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Después de los glaciares, reflexiones al pie del Congreso

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A primera vista puede parecer raro que frente del Congreso haya una carpa gigante, aunque un poco vieja y oxidada. Puede resultar más extraño todavía si uno se acerca y ve gente haciendo acrobacias y malabares, pero lo que allí se está planeando nada tiene que ver con un circo. No es que falte diversión, porque además de las piruetas hay música y gente bailando, hay los que cantan y se sonríen, otros que toman mate; pero también entre toda esa pequeña marea humana se pueden ver algunos carteles que explican: «El agua, más valiosa que el oro». Con la excusa de apoyar la ya sancionada Ley para proteger los Glaciares, la gente de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), del Otro Bicentenario, y de la Cátedra de Estudios Americanistas convocó a una juntada -en este caso con acampe incluido- «Por los Derechos de la Madre Tierra» y «Contra el Saqueo y la Contaminación.» Lo que lograron estas personas no es menor: poner en evidencia y en la calle que hacer política puede ser también algo divertido.
Acampe
Esto ocurrió el miércoles 29 y el jueves 30 de septiembre y llegaron hasta el centro de la Capital personas de todo el país para contar sus experiencias locales, para conocerse y coordinar formas de acción a lo largo del territorio, pensando como eje los recursos naturales. La carpa fue el lugar de encuentro. A su alrededor se instaló un escenario (que no apareció solo: un partido político lo ofreció de «buena voluntad» y después quería llevárselo a las cinco de la tarde) donde tocaron bandas hasta bien entrada la noche. También se pusieron sobre algunos caballetes películas y libros y comidas y folletos -algunos relacionados con el tema, otros no tanto- y así la gente que pasaba se acercaba y algo conocía, algo se llevaba.
Durante la tarde del jueves se realizó una asamblea abierta. Sentados en ronda, todos los presentes iban contando cómo y por qué habían llegado hasta el centro del centro del país. lavaca estuvo ahí.
Ronda de reflexiones
La asamblea se inició con la noticia de la sanción de la ley de protección a los glaciares. El objetivo más cercano estaba entonces cumplido -por algo se habían instalado frente al Congreso- pero dejaba una pregunta pendiente: «¿Hay algo para festejar?» Una de las primeras aclaraciones de un asambleísta fue: «No creamos en la ley porque hay una historia que nos advierte y enseña que no hay que creer en esto. Es una herramienta más, pero con esta ley no echamos a las mineras.» La intención era aclarar que el funcionamiento real de la ley, en los feudos -por cada una de las provincias- alejados de este «antro» -así lo llamaba este asambleísta al Congreso-, dependerá más de la voluntad de los pueblos que de la de sus gobernantes, proclives siempre a las matufias y los vericuetos. Por eso se llamó a «empezar a hacer valer la ley con el cuerpo y a moverse en el territorio, en la zona que le toque a cada uno». Como si lo anterior hubiese sido una premonición, ese mismo integrante de la UAC recibió un llamado desde la provincia de San Juan: Gioja, su gobernador, había anunciado que no iba a respetar la nueva ley porque «avanzaba sobre el federalismo de su provincia». San Juan es un pedazo del imperio de Barrick y Yamana Gold, dos empresas canadienses dedicadas a la extracción de oro, siempre a costa de hacer volar millones de minerales por la atmósfera y las cuencas acuíferas. El principal ingrediente de esta receta industrial para el desastre es el cianuro, compuesto «muy tóxico, potencialmente letal» según la Wikipedia. Pese a estos datos y los negocios de la empresa con el gobierno provincial, Gioja aseguró hace unas semanas que se «caga en la Barrick». Pero dejemos de lado el oro y las defecaciones y volvamos a la asamblea.
Últimas noticias de Santiago del Estero
