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Curar la lucha: Historia y presente de represión y ajuste en el Hospital Posadas

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Por qué los despidos en el Hospital Posadas remiten a una memoria que duele. Cómo un proyecto de hospital abierto a la comunidad se transformó en una máquina precarizadora con el 85% de sus trabajadores contratados. Publicamos esta crónica en la edición de marzo de MU, en medio de la resistencia contra los 121 despidos de profesionales de salud de uno de los hospitales más importantes del país. Desde ese entonces, dos de los trabajadores que aparecen en este reportaje fueron echados, las cesantías ya superan las 200, el represor Luis Muiña (ex integrante de la patota SWAT que operó en el hospital en dictadura y a quien la Corte Suprema intentó beneficiar con el 2×1) fue condenado a perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el nosocomio y todas las semanas se realiza un abrazo simbólico en defensa de la institución, mientras las amenazas y la persecución continúan en medio del vaciamiento del hospital. El desguace es un golpe continuo a la salud pública: la Sociedad Argentina de Pediatría expresaron su “profunda preocupación”. La semana pasada, por ejemplo, renunció el cirujano Christian Kreutzer, a cargo del área y de la Fundación Posadas, junto a todo su equipo, por la imposibilidad de mantener un servicio digno tras el desguace de médicos, auxiliares y jefes de sectores. Aquí compartimos el artículo, para leer, ubicar y entender la historia y presente de represión y ajuste en el Posadas. Por Lucas Pedulla. Fotos de Nacho Yuchark.
Después de trabajar 15 años como enfermera en terapia intensiva, Cynthia Bernabitti se enteró por un mensaje de WhatsApp con una información caótica. Le decían que debía pasar por mesa de entradas. Que tenía que buscarse en dos listados. Y que si no estaba en ninguno, se considerara despedida.
Bernabitti no estaba en ninguno.
Luego supo que no era la única: tenía 121 compañeras y compañeros en las mismas condiciones: 19 eran delegados gremiales. “Tengo tres hijos”, dice ahora, con un pin sobre su guardapolvo blanco que dice «No a los despidos en el Posadas», un cuaderno en el que figura el contacto de cada uno de los despidos y apuntes sobre el fondo de lucha para sostener las medidas de fuerza. “¿Qué van a hacer después, cuando en una cama de terapia haya que pagar para mantener un pibe que se está muriendo?”, pregunta. “¿Hasta cuándo uno tiene que abandonar la salud que está brindando y la educación bajo la que se formó?”.
La pregunta recorre el laberinto Posadas.

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Foto: Nacho Yuchark

Datos del monstruo

El Hospital Posadas tiene 22 hectáreas sobre Acceso Oeste, en la localidad de El Palomar, con siete pisos que cubren un área de influencia de 6 millones de personas. Por eso le dicen el “monstruo”.
Todos los trabajadores consultados por MU coinciden en que el ajuste comenzó a mediados del 2017 cuando el Hospital quiso extender la jornada laboral de Enfermería de 10 a 12 horas. Mirta Arceri, enfermera, despedida con 18 años en el Hospital: “Primero echaron a los compañeros de limpieza y tercerizaron el servicio. Luego, aumentaron la jornada laboral a los compañeros de vigilancia: no reaccionaron. Y, después, se metieron con Enfermería: ahí dijimos no. Hacemos 10 horas noche por medio, sábado, domingo, feriado, lo que haya, de 21 a 07: querían extenderla a 12 sin ningún franco. Eso es insalubre: después de 10 horas, por más que quieras, no tenés reflejos ni lucidez para nada”.
Bernabitti cuenta el reflejo de la Dirección: “Redujo salarios hasta un 80 por ciento. De un conflicto que iniciamos 150, quedamos 70: pasamos de cobrar 23 mil pesos a 4 mil”. Presentaron un amparo ante la justicia. En noviembre, la jueza Martina Isabela Forns, del Juzgado Federal N°2 de San Martín, falló a favor de los trabajadores y ordenó el reintegro de los descuentos. Bernabitti: “No sólo no se cumplió, sino que de los 122 despidos, 70 somos enfermeros”.
Los trabajadores se convocaron en asamblea al día siguiente de los despidos en el hall del Hospital: los recibió un despliegue de Gendarmería y Policía Federal con armas y escudos por los pasillos a la vista de todos los pacientes. Cristian Vega, enfermero del turno noche, cinco años en el Posadas, cuenta que fueron a pedir una asamblea al chalet de ATE Morón para tratar la urgencia. La respuesta no fue la esperada: además de quedarse en la calle tuvo que explicarle a sus tres hijos por qué volvió con fractura de órbita. “El secretario general, Darío Silva, le tiró un manotazo a una compañera. Un compañero intenta sacarla y se la agarran con él: lo tiran al piso, le pegan patadas. Lo intento sacar y calmarlos: ahí me como una piña en la cabeza. Yo soy afiliado de ATE: sólo iba a mi gremio para pedir que me defendieran”.

