Sigamos en contacto

Nota

Boleta electrónica: Oficialismos y empresas, una fórmula ganadora

El informático que reportó fallas en el sistema de boleta electrónica fue perseguido. Los informes en Internet que mostraban códigos del software, censurados. La Justicia Contravencional y la Policía Metropolitana actuaron en tiempo récord para allanar – literalmente- toda duda. La gente, contenta porque el voto resultó rápido. ¿Quién ganó?

Publicada

el

El informático que reportó fallas en el sistema de boleta electrónica fue perseguido. Los informes en Internet que mostraban códigos del software, censurados. La Justicia Contravencional y la Policía Metropolitana actuaron en tiempo récord para allanar – literalmente- toda duda. La gente, contenta porque el voto resultó rápido. ¿Quién ganó?

boleta electronica

La auditoría hackeada

En la página oficial de la empresa Magic Software Argentina S.A (MSA), la compañía que obtuvo la licitación en tiempo récord para ejecutar la boleta electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, la imagen principal muestra a una chola tocando la famosa pantalla. El mensaje parece claro: si ella puede, cualquiera puede.
Lo que también quedó claro en la elección porteña es que cuestionar el sistema de boleta electrónica tiene riesgos. Joaquín Sorianello no imaginó qué mecanismo activaba cuando, a diez días de las elecciones, se comunicó con la propia MSA para advertirles que había encontrado fallas en sistema. Según explicó a Télam, el informático denunció la filtración en la web de “los certificados SSL (son los protocolos criptográficos que proporcionan la privacidad de la información en Internet) de las terminales que envían los datos desde las escuelas al centro de cómputos”. Esos datos, especificó, estuvieron publicados en la web por “una deficiente configuración en sus servidores”. ¿Cuál es la gravedad del asunto? Sorianello explicó que se trataba de un “grave y crítico” error de seguridad del sistema, porque permitía a cualquier persona utilizar esos certificados para enviar resultados falsos del escrutinio o, también, transmitir una carga tan grande de datos que el sistema no pueda procesarlos. Un ejemplo: introducir más votos que personas en el padrón.
La auditoría realizada por la Universidad de Buenos Aires sobre los equipos y el software utilizado no había detectado “problemas graves” ni indicios de “inconvenientes insalvables” para que el sistema se implemente en la elección del 26. Sin embargo, el informe detallado del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales manifiesta una crítica de base: “los defectos en la documentación (presentada por la empresa contratada, MSA) representan un punto débil en el software que dificulta no sólo la auditabilidad del mismo, sino también el mantenimiento y evolución”. El informe indica dos vulnerabilidades que el sistema es capaz de sufrir:

  1. La lectura del contenido del chip – antes de ser introducido en la urna- “podría llegar a hacerse a través de un smarthphone” .
  2. Usando una antena especial, “se puede llegar a leer la terminal en el momento en que está grabando el voto sobre el chip”.

La conclusión del informe, entonces, no se corresponde en rigor con los aspectos técnicos (vulnerabilidades) y formales (documentación insuficiente) que señalan los profesionales auditores. Ante estas deficiencias, la auditoría se sale de su control técnico y llama a extremar los controles para la boleta electrónica: “los principales custodios de los comicios siguen siendo las autoridades de mesa y los delegados del Tribunal, como los fiscales de las agrupaciones políticas y los mismos electores”.
Según un informe de Poder Ciudadano sobre la elección con este sistema en la ciudad de Salta, ocurre en la práctica exactamente lo contrario: “En escasas oportunidades los electores verifican que el chip de la boleta contenga la misma información que está impresa, y, a su vez, los fiscales no exigen a la autoridad de mesa que ésta muestre la impresión de cada BUE, priorizando la velocidad a la transparencia.
¿Entonces?

