Nota
Carajás: treinta años es demasiado
El Proyecto Carajás iniciado durante la dictadura militar cumple tres décadas y ha convertido a Brasil en potencia minera. Movimientos sociales e instituciones eclesiales y de derechos humanos evalúan los impactos cuando la empresa Vale, la segunda minera del mundo, se apresta a duplicar la producción de hierro en los próximos años. Por Raúl Zibechi.
“Es como un viaje en el tiempo”, explica Santiago Machado Aráoz, activista contra la mina de Andalgalá, en Catamarca, cuando se le pregunta sobre la realidad en Piquiá, barrio industrial de Açailandia contaminado por las siderurgias que procesan arrabio a partir del mineral de hierro de Carajás. “Calles empedradas, casas sencillas de madera, el paso ruidoso del tren y el polvo de hierro permanente, forman un paisaje gris de día y de humo rojizo de noche, porque trabajan las 24 horas”.
Santiago fue uno de los centenares de participantes del “Seminario Internacional Carajás 30 Años”, organizado en São Luis, la capital de Maranhão, el estado más pobre de Brasil, por una alianza entre el Movimiento Sin Tierra (MST), la Red Justiça Nos Trilhos (Justicia en las Vías) iniciativa de los Misioneros Combonianos, el Foro Carajás, Cáritas y el Grupo de Estudios de Desarrollo, Modernidad y Medio Ambiente de la Universidad Federal de Maranhão.
El Seminario se realizó entre el 5 y el 9 de mayo con la participación de unas mil personas de varios estados de Brasil y de una decena de países donde hay actividades mineras. Destacaron las ponencias de representantes de organizaciones contra la minería de Argentina, Chile, Perú, México y Colombia, así como activistas de Canadá y Alemania. Se presentó el film del cineasta maranhense Murilo Santos, “La pelea del pueblo contra el dragón de hierro”.
Las críticas al Proyecto Gran Carajás, iniciado en 1982 por la dictadura militar, están focalizadas en la contaminación de las acerías de Piquiá y los daños que provoca el tren que atraviesa más de cien poblados, considerado el mayor emprendimiento ferroviario minero del mundo. A diferencia de lo que sucede ante otros emprendimientos mineros, los daños sociales son destacados por encima incluso de los ambientales, aún tratándose de la selva amazónica, ecosistema sensible y frágil.
Destacó la presencia de afectados por la Vale, campesinos, indígenas y habitantes de pueblos contaminados como Piquiá y Açailandia. La semana culminó con una manifestación desde la universidad hasta el palacio de gobierno en el centro histórico, donde se escucharon fuertes críticas a la gobernadora Roseane Sarney, integrante de una oligarquía local que dispone del estado desde hace muchas décadas.
Un proyecto imperial
Fue un geólogo de la United States Steel quien descubrió en 1962 el área mineral más rica del planeta y la mayor reserva de hierro del mundo. Se trata de de una superficie de 900 mil kilómetros cuadrados, el 10 por ciento de la superficie del país, por la que fluyen los ríos amazónicos Tocantins, Araguaia y Xingú. El Estado brasileño entró en disputa con la multinacional estadounidense para asegurar que las riquezas quedaran en el país. Para eso, la Compañía Vale do Rio Doce, la minera estatal fundada en 1942 por el gobierno de Getúlio Vargas, pagó una enorme suma a la United States Steel para asegurarse el monopolio de la minería.
Siete décadas después, la Vale es la segunda minera del mundo, emplea 120 mil personas, factura 60 mil millones de dólares anuales, opera en veinte países y está entre las veinte mayores empresas del mundo. Sólo en Brasil tiene 10 mil kilómetros de vías férreas y nueve puertos propios por los que exporta mineral de hierro con destino a Asia, en particular hacia China, país con el que tiene una estrecha relación. Ella sola consume el 5 por ciento de la energía que produce el país.
