Nota
Cuarta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil: «El Estado es responsable» y «Fuera Bullrich»
Con mayoría de madres con carteles de sus hijos a la cabeza, la Cuarta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil partió en Buenos Aires desde Congreso a Plaza de Mayo con una consigna clara: “No es un policía, es toda la institución: el Estado es responsable”. La movilización se replicó en más de diez ciudades de todo el país. Allí estuvieron familiares de Luciano Arruga, Kiki Lezcano, Fabián Gorosito y de Pablo Kucoc, el joven asesinado por el policía Chocobar. Días atrás una foto lo mostró reincorporado a la fuerza luego de haber sido visitado por la ministra. La madre del joven responde a lavaca: “Bullrich no sabe nada de seguridad”. Nuestra crónica y el fotoreportaje de Revista Cítrica.
“Es la primera vez que marcho. Y vine para hacer justicia. Para que a los chicos que siguen en la calle no les pase lo que les pasó a nuestros hijos. Pedimos Justicia y que salgan Bullrich y Macri de todo esto. Que dejen actuar al juez. Y que Bullrich se dedique a otra cosa: no sabe nada de seguridad”, sintetiza Ivonne, la mamá de Pablo Kucoc, el joven de 18 años asesinado por la espalda en diciembre por el policía Luis Chocobar tras un intento de robo a un turista. Ivonne habla mientras cruza 9 de Julio en la Cuarta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que en la Ciudad de Buenos Aires movilizó seis cuadras desde Congreso a Plaza de Mayo.

Fotos: Vicky Cuomo y Foto Viojf
El asesinato de Kucoc instaló la llamada “doctrina Chocobar”, que tuvo la cerrada defensa no sólo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sino también del Presidente Mauricio Macri. Hace cinco días, una foto que recorrió las redes sociales mostró a un Chocobar sonriente volviendo al cumplir servicio en la policía local de Avellaneda. Una semana atrás, había recibido la visita de la propia Bullrich en la que le transmitió un mensaje que no dejaba dudas: “No estás solo”, le dijo.

Chocobar está procesado por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber. Y embargado por 400 mil pesos.
Mientras cruza 9 de Julio, Ivonne sólo expresa otra síntesis en dos palabras:
-Queremos justicia.

Fotos: Vicky Cuomo y Foto Viojf
Lo que se espera del Estado
La primera marcha de estas características nació en Córdoba en 2015 luego del asesinato de Ismael Sosa, que había ido a un recital e La Renga. En esta ocasión, acá, la movilización se replica en más de diez ciudades en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, la columna está encabezada únicamente por familiares de jóvenes asesinados por diversas fuerzas policiales en sus barrios. Dato: la mayoría son mujeres.
- Allí está Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, el joven de 16 años torturado y desaparecido por la Policía Bonaerense en Lomas del Mirador, La Matanza. Su cuerpo fue hallado cinco años y ocho meses después como NN en el Cementerio de Chacarita.
- Angélica Urquiza, mamá de Jonathan Kiki Lezcano, el adolescente de 17 años asesinado por el policía federal Daniel Santiago Veyga, en 2009.
- María Viera, mamá de Fabián Gorosito, asesinado en agosto de 2010: apareció en una zanja de un descampado en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo.
- Las familiares de Nazareno Vargas, de 19 años, que apareció asesinado en plena vía pública en Merlo el 30 de julio de 2017.
- La mamá de Walter González, con un cartel que grita: «Asesinado por el policía Horacio Gómez el 16/08/13. Basta de gatillo fácil! Ni un pibe menos!».

Fotos: Vicky Cuomo y Foto Viojf
También marcha Alberto Santillán, papá de Darío, el militante piquetero asesinado por la Bonaerense en Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002, junto a Maximiliano Kosteki. A su lado está Isabel Huala, la mamá del lonko mapuche Facundo Jones Huala, a quien la Corte Suprema le acaba de dictar la extradición para que sea juzgado en Chile en un proceso que había sido declarado nulo por torturas a un testigo.
Isabel lleva en una mano una foto de su hijo. En la otra, del joven Rafael Nahuel, fusilado en Villa Mascardi por Prefectura. “Hay que salir a luchar, a las calles por lo que nos corresponde, que son los derechos y la libertad”, es lo único que dice a lavaca.
Y agrega otra síntesis: “Porque del Estado no espero nada”.