Pablo, de Santiago del Estero, es uno de los primeros en tomar la palabra. En su provincia, que todavía no tiene mineras instaladas en el territorio, ya hay indicios de contaminación. ¿Cómo sucedió esto? Los líquidos residuales de la acción minera en las zonas de Tucumán y Catamarca son desechados en un canal que finalmente desemboca en el embalse de Río Hondo, en Santiago. (En ambas provincias, Tucumán y Catamarca, funciona la empresa minera La Alumbrera, de capitales suizos).
En los últimos meses, cuenta Pablo, se pudo ver cómo rápidamente se construyó una ruta – no habilitada para libre tránsito- que lleva a un yacimiento minero de la provincia. Esto, sumado al proyecto de un acueducto provincial y a que La Alumbrera comenzó a financiar a la Universidad de Santiago, hizo que se prenda la alerta roja de los vecinos de la ciudad. Una actividad de este estilo, minería a cielo abierto, requiere de 95 millones de litros de agua por día. La Alumbrera consume el 25% de la energía total suministrada a toda la región del noroeste argentino. En Santiago, viendo lo que se les viene encima, entre unas pocas personas organizaron una radio comunitaria e hicieron varias manifestaciones; buscan por todos los medios posibles evitar un saqueo que ya ha comenzado.
Acampe
Tucumán arde
Llegada desde Tucumán – y verdaderamente parece recién llegada, lleva sobre los hombros una mochila de viaje- Myriam denuncia las relaciones entre la Universidad de Tucumán y La Alumbrera. Según ella, los negocios de la facultad con la empresa son claros: la minera costea algunos insumos y como devolución la casa de estudios genera documentación e investigaciones que son benevolentes con la empresa (Ejemplo: un estudio que asegura que la actual es el único tipo de minería posible.)
La siguiente es una cita textual de las palabras del rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola, luego de las visitas de las autoridades a los yacimientos donde trabaja Bajo La Alumbrera: «Conocer de cerca de dónde provienen los beneficios económicos que por derecho percibe la UNT, es clave para el crecimiento académico y edilicio de nuestra casa, y para el desarrollo de nuestra provincia. Hemos visto cómo trabaja esta empresa; su profesionalismo y responsabilidad. Sabemos también que la mayoría de los profesionales que trabajan en la minera son egresados de nuestra casa y esto nos enorgullece.» En un futuro juicio estas podrían ser parte de la confesión del rector Cerisola, hipotéticamente denunciado por entregar los recursos naturales y promover la contaminación de territorios de su provincia.
Myriam dice: «Nos estamos jugando el perfil de las universidades que se quiere proponer. El de ahora es el de la universidad-empresa.» Por todo esto convocó a realizar un Juicio Ético a la planta académica y no docente de la Universidad de Tucumán.
El lector atento podrá entender estos relatos como pequeñas anécdotas de una disputa que parece en principio desigual: un grupo de personas presionando y luchando para evitar que varias megamineras con megacapitales y megaempresarios de todas partes del mundo vaya comprando a sus gobernantes al mismo tiempo que arrasa su territorio; ya no sólo sus recursos naturales, sino también los humanos. Pero la gente se sigue moviendo, como Myriam o como Pablo; pegan carteles, salen a la calle, reparten volantes, inventan radios que viajan por el aire, ponen el cuerpo cuando es necesario, viajan, festejan, trabajan, denuncian, siempre organizados y con un objetivo claro: defender lo que les pertenece, la Tierra.
¿Cómo logran esto sin grandes presupuestos, sin un mandamás que diga qué hacer? Con la energía del futuro: ingenio humano, nafta difícil de encontrar – aunque algunos científicos aseguren que es de fuente renovable y por lo tanto ilimitada.
Así funciona esta forma de organización y de acción que en las lúcidas palabras de uno de sus participantes es «exactamente lo contrario a la generación espontánea».
La paz social, versión Andalgalá
