Nota

Cómo convertir el dolor en acción

Publicada

hace 14 años

25/03/2010

La anécdota ocurrió el Día del Animal, y fue narrada por Rosa Bru, la madre de Miguel Bru, primer desaparecido en democracia, durante el conmovedor encuentro Juntos contra la impunidad, en Mu. Punto de Encuentro, del que también participaron conversando con el público Vanesa Orietta (hermana de Luciano Arruga, desaparecido en enero de 2009), Rosa Riffo (madre de Luis “Titi”Almonacid, asesinado en San Carlos de Bariloche en el año 2000) y Julieta Vinaya, cuyo hijo Atahualpa Martínez apareció muerto de un balazo por la espalda en las afueras de Viedma en junio de 2008.
El relato de Rosa: “El 29 de abril del año pasado hubo un acto en Congreso reclamando por la desaparición de Luciano Arruga. Yo llegué tarde, como siempre, pero cuando me iba acercando vi que había móviles de los canales de noticias Crónica TV y TN (Todo Noticias). Me puso contenta, pensé que cubrirían el acto. Cuando me acerco al palco veo que Nora Cortiñas (de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) hablaba roja de la rabia. ¿Qué había pasado? Al ver a los móviles de televisión, se acercó para avisarles que se iba a hacer el acto denunciando la desaparición de Luciano, reclamando por su vida. Pero los periodistas le contestaron que ellos estaban allí por otra marcha, en defensa de los derechos del animal. El 29 de abril es el Día del Animal, y ellos no tenían indicaciones de cubrir ninguna otra cuestión. Nora les explicó a los periodistas que estaba hablando de un chico de 16 años, desaparecido, pero los tipos ni se tomaron la molestia de grabar el acto”.
La historia revela el tamaño de los obstáculos que han debido enfrentar los familiares de desaparecidos y asesinados en democracia por las fuerzas policiales. Tienen en contra a:

La policía, que en todos los casos es la que generó la muerte o la desaparición, convirtiéndose además en algunos casos en un peligro para los testigos cuya identidad debe protegerse para evitar fallecimientos y suicidios dudosos.
El Poder Judicial, que en muchos de estos casos –aunque hay excepciones- cajonea y alarga las causas, o simplemente las envuelve con el moño de la impunidad.
Los funcionarios ejecutivos y legislativos, o “clase política”, según cierta jerga aún vigente, para la que estos temas suelen ser inexistentes (salvo en aquellos casos en los que toman partido contra las víctimas).
Las empresas periodísticas, que en general avivan el fuego de la criminalización de los jóvenes, aunque otra de sus líneas de trabajo tiende a invisibilizar estos casos.
Y una actitud social a veces sordomuda, que más de una vez se escuda en un clásico de la época militar: “Algo habrán hecho”.

