Nota
Deuda externa, deuda ecológica y sobreexplotación humana y natural: donde pierde la vida y gana el dinero
“Los pobres son mantenidos en un estado de subdesarrollo sostenible que tanto desde las izquierdas como desde las derechas ha sido mantenido de una u otra forma a través del tiempo”, escribe Walter Pengue, entre muchas otras cosas en este artículo especialmente para lavaca.org. La deuda externa y la deuda ecológica (de la que no se habla) como caras de una misma moneda. La explotación humana y territorial, el consumismo, las claves para entender la época. Pengue es ingeniero agrónomo, doctor en Agroecología, miembro científico del Panel Internacional de los Recursos (Resource Panel) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, integra el GEPAMA (Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires), es profesor de Economía Ecológica en la Universidad de General Sarmiento, e integra el equipo docente del Diplomado Dr. Andrés Carrasco de Periodismo y Comunicación Ambiental de lavaca.
“No temo tanto a los de afuera que nos quieren comprar, como a los de adentro que nos quieren vender”, Hipólito Yrigoyen
Walter A. Pengue
Uno de los problemas más serios que hemos venido enfrentando recurrentemente en la sociedad moderna reside en especial en la distinta y distorsionada mirada que la economía tiene sobre lo natural y la ceguera sustancial que la misma expone frente a los innumerables servicios a la vida dada por el entorno que rodea y provee a las sociedades: el sistema natural.
Basada en este nacimiento antinatural del sistema económico, subyace la enorme desproporción en la forma en que se utilizan los recursos naturales, el verdadero valor de los mismos y el fuerte impacto causado por el modelo, en especial el sistema capitalista occidental (pero también el modelo comunista actual, por ejemplo el chino), sobre la naturaleza y por supuesto también sobre muchas sociedades humanas.
Para la sociedad el dinero “vale”. Y vale también en función del tiempo. Y por su uso, se pagan tasas. No obstante, la naturaleza que tiene tasas de renovabilidad (para los recursos naturales renovables), o de reposición (para los recursos naturales no renovables), jamás puede emular a las tasas de mercado. Generalmente estas son más altas y cuando más elevadas, más presión se ejerce sobre los recursos naturales.
En la mirada convencional, se someten a los recursos naturales a la silla eléctrica, se los transforma en dinero y estos fondos se colocan en el mercado financiero. Las tasas financieras elevadas son la cuchilla con la que cortamos la cabeza del sistema natural. Es imposible sostener la vida frente a un sistema ávido sólo de dinero.
Cuando en este dilema, además, incursionamos en un endeudamiento creciente a tasas leoninas, sabemos que estamos hipotecando la vida – todo tipo de vida – en beneficio de la circulación del papel, físico u electrónico y promovemos una enorme transferencia de recursos y la destrucción sistemática de otros. Argentina, nuevamente se vuelve a enfrentar a este dilema y parece volver a repetir sus errores, cada vez, con un ambiente más y más degradado.
Una deuda odiosa
Las ventajas comparativas (recursos naturales) han sido para las economías emergentes, sus sociedades y en general sus administraciones gubernamentales, un salvavidas de plomo que más que permitir el verdadero desarrollo sustentable, las convirtió en polo de atracción – por sus recursos naturales disponibles (suelo, agua, energía y biodiversidad) y trabajo barato – de los países más desarrollados y en general sus grupos corporativos multinacionales.
La globalización abrió un proceso importante de acceso a estos bienes naturales, el uso de los servicios ambientales y la apropiación del espacio vital que lejos de terminar se ha intensificado en especial, en América Latina y África.
Mientras una parte del mundo -algunos pocos gobiernos se muestran realmente preocupados y otros hipócritamente se exponen como azorados, a pesar de tener mucha responsabilidad en ello- frente a las migraciones internas y externas niega aún la consecuencia emergente del fracasado modelo global de crecimiento, ahora en la región sur volvemos a enfrentarnos a una nueva crisis financiera, económica, social y ecológica, que derivará consecuentemente en nuevas migraciones y enormes flujos transaccionales de recursos naturales estratégicos.