Fotos: Vicky Cuomo y Foto Viojf
La nueva vieja doctrina
La marcha se detiene cinco minutos en la esquina de Avenida de Mayo y Sáenz Peña para recordar a Gastón Riva, uno de los asesinados en la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001. Allí, en la vereda, hay una placa con su nombre.
Una de las que aplaude es Vanesa, mamá de Nicolás Bustamente: “A mi hijo lo asesinaron el 20 de junio de 2015. Fue el policía Gustavo Ezequiel Acosta, en Claypole. Según la policía hubo un enfrentamiento, pero a Nicolás le disparó seis veces. No le dio ninguna oportunidad de vivir. No quiso detenerlo. Directamente lo mató cuando seguía tirado en el suelo. El policía está imputado por homicidio. La causa, quieta. Él tenía 20 años, pero acá vemos chicos de todas las edades. Es una sumatoria de casos, cada vez más muertes. La política represiva se traduce en que no hay que detener: hay que matar. Como Chocobar, o al chico de Parque Patricios: lo mataron por gusto”.
El chico que menciona Vanesa es Cristopher “Bocha” Rego, el joven de 26 años que asesinó Prefectura en la madrugada del 12 de agosto por no detenerse en un control de tránsito. Su papá explicó a los medios que no tenía los papeles del vehículo que había comprado hacía días y que, por eso, se asustó y arrancó. La respuesta fue a los tiros: uno le entró por la espalda, otro por la nuca. Ocho efectivos quedaron detenidos, y uno confesó haber disparado. A diferencia del caso Chocobar, el Ministerio de Seguridad emitió un rápido comunicado en el que informaba la exoneración de los oficiales. La familia dijo que, también, les enviaron una caja con pañales, cartones de leche y prendas para vestir. “No quiero nada de ellos”, lo rechazó el papá, en declaraciones a Página/12. E informó que, además, el Ministerio envió prendas para una nena: Rego había sido papá de un varón 40 días antes de que lo mataran.

Fotos: Vicky Cuomo y Foto Viojf
La nueva política pública
La marcha llega a Plaza de Mayo con letras que se elevan como pancartas y dibujan una exigencia: «Fuera Bullrich». Rápidamente los familiares organizan un camión al que subirán para denunciar cada uno de los casos. Toda esta marcha -que tuvo su eco en Jujuy, Tucumán, San Juan, Mendoza, Neuquén, Bariloche, Chubut, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Rosario, La Plata y Mar del Plata- estuvo organizada por ellas. Desde la cabeza, las consignas hasta la seguridad y su organización.
Allí camina Javier Maciel, hermano de Agustín Maciel: “El 21 de diciembre de 2017 apareció muerto en la calle con dos tiros por la espalda en Laferrere, La Matanza. Fue un policía federal de civil, pero el juez lo dejó libre sin ningún cargo. La causa quedó caratulada como robo a mano armada, pero no sabemos nada. Nadie nos dice nada. Tenía nada más que 17 años. A un mes de cumplir del 18. Era el menor de nosotros”.

Fotos: Vicky Cuomo y Foto Viojf
En la Plaza también está la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la abogada María del Carmen Verdú.
¿En qué momento llega esta cuarta marcha nacional?
-El año pasado, en la tercera marcha, decíamos que la represión había dejado de subir por escalera y se había tomado un ascensor. Esta llega una semana después de un hecho simbólico como la reincorporación al servicio activo de Chocobar después de haber recibido una nueva visita de Bullrich con senadores en la que le llevaron su solidaridad, tal como ella tuiteó. Hace 30 años estamos intentando convencer que la política de Estado represiva incluye como una herramienta al gatillo fácil: hoy es el propio gobierno que de esto hace una política pública que no sólo defiende, sino promueve.

Fotos: Vicky Cuomo y Foto Viojf
Según el informe de Correpi presentado en diciembre de 2017, en los dos años de Gobierno de Cambiemos hubo una muerte por violencia estatal cada 23 horas.Verdú apunta que aún no pueden brindar una cifra de cómo esa política está impactando este año: “Para serte bien gráfica, la compañera que se encarga de la sistematización nos dijo que nos están matando más rápido de lo que podemos escribir. Lo que sí tenemos en claro es que estamos por encima del promedio del año pasado”.
Las muertes en manos del Estado siguen y aumentan.
Las movilizaciones, también.


Fotos: Vicky Cuomo y Foto Viojf



Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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