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Boleta electrónica: Oficialismos y empresas, una fórmula ganadora

El informático que reportó fallas en el sistema de boleta electrónica fue perseguido. Los informes en Internet que mostraban códigos del software, censurados. La Justicia Contravencional y la Policía Metropolitana actuaron en tiempo récord para allanar – literalmente- toda duda. La gente, contenta porque el voto resultó rápido. ¿Quién ganó?

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El informático que reportó fallas en el sistema de boleta electrónica fue perseguido. Los informes en Internet que mostraban códigos del software, censurados. La Justicia Contravencional y la Policía Metropolitana actuaron en tiempo récord para allanar – literalmente- toda duda. La gente, contenta porque el voto resultó rápido. ¿Quién ganó?

Boleta electrónica: Oficialismos y empresas, una fórmula ganadora

La auditoría hackeada

En la página oficial de la empresa Magic Software Argentina S.A (MSA), la compañía que obtuvo la licitación en tiempo récord para ejecutar la boleta electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, la imagen principal muestra a una chola tocando la famosa pantalla. El mensaje parece claro: si ella puede, cualquiera puede.
Lo que también quedó claro en la elección porteña es que cuestionar el sistema de boleta electrónica tiene riesgos. Joaquín Sorianello no imaginó qué mecanismo activaba cuando, a diez días de las elecciones, se comunicó con la propia MSA para advertirles que había encontrado fallas en sistema. Según explicó a Télam, el informático denunció la filtración en la web de “los certificados SSL (son los protocolos criptográficos que proporcionan la privacidad de la información en Internet) de las terminales que envían los datos desde las escuelas al centro de cómputos”. Esos datos, especificó, estuvieron publicados en la web por “una deficiente configuración en sus servidores”. ¿Cuál es la gravedad del asunto? Sorianello explicó que se trataba de un “grave y crítico” error de seguridad del sistema, porque permitía a cualquier persona utilizar esos certificados para enviar resultados falsos del escrutinio o, también, transmitir una carga tan grande de datos que el sistema no pueda procesarlos. Un ejemplo: introducir más votos que personas en el padrón.
La auditoría realizada por la Universidad de Buenos Aires sobre los equipos y el software utilizado no había detectado “problemas graves” ni indicios de “inconvenientes insalvables” para que el sistema se implemente en la elección del 26. Sin embargo, el informe detallado del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales manifiesta una crítica de base: “los defectos en la documentación (presentada por la empresa contratada, MSA) representan un punto débil en el software que dificulta no sólo la auditabilidad del mismo, sino también el mantenimiento y evolución”. El informe indica dos vulnerabilidades que el sistema es capaz de sufrir:

  1. La lectura del contenido del chip – antes de ser introducido en la urna- “podría llegar a hacerse a través de un smarthphone” .
  2. Usando una antena especial, “se puede llegar a leer la terminal en el momento en que está grabando el voto sobre el chip”.

La conclusión del informe, entonces, no se corresponde en rigor con los aspectos técnicos (vulnerabilidades) y formales (documentación insuficiente) que señalan los profesionales auditores. Ante estas deficiencias, la auditoría se sale de su control técnico y llama a extremar los controles para la boleta electrónica: “los principales custodios de los comicios siguen siendo las autoridades de mesa y los delegados del Tribunal, como los fiscales de las agrupaciones políticas y los mismos electores”.
Según un informe de Poder Ciudadano sobre la elección con este sistema en la ciudad de Salta, ocurre en la práctica exactamente lo contrario: “En escasas oportunidades los electores verifican que el chip de la boleta contenga la misma información que está impresa, y, a su vez, los fiscales no exigen a la autoridad de mesa que ésta muestre la impresión de cada BUE, priorizando la velocidad a la transparencia.
¿Entonces?