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Foto: Nacho Yuchark

85 por ciento

Jimena Lettieri, trabajadora administrativa en el área de Higiene y Seguridad, describe un problema central: “El 85 por ciento de los 5000 trabajadores estamos contratados”. Mirta Arceri agrega: “Esta precariedad dio el pie para echarnos sin explicación ni indemnización. Y muchos están en una incertidumbre total. Cuando en 2016 echaron a 641 personas, algunos decían que eran ñoquis de la gestión anterior; hoy dicen lo mismo, pero mientras echan están tomando monotributistas sin experiencia y en condiciones laborales aún peores”.
Vega subraya otro de los focos de los despidos: “Son todos los que se negaron a perder algo”. Entre ellos, hay 17 delegados de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) y dos del Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS). Arceri recuerda: “El 13 de agosto de 2001 tomamos el Hospital y armamos un comité porque había una dirección que vino a vaciarnos. De La Rúa mandó a la Infantería y nos reprimieron con balas de goma. Quiero decir: todos los compañeros que echaron participaron en cada una de las reivindicaciones de todos estos años. Tenemos en claro por qué nos echan a nosotros: este Hospital tiene historia, tiene memoria y pelea desde esa memoria”.
Eso nos lleva a la otra puerta del laberinto.

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Foto: Nacho Yuchark

Posadas abierto

Carlos Apezteguía tenía 27 años cuando entró en el Posadas en 1972. El monstruo había surgido como iniciativa de la Fundación Eva Perón con proyecciones del doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud en la historia Argentina, durante el peronismo. La planificación edilicia con espacios abiertos, bella arboleda y balcones de cara al sol estuvo orientada para la idea original del proyecto: atención de enfermos con afecciones pulmonares, respiratorias y, en especial, víctimas de tuberculosis.
El golpe militar de 1955 fusiló el sueño. Las nuevas autoridades lo reorientaron al desarrollo de “tareas de investigación” y, tres años después, el dictador Pedro Aramburu lo inauguró como Instituto Nacional de Salud (INS). En 1972, en presencia de otro dictador, Alejandro Lanusse, se inauguró como Policlínico Profesor Alejandro Posadas, en función de reorganizar las instalaciones como centro asistencial. Como en toda represión, hubo lucha: el 14 de junio de 1973, el personal médico y no médico declaró al Hospital en estado de asamblea permanente. Las exigencias: desplazar a la conducción heredada de la última dictadura militar, democratizar la toma de decisiones y abrir el Hospital a la comunidad.
“Las asambleas eran masivas”, recuerda Apezteguía, en aquel entonces coordinador del sector de Terapia Intensiva de adultos, hoy integrante del Comité de Bioética. “Se generó un ‘gobierno provisional’, una junta de seis personas que pertenecían a distintas áreas y a distintas orientaciones políticas, desde peronistas a comunistas. Duró unas semanas, hasta que el Gobierno designó al doctor Julio César Rodríguez Otero como director, elegido en la asamblea. Fue un momento de crecimiento y de apertura a la comunidad”.
María Fernanda Sabio, trabajadora del Comité de Bioética, recuerda que su padre y su madre, Julio Sabio y Alicia García Otero, eran parte de los profesionales del Hospital que salían al barrio. “Mis padres iban a la villa Gardel a buscar a los pacientes porque no se animaban a cruzar. Entonces decían: ‘Si ellos no vienen al Hospital, que el Hospital vaya a la comunidad’. Atendían pacientes, abrían consultorios. Y no era sólo una cuestión hospitalocéntrica: iban a hablar, a hacer campañas de salud, preventivas pero también de empoderamiento para que sepan cuáles eran sus derechos. Esto marcó la historia del Hospital: fue la causa de los hechos que sufrimos posteriormente en dictadura”.