Fue privatizada en 1997, en un polémico proceso, por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Aunque formalmente es una empresa privada, el Estado tiene una “acción de oro” por la cual puede bloquear decisiones. El Consejo de Administración está controlado por Valepar SA, donde el fondo de pensiones Previ (de los empleados del estatal Banco do Brasil) tiene el 53 por ciento del capital con derecho a voto y el BNDES tiene otro diez por ciento. Eso le permite al gobierno influir, de modo directo o a través de los sindicatos, en la elección del presidente de la multinacional y en la orientación de sus inversiones.
La joya de la Vale es el Proyecto Carajás. Se trata del mineral de hierro con mayor grado de pureza del mundo, en tanta cantidad que puede extraerse durante 250 años al ritmo actual. Es un complejo que incluye la mina, una vía férrea de 900 kilómetros y un puerto de São Luis. Para abastecer de energía a la mina de Carajás, y a otros proyectos de aluminio de la región amazónica, fue necesario construir la usina hidroeléctrica de Tucuruí, con una capacidad de 8.300 megavatios.
De la mina de Carajás se extraen alrededor de 75 millones de toneladas de hierro cada año de las 100 millones que exporta la empresa. Las perforadoras sacan el mineral que es levantado por las excavadoras hasta camiones capaces de cargas hasta 400 toneladas. De allí a las usinas que trituran el mineral hasta llegar por una red de cintas transportadoras hasta los vagones. El tren minero tiene 330 vagones, cuatro locomotoras y un largo de casi cuatro kilómetros. En el puerto lo esperan los Valemax, cargueros de hasta 400 mil toneladas y 360 metros de largo construidos especialmente para transportar hierro. Vale encargó 35 mega-barcos.
Zonas de sacrificio
“La presencia de la empresa se naturalizó y ya no hay forma de pensar en sacarla. El tren tiene una presencia continua y distorsiona la vida cotidiana”, explica Santiago. Lo peor, empero, son las siderurgias, cinco en Açailandia, dos de ellas en Piquiá. Con apenas 380 familias, el pueblo enclavado en la zona industrias no tiene la fuerza suficiente para reclamar, aunque en diciembre de 2011 varios cientos cortaron la vía del tren con apoyo de los sin tierra y los curas.
“Al rato de estar me empezó a picar la cara y los brazos. Es el polvo de acero. La empresa no tiene un botadero ni una escombrera sino que la van tirando por ahí”. Santiago hace números: visitó tres casas, en una había una chica de 15 años con malformaciones, en la segunda una mujer de 32 años había muerto de cáncer y e la tercera vivía una persona con cáncer de pulmón.
Joselina, una mujer elegante de unos 40 años que hace posgrado en São Luis pero toda su familia está en Piquiá, no puede ocultar su tristeza por la muerte de su primo pequeño, de diez años, quemado cuando cayó en los desechos candentes de las acerías. “Piquiá está rodeada de acerías, cementeras y el tren de la Vale, y por los caminos pasan todo el tiempo camiones que llevan hierro y carbón a la siderurgias”.
“Es tanta la opresión que lo único que quiere la gente es irse”, vuelve Santiago. Las empresas compraron un predio para los pobladores para que puedan trasladarse a un lugar menos inhóspito y contaminado, y el año pasado el Ministerio de las Ciudades aprobó el proyecto urbanístico y habitacional para que puedan reinsertarse. Los problemas seguirán a lo largo de los 900 kilómetros de la vía férrea que la Vale proyecta duplicar en pocos años para aumentar las exportaciones: el objetivo es pasar de 100 a los 230 millones de toneladas de mineral de hierro.
Cada vez que el tren se para, forma un muro de cuatro kilómetros que los vecinos no pueden atravesar. Tal vez por eso Santiago compara Açailandia con Macondo: “Supera la ficción, hay peces muertos en todos los ríos, todo se reduce a blanco o negro porque el polvo de hierro le quita el color a la gente y a las plantas”. Una imagen que se refuerza cada vez que el tren se detiene en un pueblo y cientos de personas se abalanzan para vender cualquier cosa y sacar algunos reales.
