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Criminalización: con el Proyecto X reúnen pruebas para acusar a seis trabajadores por reclamar sus derechos

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Con pruebas colectadas por el Proyecto X, la justicia de San Martín – célebre por validar la obediencia debida y la ley de punto final en 2004- avanza contra seis trabajadores y delegados de las multinacionales Kraft y Pepsico en dos causas elaboradas alrededor de acciones de protesta en reclamo de reincorporación de despedidos y mejoras salariales.
Según pudo confirmar lavaca están imputados del delito de  corte de ruta, usualmente usado para criminalizar las manifestaciones, Javier Hermosilla (de la comisión interna de Kraft, por 10 hechos), Leonardo Norniella (despedido en el conflicto de 2009 de Pepsico, 3 hechos), Lorena Gentile (comisión interna de Kraft, 2 hechos), Ramón Bogado (de Kraft y ex integrante de la comisión interna, imputado en 5 hechos), Jorge Penayo (de Kraft, integrante de la anterior comisión interna, 2 hechos) y María Rosario (actual trabajadora e integrante de la anterior comisión, 2 hechos).
De cada uno, Gendarmería hace una detallada descripción de sus movimientos, influencias y acciones durante manifestaciones en 2009 y algunas del 2010 y 2011, en distintos informes pertenecientes al Proyecto X. Las causas contra los trabajadores (n° 481/2009 y n° 620/2010) fueron elevadas recientemente a juicio oral mientras que la denuncia contra el espionaje ilegal de Gendarmería está en plena etapa probatoria.

Botones de muestra

El Proyecto X, así revelado por el propio ex jefe de Gendarmería Héctor Schenone, es un software de Gendarmería Nacional que reúne informes de todo el país desde, al menos, 2004 hasta 2012, referidos a movimientos sociales, gremios, partidos políticos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos, padres y madres de las víctimas de Cromañón, referentes villeros y centros de estudiantes. Contiene desde perfiles de líderes sindicales –detallando la dirección, el estado civil y la capacidad de convocatoria- hasta crónicas sobre reuniones preparatorias de marchas en reclamo de la desaparición de Julio López. En casos como el del sacerdote José María Dipalola, el Padre Pepe, lo cataloga como simpatizante del Partido Obrero, lo cual indicaría que debe moderarse el flujo de alucinógenos entre gendarmes y agentes curiosamente llamados de “inteligencia”. El alcance total del Proyecto X es indeterminado ya que sólo se conoce la información de las personas denunciantes, la cual basta para constatar su ilegalidad.
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En Argentina, las tareas de inteligencia se encuentran reguladas por la Ley 25.520, que define en su artículo 2 como “inteligencia” a “la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”.

No espiarás a tu prójimo

En el artículo 4 de dicha ley se establecen límites precisos e imperativos a lo que está vedado en ese ámbito:
“Ningún organismo de inteligencia podrá:

  1. (…) cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
  2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
  3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
  4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.

 
Por último, en materia legislativa, en la causa n° 12.144/200 la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, detectó que la Policía realizaba informes sobre organizaciones sociales y políticas y determinó en la Resolución 38/2003 “Organismos de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Policial” prohibir esas tareas por considerarlas “ilegales”.

A quién investigan

El Proyecto X viola todas estas normas. No existe ningún aval judicial que motive y justifique la infiltración de la Gendarmería Nacional en organizaciones sociales de cualquier tipo. Al contrario: la información recaudada de ese modo ilegal y clandestino se va “blanqueando” en diversos expedientes judiciales, “unas veces de un modo velado, y otras en forma absolutamente burda”, precisa la abogada Myriam Bergman, quien descubrió junto a colegas del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechs Humanos) la utilización de esos informes en causas contra sus representados.
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Más info

Un ejemplo revelador es el de Javier Hermosilla, de quien la Gendarmería Nacional informa de manera especial en la “situación 200645AG009 160/170” perteneciente al Proyecto X:
“Datos de interés: se observó que Hermosilla (miembro de la comisión interna de Kraft Foods Argentina Ex-Terrabusi, y quien estaría alienado al partido obrero (po), proyecta su incidencia sobre el resto de los trabajadores que se refleja en:

  • de coordinación de las medidas de fuerza (aceptó liberar un carril sobre la Panamericana en sentido hacia Capital Federal) .
  • fue quien mejor explicó el conflicto a los MM CC SS” (se refiere a los medios de comunicación).

