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Deuda externa, deuda ecológica y sobreexplotación humana y natural: donde pierde la vida y gana el dinero

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“Los pobres son mantenidos en un estado de subdesarrollo sostenible que tanto desde las izquierdas como desde las derechas ha sido mantenido de una u otra forma a través del tiempo”, escribe Walter Pengue, entre muchas otras cosas en este artículo especialmente para lavaca.org. La deuda externa y la deuda ecológica (de la que no se habla) como caras de una misma moneda. La explotación humana y territorial, el consumismo, las claves para entender la época. Pengue es ingeniero agrónomo, doctor en Agroecología, miembro científico del Panel Internacional de los Recursos (Resource Panel) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, integra el GEPAMA (Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires), es profesor de Economía Ecológica en la Universidad de General Sarmiento, e integra el equipo docente del Diplomado Dr. Andrés Carrasco de Periodismo y Comunicación Ambiental de lavaca.
«No temo tanto a los de afuera que nos quieren comprar, como a los de adentro que nos quieren vender”,   Hipólito Yrigoyen
Walter A. Pengue
Uno de los problemas más serios que hemos venido enfrentando recurrentemente en la sociedad moderna reside en especial en la distinta y distorsionada mirada que la economía tiene sobre lo natural y la ceguera sustancial que la misma expone frente a los innumerables servicios a la vida dada por el entorno que rodea y provee a las sociedades: el sistema natural.
Basada en este nacimiento antinatural del sistema económico, subyace la enorme desproporción en la forma en que se utilizan los recursos naturales, el verdadero valor de los mismos y el fuerte impacto causado por el modelo, en especial el sistema capitalista occidental (pero también el modelo comunista actual, por ejemplo el chino), sobre la naturaleza y por supuesto también sobre muchas sociedades humanas.
Para la sociedad el dinero “vale”. Y vale también en función del tiempo. Y por su uso, se pagan tasas. No obstante, la naturaleza que tiene tasas de renovabilidad (para los recursos naturales renovables), o de reposición (para los recursos naturales no renovables), jamás puede emular a las tasas de mercado.  Generalmente estas son más altas y cuando más elevadas, más presión se ejerce sobre los recursos naturales.
En la mirada convencional, se someten a los recursos naturales a la silla eléctrica, se los transforma en dinero y estos fondos se colocan en el mercado financiero. Las tasas financieras elevadas son la cuchilla con la que cortamos la cabeza del sistema natural. Es imposible sostener la vida frente a un sistema ávido sólo de dinero.
Cuando en este dilema, además, incursionamos en un endeudamiento creciente a tasas leoninas, sabemos que estamos hipotecando la vida – todo tipo de vida – en beneficio de la circulación del papel, físico u electrónico y promovemos una enorme transferencia de recursos y la destrucción sistemática de otros.  Argentina, nuevamente se vuelve a enfrentar a este dilema y parece volver a repetir sus errores, cada vez, con un ambiente más y más degradado.

