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La mujer que ocupó la fábrica

Antonia se pasó 45 días adentro de Lanera El Mirador, custodiada por 5 policías, para resguardar su fuente de trabajo. De a poco, la Cooperativa 10 de Noviembre retomó la producción y Antonia, hoy su presidenta, aprendió de derecho y contabilidad. “Fue como la casa de Gran Hermano”, dice.

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Antonia Argota es petisa, morocha, peronista, matancera y acaba de contar que vivió 45 días con cinco policías (tres hombres, dos mujeres) dentro de la fábrica recuperada que hoy preside en Lomas del Mirador, a sólo tres cuadras de Ruta 3, y a menos de 10 minutos de Capital Federal.
“¿45 días?”, es la repregunta, tonta y asombrada.
“45 días”, es la respuesta, concisa y sonriente.
Antonia deja un espacio al silencio. El grabador lo registra. Ella también: sonríe.
La mujer que ocupó la fábrica
El silencio también se registra cuando se suben las escaleras que conducen a la enorme Cooperativa 10 de Noviembre -ex “Lanera El Mirador S.A.”-, adormecida durante las últimas semanas por una merma en la producción que detuvo las máquinas con las que esta empresa textil trabaja la fibra acrílica que después se exhibe en forma de bellos tejidos en hilanderías de la calle Corrientes. El silencio le duele a Antonia y al resto de los casi 20 integrantes de esta fábrica sin patrón del oeste del conurbano bonaerense: si no hay producción, tampoco hay dinero.
La cooperativa trabaja a fasón, es decir, para otras empresas que le proveen la materia prima y, luego, la comercializan. No tiene marca propia. Producen para Nube, que elabora hilados gruesos. Ese fue el motivo, explica Antonia, del parate: el traicionero invierno de la temporada 2015 les jugó una mala pasada, y los días primaverales acumularon un stock que aún no pudo venderse. “No pudieron sacar el material y nos cortaron el trabajo de una semana a la otra”, dice la mujer. “Arrancamos de vuelta con algunos clientes que sabemos que trabajan hilado fino, pero de a poquito. Te traen 500 kilos, pasan dos o tres semanas, a veces un mes, y te vuelven a traer 500, porque quieren ver cómo va el panorama con el tema de las votaciones. Muchos especulan con eso”.
Para tomar una idea de la magnitud: la fábrica estaba trabajando hasta 1800 kilos por semana, casi 8 mil al mes. “Con eso estaba a pleno. Inclusive trabajábamos algunos feriados, algunos domingos. Y cuando hubo mucho material ingresaron más personas. Llegamos a ser 23 compañeros. Pero vinieron temporadas malas y algunos buscaron irse”. La gran deuda es la marca propia. ¿Por qué no? “Sale muy cara”, dice Antonia. “Y si querés comprar de a 200 ó 300 kilos, no te traen. La compra tiene que ser mil kilos para arriba. Imposible: estamos hablando de 4,20 dólar el kilo”. A 8 mil kilos por mes, serían casi 34 mil dólares: 334 mil pesos mensuales.
Antonia suspira: “Hoy por hoy estamos así”.

Los señores de traje

La cooperativa 10 de Noviembre reinició la producción en agosto de 2009 luego de dos años y medio. Lanera El Mirador cerró en 2007 sin presentar ningún drama económico. “No tenía problema, estaba lleno de material”, recuerda Antonia. “Las máquinas estaban llenas de material. Se había acumulado y la semana anterior habían entrado varios fardos, grandes como esta mesa. Ni siquiera teníamos problemas de cobro. Éramos 50 personas trabajando a pleno”.
Dice Antonia: “Todo comenzó por un problema interno”.
El problema interno detonó tres años después del fallecimiento del dueño. El relato oscila entre su viuda, unos primos, y una serie de conflictos familiares que se desataron con el correr de las semanas, y que derivó en movimientos sospechosos dentro de la fábrica que los trabajadores fueron percibiendo de a poco. Antonia recuerda que la fotografía habitual de la empresa, con las máquinas encendidas, los hilos enganchados y las madejas listas para salir, se fue manchando con la visita de misteriosos hombres de traje que llegaban para mirar las maquinarias. Un día notaron que uno de esos hombres llevaba en el traje una etiqueta que decía Conotex. “¡Era la empresa de las máquinas!”, recuerda hoy Antonia. “Yo pregunté por qué venían, y me respondieron que era porque la empresa había solicitado un préstamo y venían a verificarlas porque estaban como garantía. ¡Todo mentira! Venían porque se estaba por poner en venta la fábrica: la empresa iba a cerrar”.

Cuarenta y cinco

La alarma se encendió. A la visita de los hombres de traje se sumaban rumores que otras compañeras habían escuchado en el sindicato. No dudaron un segundo: reunieron las pruebas que tenían hasta entonces y presentaron una denuncia formal en el Ministerio de Trabajo. La jugada fue estratégica porque fijó la postura de los trabajadores de cara a los futuros conflictos: querían mantener sus fuentes de empleo. El patrón, Juan Carlos Borrino, negó todas las acusaciones. Los trabajadores ya contaban con un abogado para asesorarse. Las audiencias fueron pasando una a una. Adriana Daquisto, 14 años en la fábrica, recuerda como si hubiera sido ayer las palabras del patrón en una de las jornadas en el Ministerio: “Esta empresa la abrí cuando yo quise y la voy a cerrar cuando yo quiera”. Las tensiones iban en aumento.
El 9 de noviembre de 2007 -era viernes- tres muchachos fueron a la fábrica. Se presentaron como militantes de Polo Obrero (el movimiento piquetero del Partido Obrero) y pidieron hablar especialmente con Antonia Argota. Eran aproximadamente las 17:30. Antonia bajó y los miró. Nunca los había visto en su vida. Recuerda ese momento: “Me preguntaron si podíamos reunir a todos los compañeros que ingresaban al día siguiente por la mañana. Dijeron que el patrón, el día 10 de noviembre, a las 14:30 horas, iba a venir y a cambiar todas las cerraduras”.
Acudieron al día siguiente ante el inesperado aviso. Se metieron. Esperaron. Pasaban los minutos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Eran las 14:29. “Exactamente a las 14:30 llegó el patrón con 10 ó 15 patrulleros, personal de seguridad privada y cinco cerrajeros”. Todo un arsenal. Pero la fábrica estaba tomada. El patrón comenzó a gritar. Los policías pudieron desalojar a los trabajadores, pero no podían tocar a las mujeres. Quedaron tres adentro. Una de ellas era Antonia.
“¡Quedamos con cinco policías!”, exclama Antonia. “Eran dos mujeres y tres hombres contra nosotras tres. Pero a la primera semana se bajó una: tenía un bebé de 7 meses. Abandona. A los días abandona la otra: tenía un chico chiquito. Quedé yo. 45 días. Y cinco policías”.
45 días, sola, en una fábrica, con cinco policías.
Hoy Antonia Argota es la presidenta.

La ira

Subsistió más de un mes en el lugar donde había trabajado 25 años. La tenía clara: “Sabía que si salía, ya estaba: perdíamos toda la lucha”. No se fue. Afuera, en la calle, sus compañeros habían montado una carpa esperando el momento para volver a entrar. Sumaron apoyo de otras cooperativas y fábricas, de vecinos, de organizaciones sociales. Armaron ollas populares. Antonia no se movía. “Un día se me acercó un señor policía, grande de edad, me agarró y me dijo si podía hablar con él. Me dijo que nunca me acercara a la puerta, porque había muchísima plata puesta para que me sacaran a la calle. Imaginate: ni me acercaba”.
Antonia valora ese gesto. “Se hizo una convivencia”, recuerda. “Trajeron una cafetera eléctrica para que tomemos café. Y una estufa, porque dormía arriba de un banco con frazadas que me dieron los vecinos. Otras veces nos alcanzaban fideos. Mis compañeros le daban a los policías la comida por una ventanita y ellos me la traían”. Dice que los policías eran pagos: terminaban sus horarios de trabajo y llegaban porque hacían adicionales. “Nunca vino un fiscal con una orden de desalojo”, comenta. “Nosotros siempre dijimos que estábamos resguardando nuestro lugar de trabajo y que estábamos cuidando las máquinas, que son nuestra garantía de cobro de sueldos adeudados”.
Esa posición fue clave. “Legalmente también nos movimos bien”, expresa. Sin embargo, fueron 45 días los que estuvo allí. “Es una cosa que vos no lo pensás”, responde. “Son actos que nacen de adentro con la bronca, con la rabia. Imaginate: entré a esta empresa cuando tenía 16 años, soltera. Me casé trabajando en esta empresa, tuve mis hijas trabajando en esta empresa, tuve mi nieto trabajando en esta empresa. Era una historia de mi vida, familiar: todo lo que yo sé ahora y que puedo volcar al trabajo que hago lo aprendí estando en esta empresa. Era una madre soltera, separada, con dos hijas, que trabajaba sábado, domingo, feriado. Vivía acá, prácticamente”.
Sigue Antonia: “En ese momento pensás en todo y no pensás en nada. Los años que trabajé acá no me los devolvía nadie. Y teníamos compañeras grandes. ¿A dónde íbamos a ir? ¿Por qué nos hacían esto? Es la ira tuya la que te hace defenderte y subsistir cada día. Vos te ponés más fuerte. Porque van pasando cosas, sí, pero no: yo tengo que seguir parada y con la bandera en mano”.
Después de 45 días ingresaron todos los compañeros y compañeras
Empezaba otra batalla que sigue hasta hoy.

El Gran Hermano

Ocuparon la fábrica durante dos años y medio. De 2007 hasta 2009 la producción estuvo parada. Dos años y medio sin trabajar ni ver un centavo. El impacto se sintió: de 50 trabajadores quedaron 12. Algunos quedaban haciendo guardia, otros salían a buscar trabajo. El fondo de desempleo ayudaba algo, pero tampoco mucho. “Muchos compañeros eran grandes, no los querían tomar en ningún lado”, dice Andrea Daquisto. El camino fue durísimo. En el transcurso de la lucha, uno de los trabajadores (Rubén Palma) se enfermó. “Se fue agravando cada vez más mientras más se estiraba esto. Quedó inválido. Murió de un infarto”.
En 2010 murió otro obrero: Hugo Cejas. “Salía a buscar trabajo y no lo querían tomar en ningún lado por la edad. Tenía 54 años”, cuenta Antonia. “Eso le trajo conflictos con su pareja. Empezó a entrar en un estado depresivo. Lo ayudamos acompañándolo al médico, estando con él. Un día se fue y no regresó. Lo encontraron después de varias horas. Se ahorcó en su casa”.
No fue fácil la supervivencia. Muchas de las trabajadoras dormían con sus hijos en la fábrica durante sus turnos. Los niños iban al colegio y al jardín desde la propia empresa. Se llevaban los guardapolvos, las mochilas, los útiles. “La vida estaba totalmente cambiada”, sintetiza Josefina Argota, 16 años como obrera textil, que hacía guardias los fines de semana. “Mi nene en ese momento tuvo que hacer una historia para el colegio. Contó la historia de la cooperativa. Del comienzo. La maestra le preguntó si era real lo que había escrito. Le dijo que sí, que todo eso le había pasado a su mamá cuando cerró el patrón las puertas de la fábrica y ella se quedó sin su fuente de trabajo. Gracias a esa historia se llevó un 10”.
Salían a buscar cartón, botellas. Los chicos acompañaban. “Para ellos era una experiencia de juego”, dice Claudia Bellini, 5 años en la cooperativa, venía a acompañar a su madre. “Una no quería que pasaran por las cosas que pasamos nosotras, por eso decíamos: ´Hagamos que sea para ellos un juego´. Así les explicamos el valor de las cosas y el sacrificio que una tuvo que hacer”.
Argota: “La convivencia en ese tiempo fue como la casa de Gran Hermano”. No bromea.
María Alejandra Gallo trabajó un año, se fue y volvió cuando se conformó la cooperativa. Tiene experiencia en la familia: su papá es uno de los trabajadores que recuperó Cristalerías San Justo, también en La Matanza. “¿Por qué apostar a esto? Porque era lo que hacías y sabías que funcionaba. Había mucho trabajo. Sí, está bien, había un patrón, pero las que trabajábamos éramos nosotras”.
Daquisto: “Gracias a nosotras él tenía lo que tenía”.
Gallo: “Lo más importante estaba, y era saber quién podía hacer el trabajo: nosotras. Fue una alegría enorme el día que nos pusieron la luz y cuando prendimos las máquinas para escuchar cómo andaban. Era una fiesta”.
Argota: “Te revuelve muchas cosas. Cuando nos trajeron la primera materia prima después de dos años y medio, fue una alegría. Nos dio fuerza saber que estábamos en nuestra fuente de trabajo y que éramos nosotros los que íbamos a remar y a manejar esto entre todos los compañeros”.
Bellini: “Por eso cuesta hacerles entender a los nuevos que entrar a la cooperativa que no van a hacer sólo su trabajo y allí va a terminar todo. A veces hay poco entusiamo, pero es porque no la luchó y no estuvo para aguantarla como estuvimos nosotras”.
Argota: “Piensan, a veces, que como es una cooperativa y no hay patrón pueden hacer lo que quieren. Los horarios no lo respetan, porque piensan que nadie lo va a controlar”.
Las mujeres están hablando de la disciplina de la autogestión.
Esa es otra batallas que siguen hasta hoy.

