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Curar la lucha: Historia y presente de represión y ajuste en el Hospital Posadas

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Por qué los despidos en el Hospital Posadas remiten a una memoria que duele. Cómo un proyecto de hospital abierto a la comunidad se transformó en una máquina precarizadora con el 85% de sus trabajadores contratados. Publicamos esta crónica en la edición de marzo de MU, en medio de la resistencia contra los 121 despidos de profesionales de salud de uno de los hospitales más importantes del país. Desde ese entonces, dos de los trabajadores que aparecen en este reportaje fueron echados, las cesantías ya superan las 200, el represor Luis Muiña (ex integrante de la patota SWAT que operó en el hospital en dictadura y a quien la Corte Suprema intentó beneficiar con el 2×1) fue condenado a perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el nosocomio y todas las semanas se realiza un abrazo simbólico en defensa de la institución, mientras las amenazas y la persecución continúan en medio del vaciamiento del hospital. El desguace es un golpe continuo a la salud pública: la Sociedad Argentina de Pediatría expresaron su “profunda preocupación”. La semana pasada, por ejemplo, renunció el cirujano Christian Kreutzer, a cargo del área y de la Fundación Posadas, junto a todo su equipo, por la imposibilidad de mantener un servicio digno tras el desguace de médicos, auxiliares y jefes de sectores. Aquí compartimos el artículo, para leer, ubicar y entender la historia y presente de represión y ajuste en el Posadas. Por Lucas Pedulla. Fotos de Nacho Yuchark.
Después de trabajar 15 años como enfermera en terapia intensiva, Cynthia Bernabitti se enteró por un mensaje de WhatsApp con una información caótica. Le decían que debía pasar por mesa de entradas. Que tenía que buscarse en dos listados. Y que si no estaba en ninguno, se considerara despedida.
Bernabitti no estaba en ninguno.
Luego supo que no era la única: tenía 121 compañeras y compañeros en las mismas condiciones: 19 eran delegados gremiales. “Tengo tres hijos”, dice ahora, con un pin sobre su guardapolvo blanco que dice «No a los despidos en el Posadas», un cuaderno en el que figura el contacto de cada uno de los despidos y apuntes sobre el fondo de lucha para sostener las medidas de fuerza. “¿Qué van a hacer después, cuando en una cama de terapia haya que pagar para mantener un pibe que se está muriendo?”, pregunta. “¿Hasta cuándo uno tiene que abandonar la salud que está brindando y la educación bajo la que se formó?”.
La pregunta recorre el laberinto Posadas.

Foto: Nacho Yuchark

Datos del monstruo

El Hospital Posadas tiene 22 hectáreas sobre Acceso Oeste, en la localidad de El Palomar, con siete pisos que cubren un área de influencia de 6 millones de personas. Por eso le dicen el “monstruo”.
Todos los trabajadores consultados por MU coinciden en que el ajuste comenzó a mediados del 2017 cuando el Hospital quiso extender la jornada laboral de Enfermería de 10 a 12 horas. Mirta Arceri, enfermera, despedida con 18 años en el Hospital: “Primero echaron a los compañeros de limpieza y tercerizaron el servicio. Luego, aumentaron la jornada laboral a los compañeros de vigilancia: no reaccionaron. Y, después, se metieron con Enfermería: ahí dijimos no. Hacemos 10 horas noche por medio, sábado, domingo, feriado, lo que haya, de 21 a 07: querían extenderla a 12 sin ningún franco. Eso es insalubre: después de 10 horas, por más que quieras, no tenés reflejos ni lucidez para nada”.
Bernabitti cuenta el reflejo de la Dirección: “Redujo salarios hasta un 80 por ciento. De un conflicto que iniciamos 150, quedamos 70: pasamos de cobrar 23 mil pesos a 4 mil”. Presentaron un amparo ante la justicia. En noviembre, la jueza Martina Isabela Forns, del Juzgado Federal N°2 de San Martín, falló a favor de los trabajadores y ordenó el reintegro de los descuentos. Bernabitti: “No sólo no se cumplió, sino que de los 122 despidos, 70 somos enfermeros”.
Los trabajadores se convocaron en asamblea al día siguiente de los despidos en el hall del Hospital: los recibió un despliegue de Gendarmería y Policía Federal con armas y escudos por los pasillos a la vista de todos los pacientes. Cristian Vega, enfermero del turno noche, cinco años en el Posadas, cuenta que fueron a pedir una asamblea al chalet de ATE Morón para tratar la urgencia. La respuesta no fue la esperada: además de quedarse en la calle tuvo que explicarle a sus tres hijos por qué volvió con fractura de órbita. “El secretario general, Darío Silva, le tiró un manotazo a una compañera. Un compañero intenta sacarla y se la agarran con él: lo tiran al piso, le pegan patadas. Lo intento sacar y calmarlos: ahí me como una piña en la cabeza. Yo soy afiliado de ATE: sólo iba a mi gremio para pedir que me defendieran”.