Una deuda odiosa

Las ventajas comparativas (recursos naturales) han sido para las economías emergentes, sus sociedades y en general sus administraciones gubernamentales, un salvavidas de plomo que más que permitir el verdadero desarrollo sustentable, las convirtió en polo de atracción – por sus recursos naturales disponibles (suelo, agua, energía y biodiversidad) y trabajo barato – de los países más desarrollados y en general sus grupos corporativos multinacionales.
La globalización abrió un proceso importante de acceso a estos bienes naturales, el uso de los servicios ambientales y la apropiación del espacio vital que lejos de terminar se ha intensificado en especial, en América Latina y África.
Mientras una parte del mundo -algunos pocos gobiernos se muestran realmente preocupados y otros hipócritamente se exponen como azorados, a pesar de tener mucha responsabilidad en ello-  frente a las migraciones internas y externas niega aún la consecuencia emergente del fracasado modelo global de crecimiento, ahora en la región sur volvemos a enfrentarnos a una nueva crisis financiera, económica, social y ecológica, que derivará consecuentemente en nuevas migraciones y enormes flujos transaccionales de recursos naturales estratégicos.  
Y ciertamente en la consecuente pérdida de vidas, ilusiones y sufrimiento para la parte más débil de una sociedad, recurrentemente golpeada.  Antes fueron las economías de Asia, África y América Latina. Luego les tocó las políticas de ajuste a las propias economías europeas como en Portugal o Grecia y ahora, nuevamente nos llega la cuestión a nosotros.  
Cuando en Abril del año 2002, escribía en Le Monde Diplomatique, “Lo que el Norte le debe al Sur: Comercio ecológicamente desigual y deuda ecológica” (Pengue 2002), advertíamos sobre los enormes costos históricos, ecológicos y sociales que la deuda externa estaría produciendo sobre los cuerpos y territorios de los países del tercer mundo, entre ellos por supuesto, la Argentina.  En la portada del mismo periódico se destacaba que “El establishment apuesta al caos”, en clara alusión al verdadero juego que practica el sistema financiero local e internacional.  Veinte años de diferencia, pero los mismos procesos de apropiación y posiblemente una mayor destrucción socioambiental.  Nos sigue dominando el establishment y no la producción sustentable y la mirada de mediano y largo plazo.  
Patricia Adams, una economista del Banco Mundial, renunciada luego de ver tantos atropellos y sinsabores, sumando con claridad a la forma en que se construyó una deuda ilegítima en muchas economías emergentes, lo advertía con claridad: son “deudas odiosas”.  Se preguntaba y nuevamente podemos preguntarnos ahora, porqué en este caso los argentinos, que declamamos derechos de manera incuestionable y somos capaces de movilizaciones masivas que nos enorgullecen y logran objetivos por algún tema específico, nos sometemos tan pasivamente, a los arbitrios de una ominosa deuda externa, construida tanto interna como externamente, sin cuidar ni preocuparnos, con el mismo compromiso, por nuestra gente, nuestros ancianos, nuestros niños y menos aún por nuestro ambiente. Un ambiente que venimos destruyendo sistemáticamente desde hace décadas de forma más intensiva.  Y aunque no degradamos nuestro entorno por malicia, lo aceptamos con la intrepidez de un pavo.  Si ningún agricultor sueña con dejar a sus hijos un campo destruido, con su capa fértil lavada, el agua contaminada y el terreno cubierto de cárcavas, ¿porqué permitimos tal destrucción de un modelo agotado? Si ninguna comunidad se somete voluntariamente a un desgaste azaroso, ¿por qué las sociedades toleran el cautiverio de la deuda externa, aun cuando su origen es distante de su cotidianeidad (Adams 1993) y alejadas además, de su responsabilidad?
Los investigadores y las miradas profesionales parciales también son responsables.  Objetivando el problema desde una perspectiva monocriterial, se soslaya siempre el impacto de las otras perspectivas. Recuerdo aún con tristeza una conferencia plenaria muchos años atrás, en un Congreso Regional de Ecología en Bariloche, donde un prestigioso ecólogo, pleno de lauros bien ganados,  respondía a una pregunta del público sobre su presentación acerca de las perspectivas futuras y los distintos escenarios frente a diferentes contextos económicos globales, que bueno, eso no es un tema nuestro, eso se lo dejo para los economistas”. 
Y así, académicos destacados, sea por impericia, desconocimiento o desprecio a una disciplina a veces considerada menor, dejan a veces de lado, en manos de muy pocos “expertos”,  los principales problemas que incumben a las sociedades actuales y a sus recursos: el impacto del sistema económico sobre todos los procesos, que son en primer lugar, complejos.  Una pena, pues desde allí se forman a generaciones de jóvenes que a veces escuchan con avidez, esperanza y respeto, a sus “sabios”.
Por otro lado, las recurrentes discusiones monetarias, ascensos y fracasos y de las economías y sus formas de explotación de los recursos, encuentran en la economía ortodoxa, las respuestas más impensadas, desde delirantes a premonitorias, cuando el barco siempre se está hundiendo. Y luego, sobre la destrucción de vidas y haciendas, vuelven a resurgir como el ave fénix, una y otra vez. Si un cirujano, un médico, o un ingeniero, equivocaran su pronóstico, la pena sufrida le sería grave. Cuando el economista previsiona y hasta promueve decisiones que serán desacertadas, impactando a millones de personas, y directamente las vidas de hombres, mujeres, niños y ancianos, sumado nuestro ambiente, el costo que enfrenta es prácticamente nulo. Dice cualquier cosa, o toman decisiones desastrosas, y no hay cargos por responder.  Y es claro además que existe en la sociedad, una prevaleciente mirada economicista por encima de todas las demás, como así sus impactos. Y la inequidad también, desde el vamos.
Sin embargo, es muy llamativo que las sociedades, no comprendiendo a cabalidad lo que se encuentra en juego y en especial, el cómo resolverlo, esperan con avidez la respuesta de algún nuevo gurú, que les llevará nuevamente al fracaso y aniquilará, como ya se ha experimentado el futuro de generaciones actuales y futuras, además de dilapidar recursos naturales renovables y no renovables.
El problema económico no es tal.  Es social y político. Amerita de una nueva perspectiva que incursione en el análisis de la complejidad, que no es propiedad de ninguna disciplina y se resuelve desde un cambio de paradigma, desde un cambio profundo del sistema económico, causante de la recurrencia cíclica de tales males. Y de una mirada especial de la ciencia de la complejidad, que maneja como la incertidumbre, la ciencia postnormal.
La lucha política y social por la apropiación de los recursos (naturales y humanos) y su explotación ha llevado claramente a desbalances permanentes, en los cuales para que unos pocos ganen, sean muchos los que pierdan.  Este sistema capitalista actual es una economía de rapiña y lo que enfrenta Argentina nuevamente es una transferencia brutal de bienes de un sector a otro en una nueva licuación no sólo de su moneda, sino de sus recursos tangibles, que llevan al país hasta el fondo.

