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Daiana Abregú: la muerte que despertó a un pueblo

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El fiscal que investiga qué le pasó a la joven en la Comisaría Comunal le dijo a este medio que no tiene certeza sobre la causa de muerte. En tanto la Comisión Provincial por la Memoria le reclama “dilatar demasiado” una segunda autopsia, el titular de la investigación asegura que no tiene cómo trasladar el cuerpo y que las fotos del primer examen se hicieron con un celular. Y, en las calles de Laprida el recuerdo Dai —“La Sole” como le dice su familia— rompió el silencio: ¿Quién nos cuida de la policía?, se preguntan. 

Tercera entrega de la cobertura conjunta entre Revista Cítrica, Lavaca y Perycia. 

Por Bernardita Castearena y Facundo Lo Duca

Fotos: Mauro Arias

Laura Abregú solo lava los miércoles y los sábados, pero ese domingo lavó. Cuando sonó la puerta, estaba dándose una ducha para ir a la iglesia después de haber prendido la estufa a leña y colgado toda la ropa que unos minutos antes había dado vueltas en el lavarropas a paleta que usa desde que se le rompió el automático. Una de sus hijas abrió y Laura se enroscó la toalla alrededor del cuerpo para gritarle que ya iba. Unos segundos después un grito desgarrador retumbó en toda la casa: a las seis menos diez de la tarde, Victor Mallón bajó de un patrullero junto a otra oficial para comunicarle a la familia de Daiana Soledad Abregú que “lamentablemente, Daiana decidió quitarse la vida”. 

Al lado de Laura estaba su hija Sheila sosteniéndola, del otro Morena, que antes de que el policía emitiera sonido, salió corriendo descalza a buscar a Roberto Arias, su papá y marido de Laura, que estaba tomando mates en la casa de un amigo.

 —¿Qué te pasa? ¡Pará de gritar! —le dijo a Laura cuando llegó y la encontró con un ataque de nervios.

 —¿Cómo querés que no grite si se mató la Sole? 

Un mes después de aquel  5 de junio, la carátula del caso —averiguación de causales de muerte— sigue igual. Ignacio Calonje, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Especializada en Violencia Institucional de Azul que investiga la muerte de la joven de 26 años, confirmó a este medio que aún no tiene una línea de investigación clara. “No llegamos a una certeza en el causal de muerte. Las hipótesis de un homicidio o suicidio todavía se están analizando”, detalló. 

Fotos: Mauro Arias.

Los policías

 —¿Puedo verla? —le preguntó Laura al Comisario Inspector Marcelo Amaya ese domingo cuando llegó a la comisaría, unos minutos después de recibir la noticia.

 —Quedate con los recuerdos de cuando ella salió de tu casa porque es horrible verla así —le respondió el policía entre lágrimas. 

Desde el escritorio de al lado, el comisario Cristian Barrios le dijo que estaba la Policía Científica y que no podía tocar el cuerpo. 

Amaya y Barrios, encargados de dirigir la comisaría, serían desplazados hacia otra dependencia de Bahía Blanca a los pocos días. 

Otros cinco efectivos bonaerenses, además, fueron separados de sus tareas en la fuerza: Adrián Nuñez, Pamela Di Bin, Victor Mallón, Vanesa Nuñez y Yasmin Larios. Desde que Daiana entró en la comisaría por una contravención a las siete de la mañana hasta que se la encontró muerta entre las cuatro y cinco de la tarde, estos policías estuvieron presentes en diferentes horarios. Calonje ordenó allanamientos en sus domicilios. Allí secuestraron celulares que están siendo peritados.

Sin embargo, el fiscal confirmó que —por el momento— no piensa citar a ningún agente para tomarle una declaración testimonial. “Hasta que no tenga certezas en la línea de investigación, no puedo citar a alguien que no sé si es culpable, cómplice o autor”, señaló. Por otro lado, reveló que los primeros exámenes toxicológicos del cuerpo respecto a drogas y a alcohol “dieron negativo”, contrariando la versión policial de que Daiana fue detenida en un “estado alcoholizado”. También se refirió al estudio de las cámaras alrededor de la dependencia: “Encontramos algunas imágenes relevantes y aún restan por analizar otras”, detalló. 