Foto: Nacho Yuchark

85 por ciento

Jimena Lettieri, trabajadora administrativa en el área de Higiene y Seguridad, describe un problema central: “El 85 por ciento de los 5000 trabajadores estamos contratados”. Mirta Arceri agrega: “Esta precariedad dio el pie para echarnos sin explicación ni indemnización. Y muchos están en una incertidumbre total. Cuando en 2016 echaron a 641 personas, algunos decían que eran ñoquis de la gestión anterior; hoy dicen lo mismo, pero mientras echan están tomando monotributistas sin experiencia y en condiciones laborales aún peores”.
Vega subraya otro de los focos de los despidos: “Son todos los que se negaron a perder algo”. Entre ellos, hay 17 delegados de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) y dos del Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS). Arceri recuerda: “El 13 de agosto de 2001 tomamos el Hospital y armamos un comité porque había una dirección que vino a vaciarnos. De La Rúa mandó a la Infantería y nos reprimieron con balas de goma. Quiero decir: todos los compañeros que echaron participaron en cada una de las reivindicaciones de todos estos años. Tenemos en claro por qué nos echan a nosotros: este Hospital tiene historia, tiene memoria y pelea desde esa memoria”.
Eso nos lleva a la otra puerta del laberinto.

Foto: Nacho Yuchark

Posadas abierto

Carlos Apezteguía tenía 27 años cuando entró en el Posadas en 1972. El monstruo había surgido como iniciativa de la Fundación Eva Perón con proyecciones del doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud en la historia Argentina, durante el peronismo. La planificación edilicia con espacios abiertos, bella arboleda y balcones de cara al sol estuvo orientada para la idea original del proyecto: atención de enfermos con afecciones pulmonares, respiratorias y, en especial, víctimas de tuberculosis.
El golpe militar de 1955 fusiló el sueño. Las nuevas autoridades lo reorientaron al desarrollo de “tareas de investigación” y, tres años después, el dictador Pedro Aramburu lo inauguró como Instituto Nacional de Salud (INS). En 1972, en presencia de otro dictador, Alejandro Lanusse, se inauguró como Policlínico Profesor Alejandro Posadas, en función de reorganizar las instalaciones como centro asistencial. Como en toda represión, hubo lucha: el 14 de junio de 1973, el personal médico y no médico declaró al Hospital en estado de asamblea permanente. Las exigencias: desplazar a la conducción heredada de la última dictadura militar, democratizar la toma de decisiones y abrir el Hospital a la comunidad.
“Las asambleas eran masivas”, recuerda Apezteguía, en aquel entonces coordinador del sector de Terapia Intensiva de adultos, hoy integrante del Comité de Bioética. “Se generó un ‘gobierno provisional’, una junta de seis personas que pertenecían a distintas áreas y a distintas orientaciones políticas, desde peronistas a comunistas. Duró unas semanas, hasta que el Gobierno designó al doctor Julio César Rodríguez Otero como director, elegido en la asamblea. Fue un momento de crecimiento y de apertura a la comunidad”.
María Fernanda Sabio, trabajadora del Comité de Bioética, recuerda que su padre y su madre, Julio Sabio y Alicia García Otero, eran parte de los profesionales del Hospital que salían al barrio. “Mis padres iban a la villa Gardel a buscar a los pacientes porque no se animaban a cruzar. Entonces decían: ‘Si ellos no vienen al Hospital, que el Hospital vaya a la comunidad’. Atendían pacientes, abrían consultorios. Y no era sólo una cuestión hospitalocéntrica: iban a hablar, a hacer campañas de salud, preventivas pero también de empoderamiento para que sepan cuáles eran sus derechos. Esto marcó la historia del Hospital: fue la causa de los hechos que sufrimos posteriormente en dictadura”.

