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Criminalización: con el Proyecto X reúnen pruebas para acusar a seis trabajadores por reclamar sus derechos

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Con pruebas colectadas por el Proyecto X, la justicia de San Martín – célebre por validar la obediencia debida y la ley de punto final en 2004- avanza contra seis trabajadores y delegados de las multinacionales Kraft y Pepsico en dos causas elaboradas alrededor de acciones de protesta en reclamo de reincorporación de despedidos y mejoras salariales.
Según pudo confirmar lavaca están imputados del delito de  corte de ruta, usualmente usado para criminalizar las manifestaciones, Javier Hermosilla (de la comisión interna de Kraft, por 10 hechos), Leonardo Norniella (despedido en el conflicto de 2009 de Pepsico, 3 hechos), Lorena Gentile (comisión interna de Kraft, 2 hechos), Ramón Bogado (de Kraft y ex integrante de la comisión interna, imputado en 5 hechos), Jorge Penayo (de Kraft, integrante de la anterior comisión interna, 2 hechos) y María Rosario (actual trabajadora e integrante de la anterior comisión, 2 hechos).
De cada uno, Gendarmería hace una detallada descripción de sus movimientos, influencias y acciones durante manifestaciones en 2009 y algunas del 2010 y 2011, en distintos informes pertenecientes al Proyecto X. Las causas contra los trabajadores (n° 481/2009 y n° 620/2010) fueron elevadas recientemente a juicio oral mientras que la denuncia contra el espionaje ilegal de Gendarmería está en plena etapa probatoria.

Botones de muestra

El Proyecto X, así revelado por el propio ex jefe de Gendarmería Héctor Schenone, es un software de Gendarmería Nacional que reúne informes de todo el país desde, al menos, 2004 hasta 2012, referidos a movimientos sociales, gremios, partidos políticos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos, padres y madres de las víctimas de Cromañón, referentes villeros y centros de estudiantes. Contiene desde perfiles de líderes sindicales –detallando la dirección, el estado civil y la capacidad de convocatoria- hasta crónicas sobre reuniones preparatorias de marchas en reclamo de la desaparición de Julio López. En casos como el del sacerdote José María Dipalola, el Padre Pepe, lo cataloga como simpatizante del Partido Obrero, lo cual indicaría que debe moderarse el flujo de alucinógenos entre gendarmes y agentes curiosamente llamados de “inteligencia”. El alcance total del Proyecto X es indeterminado ya que sólo se conoce la información de las personas denunciantes, la cual basta para constatar su ilegalidad.
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En Argentina, las tareas de inteligencia se encuentran reguladas por la Ley 25.520, que define en su artículo 2 como “inteligencia” a “la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”.

No espiarás a tu prójimo

En el artículo 4 de dicha ley se establecen límites precisos e imperativos a lo que está vedado en ese ámbito:
“Ningún organismo de inteligencia podrá:

  1. (…) cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
  2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
  3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
  4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.

 
Por último, en materia legislativa, en la causa n° 12.144/200 la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, detectó que la Policía realizaba informes sobre organizaciones sociales y políticas y determinó en la Resolución 38/2003 “Organismos de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Policial” prohibir esas tareas por considerarlas “ilegales”.

A quién investigan

El Proyecto X viola todas estas normas. No existe ningún aval judicial que motive y justifique la infiltración de la Gendarmería Nacional en organizaciones sociales de cualquier tipo. Al contrario: la información recaudada de ese modo ilegal y clandestino se va “blanqueando” en diversos expedientes judiciales, “unas veces de un modo velado, y otras en forma absolutamente burda”, precisa la abogada Myriam Bergman, quien descubrió junto a colegas del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechs Humanos) la utilización de esos informes en causas contra sus representados.
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Más info

Un ejemplo revelador es el de Javier Hermosilla, de quien la Gendarmería Nacional informa de manera especial en la “situación 200645AG009 160/170” perteneciente al Proyecto X:
“Datos de interés: se observó que Hermosilla (miembro de la comisión interna de Kraft Foods Argentina Ex-Terrabusi, y quien estaría alienado al partido obrero (po), proyecta su incidencia sobre el resto de los trabajadores que se refleja en:

  • de coordinación de las medidas de fuerza (aceptó liberar un carril sobre la Panamericana en sentido hacia Capital Federal) .
  • fue quien mejor explicó el conflicto a los MM CC SS” (se refiere a los medios de comunicación).