Fotos: Mauro Arias.

Un cuerpo que todavía no habló

La lucha por ver el cuerpo duró casi 24 horas: el día de la muerte de Daiana Soledad, la Policía le dijo a la familia que a las ocho de la mañana del lunes iban a trasladar el cuerpo a Azul para hacerle la autopsia. El lunes bien temprano llegaron los familiares platenses de Laura y Roberto, y salieron todes en patota para la comisaría. “Entramos con Antonella y nos dijeron que se habían llevado el cuerpo la noche anterior porque habían decidido adelantar la autopsia y que la comisaría estaba intervenida”. 

De ahí salieron corriendo hasta la Ayudantía Fiscal de Laprida, donde les recibió su titular, Alejandro Braga, diciéndoles que la Estación de Policía no estaba intervenida, y que tenía un auto preparado para que fueran hasta Azul a ver el cuerpo antes de que le hicieran la autopsia.

En la esquina les avisaron que el cuerpo ya estaba llegando a Laprida, con la autopsia realizada, y que si no tenían plata para cubrir los gastos del velatorio, elles se iban a encargar de todo. La autopsia fue ordenada por el primer fiscal de la causa, Christian Urlezaga, y realizada por la Asesoría Pericial de Azul, que determinó una muerte por asfixia mecánica. Ese examen sería duramente criticado por la Comisión por la Memoria (CPM), dado que no se había respetado el protocolo de Minessota, medida que evita que funcionarios del Estado sospechados de haber cometido crímenes puedan actuar o influir en una investigación en curso. En este caso, la misma policía. 

“Detectamos, además, varias falencias en el procedimiento”, señalaron desde la CPM. El faltante de radiografías, la ausencia de análisis para determinar si algunas marcas o heridas en el cuello de la joven fueron generadas con anterioridad o son posteriores a su muerte y el carácter limitado del registro fotográfico y fílmico fueron algunas de las fallas detalladas por el organismo. A su vez, remarcaron la falta de especialidad de la médica que llevó adelante la autopsia. Si bien estaba habilitada para realizar ese tipo de exámenes, explicaron en un informe, el protocolo Minesotta obliga en estos casos a que se constituya “un equipo apto, con distintas especialidades para el análisis científico”. Desde entonces, la CPM insiste en avanzar con una segunda autopsia. Mientras tanto, el cuerpo de Daiana está en un depósito del cementerio local a la espera de una sepultura o un nuevo examen.

A un mes, sin certezas ni explicaciones

Roberto, el padrastro de Daiana, fue el primero que la vio. Antes de pensar en llorar o sentarse al lado del cajón, empezó a revisarla toda. Luchaba con los dedos para descubrir qué había debajo de las capas y capas de maquillaje que tenía encima el cuerpo de quien “se parecía más a él que sus hijas de sangre”, según Laura. Ahí descubrió que el cuerpo tenía marcas en la frente y en los brazos, y el tabique roto.

“Entiendo que la familia dijo haber visto otros rasgos de violencia en el rostro, pero eso fue producto de la autopsia que altera considerablemente las facciones”, señaló el fiscal Calonje. La posibilidad de hacer una segunda autopsia trajo un contrapunto entre la CPM y Calonje. El organismo criticó al fiscal por “dilatar demasiado” la cuestión y poner en riesgo el cuerpo de la víctima al no conservarlo de “una manera adecuada en una cámara de frío”.  La CPM, además, denunció que si no se aplica pronto un nuevo examen —con los protocolos debidos—, se perderán “pruebas valiosas e irreproducibles” ante la inevitable descomposición del cuerpo. 