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La gendarme Calisaya

Esta información era almacenada y analizada en lo que la Gendarmería Nacional llama Centros de Reunión de Información, cuyo software principal tenía base en el edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro. Allí llegaban los informes provenientes de distintas partes del país y se reunían según “archivos”. Los datos almacenados se usaban entonces como fuente de consulta, seguimiento y desarrollo de las actividades de las organizaciones y de los líderes sindicales, tal cual comprobaron los abogados del CeProDH que lo plantearon en su denuncia del siguiente modo:
“La Gendarme Calisaya declara que: “luego lo aclaró a través de la base de datos con que cuenta la fuerza en la cual se desempeña, dado que no era la primera vez que el nombrado encabezaba un corte.
(…) Lo que nos permite concluir que las identificaciones no son llevadas a cabo por un gendarme en particular, sino que son llevadas adelante a partir de las “bases de datos” ilegales con que cuenta la fuerza”.

Te estamos filmando

En este sentido el proceso de uso de la información concluía con una “selección” del material para un objetivo concreto: “de la causa 481/09 surgen fotografías y videos aportados por la Gendarmería Nacional, en las que se le realizan primeros planos a militantes de derechos humanos reconocidas como Elia Espen (Madre de Plaza de Mayo) y María Victoria Moyano Artigas (hija de desaparecidos y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo y miembro del Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos) como participantes de la manifestación. Ellas jamás han sido citadas en una de las tantas causas en curso lo cual también indica que no solo se reúne la información obtenida de las manifestaciones sino que se la clasifica y selecciona”.
El factor común en esa clasificación se centra en la “pertenencia política” de los perseguidos: “Parece que más que la acción concreta, lo que procuran describir a la perfección es la pertenencia política de cada uno”, denuncia la causa presentada por CeProDH y otros organismos.

Personal “de civil”

¿Cómo recaudaba la Gendarmería estos datos para elaborar los informes?
En 2007 la Dra. Marcela Perelman del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) elaboró un informe llamado La regulación de los operativos de seguridad en el marco de las manifestaciones públicas que indicaba la presencia sistemática – no sólo frecuente- de personal vestido “de civil” en las manifestaciones públicas: “Resulta paradigmático el ejemplo de la presencia de personal de seguridad sin uniforme en la zona controlada por un operativo. El hecho de que estos funcionarios pertenezcan o no funcionalmente a áreas de inteligencia no despeja la ambigüedad respecto del tipo de tareas que desarrollan (…). La presencia de personal vestido “de civil” en las manifestaciones es una práctica frecuente, sino sistemática, de los operativos. Esto se desprende de diferentes expedientes judiciales y de las observaciones presenciales del equipo participante del proyecto “Derechos Humanos e intervenciones de instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones públicas”.

A la marcha con el cabo

Los informes del Proyecto X explicitan esta práctica alertada por Perelman y el CELS en boca de los propios gendarmes. En la causa 481/09 (fs. 441/443) el gendarme Raúl Ernesto Sheurman, relata que fue designado con otro miembro de la fuerza, el Cabo Sanabria, para ir a una manifestación y transcribe: “nuestra función allí es solamente observar quiénes están en el lugar, hablar con la gente para saber el motivo del corte, mientras que todo lo referente al restablecimiento del tránsito se encarga el Escuadrón de Seguridad Vial… que vamos al lugar vestidos de civil para mezclarnos entre la gente y determinar quiénes son los que hablan por los altoparlantes, ver quiénes son los organizadores”.

Fotos con celu

En la causa 620/2010 otra gendarme describe el mismo tipo de infiltración: “pudo observar que había tres personas, claramente identificables que evidenciaban ser los cabecillas, dando indicaciones a los manifestantes y siendo entrevistados por medios periodísticos que allí se manifestaban. Por tal motivo, encontrándose la dicente vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión preguntando entre las personas que se manifestaban, el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados, Gentile, Norniella y Coria”.
Además de esta caza de datos sobre los líderes sindicales, sus movimientos, la descripción de la marcha, la Gendarmería incluía en los informes fotos y videos de los asistentes. En otro expediente se revela que “la baja calidad de las tomas fotográficas se debe a que se hacen por medio de teléfonos celulares», para no ser descubiertos.