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La gendarme Calisaya

Esta información era almacenada y analizada en lo que la Gendarmería Nacional llama Centros de Reunión de Información, cuyo software principal tenía base en el edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro. Allí llegaban los informes provenientes de distintas partes del país y se reunían según “archivos”. Los datos almacenados se usaban entonces como fuente de consulta, seguimiento y desarrollo de las actividades de las organizaciones y de los líderes sindicales, tal cual comprobaron los abogados del CeProDH que lo plantearon en su denuncia del siguiente modo:
“La Gendarme Calisaya declara que: “luego lo aclaró a través de la base de datos con que cuenta la fuerza en la cual se desempeña, dado que no era la primera vez que el nombrado encabezaba un corte.
(…) Lo que nos permite concluir que las identificaciones no son llevadas a cabo por un gendarme en particular, sino que son llevadas adelante a partir de las “bases de datos” ilegales con que cuenta la fuerza”.

Te estamos filmando

En este sentido el proceso de uso de la información concluía con una “selección” del material para un objetivo concreto: “de la causa 481/09 surgen fotografías y videos aportados por la Gendarmería Nacional, en las que se le realizan primeros planos a militantes de derechos humanos reconocidas como Elia Espen (Madre de Plaza de Mayo) y María Victoria Moyano Artigas (hija de desaparecidos y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo y miembro del Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos) como participantes de la manifestación. Ellas jamás han sido citadas en una de las tantas causas en curso lo cual también indica que no solo se reúne la información obtenida de las manifestaciones sino que se la clasifica y selecciona”.
El factor común en esa clasificación se centra en la “pertenencia política” de los perseguidos: “Parece que más que la acción concreta, lo que procuran describir a la perfección es la pertenencia política de cada uno”, denuncia la causa presentada por CeProDH y otros organismos.

Personal “de civil”

¿Cómo recaudaba la Gendarmería estos datos para elaborar los informes?
En 2007 la Dra. Marcela Perelman del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) elaboró un informe llamado La regulación de los operativos de seguridad en el marco de las manifestaciones públicas que indicaba la presencia sistemática – no sólo frecuente- de personal vestido “de civil” en las manifestaciones públicas: “Resulta paradigmático el ejemplo de la presencia de personal de seguridad sin uniforme en la zona controlada por un operativo. El hecho de que estos funcionarios pertenezcan o no funcionalmente a áreas de inteligencia no despeja la ambigüedad respecto del tipo de tareas que desarrollan (…). La presencia de personal vestido “de civil” en las manifestaciones es una práctica frecuente, sino sistemática, de los operativos. Esto se desprende de diferentes expedientes judiciales y de las observaciones presenciales del equipo participante del proyecto “Derechos Humanos e intervenciones de instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones públicas”.

A la marcha con el cabo

Los informes del Proyecto X explicitan esta práctica alertada por Perelman y el CELS en boca de los propios gendarmes. En la causa 481/09 (fs. 441/443) el gendarme Raúl Ernesto Sheurman, relata que fue designado con otro miembro de la fuerza, el Cabo Sanabria, para ir a una manifestación y transcribe: “nuestra función allí es solamente observar quiénes están en el lugar, hablar con la gente para saber el motivo del corte, mientras que todo lo referente al restablecimiento del tránsito se encarga el Escuadrón de Seguridad Vial… que vamos al lugar vestidos de civil para mezclarnos entre la gente y determinar quiénes son los que hablan por los altoparlantes, ver quiénes son los organizadores”.

Fotos con celu

En la causa 620/2010 otra gendarme describe el mismo tipo de infiltración: “pudo observar que había tres personas, claramente identificables que evidenciaban ser los cabecillas, dando indicaciones a los manifestantes y siendo entrevistados por medios periodísticos que allí se manifestaban. Por tal motivo, encontrándose la dicente vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión preguntando entre las personas que se manifestaban, el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados, Gentile, Norniella y Coria”.
Además de esta caza de datos sobre los líderes sindicales, sus movimientos, la descripción de la marcha, la Gendarmería incluía en los informes fotos y videos de los asistentes. En otro expediente se revela que “la baja calidad de las tomas fotográficas se debe a que se hacen por medio de teléfonos celulares», para no ser descubiertos.

“Prensa independiente”

¿Cómo se presentaban los gendarmes para entablar conversaciones en la manifestación y acercarse a los delegados?
En la causa 481/09 que tramita en el juzgado de Tres de Febrero, en uno de los videos aportados como prueba y filmados por la Gendarmería Nacional se escucha la siguiente conversación:
Persona 1: Yo soy delegado de la fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas.
Persona 2: Prensa independiente amigo.
Persona 1: No, decime donde porque si no te sacamos a la mierda.
Persona 2: Yo me voy solo, no te hagas drama.
Persona 1: Bueno, ándate.
La careta del “periodista” para acercarse a los manifestantes merece un debate profundo sobre la manipulación de la profesión como excusa de la inteligencia estatal, en la dimensión que merece la infiltración durante 10 años del oficial Américo Alejandro Balbuena en la agencia Rodolfo Walsh.
Muchos de los informes reportan de esta manera informativa el desarrollo de situaciones gremiales como seguimiento de un tema. Así se lee en el Expte. 481/09 del Juzgado Federal de Tres de Febrero: “Señora Juez: Informo a V.S. que en el día de la fecha, siendo aproximadamente las 11:50 hs., utilizando el aparato de telefonía celular nro. 011-154-971-9606 me comuniqué con el Comandante de la Gendarmería Nacional Cristin Rodríguez (tel. 15-3-210-0184), a efectos de verificar cualquier tipo de novedad que pudo producirse desde la última comunicación mantenida en el día de ayer, ante lo cual refirió que si bien mediante las negociaciones desarrolladas ante el Ministerio de Trabajo no se arribó a un acuerdo entre las partes, pudo saber que el gremio se encuentra dividido en dos sectores, uno «radicalizado» y otro «más componedor». Que este último sector mantuvo conversaciones hasta últimas horas de la tarde de ayer, llegándose a un principio de solución producto de la aceptación de reincorporación del 50% del personal despedido por la Empresa en cuestión”.

6 megabytes

Del edificio Centinela de Campo de Mayo se extrajeron 6 megabytes de documentos del mismo tipo, con información sensible de movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, gremios, organizaciones estudiantiles.
Se estima que el alcance de la inteligencia – confirmado desde 2004 hasta 2012 y a nivel nacional- es mucho mayor y mucho peor. Irregularidades en los peritos a cargo de Oyarbide y extraños movimientos de “backup” informativos aumentan la sospecha, y la paranoia.
La historia que cuenta Myriam Bregman a lavaca acerca de cómo se destapó esta olla lo demuestra.

La lluvia de causas judiciales

“Desde el CeProDH veníamos representando a los trabajadores de Kraft y Pepsico y empezamos a notar que de un momento a otro, año 2009 en adelante, empiezan a llover causas judiciales”.
“Primero empezamos haciendo planteos a la justicia federal de San Martín y de San Isidro para ver de dónde venían las causas, porque nos preguntábamos de dónde salía la información que ellos incluían en el proceso. Trabajadores como Lorena Gentile – de la comisión interna de Kraft- iban a solidarizarse con los compañeros del frigorífico Rioplatense y aparecía ella procesada. Era evidente que había un ensañamiento y sabían dónde estaba y qué estaba haciendo cierta gente”.

