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Del No a la humillación: Grecia analizada por Raúl Zibechi

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hace 8 años

20/07/2015

Luego de ganar un referéndum de forma abrumadora, el primer ministro Alexis Tsipras firmó un acuerdo humillante. Treinta y ocho de sus diputados no lo votaron, entre ellos el ex ministro de Finanzas Yanis Varoufakis, así como la presidenta del parlamento. Varios altos cargos renunciaron. Tsipras dice que no cree en el acuerdo que firmó, en el que tampoco creen Francia y el FMI, porque no va a sacar a Grecia de la crisis y va a profundizar la pobreza.

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Las preguntas se apilan. El corresponsal de Publico.es en Atenas Alberto Sicilia asegura (martes 14) que “Tsipras jugó fuerte en la negociación”, pero que el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, “vio el órdago y les abrió a los griegos la puerta para irse del euro”. Ante el jaque alemán, “Tsipras no llevaba cartas”, porque, según dijo, “una Grexit (salida del euro) no planificada habría sido terrible para las clases medias y bajas. Y no teníamos plan B porque siempre hemos querido el euro”. Es posible que sea la explicación más aproximada de los motivos que llevaron al gobierno griego a firmar un acuerdo que el semanario alemán Der Spiegel (domingo 12), difícilmente calificable de izquierdista, definió como “un catálogo de atrocidades” que Tsipras “se vio obligado a firmar con una pistola en la sien”. Lo mismo sostuvo incluso la biblia de las finanzas, el Financial Times, uno de cuyos editorialistas habló de “acuerdo versallesco” para graficar el grado de sumisión al que fue sometida Grecia, similar al armisticio firmado por Alemania al fin de la Primera Guerra Mundial.
Si fuera así, hay dos preguntas que necesitan ser respondidas. ¿No previó Tsipras que firmar significaba la división de su partido y la pérdida de legitimidad de su gobierno? ¿Cómo es posible que el Ejecutivo, luego de cinco meses de negociaciones en las cuales quedó clara la intransigencia alemana, no tuviera un plan B al de la troika?
Culpar a Alemania de lo sucedido, algo que toda la izquierda y parte del resto del espectro político está vociferando, aunque libera de frustraciones tiene escasa utilidad y, sobre todo, permite esconder durante un tiempo las propias inconsistencias. Porque de eso se trató en esta historia: de una fuerza política que llegó a dirimir instancias de gran trascendencia (geo)política sin la suficiente capacidad. O se pecó de ingenuidad o se fue completamente irresponsable. Quizá una combinación de ambas.

Lo firmado

El domingo 12 el gobierno griego aceptó un documento de siete páginas que contiene tres partes. La primera son medidas para “restaurar la confianza” del Eurogrupo (ministros de Finanzas de la UE) en Grecia, que se tenían que aprobar el miércoles 15. Incluyen el aumento del IVA, garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de las pensiones mediante una reducción drástica de su monto, independencia de la oficina de estadística y controles a la evasión tributaria.
La segunda parte contiene propuestas que se deben implementar antes del 22 de julio. Se trata de reformar el Código Civil y adoptar las normas de la Unión Europea para rescatar bancos. Además, Grecia se compromete a establecer un calendario para el recorte de las pensiones con cláusula de déficit cero, la reforma del mercado interior para que sea “más competitivo” (liberalizando sectores como medicamentos, lácteos y panaderías, aperturas de tiendas en domingos, entre otros), privatizaciones (energía, puertos, aeropuertos, empresa de telecomunicaciones), reforma del mercado laboral mediante la “revisión y modernización de la negociación colectiva y la acción sindical” facilitando los despidos, y finalmente una fuerte reforma del sistema financiero y bancario.
Pero es la tercera parte del acuerdo la que resulta más irritante. Para asegurar que se llevará a cabo el agresivo programa de privatizaciones, el gobierno griego transferirá activos de su propiedad a un fondo independiente que garantizará el pago del nuevo préstamo. Con esas privatizaciones los líderes europeos esperan recaudar 50.000 millones de euros, de los cuales 25 mil millones se utilizarán para pagar la recapitalización bancaria, otros 12.500 millones para pagar la deuda y los 12.500 millones restantes serán utilizados para inversión en el país. En ese fondo estarán incluidos el sector energético, transportes y telecomunicaciones, cuyas empresas serán muy probablemente adquiridas, y a muy buen precio para los compradores, por trasnacionales provenientes de los países acreedores.
Además, el gobierno griego deberá consultar con la troika cualquier borrador de nueva legislación antes de enviarla al parlamento y se compromete a retirar o enmendar toda la legislación introducida a partir del 20 de febrero que fuera contraria al anterior acuerdo, como la reapertura de la tevé estatal y la recontratación de funcionarios públicos despedidos por gobiernos anteriores.
Si se aprueban todas estas reformas, consideradas como “requisitos mínimos”, recién ahí la troika comenzaría a discutir el tercer “rescate” de 82.000 millones de euros durante tres años.
En el último párrafo del documento figura la propuesta del ministro alemán de sacar a Grecia del euro. “Si no se llega a ningún acuerdo se ofrecerá a Grecia negociaciones rápidas para una salida de la zona euro, con una posible reestructuración de la deuda” (Der Spiegel, 12-VII-15).
El ministro griego de Defensa, Panos Kamenos, aseguró que se produjo un intento de derrocar a Tsipras. “Fue amenazado con el colapso de los bancos y el recorte completo de los depósitos” (Russia Today, 14-VII-15).