“Prensa independiente”

¿Cómo se presentaban los gendarmes para entablar conversaciones en la manifestación y acercarse a los delegados?
En la causa 481/09 que tramita en el juzgado de Tres de Febrero, en uno de los videos aportados como prueba y filmados por la Gendarmería Nacional se escucha la siguiente conversación:
Persona 1: Yo soy delegado de la fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas.
Persona 2: Prensa independiente amigo.
Persona 1: No, decime donde porque si no te sacamos a la mierda.
Persona 2: Yo me voy solo, no te hagas drama.
Persona 1: Bueno, ándate.
La careta del “periodista” para acercarse a los manifestantes merece un debate profundo sobre la manipulación de la profesión como excusa de la inteligencia estatal, en la dimensión que merece la infiltración durante 10 años del oficial Américo Alejandro Balbuena en la agencia Rodolfo Walsh.
Muchos de los informes reportan de esta manera informativa el desarrollo de situaciones gremiales como seguimiento de un tema. Así se lee en el Expte. 481/09 del Juzgado Federal de Tres de Febrero: “Señora Juez: Informo a V.S. que en el día de la fecha, siendo aproximadamente las 11:50 hs., utilizando el aparato de telefonía celular nro. 011-154-971-9606 me comuniqué con el Comandante de la Gendarmería Nacional Cristin Rodríguez (tel. 15-3-210-0184), a efectos de verificar cualquier tipo de novedad que pudo producirse desde la última comunicación mantenida en el día de ayer, ante lo cual refirió que si bien mediante las negociaciones desarrolladas ante el Ministerio de Trabajo no se arribó a un acuerdo entre las partes, pudo saber que el gremio se encuentra dividido en dos sectores, uno «radicalizado» y otro «más componedor». Que este último sector mantuvo conversaciones hasta últimas horas de la tarde de ayer, llegándose a un principio de solución producto de la aceptación de reincorporación del 50% del personal despedido por la Empresa en cuestión”.

6 megabytes

Del edificio Centinela de Campo de Mayo se extrajeron 6 megabytes de documentos del mismo tipo, con información sensible de movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, gremios, organizaciones estudiantiles.
Se estima que el alcance de la inteligencia – confirmado desde 2004 hasta 2012 y a nivel nacional- es mucho mayor y mucho peor. Irregularidades en los peritos a cargo de Oyarbide y extraños movimientos de “backup” informativos aumentan la sospecha, y la paranoia.
La historia que cuenta Myriam Bregman a lavaca acerca de cómo se destapó esta olla lo demuestra.

La lluvia de causas judiciales

“Desde el CeProDH veníamos representando a los trabajadores de Kraft y Pepsico y empezamos a notar que de un momento a otro, año 2009 en adelante, empiezan a llover causas judiciales”.
“Primero empezamos haciendo planteos a la justicia federal de San Martín y de San Isidro para ver de dónde venían las causas, porque nos preguntábamos de dónde salía la información que ellos incluían en el proceso. Trabajadores como Lorena Gentile – de la comisión interna de Kraft- iban a solidarizarse con los compañeros del frigorífico Rioplatense y aparecía ella procesada. Era evidente que había un ensañamiento y sabían dónde estaba y qué estaba haciendo cierta gente”.

El modus operandi

Bregman agrega: “Cuando ya se empiezan a acumular varias causas – en el caso de Javier Hermosilla de Kraft llega a tener 16 causas penales- pudimos trazar un modus operandi de cómo se armaban estas causas, empezar a ver patrones comunes. Y en el 90% de los casos todos los informes en los cuales se basaban los jueces provenían de la Gendarmería Nacional”.
“Esos informes eran informes escritos y en los cuales la terminología era claramente de inteligencia: para referirse a los dirigentes sindicales hablaban de ‘cabecillas’, terminología propia de la dictadura militar que los que hemos actuado en causas de lesa humanidad conocemos muy bien. Incluso el organismo que proveía esto se llamaba Centro de Reunión de Información, que es el mismo nombre que usaba el Batallón 601 para las unidades de espionaje que tenía la Bonaerense en la dictadura”.
“Además se incluían fotos y videos, que mostraban a otra gente que estaba en el corte pero no era procesada. No había una cosa objetiva, había una selección y una decisión de escritorio sobre a quién se iba a imputar y a quién no”, dice la abogada.

La denuncia

Con los datos que pudieron reunirse y el acompañamiento de muchos organismos de derechos humanos (La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Nora Cortiñas y Lidia Espen de Línea Fundadora, CORREPI) el CEPRODH presentó una denuncia el 22 de noviembre de 2011. Bregman: “Decíamos que para nosotros había una red de espionaje, que temíamos que se extendiera al resto del país. Y que había un claro objetivo de perseguir a las comisiones internas combativas – opositoras a los gremios oficialistas y oficiales-. Pedimos también que se allane Campo de Mayo (el Centro de Reunión de Información) y que se tomen medidas urgentes sobre el edificio Centinela para recabar toda la información y los videos que aparecían en las causas”.

La confesión de Schenone

La abogada explica que la denuncia original recayó en el juzgado federal n° 7 de Norberto Oyarbide: “Nos tomó como querellantes rápidamente pero tardó nueve meses en allanar Campo de Mayo. Ya en febrero, cuando se levantó la feria, el jefe de Gendarmería Héctor Schenone levanta un oficio que le había mandado el juez diciendo que no tienen ningún sistema de espionaje y que sí tienen tres sistemas de datos. Uno se llamaba Sistema de Gestión Operativa, otro SAG, que fundamentalmente eran dos bases que compilan la información de los pasos fronterizos y un registro de autos con pedido de secuestro. Y dice que hay un tercero que es “Project X”, dando explicaciones muy dudosas sobre en qué consistía, por lo que todas nuestras miradas se dirigieron a eso”.
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El perito de la SIDE

“En el medio, el Oyarbide pidió que se incorpore un perito de la SIDE de identidad reservada en todas las pericias –relata Bregman-. Esto es algo inexplicable, absolutamente ilegal, porque lo que estaba haciendo es hacernos contra-inteligencia para monitorearnos. Yo hasta que los informes de los peritos no está en el expediente judicial, no me entero de nada. Pero la SIDE tiene inmediato conocimiento”.

Allanamiento secreto en helicóptero

La abogada Bregman destaca otro aspecto: “La manera en que Oyarbide realizó las pericias hizo que gran parte de la información tuviera que volver a ser peritada (por el ahora juez Cassanello). La primera vez que fue a Campo de Mayo lo hizo en helicóptero, una forma llamativa de llegar a un lugar para un allanamiento que nadie debe conocer de antemano. Además, tres días antes salió en Ámbito Financiero que Oyarbide iba a allanar esa sede por Proyecto X. Cuando llegaron a Campo de Mayo lo que hizo la Federal fue solamente copiar los títulos de los archivos que había en las computadoras del Centro de Información. Esto parece un chiste de mal gusto, pero es la realidad. Ni siquiera le llamó la atención un archivo que se llamaba ‘operativos hechos sin orden judicial’, aunque parezca mentira”.
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El precinto de Garré y la desmentida de Cristina

“A partir de esto la ministra Garré hace una conferencia diciendo que el sistema era obsoleto y que sólo se trataba de un software –detalla Myriam Bregman-. Y manda a precintar el lugar donde estaba el sistema, es decir el edificio Centinela. Al poco tiempo hay una conferencia de la Presidenta donde desmiente a Garré: dice que el Proyecto X se está usando y es sumamente útil, y que se acababa de encontrar a un camionero que traficaba drogas gracias al Proyecto. Esto tiene un problema, porque si estaba precintado – nosotros vimos las fotografías- no se podía usar. Además, si se usaba para detener camioneros, ¿por qué aparece Norta Cortiñas en el Proyecto X? Fue claramente una arenga política de defensa de la fuerza, un mensaje de aval ridiculizando lo que había dicho Garré”.
“En septiembre de 2012 descabezan a la cúpula de la Gendarmería Nacional”.

Trabajadores a juicio

Sobre la causa contra los trabajadores, dice Bregman: “En este momento están todos los peritos trabajando, la causa está en completa etapa probatoria y va a seguir avanzando. Pero al mismo tiempo el viernes 28 de junio la justicia federal de San Martín citó a varios trabajadores de Kraft para que se notifiquen de la constitución del tribunal que los va a juzgar. O sea que estamos próximos a juicio oral por causas basadas en el Proyecto X, del cual todavía no se sabe su alcance y la justicia no sentenció”.
“Lo que estamos seguros es que ya con lo que está en la causa, se confirma que hay un sistema instalado a nivel país. Tenemos la información de todas aquellas personas que fuimos las que denunciamos. Con ese poquito se encontró muchísimo: informes de distintos lugares del país que abarcan desde Salta hasta Chubut, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Neuquén, distintos gremios, partidos políticos, organizaciones sociales. Todavía no tenemos dimensión real del alcance”.
“Queremos hasta la última prueba que la Gendarmería tiene y por supuesto la destrucción, no queremos que esa información siga estando en manos del Estado”.