Para Calonje, en cambio, la segunda autopsia no es una alternativa sencilla: “La realidad es que las asesorías periciales más cercanas a Laprida, como la de Azul o Junín, no realizan ese tipo de procedimientos. También hay un tema de recursos. Yo no dispongo de vehículos especiales para trasladar cuerpos. Para que te des una idea, las fotos de la primera autopsia fueron tomadas con un celular”, agregó. “Consideramos que el primer examen del cuerpo arrojó elementos suficientes para proseguir con la investigación. Valoro el trabajo que hace la CPM y por eso seguimos buscando alternativas teniendo en cuenta los tiempos de descomposición”. El organismo de derechos humanos sugirió que el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora sea quien realice los nuevos exámenes. “Lo estamos evaluando”, concluyó el fiscal.

Fotos: Mauro Arias.

Un pueblo que empieza a hablar

Roberto dice que hay muchas cosas que no le cierran y que “todo el pueblo se enteró antes que nosotros”. Laura agrega: “Ese día todos teníamos el mismo pensamiento: ¿por qué se va a querer matar? Acá hacía lo que se le daba la gana, cuando cobraba compraba ropa para ella y para el nene, no tenía depresión, no tomaba pastillas. Éramos muy compañeras, ella siempre estaba pegada con nosotros”.

En base a datos del Ministerio de Seguridad, la CPM informa que actualmente el 39% de las personas detenidas en comisarías en la provincia de Buenos Aires están en dependencias clausuradas administrativas o judicialmente. En total:1687 personas. 

Daiana Soledad ya había sido demorada dos veces en la comisaría por otras contravenciones. En ambas oportunidades le contó a Laura que le habían pegado. Ahora, en todas las marchas se les acerca gente de diferentes edades a contarles que también sufrieron violencia institucional en la Estación de Policía Comunal de Laprida.

El 8 de junio, tres días después del hecho, una multitud se agolpó frente a la Policía Comunal de la calle Carlos Pellegrini. “En 20 años en Laprida nunca había visto algo igual. Esto nos marcó”, dice Cecilia, una vecina que asistió a esa primera convocatoria por justicia. Sin embargo, el apoyo a la familia no solo se sostenía de vecinos. 

La CPM también había llegado a Laprida esa jornada en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y junto a les padres de Daiana y Calonje, actual fiscal del caso, ingresaron a la comisaría por primera vez para su inspección. La dependencia no contaba con capacidad para alojar personas y registraba una clausura tanto administrativo como judicial. La información se desprende de un informe que el Centro de Operaciones Policiales (COP) del Ministerio de Seguridad bonaerense envió a la CPM el 31 de mayo de 2022, donde detalla un estado similar en otras comisarías de la Provincia. 

Ese mismo día, tras salir de la dependencia, la familia comenzaría el arduo camino en la Justicia para saber qué pasó con Daiana.

“Estamos seguros de que no intentó quitarse la vida”

“Lo primero que hice fue llamar a Sergio y explicarle que la causa hacía ruido por donde se mirase”, dice la abogada Pía Dufau desde su casa en Laprida. Junto al abogado Sergio Roldán ambos ofrecieron patrocinar gratuitamente a la familia Abregú. “Había ido a la marcha como vecina y también porque conocía a Daiana”, cuenta Dufau. Ambas cursaron en el mismo colegio secundario, cuando Daiana entró a mitad de año, tras llegar a Laprida desde La Plata. “Ella después abandonó. Y si bien no compartimos tantas cosas juntas, éramos hinchas del mismo club. Nos cruzábamos seguido”, cuenta. Hasta que les abogades fueron aceptados como particulares damnificados, la causa por el fallecimiento de la joven estuvo a cargo de Urlezaga, titular de la UFI 7 de Olavarría que junto a Braga —Ayudante Fiscal de Laprida—, tomaron las primeras medidas del caso.

Sin embargo, dos denuncias anticiparon la salida de Urlezaga. El primero —denunciado por Dufau y Roldán—, fue que el fiscal nunca separó a la bonaerense de la investigación, ni tampoco pidió que apartaran a los cinco policías que estaban ese día en la comisaría. “Era muy poco serio que el hecho haya ocurrido en manos de la policía y lo investigasen ellos mismos”, explica Dufau. El segundo —denunciado por la CPM—, fue en relación a la autopsia por no respetar el protocolo de Minessota.

