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Carajás: treinta años es demasiado

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El Proyecto Carajás iniciado durante la dictadura militar cumple tres décadas y ha convertido a Brasil en potencia minera. Movimientos sociales e instituciones eclesiales y de derechos humanos evalúan los impactos cuando la empresa Vale, la segunda minera del mundo, se apresta a duplicar la producción de hierro en los próximos años. Por Raúl Zibechi.
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“Es como un viaje en el tiempo”, explica Santiago Machado Aráoz, activista contra la mina de Andalgalá, en Catamarca, cuando se le pregunta sobre la realidad en Piquiá, barrio industrial de Açailandia contaminado por las siderurgias que procesan arrabio a partir del mineral de hierro de Carajás. “Calles empedradas, casas sencillas de madera, el paso ruidoso del tren y el polvo de hierro permanente, forman un paisaje gris de día y de humo rojizo de noche, porque trabajan las 24 horas”.
Santiago fue uno de los centenares de participantes del “Seminario Internacional Carajás 30 Años”, organizado en São Luis, la capital de Maranhão, el estado más pobre de Brasil, por una alianza entre el Movimiento Sin Tierra (MST), la Red Justiça Nos Trilhos (Justicia en las Vías) iniciativa de los Misioneros Combonianos, el Foro Carajás, Cáritas y el Grupo de Estudios de Desarrollo, Modernidad y Medio Ambiente de la Universidad Federal de Maranhão.
El Seminario se realizó entre el 5 y el 9 de mayo con la participación de unas mil personas de varios estados de Brasil y de una decena de países donde hay actividades mineras. Destacaron las ponencias de representantes de organizaciones contra la minería de Argentina, Chile, Perú, México y Colombia, así como activistas de Canadá y Alemania. Se presentó el film del cineasta maranhense Murilo Santos, “La pelea del pueblo contra el dragón de hierro”.
Las críticas al Proyecto Gran Carajás, iniciado en 1982 por la dictadura militar, están focalizadas en la contaminación de las acerías de Piquiá y los daños que provoca el tren que atraviesa más de cien poblados, considerado el mayor emprendimiento ferroviario minero del mundo. A diferencia de lo que sucede ante otros emprendimientos mineros, los daños sociales son destacados por encima incluso de los ambientales, aún tratándose de la selva amazónica, ecosistema sensible y frágil.
Destacó la presencia de afectados por la Vale, campesinos, indígenas y habitantes de pueblos contaminados como Piquiá y Açailandia. La semana culminó con una manifestación desde la universidad hasta el palacio de gobierno en el centro histórico, donde se escucharon fuertes críticas a la gobernadora Roseane Sarney, integrante de una oligarquía local que dispone del estado desde hace muchas décadas.

Un proyecto imperial

Fue un geólogo de la United States Steel quien descubrió en 1962 el área mineral más rica del planeta y la mayor reserva de hierro del mundo. Se trata de de una superficie de 900 mil kilómetros cuadrados, el 10 por ciento de la superficie del país, por la que fluyen los ríos amazónicos Tocantins, Araguaia y Xingú. El Estado brasileño entró en disputa con la multinacional estadounidense para asegurar que las riquezas quedaran en el país. Para eso, la Compañía Vale do Rio Doce, la minera estatal fundada en 1942 por el gobierno de Getúlio Vargas, pagó una enorme suma a la United States Steel para asegurarse el monopolio de la minería.
Siete décadas después, la Vale es la segunda minera del mundo, emplea 120 mil personas, factura 60 mil millones de dólares anuales, opera en veinte países y está entre las veinte mayores empresas del mundo. Sólo en Brasil tiene 10 mil kilómetros de vías férreas y nueve puertos propios por los que exporta mineral de hierro con destino a Asia, en particular hacia China, país con el que tiene una estrecha relación. Ella sola consume el 5 por ciento de la energía que produce el país.
Fue privatizada en 1997, en un polémico proceso, por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Aunque formalmente es una empresa privada, el Estado tiene una “acción de oro” por la cual puede bloquear decisiones. El Consejo de Administración está controlado por Valepar SA, donde el fondo de pensiones Previ (de los empleados del estatal Banco do Brasil) tiene el 53 por ciento del capital con derecho a voto y el BNDES tiene otro diez por ciento. Eso le permite al gobierno influir, de modo directo o a través de los sindicatos, en la elección del presidente de la multinacional y en la orientación de sus inversiones.
La joya de la Vale es el Proyecto Carajás. Se trata del mineral de hierro con mayor grado de pureza del mundo, en tanta cantidad que puede extraerse durante 250 años al ritmo actual. Es un complejo que incluye la mina, una vía férrea de 900 kilómetros y un puerto de São Luis. Para abastecer de energía a la mina de Carajás, y a otros proyectos de aluminio de la región amazónica, fue necesario construir la usina hidroeléctrica de Tucuruí, con una capacidad de 8.300 megavatios.
De la mina de Carajás se extraen alrededor de 75 millones de toneladas de hierro cada año de las 100 millones que exporta la empresa. Las perforadoras sacan el mineral que es levantado por las excavadoras hasta camiones capaces de cargas hasta 400 toneladas. De allí a las usinas que trituran el mineral hasta llegar por una red de cintas transportadoras hasta los vagones. El tren minero tiene 330 vagones, cuatro locomotoras y un largo de casi cuatro kilómetros. En el puerto lo esperan los Valemax, cargueros de hasta 400 mil toneladas y 360 metros de largo construidos especialmente para transportar hierro. Vale encargó 35 mega-barcos.
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Zonas de sacrificio