Y ciertamente en la consecuente pérdida de vidas, ilusiones y sufrimiento para la parte más débil de una sociedad, recurrentemente golpeada. Antes fueron las economías de Asia, África y América Latina. Luego les tocó las políticas de ajuste a las propias economías europeas como en Portugal o Grecia y ahora, nuevamente nos llega la cuestión a nosotros.
Cuando en Abril del año 2002, escribía en Le Monde Diplomatique, “Lo que el Norte le debe al Sur: Comercio ecológicamente desigual y deuda ecológica” (Pengue 2002), advertíamos sobre los enormes costos históricos, ecológicos y sociales que la deuda externa estaría produciendo sobre los cuerpos y territorios de los países del tercer mundo, entre ellos por supuesto, la Argentina. En la portada del mismo periódico se destacaba que “El establishment apuesta al caos”, en clara alusión al verdadero juego que practica el sistema financiero local e internacional. Veinte años de diferencia, pero los mismos procesos de apropiación y posiblemente una mayor destrucción socioambiental. Nos sigue dominando el establishment y no la producción sustentable y la mirada de mediano y largo plazo.
Patricia Adams, una economista del Banco Mundial, renunciada luego de ver tantos atropellos y sinsabores, sumando con claridad a la forma en que se construyó una deuda ilegítima en muchas economías emergentes, lo advertía con claridad: son “deudas odiosas”. Se preguntaba y nuevamente podemos preguntarnos ahora, porqué en este caso los argentinos, que declamamos derechos de manera incuestionable y somos capaces de movilizaciones masivas que nos enorgullecen y logran objetivos por algún tema específico, nos sometemos tan pasivamente, a los arbitrios de una ominosa deuda externa, construida tanto interna como externamente, sin cuidar ni preocuparnos, con el mismo compromiso, por nuestra gente, nuestros ancianos, nuestros niños y menos aún por nuestro ambiente. Un ambiente que venimos destruyendo sistemáticamente desde hace décadas de forma más intensiva. Y aunque no degradamos nuestro entorno por malicia, lo aceptamos con la intrepidez de un pavo. Si ningún agricultor sueña con dejar a sus hijos un campo destruido, con su capa fértil lavada, el agua contaminada y el terreno cubierto de cárcavas, ¿porqué permitimos tal destrucción de un modelo agotado? Si ninguna comunidad se somete voluntariamente a un desgaste azaroso, ¿por qué las sociedades toleran el cautiverio de la deuda externa, aun cuando su origen es distante de su cotidianeidad (Adams 1993) y alejadas además, de su responsabilidad?
Los investigadores y las miradas profesionales parciales también son responsables. Objetivando el problema desde una perspectiva monocriterial, se soslaya siempre el impacto de las otras perspectivas. Recuerdo aún con tristeza una conferencia plenaria muchos años atrás, en un Congreso Regional de Ecología en Bariloche, donde un prestigioso ecólogo, pleno de lauros bien ganados, respondía a una pregunta del público sobre su presentación acerca de las perspectivas futuras y los distintos escenarios frente a diferentes contextos económicos globales, que “bueno, eso no es un tema nuestro, eso se lo dejo para los economistas”.
Y así, académicos destacados, sea por impericia, desconocimiento o desprecio a una disciplina a veces considerada menor, dejan a veces de lado, en manos de muy pocos “expertos”, los principales problemas que incumben a las sociedades actuales y a sus recursos: el impacto del sistema económico sobre todos los procesos, que son en primer lugar, complejos. Una pena, pues desde allí se forman a generaciones de jóvenes que a veces escuchan con avidez, esperanza y respeto, a sus “sabios”.
