La Ley de Acceso a la tierra que promueve la UTT tuvo dictamen favorable en las tres comisiones que debía ser tratada. Ahora, esta norma pensada desde las necesidades de las y los pequeños productores, con perspectiva de cuidado de producción de alimentos sanos, espera fecha para debatirse en el recinto de Diputados antes de fin de año. Qué dice la Ley, y las razones por las que debe ser votada.

La UTT presentó la Ley de Acceso a la Tierra por tercera vez en octubre del 2020, luego de que perdiera estado parlamentario en 2016 y 2018. En mayo, las comisiones de Agricultura y Asuntos Legislativos de Diputados la trataron pero no llegaron a ningún dictamen. Ahora, las Comisiones de Legislación, Agricultura y Presupuesto votaron a favor de la Ley de Acceso a la Tierra, lo cual indica que ya podrá comenzar a debatirse en el recinto de Diputados de la Nación.

“La ley no está pensada desde ningún gabinete político ni nada por el estilo: parte de la necesidad más urgente de miles de compañeros y compañeras”, refleja Agustín Suárez, uno de los coordinadores nacionales de la organización que agremia a 20 mil familias campesinas. 

Dos imágenes que reflejan esa necesidad:

“El Censo Agropecuario realizado en el año 2018 arroja que desde 2002 desaparecieron 100.000 explotaciones agropecuarias”, explican los fundamentos del proyecto, que puede leerse en lavaca.org. “Confirma que la concentración de la tierra es una tendencia en continuo aumento para todo el territorio nacional”.

Según informa la UTT, en Argentina sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país.

La ley no implica una reforma agraria, apunta Suárez: “Estamos lejos de eso. Nadie puede estar en contra: es un mecanismo de crédito para el sector”.

Qué dice la Ley

El fondo. El Artículo 1° de la Ley propone la constitución de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, administrado por el Banco Nación, como política rural de promoción del derecho a la vivienda. “Establece un mecanismo que apunta hacia un PROCREAR, pero rural. Dentro de ese Fondo también entran tierras del Estado, para que puedan ser distribuidas a cooperativas de pequeños productores para fomentar colonias agroecológicas. Ahí unimos las dos propuestas, que es lo más novedoso: pensar las tierras del Estado como colonias agroecológicas donde se pueda vivir, las familias trabajen, y se produzcan alimentos sanos, como estamos haciendo en Luján y en Tapalqué, entre otros”.

Las tierras. El proyecto propone como patrimonio del Fondo, entre otros, recursos del Tesoro que el Estado asigne específicamente, ingresos obtenidos por emisión de valores fiduciarios de deuda, y tierras o inmuebles rurales que el Estado transfiera de forma directa. El texto prevé que sea la Agencia de Administración de Bienes del Estado quien pueda relevar la totalidad de esas tierras fiscales, sean de uso público o privado, que se encuentren disponibles. No hay un registro público sobre la cantidad de tierra fiscal disponible u ociosa. Según un informe de Tiempo Argentino, la Nación posee 76.475 inmuebles con una superficie de 129.667 millones de metros cuadrados (aproximadamente 13.000 hectáreas). Una gran parte de los bienes de la AABE están bajo gestión de universidades, ferrocarriles, el Ejército y diferentes dependencias públicas.

Las familias. “Una hectárea hoy tiene un valor a partir de los 10.000 dólares para arriba, depende la ubicación. Acá estaríamos sacando un crédito de 50 mil o 60 mil dólares a pagar en 20 años. El mecanismo tiene que ser sencillo, para que no sea expulsivo de los sectores informales”. 

Las razones

Zulma Molloja tiene 30 años, dos niñas de 12 y de 11, y una necesidad latente todos los meses: generar más de 30 mil pesos para pagar las dos hectáreas y media que alquila junto a su hermana en Lisandro Olmos, localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires. “Una sola hectárea son $15.000”, cuenta. “Y no estoy contando la luz: nos vino $60.000 hace dos meses y ahora, $45.000. Vivimos en casillas de madera, no nos permiten hacer de material, y cuando hay cortocircuitos o tormentas, el fuego o el agua arrasan todo. No es digno, cuando somos quienes producimos más del 60% de los alimentos que ustedes consumen”.

Lo que es digno, precisa Zulma, es la propuesta que la llevó a acampar dos días junto a cientos de familias campesinas y pequeñas productoras agremiadas en la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT), frente al Congreso de la Nación, para exigir el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. Se trata de un proyecto que propone la creación de un Fondo Fiduciario para otorgar créditos a familias productoras para que compren su propia tierra, reformen sus viviendas y mejoren su infraestructura, además de que tierras del Estado en desuso puedan destinarse a la creación de colonias de producción de alimentos agroecológicos, como ya está ocurriendo en diversos municipios del país.  

Lucas Tedesco, otro de los voceros, suma panorama: “Cada vez hay menos tierra para producir alimentos, y más para quienes generan los commodities, los que especulan, los que atentan incluso contra este gobierno. Si hay algo que se fortaleció en estos años fue el modelo agroindustrial, el mismo que te discute a ver si puede fumigar por arriba de una escuela mientras hay chicos en clase. Es un grupo cada vez más concentrado, mientras se derrumba el sector que produce los alimentos”.

“Ya no queremos alquilar”, explica Zulma, delegada territorial del gremio. “Tampoco queremos que nos regalen nada: queremos pagar. Simplemente pedimos un crédito para tener tierra propia, una vivienda digna y de material, donde podamos soñar hacer agroecología, un alimento que nutra la salud. Y, a su vez, cuidar la tierra”.