Una economía marrón

La economía de rapiña, un proceso de destrucción sistemática de naturaleza, que además explota singularmente recursos naturales y humanos sin considerar el costo socioambiental, es en general promovida en nuestras sociedades, en especial para dar respuesta a la necesidad de ingreso de fondos externos que den cuenta del pago de intereses y capital de crecientes “deudas externas”. La fuerte expansión de un modelo de crecimiento de una economía marrón que por un lado fomentó y promueve el crecimiento y el consumo y por el otro lado, viene acompañado por importantes impactos ambientales y a la salud humana, encuentra en las miradas de las derechas o las izquierdas, de los de arriba y de los de abajo, un inmanente precepto que les sigue uniendo a todas: el de crecer.  Luego recién vendría la discusión de qué y cómo se acumularía y qué se distribuirá y cómo cada uno de los beneficios. De la distribución de costos sociales (externalidades), poco o nada se habla, desde prácticamente ninguna de las aristas políticas.
Ya desde la revolución industrial y actualmente con la nueva revolución consumista, la degradación no se hizo esperar y el sistema económico ha generado tremendos impactos tanto en los países periféricos como en los más desarrollados, con polos de degradación hoy en día imposibles de soslayar. En los últimos cincuenta años, la carrera por la transformación de naturaleza en producto se ha hecho aún mayor. 
El ritmo del crecimiento económico mundial es más acelerado que la propia expansión de la especie humana. Y ese proceso, además promueve una extracción sin precedentes de recursos naturales, en especial potenciado en las economías del Sur, de manera notable. Mientras entre 1950 a 2010 el PBI mundial pasaba de 10 a 80 trillones de dólares, y la población humana lo hacía desde los 3.000 a los más de 7.000 millones, lo que equivale a decir que mientras la economía global se multiplicaba casi ocho veces, la población del mundo solamente se duplicó. Los datos del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de las Naciones Unidas informaron que la población mundial alcanzó en Junio de 2017 los 7.600 millones de personas que se proyectan a los 8.600 millones para el año 2030. Las previsiones siguen rondando llegar a 9.800 millones para 2050 y a 11.200 para 2100. Siempre que no se consideren guerras de aniquilación global o pandemias mundiales de enfermedades que incluso hasta ahora desconozcamos.  La tendencia continuaría a un ritmo de aproximadamente 83 millones de personas más cada año, pese a una disminución constante de los niveles de fertilidad. Las nuevas proyecciones (2017) indican, por ejemplo, que China e India seguirán siendo los países más poblados, pero cerca del año 2024, India superará a China, mientras que entre los diez países con más población, Nigeria es el que está creciendo a una mayor velocidad. Por ello, se estima que Nigeria superará en este aspecto a Estados Unidos antes de 2050.
La economía y el consumo (consumismo) de materiales, energía, agua y recursos naturales crecen mucho más que la propia expansión de la especie humana. Para hacer crecer estas economías globales, varios de los países en desarrollo se convierten en meros proveedores de estos materiales y cuando a este abastecimiento, se suman la necesidad por un lado de una demanda de  materiales sin valor agregado real y por el otro, la falta de ideas alternativas para el desarrollo, se potencia la extracción insostenible de los recursos y un creciente endeudamiento externo. Los países poseedores de ventajas competitivas (conocimiento, información, ciencia, tecnología, prospección estratégica) cuentan con la capacidad de apropiarse de estos recursos y pagar por ellos precios relativos cada día más bajos.  Y además, transferir sus pasivos ambientales.
La enfermedad holandesa parece erigirse por estos lares.  Poseemos recursos naturales. Pero no poseemos la capacidad y eficiencia para explotarlos de manera racional. Tenemos ventajas comparativas incuestionables y adolecemos de ventajas competitivas. Argentina, claro lo es, es la última frontera para la extracción de tierras de calidad, energía renovable y minería a gran escala. Y se la está aprovechando, no justamente en beneficio de la propia Argentina. En el país, entre 1970 y 2009 la extracción de materiales pasó de 386 millones a 660 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento superior a la de la población misma.                 Esto significa que el aumento en la extracción de materiales no está impulsado por el consumo doméstico (interno en sí mismo) sino fundamentalmente por la exportación de commodities (agricultura, forestal, ganadería, energía y minería). En comparación con otros países exportadores de la región, Argentina tiene la mayor extracción de materiales per cápita: 16.46 ton/cap.