El modus operandi

Bregman agrega: “Cuando ya se empiezan a acumular varias causas – en el caso de Javier Hermosilla de Kraft llega a tener 16 causas penales- pudimos trazar un modus operandi de cómo se armaban estas causas, empezar a ver patrones comunes. Y en el 90% de los casos todos los informes en los cuales se basaban los jueces provenían de la Gendarmería Nacional”.
“Esos informes eran informes escritos y en los cuales la terminología era claramente de inteligencia: para referirse a los dirigentes sindicales hablaban de ‘cabecillas’, terminología propia de la dictadura militar que los que hemos actuado en causas de lesa humanidad conocemos muy bien. Incluso el organismo que proveía esto se llamaba Centro de Reunión de Información, que es el mismo nombre que usaba el Batallón 601 para las unidades de espionaje que tenía la Bonaerense en la dictadura”.
“Además se incluían fotos y videos, que mostraban a otra gente que estaba en el corte pero no era procesada. No había una cosa objetiva, había una selección y una decisión de escritorio sobre a quién se iba a imputar y a quién no”, dice la abogada.

La denuncia

Con los datos que pudieron reunirse y el acompañamiento de muchos organismos de derechos humanos (La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Nora Cortiñas y Lidia Espen de Línea Fundadora, CORREPI) el CEPRODH presentó una denuncia el 22 de noviembre de 2011. Bregman: “Decíamos que para nosotros había una red de espionaje, que temíamos que se extendiera al resto del país. Y que había un claro objetivo de perseguir a las comisiones internas combativas – opositoras a los gremios oficialistas y oficiales-. Pedimos también que se allane Campo de Mayo (el Centro de Reunión de Información) y que se tomen medidas urgentes sobre el edificio Centinela para recabar toda la información y los videos que aparecían en las causas”.

La confesión de Schenone

La abogada explica que la denuncia original recayó en el juzgado federal n° 7 de Norberto Oyarbide: “Nos tomó como querellantes rápidamente pero tardó nueve meses en allanar Campo de Mayo. Ya en febrero, cuando se levantó la feria, el jefe de Gendarmería Héctor Schenone levanta un oficio que le había mandado el juez diciendo que no tienen ningún sistema de espionaje y que sí tienen tres sistemas de datos. Uno se llamaba Sistema de Gestión Operativa, otro SAG, que fundamentalmente eran dos bases que compilan la información de los pasos fronterizos y un registro de autos con pedido de secuestro. Y dice que hay un tercero que es “Project X”, dando explicaciones muy dudosas sobre en qué consistía, por lo que todas nuestras miradas se dirigieron a eso”.
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El perito de la SIDE

“En el medio, el Oyarbide pidió que se incorpore un perito de la SIDE de identidad reservada en todas las pericias –relata Bregman-. Esto es algo inexplicable, absolutamente ilegal, porque lo que estaba haciendo es hacernos contra-inteligencia para monitorearnos. Yo hasta que los informes de los peritos no está en el expediente judicial, no me entero de nada. Pero la SIDE tiene inmediato conocimiento”.

Allanamiento secreto en helicóptero

La abogada Bregman destaca otro aspecto: “La manera en que Oyarbide realizó las pericias hizo que gran parte de la información tuviera que volver a ser peritada (por el ahora juez Cassanello). La primera vez que fue a Campo de Mayo lo hizo en helicóptero, una forma llamativa de llegar a un lugar para un allanamiento que nadie debe conocer de antemano. Además, tres días antes salió en Ámbito Financiero que Oyarbide iba a allanar esa sede por Proyecto X. Cuando llegaron a Campo de Mayo lo que hizo la Federal fue solamente copiar los títulos de los archivos que había en las computadoras del Centro de Información. Esto parece un chiste de mal gusto, pero es la realidad. Ni siquiera le llamó la atención un archivo que se llamaba ‘operativos hechos sin orden judicial’, aunque parezca mentira”.
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El precinto de Garré y la desmentida de Cristina