Boleta electrónica: Oficialismos y empresas, una fórmula ganadora

Joaquín Sorianello

La democracia privatizada

Dos días antes de las elecciones porteñas, la división de delitos informáticos de la Policía Metropolitana allanó la casa de Joaquín Sorianello por orden de la jueza María Luisa Escrich, del Juzgado N°20 del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas. La denuncia la activó la propia empresa MSA, a quien Sorianello había llamado para advertir los errores. ¿Por qué una jueza contravencioal y una policía municipal ejecutaban un allanamiento? La excusa que manifestó el candidato del oficialismo porteño fue el temor a un posible “hackeo”.
Sorianello estaba en Bariloche y se enteró del allanamiento a través de un tío. Cuenta que secuestraron el disco externo y cualquier elemento que pudiera almacenar información. «No soy un hacker. Soy un programador preocupado porque no nos roben la democracia», dice Sorianello en conversación telefónica con lavaca. Cuenta: “El jueves pasado vi un tuit que mostraba la contraseña del sistema del voto electrónico. Entré y era posta. Hice público eso. Lo que difundí es que cualquier persona podía acceder a las terminales de recuento de votos. Es un sistema que pone en peligro a la democracia y sentí el deber de compartir la información que tenía. Soy parte del movimiento de libre conocimiento. Nuestra ética es compartir información. Y si la democracia está en peligro, lo decimos”.
Diego Saravia – ingeniero, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y uno de los mayores expertos de Argentina, además de candidato a diputado en su provincia por el FPV- explica la parte técnica de este descubrimiento: “Lo que se descubrió fue la posibilidad de grabar  boletas con muchos votos para un candidato. Si bien lo descripto sería detectable por un observador atento, nada le impide a la empresa activar una rutina que rectifique las inconsistencias y logre certificados de escrutinios perfectos”. ¿Qué significa esto? Que el sistema es poco vulnerable para un agente externo, pero muy manipulable por la propia empresa: “Lo que se descubrió – la posibilidad de grabar boletas con muchas votos para un candidato- es la última gota que confirma esa hipótesis. Lo grave del descubrimiento es que se reveló que las auditorías efectuadas fueron inefectivas. Y si la auditoría no es eficaz, no hay nada que impida a la empresa hacer fraude. En definitiva, nada le impide a la empresa definir a un ganador”.
Diego Saravia fue una de las personas que denunció las irregularidades del sistema de boleta electrónica durante las PASO en Salta, y que por ello tuvo un round directo con el titular de MSA en Argentina, Nicolás Deane. Otro dato de escándalo es que el titular de MSA, Nicolás Deane, cuya empresa tiene el monopolio del voto electrónico en el país (acaba de ganar la licitación para implementar el sistema en Resistencia), fue Secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral hasta al menos el 2011 (https://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184578/norma.htm).

Boleta electrónica: Oficialismos y empresas, una fórmula ganadora

Diego Saravia

El round salteño

En las elecciones salteñas de este año, la empresa MSA reconoció que tuvieron que reemplazar 299 máquinas que presentaron fallas. Saravia, por su parte, demostró otra más: a modo de fiscalización informática, con conocimiento del presidente de mesa, logró poner (junto a otras personas) a la máquina en la cual las personas debían votar en modo de mantenimiento para demostrar la debilidad del sistema de MSA.
En el antecedente salteño el sistema fue contratado por el gobernador Juan Manuel Urtubey (144 millones) y los primeros en denunciar irregularidades fueron los candidatos del PRO. El problema, entonces, no parece tener color político, sino estar atado al control del oficialismo. Los abogados del Frente de Romero y Olmedo denunciaron, sin embargo, a la empresa: “La empresa MSA eludió el control de la autoridad electoral y de los fiscales informáticos designados por cada partido o frente participante en los reemplazos; se observó manipulación de los DVD sin control alguno de las autoridades electorales y no se dispuso vigilancia a los efectos de evitar tales reemplazos arbitrarios y discrecionales».
Saravia se hace otras preguntas más allá de la coyuntura: “¿Para qué sirve esto? No veo que este sistema aporte nada nuevo ni amplíe la capacidad de decidir de los electores. Lo único destacable es la velocidad del escrutinio provisorio. Dicho esto, ¿hay otras formas de hacer voto electrónico? Sí, y mejores. Para empezar, el sistema debe ser transparente: eso implica publicar el código fuente y no allanar a quien lo investiga”.
En una entrevista con El Intransigente, Nicolás Deane, contesta las críticas a Saravia con una respuesta particular: “Desde que trabajamos en Salta, él dice que quiere ver el código fuente. Quiere que lo publiquemos en Internet y que él y toda la comunidad puedan verlo. Esto es algo ideológico que genera más problemas de los que supera con este tipo de información”.
Deane sostiene que “los informáticos” confunden urna electrónica (que tienen memoria y un router interno que contabiliza votos) con boleta electrónica. “El dato no se guarda en la máquina sino en la boleta, en el mismo soporte físico y el chip. Eso se carga en la máquina con dvds que se queman frente a todos los partidos políticos. Pero antes de grabar, no solamente tienen la posibilidad de revisarlo, sino que también se verifica”, defiende.
A Saravia no le cierran las explicaciones públicas de Deane, y se remite a los hechos: afirma que Sorianello demostró la verdadera cara del negocio. Propone dos opciones. Una: “La empresa actúa de mala fe”. Dos: “La empresa es tan incapaz que es extraño que el sistema funcione correctamente”. ¿Dos más dos es cuatro? Su conclusión: “La única opción que queda es que esos agujeros están ahí a propósito”.