Recursos Naturales y Deuda Ecológica

América Latina, especialmente focalizada en los Andes y la selva amazónica, representa aproximadamente 17 % de las reservas mundiales de hierro, y cuenta con el 20 % de las de estaño, 25 % de la bauxita, zinc y níquel, además de contar con casi la mitad de las de cobre y plata y entre el 60% y el 70% de las de litio, uno de los elementos en los cuales los funcionarios políticos están poniendo muchas de sus expectativas, al verse utilizados no sólo en pilas sino en los autos eléctricos.  Brasil ocupa el segundo lugar como exportador de hierro del mundo y Chile, muy concentrado en minerales como el cobre es el primero. Respecto de nuevos elementos en el mercado mundial, el Brasil con más del 18 % del total mundial es el segundo país luego de China. También es considerado como un centro estratégico de reservas críticas, tanto por los Estados Unidos, China y la Unión Europea, al contar como informa el panel de los Recursos, el 90 % de las reservas mundiales de niobio.
América Latina es una gran reserva de energía. Según el World Energy Council, cuenta con el 22 % de las reservas recuperables de petróleo en el mundo, el 25 % del gs y más del 15 % de petróleo de esquisto y shale-gas.  Vaca Muerta es la nave insignia actual de la Argentina, y uno de los blasones con los que los sucesivos gobiernos de estos últimos tiempos la muestran como el potencial elemento dinamizador de una economía alicaída.  En los últimos 5 años, Vaca Muerta recibió u$s 50.000 millones de inversión y espera aún más para la explotación de las 19 nuevas concesiones de gas no convencionales. Evidentemente bastante alejado de la mirada real por energías renovables que recibieron a través del FODER, menos de u$s 500 millones.
En cuanto a la biomasa, América Latina nuevamente es un gran productor y exportador. La biomasa representa el 70% del flujo material, y se compone en un 71% por las pasturas y alimentos para el ganado, en un 2% por pesca y extracción maderera y en un 27% por cultivos.  Entendemos por biomasa a todos los elementos producidos tanto por la agricultura (granos, piensos), como por la ganadería (carnes, huevos, leche), la producción forestal o la horticultura o fruticultura por ejemplo.
Siendo la biomasa un producto muy importante en las cuentas de exportación de las economías latinoamericanas y en especial de Argentina, es llamativo que desde las políticas públicas, como también desde la investigación más integral que incumbe a los territorios, se haya prestado menor atención a los impactos y procesos que derivan en la cancelación de relevantes prestaciones ambientales. Entre estos impactos están los efectos sobre los ciclos biogeoquímicos y la contribución de Argentina y de la demanda mundial a estas alteraciones. Asimismo en un país que basa su desarrollo en el sector agropecuario, no hay reflexión sobre los efectos de contar con un territorio de altísima calidad productiva que es a la vez muy susceptible a las transformaciones.
La actual crisis de la deuda, que tiene a maltraer al actual gobierno, se suma a la escasa mirada que se tiene sobre los efectos invisibles de la extracción de esta agricultura minera. Si bien luego de la sequía enfrentada en la pasada campaña los principales granos sembrados (soja, maíz, girasol, sorgo, trigo, cebada y otros) pasarán de una superficie de 36,1 millones de hectáreas a 37,2 millones, los costos ambientales que les acompañan son crecientes.  En Argentina, un 37.5 % del territorio (unos 105 millones de hectáreas) está afectado por procesos de erosión hídrica y eólica, que movilizan a su vez, millones de toneladas de nutrientes. 
La sequía puede ser un problema climático, derivado o no de efectos antrópicos. El mal manejo de los recursos, la sobreexplotación del suelo, la monocultura minera, no lo es. Responde a la avidez privada y la promoción pública por este único modelo. La falta de ideas y la no construcción de alternativas, tiene enormes costos, que aquí ya también comenzamos a mensurar. Tener las métricas, deberían servir a los políticos, para cambiar sus miradas, y no repetir incertezas brindadas por actores interesados. A los que igualmente siguen.
Un proceso continuo de agotamiento de nutrientes del suelo ha estado en curso desde  los últimos 55 años de la dinámica de extracción de nutrientes. Los nutrientes estimados cosechados de 1961 a 2015 se mantuvieron en 113 Tg (Teragramos) de NPK (76 Tg N, 11 Tg P, 26 Tg K), igual a una extracción nacional promedio anual de 64 kg N ha-1, 9 kg P ha-1 y 22 kg K ha-1 (Pengue y otros 2018). Este agotamiento del suelo representa un «costo oculto» o intangible ambiental, ya que la exportación de nutrientes de los suelos como capital natural permanece sin contabilizarse (Pengue 2017). Esta compensación ecológica debe conciliarse para minimizar los impactos ambientales, evitar la degradación del suelo y mantener la capacidad del paisaje para producir alimentos.
En el último cuarto de siglo, fue la erosión hídrica la que más creció, pasando de 30 a 64,6 millones de hectáreas, lo que significa por otra parte, que la erosión eólica está alcanzando ya los 41 millones de hectáreas. Ambos procesos, son disparados especialmente por cuestiones antrópicas, sostenidos en el actual sistema de agricultura industrial.   A su vez, las regiones áridas y semiáridas del país, que cubren alrededor del 75%, albergan ecosistemas frágiles, vulnerables a la desertificación. Un 10% de la superficie de estas regiones, que abarcan el oeste y sur del territorio nacional, se ve afectado por una desertificación clasificada como muy grave, mientras que en un 60% ésta es de moderada a grave, a causa del pastoreo excesivo y el sobreuso de los recursos naturales.
La economía convencional ve sólo a los recursos, cuando estos ingresan en el sistema económico. Y le sostienen (Diagrama). No obstante, la economía se ha ido desprendiendo, alejando de sus tangibles físicos y la especulación financiera ha entrado con fuerza en el actual proceso económico. De una economía de la producción, sostenida en los recursos naturales, se ha pasado a una economía de la especulación, que sostiene y fundamenta la existencia de la economía financiera. “En Dios confiamos”, dice la moneda emblema, el dólar. Y sí, mientras, el mundo “crea”, la especulación se sostendrá.  Las tasas altas, “inventadas” o que responden a cuestiones sociales especulativas, matan la vida y sostienen solo al dinero. Que lamentablemente para los economistas, aún no es comestible.
Las tasas de la economía, sus tasas financieras, no son las tasas de la naturaleza. Por ello, esa “burbuja” que observamos en el diagrama es tal, puesto que lo financiero, meramente especulativo, está muy separado de los bienes físicos.