Sin embargo, estas mujeres no se resignaron, y lograron en algunos casos condenas, en otros romper esa sordera y esa mudez, en algunos más crearon grupos que no sólo difunden información sobre estos crímenes, sino que tratan de revertir otras situaciones de desamparo, de injusticia o de marginación desde la defensa de los derechos humanos o desde la cultura, todo lo cual fue sintetizado por Julieta Vinaya con estas palabras: “Convertir en dolor en acción”.
Los negros y los educados
El encuentro Juntos contra la Impunidad se produjo el 22 de marzo en Hipólito Yrigoyen 1440 en el marco de una instalación a partir de la foto de Julio López tomada por Helen Zout poco antes de que el testigo clave en la causa Etchecolatz fuese desaparecido (septiembre de 2006). La imagen de López sin camisa, con los ojos cerrados, acompañó así los relatos sobre lo que está representando una nueva generación de violaciones a los derechos humanos, focalizada en jóvenes humildes, perseguidos y reprimidos por la policía.
Rosa Bru, Vanesa, Julieta y Rosa Riffo se encontraron allí, las cuatro juntas por primera vez, llegadas desde La Plata, Lomas del Mirador, Viedma y Bariloche. Faltó por un inconveniente el padre de Rubén Carrasco, el joven muerto tras el recital rockero de Viejas Locas en Vélez, a fines de 2009.
La charla previa entre las mujeres, café con leche y mate mediante, confirmó algo que suele sorprender al observador desprevenido: la vitalidad con la que atienden al otro, conversan y hacen, con una especie de fuerza visiblemente contagiosa.
Ya con el micrófono encendido, las invitadas hicieron un pormenorizado relato de cada caso, pero no se quedaron hundidas la crónica de las víctimas.
Rosa Riffo, por ejemplo, comentó la realidad de muchas reacciones: “Cuando muere un chico de un barrio pobre te dicen que son negros. Seremos negros, pero más educados que los que dicen esas cosas, y que los policías. Nadie nunca vio a mi hijo robando ni en la droga. Trabajaba para ayudarnos a sostenernos a mi y a mi hija. Entonces yo me pregunto: ¿Cuál es la justicia? Hay justicia para los abogados, los jueces y los políticos. Para nosotros, no”. Rosa fue fundadora del grupo “Familia, Mantel y Mate” que reúne también a familiares de otros chicos víctimas del estado de las cosas, y de las cosas del Estado. A diez años de la muerte de Titi, dice algo que ya es parte de la historia práctica argentina: “Si bajamos los brazos, estamos sonados”.
Reclutando chicos para robar
Vanesa detalló el cúmulo de irregularidades en la causa, y la impunidad de los policías del destacamento de Lomas del Mirador, pero reveló algo todavía más grave: “Nosotros denunciamos que la policía recluta a menores para robar, y usan la condición de ser chicos y pobres para tenerlos como rehenes”. En el caso de Luciano (ver en lavaca la nota Algo habrá hecho), el ofrecimiento fue rechazado, y eso mismo lo puso en la mira policial. Los efectivos involucrados ofrecen a los menores “zonas liberadas” y les marcan los objetivos, garantizándoles que no tendrán mayores problemas judiciales posteriores. Alguien tan insospechable de encono hacia la policía como el ministro de seguridad bonaerense Carlos Stornelli terminó haciéndose eco meses más tarde de denuncias de este tenor, aunque con respecto al caso Arruga no se visualizó acción alguna al respecto.
Vanesa: “Los medios grandes tampoco hicieron nada. mandamos gacetillas e informes, pero no los publican. Pero además por ejemplo TN (del Grupo Clarín) siempre se encargó de hablar de drogas en el caso de Luciano, lo cual es una falsedad absoluta. Mandamos cartas documento para que se retacten y no lo hicieron”. Quedó confirmada una hipótesis del libro El fin del periodismo y otras buenas noticias: la libertad de expresión que peligra es la de la sociedad, y los que ejercen la censura versión siglo XXI son las empresas periodísticas.
Otro caso, relatado por Vanesa: “Iban a hacer una nota para Clarín. Pero como otro diario sacó la nota antes, me llamó la mujer que iba a hacer la nota para avisarme que lo de Luciano ya no era una primicia, y que no lo iban a hacer. Le expliqué que mi hermano no era una primicia, le pedí que entendiera nuestra desesperación, que fuera humana, pero no publicaron nada”.
Julieta Vinaya aportó en esa línea: “Te dicen que el tema no vende, que la gente no está interesada, como si informar sobre una desaparición fuese una cuestión de ventas”.