Alexis Tsipras, primer ministro y líder de Syriza

El después

En los hechos, se trata de una completa cesión de soberanía que permite que los acreedores aprueben leyes clave antes de llevarlas a consulta pública o al parlamento. Tsipras debía saber que este acuerdo tendría graves consecuencias.
La primera es la fractura de su partido y, en menor medida, de su gobierno. La mayoría absoluta del comité central de Syriza (109 en 201) rechazó el acuerdo y difundió un texto muy duro: “El 12 de julio se produjo en Bruselas un golpe de Estado que demostró que el objetivo del liderazgo europeo es la aniquilación para dar ejemplo de un pueblo que buscaba otro camino a seguir más allá del modelo neoliberal de austeridad extrema”. Algunos altos cargos del gobierno presentaron renuncia.
En el parlamento las cosas tampoco marcharon bien. Ganó el acuerdo con 219 votos a favor, 64 en contra y seis abstenciones. El Ejecutivo recibió el apoyo de la oposición de derecha, en particular de Nueva Democracia, del ex primer ministro Antonis Samarás, y de los socialistas. Un número para nada despreciable de 38 diputados de Syriza se desmarcaron del gobierno. Por lo tanto, en adelante Tsipras puede tener que gobernar con el apoyo de sus adversarios en un eventual gobierno de coalición, sobre todo para aprobar el resto del paquete impuesto por Bruselas.
Una parte importante de la sociedad, incluyendo destacadas voces de su partido, le mostraron a Tsipras que sí había alternativas. Por un lado, las varias que elaboraron sus ministros y que el primer ministro desechó. Varoufakis, por ejemplo, propuso un plan ante la eventualidad del cierre de los bancos griegos por la troika: “Deberíamos haber puesto en circulación nuestros propios pagarés, anunciar que íbamos a crear nuestra propia liquidez denominada en euros; deberíamos haber tomado el control del Banco de Grecia” (Eldiario.es, 13-VII-15).
Por otro lado, Tsipras ni siquiera se prestó a debatir seriamente la alternativa de salir del euro. No alcanzaba con decir que sería peor, tenía que abrir un debate real sobre las consecuencias y los modos posibles para enfrentarla, le reclamó la mayoría de la dirección de su partido.
No hubiera sido fácil, claro, una Grexit. Según la economista estadounidense Carmen Reinhart, ex funcionaria del FMI y especialista en las “crisis de deuda”, la salida de una unión monetaria no es tan común como la salida de políticas monetarias de cambio fijo. Desde 1982 hubo cinco casos: Argentina en 2002 y en 1989, Perú en 1985, Bolivia en 1982 y México en 1982, en los que las economías estaban dolarizadas y convirtieron de forma forzosa los depósitos en dólares a la moneda local.
Si Grecia saliera del euro, asegura Reinhart, el resultado sería similar. Los depósitos se convertirían en dracmas (u otra moneda) sufriendo una drástica devaluación. “Se colapsaría la confianza en el sistema y habría un dramático aumento de las deudas privadas y públicas. El sector privado haría un impago de su deuda y la mitad de los créditos del país no serían pagados, y si se incluyen las tarjetas de crédito sería incluso mayor. Los ciudadanos dejarían de pagar impuestos y habría una acumulación de euros u otras monedas” (Bloomberg, 9-VII-15). Las consecuencias serían muy duras. “Si se produce la salida del euro, y sigue la conversión forzada de los depósitos, el retroceso de la economía de Grecia es probable que sea de larga duración.”
Al parecer, incluso los griegos opuestos al acuerdo firmado por Tsipras eluden la salida del euro. Varoufakis señala que el caso argentino es bien diferente al griego en tres aspectos. Tras el default, el PBI argentino creció desde 2003 a 2008 a un promedio del 8 por ciento anual, impulsado por las exportaciones de soja. Pero “los griegos no disponen ni de soja ni de ningún producto agrícola que se pudiera exportar en semejante escala”. Además, si Grecia saliera del euro “tardaría meses en introducir una nueva moneda y un régimen cambiario”. Por último, “el impacto que les generó Argentina a sus socios comerciales al salir de la convertibilidad no fue significativo mientras que Grecia, al salir del euro, perdería subsidios a la agricultura, fondos para el desarrollo y en general la cooperación económica con otros países europeos empeoraría” (Russia Today, 14-VII-15).
Llegados a este punto, sólo cabía resignar la soberanía o apostar por la dignidad nacional, ya que el retroceso económico está garantizado en cualquier caso. Es cierto que la presión de casi tres semanas de corralito debe sentirse con fuerza en una sociedad ya empobrecida. Conviene recordar, no obstante, que no es fácil echar a un país del euro y que aun estando fuera de la eurozona se puede utilizar el euro, según lo recuerda el belga Eric Toussaint, presidente del comité de auditoría de la deuda griega.
Legalmente Grecia no puede ser expulsada de la zona euro ni por las instituciones europeas ni por un grupo de países. Puede incluso salir de la UE y seguir utilizando la moneda, aunque ya no emitirla. Sería un caso similar a los de Panamá y Ecuador, que usan el dólar, o de Montenegro y Kosovo, que usan el euro.
Sin embargo, ahora Grecia tampoco tiene soberanía completa sobre el euro, como sí la tienen los demás países de la Unión. Los bancos centrales de cada país sólo pueden emitir la cantidad de euros que les permite el Banco Central Europeo (BCE). El Banco Central griego tiene congelada la cantidad de euros que puede emitir, y el BCE no está dando liquidez a los bancos griegos porque está en desacuerdo con la política fiscal del gobierno (Forbes, 3-VII-15).