“La presencia de la empresa se naturalizó y ya no hay forma de pensar en sacarla. El tren tiene una presencia continua y distorsiona la vida cotidiana”, explica Santiago. Lo peor, empero, son las siderurgias, cinco en Açailandia, dos de ellas en Piquiá. Con apenas 380 familias, el pueblo enclavado en la zona industrias no tiene la fuerza suficiente para reclamar, aunque en diciembre de 2011 varios cientos cortaron la vía del tren con apoyo de los sin tierra y los curas.
“Al rato de estar me empezó a picar la cara y los brazos. Es el polvo de acero. La empresa no tiene un botadero ni una escombrera sino que la van tirando por ahí”. Santiago hace números: visitó tres casas, en una había una chica de 15 años con malformaciones, en la segunda una mujer de 32 años había muerto de cáncer y e la tercera vivía una persona con cáncer de pulmón.
Joselina, una mujer elegante de unos 40 años que hace posgrado en São Luis pero toda su familia está en Piquiá, no puede ocultar su tristeza por la muerte de su primo pequeño, de diez años, quemado cuando cayó en los desechos candentes de las acerías. “Piquiá está rodeada de acerías, cementeras y el tren de la Vale, y por los caminos pasan todo el tiempo camiones que llevan hierro y carbón a la siderurgias”.
“Es tanta la opresión que lo único que quiere la gente es irse”, vuelve Santiago. Las empresas compraron un predio para los pobladores para que puedan trasladarse a un lugar menos inhóspito y contaminado, y el año pasado el Ministerio de las Ciudades aprobó el proyecto urbanístico y habitacional para que puedan reinsertarse. Los problemas seguirán a lo largo de los 900 kilómetros de la vía férrea que la Vale proyecta duplicar en pocos años para aumentar las exportaciones: el objetivo es pasar de 100 a los 230 millones de toneladas de mineral de hierro.
Cada vez que el tren se para, forma un muro de cuatro kilómetros que los vecinos no pueden atravesar. Tal vez por eso Santiago compara Açailandia con Macondo: “Supera la ficción, hay peces muertos en todos los ríos, todo se reduce a blanco o negro porque el polvo de hierro le quita el color a la gente y a las plantas”. Una imagen que se refuerza cada vez que el tren se detiene en un pueblo y cientos de personas se abalanzan para vender cualquier cosa y sacar algunos reales.
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La peor empresa del mundo