“A partir de esto la ministra Garré hace una conferencia diciendo que el sistema era obsoleto y que sólo se trataba de un software –detalla Myriam Bregman-. Y manda a precintar el lugar donde estaba el sistema, es decir el edificio Centinela. Al poco tiempo hay una conferencia de la Presidenta donde desmiente a Garré: dice que el Proyecto X se está usando y es sumamente útil, y que se acababa de encontrar a un camionero que traficaba drogas gracias al Proyecto. Esto tiene un problema, porque si estaba precintado – nosotros vimos las fotografías- no se podía usar. Además, si se usaba para detener camioneros, ¿por qué aparece Norta Cortiñas en el Proyecto X? Fue claramente una arenga política de defensa de la fuerza, un mensaje de aval ridiculizando lo que había dicho Garré”.
“En septiembre de 2012 descabezan a la cúpula de la Gendarmería Nacional”.

Trabajadores a juicio

Sobre la causa contra los trabajadores, dice Bregman: “En este momento están todos los peritos trabajando, la causa está en completa etapa probatoria y va a seguir avanzando. Pero al mismo tiempo el viernes 28 de junio la justicia federal de San Martín citó a varios trabajadores de Kraft para que se notifiquen de la constitución del tribunal que los va a juzgar. O sea que estamos próximos a juicio oral por causas basadas en el Proyecto X, del cual todavía no se sabe su alcance y la justicia no sentenció”.
“Lo que estamos seguros es que ya con lo que está en la causa, se confirma que hay un sistema instalado a nivel país. Tenemos la información de todas aquellas personas que fuimos las que denunciamos. Con ese poquito se encontró muchísimo: informes de distintos lugares del país que abarcan desde Salta hasta Chubut, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Neuquén, distintos gremios, partidos políticos, organizaciones sociales. Todavía no tenemos dimensión real del alcance”.
“Queremos hasta la última prueba que la Gendarmería tiene y por supuesto la destrucción, no queremos que esa información siga estando en manos del Estado”.

La designación de Milani

El nombramiento de César Milani al frente del Ejército Nacional ha motivado el repudio y denuncias de distintos organismos que plantean su actuación turbia en la última dictadura militar.
Fue el propio Arturo Puricelli, actual ministro de Seguridad, quien desde el frente de la cartera de Defensa remitió el legajo de Milani a un fiscal de Tucumán que investiga los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el Operativo Independencia. En el legajo de Milani se constató que era subteniente especializado en inteligencia en el Batallón 601 de Ingenieros de Construcción 141 con sede en La Rioja, pero en comisión en Tucumán.
La causa – que fue archivada en marzo – investiga entre otras la desaparición del soldado Alberto Ledo, quien es señalado como el “asistente personal” de Milani en 1976. Ledo militaba por su parte en agrupaciones de izquierda. Uno de sus compañeros, Enrique Vergara, militante del peronismo de La Rioja y ex preso político, declaró: “Ledo desaparece en una de las tantas rondas que hacía el operativo, al mando del capitán de apellido Sanguinetti, también con destino en La Rioja pero trasladado a Tucumán (…) Nunca Milani ni el Ejército dieron explicaciones de cuál ha sido el destino de Ledo. Han querido esconder el crimen, diciendo que Ledo había desertado de las filas” (Fuente: La Prensa).
Por otra parte el ex soldado Álvaro Illanes declaró que en 1976 Milani “hacía interrogatorios de inteligencia” a los conscriptos en La Rioja, y confirmó a Ledo como el “asistente personal de Milani”. Sin embargo explica otras circunstancias en su desaparición: el 16 de junio: “Me contaron que salió al monte a patrullar solo con suboficiales y oficiales. Al día siguiente, a las 7 de la mañana al hacer la formación de tropa y Molina anuncia que Ledo había desertado con todo su armamento” (Fuente: Clarín).
Myryam Bergman suma otra cuestión sobre Milani: “En la causa sobre el Batallón 601 que incluye a Gerardo Martínez, el juez le pregunta al Ejército cuál es el legajo de Martínez y si tuvo participación. El que contesta es Milani, diciendo que se tenga mucho cuidado, que es un expediente reservado y que no se dé a conocer ese legajo. Es decir que planteó toda una política de protección hacia Martínez”.