Moro es alto, morocho, y tiene esa barba cónica que suelen llevar los ancianos como símbolo de sabiduría; Moro es joven y llega a este acampe desde Andalgalá, Catamarca. Dice: «Vinimos desde La Asamblea del Algarrobo. La Minería es nuestro problema. La empresa es Agua Rica, de Yamana Gold.» La empresa gracias a una pueblada dejó de funcionar después de 13 años. «Sabemos que esta ley fue arrancada a los legisladores porque le tienen miedo a los movimientos populares que están de pie a lo largo de todo el país, sabemos que el Código de Minería es bastante permisivo, que el gobierno provincial es socio de la minera, que el gobierno municipal, corrupto, es su aliado.» Pero Moro y los vecinos que se autoconvocan en asamblea no solo tienen problemas, buscan soluciones. «Cortamos una ruta que da camino al yacimiento». Hay una orden del juez de minas que suspende la actividad de la mina hasta tanto no se «reestablezca la paz social» (y la paz social es según el juez que no haya corte de ruta, por lo que no hay actividad de la minera.) Una advertencia: «Van a venir luchas más fuertes todavía.»
Moro cuenta también sobre un estudio, que tardó un mes en realizarse, y en el que se sostiene que no hay datos que demuestren la contaminación en Andalgalá. (Es necesario entender que no se toman en cuenta algunos datos irrelevantes, por ejemplo, el aumento en un 800% de los casos de cáncer en la zona.) Las autoridades amenazan con poner presos a quienes digan lo contrario, por el delito de «difamación». Moro: «Cosas como ésta hacen que la gente sienta cada vez más rechazo por estas empresas; la gente se acerca a las asambleas y las manifestaciones.»
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La alegría sanjuanina
Lucas llegó desde San Juan, y forma parte de Alegría Pachamamera, la única murga antiminera del mundo. Para él estos proyectos de contaminación son «el tercer genocidio de América». Cuenta que con sus amigos está planeando un campamento para el verano – durante los primeros días de Enero- en la zona donde actualmente se intenta llevar a cabo el proyecto binacional de Pascua-lama, explotación siempre a cargo de la Barrick Gold. La murga nació en Tudcum (San Juan, partido de Iglesias) un pueblo que tiene apenas 800 habitantes – y 100 de ellos son empleados de la minera. En su historial murguero hay una victoria gigante: en la localidad de Las Flores (en San Juan) el 6 y 7 de febrero de este año hubo un festival de murgas. El concurso era organizado por Barrick Gold. A pesar de todas las presiones finalmente se presentaron y así cuentan el desenlace:
«En medio de las canciones y bajo el asombro de las autoridades que solo atinaron a bajar sus miradas al suelo, el sonidista intentó subir el sonido de la cortina musical y silenciar los micrófonos. Claro que nada pudo silenciar el pulso del bombo y la alegría de todo el pueblo. Cuando todo parecía concluido, faltaba una sorpresa mas. El jurado daba como ganadora del concurso a ‘Alegría Pachamamera'»
«Esto recién comienza»
Afuera de la carpa hay una obra simpática que pone en jaque la imaginación del que la mira: hecho con cartones pintados de celeste, un glaciar es el símbolo de ocasión que fabricaron unos vecinos de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Lo veo porque me estoy yendo -creía haber visto y escuchado bastante- pero una persona con la que había charlado durante la asamblea me paró en seco y me preguntó: «¿Sabés qué es lo mejor de todo?» La miro en silencio. Termina la frase sonriendo: «Que esto recién comienza».
Imaginen una enormidad de tierras elevadas y encadenadas de norte a sur, con un paisaje tan sublime como cambiante que guarda hace miles de años muy distintos tesoros, como desiertos que queman de solo mirarlos, glaciares, pueblos escondidos con idiomas improbables, hielos y nevadas, sequías, ríos. Traten de imaginar esa belleza siendo literalmente detonada con máquinas estrafalarias, hombres de casco amarillo; o piedras enormes mandadas a destruir por un monstruo enorme que bebe lagos enteros en un día de sed. Imaginen todo eso: aún así no van a concebir cuál es el grado de destrucción al que se está llegando. La tarea de esta gente no es fácil: están tratando de salvar el mundo.

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Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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(Desde Mar del Plata) La familia de la adolescente asesinada en 2016 logró que se concrete este nuevo y acaso histórico juicio que tratará de responder aquello que no indagó ni respondió el proceso realizado en 2018, que fue anulado por su parcialidad y prejuicios: ¿Quiénes mataron a Lucía Pérez? En la foto, Matías (hermano) junto a Marta y Guillermo, los padres de la niña asesinada cuando tenía 16 años. La primera jornada será acompañada por una movilización en las calles marplatenses, donde se proyectarán las imágenes de la apertura en directo desde la sala de audiencias. Detalles y datos sobre lo que se viene.   

A 2.313 jornadas del crimen, llegó el día.

El nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016, comenzará este martes 7 a las 9 de la mañana y continuará al menos durante todo el mes de febrero, de 9 a 14 horas, los días hábiles. Se espera que finalice el 1º de marzo aunque todo, tanto los horarios como las jornadas, pueden demorarse. Lo crucial es otra cosa: la búsqueda de justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y tiene como imputados a Matías Gabriel Farías (29 años actualmente) y Juan Pablo Offidani (47). La Unidad Fiscal que lleva adelante el proceso es la N° 7 de Mar del Plata.

Aspecto hoy, desde la puerta, de la sala de audiencias. Al fondo se sentarán los jueces, en el sillón del medio cada persona que testifique. De un lado, fiscal y abogados de la familia. Del otro, abogados de los acusados. La carátula de la causa: abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio (fotos: Lina Etchesuri).
La vista de la sala desde el otro lado: en ese espacio se desarrollarán las audiencias encabezadas por los jueces Fissore, Falcone y Simaz (Fotos: Lina Etchesuri).

Las audiencias transcurrirán en el 6º piso de los Tribunales marplatenses. Allí se sentarán los jueces Gustavo Raúl Fissore (presidente del tribunal), Roberto Falcone, y Alexis Simaz. La querella estará representada por el fiscal Leandro Arévalo y por Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de la familia. El Tribunal autorizó el pedido de los imputados Farías y Offidiani de no estar presentes. Asistirán al proceso vía Zoom desde el penal donde cumplen condena a 8 años de prisión por tenencia de drogas con intención de venta, cargo que se les imputó en el anterior juicio (celebrado hace 4 años y 2 meses) en el que el femicidio de Lucía quedó impune. La anulación de ese fallo fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos. El juez Carlos Natiello planteó por ejemplo que aquella sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”, por lo que califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”. (Por ese fallo los anteriores jueces serán sometidos por el parlamento bonaerense a otro proceso, un juicio político o jury, durante el mes de marzo).

Lo que pasará

En el inicio del este nuevo juicio estarán presentes en la sala del tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

El Tribunal autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense (https://www.youtube.com/c/SupremaCortedeJusticiaProvinciadeBuenosAires?app=desktop) las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto. Pero no las jornadas de declaración de testigos.

Mientras en el 6º piso de Tribunales se desarrollen las audiencias, en el 2º se dispuso una sala donde se emitirá por videoconferencia el juicio completo para un grupo compuesto por: los amicus curiae de la acusación, dos familiares de cada uno de los acusados y cinco de la familia de Lucía (padres y madres de otras víctimas de femicidios), y tan solo seis periodistas de medios gráficos. Al inicio camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes en la sala del 6° piso.

Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, que intervendrán este martes en la primera jornada del nuevo juicio. (Fotos: Lina Etchesuri).

En la calle

Durante la jornada de mañana, desde las 9:30, declarará la familia de Lucía Pérez: Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez, madre, padre y hermano respectivamente. Hasta el 14 de febrero se presentarán los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Se espera que brinden su testimonio, en total, 49 personas.

En la puerta de los Tribunales habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas acompañando a la familia. La Campaña Nacional Somos Lucía, a su vez, llevará adelante una serie de actividades frente al Tribunal durante todo el mes, que abrirán mañana con el siguiente programa:

·         8:45: saludo de la familia de Lucía Pérez

·         9:00 apertura del acto.

·         9:15 canto colectivo.

·         9:30 proyección del inicio de la audiencia.

·         12:15 habla nuevamente la familia.

·         Talleres de serigrafía y estampado

·         Radio abierta con organizaciones sociales y personalidades.

Marta Montero, preparando stencils: los ojos de Lucía como símbolo del reclamo de justicia.

Más info:

¿Por qué se celebra un nuevo juicio? ¿A quién se juzga?

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿Qué son los femicidios territoriales?

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El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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