Joaquín Sorianello

Joaquín Sorianello

La democracia privatizada

Dos días antes de las elecciones porteñas, la división de delitos informáticos de la Policía Metropolitana allanó la casa de Joaquín Sorianello por orden de la jueza María Luisa Escrich, del Juzgado N°20 del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas. La denuncia la activó la propia empresa MSA, a quien Sorianello había llamado para advertir los errores. ¿Por qué una jueza contravencioal y una policía municipal ejecutaban un allanamiento? La excusa que manifestó el candidato del oficialismo porteño fue el temor a un posible “hackeo”.
Sorianello estaba en Bariloche y se enteró del allanamiento a través de un tío. Cuenta que secuestraron el disco externo y cualquier elemento que pudiera almacenar información. «No soy un hacker. Soy un programador preocupado porque no nos roben la democracia», dice Sorianello en conversación telefónica con lavaca. Cuenta: “El jueves pasado vi un tuit que mostraba la contraseña del sistema del voto electrónico. Entré y era posta. Hice público eso. Lo que difundí es que cualquier persona podía acceder a las terminales de recuento de votos. Es un sistema que pone en peligro a la democracia y sentí el deber de compartir la información que tenía. Soy parte del movimiento de libre conocimiento. Nuestra ética es compartir información. Y si la democracia está en peligro, lo decimos”.
Diego Saravia – ingeniero, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y uno de los mayores expertos de Argentina, además de candidato a diputado en su provincia por el FPV- explica la parte técnica de este descubrimiento: “Lo que se descubrió fue la posibilidad de grabar  boletas con muchos votos para un candidato. Si bien lo descripto sería detectable por un observador atento, nada le impide a la empresa activar una rutina que rectifique las inconsistencias y logre certificados de escrutinios perfectos”. ¿Qué significa esto? Que el sistema es poco vulnerable para un agente externo, pero muy manipulable por la propia empresa: “Lo que se descubrió – la posibilidad de grabar boletas con muchas votos para un candidato- es la última gota que confirma esa hipótesis. Lo grave del descubrimiento es que se reveló que las auditorías efectuadas fueron inefectivas. Y si la auditoría no es eficaz, no hay nada que impida a la empresa hacer fraude. En definitiva, nada le impide a la empresa definir a un ganador”.
Diego Saravia fue una de las personas que denunció las irregularidades del sistema de boleta electrónica durante las PASO en Salta, y que por ello tuvo un round directo con el titular de MSA en Argentina, Nicolás Deane. Otro dato de escándalo es que el titular de MSA, Nicolás Deane, cuya empresa tiene el monopolio del voto electrónico en el país (acaba de ganar la licitación para implementar el sistema en Resistencia), fue Secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral hasta al menos el 2011 (http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184578/norma.htm).

Diego Saravia

Diego Saravia

El round salteño

En las elecciones salteñas de este año, la empresa MSA reconoció que tuvieron que reemplazar 299 máquinas que presentaron fallas. Saravia, por su parte, demostró otra más: a modo de fiscalización informática, con conocimiento del presidente de mesa, logró poner (junto a otras personas) a la máquina en la cual las personas debían votar en modo de mantenimiento para demostrar la debilidad del sistema de MSA.
En el antecedente salteño el sistema fue contratado por el gobernador Juan Manuel Urtubey (144 millones) y los primeros en denunciar irregularidades fueron los candidatos del PRO. El problema, entonces, no parece tener color político, sino estar atado al control del oficialismo. Los abogados del Frente de Romero y Olmedo denunciaron, sin embargo, a la empresa: “La empresa MSA eludió el control de la autoridad electoral y de los fiscales informáticos designados por cada partido o frente participante en los reemplazos; se observó manipulación de los DVD sin control alguno de las autoridades electorales y no se dispuso vigilancia a los efectos de evitar tales reemplazos arbitrarios y discrecionales».
Saravia se hace otras preguntas más allá de la coyuntura: “¿Para qué sirve esto? No veo que este sistema aporte nada nuevo ni amplíe la capacidad de decidir de los electores. Lo único destacable es la velocidad del escrutinio provisorio. Dicho esto, ¿hay otras formas de hacer voto electrónico? Sí, y mejores. Para empezar, el sistema debe ser transparente: eso implica publicar el código fuente y no allanar a quien lo investiga”.
En una entrevista con El Intransigente, Nicolás Deane, contesta las críticas a Saravia con una respuesta particular: “Desde que trabajamos en Salta, él dice que quiere ver el código fuente. Quiere que lo publiquemos en Internet y que él y toda la comunidad puedan verlo. Esto es algo ideológico que genera más problemas de los que supera con este tipo de información”.
Deane sostiene que “los informáticos” confunden urna electrónica (que tienen memoria y un router interno que contabiliza votos) con boleta electrónica. “El dato no se guarda en la máquina sino en la boleta, en el mismo soporte físico y el chip. Eso se carga en la máquina con dvds que se queman frente a todos los partidos políticos. Pero antes de grabar, no solamente tienen la posibilidad de revisarlo, sino que también se verifica”, defiende.
A Saravia no le cierran las explicaciones públicas de Deane, y se remite a los hechos: afirma que Sorianello demostró la verdadera cara del negocio. Propone dos opciones. Una: “La empresa actúa de mala fe”. Dos: “La empresa es tan incapaz que es extraño que el sistema funcione correctamente”. ¿Dos más dos es cuatro? Su conclusión: “La única opción que queda es que esos agujeros están ahí a propósito”.