El padre comboniano Dario Bossi, que coordina la red Justiça nos Trilhos y vive en Piquiá, hace su síntesis: “En treinta años la explotación de hierro deja deforestación, trabajo esclavo, migraciones y discontinuidades en el proceso de identificación de las comunidades con sus territorios, conflictos por la tierra, contaminación, desorganización urbana y violencia por el intenso éxodo en busca de trabajo, siendo los más afectados los indígenas y los afrodescendientes”.
“Décadas atrás llegaron hasta Maranhão caravanas de pobres del nordeste, mano de obra barata para los grandes proyectos de desarrollo y el latifundio extensivo”, dice Bossi . El crecimiento de los municipios más cercanos a la mina es geométrico. Marabá tenía 14 mil habitantes en 1960; hoy llega a 250 mil. Parauapebas, donde comienza la ferrovía, tenía 20 mil en 1980 cuando comenzó el proyecto Carajás; hoy roza los 200 mil. Migración intensa, pobreza y violencia van de la mano.
Bossi recuerda que “el desempleo es superior en los municipios atravesados por la ferrovía y 21 de los 27 municipios que los recorre tienen un índice de desarrollo humano menor que las media del estado de Maranhão”.
Las palabras pobreza, dictadura y colonialismo se repitan una y otra vez en el seminario sobre la Vale. En 2011 recibió el “premio” a la peor empresa del mundo. El galardón lo otorga anualmente Public Eyes People´s (Ojos del Pueblo) creada por las ONG Greenpeace y Declaración de Berna, y le fue concedido a Vale por su “historia de 70 años manchada pro repetidas violaciones de os derechos humanos, condiciones inhumanas de trabajo, pillaje del patrimonio público y explotación cruel de la naturaleza” . La Vale superó ese año incluso la votación obtenida por la mayor empresa de electricidad de Japón, Tepco, responsable ese mismo año del desastre de Fukushima.
En Brasil está en debate un nuevo código de minería que deberá regir la actividad hasta 2030. Hasta el momento la única concesión del Plan Nacional de Minería es un aumento de los royalties. Como señala el padre Bossi, “el proyecto ha sido decidido desde arriba, sin interlocución con las comunidades y sin un plan de integrado de gestión socio-económica-ambiental, y está al servicio exclusivo de la minería y la siderurgia” .
El Comité Nacional en Defensa de los Territorios Frente a la Minería, integrado por once movimientos y organizaciones, emitió un comunicado en el que señala que existe conflicto de intereses en el caso del diputado Leonardo Quintão (del PMDB), relator del código minero a votarse en la cámara, ya que el 20% de su campaña fue financiada por las empresas mineras.
Las grandes empresas suelen financiar las campañas de los partidos. Para las elecciones presidenciales de 2010, sólo la Vale donó 30 millones de reales a los partidos (unos 15 millones de dólares). El que recibió más donaciones fue el oficialista Partido de Trabajadores con 10 millones de reales (5 millones de dólares).
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Oligarquía y Estado

Los doce obispos y el arzobispo de la regional Nordeste de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, emitieron una carta pastoral en febrero de 2011 con motivo de la reunión anual celebrada en el sur de Maranhão. “La historia de Maranhão, de Brasil, ha sido marcada por la apropiación por parte de pequeños grupos, mediante influencias políticas y corrupción activa de aquello que pertenece a todos” .
Aunque los obispos no mencionan la palabra oligarquía, la descripción se refiere a la familia Sarney que gobierna el estado desde hace medio siglo. “No podemos dejar que el Estado continúe colocando su estructura al servicio casi exclusivo de los grandes exportadores de minerales, de soja, de jugos y carnes, construyéndoles infraestructuras necesarias para obtener siempre mayores ganancias”.
José Sarney comenzó su carrera política a comienzos de la década de 1960. Entre 1966 y 1971 fue gobernador de Maranhão, durante el régimen militar. Luego fue senador también bajo la dictadura y presidente entre 1985 y 1990 por la muerte de presidente Tancredo Neves. Volvió a ser senador, ahora en democracia, hasta que en 2009 fue elegido presidente de la Cámara de Diputados. Su hija Roseana sigue el mismo camino: fue diputada, senadora y dos veces gobernadora de Maranhão, cargo que ejerce actualmente. Denuncias de corrupción le impidieron competir por la presidencia en 2002.
Frente a tanta riqueza y tanto poder, el Seminario Carajas 30 Años elevó una lista de trece demandas, cuya sencillez para ser adoptadas muestran la falta de voluntad de la empresa y del gobierno del estado. La primera exige a la Vale que “construya cruces segurss a lo largo de la vía férrea”, que realice estudios adecuados para la duplicación de la ferrovía, que “se abstenga de espiar e infiltrar agentes de inteligencia en los movimientos sociales”, que adopte medidas para reducir los ruidos de los trenes, entre otras.
Los lazos entre la Vale y el grupo Sarney han sido documentados hasta por el Tribunal Supremo Electoral que cuestionó donaciones poco claras de empresas mineras, constructoras y bancos . La oligarquía local se vio reforzada por la llegada al gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en 2003, ya que eligió como aliado al fundador de la dinastía, José Sarney, quien apoya el proyecto lulista desde el parlamento.
Eduardo Viveiros de Castro, el más reconocido antropólogo actual de Brasil, ensaya una explicación a estas continuidades con el telón de fondo de las manifestaciones de junio de 2013 que abrieron una nueva etapa en el país. Sostiene que Brasil es diferente a otros países de la región, caracterizado por la escasa participación política y la baja movilización popular. Cree que su país es más racista que Estados Unidos. “Brasil continúa siendo un país esclavista, porque el imaginario profundo es esclavista” .
Dice algo más, muy incómodo por cierto. El PT eligió el camino de “mejorar la renta de los pobres sin tocar la renta de los ricos. Para eso hay que sacar el dinero de otro lugar. ¿Qué lugar? Del suelo, literalmente”. Por eso, concluye que el modelo extractivo es el camino del progresismo actual, que consiste en “destruir Brasil, devastando la Amazonia, para no tocar la bolsa de los ricos”.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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