Por otro lado, las recurrentes discusiones monetarias, ascensos y fracasos y de las economías y sus formas de explotación de los recursos, encuentran en la economía ortodoxa, las respuestas más impensadas, desde delirantes a premonitorias, cuando el barco siempre se está hundiendo. Y luego, sobre la destrucción de vidas y haciendas, vuelven a resurgir como el ave fénix, una y otra vez. Si un cirujano, un médico, o un ingeniero, equivocaran su pronóstico, la pena sufrida le sería grave. Cuando el economista previsiona y hasta promueve decisiones que serán desacertadas, impactando a millones de personas, y directamente las vidas de hombres, mujeres, niños y ancianos, sumado nuestro ambiente, el costo que enfrenta es prácticamente nulo. Dice cualquier cosa, o toman decisiones desastrosas, y no hay cargos por responder. Y es claro además que existe en la sociedad, una prevaleciente mirada economicista por encima de todas las demás, como así sus impactos. Y la inequidad también, desde el vamos.
Sin embargo, es muy llamativo que las sociedades, no comprendiendo a cabalidad lo que se encuentra en juego y en especial, el cómo resolverlo, esperan con avidez la respuesta de algún nuevo gurú, que les llevará nuevamente al fracaso y aniquilará, como ya se ha experimentado el futuro de generaciones actuales y futuras, además de dilapidar recursos naturales renovables y no renovables.
El problema económico no es tal. Es social y político. Amerita de una nueva perspectiva que incursione en el análisis de la complejidad, que no es propiedad de ninguna disciplina y se resuelve desde un cambio de paradigma, desde un cambio profundo del sistema económico, causante de la recurrencia cíclica de tales males. Y de una mirada especial de la ciencia de la complejidad, que maneja como la incertidumbre, la ciencia postnormal.
La lucha política y social por la apropiación de los recursos (naturales y humanos) y su explotación ha llevado claramente a desbalances permanentes, en los cuales para que unos pocos ganen, sean muchos los que pierdan. Este sistema capitalista actual es una economía de rapiña y lo que enfrenta Argentina nuevamente es una transferencia brutal de bienes de un sector a otro en una nueva licuación no sólo de su moneda, sino de sus recursos tangibles, que llevan al país hasta el fondo.
Una economía marrón
La economía de rapiña, un proceso de destrucción sistemática de naturaleza, que además explota singularmente recursos naturales y humanos sin considerar el costo socioambiental, es en general promovida en nuestras sociedades, en especial para dar respuesta a la necesidad de ingreso de fondos externos que den cuenta del pago de intereses y capital de crecientes “deudas externas”. La fuerte expansión de un modelo de crecimiento de una economía marrón que por un lado fomentó y promueve el crecimiento y el consumo y por el otro lado, viene acompañado por importantes impactos ambientales y a la salud humana, encuentra en las miradas de las derechas o las izquierdas, de los de arriba y de los de abajo, un inmanente precepto que les sigue uniendo a todas: el de crecer. Luego recién vendría la discusión de qué y cómo se acumularía y qué se distribuirá y cómo cada uno de los beneficios. De la distribución de costos sociales (externalidades), poco o nada se habla, desde prácticamente ninguna de las aristas políticas.
Ya desde la revolución industrial y actualmente con la nueva revolución consumista, la degradación no se hizo esperar y el sistema económico ha generado tremendos impactos tanto en los países periféricos como en los más desarrollados, con polos de degradación hoy en día imposibles de soslayar. En los últimos cincuenta años, la carrera por la transformación de naturaleza en producto se ha hecho aún mayor.
El ritmo del crecimiento económico mundial es más acelerado que la propia expansión de la especie humana. Y ese proceso, además promueve una extracción sin precedentes de recursos naturales, en especial potenciado en las economías del Sur, de manera notable. Mientras entre 1950 a 2010 el PBI mundial pasaba de 10 a 80 trillones de dólares, y la población humana lo hacía desde los 3.000 a los más de 7.000 millones, lo que equivale a decir que mientras la economía global se multiplicaba casi ocho veces, la población del mundo solamente se duplicó. Los datos del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de las Naciones Unidas informaron que la población mundial alcanzó en Junio de 2017 los 7.600 millones de personas que se proyectan a los 8.600 millones para el año 2030. Las previsiones siguen rondando llegar a 9.800 millones para 2050 y a 11.200 para 2100. Siempre que no se consideren guerras de aniquilación global o pandemias mundiales de enfermedades que incluso hasta ahora desconozcamos. La tendencia continuaría a un ritmo de aproximadamente 83 millones de personas más cada año, pese a una disminución constante de los niveles de fertilidad. Las nuevas proyecciones (2017) indican, por ejemplo, que China e India seguirán siendo los países más poblados, pero cerca del año 2024, India superará a China, mientras que entre los diez países con más población, Nigeria es el que está creciendo a una mayor velocidad. Por ello, se estima que Nigeria superará en este aspecto a Estados Unidos antes de 2050.
La economía y el consumo (consumismo) de materiales, energía, agua y recursos naturales crecen mucho más que la propia expansión de la especie humana. Para hacer crecer estas economías globales, varios de los países en desarrollo se convierten en meros proveedores de estos materiales y cuando a este abastecimiento, se suman la necesidad por un lado de una demanda de materiales sin valor agregado real y por el otro, la falta de ideas alternativas para el desarrollo, se potencia la extracción insostenible de los recursos y un creciente endeudamiento externo. Los países poseedores de ventajas competitivas (conocimiento, información, ciencia, tecnología, prospección estratégica) cuentan con la capacidad de apropiarse de estos recursos y pagar por ellos precios relativos cada día más bajos. Y además, transferir sus pasivos ambientales.
La enfermedad holandesa parece erigirse por estos lares. Poseemos recursos naturales. Pero no poseemos la capacidad y eficiencia para explotarlos de manera racional. Tenemos ventajas comparativas incuestionables y adolecemos de ventajas competitivas. Argentina, claro lo es, es la última frontera para la extracción de tierras de calidad, energía renovable y minería a gran escala. Y se la está aprovechando, no justamente en beneficio de la propia Argentina. En el país, entre 1970 y 2009 la extracción de materiales pasó de 386 millones a 660 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento superior a la de la población misma. Esto significa que el aumento en la extracción de materiales no está impulsado por el consumo doméstico (interno en sí mismo) sino fundamentalmente por la exportación de commodities (agricultura, forestal, ganadería, energía y minería). En comparación con otros países exportadores de la región, Argentina tiene la mayor extracción de materiales per cápita: 16.46 ton/cap.
Recursos Naturales y Deuda Ecológica
América Latina, especialmente focalizada en los Andes y la selva amazónica, representa aproximadamente 17 % de las reservas mundiales de hierro, y cuenta con el 20 % de las de estaño, 25 % de la bauxita, zinc y níquel, además de contar con casi la mitad de las de cobre y plata y entre el 60% y el 70% de las de litio, uno de los elementos en los cuales los funcionarios políticos están poniendo muchas de sus expectativas, al verse utilizados no sólo en pilas sino en los autos eléctricos. Brasil ocupa el segundo lugar como exportador de hierro del mundo y Chile, muy concentrado en minerales como el cobre es el primero. Respecto de nuevos elementos en el mercado mundial, el Brasil con más del 18 % del total mundial es el segundo país luego de China. También es considerado como un centro estratégico de reservas críticas, tanto por los Estados Unidos, China y la Unión Europea, al contar como informa el panel de los Recursos, el 90 % de las reservas mundiales de niobio.
América Latina es una gran reserva de energía. Según el World Energy Council, cuenta con el 22 % de las reservas recuperables de petróleo en el mundo, el 25 % del gs y más del 15 % de petróleo de esquisto y shale-gas. Vaca Muerta es la nave insignia actual de la Argentina, y uno de los blasones con los que los sucesivos gobiernos de estos últimos tiempos la muestran como el potencial elemento dinamizador de una economía alicaída. En los últimos 5 años, Vaca Muerta recibió u$s 50.000 millones de inversión y espera aún más para la explotación de las 19 nuevas concesiones de gas no convencionales. Evidentemente bastante alejado de la mirada real por energías renovables que recibieron a través del FODER, menos de u$s 500 millones.
En cuanto a la biomasa, América Latina nuevamente es un gran productor y exportador. La biomasa representa el 70% del flujo material, y se compone en un 71% por las pasturas y alimentos para el ganado, en un 2% por pesca y extracción maderera y en un 27% por cultivos. Entendemos por biomasa a todos los elementos producidos tanto por la agricultura (granos, piensos), como por la ganadería (carnes, huevos, leche), la producción forestal o la horticultura o fruticultura por ejemplo.
Siendo la biomasa un producto muy importante en las cuentas de exportación de las economías latinoamericanas y en especial de Argentina, es llamativo que desde las políticas públicas, como también desde la investigación más integral que incumbe a los territorios, se haya prestado menor atención a los impactos y procesos que derivan en la cancelación de relevantes prestaciones ambientales. Entre estos impactos están los efectos sobre los ciclos biogeoquímicos y la contribución de Argentina y de la demanda mundial a estas alteraciones. Asimismo en un país que basa su desarrollo en el sector agropecuario, no hay reflexión sobre los efectos de contar con un territorio de altísima calidad productiva que es a la vez muy susceptible a las transformaciones.
La actual crisis de la deuda, que tiene a maltraer al actual gobierno, se suma a la escasa mirada que se tiene sobre los efectos invisibles de la extracción de esta agricultura minera. Si bien luego de la sequía enfrentada en la pasada campaña los principales granos sembrados (soja, maíz, girasol, sorgo, trigo, cebada y otros) pasarán de una superficie de 36,1 millones de hectáreas a 37,2 millones, los costos ambientales que les acompañan son crecientes. En Argentina, un 37.5 % del territorio (unos 105 millones de hectáreas) está afectado por procesos de erosión hídrica y eólica, que movilizan a su vez, millones de toneladas de nutrientes.
La sequía puede ser un problema climático, derivado o no de efectos antrópicos. El mal manejo de los recursos, la sobreexplotación del suelo, la monocultura minera, no lo es. Responde a la avidez privada y la promoción pública por este único modelo. La falta de ideas y la no construcción de alternativas, tiene enormes costos, que aquí ya también comenzamos a mensurar. Tener las métricas, deberían servir a los políticos, para cambiar sus miradas, y no repetir incertezas brindadas por actores interesados. A los que igualmente siguen.
Un proceso continuo de agotamiento de nutrientes del suelo ha estado en curso desde los últimos 55 años de la dinámica de extracción de nutrientes. Los nutrientes estimados cosechados de 1961 a 2015 se mantuvieron en 113 Tg (Teragramos) de NPK (76 Tg N, 11 Tg P, 26 Tg K), igual a una extracción nacional promedio anual de 64 kg N ha-1, 9 kg P ha-1 y 22 kg K ha-1 (Pengue y otros 2018). Este agotamiento del suelo representa un “costo oculto” o intangible ambiental, ya que la exportación de nutrientes de los suelos como capital natural permanece sin contabilizarse (Pengue 2017). Esta compensación ecológica debe conciliarse para minimizar los impactos ambientales, evitar la degradación del suelo y mantener la capacidad del paisaje para producir alimentos.
En el último cuarto de siglo, fue la erosión hídrica la que más creció, pasando de 30 a 64,6 millones de hectáreas, lo que significa por otra parte, que la erosión eólica está alcanzando ya los 41 millones de hectáreas. Ambos procesos, son disparados especialmente por cuestiones antrópicas, sostenidos en el actual sistema de agricultura industrial. A su vez, las regiones áridas y semiáridas del país, que cubren alrededor del 75%, albergan ecosistemas frágiles, vulnerables a la desertificación. Un 10% de la superficie de estas regiones, que abarcan el oeste y sur del territorio nacional, se ve afectado por una desertificación clasificada como muy grave, mientras que en un 60% ésta es de moderada a grave, a causa del pastoreo excesivo y el sobreuso de los recursos naturales.
