Nota
Clarín criminaliza a los trabajadores gráficos
La justicia decidió postergar hasta marzo el juicio oral a los delegados de la empresa Artes Graficas Rioplatenses del Grupo Clarín. El referente gremial Luis Siri consideró que “el aplazamiento se debe a la presión que hicimos los trabajadores, las organizaciones sociales y los medios que nos apoyan”. Calculan que la empresa durante ese lapso va a accionar políticamente en contra de los trabajadores, para ganar el conflicto como sea.
A última hora del lunes, el Juzgado Nº 13 acató un pedido del abogado del multimedio Clarìn para posponer el juicio oral que debía comenzar el lunes 10 de noviembre contra trabajadores gráficos a los que acusaba como un modo de diluir su reclamo. Al abogado le bastó alegar problemas de salud para que la medida se efectivizara sin ser consultada por los representantes de los trabajadores.
Luis Siri, integrante de la Comisión Interna de Artes Graficas Rioplatenses interpretó que “Clarín vio que esto podía salirle mal porque había una movida importante para el día del juicio. Si bien el aplazamiento se debe a la presión que hicimos los trabajadores, las organizaciones sociales y los medios que nos apoyan, la empresa va a tener cuatro meses para accionar políticamente en contra nuestra.”
Dirigentes del Federación Grafica Bonaerense consideran que si “si el grupo Clarín es capaz de mandar a juicio a trabajadores organizados que hacen uso de su derecho constitucional de huelga, entonces se acabó el derecho laboral en el país”. En el mismo sentido, se expresó el encargado de prensa del sindicato Antonio Panszcyk quien resumió “Si esta batalla la perdemos, perdemos todos los trabajadores.”
¿Trabajadores secuestradores?
Este martes 4 la Federación Gráfica Bonaerense realizó un acto en las puertas de Artes Gráficas Rioplatenses en repudio a la instancia judicial al que serán sometidos los delegados de AGR; Luís Siri, Nicolás Rivera, Javier Alfonso y Cristian Quiroz. Se los acusa de una gama de delitos como usurpación, daño, coacción agravada, amenazas, hurto y hasta privación ilegítima de la liberad, como si se tratara de secuestradores.
La manifestación contó con la presencia de diversos gremios y organizaciones sociales. Al respecto Siri señaló que “la consigna convocante fue y sigue siendo ‘Si tocan a uno nos tocan a todos los trabajadores’. Para nosotros es el puntapié inicial para seguir ganando solidaridades y ver si le quebramos el brazo a este grupo”.
Criminalizar al que tiene razòn
Cuatro años atrás, los trabajadores de AGR rechazaron una medida impuesta por la empresa que pretendía establecer una jornada laboral ilegal. La maniobra empresaria buscaba bajar costos, pagar como horas simples las labores realizadas los sábados por la tarde y domingos. Luego de reclamar ante el Ministerio de Trabajo sin ningún resultado, una asamblea general del taller resolvió un paro total de actividades que se prolongó durante cuatro días y que culminó con un impresionante operativo policial.
Luego de este episodio, AGR decidió despedir 119 empleados y tras la conciliación obligatoria, 48 de estos trabajadores no fueron reincorporados, incluidos todos los integrantes de la Comisión Interna.
La estrategia del grupo Clarín no quedó ahí, se perfeccionó con denuncias ante la justicia penal y laboral para demostrar que la huelga fue en realidad una usurpación de la planta y que algunos de los trabajadores fueron intimidados por los delegados para obligarlos a participar de la medida. La gravedad de los delitos por los que se les acusa no tiene relación alguna con lo sucedido, y debe sumarse a las estrategias en boga en los últimos años de criminalizar cualquier intento de las personas de defender sus derechos.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar: