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Criminalización: con el Proyecto X reúnen pruebas para acusar a seis trabajadores por reclamar sus derechos

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Con pruebas colectadas por el Proyecto X, la justicia de San Martín – célebre por validar la obediencia debida y la ley de punto final en 2004- avanza contra seis trabajadores y delegados de las multinacionales Kraft y Pepsico en dos causas elaboradas alrededor de acciones de protesta en reclamo de reincorporación de despedidos y mejoras salariales.
Según pudo confirmar lavaca están imputados del delito de  corte de ruta, usualmente usado para criminalizar las manifestaciones, Javier Hermosilla (de la comisión interna de Kraft, por 10 hechos), Leonardo Norniella (despedido en el conflicto de 2009 de Pepsico, 3 hechos), Lorena Gentile (comisión interna de Kraft, 2 hechos), Ramón Bogado (de Kraft y ex integrante de la comisión interna, imputado en 5 hechos), Jorge Penayo (de Kraft, integrante de la anterior comisión interna, 2 hechos) y María Rosario (actual trabajadora e integrante de la anterior comisión, 2 hechos).
De cada uno, Gendarmería hace una detallada descripción de sus movimientos, influencias y acciones durante manifestaciones en 2009 y algunas del 2010 y 2011, en distintos informes pertenecientes al Proyecto X. Las causas contra los trabajadores (n° 481/2009 y n° 620/2010) fueron elevadas recientemente a juicio oral mientras que la denuncia contra el espionaje ilegal de Gendarmería está en plena etapa probatoria.

Botones de muestra

El Proyecto X, así revelado por el propio ex jefe de Gendarmería Héctor Schenone, es un software de Gendarmería Nacional que reúne informes de todo el país desde, al menos, 2004 hasta 2012, referidos a movimientos sociales, gremios, partidos políticos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos, padres y madres de las víctimas de Cromañón, referentes villeros y centros de estudiantes. Contiene desde perfiles de líderes sindicales –detallando la dirección, el estado civil y la capacidad de convocatoria- hasta crónicas sobre reuniones preparatorias de marchas en reclamo de la desaparición de Julio López. En casos como el del sacerdote José María Dipalola, el Padre Pepe, lo cataloga como simpatizante del Partido Obrero, lo cual indicaría que debe moderarse el flujo de alucinógenos entre gendarmes y agentes curiosamente llamados de “inteligencia”. El alcance total del Proyecto X es indeterminado ya que sólo se conoce la información de las personas denunciantes, la cual basta para constatar su ilegalidad.
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En Argentina, las tareas de inteligencia se encuentran reguladas por la Ley 25.520, que define en su artículo 2 como “inteligencia” a “la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”.

No espiarás a tu prójimo

En el artículo 4 de dicha ley se establecen límites precisos e imperativos a lo que está vedado en ese ámbito:
“Ningún organismo de inteligencia podrá:

  1. (…) cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
  2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
  3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
  4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.

 
Por último, en materia legislativa, en la causa n° 12.144/200 la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, detectó que la Policía realizaba informes sobre organizaciones sociales y políticas y determinó en la Resolución 38/2003 “Organismos de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Policial” prohibir esas tareas por considerarlas “ilegales”.

A quién investigan

El Proyecto X viola todas estas normas. No existe ningún aval judicial que motive y justifique la infiltración de la Gendarmería Nacional en organizaciones sociales de cualquier tipo. Al contrario: la información recaudada de ese modo ilegal y clandestino se va “blanqueando” en diversos expedientes judiciales, “unas veces de un modo velado, y otras en forma absolutamente burda”, precisa la abogada Myriam Bergman, quien descubrió junto a colegas del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechs Humanos) la utilización de esos informes en causas contra sus representados.
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Más info

Un ejemplo revelador es el de Javier Hermosilla, de quien la Gendarmería Nacional informa de manera especial en la “situación 200645AG009 160/170” perteneciente al Proyecto X:
“Datos de interés: se observó que Hermosilla (miembro de la comisión interna de Kraft Foods Argentina Ex-Terrabusi, y quien estaría alienado al partido obrero (po), proyecta su incidencia sobre el resto de los trabajadores que se refleja en:

  • de coordinación de las medidas de fuerza (aceptó liberar un carril sobre la Panamericana en sentido hacia Capital Federal) .
  • fue quien mejor explicó el conflicto a los MM CC SS” (se refiere a los medios de comunicación).

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La gendarme Calisaya

Esta información era almacenada y analizada en lo que la Gendarmería Nacional llama Centros de Reunión de Información, cuyo software principal tenía base en el edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro. Allí llegaban los informes provenientes de distintas partes del país y se reunían según “archivos”. Los datos almacenados se usaban entonces como fuente de consulta, seguimiento y desarrollo de las actividades de las organizaciones y de los líderes sindicales, tal cual comprobaron los abogados del CeProDH que lo plantearon en su denuncia del siguiente modo:
“La Gendarme Calisaya declara que: “luego lo aclaró a través de la base de datos con que cuenta la fuerza en la cual se desempeña, dado que no era la primera vez que el nombrado encabezaba un corte.
(…) Lo que nos permite concluir que las identificaciones no son llevadas a cabo por un gendarme en particular, sino que son llevadas adelante a partir de las “bases de datos” ilegales con que cuenta la fuerza”.

Te estamos filmando

En este sentido el proceso de uso de la información concluía con una “selección” del material para un objetivo concreto: “de la causa 481/09 surgen fotografías y videos aportados por la Gendarmería Nacional, en las que se le realizan primeros planos a militantes de derechos humanos reconocidas como Elia Espen (Madre de Plaza de Mayo) y María Victoria Moyano Artigas (hija de desaparecidos y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo y miembro del Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos) como participantes de la manifestación. Ellas jamás han sido citadas en una de las tantas causas en curso lo cual también indica que no solo se reúne la información obtenida de las manifestaciones sino que se la clasifica y selecciona”.
El factor común en esa clasificación se centra en la “pertenencia política” de los perseguidos: “Parece que más que la acción concreta, lo que procuran describir a la perfección es la pertenencia política de cada uno”, denuncia la causa presentada por CeProDH y otros organismos.

Personal “de civil”

¿Cómo recaudaba la Gendarmería estos datos para elaborar los informes?
En 2007 la Dra. Marcela Perelman del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) elaboró un informe llamado La regulación de los operativos de seguridad en el marco de las manifestaciones públicas que indicaba la presencia sistemática – no sólo frecuente- de personal vestido “de civil” en las manifestaciones públicas: “Resulta paradigmático el ejemplo de la presencia de personal de seguridad sin uniforme en la zona controlada por un operativo. El hecho de que estos funcionarios pertenezcan o no funcionalmente a áreas de inteligencia no despeja la ambigüedad respecto del tipo de tareas que desarrollan (…). La presencia de personal vestido “de civil” en las manifestaciones es una práctica frecuente, sino sistemática, de los operativos. Esto se desprende de diferentes expedientes judiciales y de las observaciones presenciales del equipo participante del proyecto “Derechos Humanos e intervenciones de instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones públicas”.

A la marcha con el cabo

Los informes del Proyecto X explicitan esta práctica alertada por Perelman y el CELS en boca de los propios gendarmes. En la causa 481/09 (fs. 441/443) el gendarme Raúl Ernesto Sheurman, relata que fue designado con otro miembro de la fuerza, el Cabo Sanabria, para ir a una manifestación y transcribe: “nuestra función allí es solamente observar quiénes están en el lugar, hablar con la gente para saber el motivo del corte, mientras que todo lo referente al restablecimiento del tránsito se encarga el Escuadrón de Seguridad Vial… que vamos al lugar vestidos de civil para mezclarnos entre la gente y determinar quiénes son los que hablan por los altoparlantes, ver quiénes son los organizadores”.

Fotos con celu

En la causa 620/2010 otra gendarme describe el mismo tipo de infiltración: “pudo observar que había tres personas, claramente identificables que evidenciaban ser los cabecillas, dando indicaciones a los manifestantes y siendo entrevistados por medios periodísticos que allí se manifestaban. Por tal motivo, encontrándose la dicente vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión preguntando entre las personas que se manifestaban, el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados, Gentile, Norniella y Coria”.
Además de esta caza de datos sobre los líderes sindicales, sus movimientos, la descripción de la marcha, la Gendarmería incluía en los informes fotos y videos de los asistentes. En otro expediente se revela que “la baja calidad de las tomas fotográficas se debe a que se hacen por medio de teléfonos celulares», para no ser descubiertos.

“Prensa independiente”

¿Cómo se presentaban los gendarmes para entablar conversaciones en la manifestación y acercarse a los delegados?
En la causa 481/09 que tramita en el juzgado de Tres de Febrero, en uno de los videos aportados como prueba y filmados por la Gendarmería Nacional se escucha la siguiente conversación:
Persona 1: Yo soy delegado de la fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas.
Persona 2: Prensa independiente amigo.
Persona 1: No, decime donde porque si no te sacamos a la mierda.
Persona 2: Yo me voy solo, no te hagas drama.
Persona 1: Bueno, ándate.
La careta del “periodista” para acercarse a los manifestantes merece un debate profundo sobre la manipulación de la profesión como excusa de la inteligencia estatal, en la dimensión que merece la infiltración durante 10 años del oficial Américo Alejandro Balbuena en la agencia Rodolfo Walsh.
Muchos de los informes reportan de esta manera informativa el desarrollo de situaciones gremiales como seguimiento de un tema. Así se lee en el Expte. 481/09 del Juzgado Federal de Tres de Febrero: “Señora Juez: Informo a V.S. que en el día de la fecha, siendo aproximadamente las 11:50 hs., utilizando el aparato de telefonía celular nro. 011-154-971-9606 me comuniqué con el Comandante de la Gendarmería Nacional Cristin Rodríguez (tel. 15-3-210-0184), a efectos de verificar cualquier tipo de novedad que pudo producirse desde la última comunicación mantenida en el día de ayer, ante lo cual refirió que si bien mediante las negociaciones desarrolladas ante el Ministerio de Trabajo no se arribó a un acuerdo entre las partes, pudo saber que el gremio se encuentra dividido en dos sectores, uno «radicalizado» y otro «más componedor». Que este último sector mantuvo conversaciones hasta últimas horas de la tarde de ayer, llegándose a un principio de solución producto de la aceptación de reincorporación del 50% del personal despedido por la Empresa en cuestión”.

6 megabytes

Del edificio Centinela de Campo de Mayo se extrajeron 6 megabytes de documentos del mismo tipo, con información sensible de movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, gremios, organizaciones estudiantiles.
Se estima que el alcance de la inteligencia – confirmado desde 2004 hasta 2012 y a nivel nacional- es mucho mayor y mucho peor. Irregularidades en los peritos a cargo de Oyarbide y extraños movimientos de “backup” informativos aumentan la sospecha, y la paranoia.
La historia que cuenta Myriam Bregman a lavaca acerca de cómo se destapó esta olla lo demuestra.

La lluvia de causas judiciales

“Desde el CeProDH veníamos representando a los trabajadores de Kraft y Pepsico y empezamos a notar que de un momento a otro, año 2009 en adelante, empiezan a llover causas judiciales”.
“Primero empezamos haciendo planteos a la justicia federal de San Martín y de San Isidro para ver de dónde venían las causas, porque nos preguntábamos de dónde salía la información que ellos incluían en el proceso. Trabajadores como Lorena Gentile – de la comisión interna de Kraft- iban a solidarizarse con los compañeros del frigorífico Rioplatense y aparecía ella procesada. Era evidente que había un ensañamiento y sabían dónde estaba y qué estaba haciendo cierta gente”.

El modus operandi

Bregman agrega: “Cuando ya se empiezan a acumular varias causas – en el caso de Javier Hermosilla de Kraft llega a tener 16 causas penales- pudimos trazar un modus operandi de cómo se armaban estas causas, empezar a ver patrones comunes. Y en el 90% de los casos todos los informes en los cuales se basaban los jueces provenían de la Gendarmería Nacional”.
“Esos informes eran informes escritos y en los cuales la terminología era claramente de inteligencia: para referirse a los dirigentes sindicales hablaban de ‘cabecillas’, terminología propia de la dictadura militar que los que hemos actuado en causas de lesa humanidad conocemos muy bien. Incluso el organismo que proveía esto se llamaba Centro de Reunión de Información, que es el mismo nombre que usaba el Batallón 601 para las unidades de espionaje que tenía la Bonaerense en la dictadura”.
“Además se incluían fotos y videos, que mostraban a otra gente que estaba en el corte pero no era procesada. No había una cosa objetiva, había una selección y una decisión de escritorio sobre a quién se iba a imputar y a quién no”, dice la abogada.

La denuncia

Con los datos que pudieron reunirse y el acompañamiento de muchos organismos de derechos humanos (La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Nora Cortiñas y Lidia Espen de Línea Fundadora, CORREPI) el CEPRODH presentó una denuncia el 22 de noviembre de 2011. Bregman: “Decíamos que para nosotros había una red de espionaje, que temíamos que se extendiera al resto del país. Y que había un claro objetivo de perseguir a las comisiones internas combativas – opositoras a los gremios oficialistas y oficiales-. Pedimos también que se allane Campo de Mayo (el Centro de Reunión de Información) y que se tomen medidas urgentes sobre el edificio Centinela para recabar toda la información y los videos que aparecían en las causas”.

La confesión de Schenone

La abogada explica que la denuncia original recayó en el juzgado federal n° 7 de Norberto Oyarbide: “Nos tomó como querellantes rápidamente pero tardó nueve meses en allanar Campo de Mayo. Ya en febrero, cuando se levantó la feria, el jefe de Gendarmería Héctor Schenone levanta un oficio que le había mandado el juez diciendo que no tienen ningún sistema de espionaje y que sí tienen tres sistemas de datos. Uno se llamaba Sistema de Gestión Operativa, otro SAG, que fundamentalmente eran dos bases que compilan la información de los pasos fronterizos y un registro de autos con pedido de secuestro. Y dice que hay un tercero que es “Project X”, dando explicaciones muy dudosas sobre en qué consistía, por lo que todas nuestras miradas se dirigieron a eso”.
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El perito de la SIDE

“En el medio, el Oyarbide pidió que se incorpore un perito de la SIDE de identidad reservada en todas las pericias –relata Bregman-. Esto es algo inexplicable, absolutamente ilegal, porque lo que estaba haciendo es hacernos contra-inteligencia para monitorearnos. Yo hasta que los informes de los peritos no está en el expediente judicial, no me entero de nada. Pero la SIDE tiene inmediato conocimiento”.

Allanamiento secreto en helicóptero

La abogada Bregman destaca otro aspecto: “La manera en que Oyarbide realizó las pericias hizo que gran parte de la información tuviera que volver a ser peritada (por el ahora juez Cassanello). La primera vez que fue a Campo de Mayo lo hizo en helicóptero, una forma llamativa de llegar a un lugar para un allanamiento que nadie debe conocer de antemano. Además, tres días antes salió en Ámbito Financiero que Oyarbide iba a allanar esa sede por Proyecto X. Cuando llegaron a Campo de Mayo lo que hizo la Federal fue solamente copiar los títulos de los archivos que había en las computadoras del Centro de Información. Esto parece un chiste de mal gusto, pero es la realidad. Ni siquiera le llamó la atención un archivo que se llamaba ‘operativos hechos sin orden judicial’, aunque parezca mentira”.
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El precinto de Garré y la desmentida de Cristina

“A partir de esto la ministra Garré hace una conferencia diciendo que el sistema era obsoleto y que sólo se trataba de un software –detalla Myriam Bregman-. Y manda a precintar el lugar donde estaba el sistema, es decir el edificio Centinela. Al poco tiempo hay una conferencia de la Presidenta donde desmiente a Garré: dice que el Proyecto X se está usando y es sumamente útil, y que se acababa de encontrar a un camionero que traficaba drogas gracias al Proyecto. Esto tiene un problema, porque si estaba precintado – nosotros vimos las fotografías- no se podía usar. Además, si se usaba para detener camioneros, ¿por qué aparece Norta Cortiñas en el Proyecto X? Fue claramente una arenga política de defensa de la fuerza, un mensaje de aval ridiculizando lo que había dicho Garré”.
“En septiembre de 2012 descabezan a la cúpula de la Gendarmería Nacional”.

Trabajadores a juicio

Sobre la causa contra los trabajadores, dice Bregman: “En este momento están todos los peritos trabajando, la causa está en completa etapa probatoria y va a seguir avanzando. Pero al mismo tiempo el viernes 28 de junio la justicia federal de San Martín citó a varios trabajadores de Kraft para que se notifiquen de la constitución del tribunal que los va a juzgar. O sea que estamos próximos a juicio oral por causas basadas en el Proyecto X, del cual todavía no se sabe su alcance y la justicia no sentenció”.
“Lo que estamos seguros es que ya con lo que está en la causa, se confirma que hay un sistema instalado a nivel país. Tenemos la información de todas aquellas personas que fuimos las que denunciamos. Con ese poquito se encontró muchísimo: informes de distintos lugares del país que abarcan desde Salta hasta Chubut, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Neuquén, distintos gremios, partidos políticos, organizaciones sociales. Todavía no tenemos dimensión real del alcance”.
“Queremos hasta la última prueba que la Gendarmería tiene y por supuesto la destrucción, no queremos que esa información siga estando en manos del Estado”.

