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Centro de Formación Profesional N° 24, de Flores: Los cazafantasmas

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“El saber no ocupa lugar y el edificio del Centro de Formación Profesional N° 24 tampoco”. Con esta ironía alumnos, profesores y vecinos de esa escuela de Flores organizaron una jornada para denunciar que el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich mintió: cuando fue interpelado en la Legislatura aseguró que el nuevo edificio de ese centro estaba terminado. Y en realidad, las obras ni siquiera comenzaron.
Escuela de Flores
La señorial construcción de la calle Artigas 690 es cuidada y mantenida con el esfuerzo de la cooperadora, los alumnos y los profesores. “De a poquito, con el aporte de la gente, se hicieron los baños, se cerró parte del patio y se mantuvo el edificio con el trabajo de los alumnos que cursan los talleres de plomería, gas y electricidad”, cuenta Teresita, una de las encargadas de la administración de la escuela. “En 2001 se abrió una licitación para construir un nuevo. Se hicieron los planos y se aprobaron. Parecía que todo estaba listo, pero en 2006 el gobierno de Aníbal Ibarra nos informa que la licitación se cayó por cuestiones técnicas. En 2008 desaparecieron los pliegos, los expedientes, todo. Y ahora, en 2010, el ministro Bullrich informa que el nuevo edificio está terminado. Esto significaría que acá tendría que haber 3 pisos, ascensores y una obra que justificara el presupuesto de 6. 690.000. Y como verás, no hay nada”. Para hacer ver lo invisible los alumnos organizaron el viernes pasado un abrazo al viejo edificio y se vistieron de fantasmas amarillos. Y este lunes estarán compartiendo su experiencia en el marco de la muestra Ningún pibe nace para chorro, que se realiza en el Centro Cultural Borges y de la cual son también organizadores.
Para conocer mejor el trabajo de esta escuela, reproducimos la nota publicada en nuestra revista MU
La escuela que aprende
El edificio fue recuperado por los vecinos, que le fueron dando sentido a ese espacio en donde hoy se enseñan oficios y otras formas de ponerlos en práctica. Los docentes se preguntan qué significa hoy el trabajo, el mercado y la educación pública. Intentan encontrar las respuestas en la práctica, entre asambleas y milongas.
La historia es larga y arranca a comienzos de la década de los 80, cuando se cierran las puertas de la escuela primaria de la calle Artigas, fundada en el siglo anterior. Una construcción de época, de techos altos, aulas amplias, y con un patio central coronado por una palmera. A dos cuadras de allí, la lógica Cacciatore (aquel nefasto intendente militar) unifica dos colegios en una típica edificación tan cuadrada como la dictadura. Entonces, la vieja escuela pasa a ser, por muchos años, un depósito municipal.
Ya en la década del 90, ese espacio lo ocupa una fundación que brinda cursos de capacitación, en convenio con la unicef, pero el proyecto se cae a la par de la ruina menemista. Cuenta Silvana D’Aversa –secretaria del ahora Centro Profesional– que fue entonces cuando los vecinos hicieron lo que había que hacer: “No quedaba otra que ocupar y dar vida, porque era desolador ver todo destruído. Era la imagen de Argentina del año 2000”.
Vecinos, docentes y alumnos, de a poco, fueron edificando y recuperando el espacio, con trabajo solidario. La Secretaría de Educación de la Ciudad, finalmente, decidió apoyarlos, redireccionando algunos cursos que andaban dando vueltas por sus programas barriales y así comenzó a funcionar formalmente el Centro de Formación Profesional Nº 24.
El director de la entidad, Sergio Lesbegueris –sociólogo y docente de FLACSO–  resume así todo este largo proceso: “La gente fue armando un proyecto sólido que hoy ya tiene un nivel de institucionalidad”. El cuento, por supuesto, no termina ahí: lo siguen construyendo todos los días. No sólo en sus formas, sino en sus contenidos, “porque es necesario pensar dónde estamos –explica Sergio–. Por un lado, porque estas instituciones son herederas de una lógica distinta a la contemporánea, pero por el otro, porque en momentos como estos conviene preguntarse cuál es la relación entre la educación y el trabajo”.
Las escuelas de oficios creadas en la década del 50 nacieron para responder con mano de obra a la llamada “sustitución de importaciones”, uno de los ejes económicos del peronismo de entonces. El trabajo, en ese momento, tenía un destino: había cierto desarrollo en la sociedad a nivel productivo que demandaba trabajadores capacitados. Sergio señala que “en esa época, el trabajo era una institución que estaba esperando a la vuelta de la esquina, por eso las escuelas se desentendían del proceso de vinculación con el ámbito laboral”. Hoy esa vinculación es subjetiva, según explica este docente: no existe un mercado laboral que esté esperando gente capacitada, sino todo lo contrario.
La fuga del trabajo
Dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires existen treinta y cinco centros de formación profesional. Sólo siete son públicos. La mayoría tienen convenios con sindicatos, “y una lógica emparentada con otro modelo de país –apunta Silvana, secretaria del Centro–. La dinámica que utilizan se diferencia mucho de la nuestra. Nosotros, como escuela pública, tratamos de vincular la educación y el trabajo, pero desde el lugar de la autogestión, desde la toma de decisiones. En ese sentido, lo que nosotros pensamos de la educación tiene que ver con insertarse de otro modo al mercado laboral, a través de microemprendimientos, asociaciones cooperativas o articulando redes, porque los alumnos que asisten a esta escuela han sido expulsados del trabajo tal como se lo conoce”.
La capacitación a cargo de sindicatos funciona para Sergio como un ejemplo claro de cómo se dio, en el pasado, la alianza entre capital y trabajo: el modelo necesitaba de cuerpos útiles para reproducirse. “La lógica actual es otra: la expulsión. Y representa una no-relación social, que domina el imaginario contemporáneo: todos somos latentes expulsados del sistema”.
Sintonizando la época
En el año 2001, comenzó en ese mismo espacio a contarse otra historia. Luego de un proceso asambleario dentro de la escuela, se constituyó la Cooperativa de Trabajo El Profesional conformada por docentes y alumnos de los cursos de oficio. Sergio relata ese nuevo capítulo, señalando las coincidencias inevitables: “El 18 de diciembre fuimos a inscribir nuestra cooperativa en el Inaes. Esa fecha para nosotros es bastante sintomática, porque un día después explotó el país. Ahí entendimos que nuestro proceso asambleario supo captar el clima emotivo que había en el barrio, en la sociedad. Esa intuición hizo también que nos pongamos a pensar alternativas: cómo articular lo que hoy está totalmente desarticulado”.
Silvana aclara cuáles son las reglas de este nuevo juego: el Centro intenta no ser un juntadero de gente, un cursadero, aunque cada alumno va a la escuela llevando una estrategia individual. Comenta que es muy común escuchar: “yo quiero salir del tacho, hago un curso de panadería porque después me junto con mi primo y tratamos de poner un local”. No es la idea que allí se pretende enseñar. Silvana considera que “lo primero es ver qué de esa idea podemos conmover para que aparezca una estrategia grupal. Deseamos que cada alumno y docente pueda sintonizar con otros, encontrarse en un espacio de diálogo. Por eso la escuela vive en un proceso asambleario.” Para encontrar las palabras que resumen lo que allí se propone, recurre a una frase de Azucena Villaflor, la fundadora de las Madres de Plaza Mayo: “Individualmente no vamos a llegar a nada.”
Para Sergio la escuela pública pensada de esta manera, es un territorio donde se puede dar una interesante batalla contra las lógicas del mercado actual. “El capitalismo ni siquiera nos está proponiendo la explotación como relación social. Nos interesa dar vuelta esa ecuación, salir del gesto automático de pensar que esta escuela forja para el trabajo ¿Qué trabajo? Si éste está altamente precarizado. El capitalismo de especulación busca la máxima ganancia y va hacia ese nicho donde se le asegura esas ganancias. Por eso es necesario desestereotipar un montón de cosas que juegan a favor de que siga el mismo estado de cosas”.
La comunidad
En el Centro cada cuatrimestre se anotan cerca de novecientas personas. La oferta de cursos y talleres recorre diversas áreas: informática, gastronomía, artesanía, construcción y estética, entre otras. La escuela permanece abierta casi todos los días, desde las 8 y hasta las 22. Sus responsables creen que más allá de la amplia oferta de actividades, hay algo más que convoca a la escuela. Dice Sergio: “La gente quiere pertenecer y eso no es poco en esta sociedad expulsora, donde los lugares públicos son cada vez menos y no sólo están vaciados económicamente, sino de sentido. La gente ve que hay algo que tiene sentido comunitario y quiere formar parte”. Concluye que eso es ser fiel a la escuela pública porque tiene una razón de ser muy poderosa: la solidaridad social puesta al servicio del trabajo.
Durante 2004 y 2005 la escuela realizó un foro de empresas sociales y eso generó un debate que culminó en un nuevo proyecto: la tecnicatura en cooperativismo. La idea es formar técnicos que ayuden a las asociaciones cooperativas y a los emprendimientos autogestivos que no logran estabilizarse. El objetivo, también, es acompañar esos procesos, añadir valor agregado y lograr un entramado. Silvana cuenta que la iniciativa está aprobada por el Ministerio de Educación, pero que por razones presupuestarias duerme en algún cajón. Sin embargo, ya están pensando en algo que supere el escritorio del funcionario de turno: hacer salir la escuela a la calle. Sergio: “Está sonando muy fuerte la idea de armar una feria itinerante de economía social. Es decir, intervenciones públicas que muestren, que vendan, que contagien. Lo público es un lugar de todos. ¿Por qué no invertir entonces nuestros esfuerzos ahí?”.
El fondo común