“Estamos conformes con la primera autopsia y se lo transmitimos a la familia”, vuelve Dufau. “El cuerpo de Daiana habló y demostró pruebas que, si bien aún están siendo periciadas, apuntan a que no fue un suicidio”. Las pruebas a las que se refiere la defensa —y que aún no fueron confirmadas por el fiscal Calonje— tienen que ver con la posibilidad de que la joven haya sido asesinada, tras ser atacada con una bolsa en la cabeza. 

“Los exámenes arrojaron que sus pulmones están contaminados”, destaca Dufau. Si bien aún restan más pruebas con respecto a la hipótesis de un homicidio, como ver si debajo de sus uñas hay rastros de piel, los abogados están seguros de que Daiana “no intentó quitarse la vida”. La práctica de tortura con bolsas en la cabeza no sería ajena a la comisaría de Laprida. Según pudo recabar este medio, hay testigos que, de forma extrajudicial, aseguran haber sido atacados de esa forma por algunos efectivos, además de recibir fuertes golpizas.

El abogado Sergio Roldán también confirma estos métodos: “hay chicos que sé que les pasó, pero no se animan a denunciar”, cuenta. “Es una comunidad pequeña. Todos conocen a algún policía y eso genera miedo”, agrega. 

Otra hipótesis que los abogados evalúan es la negligencia. Daiana, señala Roldán, debería haber estado “bajo permanente vigilancia desde que entró a su celda”. Fuentes policiales de Laprida relataron a este medio cómo funcionan  los controles de los detenidos en la comisaría. Un efectivo debe permanecer monitoreando las celdas en todo momento. Cada dos horas, además, un superior debe presentarse, junto a otros dos guardias, para una inspección rutinaria. Sin embargo, explicaron, esos procedimientos “casi nunca se cumplían” y las guardias, muchas veces, “se falsificaban con una firma en la planilla oficial de la dependencia”. 

Tampoco se respetaba la dinámica judicial con los detenidos. “Lo primero que un policía tiene que hacer cuando encierra a alguien es notificar al secretario de turno del juzgado de paz”, retoma Roldán. “El juzgado de Laprida se enteró de que Daiana estaba en la comisaría cuando ya estaba muerta”, detalla. 

Hasta el momento, la carátula del caso —averiguación de causales de muerte— continúa igual. Sin embargo, la querella apunta a que eso cambie. “La responsabilidad de todo lo que pasé en una comisaría es completamente de la policía. En el caso de Daiana estamos seguros de que no intentó suicidarse. Y lo vamos a probar”, finaliza Roldán. 

El recuerdo de Daiana, “La Sole”

Tobías —el hijo de Daiana Soledad—- tiene nueve años y fue la última persona de la casa que compartió tiempo con ella. El sábado a la tarde, su mamá lo cargó en la bicicleta y fue a lo de un amigo a tapar un tatuaje que ya no le gustaba. Un rato después de salir de su casa, en lugar de una frase tenía un ramo de flores en el centro del pecho. Daiana era fanática de los tatuajes: tenía el cuerpo intervenido con tinta desde el cuello hasta las piernas. Ese mismo amigo le tatuó el nombre de sus hermanes, de sus sobrines, frases y dibujos.

El 4 de mayo fue el último cumpleaños de Daiana. Como no le gustaba comer tortas, las hermanas le prepararon algo sencillo para soplar las velitas “porque ella con cualquier cosa era feliz”, dice Morena. Ese día tomaron mates, cenaron en familia, sacaron algunas fotos y escucharon música: algo que con Daiana Soledad nunca podía faltar. Antes de ponerse a limpiar, a cocinar o lavar la ropa a mano, conectaba el parlante con el teléfono por bluetooth y ponía alguna canción de cumbia o rock nacional. 

“La Sole no paraba”, coinciden todos alrededor de la mesa en la que servía canelones en tiempo récord. Ahora el parlante, que ocupa gran parte de la barra que separa la cocina del comedor, permanece en silencio. Un mes después de la muerte de Daiana, el parlante reproduce canciones feministas en la puerta de la comisaría.

Fotos: Mauro Arias.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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