La Economía de los Recursos Naturales y la Economía Financiera (Pengue 2008)

La actual situación, enfrentada por la Argentina frente a la recurrente y creciente deuda externa, pone sobre el tapete, una desesperada presión interna, sostenida por la voracidad externa, por la extracción de recursos naturales y subvaluación y explotación de recursos humanos, que afecta a la generación actual y endeuda para siempre al menos, a tres generaciones de argentinos.  Esta destrucción del capital socioambiental del país, se enmarca entonces, en el actual concepto de deuda ecológica.
Desde la perspectiva Sur-Norte se puede definir la «Deuda Ecológica» como «aquella que ha venido siendo acumulada por el Norte, especialmente por los países más industrializados, hacia las naciones del Tercer Mundo, a través de la expoliación de los recursos naturales por su venta subvaluada, la contaminación ambiental, la utilización gratuita de sus recursos genéticos o la libre ocupación de su espacio ambiental para el depósito de los gases de efecto invernadero u otros residuos acumulados y eliminados por los países industrializados» (Donoso, 2000). La Deuda Ecológica podría entenderse también, como la obligación y responsabilidad que tienen los países industrializados del Norte con los países del Tercer Mundo, por el saqueo y usufructo de sus bienes naturales: petróleo, minerales, bosques, biodiversidad, bienes marinos; a costa de la energía humana de sus pueblos y de la destrucción, devastación, y contaminación de su patrimonio natural y las propias fuentes de sustento.
Entre la Deuda Externa y la Deuda Ecológica, existen relaciones todas, que incumben a enormes costos sociales y ambientales. Además de la convencional supeditación de la economía nacional a los designios del capital financiero internacional y las economías más poderosas, que implican un fuerte programa de ajuste estructural, que equilibre la balanza de pagos, garantice la devolución de capital y especialmente intereses, brinde acceso a recursos estratégicos del país (tierra, agua, energía, empresas), privatice la educación y los sistemas de investigación, debilite los avances en los beneficios sociales, pulverice las jubilaciones y sostenga solamente a aquellos activos que permitan mantener hacia el exterior el flujo de capitales.
               

                Fuente: Modificado de Pengue (2008).

La fuerte degradación ambiental en el Sur sostiene incluso a la protección ambiental en el Norte, y esto se nota por ejemplo en los números que muestran cómo estos últimos ahorran tierras y restauran sistemas degradados y los países del sur, de manera permanente aumentan sus extensiones para la producción creciente de biomasa (Pengue 2012). El intercambio ecológicamente desigual es un hecho, que al no medir los invisibles, las externalidades, no permiten que mensuren estos impactos (Pengue 2008).

