuando finalmente lo atraparon, consecuencia de haber logrado con estos reclamos que la fiscalía ofrezca una importante suma de recompensa por información sobre su paradero.
Lo que deja este verano también es la condena a perpetua por los femicidios territoriales de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en Rosario, Santa Fe, la ciudad más castigada con este tipo de asesinatos.

Estefanía y Mariela Gorosito, dos femicidios territoriales en Rosario.
Así el Poder Judicial reconoció por primera vez y explícitamente la relación entre la violencia del narcotráfico y la de género. Tal como expuso claramente el fiscal Patricio Saldutti “Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”.
El condenado es Pablo Nicolás Camino, de 31 años, jefe de una cédula de la banda narco Los Monos, quien ya acumula 40 años de prisión por delitos de homicidio, balaceras y asociación ilícita y está procesado, entre otras causas, por el ataque al supermercado que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Pablo Nicolás Camino, condenado por el femicidio de las hermanas Gorosito.
Pablo Camino ordenó la ejecución de las hermanas desde el penal donde cumple condena. Es decir: estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias en el momento de organizar el crimen. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Sus cuerpos fueron encontrados en un basural al día siguiente de la ejecución.

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