Yanis Varoufakis, renunciante ministro de Economía

Fin de época

Buena cantidad de analistas, incluido el gobierno alemán, o en todo caso su ministro de Finanzas, estiman que la salida de Grecia del euro es sólo cuestión de tiempo. Es una decisión política, no económica, dicen. Y ya fue tomada tiempo atrás. El 4 de febrero, apenas nueve días después de que Tsipras asumiera como primer ministro y se plantara firme ante sus acreedores, el BCE le cortó los grifos, “ante las serias dificultades para cerrar con éxito el rescate” (El País, 4-II-15).
Antes de llegar a esa situación, que motivó titulares como “El BCE pone a Grecia contra las cuerdas”, el entonces flamante primer ministro emprendió una gira europea para cosechar apoyos. Luego de reunirse con los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, del Consejo Europeo, Donald Tusk, y del Parlamento, Martin Schulz, “se llevó de las tres instituciones un sabor amargo, y sobre todo un tono duro acerca de sus posibilidades en la negociación que ya ha empezado sobre el futuro de Grecia”. Varoufakis llegó a contar en estos días que desde su primera reunión con “las instituciones”, en particular con su par alemán, tuvo claro que los “socios” querían a la díscola Grecia fuera.
Eso sucedió hace cinco meses. Durante 150 días se estuvo negociando el rescate, sin el menor resultado. ¿Pensaba Tsipras que el 62 por ciento de apoyo al No en el referendo podía ablandar al sistema financiero? Todas las propuestas que hizo a la troika el primer ministro fueron recibidas con absoluta indiferencia. Peor: a cada concesión de Atenas llovían nuevas exigencias. Pero Tsipras no cambió de línea. Incluso Varoufakis participaba de la ilusión de convencer a sus interlocutores. Hasta que se convenció de lo contrario. “Desafortunadamente las instituciones y nuestros socios europeos han perdido la oportunidad que brindamos: mirar las negociaciones como una deliberación entre socios. Lo convirtieron en una guerra contra nosotros” (Der Tagesspiegel, 9-VI-15).
Todo indica que Grecia y también Europa ingresan en un nuevo período de su historia. El relato sobre la “Europa de los pueblos” fue demolido por Bruselas y Berlín. Se está ante el fin del Estado del bienestar, pero también ante una crisis de la democracia representativa, ya que las mayorías se quedan sin voz. Las izquierdas –incluso las nuevas, como Syriza y probablemente sea el caso del Podemos español– han mostrado una carencia poco creíble de estrategias alternativas. De ahora en adelante les costará mucho volver a convencer de que representan el cambio.

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El Grito Pelado: Genealogías

Boleta electrónica: Oficialismos y empresas, una fórmula ganadora

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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hace 1 hora

02/02/2023

El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo.

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata. Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.

Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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hace 1 día

01/02/2023

La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Todo se quema, nada se transforma

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hace 3 días

30/01/2023

Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios.

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos:

De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”.
Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”.

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”.

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”.

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”.

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”.

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos.

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema.

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas.

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción.

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política.

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron.

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar.

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”.

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises.

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática.
Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios.
Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales.
Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro.
Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena.
Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución».