Nota
Mover el futuro: la ex Petinari otra vez en manos de sus trabajadores
Los obreros reingresaron a la planta en Merlo de la cual habían sido desalojados. La solidaridad de vecinos y de otras cooperativas amigas. «Hicimos justicia», dicen.
Los obreros reingresaron a la planta en Merlo de la cual habían sido desalojados. La solidaridad de vecinos y de otras cooperativas amigas. «Hicimos justicia», dicen.

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho
La ruta 200 divide dos realidades opuestas. Son aproximadamente las 14 en el municipio bonaerense de Merlo cuando, de un lado, pasan 15 personas trotando, ropa deportiva, pecheras, pantalones cortos, como preparándose para una maratón. Del otro, una fábrica vacía, 30 trabajadores afuera -entre 29 y 62 años, la mayoría con ropa de trabajo, manos curtidas, dolores metalúrgicos- y un perro vestido con una pechera azul. Hace una semana, la fábrica estaba llena, con los 30 trabajadores y el perro adentro, pero fueron desalojados luego de haber ingresado a la empresa metalúrgica de semirremolques y volquetes que desde enero no le pagó sueldos, aguinaldos, los dejó sin obra social y los empujó a un paro que los llevó a estar siete meses en la ruta, subsistiendo con la colaboración de los vecinos y los automovilistas.
El desalojo los dejó nuevamente en la calle. Habían retomado la producción: ya tenían listas dos cajas para ser entregadas a los clientes. No sucedió: 50 efectivos entre infantería y Bonaerense llegaron acompañados de la fiscal Adriana Suárez de Corripio, de la UFI N°8 de Morón. Los trabajadores decidieron salir pacíficamente y evitar represalias. La cooperativa estaba en marcha: ya tienen la matrícula provincial, están tramitando la nacional y un proyecto de expropiación presentado por Miguel Funes (FpV) espera ser tratado la próxima semana en el Congreso bonaerense. Pero cuando cerca de la 14 de este jueves los 30 obreros vieron a los trotadores pasar, ninguno se imaginaba el futuro: esa misma noche la pasarían dentro de la fábrica sin dormir para poder concluir esa producción.
“¿Sabrán lo que se está gestando acá?”, pregunta un trabajador, mientras miraba a los corredores.
Lo que se está gestando lo dice Jorge Gutiérrez, futuro presidente de la cooperativa Acoplados del Oeste, que reunió a sus compañeros en ronda: “Vamos a estar tranquilos. Vamos a entrar y vamos a ser claros: a partir de ahora el control lo tenemos nosotros”. Los obreros se miran, toman confianza y se ponen en marcha.
El grupo se divide. Una parte avanza firme por el terreno lindero. La otra avanza hacia el portón de la fábrica. Les dicen a los de seguridad privada de la garita que van a entrar. Tres comienzan a tirar. Se suma un cuarto. Lo abren. Duró segundos. De repente, la fábrica. Es un paso. Entran “Ya está”, dice Miguel Ángel Colazo, 6 años en la fábrica, entre asombrado y confundido. “Ya está”, confirma Félix León, 7 años trabajando, casi en igual sensación.
La ruta quedó atrás, los trotadores ya no existían, los obreros empiezan a aplaudir. “Ya entraron”, dice Gutiérrez al escuchar el ruido mientras ingresaban por el terreno lindero. Se acoplan al griterío. La fábrica ya no estaba vacía, los 30 trabajadores ya no estaban en la calle, y lo primero que hace el perro con la pechera azul al entrar es acomodarse, levantar la pata bien alta y lanzar un potente chorro sobre la esquina de una columna.
No había dudas: el territorio volvía a recuperarse.
Acopladas las manos from Lunar Ocular on Vimeo.
Rebobinando
En la previa, los nervios se cortaron con partidos de fútbol-tenis en el estacionamiento de la ahora ex Petinari, la fábrica de semirremolques y volquetes que dejó a 200 familias en la calle sin aguinaldos, sin sueldos desde enero, y los empujó a reclamar durante siete meses en la ruta, a tomar la empresa, a comenzar la producción sin patrón, a ser desalojados por infantería, la policía Bonaerense y un fiscal, a volver a la ruta y a ingresar nuevamente bajo un sueño: mantener las fuentes de trabajo.
Carlitos, un vecino que los apoyó desde el primer día y se ofrece a volantear e ir de casa en casa para contar la historia de los trabajadores (“Así hicieron en Zanón, y fue clave”, recuerda este hombre de varias batallas), ofició de umpire, aunque de pie. En un tanto confuso, uno de los equipos se trata de apropiar el punto. “10 a 4”, gritaron. Del otro lado retrucaron: “Sumá uno para nosotros: ya parecés el contador de Grégori (ex gerente de la empresa, uno de los señalados por los obreros de dejarlos sin trabajo). Las risas explotaron.
“¿Lo viste a Negro”, preguntó un trabajador.
Negro es el perro que, desde el aguante en la ruta, acompañó a los trabajadores como un guardián. Siempre firme, el amor incondicional se lo ganó el día del desalojo: le mordió la mano a uno de los policías.
“¿Viste cómo está vestido’”.
El perro, recostado sobre la vereda al sol, luce una pechera azul.
Dice: “Acoplados del Oeste”.
“Acordamos que todos teníamos que venir con ropa de trabajo. Y él no podía ser menos”.

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho
La justicia y el policía
Adentro, mientras los trabajadores entran y salen de los galpones para sacar mesas, bancos y los soportes de la carpa que comenzaron a rearmar sobre el pasto, habla Armando Etcheverría, 60 años, 9 en la fábrica, sector tornería: “Esto es una gran alegría. Vamos a ver qué pasa ahora. Estábamos trabajando y a punto de cobrar: teníamos dos cajas listas para sacar cuando fue el desalojo. Pero hay que seguir. Es difícil, sí. Mi señora trabaja, pero se bajonea. Acá hay que tener la mente fría. Porque te planteás muchas cosas, hasta qué significa la justicia”.
Dice que pasó la semana post desalojo tranquilo. “Sabíamos que íbamos a entrar. Todo fue para no perder las fuentes de trabajo. Muchos se quedaron sin obra social. Podés no trabajar una semana, dos, un mes, pero no ocho meses. Para una persona que trabajó toda su vida, eso te mata. Puede decirse que hicimos justicia”.
También redefine la noción de justicia Roque Gómez, 62 años, 9 años en la fábrica, soldador. Tiene cáncer de próstata y su despido empujó un dominó burocrático que lo dejó sin obra social. Rebotó de un hospital a otro cuando necesitaba un tratamiento específico. Hoy toma dos pastillas por las mañanas y otras durante las tardes. “Me despidieron a principiode año porque dije que al meterse el sindicato en el medio del conflicto, lo que se buscaba era la quiebra de la empresa. Acá éramos 400 empleados y cada vez fuimos quedando menos”. Gómez tiene la esperanza de volver a trabajar. “Por eso cada vez que viene gente me emociono: me siento apoyado”, dice, en medio de un predio que comenzaba a poblarse por la asamblea pública convocada por los trabajadores para las 15.
Minutos antes, cerca de las 14:20, una camioneta de la Bonaerense estacionó a metros del portón. Las miradas fijaron una única dirección. Un grupo de trabajadores se acercó al móvil. Eran un policía joven y una oficial. Los trabajadores les explicaron el conflicto. “A nosotros nos dejaron en la calle y ahora vamos a hacer una cooperativa”, comentaron. La respuesta policial: “Entren, trabajen, hagan un asado”.
Lo heavy
La asamblea pública comenzó pasadas las 16. Llegaron trabajadores de otras fábricas y empresas recuperadas, profesores, partidos políticos, organizaciones sindicales. Pasaron militantes del PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista, de la CTA, Quebracho y el Movimiento Evita, entre otros. Los que primero hablaron fueron los trabajadores.
Jorge Gutiérrez parado sobre la mesa bromea: cuenta que las veces que estuvo arriba de un “escenario” para dirigirse al público fue cuando cantaba en una banda thrash.
Ahora va a ser el presidente de una cooperativa de trabajadores en Merlo.
(Anotación personal en el cuaderno: “Eso es heavy metal”).
Gutiérrez agradece a cada una de las personas que se acercaron y hace una reseña del conflicto: los aguinaldos y sueldos impagos, el paro, la ruta, los despidos. “El sindicato (SMATA), si es que se puede llamar así, nos dejó tirados. La idea de la cooperativa la habíamos planteado en 2012, pero nos pusieron trabas a la hora de los papeles. Hoy somos 130 personas que apostamos. Hay gente que vendrá y se sumará después. Las puertas están abiertas para otros trabajadores. Estamos para que esos compañeros se jubilen dentro de la empresa. La única bandera que levantamos es por los compañeros de Petinari”.
A su lado, también parado sobre la mesa, ahora el que habla es Hernán Noir: “Ni nosotros nos imaginábamos llegar hasta acá. Lo único que queremos hacer es demostrar que somos capaces. Los patrones creen que porque tienen más plata que nosotros son los reyes del mundo. No es así, y más claro quedó cuando comenzamos la producción. Es lindo trabajar sin patrón y con los compañeros. Y lo más lindo fue que, cuando nos desalojaron, estábamos todos riendo: sabíamos que íbamos a entrar. Y también es lindo que llevemos el sueldo a nuestras familias, porque son ellas las que están atrás de nosotros. Esto es lo que nos tocó y es lo que elegimos. Somos una familia. Algunos nos llevamos bien, otros mal, pero la queremos mantener. Y nos parece un buen ejemplo para llevarle a nuestros hijos: ninguno se tiene que dejar pisotear. Esto te lleva a ser, o a intentar ser, mejores personas, porque para los males están ellos”.

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho
Otro modelo, otra economía
Luego fue el turno otras experiencias de fábricas y empresas recuperadas. La asamblea pública se convirtió así en una clase magistral sobre política y economía difícil de encontrar en la universidad. El que primero habla es el representante de Cooperativa Frigocarne, de Cañuelas:
“Hace 11 años que somos una familia sin patrón. Somos libres, llenos de contradicciones, pero libres. Demostramos que los negros, los analfabetos, pueden manejar una fábrica. Es posible un país distinto, una fábrica distinta. No es fácil: hay miedo, desconfianza. Pero no necesitamos de los patrones para producir. En 8 años hemos puesto 8 millones de pesos en la planta. Estamos arriba del sueldo de convenio. Pero carajo: miren si no demostramos que podemos”.
Pablo Ledesma, de la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, de Villa Domínico, Avellaneda, pasa al frente:
“Llevamos 11 años de autogestión, y gracias al vecino, pudimos recuperar el trabajo. Hoy tenemos una huerta agroecológica, una escuela, una cancha de hockey. Hay un modelo mucho mejor al capitalismo, y es el que construimos entre todos en comunidad”.
Franciso Manteca Martínez, de Textiles Pigüe (ex Gatic) aporta una observación clave de cara a lo que sigue: “Es bueno resaltar el inicio. Hay que ser muy valientes para ocupar, muy heroicos para resistir, pero también muy inteligentes para producir. Hay que juntarse con proveedores, clientes. Seamos inteligentes en el camino. Y no es fácil. Todavía necesitamos reivindicaciones, que nos igualen en derechos con los trabajadores de otros sectores, que no necesitamos monotributos. Todos podemos decir cantatas revolucionarias, pero hay que ser inteligentes”.
José Vasco Abelli, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, cierra: “Cuando empezamos a recuperar empresas en la década infame, en los 90, nos trataban de locos. Y copiamos el lema del Movimiento Sin Tierra: ´Ocupar, resistir y producir´. Este es el orgullo que todos tenemos que sentir como clase, como trabajadores que recuperaron la dignidad. Todos los días hay una nueva fábrica recuperada. Esa es la gran conquista: recuperamos la confianza. Hay más de 50 mil trabajadores autogestionados en todo el país. Fuimos inteligentes para apropiarnos de los medios de producción, y eso es lo que le duele al neoliberalismo y al capitalismo. Hay otra economía, y la hicimos nosotros”.

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho
El mundo según Merlo
Hay en el predio risas, chistes, mate, fútbol. El clima volvió a ser otro. “Hay que meterle a la pintura de esa caja, esta semana tiene que salir”, le dice Jorge Gutiérrez a otro compañero. La carpa aún no estaba armada pero el pensamiento ya estaba un paso por delante: hay que producir.
“La sensación que tenemos es levantar la mirada nuevamente y ver que, gracias a lucha, volvimos a tener ilusión y nos pudimos unificar”, concluye Gustavo Machuca, 29 años. “Cada vez estamos más cerca del sueño de ser una cooperativa. Cuando supimos que quizá entrábamos otra vez, el tiempo y la ansiedad te comían. Me despertaba a la madrugada, no me podía dormir. Y ahora ver las máquinas y a los compañeros nuevamente adentro es algo que te motiva mucho. Estar acá y tener este apoyo es importante para que nadie pueda estafarnos la moral”.
Se suma Eber Moreno, 21 años en la fábrica, encargado de viga: “Era sabido que iba a pasar el desalojo. Espero que, en este caso, la segunda sea la vencida. Volver al trabajo es lo que más nos importa hoy por hoy. Porque el tema de la plata ya fue. Negociar nuestro sueldo no nos sirve: para qué vamos a financiarles eso, si sólo sirve para que los patrones se llenen los bolsillos. Lo que nos importa es esto, que es nuestro. Falta un poquito, pero no nos va a sacar nadie”.
Sigue Machuca: “Pasamos la primera vez acá adentro, después vino el desalojo. Esta segunda vuelta nos ayuda a estar más aferrados y compenetrados: nos hicimos más fuerte nosotros. Nuestro sueño ya se está haciendo realidad. Nos estamos fortaleciendo cada vez más. Esto ya es parte de nosotros. Yo sé que es mío, para mi familia, para mis compañeros y para mi futuro”.
El futuro es este rincón de Merlo puro presente, puro cambio, pura transformación.
Este jueves el mundo se movió un milímetro.
Lo movieron estas personas.
El tiempo dirá qué es lo ese milímetro empujó.
Nota
Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
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