Las retenciones ambientales y los recursos naturales

Los recursos naturales, renovables y no renovables, se han convertido a la luz de la enorme presión extractiva de las últimas décadas, en recursos agotables. Así la minería, el petróleo o la agricultura, los dos primeros,  no renovables y la tercera,  renovable, se transforman en las banderas de la extracción sin resarcimiento por daños en la Argentina.  Lejos estamos del cambio de mirada y de una matriz productiva nacional, cuando la coyuntura ciega la perspectiva política y falta una importante discusión sobre escenarios de desarrollo por al menos, las próximas dos décadas.
Las externalidades generadas por estas industrias extractivas van desde la propia licuación de montañas, hasta la contaminación por productos químicos y agroquímicos varios.  Impactan sobre el ambiente, sobre la salud y sobre las propias economías locales.  Una deuda ecológica social que a la luz de los planes de endeudamiento, y la única perspectiva en pagarse, al menos en sus intereses, con productos primarios, no cambiará.
En la década pasada, la desindustrialización del país dio pie a una intensa reprimarización de todo el sistema económico, apoyada casi exclusivamente en la soja y la minería.  Nuevamente hoy, la reprimarización de la economía argentina es un ejemplo de la dependencia del país por la explotación, prácticamente sin valor agregado, de sus recursos naturales. Extraemos, transformamos poco y exportamos.  Pero nadie reconoce, la relevancia de al menos resarcir en parte los daños producidos por esta degradación. En especial, la aplicación de impuestos a la exportación a estos recursos naturales extraídos, de manera diferencial, podrían al menos contribuir por un lado a un ordenamiento prolijo de su uso y a reinvertir estos fondos en otras prácticas sostenibles, hasta ahora no implementadas. En la gestión anterior, estos impuestos a la exportación, conocidos como retenciones, no fueron utilizados para reordenar un sistema degradado y su recuperación, sino que se implementaron para dar gobernanza y el sostenimiento de planes y programas asistenciales (pero sin perspectivas de mejora social real),  en lugar de inversiones productivas de fuerte impacto social.  La gestión actual redujo los porcentajes aplicados en el sector rural y quitó directamente las retenciones a la minería, bajo la equivocada premisa de aumentar su recaudación a través del impuesto a las ganancias.  Pero ambos, con sus decisiones alejadas del desarrollo sostenible, promovieron con sus prácticas, la única industria que lamentablemente les sostiene: la fábrica de pobres.
Por ello, en primera instancia, los países basados en recursos naturales como la Argentina, en donde es aún relativa, la mirada sobre la creación de riqueza a través del conocimiento y sigue esperanzada en la exportación de un commodities, es importante considerar en casos específicos, de manera relativa, la aplicación de una retención, que permita resarcir el daño ambiental y reordenar la forma en que los recursos naturales, son utilizados.
Las retenciones ambientales no son un impuesto a la renta extraordinaria obtenida por la explotación (¡o sobreexplotación!) de algún recurso, sino que deben considerarse como un monto leído en valores crematísticos para capturar parte de la renta ambiental obtenida por un determinado operador económico, que hace uso de un recurso no reconocido o “libre” hasta hoy, pero por el que más tarde o más temprano deberá también reconocer en su pago.
En nuestros días existe una “captura” por parte de sectores parcializados del mercado que se apropian de un bien ambiental, sin reconocer el valor intrínseco que tiene ese recurso. La retención ambiental es un concepto novedoso, que viene a obligar a reconocer el uso y abuso de bienes ambientales, no reconocidos por las empresas, pero de los que dependen sus ganancias.
La sobreexplotación de los recursos del suelo, del agua, de la biodiversidad, del paisaje, de los espacios productivos en territorios templados del mundo, ameritará un reconocimiento por su uso hasta hoy pobremente valorado. Dada la globalización actual, la aplicación de retenciones ambientales, pueden ser útiles para capturar y de alguna manera “regular”, la extracción de un determinado recurso natural.
Hoy en día la sobreexplotación del recurso es la moneda de cambio con la que se paga esta intensificación direccionada.  La pérdida de biodiversidad es un fenómeno creciente que amenaza a la mayoría de las ecorregiones argentinas. La biodiversidad es una propiedad de los ecosistemas y de las sociedades que es necesario preservar y utilizar en su beneficio conjunto. Los problemas de contaminación de los acuíferos, son un tema de preocupación especialmente en un país donde la intensificación de la agricultura industrial es un hecho exitoso, justamente porque no incluye ni paga ninguno de los costos ambientales y sociales que genera.
El acceso a las fuentes de agua y su utilización es otro problemática importante en tanto y en cuanto, unos capitales las quieren apropiar para sí y para su disfrute privado (nacientes de ríos patagónicos, humedales) o bien para utilizar los cuerpos de agua como receptores de contaminación, como el caso de las pasteras. Ambos conflictos han generado una fuerte respuesta social que superó y de alguna manera enseña caminos a funcionarios y técnicos.