Tomala vos, dámela a mí

La preadjudicación de MSA (Magic Software Argentina S.A )no llevó ni un mes. Según consta en el propio Boletín Oficial porteño, la licitación se abrió el 14 de enero, la apertura de sobres con las dos empresas oferentes se realizó dos semanas después (28 de enero a las 15 horas) y el 4 de febrero la Comisión de Evaluación de Ofertas ya tenía la conclusión de “que la oferta más conveniente para la adjudicación correspondiente” era la de MSA.
La Ciudad lo oficializó el 20 de febrero a través de un decreto donde se comprometía a desembolsar 216 millones de pesos por los servicios de MSA para las PASO, las elecciones generales y, también, para una eventual segunda vuelta (bingo: con el ballotage factura 12 millones de pesos más). Como, finalmente, el sistema no fue utilizado en las primarias, el Gobierno renegoció las pautas con la empresa de cara a lo que venía: Magic Software Argentina cerró en 151 millones de pesos por un escrutinio provisorio y otro tipo de servicios (instalación de máquinas para la capacitación de la población y personal, además de la infraestructura tecnológica) para las elecciones generales.
Las cuentas realizadas por el diario contrainformativo Clarín establecen que la implementación del voto costó 6 veces más que la antigua modalidad de boletas impresas y que por cada votante, el gobierno gastó 60,4 pesos.
La otra empresa que se presentó a la licitación fue Smartmatic Internacional Holding B.V, una compañía holandesa con sucursales distribuidas por todo el mundo, a la que ciertos sectores de la prensa local vincularon rápidamente con el “fraude chavista” y las “irregularidades” en la implementación del voto electrónico en Brasil.
La oferta de Smartmatic superaba los 203 millones de pesos, pero estaba por debajo de la de su competidora, que ascendía a los 218 millones de pesos.
La Comisión de Evaluación de Ofertas, encargada de evaluar la documentación que cada empresa presentó en la licitación, estuvo integrada por:

  • Roberto Gigante, por el Ministerio de Hacienda.
  • Bruno Screnci Silva, por el Ministerio de Gobierno.
  • Felipe Miguel, por la Jefatura de Gabinete.
  • Eduardo Alberto Macchiavelli, por la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
  • Gustavo Lonegro, por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