La designación de Milani

El nombramiento de César Milani al frente del Ejército Nacional ha motivado el repudio y denuncias de distintos organismos que plantean su actuación turbia en la última dictadura militar.
Fue el propio Arturo Puricelli, actual ministro de Seguridad, quien desde el frente de la cartera de Defensa remitió el legajo de Milani a un fiscal de Tucumán que investiga los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el Operativo Independencia. En el legajo de Milani se constató que era subteniente especializado en inteligencia en el Batallón 601 de Ingenieros de Construcción 141 con sede en La Rioja, pero en comisión en Tucumán.
La causa – que fue archivada en marzo – investiga entre otras la desaparición del soldado Alberto Ledo, quien es señalado como el “asistente personal” de Milani en 1976. Ledo militaba por su parte en agrupaciones de izquierda. Uno de sus compañeros, Enrique Vergara, militante del peronismo de La Rioja y ex preso político, declaró: “Ledo desaparece en una de las tantas rondas que hacía el operativo, al mando del capitán de apellido Sanguinetti, también con destino en La Rioja pero trasladado a Tucumán (…) Nunca Milani ni el Ejército dieron explicaciones de cuál ha sido el destino de Ledo. Han querido esconder el crimen, diciendo que Ledo había desertado de las filas” (Fuente: La Prensa).
Por otra parte el ex soldado Álvaro Illanes declaró que en 1976 Milani “hacía interrogatorios de inteligencia” a los conscriptos en La Rioja, y confirmó a Ledo como el “asistente personal de Milani”. Sin embargo explica otras circunstancias en su desaparición: el 16 de junio: “Me contaron que salió al monte a patrullar solo con suboficiales y oficiales. Al día siguiente, a las 7 de la mañana al hacer la formación de tropa y Molina anuncia que Ledo había desertado con todo su armamento” (Fuente: Clarín).
Myryam Bergman suma otra cuestión sobre Milani: “En la causa sobre el Batallón 601 que incluye a Gerardo Martínez, el juez le pregunta al Ejército cuál es el legajo de Martínez y si tuvo participación. El que contesta es Milani, diciendo que se tenga mucho cuidado, que es un expediente reservado y que no se dé a conocer ese legajo. Es decir que planteó toda una política de protección hacia Martínez”.

El espionaje federal: caso Balbuena

Myriam Bregman también es abogada patrocinante de la Agencia Walsh por el caso de Américo Balbuena, el oficial infiltrado durante diez años en la agencia de noticias.
Su caso ha quedado aislado de todo sistema de inteligencia o infiltración, como si Balbuena hubiese actuado por cuenta propia. Lo cierto es que su causa avanza a demostrar una red similar al Proyecto X en la Policía Federal. “Está en plena etapa de pericias”, cuenta Bregman. “El juez Torres actuó con gran celeridad y allanó rápidamente el lugar donde Balbuena supuestamente reportaba”.
Por qué no es un hecho aislado: “Balbuena se mostraba públicamente, tenía contacto con todas las organizaciones, todos lo conocemos, siempre intentaba ir a la casa de las personas que entrevistaba, se movía de una manera que ahora nos damos cuenta… eso que parecía casi tonto e ingenuo era parte de su trabajo”.

El sistema

Tantas casualidades indican una sistematicidad, desde los distintos ámbitos, aparatos y carteras de seguridad del gobierno: Gendarmería Nacional, policías municipales, SIDE, Ejército. Y desde las propias palabras de los funcionarios avalando estas prácticas: Cristina Fernández, Aníbal Fernández, Nilda Garré, Sergio Berni.
El régimen de vigilancia de Argentina tiene un Estado cada vez más agresivo, no solamente por el solapamiento de estos graves casos de infiltraciones, control y criminalización, sino revelado también por sistemas informáticos recientemente aplicados de identificación de personas: desde la tarjeta SUBE hasta el nuevo sistema biométrico de identificación (Sibios), un programa que permite incorporar a los pasaportes un chip electrónico con datos personales, huellas dactilares e imágenes faciales.
Los progresos técnicos facilitan así lo que parece ser una tendencia a nivel global, pero que en Argentina se dio en los últimos años de manera particular, no sólo desde el estado nacional sino también desde gobiernos municipales (el jefe de gobierno Mauricio Macri procesado por escuchas telefónicas, Ciro James, el “Fino” Palacios, etc.).

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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