La sobreexplotación de los recursos forestales y la pesca, genera conflictos socioambientales en distintas regiones del país por efecto generado por la desaparición del recurso, la contaminación del ambiente, efectos a la salud y el empleo.
La contaminación agroquímica en pueblos y ciudades nuevamente es un factor que hecho que varias comunidades se organizaran incluso por encima de sus decisores políticos, que por error u omisión u otros intereses menos santos, miran para otro lado.
Peor aún es la contaminación y depredación provocada por las minas a cielo abierto que nuevamente tienen a las asambleas y actores sociales como emergentes reaccionarios de este nuevo ecologismo de los pobres y los no tan pobres.
La extracción de recursos minerales, prácticamente subsidiados por legislaciones que atentan contra el país, lo mismo que las formas de producción y explotación de otros recursos no renovables como el petróleo o el gas, ameritan una profundización de los análisis y conocimiento de los temas por parte del Estado.
Evidentemente que estas cuestiones no se resuelven con más comercio. Sino, solamente con más justicia y democracia.
Todos los casos mencionados implican una importante renta ambiental, hasta hoy día pobremente estudiada y menos aún considerada en las cuentas y los cálculos de los economistas. Estos cálculos no sólo se sostienen por balances monetarios, sino por cuentas de mejoras o pérdidas del bien ambiental y en definitiva del sustrato o la base de recursos de estos bienes que detenta el país.
Es sobre renta esta ambiental, sobre el usufructo de un recurso que trasciende a la propiedad de un privado, sobre el que deberían calcularse las retenciones, y ser vistas no como un elemento único para apropiarse de una mejora coyuntural de precios internacionales, sino como un resarcimiento al país de la extracción del bien, de la remediación de parte de sus daños y, especialmente, muy especialmente, como una medida de restitución de fondos para el sostenimiento de un modelo productivo en el tiempo.
La aplicación correcta de una retención ambiental podrá ayudar a poner orden en el desproporcionado abuso de los recursos naturales (en general ubicados en territorios de países pobres que hasta ahora no tienen presión y poder suficiente para hacerse respetar) por parte de los países ricos y de los grupos corporativos que hoy expolian el planeta (Pengue 2008).
La discusión por el reconocimiento y pago de las retenciones ambientales, tiene especial repercusión en los análisis de los flujos globales de recursos naturales, utilizados hoy mundialmente por las economías sin reconocimiento alguno. Queda claro, que el sostenimiento y el crecimiento de la economía de los países en vías de desarrollo viene de la fuerza y la apropiación con que estos defiendan el uso de sus recursos naturales.
Los actores del mundo global (países desarrollados y grupos corporativos) han detectado hace tiempo esta capacidad de países como la Argentina, de producir bienes y de obtenerlos a costos bajos.
Los decisores de políticas (ambientales, agropecuarias, energéticas) de la Argentina, poco han tenido que ver, respecto de la instalación en la agenda nacional e internacional del país, de una línea que defienda y haga valer los bienes que nuestras economías exportan y las empresas o traders “toman a costos cero”. Lo mismo hacen hoy día, los grandes grupos financieros, devenidos en inversores en bienes tangibles como los alimentos o la energía.
O acaso, se valúan en las cuentas de nuestros bienes exportables (granos, carnes, leches, maderas, petróleo, gas, minerales), los recursos básicos sobre los que estos han sido producidos o extraídos, como el paisaje, el medio natural transformado, la extracción de los ricos nutrientes de suelos aún algo ricos de la tierra pampeana y chaqueña, el agua virtual, la irradiación solar por unidad de área o el clima que permite duplicar cosechas en el mismo tiempo.
Así como se escuchan los campos de sirena sobre las bondades de muchas nuevas tecnologías, algunas serán veraces y otras tantas, solo falacias habrá que escuchar aún con más atención, las consideraciones en este siglo XXI sobre el valor de nuestros recursos naturales (no sólo de los bienes exportables en el mercado mundial ¡!!), sino la base de estos recursos que les sostienen, y hasta ahora (sólo hasta ahora no hemos considerado).
Tampoco las economías más ricas, los grandes grupos económicos y los traders de los negocios agrícolas o energéticos, pagan a las naciones pobres, cuota alguna por este “alquiler” de su espacio vital. Pero es claro, que lo utilizan.
El pago de retenciones ambientales es un derecho de la nación a hacer valer y reconocer, el resarcimiento por el daño ambiental producido. Pero su producto, no puede derivar en el uso para cualquier fin, como otrora se hiciera, sino en rigor para resarcir, al menos en parte los daños ambientales producidos. Y por otro lado, regular, la forma en que se usan los recursos.