MSA ganó la licitación, literalmente, por goleada, pero Smartmatic no se quedó callada:presentó un amparo contra el gobierno porteño por considerar que el pliego y el proceso estuvieron hechos “a la medida” de MSA. El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 11, a cargo de la jueza Ana Paola Cabezas Cescato, rechazó “in limine” el amparo por considerar que el Gobierno “pareciera haber obrado dentro de las posibilidades que el marco normativo le permitía, sin que se vislumbren la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta alegadas” por la firma holandesa.
El sistema de evaluación de la licitación estuvo basado en los puntajes que la Comisión fue otorgando a las empresas en los diversos tópicos. Por ejemplo, MSA goleó a Smartmatic en los antecedentes empresariales: 35 a 15. Allí pesó la valoración sobre los antecedentes específicos de cada compañía en relación al sistema de boleta electrónica. En este punto, la Comisión de Evaluación de apoyó “en la opinión técnica” de la Dirección General Electoral, cuyo informe le otorgó 10 puntos más a MSA que a Smartmatic, ya que esta última sólo acreditaba –según el organismo oficial- una elección a cargos públicos en una ciudad de Ecuador.
La opinión de la Dirección General Electoral también pesó a la hora de definir las características de los sistemas ofertados, y Smartmatic sufrió una quita de puntos ya que los dispositivos presentados “se ajustan al sistema de voto electrónico y no al de boleta única”. A estas quitas se le agregan la falta de CUIT de la firma holandesa en Argentina y la incapacidad de presentar una certificación de stock de bienes de dispositivos electrónicos en el país.
Por su parte, el Grupo MSA se presenta como un holding de capitales “100% nacionales”. Además del ex funcionario de la Cámara Nacional Electoral, el presidente es Sergio Osvaldo Orlando Angelini y el director titular, Gabriel Oscar Serio. Sus mandatos vencen el 23 de octubre de este año.
En la página de la empresa se jactan de estar hace más de quince años “brindando servicios de alto valor agregado en el mercado nacional e internacional”. MSA está conformado por varias empresas, entre las que se destaca el servicio de boleta electrónica, pero también sistemas de software “de administración pública”. De eso se trata “Punto Gob: “Desde principios del año 2000, el gobierno de la Municipalidad de Rafaela y GRUPO MSA han incursionado en la conformación de esta Software Factory bajo el modelo de sociedad anónima, para producir y comercializar software de administración pública”, dice la empresa. De esa experiencia también se destaca la coincidencia de otro empleado municipal devenido miembro de MSA: Germán Gabriel Burcher, ex secretario de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela.

Consejos de un experto

¿Y Sorianello? La pesadilla judicial lo obligó a conseguir un abogado que aportó una onegé. Por consejo del letrado, dejó de hablar con la prensa. Al mismo tiempo, alguien creó un perfil falso (fake) de Twitter con su apodo.
El verdadero es @_joac
El falso le agrega otra “c”.
En Twitter, justamente, comenta que también le recomendaron cortarse el pelo.
Y aconseja:
“Cuando votes, chequeá que lo que votaste en la pantalla sea lo que sale impreso en la boleta. Y luego, revísalo con el lector. Sé tu propio fiscal de mesa”.

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Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

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Mario Mainardi (en la foto tomada hoy), uno de los principales sospechosos por el femicidio de Cecilia Basaldúa cometido en Capilla del Monte, Córdoba, hace poco más de 5 años, finalmente fue citado por la fiscalía de Cruz del Eje para realizarle este martes una extracción de sangre. La abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, se enteró apenas un día antes de esta citación a Mainardi. El sospechoso (actualmente vive en Santa Fe) había sido encargado de alojar a Cecilia en Capilla, y fue la última persona que la vio con vida, el 5 de abril de 2020. Sobre su presencia hoy en Cruz del Eje, contó la abogada: “Sacó fotos a todo el edificio, selfis con tribunales de fondo y salió custodiado con personal de la policía de Córdoba. Se subió a un móvil y se fue”.

Las irregularidades y desinformación o manipulación en la causa han sido frecuentes en perjuicio de la familia y sus defensores (además de Pavón, el abogado Gerardo Batistón es querellante en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). También ha significado un ocultamiento a la prensa. Audiencias para las que los testigos no eran notificados, falsos argumentos policiales para explicar su propia inoperancia, demoras incomprensibles en la causa, todos temas por los que hay iniciada una denuncia de la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Dirección de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad. Además se solicitó a la Fiscalía de Cruz del Eje que la policía de Capilla del Monte, ya no sea la que realiza las notificaciones.

Queda pendiente ahora la información que se brinde a la sociedad sobre este trámite, que permitió ver a un sospechoso clave que nunca dio la cara. La causa ha sido siempre un laberinto sacudido en todo caso por numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad. Aquí publicamos la crónica de lo ocurrido hace menos de un mes, al cumplirse 5 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Basaldúa.

Fotos y crónica de María Eugenia Marengo para cdmnoticias.com.ar

25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..

Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.

      – Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.

Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.

–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.

Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.

La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:

Adrián Lúquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género.  Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.

El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.

Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.

Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como  granaderos.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado  notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón  se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso
Susana, Daniel y Daniela Pavón

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar  que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.

 El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.

La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?

Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.

La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el  centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:

 “Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación  y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.

Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.


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Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día. 

La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán. 

En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.

En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas. 

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En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica. 

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En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

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Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.

En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

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Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.

Más información en www.observatorioluciaperez.org

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