La economía convencional ve sólo a los recursos, cuando estos ingresan en el sistema económico. Y le sostienen (Diagrama). No obstante, la economía se ha ido desprendiendo, alejando de sus tangibles físicos y la especulación financiera ha entrado con fuerza en el actual proceso económico. De una economía de la producción, sostenida en los recursos naturales, se ha pasado a una economía de la especulación, que sostiene y fundamenta la existencia de la economía financiera. “En Dios confiamos”, dice la moneda emblema, el dólar. Y sí, mientras, el mundo “crea”, la especulación se sostendrá. Las tasas altas, “inventadas” o que responden a cuestiones sociales especulativas, matan la vida y sostienen solo al dinero. Que lamentablemente para los economistas, aún no es comestible.
Las tasas de la economía, sus tasas financieras, no son las tasas de la naturaleza. Por ello, esa “burbuja” que observamos en el diagrama es tal, puesto que lo financiero, meramente especulativo, está muy separado de los bienes físicos.
La Economía de los Recursos Naturales y la Economía Financiera (Pengue 2008)
La actual situación, enfrentada por la Argentina frente a la recurrente y creciente deuda externa, pone sobre el tapete, una desesperada presión interna, sostenida por la voracidad externa, por la extracción de recursos naturales y subvaluación y explotación de recursos humanos, que afecta a la generación actual y endeuda para siempre al menos, a tres generaciones de argentinos. Esta destrucción del capital socioambiental del país, se enmarca entonces, en el actual concepto de deuda ecológica.
Desde la perspectiva Sur-Norte se puede definir la “Deuda Ecológica” como “aquella que ha venido siendo acumulada por el Norte, especialmente por los países más industrializados, hacia las naciones del Tercer Mundo, a través de la expoliación de los recursos naturales por su venta subvaluada, la contaminación ambiental, la utilización gratuita de sus recursos genéticos o la libre ocupación de su espacio ambiental para el depósito de los gases de efecto invernadero u otros residuos acumulados y eliminados por los países industrializados” (Donoso, 2000). La Deuda Ecológica podría entenderse también, como la obligación y responsabilidad que tienen los países industrializados del Norte con los países del Tercer Mundo, por el saqueo y usufructo de sus bienes naturales: petróleo, minerales, bosques, biodiversidad, bienes marinos; a costa de la energía humana de sus pueblos y de la destrucción, devastación, y contaminación de su patrimonio natural y las propias fuentes de sustento.
Entre la Deuda Externa y la Deuda Ecológica, existen relaciones todas, que incumben a enormes costos sociales y ambientales. Además de la convencional supeditación de la economía nacional a los designios del capital financiero internacional y las economías más poderosas, que implican un fuerte programa de ajuste estructural, que equilibre la balanza de pagos, garantice la devolución de capital y especialmente intereses, brinde acceso a recursos estratégicos del país (tierra, agua, energía, empresas), privatice la educación y los sistemas de investigación, debilite los avances en los beneficios sociales, pulverice las jubilaciones y sostenga solamente a aquellos activos que permitan mantener hacia el exterior el flujo de capitales.
Fuente: Modificado de Pengue (2008).
La fuerte degradación ambiental en el Sur sostiene incluso a la protección ambiental en el Norte, y esto se nota por ejemplo en los números que muestran cómo estos últimos ahorran tierras y restauran sistemas degradados y los países del sur, de manera permanente aumentan sus extensiones para la producción creciente de biomasa (Pengue 2012). El intercambio ecológicamente desigual es un hecho, que al no medir los invisibles, las externalidades, no permiten que mensuren estos impactos (Pengue 2008).