Tomala vos, dámela a mí

La preadjudicación de MSA (Magic Software Argentina S.A )no llevó ni un mes. Según consta en el propio Boletín Oficial porteño, la licitación se abrió el 14 de enero, la apertura de sobres con las dos empresas oferentes se realizó dos semanas después (28 de enero a las 15 horas) y el 4 de febrero la Comisión de Evaluación de Ofertas ya tenía la conclusión de “que la oferta más conveniente para la adjudicación correspondiente” era la de MSA.
La Ciudad lo oficializó el 20 de febrero a través de un decreto donde se comprometía a desembolsar 216 millones de pesos por los servicios de MSA para las PASO, las elecciones generales y, también, para una eventual segunda vuelta (bingo: con el ballotage factura 12 millones de pesos más). Como, finalmente, el sistema no fue utilizado en las primarias, el Gobierno renegoció las pautas con la empresa de cara a lo que venía: Magic Software Argentina cerró en 151 millones de pesos por un escrutinio provisorio y otro tipo de servicios (instalación de máquinas para la capacitación de la población y personal, además de la infraestructura tecnológica) para las elecciones generales.
Las cuentas realizadas por el diario contrainformativo Clarín establecen que la implementación del voto costó 6 veces más que la antigua modalidad de boletas impresas y que por cada votante, el gobierno gastó 60,4 pesos.
La otra empresa que se presentó a la licitación fue Smartmatic Internacional Holding B.V, una compañía holandesa con sucursales distribuidas por todo el mundo, a la que ciertos sectores de la prensa local vincularon rápidamente con el “fraude chavista” y las “irregularidades” en la implementación del voto electrónico en Brasil.
La oferta de Smartmatic superaba los 203 millones de pesos, pero estaba por debajo de la de su competidora, que ascendía a los 218 millones de pesos.
La Comisión de Evaluación de Ofertas, encargada de evaluar la documentación que cada empresa presentó en la licitación, estuvo integrada por:

  • Roberto Gigante, por el Ministerio de Hacienda.
  • Bruno Screnci Silva, por el Ministerio de Gobierno.
  • Felipe Miguel, por la Jefatura de Gabinete.
  • Eduardo Alberto Macchiavelli, por la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
  • Gustavo Lonegro, por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

MSA ganó la licitación, literalmente, por goleada, pero Smartmatic no se quedó callada:presentó un amparo contra el gobierno porteño por considerar que el pliego y el proceso estuvieron hechos “a la medida” de MSA. El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 11, a cargo de la jueza Ana Paola Cabezas Cescato, rechazó “in limine” el amparo por considerar que el Gobierno “pareciera haber obrado dentro de las posibilidades que el marco normativo le permitía, sin que se vislumbren la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta alegadas” por la firma holandesa.
El sistema de evaluación de la licitación estuvo basado en los puntajes que la Comisión fue otorgando a las empresas en los diversos tópicos. Por ejemplo, MSA goleó a Smartmatic en los antecedentes empresariales: 35 a 15. Allí pesó la valoración sobre los antecedentes específicos de cada compañía en relación al sistema de boleta electrónica. En este punto, la Comisión de Evaluación de apoyó “en la opinión técnica” de la Dirección General Electoral, cuyo informe le otorgó 10 puntos más a MSA que a Smartmatic, ya que esta última sólo acreditaba –según el organismo oficial- una elección a cargos públicos en una ciudad de Ecuador.
La opinión de la Dirección General Electoral también pesó a la hora de definir las características de los sistemas ofertados, y Smartmatic sufrió una quita de puntos ya que los dispositivos presentados “se ajustan al sistema de voto electrónico y no al de boleta única”. A estas quitas se le agregan la falta de CUIT de la firma holandesa en Argentina y la incapacidad de presentar una certificación de stock de bienes de dispositivos electrónicos en el país.
Por su parte, el Grupo MSA se presenta como un holding de capitales “100% nacionales”. Además del ex funcionario de la Cámara Nacional Electoral, el presidente es Sergio Osvaldo Orlando Angelini y el director titular, Gabriel Oscar Serio. Sus mandatos vencen el 23 de octubre de este año.
En la página de la empresa se jactan de estar hace más de quince años “brindando servicios de alto valor agregado en el mercado nacional e internacional”. MSA está conformado por varias empresas, entre las que se destaca el servicio de boleta electrónica, pero también sistemas de software “de administración pública”. De eso se trata “Punto Gob: “Desde principios del año 2000, el gobierno de la Municipalidad de Rafaela y GRUPO MSA han incursionado en la conformación de esta Software Factory bajo el modelo de sociedad anónima, para producir y comercializar software de administración pública”, dice la empresa. De esa experiencia también se destaca la coincidencia de otro empleado municipal devenido miembro de MSA: Germán Gabriel Burcher, ex secretario de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela.

Consejos de un experto

¿Y Sorianello? La pesadilla judicial lo obligó a conseguir un abogado que aportó una onegé. Por consejo del letrado, dejó de hablar con la prensa. Al mismo tiempo, alguien creó un perfil falso (fake) de Twitter con su apodo.
El verdadero es @_joac
El falso le agrega otra “c”.
En Twitter, justamente, comenta que también le recomendaron cortarse el pelo.
Y aconseja:
“Cuando votes, chequeá que lo que votaste en la pantalla sea lo que sale impreso en la boleta. Y luego, revísalo con el lector. Sé tu propio fiscal de mesa”.

Nota

Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el crimen de Lucía Pérez

Publicada

el

El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio.

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político.

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía.

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

Seguir leyendo

lavacaTV

Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

Publicada

el

La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

Seguir leyendo

Nota

Todo se quema, nada se transforma

Publicada

el

Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

PDF Embedder requires a url attribute

Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
Seguir leyendo

LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.