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Foto: Nacho Yuchark

La historia armada

El 28 de marzo de 1976, cuatro días después del Golpe de Estado, el general Reynaldo Bignone ocupó el Hospital con tanques, helicópteros y personal militar. “Parecía que venían a tomar un fortín”, recuerda Apezteguía.
Era domingo. “Se presentó una autoridad que después supe que era Bignone. No se identificó en ese momento. Nos dijo que tenían información de que era un hospital donde se realizaban actividades de atención a los subversivos. A la salida, a algunos nos detuvieron. Nos trasladaron en un patrullero a Coordinación Federal, lo que después fue la Superintendencia de Seguridad Federal, en Capital. Nos pusieron frente a un paredón, como de mármol, que tenía signos de balazos. Hicieron una ‘broma’ como que nos iban a fusilar”.
Los ubicaron en celdas individuales pero los cambiaron a una común a medida que fueron llegando más detenidos. Había obreros de otras empresas. ¿Y del Hospital? “Ese día habremos sido unos 4 ó 5. Pero luego continuaron las detenciones. A mi mujer, por ejemplo, la detienen al día siguiente. A medida que la gente fue ingresando el lunes, los detenían de acuerdo a listas que iban engordando cada día: había compañeros que no figuraban el lunes pero sí el martes. En esa celda, donde nos pusieron seis camastros, llegamos a ser más de 30 personas. Escuchábamos a los guardias que decían: ‘¿Más gente del Posadas? ¡No! ¡No hay más lugar!’”.
A muchos los fueron llevando a Olmos y a Devoto. Según Semblanzas, un libro editado por la Comisión de Derechos Humanos del Hospital, más de 50 profesionales fueron detenidxs entre el 28 y el 31 de marzo y trasladados a destinos desconocidos por tiempos variables: algunos estuvieron 5 días, otros 9 meses.
A Apezteguía lo liberaron casi una semana después. Se exilió con su familia en España. “La historia que ellos armaron, y de la que se hicieron eco algunos medios nacionales entonces, era que esto era un centro de atención de la guerrilla, que había quirófanos clandestinos y túneles secretos que conectaban el Hospital con la Gardel. Historias sin ningún fundamento”.