Las retenciones ambientales y los recursos naturales
Los recursos naturales, renovables y no renovables, se han convertido a la luz de la enorme presión extractiva de las últimas décadas, en recursos agotables. Así la minería, el petróleo o la agricultura, los dos primeros, no renovables y la tercera, renovable, se transforman en las banderas de la extracción sin resarcimiento por daños en la Argentina. Lejos estamos del cambio de mirada y de una matriz productiva nacional, cuando la coyuntura ciega la perspectiva política y falta una importante discusión sobre escenarios de desarrollo por al menos, las próximas dos décadas.
Las externalidades generadas por estas industrias extractivas van desde la propia licuación de montañas, hasta la contaminación por productos químicos y agroquímicos varios. Impactan sobre el ambiente, sobre la salud y sobre las propias economías locales. Una deuda ecológica social que a la luz de los planes de endeudamiento, y la única perspectiva en pagarse, al menos en sus intereses, con productos primarios, no cambiará.
En la década pasada, la desindustrialización del país dio pie a una intensa reprimarización de todo el sistema económico, apoyada casi exclusivamente en la soja y la minería. Nuevamente hoy, la reprimarización de la economía argentina es un ejemplo de la dependencia del país por la explotación, prácticamente sin valor agregado, de sus recursos naturales. Extraemos, transformamos poco y exportamos. Pero nadie reconoce, la relevancia de al menos resarcir en parte los daños producidos por esta degradación. En especial, la aplicación de impuestos a la exportación a estos recursos naturales extraídos, de manera diferencial, podrían al menos contribuir por un lado a un ordenamiento prolijo de su uso y a reinvertir estos fondos en otras prácticas sostenibles, hasta ahora no implementadas. En la gestión anterior, estos impuestos a la exportación, conocidos como retenciones, no fueron utilizados para reordenar un sistema degradado y su recuperación, sino que se implementaron para dar gobernanza y el sostenimiento de planes y programas asistenciales (pero sin perspectivas de mejora social real), en lugar de inversiones productivas de fuerte impacto social. La gestión actual redujo los porcentajes aplicados en el sector rural y quitó directamente las retenciones a la minería, bajo la equivocada premisa de aumentar su recaudación a través del impuesto a las ganancias. Pero ambos, con sus decisiones alejadas del desarrollo sostenible, promovieron con sus prácticas, la única industria que lamentablemente les sostiene: la fábrica de pobres.
Por ello, en primera instancia, los países basados en recursos naturales como la Argentina, en donde es aún relativa, la mirada sobre la creación de riqueza a través del conocimiento y sigue esperanzada en la exportación de un commodities, es importante considerar en casos específicos, de manera relativa, la aplicación de una retención, que permita resarcir el daño ambiental y reordenar la forma en que los recursos naturales, son utilizados.
Las retenciones ambientales no son un impuesto a la renta extraordinaria obtenida por la explotación (¡o sobreexplotación!) de algún recurso, sino que deben considerarse como un monto leído en valores crematísticos para capturar parte de la renta ambiental obtenida por un determinado operador económico, que hace uso de un recurso no reconocido o “libre” hasta hoy, pero por el que más tarde o más temprano deberá también reconocer en su pago.
En nuestros días existe una “captura” por parte de sectores parcializados del mercado que se apropian de un bien ambiental, sin reconocer el valor intrínseco que tiene ese recurso. La retención ambiental es un concepto novedoso, que viene a obligar a reconocer el uso y abuso de bienes ambientales, no reconocidos por las empresas, pero de los que dependen sus ganancias.
La sobreexplotación de los recursos del suelo, del agua, de la biodiversidad, del paisaje, de los espacios productivos en territorios templados del mundo, ameritará un reconocimiento por su uso hasta hoy pobremente valorado. Dada la globalización actual, la aplicación de retenciones ambientales, pueden ser útiles para capturar y de alguna manera “regular”, la extracción de un determinado recurso natural.