Foto: Nacho Yuchark

La historia armada

El 28 de marzo de 1976, cuatro días después del Golpe de Estado, el general Reynaldo Bignone ocupó el Hospital con tanques, helicópteros y personal militar. “Parecía que venían a tomar un fortín”, recuerda Apezteguía.
Era domingo. “Se presentó una autoridad que después supe que era Bignone. No se identificó en ese momento. Nos dijo que tenían información de que era un hospital donde se realizaban actividades de atención a los subversivos. A la salida, a algunos nos detuvieron. Nos trasladaron en un patrullero a Coordinación Federal, lo que después fue la Superintendencia de Seguridad Federal, en Capital. Nos pusieron frente a un paredón, como de mármol, que tenía signos de balazos. Hicieron una ‘broma’ como que nos iban a fusilar”.
Los ubicaron en celdas individuales pero los cambiaron a una común a medida que fueron llegando más detenidos. Había obreros de otras empresas. ¿Y del Hospital? “Ese día habremos sido unos 4 ó 5. Pero luego continuaron las detenciones. A mi mujer, por ejemplo, la detienen al día siguiente. A medida que la gente fue ingresando el lunes, los detenían de acuerdo a listas que iban engordando cada día: había compañeros que no figuraban el lunes pero sí el martes. En esa celda, donde nos pusieron seis camastros, llegamos a ser más de 30 personas. Escuchábamos a los guardias que decían: ‘¿Más gente del Posadas? ¡No! ¡No hay más lugar!’”.
A muchos los fueron llevando a Olmos y a Devoto. Según Semblanzas, un libro editado por la Comisión de Derechos Humanos del Hospital, más de 50 profesionales fueron detenidxs entre el 28 y el 31 de marzo y trasladados a destinos desconocidos por tiempos variables: algunos estuvieron 5 días, otros 9 meses.
A Apezteguía lo liberaron casi una semana después. Se exilió con su familia en España. “La historia que ellos armaron, y de la que se hicieron eco algunos medios nacionales entonces, era que esto era un centro de atención de la guerrilla, que había quirófanos clandestinos y túneles secretos que conectaban el Hospital con la Gardel. Historias sin ningún fundamento”.