La peor empresa del mundo
El padre comboniano Dario Bossi, que coordina la red Justiça nos Trilhos y vive en Piquiá, hace su síntesis: “En treinta años la explotación de hierro deja deforestación, trabajo esclavo, migraciones y discontinuidades en el proceso de identificación de las comunidades con sus territorios, conflictos por la tierra, contaminación, desorganización urbana y violencia por el intenso éxodo en busca de trabajo, siendo los más afectados los indígenas y los afrodescendientes”.
“Décadas atrás llegaron hasta Maranhão caravanas de pobres del nordeste, mano de obra barata para los grandes proyectos de desarrollo y el latifundio extensivo”, dice Bossi . El crecimiento de los municipios más cercanos a la mina es geométrico. Marabá tenía 14 mil habitantes en 1960; hoy llega a 250 mil. Parauapebas, donde comienza la ferrovía, tenía 20 mil en 1980 cuando comenzó el proyecto Carajás; hoy roza los 200 mil. Migración intensa, pobreza y violencia van de la mano.
Bossi recuerda que “el desempleo es superior en los municipios atravesados por la ferrovía y 21 de los 27 municipios que los recorre tienen un índice de desarrollo humano menor que las media del estado de Maranhão”.
Las palabras pobreza, dictadura y colonialismo se repitan una y otra vez en el seminario sobre la Vale. En 2011 recibió el “premio” a la peor empresa del mundo. El galardón lo otorga anualmente Public Eyes People´s (Ojos del Pueblo) creada por las ONG Greenpeace y Declaración de Berna, y le fue concedido a Vale por su “historia de 70 años manchada pro repetidas violaciones de os derechos humanos, condiciones inhumanas de trabajo, pillaje del patrimonio público y explotación cruel de la naturaleza” . La Vale superó ese año incluso la votación obtenida por la mayor empresa de electricidad de Japón, Tepco, responsable ese mismo año del desastre de Fukushima.
En Brasil está en debate un nuevo código de minería que deberá regir la actividad hasta 2030. Hasta el momento la única concesión del Plan Nacional de Minería es un aumento de los royalties. Como señala el padre Bossi, “el proyecto ha sido decidido desde arriba, sin interlocución con las comunidades y sin un plan de integrado de gestión socio-económica-ambiental, y está al servicio exclusivo de la minería y la siderurgia” .
El Comité Nacional en Defensa de los Territorios Frente a la Minería, integrado por once movimientos y organizaciones, emitió un comunicado en el que señala que existe conflicto de intereses en el caso del diputado Leonardo Quintão (del PMDB), relator del código minero a votarse en la cámara, ya que el 20% de su campaña fue financiada por las empresas mineras.
Las grandes empresas suelen financiar las campañas de los partidos. Para las elecciones presidenciales de 2010, sólo la Vale donó 30 millones de reales a los partidos (unos 15 millones de dólares). El que recibió más donaciones fue el oficialista Partido de Trabajadores con 10 millones de reales (5 millones de dólares).
Oligarquía y Estado
Los doce obispos y el arzobispo de la regional Nordeste de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, emitieron una carta pastoral en febrero de 2011 con motivo de la reunión anual celebrada en el sur de Maranhão. “La historia de Maranhão, de Brasil, ha sido marcada por la apropiación por parte de pequeños grupos, mediante influencias políticas y corrupción activa de aquello que pertenece a todos” .
Aunque los obispos no mencionan la palabra oligarquía, la descripción se refiere a la familia Sarney que gobierna el estado desde hace medio siglo. “No podemos dejar que el Estado continúe colocando su estructura al servicio casi exclusivo de los grandes exportadores de minerales, de soja, de jugos y carnes, construyéndoles infraestructuras necesarias para obtener siempre mayores ganancias”.
José Sarney comenzó su carrera política a comienzos de la década de 1960. Entre 1966 y 1971 fue gobernador de Maranhão, durante el régimen militar. Luego fue senador también bajo la dictadura y presidente entre 1985 y 1990 por la muerte de presidente Tancredo Neves. Volvió a ser senador, ahora en democracia, hasta que en 2009 fue elegido presidente de la Cámara de Diputados. Su hija Roseana sigue el mismo camino: fue diputada, senadora y dos veces gobernadora de Maranhão, cargo que ejerce actualmente. Denuncias de corrupción le impidieron competir por la presidencia en 2002.
Frente a tanta riqueza y tanto poder, el Seminario Carajas 30 Años elevó una lista de trece demandas, cuya sencillez para ser adoptadas muestran la falta de voluntad de la empresa y del gobierno del estado. La primera exige a la Vale que “construya cruces segurss a lo largo de la vía férrea”, que realice estudios adecuados para la duplicación de la ferrovía, que “se abstenga de espiar e infiltrar agentes de inteligencia en los movimientos sociales”, que adopte medidas para reducir los ruidos de los trenes, entre otras.
Los lazos entre la Vale y el grupo Sarney han sido documentados hasta por el Tribunal Supremo Electoral que cuestionó donaciones poco claras de empresas mineras, constructoras y bancos . La oligarquía local se vio reforzada por la llegada al gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en 2003, ya que eligió como aliado al fundador de la dinastía, José Sarney, quien apoya el proyecto lulista desde el parlamento.
Eduardo Viveiros de Castro, el más reconocido antropólogo actual de Brasil, ensaya una explicación a estas continuidades con el telón de fondo de las manifestaciones de junio de 2013 que abrieron una nueva etapa en el país. Sostiene que Brasil es diferente a otros países de la región, caracterizado por la escasa participación política y la baja movilización popular. Cree que su país es más racista que Estados Unidos. “Brasil continúa siendo un país esclavista, porque el imaginario profundo es esclavista” .
Dice algo más, muy incómodo por cierto. El PT eligió el camino de “mejorar la renta de los pobres sin tocar la renta de los ricos. Para eso hay que sacar el dinero de otro lugar. ¿Qué lugar? Del suelo, literalmente”. Por eso, concluye que el modelo extractivo es el camino del progresismo actual, que consiste en “destruir Brasil, devastando la Amazonia, para no tocar la bolsa de los ricos”.
Nota
El escenario y la vida: el universo Cárdenas
Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.
Fotos: Nora Lezano
“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.
Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.
No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

Banda sonora
Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.
La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.
En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.


El otro como un territorio a descubrir
La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.
Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.
En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?
Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.
Casa Teatro Estudio
Guardia Vieja 4257, CABA
No hay banda
Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23
La fuerza de la gravedad
Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23
@tatofc
@moyanolaura
@casateatroestudio
Nota
Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.
El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña.
Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”.
En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”.
CONTEXTO
En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran:
1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales.
2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.
3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes.
4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
FUERA DE CONTEXTO
En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre:
a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones.
b) Atentados contra la vida y la integridad física.
Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”-
La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.
Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.
LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS
El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar:
1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas;
2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación;
3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero;
4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias;
5–allanamientos sin órdenes judiciales;
6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;
7–violación a procedimientos judiciales,
La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”.
CONCLUSIONES FINALES
Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:
–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los
cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.
–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de
los de manifestantes
–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.
–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en
las protestas
–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas
en el marco de las protestas y movilizaciones.
–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales
–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de
personas.
–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de
las protestas.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.
Y concluye:
–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales.
–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.
–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.
–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.
–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.
–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Nota
Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.
Por Natalia Aramayo
desde San Salvador de Jujuy
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.
Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena.
El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor».
En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».
Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».


La historia de Iara Rueda
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.
El otro juicio
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.
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