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Con “c” de cianuro, de Catamarca y de Canal 13

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La gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci declaró este martes 14 que “Minera Alumbrera no utiliza en ningún momento de su producción cianuro”.  Lo hizo en el marco de una paradójica conferencia de prensa referida a la “desinformación” sobre el tema minero:  en esta página reproducimos fojas del último Informe de impacto ambiental conocido y realizado por la propia minera, en el que se especifica que utiliza 700 toneladas anuales de cianuro. Y publicamos además los fundamentos de la Universidad de Córdoba en 2009 para rechazar los fondos de la minera que rebaten una hipótesis asombrosa de la gobernadora Corpacci: que la actividad minera no perjudica las cuencas hídricas.

Entre los insumos de Alumbrera: 700 toneladas de cianuro

Entre los insumos de Alumbrera: 700 toneladas de cianuro


“El tema del cianuro no es el central cuando se cuestionan los efectos de la explotación minera pero teniendo en cuenta que la gobernadora lo mencionó, es importante destacar que la propia empresa ha revelado lo contrario en su informe original” explicó a lavaca el licenciado Horacio Machado Aráoz, profesor de la Universidad Nacional de Catamarca e investigador de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). No se ha conocido públicamente actualización alguna del informe original de 1999. Otras versiones, del ámbito minero, sostienen que no se ha usado cianuro sino otro tipo de ácidos para separar el oro de la tierra. La confusión y oscuridad de la información simbolizan un  rasgo genético del hermetismo en que se desenvuelve esta industria extractiva, cuyos datos de producción además no son auditados ni corroborados por nadie: a juzgar por las experiencias en diversos países, todo puede ser peor de lo que ellas mismas autodeclaran.

Datos para entender  
El debate se da en el contexto de algunas noticias que por alguna extraña razón no son la tapa de todos los diarios o el encabezamiento de cualquier noticiero, incluso oficial:
1)      La ciudad de Andalgalá está literalmente sitiada por patotas pro mineras que amenazan a los vecinos y funcionan como frontera interna que deja o impide el paso a quienes intentan llegar o salir.
2)      Las patotas son apoyadas por la policía, que obedece sus directivas. De creerle al gobierno catamarqueño y a Minera Alumbrera que no tienen vínculo con esos grupos de choque, es más asombroso todavía que nadie haga algo al respecto.
3)      La policía catamarqueña y el grupo antimotines Kuntur reprimió e hirió a las vecinas y vecinos que reclamaban pacíficamente en Tinogasta. Reprimió a mujeres y niños en un ambiente con todos los síntomas de ser una provocación contra las comunidades que reclaman ser escuchadas.
4)      El jefe de policía catamarqueño Juan Palomeque reconoció que se están realizando trabajos de inteligencia interna (espionaje) sobre las comunidad de Belén (que también sufrió su dosis represiva la semana anterior, con 30 detenidos), Andalgalá y Tinogasta, lo cual se suma a las provocaciones a los vecinos que tuvieron otro punto culminante en Famatina (La Rioja) cuando se pudo acceder en diciembre a los documentos de la minera Osisko, con los nombres de vecinos, calificativos como “cabecillas” y “agresivos”, en lo que  terminó siendo una abortada maniobra de espionaje sobre la comunidad, ante el silencio oficial.
5)      La sanción de la llamada Ley Antiterrorista que puede ser aplicada a vecinos como los que actualmente reclaman contra la minería por cualquier juez provincial lo suficientemente dócil al poder político y/o económico.
6)      La aparición de sujetos fingiendo ser mineros en actoss presidenciales, a quienes además se aprueba y da micrófono, simulacro que parece demostrar que la industria ni siquiera logra reunir una claque presentable.
7)      El renacimiento del discurso por Malvinas, mientras el territorio argentino se sigue abriendo gracias a las leyes menemistas a multinacionales y megaproyectos mineros, negocios con nexos políticos no excesivamente claros, que además no cuentan con licencia social.
Ayer, además, se produjo la reunión de gobernadores de las provincias mineras con el ministro de Planificación Julio De Vido. Quedó planteada la creación de la Organización Federal de Estados Mineros, un modo de reunir aún más masa de poder estatal para enfrentar a las comunidades.

Canal 13 y el oportunismo
La gobernadora Corpacci en la Casa de Catamarca de Buenos Aires, mostró un video de Canal 13 y TN en Tinogasta, donde el enviado denuncia el paso de camiones con cianuro.  Ninguno de los vecinos autoconvocados había dicho que esos camiones portaran cianuro, sino materiales, químicos y explosivos para la minera. El licenciado Machado Aráoz argumenta: “Supongo que la gobernadora se centró en el relato de Julio Bazán, el periodista de Canal 13 y TN, que dijo montón de veces “pasan los camiones con cianuro”. Ella habrá querido contestarle a eso. Lo que uno observa es el oportunismo del Grupo Clarín. Pero no tenemos porqué hacernos cargo si ellos informan algo que no es exacto. Los cortes son medidas de fuerza que llevan varias semanas, el reclamo tiene varios años, y ningún periodista de esos grupos vino nunca. Seguramente TN no lo hizo por ecologismo, sino en el marco de su enfrentamiento con el gobierno”. La situación empalma con el curioso desfile de figuras de la llamada «oposición» que logran asomarse a las pantallas del Grupo Clarín.
Por eso surge otra idea: “El sensacionalismo banaliza el conflicto –dice desde Catamarca Machado Aráoz-,  pero ese no es nuestro problema. Lo que sí es cierto es que por nuestras rutas, las rutas de la minería en Catamarca, pasan de 30 a 50 camiones diarios que llevan sustancias tóxicas, explosivos, combustibles, nitrato de amonio. Ha habido muchos accidentes, que han sido denunciados, lo cual ha hecho que en muchas municipalidades del país se prohíba el paso de este tipo de camiones”.  Hubo incluso conflictos interprovinciales cuando la provincia de Tucumán denunció a Alumbrera por la contaminación de las cuencas hídricas.

Un grano de cianuro
Machado Aráoz aclara que una pizca de cianuro, del tamaño de un grano de arroz, alcanza para matar a una persona: “El informe de impacto ambiental de Minera Alumbrera es un documento engorroso, de más de 14 mil fojas. Hay que tomarse el trabajo de leerlo y analizarlo, y es lo que hemos hecho nosotros. Seguramente la gobernadora no lo haya leído. Creo que las empresas hacen semejantes mamotretos a propósito, para que nadie los lea. Pero insisto que, siendo grave, el del cianuro no es el principal problema”.
Machado se refiere a otros efectos que ni siquiera requieren del cianuro para que se trate de una minería de destrucción y extracción: las solas explosiones provocan un desastre ambiental; se destruyen montañas enteras generando cráteres de 5 kilómetros de diámetro por cientos de metros de profundidad; se generan montañas de desechos químicos y de material estéril; los diques de cola donde se produce la lixiviación (separación del oro y la tierra) con cianuro –o  en su defecto con sopas ácidas- suelen tener derrames. Aún si no los tuvieran (que los han tenido) la actividad en sí ha impactado en la sociedad destruyendo producciones locales y provocando enfermedades (como ocurre con las fumigaciones sojeras).
Además Catamarca, la provincia que tiene en su seno el mayor proyecto minero en marcha desde hace 15 años, sigue siendo pese a esa «mega inversión» una de las dos más pobres del país, desnudando en qué medida la palabra “progreso” se ha transformado en un mero espejismo.

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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