Julieta agregó que no hay hipótesis sobre el asesinato de su hijo Atahualpa, que pensaba estudiar medicina. Le tocó vivir esa situación paradójica: además de denunciar la muerte de su hijo, aclarar que el chico no era culpable de las acusaciones vertidas por la prensa y la policía para criminalizarlo: “Cuando empezaron a decir que era un asunto de polleras o de drogas, por suerte cantidad de personas salió a decir quién era en realidad Atahualpa. También me di cuenta de que teníamos uqe salir de Viedma, y de la provincia, lograr que se ifundiera el caso en todas partes. Empezamos a esperar a la Presidenta en los actos y finalmente pude verla y explicarle la situación. Como estaba el gobernador adelante, no le dije qu para mi fue la policía, pero le dije que sospecho de todo el mundo. Mandaron a Gendarmería para que investigue. Ya hay 2.000 fojas en la causa. Pero todavía no se sabe nada. Lo que yo creo es que vio algo muy grave, vio a policías o supo de algo que estaban haciendo, que le costó la vida”.
+ Mano dura = + inseguridad
Los amigos de Ata idearon una organización, Crece desde el pie, que se dedica a dar talleres de música, escritura, teatro: “Se juntan, se reúnen, estudian y además difunden todo lo que pasó”.
Julieta logró hacer imprimir 15.000 volantes y llegar a cada lugar posible demostrando que estas mujeres, estos familiares, son ellos mismos medios de comunicación.
Vanesa: “Hacemos actividades, muestras, nos apropiamos de la plaza 12 de octubre del barrio y eso fue bien recibido por los vecinos. Además de hablar y denunciar empezamos a hacer. Para cambiar esta realida violenta hayque comprometerse y entender que hay jóvenes que necesitan nuestro afecto. Cuando una va por la vereda correcta, la de la verdad, la gente lo percibe”. Un ejemplo: se dividió el grupo de apoyo a la policía dirigido por Gabriel Lombardo, embajador en Lomas del Mirador del político Francisco De Narváez, “y ni siquiera pudo hacer lo que pensaba, presentarse a concejal”. En un debate televisivo con Vanesa Lombardo quedó expuesto ante las cámaras: “Quedó como un hombre violento, racista”. Muchos Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador entendieron otro argumento: cuanta más mano dura se pide, tantos más policías puede haber no combatiendo sin reclutando a los delincuentes, con lo cual la ecuación resulta: a más mano dura, más inseguridad.
Superando el miedo
Ante una pregunta del público Rosa Riffo dijo que para ella el miedo no existe. Rosa Bru en cambio reconoció que tuvo temor pensando en sus otros hijos. Todas coincidieron en que, en todo caso, el miedo es un enemigo a vencer para no caer en la parálisis. Por lo tanto, hay que moverse. En el caso Bru el movimiento permanente de Rosa logró además que un caso de desaparición fuese condenado como homicidio, por primera vez en la historia, con prisión para los responsables. Miguel Bru estudiaba periodismo en La Plata, lo que hizo que sus compañeros y amigos se sumaran a ese constante moverse para mantener viva no sólo la memoria sino para construir nuevas posibilidades. Hoy la Asociación Miguel Bru asesora y acompaña las luchas judiciales de otros chicos y han realizado todo un trabajo con jóvenes en la Isla Maciel, que ya es la muestra “Ojos y voces de la isla” y busca convertirse en un libro.
La reunión no terminó. Las dos Rosas, Vanesa y Julieta se quedaron charlando y comiendo juntas, antes de emprender sus respectivos regresos. La reunión tal vez haya sido un primer paso para seguir en movimiento, juntas. Dicen que es una gran receta para no asfixiarse con ese gas paralizante llamado miedo.
Cómo convertir el dolor en acción
Los casos
Caso Arruga: Luciano tenía 16 años cuando desapareció el 31 de enero de 2009. Aquel día estuvo con su mamá Mónica, fue a jugar al Sega con amigos, buscó a su hermana para pedirle dinero para salir con amigos, y fue visto cuando la policía de Lomas del Mirador lo interceptaba. Las sospechas sobre la policía, no sólo por su desaparición sino por el “reclutamiento” de chicos para delinquir, ocurren mientras las voces de siempre piden más “mano dura” y criminalizan a los chicos pobres con la versión actualizada del “algo habrán hecho”. Después de mucho tiempo sin respuestas ni culpables, la causa acaba de moverse. Se obtuvieron resultados de las pericias de las comisarías involucradas, incluyendo la de Lomas del Mirador que funcionó como centro clandestino durante la dictadura (la llamaban “Sheraton”, como si fuese un hotel). Durante 2009 no sólo no se había avanzado sino que los policías sospechosos continuaron trabajando como si no hubiese ocurrido nada, y se los consideró simplemente “testigos”. Las nuevas pericias permiten al abogado de la causa Juan Manuel Combi asegurar que es gravísima la adulteración de los documentos según los cuales la entrada de Luciano no está registrada (esa es otra desaparición en este caso, la del registro). Combi está a punto de presentar un nuevo pedido de indagatoria sobre ese grupo de al menos ocho uniformados. “No planteamos sólo por la desaparición de Luciano. La idea de la causa es también denunciar el delito de coacción agravada por amenazas, la supresión de documentos públicos y el incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos”.