Una familia

La producción está detenida pero el trabajo no se detiene. Las goteras y las intensas lluvias de las últimas semanas empujaron a un grupo de trabajadores a arreglar el techo. Es en la terraza de la fábrica donde habla Ricardo Herrera, 31 años, 13 en la fábrica, hoy tesorero de la cooperativa: “El conflicto fue duro. Aguantamos y apostamos, primero, por los compañeros, y después siempre creí en la cooperativa, en que íbamos a salir adelante todos juntos. Y hoy seguimos luchando, pese a las épocas buenas y malas. Cuando arrancamos no sabíamos nada: sólo manejar una máquina. Y de ahí uno tenía que empezar a reunirse con clientes, con proveedores. Uno se apichona, pero es hasta aprender a pararse de igual a igual. Nosotros discutimos con grandes clientes que vienen con saco y corbata, pero nosotros, con nuestra ropa de trabajo, tenemos que hablarles de igual a igual”.
Gustavo Matías Gómez, 23 años, hincha de Almirante Brown, explica que esa dignidad se construye día a día: “Cuesta hacerles entender a mis amigos qué es trabajar en una cooperativa. Piensan que es una de las creada por el Estado. ´Ustedes se rascan todo el día. Total, siempre les van a pagar”, me dicen. Más de una vez respondí: ´Vení una semana seguida a mi trabajo, fijate el esfuerzo que hacemos para tener lo que tenemos y cobrar, no como vos, que por más que hagas o no tu producción, a fin de mes vas a tener tu plata´. Si nosotros no entregamos la producción en tiempo y forma, nos vamos a llevar menos a fin de mes. Por eso tenemos que tirar todos para el mismo lado”.
Herrera: “No es que fuimos cooperativistas desde la cuna. Somos una empresa recuperada. El patrón nos empujó a esto. Ahí nos fuimos instruyendo y cambiando el pensamiento. Cuando estaba el patrón, venía y preguntaba las mismas cosas ocho veces. No me interesaba. Si algo se rompía, tampoco. Hoy uno cuida sus cosas como si fuera su casa. Y lo es: es nuestro segundo hogar”.

Qué hacer

Antonia habla y detrás suyo, sobre la repisa de una biblioteca, reposan una foto con Néstor Kirchner y otra con Cristina Fernández. “Soy peronista desde la cuna. Mi familia es peronista de Perón y de Evita. Mi abuela me cuenta que mi abuelo estuvo preso cuando el peronismo estaba proscripto”.
En medio del silencio de las maquinarias, cuenta que pocas veces tramitaron subsidios para la cooperativa. “Teníamos trabajo”, dice. Este fue el año que más se movieron. El objetivo a mediano y largo plazo es tener materia prima propia y producir una marca autónoma. Hacia allí se enfocarán las próximas demandas de la fábrica. Aun así, la plata que sí pudieron recibir la invirtieron en los respuestos de las máquinas: “Son muy caros”. Antonia subraya entonces dos instancias clave en la lucha de las empresas recuperadas: el antes y el después. El antes -clave, por supuesto- está signado por las batallas judiciales y policiales. Los 45 días de Antonia adentro y la carpa afuera se convierten así en una de las experiencias que condimentan la épica de un movimiento aún en formación. El después es el presente, que también implica el futuro, y conlleva nuevos aprendizajes cada día. Y dispara una pregunta: ¿cómo sostenemos la autogestión?
“Uno de los problemas que tenemos es a la hora de hacer trámites”, responde Antonia para ejemplificar una de las dificultades actuales que atraviesan al sector. “Desde el Estado no pueden distinguir de las cooperativas creadas por el propio Estado que las que nacen dentro de la economía social. Somos empresas recuperadas, y cada vez que tenemos que tramitar algo debemos llevar la ley de expropiación para que entiendan que no recibimos un sueldo del gobierno, sino que nuestra plata sale de lo que trabajabamos mes a mes. Tampoco hay contadores ni abogas que sepan trabajar y entiendan sobre cooperativas de trabajo dentro de la economía social”.
Antonia, en medio del doloroso silencio de las máquinas textiles, deja una enseñanza: “El sistema judicial y contable es uno solo. Y ahí hay que saber bien qué decir y qué hacer”.
Esa es la batalla que sigue hasta hoy.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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