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Foto: Nacho Yuchark

Crimen y castigo

Luego de la ocupación, el coronel médico Agatino Di Benedetto quedó a cargo del Hospital. En abril, lo sucede su par Julio Esteves, que organizó un sistema de vigilancia paramilitar coordinado por el subcomisario de la Policía Federal Ricardo Nicastro al mando de un grupo de policías exonerados de diversas fuerzas, conocido como SWAT. Uno de ellos fue Luis Muiña (el represor beneficiado por la Corte Suprema por el 2×1 en 2017). En noviembre del 76 comenzó una serie de secuestros que duró hasta comienzos de 1977. Algunos de ellos se produjeron dentro del hospital, como el caso de Gladis Cuervo, enfermera, una de las sobrevivientes: el 25 de noviembre del 76 la detienen en la dirección, la golpean, le tapan la boca, la tiran arriba de una mesa, la picanean. La imagen del horror se completa con que el grupo de tareas convirtió la casa del exdirector elegido en asamblea, Rodríguez Otero -desplazado, detenido y torturado-, en un centro clandestino de detención, conocido como “El Chalet”. Allí llevan a Cuervo.
Hay 11 profesionales del Posadas que continúan desaparecidos. Uno de ellos era Jorge Roitman, médico de terapia intensiva, cuyos restos fueron encontrados en noviembre del año pasado enterrados detrás de El Chalet, hoy convertido en casa de la memoria. Lo encontró un obrero mientras cavaba en medio de una obra.
Otro es Jacobo Chester, técnico en estadísticas y secretario administrativo de la guardia los fines de semana. Su hija, Zulema, es parte de la Comisión de Derechos Humanos del Hospital. Tenía 12 años cuando personal del Primer Cuerpo del Ejército entró en su casa en Haedo, se llevó a su papá y le dijeron que tenía que buscarlo en los zanjones. “Él entró en 1973, pocos después de que ingresara mi mamá. Vivíamos a 15 cuadras: el Hospital estaba en pleno apogeo convocando gente. Había una sensación de orgullo muy grande por trabajar en el Estado”. A su mamá le entregaron un certificado de defunción de un cuerpo NN encontrado en el Río de la Plata el 2 de diciembre de 1976, cinco días después del secuestro. “Un juez certificó con autopsia que era mi papá, pero nunca nos dieron ni vimos su cuerpo”.
Los crímenes del Posadas fueron parte de la histórica sentencia del Juicio a las Juntas en 1985. Allí declararon, entre otros, Chester y Apezteguía. En 2011, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Bignone, Muiña y al brigadier mayor Hipólito Mariani (jefe del área militar a cargo del Hospital) por los crímenes en El Chalet. La mayor parte de la cadena de mandos murió sin condena, como el caso de Esteves o Juan Máximo Coptelesa, integrante de la patota SWAT.
En este marzo de 2018 comienza una nueva causa, que juzgará sólo los crímenes de Roitman y Chester.

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El sentido de las palabras

El regreso al Posadas de Apezteguía post exilio fue un día después del triunfo de Raúl Alfonsín en 1983. No perdió tiempo: creó la Comisión de Derechos Humanos, buscó a los sobrevivientes, contactó a los familiares y aportó pruebas a la CONADEP. ¿Qué significó entonces que la posibilidad de un 2×1 masivo a genocidas tuviera a Muiña, un exponente del terror dentro de su Hospital, como ícono de impunidad? Responde: “Una bronca terrible. Una sensación de frustración. No se puede tolerar. Pero la respuesta y la expresión popular masiva en contra de ese fallo fueron maravillosas. Claro que también repercutió aquí, a pesar de que mucha gente es nueva y no vivió esos hechos. En ese sentido, el hallazgo de los restos de Roitman fue conmocionante: es la evidencia más clara de que el horror ocurrió aquí y que él estaba aquí”.
Zulema Chester: “El compromiso que existió en aquella época en el Hospital era muy claro, y eso se mamaba desde el primer momento en que entrabas. Y si vos ves lo que está pasando con los despidos que ya fueron, con los que están por venir o con las personas que están jubilando, ves que lo que quieren cambiar es la esencia del Hospital”.
¿Cómo se responde a ese vaciamiento?
Mirta Arceri piensa. Y dice: “Cuando ves la historia, los compañeros que desaparecieron y pasaron por el centro clandestino eran compañeros que estaban peleando por lo mismo que nosotros. Había un proyecto que empujaba a construir una institución de salud gratuita y de calidad. Hay una memoria y un hilo conductor. Cuando en el 2001 entró la Infantería, en cinco minutos estaban todos, estaba el barrio, y decían: ‘Este es el Hospital Posadas’. Había un sentido en esas palabras. Lo hay. No es cualquier hospital. Para borrar eso tenés que sacar a toda esta gente de acá. No es casual que echaran a todos quienes, de alguna manera, hemos resistido. Estamos pagando un costo que nos honra pagar. No nos va a quebrar nadie porque sabemos por lo que estamos peleando. Y sabemos, también, que nada es eterno: esta gente en algún momento se va a ir de la gestión. Y los problemas van a continuar. La gente tiene que reaccionar y empezar a cambiar enserio. Bien, entonces: construyamos ya algo distinto”.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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LA NUEVA MU. No podrán

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