Caso Atahualpa: Atahualpa Martínez Vinaya tenía 19 años, cuando el 15 de junio de 2008 fue baleado por la espalda y arrojado en las afueras de Viedma, Río Negro. Estaba en 5° año y con intenciones de estudiar medicina. De origen mapuche-aymara, participaba con su comunidad –y con su madre Julieta- en diversas luchas que ya parecen eternas, en busca de la recuperación de territorios y en defensa de la identidad y la dignidad indígenas, derechos escritos en las leyes y las constituciones, pero muchas veces inexistentes en la práctica. Las 2.000 fojas del caso sólo parecen una acumulación de relleno judicial. La actuación policial en el lugar generó más sospechas (o certezas) que respuestas, ya que se destruyeron y distorsionaron pruebas. A más de un año y medio de la desaparición de su hijo Julieta Vinaya se lamenta: “No hay siquiera una hipótesis”. Por eso mismo, sólo queda la del encubrimiento: “Nadie dice nada. Nadie vio nada” explica la mujer. La recompensa de 100 mil pesos no tuvo efectos, ni las casillas de mail habilitadas y los contactos telefónicos. Julieta interpreta el silencio: “Hay mucho miedo”.Las esperanzas estaban hasta hace poco depositadas en un informe de la Gendarmería, investigando a la policía, pero el resultado fue una simple transcripción de la causa sin datos novedosos, según la propia Julieta. Este 18 de marzo la familia de Atahualpa se reúne con funcionarios de la jefatura de gabinete, para pedir soluciones y apoyo concreto a la investigación.
Caso Bru: El 17 de Agosto de 1993 desaparece Miguel Bru, que tenía 23 años y estudiaba periodismo en la Universidad de La Plata. Miguel vivía en una casa tomada, con varios integrantes de la banda de música y allí ensayaban, hacían reuniones. Allí mismo había sido víctima de dos allanamientos ilegales muy violentos y a punta de pistola, por personal de la Comisaría 9º de La Plata. Los policías tenían a su favor un hecho clave: la complicidad judicial. El juez de la causa, Amílcar Vara, se negaba a vincular la desaparición de Miguel con la actividad del personal policial. Finalmente, los familiares y amigos de Miguel consiguieron que fuera sometido a un jury de enjuiciamiento, para ser destituido al comprobársele irregularidades en 26 causas distintas en las cuales estaba involucrado personal policial. En 1995, luego de la declaración de los testigos, la justicia dicta la prisión preventiva a uno de los policías, el sargento Justo López , que ya tenía numerosas denuncias por abusos y violaciones de todo tipo en la dependencia de asuntos internos de la fuerza. Finalmente , en 1996, se ordena la detención del subcomisario Walter Abrigo, del comisario Juan Domingo Ojeda y de los efectivos Jorge Gorosito y Ramón Cerecetto. En mayo de 1999 comienza el juicio oral y público. En él fueron condenados a prisión perpetua los policías Justo José López y Walter Abrigo, acusados de tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta a los deberes de funcionario publico. En 2003, la Suprema Corte Bonaerense dejó firme la condena a ambos ex funcionarios policiales. El entonces comisario de la 9°, Juan Domingo Ojeda, que fue condenado a dos años de cumplimiento efectivo de la pena, recuperó su libertad con sólo ocho meses de prisión, al igual que el oficial Ramón Cerecetto. “Fue el primer juicio donde se condenó sin haber cuerpo”, comenta Rosa, que en el año 2002 creó la Asociación Miguel Bru con el objetivo de patrocinar casos que tuvieran como victimario a las instituciones del Estado.
Caso Carballo: Rubén fue brutalmente golpeado el 15 de noviembre de 2009 y falleció el 8 de diciembre, tras 23 días de agonía. Pero recién ahora se le pudo garantizar la identidad reservada a un testigo clave (para evitar represalias policiales). Contó que vio cómo Rubén –inconsciente- fue subido por policías a un patrullero, lo cual desarma el argumento policial según el cual el chico cayó desde una autopista a un rincón de un club aledaño a Vélez Sarsfield. Rubén sólo había ido a ver el recital de Viejas Locas, con su entrada. La familia Carballo y el abogado Eduardo Azcuy pidieron que se investiguen las conversaciones de radio y celulares del personal policial que cumplía funciones esa noche. La defensa cuenta con testigos que narran la visible y permanente comunicación por handy entre los policías de la Comisaría 44. “Con la tecnología que hay, no debería ser un problema. Pero la policía no está facilitando la investigación” dice Rubén Carballo padre, en una paradoja típica de estas situaciones donde quienes tendrían que investigar son en realidad los posibles acusados. “siguen intentando encubrir todo esto” dice el hombre. A 100 días de la muerte de Rubén, la novedad del testigo protegido puede permitir que lo que busca la familia Carballo: cambiar la carátula de “muerte dudosa” que mantiene la causa.

La Rioja vs. la minería china

¿Y Julio López?

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Nota

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: