El 8 de octubre comienza en Esquel el juicio oral a Werther Augusto Aguiar, el médico de la Policía Federal que filtró las fotos del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado después de su hallazgo en el Río Chubut, luego de estar 78 días desaparecido. El proceso comienza un mes después de que la Justicia ordenara reabrir la causa. En diálogo con lavaca, la abogada Verónica Heredia traza un hilo entre la represión de Gendarmería el 1 de agosto, los rastrillajes de Prefectura que no encontraron el cuerpo y la viralización de las fotos por parte de un funcionario de la Federal: “Es responsable toda la estructura del Ministerio de Seguridad”.
“Lo que revela este juicio es el Ministerio de Seguridad en pleno atacando a Santiago”. Así sintetiza a lavaca la doctora Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, el inicio del juicio oral al médico de la Policía Federal que filtró por WhatsApp las fotos del cadáver de Santiago Maldonado tras el hallazgo de su cuerpo en el Río Chubut, luego de 78 días de estar desaparecido.
Se trata de Werther Augusto Aguiar, uno de los funcionarios del Ministerio de Seguridad convocado por el juez federal Gustavo Lleral cuando llamó a los equipos de Criminalística de la Federal para participar del rastrillaje ese día. También fue una de las personas que acompañó a la familia en el resguardo del cuerpo hasta la morgue de Esquel. “Es la persona que estuvo al lado mío, alguien que, cuando yo estaba sentado en una piedra mirando el cuerpo, venía a hacerse el amigo”, recordó Sergio Maldonado, hermano de Santiago, cuando las fotos desataron el escándalo.
El juicio se desarrollará durante el 8, 9, 10 y 11 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en la sede del Casino de Oficiales de la Policía de la Provincia de Chubut, ubicado en Esquel. El proceso estará a cargo de la jueza Eva Parcio de Seleme. Aguiar será juzgado por el delito de “violación de secretos”.
Explica Heredia: “Es un delito que comete aquel funcionario que tiene la obligación de guardar un secreto. Es en función del rol que él tenía como médico de la Policía Federal, además de ser uno de los convocados por el juez Lleral al momento del hallazgo del cuerpo”.
El proceso se inició inmediatamente después de la filtración de las fotos. La investigación la llevó adelanta la fiscal Silvina Ávila, cuestionada por la familia Maldonado por su rol en la investigación. Ávila encuadró la responsabilidad de Aguiar en virtud de los artículos 156 y 157 del Código penal, que sancionan a quien “teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa” y “el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.
Heredia también apunta que, además del proceso penal, la familia iniciará una demanda civil por violación a la intimidad y por los daños ocasionados.

El círculo Bullrich

La abogada subraya que este proceso sigue una misma línea de hechos que comienzan el 31 de julio de 2017. “Esa noche llega Gendarmería, que durante la noche ingresa al territorio mapuche disparando y persiguiendo. Luego, el 1 de agosto, y sin orden judicial, ingresan y persiguen a Santiago hasta la vera del río. Luego aparecen los rastrillajes de Prefectura, cuyos buzos no encontraron a Santiago ni el 5 el 16 de agosto, ni tampoco el 18 de septiembre: Sergio decía que no es que él sostenía que Santiago nunca había estado ahí, sino que fue el propio Estado el que lo dijo. Y, finalmente, la Policía Federal termina ese ciclo de violencia viralizando su cuerpo en la morgue”.
Heredia traza así un hilo conductor que une a la Gendarmería, la Prefectura y la Federal: “Es toda la estructura del Ministerio contra Santiago. Sin que nadie tenga que dar una explicación”.
-¿Por qué entonces llega el juicio a Aguiar?
-Pensemos que Gendarmería no tuvo que dar explicaciones de por qué entró sin orden judicial y a los tiros al territorio. Tampoco Prefectura tuvo que dar explicación de por qué no lo encontró antes. El único que tiene que responder es el médico: es el único porque es uno solo. Entonces, ahí sí, el sistema va contra él. Porque si la foto hubiera salido desde el territorio, la responsabilidad se habría diluido, porque esa violencia requiere una coordinación. Pero aquí no. Entonces lo que queda claro es cómo funcionan estos sistemas: si somos muchos, todos nos protegemos.
“Contexto de intervención estatal”
El juicio llega un mes después de que el Tribunal Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolviera reabrir la causa por la desaparición y la muerte de Santiago, que el juez Lleral había archivado en noviembre del año pasado. Si bien los camaristas descartan una desaparición forzada, ordenan investigar si los efectivos de Gendarmería cometieron un abandono de persona. Textual del fallo: “Lo cierto es que nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal”.

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La familia presentó un recurso de Casación contra la resolución del Tribunal porque considera que, al descartar la desaparición forzada como tipo penal, el fallo se convierte en “sentencia definitiva”. Heredia explica que no es la primera vez que los jueces niegan la desaparición forzada como tipo penal: ya lo hicieron con las desapariciones de Iván Torres y César Monsalve.
-¿Qué quiere decir?
-La investigación de la causa debe ser por la desaparición y la muerte de Santiago: lo cierto es que Santiago desaparece con vida el 1 de agosto y aparece sin vida el 17 de octubre. Es un tiempo y una realidad que no pueden ser explicadas mediante la muerte. Ese tiempo tiene un correlato jurídico: hay responsabilidades, que tienen que explicar por qué, entonces, nadie lo encontró ese día. Y también demuestra que la causa careció siempre de un juez independiente e imparcial.
-¿Por qué?
-A las investigaciones de los jueces se las entienden como libres de cualquier presión, mandato o preconcepto. El primer juez que intervino, Guido Otranto, fue apartado por la Cámara de Comodoro Rivadavia por parcial. Eso ocurrió el 22 de septiembre, y Lleral asumió el 30: entre eso hubo días de teléfonos intervenidos, pero ningún juez. Luego, Lleral estuvo hasta el 29 de noviembre, donde cierra la causa y luego niega lo que le dijo a Stela, la mamá de Santiago, que había sido extorsionado. Pero, en una entrevista, Lleral reconoció que su equipo “se jugó el pellejo” para llegar a la “verdad”. Eso significa entonces que no han sido independientes, porque han estado presionados. A nadie se le atraviesa como admisible que los jueces arriesguen la vida: ¿cómo pueden responder así de manera ajustada a derecho? Eso descalifica todo lo que hizo Lleral. Por eso, vamos a seguir pidiendo un equipo de expertos para una investigación imparcial del caso.