Problemas significativos y falta de miradas

Históricamente, unas sociedades, al mejor estilo parasítico, se nutrieron y crecieron en detrimento de otras. Desde el fondo de la historia, hemos enfrentado estos procesos. En realidad fueron escasos los países que sostuvieron los designios de su desarrollo solamente a través de la explotación de los recursos naturales propios. La economía colonial se nutrió de los recursos foráneos y la sangre de millones de seres humanos explotados tanto en África como en América Latina. El crecimiento de Europa se debió y debería agradecerlo más, a esta irracional explotación. Fueron también muy pocos países cortaron el nudo gordiano de apoyar su crecimiento con la sobreexplotación de materias primas para reincidir solamente en más deuda y dependencia. La mayoría nunca alcanzó a financiar su propio desarrollo, por falta de verdaderas políticas independientes. Por la recurrente dependencia y endeudamiento externo.  En las crisis anteriores de la deuda externa, como por ejemplo, las de 1875 y 1890, Argentina pudo salir con una combinación de pago de aranceles y aumento de los precios internacionales de la lana, pero nunca, ni en sus años dorados, ha podido o querido financiar su propio desarrollo.  Si antes fue la lana, en la primera década del presente siglo lo fue la soja, que por su valor de mercado internacional, permitió por un lado un viento de cola y una acumulación de recursos económicos que dieron gobernabilidad al gobierno anterior y que por otro lado, no permitió vislumbrar una salida distinta a la mirada de la explotación convencional de los recursos naturales como la tierra, bajo una perspectiva economicista que fue similar tanto desde las miradas de izquierdas como de derechas, solo diferenciadas de alguna manera en la forma en que se tensaba la discusión por la distribución de las migajas. Promovidas las retenciones a las exportaciones, las mismas sirvieron para sostener una alicaída, improductiva e ineficiente economía de la primera década y por el otro, fomentaron una mayor aún sobreexplotación de recursos naturales, tanto en las regiones productivas convencionales como en aquellas ecorregiones alejadas de la producción sojera.
Expresados en dinero, los componentes de esta «deuda ecológica» (Pengue 2002), responden a los enormes costos generados por la sobreexplotación de recursos renovables exportados y convertidos en agotables por sobreexplotación, los daños a la vida humana por el uso indiscriminado de agrotóxicos y fertilizantes, las contaminaciones con metales pesados, el relave de minas, la licuación de montañas, la apropiación del agua superficial y subsuperficial o el uso directamente del espacio vital de los ciudadanos con fines meramente monetarios por encima de la vida misma.  A ello se agregan por ejemplo, la enorme presión sobre las especies no humanas, cuya desaparición prácticamente nos enfrenta a una segunda extinción.
Otro costo no reconocido por los países desarrollados es el de los servicios ambientales. Un ejemplo es el proceso de cambio climático, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, del cual son esencialmente responsables los países desarrollados. Los daños a la producción y economías de todo el mundo, la inestabilidad e incertidumbre sobre sus futuras e impredecibles consecuencias (desertización, inundaciones, daños a la biodiversidad), no son tenidos en cuenta.
Pero el más gravoso de todos, es el permanente sostenimiento y crecimiento, como he destacado,  de la fábrica de pobres. No es menor, que el único compromiso real con el capital internacional, sea el de al menos, garantizar la gobernabilidad a través del mantenimiento de planes sociales que atentan contra la dignidad y la vida plena misma. Los pobres son mantenidos en un estado de subdesarrollo sostenible que tanto desde las izquierdas como desde las derechas, ha sido mantenido de una u otra forma a través del tiempo y es lo único que se garantiza en los nuevos acuerdos condicionados a planes de ajuste estructural, se sostendría: Hay que garantizar la gobernanza de un modelo insostenible.
En Argentina, entre 1976 y el 2018 la deuda externa pasó de 7.600 a 350.000 millones de dólares, mientras que la pobreza pasó y osciló entre el 6 % en 1976, 11 % en 1985, 50 % en el 2005, 30 % en el 2013 y ahora y creciendo al 30 %. El trabajo permanente y preciso del ODSA de la UCA, nos da cifras aún más acertadas y alerta ciertamente sobre los enormes costos sociales de estos programas de crecimiento que estamos teniendo.
La cuestión que enfrentamos entonces es que cuando utilizamos las mismas recetas los resultados fueron los mismos: mayor degradación ambiental y pérdidas demostrables en la calidad de vida de los argentinos.
La deuda ecológica y la deuda externa, dos caras de una misma moneda, tienen dentro de sí al enemigo más oculto y que nadie quiere ver: la creciente e imparable deuda interna.
El problema grave que enfrentamos, no lo resolverán ni unos ni otros, con las mismas recetas. O con diatribas disonantes y bajo la construcción de una discordia premeditada.  Sufren y mucho, los pobres, la sociedad toda, el ambiente y las otras especies, siempre olvidadas, pero impactadas y desaparecidas para siempre.
El problema, como lo destacaba para su querida Colombia, el prestigioso académico Don Julio Carrizosa Umaña en su Colombia Compleja, necesita de una mirada y perspectiva de análisis desde la complejidad. Y aquí los científicos, quitados de sus ropajes disciplinares, pueden aportar desde la transdisciplina, desde la complejidad, un aporte que muchas veces es dejado de lado.
Como también ha sido dejado de lado, detrás de la coyuntura, la importancia de la educación de calidad y en todos los niveles. Amplia, diversa, plural, pero educación en calidad y profundidad. Solamente de esta forma, con una formación integral, tanto apoyada desde los sistemas formales como informales, lograremos una sociedad que pueda decidir por sus destinos y no sea llevada por las narices de la coyuntura.
La coyuntura nos ha traído a que, en este año 2018, a cien años de la Reforma Universitaria, estemos enfrentando la caída en un endeudamiento externo que prácticamente nos subsumirá en el subdesarrollo por décadas. Es llamativo cómo, a pesar de la gravedad de la situación, la discusión de la sociedad argentina, parece no ver con claridad la seriedad de lo que enfrenta: una creciente deuda ecológica, una destructiva deuda interna y una voraz deuda externa, que en un tris se llevará puestas a nuestras gentes y haciendas. José Ortega y Gasset, nos decía: “Argentinos, a las cosas…”, ojalá estemos a la altura. O si nuevamente no nos atrevemos, y no hacemos nada útil por nuestro país,  ojalá que quienes no lo hagan,  si se hagan cargo de las consecuencias. 

Referencias

  • Adams, P. (1993).  «Deudas Odiosas, Un legado de insensatez económica y saqueo ambiental», Editorial Planeta.
  • Donoso, A. (2000), Deuda externa, mecanismo de dominación y saqueo, Acción Ecológica, Quito, 2000.
  • Pengue, W. A. (2002).  “Lo que el norte le debe al sur: Comercio ecológicamente desigual y deuda ecológica”. Le Monde Diplomatique. Edición Cono Sur. Número 34. Abril, Buenos Aires.
  • Pengue, W.A. (2008). Fundamentos de Economía Ecológica. Kaicron Editorial. Buenos Aires.
  • Pengue, W.A (2012). Los desafíos de la Economía Verde. Kaicron Editorial. Buenos Aires.
  • Pengue, W.A. (2017). El vaciamiento de las Pampas. Editorial FHB. Santiago, Chile.
  • Pengue, W., Gemmill-Herren, B., Balázs, B., Ortega, E., Viglizzo, E., Acevedo, F., Diaz, D.N., Díaz de Astarloa, D., Fernandez, R., Garibaldi, L.A., Giampetro, M., Goldberg, A., Khosla, A. and Westhoek, H. (2018). ‘Eco-agrifood systems’: today’s realities and tomorrow’s challenges. Chapter 3.  In TEEB for Agriculture & Food: Scientific and Economic Foundations. Geneva: UN Environment.

Nota

Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Nota

Todo se quema, nada se transforma

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Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
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