La designación de Milani

El nombramiento de César Milani al frente del Ejército Nacional ha motivado el repudio y denuncias de distintos organismos que plantean su actuación turbia en la última dictadura militar.
Fue el propio Arturo Puricelli, actual ministro de Seguridad, quien desde el frente de la cartera de Defensa remitió el legajo de Milani a un fiscal de Tucumán que investiga los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el Operativo Independencia. En el legajo de Milani se constató que era subteniente especializado en inteligencia en el Batallón 601 de Ingenieros de Construcción 141 con sede en La Rioja, pero en comisión en Tucumán.
La causa – que fue archivada en marzo – investiga entre otras la desaparición del soldado Alberto Ledo, quien es señalado como el “asistente personal” de Milani en 1976. Ledo militaba por su parte en agrupaciones de izquierda. Uno de sus compañeros, Enrique Vergara, militante del peronismo de La Rioja y ex preso político, declaró: “Ledo desaparece en una de las tantas rondas que hacía el operativo, al mando del capitán de apellido Sanguinetti, también con destino en La Rioja pero trasladado a Tucumán (…) Nunca Milani ni el Ejército dieron explicaciones de cuál ha sido el destino de Ledo. Han querido esconder el crimen, diciendo que Ledo había desertado de las filas” (Fuente: La Prensa).
Por otra parte el ex soldado Álvaro Illanes declaró que en 1976 Milani “hacía interrogatorios de inteligencia” a los conscriptos en La Rioja, y confirmó a Ledo como el “asistente personal de Milani”. Sin embargo explica otras circunstancias en su desaparición: el 16 de junio: “Me contaron que salió al monte a patrullar solo con suboficiales y oficiales. Al día siguiente, a las 7 de la mañana al hacer la formación de tropa y Molina anuncia que Ledo había desertado con todo su armamento” (Fuente: Clarín).
Myryam Bergman suma otra cuestión sobre Milani: “En la causa sobre el Batallón 601 que incluye a Gerardo Martínez, el juez le pregunta al Ejército cuál es el legajo de Martínez y si tuvo participación. El que contesta es Milani, diciendo que se tenga mucho cuidado, que es un expediente reservado y que no se dé a conocer ese legajo. Es decir que planteó toda una política de protección hacia Martínez”.

El espionaje federal: caso Balbuena

Myriam Bregman también es abogada patrocinante de la Agencia Walsh por el caso de Américo Balbuena, el oficial infiltrado durante diez años en la agencia de noticias.
Su caso ha quedado aislado de todo sistema de inteligencia o infiltración, como si Balbuena hubiese actuado por cuenta propia. Lo cierto es que su causa avanza a demostrar una red similar al Proyecto X en la Policía Federal. “Está en plena etapa de pericias”, cuenta Bregman. “El juez Torres actuó con gran celeridad y allanó rápidamente el lugar donde Balbuena supuestamente reportaba”.
Por qué no es un hecho aislado: “Balbuena se mostraba públicamente, tenía contacto con todas las organizaciones, todos lo conocemos, siempre intentaba ir a la casa de las personas que entrevistaba, se movía de una manera que ahora nos damos cuenta… eso que parecía casi tonto e ingenuo era parte de su trabajo”.

El sistema

Tantas casualidades indican una sistematicidad, desde los distintos ámbitos, aparatos y carteras de seguridad del gobierno: Gendarmería Nacional, policías municipales, SIDE, Ejército. Y desde las propias palabras de los funcionarios avalando estas prácticas: Cristina Fernández, Aníbal Fernández, Nilda Garré, Sergio Berni.
El régimen de vigilancia de Argentina tiene un Estado cada vez más agresivo, no solamente por el solapamiento de estos graves casos de infiltraciones, control y criminalización, sino revelado también por sistemas informáticos recientemente aplicados de identificación de personas: desde la tarjeta SUBE hasta el nuevo sistema biométrico de identificación (Sibios), un programa que permite incorporar a los pasaportes un chip electrónico con datos personales, huellas dactilares e imágenes faciales.
Los progresos técnicos facilitan así lo que parece ser una tendencia a nivel global, pero que en Argentina se dio en los últimos años de manera particular, no sólo desde el estado nacional sino también desde gobiernos municipales (el jefe de gobierno Mauricio Macri procesado por escuchas telefónicas, Ciro James, el “Fino” Palacios, etc.).

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Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos

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La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi

El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.

¿Qué es lo “insustancial”?

La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.

El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.

¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.

En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.

Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).

“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.

Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?

–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.

¿Docentes centinelas?

El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.

Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.

¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.

Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.

Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.

–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?

–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.

La Corte y el lobby sojero

En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.

La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años

Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.

Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.

Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.

El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.

Lorenzetti y Bordet no responden

En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.

Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).

La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.

Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.

“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.

Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.

Denuncia en la CIDH

¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?

Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.

Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.

Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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