El abogado de un policía procesado por torturar y asesinar a un joven matancero denunció a la APDH de La Matanza y a la Comisión Provincial por la Memoria por manipular testigos para que declaren contra los efectivos. Una conferencia de prensa para desarticular la maniobra. A fines de mayo habrá una movilización frente a la municipalidad.

Pablo Pimentel está tranquilo.
Desde septiembre de 2013 soporta una denuncia, junto a otros integrantes de la comisión directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, por manipular testigos para que declaren en contra de policías. Está sentado frente a una mesa de madera en el patio de la APDH, que antes fue un basural, y que los militantes de la organización lo pusieron en funcionamiento para convertirlo en un espacio cultural y de lucha territorial.
A su lado está Aldo Etchegoyen, co-presidente de la ADPH nacional y vicepresidente de la Comisión Provincial por la Memoria.
A su lado, chiquita pero gigante, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.
Pimentel está tranquilo e incluso bromea. Dice que quisieron hacer esta conferencia de prensa en algún bar del centro de San Justo, localidad del partido, pero que la respuesta no los convenció del todo: debían abonar una garantía de consumo de cafés por adelantado. Desestimaron la oferta y decidieron hacerla en el espacio en el que festejarán sus 30 años de vida en La Matanza.
-Gracias por venir –dice Pimentel, y comienza.

Lo insólito

Pablo Pimentel fue denunciado por uno de los abogados defensores de tres policías procesados y detenidos por torturar y asesinar al joven Gabriel Blanco en 2007, en una comisaría de Isidro Casanova, una localidad del distrito.
En ese marco, la apelación de la prisión preventiva del subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Gómez y del oficial Pablo Balbuena, procesados por “tortura seguida de muerte”, había sido desestimada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza. Sin embargo, el abogado defensor de uno de los oficiales, Rubén Fernández, jugó una insólita carta: acusó a la APDH y a la Comisión Provincial por la Memoria por supuestas manipulaciones a testigos encarcelados para “obtener declaraciones falsas y agravar la situación procesal” de los oficiales.
En el petitorio de desestimación de la denuncia presentado por Alejandro Bois, abogado de la APDH y de la familia Blanco, al que pudo acceder lavaca, puede leerse un fragmento de la acusación: “El accionar delictivo de sujetos no identificados del Comité Provincial por la Memoria (sic) y la Asociación de Protección de Derechos Humanos de Pablo Pimentel (sic), es clara en que se entrevistó a testigos con la finalidad de obtener declaraciones falsas y agravar la situación procesal de los aquí imputados”.
Además, Fernández sostiene que el “accionar delictivo” de las organizaciones que nombró –de forma incorrecta- “viola de una forma flagrante el principio de objetividad, habida cuenta que tiene testimonios contaminados con propuestas a personas que se encontraban detenidas, y con necesidad imperiosa de obtener beneficios para mejorar su situación procesal”.
La APDH matancera convocó a una movilización y a un acto «contra la impunidad judicial, policial y política» para el 28 de mayo. Será a partir de las 16.30. Concentrarán en intersección de Indart y Arieta, en pleno San Justo, y marcharán hasta la Plaza frente a la municipalidad.

La estrategia

La prisión preventiva de los tres policías se determinó hace poco más de un año. Es decir, seis años después de la muerte de Blanco. “Fue producto de una investigación muy minuciosa”, sostuvo Bois en la conferencia de prensa. “Hasta que el juez no estuvo absolutamente seguro de que estas personas eran responsables de tortura seguida de muerte, y con la gravedad que eso conlleva, no se libraron las órdenes de detención. Ahora que están con prisión preventiva y confirmada por la Cámara de Apelaciones es muy difícil, desde la defensa de estos sujetos, arbitrar una estrategia para conjurar la situación”.
Ahí esta la cuestión. Bois: “Ante tamaña contundencia y esta confirmación, se da como estrategia denunciar a la Comisión Provincial por la Memoria y a la APDH. Se señala que esos organismos ofrecían beneficios a testigos a cambio de declarar en contra de la policía”. El abogado, en la desestimación, apuntó que esa acusación implica el desconocimiento del accionar de esas entidades. “Si vos tenés algo importante para declarar nosotros vamos a hacer lo pertinente para cuidarte. Es obligación de los organismos de derechos humanos arbitrar y pretender que esa persona que va a decir algo que pueda poner en peligro su vida esté cuidado”, explicó en la conferencia.
De todas formas, Bois subrayó que la denuncia tendría que haber sido desestimada inicialmente. “No sólo por lo que decimos nosotros, sino también porque la resolución del juez de garantías que niega la prisión domiciliaria a los policías dice que nada tuvo que ver la decisión que él tomó con cualquier accionar o pretendida influencia de organismos de derechos humanos sobre las pruebas”, aclaró.

El caso

Gabriel Blanco tenía 21 años cuando el 1 de marzo de 2007 fue detenido luego de comprarle un regalo a su hermana, que había dado a luz. Vivía con sus padres, su esposa y su hijo de dos años. Tenía antecedentes por robo, pero estaba logrando salir y trabajaba en un criadero de pollos. A su padre le había contado algo inquietante: la policía lo había detenido para que “trabajara” para ellos. Si no lo hacía, habían amenazado con desaparecerlo. Su padre le respondió que no se preocupara.
Ese día le pidió algo de plata para el regalo. “Me dijo que quería hacerle una sorpresa a la hermana, y yo tenía 30 pesos. Quería hacerle un cartel”, recordó Teófilo Blanco, su padre, en la conferencia, junto a Carmen, la madre del joven. “Estaba con la señora. Cuando iba a entrar al portón lo paró la policía, lo puso contra la camioneta, a ella le pegaron, y se lo llevaron”.
Lo que siguió fue un calvario. Corridas hasta la comisaría, que todavía no llegó, pero cómo puede ser si hace dos horas que lo detuvieron, pero tranquilícese, señora, vayan para casa que nosotros nos encargamos de él. Esa noche Gabriel Blanco apareció colgado en su celda en la comisaría del barrio San Carlos, en Isidro Casanova. La explicación policial: el joven se suicidó porque estaba “deprimido”. Las pericias y la voluntad infinita de la familia en el pedido de justicia demostraron lo contrario.

El perfeccionamiento

“Gabriel tuvo el mismo trato que Luciano Arruga”, sentenció Pablo Pimentel durante la conferencia. “Es acá donde denunciamos categóricamente el accionar hipócrita y de doble función que tiene estos policías a los que nosotros les pagamos los salarios y que han puesto en vilo al país para aumentar sus sueldos. En el tiempo en que están revistiendo el uniforme y haciendo una actividad que se supone de prevención, están incentivando el delito liberando zonas”.
El militante y referente destacó el perfeccionamiento del accionar policial a lo largo de los años. “Cómo desde el caso de Sergio Díaz, el joven que fue muerto a palos en una comisaría de González Catán en 2001 y que significó la primera condena de un policía en Matanza por tortura seguida de muerte, diabólicamente mejoraron el mecanismo con Gabriel Blanco simulando un suicidio. El final fue con el caso de Luciano. Nosotros también denunciamos a los fiscales que avalan esta práctica”, apuntó.
La causa por el asesinato de Blanco fue elevada a juicio. Además de los tres policías, hay otros efectivos procesados por encubrimiento.

Estar acá

“Tuvimos el tupe de pararnos ante el sistema e iniciar tres jury de enjuiciamiento”, definió Pimentel en relación a los recursos presentados por la causa de la desaparición de Luciano Arruga. “Y nosotros creemos que ahí esta el sostenimiento de esta denuncia que tiene la APDH”, señaló en la conferencia, donde también asistieron familiares y amigos del joven, miembros de la CTA y Suteba local, entre otros organismos y organizaciones distritales.
“Hay mucha intencionalidad de desprestigiar a los organismos de derechos humanos. En este caso es a la APDH, que tiene una trayectoria ejemplar”, señaló Nora Cortiñas en la conferencia, y recordó a Luciano Arruga e Iván Torres, un joven desaparecido en Chubut en 2003. “Es la infamia a la que nos sigue acostumbrando la policía. Hay que terminar con esto. Lo más grave es que han asesinado a un pibe por la saña que tiene la policía contra los jóvenes, que pretenden que trabajen para vender droga, cometer delitos e involucrarlos porque después los que van presos son jóvenes y pobres”.
Por su parte, Aldo Ethegoyen expresó que “el torturador comete su delito escondido y se cuida muy bien de no dejar rastros”. En tanto, Elsa Gómez, de Asociación Madres del Dolor y madre de Daniel Sosa, asesinado por la policía en Aldo Bonzi, localidad de La Matanza, resumió: “Yo muero todas las noches mirando la foto de mi negro en la mesa de luz, y resucito todas las mañanas mirándolo sonreír. Y le pregunto, ¿hijo, qué puedo hacer hoy por vos? Bueno, hoy estoy acá”.

Fotos: gentileza APDH La Matanza