El espionaje federal: caso Balbuena

Myriam Bregman también es abogada patrocinante de la Agencia Walsh por el caso de Américo Balbuena, el oficial infiltrado durante diez años en la agencia de noticias.
Su caso ha quedado aislado de todo sistema de inteligencia o infiltración, como si Balbuena hubiese actuado por cuenta propia. Lo cierto es que su causa avanza a demostrar una red similar al Proyecto X en la Policía Federal. “Está en plena etapa de pericias”, cuenta Bregman. “El juez Torres actuó con gran celeridad y allanó rápidamente el lugar donde Balbuena supuestamente reportaba”.
Por qué no es un hecho aislado: “Balbuena se mostraba públicamente, tenía contacto con todas las organizaciones, todos lo conocemos, siempre intentaba ir a la casa de las personas que entrevistaba, se movía de una manera que ahora nos damos cuenta… eso que parecía casi tonto e ingenuo era parte de su trabajo”.

El sistema

Tantas casualidades indican una sistematicidad, desde los distintos ámbitos, aparatos y carteras de seguridad del gobierno: Gendarmería Nacional, policías municipales, SIDE, Ejército. Y desde las propias palabras de los funcionarios avalando estas prácticas: Cristina Fernández, Aníbal Fernández, Nilda Garré, Sergio Berni.
El régimen de vigilancia de Argentina tiene un Estado cada vez más agresivo, no solamente por el solapamiento de estos graves casos de infiltraciones, control y criminalización, sino revelado también por sistemas informáticos recientemente aplicados de identificación de personas: desde la tarjeta SUBE hasta el nuevo sistema biométrico de identificación (Sibios), un programa que permite incorporar a los pasaportes un chip electrónico con datos personales, huellas dactilares e imágenes faciales.
Los progresos técnicos facilitan así lo que parece ser una tendencia a nivel global, pero que en Argentina se dio en los últimos años de manera particular, no sólo desde el estado nacional sino también desde gobiernos municipales (el jefe de gobierno Mauricio Macri procesado por escuchas telefónicas, Ciro James, el “Fino” Palacios, etc.).

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El escenario y la vida: el universo Cárdenas

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Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.

Fotos: Nora Lezano

“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.

Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.

No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

El escenario y la vida: el universo Cárdenas

Banda sonora

Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.

La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.

En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.

El otro como un territorio a descubrir

La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.

Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.

En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?

Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.

Casa Teatro Estudio

Guardia Vieja 4257, CABA

No hay banda

Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23

La fuerza de la gravedad

Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23

@tatofc

@moyanolaura

@casateatroestudio

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Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa

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Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.

El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña. 

Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”. 

En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”. 

CONTEXTO

En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran: 

1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales. 

2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios. 

3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes. 

4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias. 

FUERA DE CONTEXTO

En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre: 

a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones. 

b) Atentados contra la vida y la integridad física. 

Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”- 

La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.

Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.

LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS

El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar: 

1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas; 

2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación; 

3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero; 

4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias; 

5–allanamientos sin órdenes judiciales; 

6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;

7–violación a procedimientos judiciales,

La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”. 

CONCLUSIONES FINALES

Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:

–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los

cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.

–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de

los de manifestantes

–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.

–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en

las protestas

–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas

en el marco de las protestas y movilizaciones.

–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales

–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de

personas.

–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de

las protestas.

La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”. 

Y concluye: 

–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales. 

–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática. 

–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil. 

–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH. 

–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares. 

–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad. 

Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
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Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua

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El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.

Por Natalia Aramayo

desde San Salvador de Jujuy

El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.  

Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena. 

El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor». 

https://twitter.com/obserluciaperez/status/1703855541821333528?s=48

En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».

Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».

La historia de Iara Rueda

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

El otro juicio

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. 

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.

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