Foto: Nacho Yuchark

Crimen y castigo

Luego de la ocupación, el coronel médico Agatino Di Benedetto quedó a cargo del Hospital. En abril, lo sucede su par Julio Esteves, que organizó un sistema de vigilancia paramilitar coordinado por el subcomisario de la Policía Federal Ricardo Nicastro al mando de un grupo de policías exonerados de diversas fuerzas, conocido como SWAT. Uno de ellos fue Luis Muiña (el represor beneficiado por la Corte Suprema por el 2×1 en 2017). En noviembre del 76 comenzó una serie de secuestros que duró hasta comienzos de 1977. Algunos de ellos se produjeron dentro del hospital, como el caso de Gladis Cuervo, enfermera, una de las sobrevivientes: el 25 de noviembre del 76 la detienen en la dirección, la golpean, le tapan la boca, la tiran arriba de una mesa, la picanean. La imagen del horror se completa con que el grupo de tareas convirtió la casa del exdirector elegido en asamblea, Rodríguez Otero -desplazado, detenido y torturado-, en un centro clandestino de detención, conocido como “El Chalet”. Allí llevan a Cuervo.
Hay 11 profesionales del Posadas que continúan desaparecidos. Uno de ellos era Jorge Roitman, médico de terapia intensiva, cuyos restos fueron encontrados en noviembre del año pasado enterrados detrás de El Chalet, hoy convertido en casa de la memoria. Lo encontró un obrero mientras cavaba en medio de una obra.
Otro es Jacobo Chester, técnico en estadísticas y secretario administrativo de la guardia los fines de semana. Su hija, Zulema, es parte de la Comisión de Derechos Humanos del Hospital. Tenía 12 años cuando personal del Primer Cuerpo del Ejército entró en su casa en Haedo, se llevó a su papá y le dijeron que tenía que buscarlo en los zanjones. “Él entró en 1973, pocos después de que ingresara mi mamá. Vivíamos a 15 cuadras: el Hospital estaba en pleno apogeo convocando gente. Había una sensación de orgullo muy grande por trabajar en el Estado”. A su mamá le entregaron un certificado de defunción de un cuerpo NN encontrado en el Río de la Plata el 2 de diciembre de 1976, cinco días después del secuestro. “Un juez certificó con autopsia que era mi papá, pero nunca nos dieron ni vimos su cuerpo”.
Los crímenes del Posadas fueron parte de la histórica sentencia del Juicio a las Juntas en 1985. Allí declararon, entre otros, Chester y Apezteguía. En 2011, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Bignone, Muiña y al brigadier mayor Hipólito Mariani (jefe del área militar a cargo del Hospital) por los crímenes en El Chalet. La mayor parte de la cadena de mandos murió sin condena, como el caso de Esteves o Juan Máximo Coptelesa, integrante de la patota SWAT.
En este marzo de 2018 comienza una nueva causa, que juzgará sólo los crímenes de Roitman y Chester.

Foto: Nacho Yuchark

El sentido de las palabras

El regreso al Posadas de Apezteguía post exilio fue un día después del triunfo de Raúl Alfonsín en 1983. No perdió tiempo: creó la Comisión de Derechos Humanos, buscó a los sobrevivientes, contactó a los familiares y aportó pruebas a la CONADEP. ¿Qué significó entonces que la posibilidad de un 2×1 masivo a genocidas tuviera a Muiña, un exponente del terror dentro de su Hospital, como ícono de impunidad? Responde: “Una bronca terrible. Una sensación de frustración. No se puede tolerar. Pero la respuesta y la expresión popular masiva en contra de ese fallo fueron maravillosas. Claro que también repercutió aquí, a pesar de que mucha gente es nueva y no vivió esos hechos. En ese sentido, el hallazgo de los restos de Roitman fue conmocionante: es la evidencia más clara de que el horror ocurrió aquí y que él estaba aquí”.
Zulema Chester: “El compromiso que existió en aquella época en el Hospital era muy claro, y eso se mamaba desde el primer momento en que entrabas. Y si vos ves lo que está pasando con los despidos que ya fueron, con los que están por venir o con las personas que están jubilando, ves que lo que quieren cambiar es la esencia del Hospital”.
¿Cómo se responde a ese vaciamiento?
Mirta Arceri piensa. Y dice: “Cuando ves la historia, los compañeros que desaparecieron y pasaron por el centro clandestino eran compañeros que estaban peleando por lo mismo que nosotros. Había un proyecto que empujaba a construir una institución de salud gratuita y de calidad. Hay una memoria y un hilo conductor. Cuando en el 2001 entró la Infantería, en cinco minutos estaban todos, estaba el barrio, y decían: ‘Este es el Hospital Posadas’. Había un sentido en esas palabras. Lo hay. No es cualquier hospital. Para borrar eso tenés que sacar a toda esta gente de acá. No es casual que echaran a todos quienes, de alguna manera, hemos resistido. Estamos pagando un costo que nos honra pagar. No nos va a quebrar nadie porque sabemos por lo que estamos peleando. Y sabemos, también, que nada es eterno: esta gente en algún momento se va a ir de la gestión. Y los problemas van a continuar. La gente tiene que reaccionar y empezar a cambiar enserio. Bien, entonces: construyamos ya algo distinto”.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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