Hacia dentro del colegio, los docentes también tratan de generar sus propias estrategias. “Llamamos a los alumnos para que vengan a confirmar la matrícula, pero es una excusa para charlar entre todos –revela Sergio–. Les decimos que la escuela pública no es gratis, que es solidaridad social, que optaron, de entre todas las formas de transmitir conocimiento, la más solidaria de todas. Y que estar dentro de este Centro implica cosas que tiene efectos prácticos, que no es lo mismo estar dentro de un sindicato o una escuela privada. Eso se tiene que notar”. Por eso, a través de un fondo común instrumentado por la cooperadora, se provee de insumos a todos los alumnos, cosa que el Estado dejó de hacer hace tiempo. Silvana explica que ese gesto también se aplica a las prácticas: en vez de hacerlas dentro de un aula, se hacen en la comunidad. “Hay instituciones que necesitan lo que aquí aprendemos a hacer: otras escuelas, el Centro de Gestión y Participación, el hospital Álvarez. Y ahí vamos. Es una manera de devolver algo a la sociedad mientras se va adquiriendo el saber”.
Tiempo de milonga
A  partir de la propuesta de un alumno, el Centro comenzó a colaborar con la comunidad educativa de la Escuela Nº 854, del paraje El Portón, en la provincia de Misiones. “Pensamos esta relación no como un padrinazgo, sino como trabajo conjunto –cuenta Silvana–. Dijimos: qué mejor que una escuela de oficios para ayudar en la reconstrucción de una escuela rural. Y pusimos los talleres a trabajar en los baños que se necesitaban, en la torre para poner el tanque de agua, en la instalación eléctrica”. Sergio advierte que no los impulsa un criterio asistencialista: “No es que somos buenos. Un proyecto así nos organiza la energía, sentidos colectivos, que son mucho más potentes que la suma de individuos pululando en una escuela. Eso nos entusiasma, nos da una especie de autorización para ir profundizando estas intuiciones que juegan a favor de lo asociativo, de lo solidario”.
Otra consecuencia inesperada: para financiar este trabajo nació la Milonga de Artigas, un evento esperado por todo el barrio. Toda la escuela se alborota y se moviliza para la milonga, para preparla y disfrutarla. Sergio cuenta que la milonga nació en pleno post-Cromañon, y que se mantiene y que cada vez sale mejor. “El miedo es lo más perverso que tienen estas instituciones, se cierran a las ideas porque ‘puede pasar cualquier cosa’, y terminan en decadencia y amenazadas de muerte porque no logran pensar sentidos contemporáneos.” El Centro, dicen, va encontrando esos sentidos en ese ir haciendo. Y eso incluye estar dispuesto, incluso, a bailar una milonga.
Escuela de Formación Profesional Nº 24
cfp_veinticuatro@yahoo.com.ar
www.cfp24.blogspot.com
Artigas 690, barrio de Flores, Capital
Tel 4611-5374

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Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos

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La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi

El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.

¿Qué es lo “insustancial”?

La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.

El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.

¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.

En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.

Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).

“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.

Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?

–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.

¿Docentes centinelas?

El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.

Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.

¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.

Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.

Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.

–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?

–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.

La Corte y el lobby sojero

En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.

La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años

Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.

Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.

Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.

El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.

Lorenzetti y Bordet no responden

En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.

Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).

La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.

Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.

“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.

Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.

Denuncia en la CIDH

¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?

Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.

Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.

Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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