Hoy en día la sobreexplotación del recurso es la moneda de cambio con la que se paga esta intensificación direccionada. La pérdida de biodiversidad es un fenómeno creciente que amenaza a la mayoría de las ecorregiones argentinas. La biodiversidad es una propiedad de los ecosistemas y de las sociedades que es necesario preservar y utilizar en su beneficio conjunto. Los problemas de contaminación de los acuíferos, son un tema de preocupación especialmente en un país donde la intensificación de la agricultura industrial es un hecho exitoso, justamente porque no incluye ni paga ninguno de los costos ambientales y sociales que genera.
El acceso a las fuentes de agua y su utilización es otro problemática importante en tanto y en cuanto, unos capitales las quieren apropiar para sí y para su disfrute privado (nacientes de ríos patagónicos, humedales) o bien para utilizar los cuerpos de agua como receptores de contaminación, como el caso de las pasteras. Ambos conflictos han generado una fuerte respuesta social que superó y de alguna manera enseña caminos a funcionarios y técnicos.
La sobreexplotación de los recursos forestales y la pesca, genera conflictos socioambientales en distintas regiones del país por efecto generado por la desaparición del recurso, la contaminación del ambiente, efectos a la salud y el empleo.
La contaminación agroquímica en pueblos y ciudades nuevamente es un factor que hecho que varias comunidades se organizaran incluso por encima de sus decisores políticos, que por error u omisión u otros intereses menos santos, miran para otro lado.
Peor aún es la contaminación y depredación provocada por las minas a cielo abierto que nuevamente tienen a las asambleas y actores sociales como emergentes reaccionarios de este nuevo ecologismo de los pobres y los no tan pobres.
La extracción de recursos minerales, prácticamente subsidiados por legislaciones que atentan contra el país, lo mismo que las formas de producción y explotación de otros recursos no renovables como el petróleo o el gas, ameritan una profundización de los análisis y conocimiento de los temas por parte del Estado.
Evidentemente que estas cuestiones no se resuelven con más comercio. Sino, solamente con más justicia y democracia.
Todos los casos mencionados implican una importante renta ambiental, hasta hoy día pobremente estudiada y menos aún considerada en las cuentas y los cálculos de los economistas. Estos cálculos no sólo se sostienen por balances monetarios, sino por cuentas de mejoras o pérdidas del bien ambiental y en definitiva del sustrato o la base de recursos de estos bienes que detenta el país.
Es sobre renta esta ambiental, sobre el usufructo de un recurso que trasciende a la propiedad de un privado, sobre el que deberían calcularse las retenciones, y ser vistas no como un elemento único para apropiarse de una mejora coyuntural de precios internacionales, sino como un resarcimiento al país de la extracción del bien, de la remediación de parte de sus daños y, especialmente, muy especialmente, como una medida de restitución de fondos para el sostenimiento de un modelo productivo en el tiempo.
La aplicación correcta de una retención ambiental podrá ayudar a poner orden en el desproporcionado abuso de los recursos naturales (en general ubicados en territorios de países pobres que hasta ahora no tienen presión y poder suficiente para hacerse respetar) por parte de los países ricos y de los grupos corporativos que hoy expolian el planeta (Pengue 2008).
La discusión por el reconocimiento y pago de las retenciones ambientales, tiene especial repercusión en los análisis de los flujos globales de recursos naturales, utilizados hoy mundialmente por las economías sin reconocimiento alguno. Queda claro, que el sostenimiento y el crecimiento de la economía de los países en vías de desarrollo viene de la fuerza y la apropiación con que estos defiendan el uso de sus recursos naturales.
Los actores del mundo global (países desarrollados y grupos corporativos) han detectado hace tiempo esta capacidad de países como la Argentina, de producir bienes y de obtenerlos a costos bajos.
Los decisores de políticas (ambientales, agropecuarias, energéticas) de la Argentina, poco han tenido que ver, respecto de la instalación en la agenda nacional e internacional del país, de una línea que defienda y haga valer los bienes que nuestras economías exportan y las empresas o traders “toman a costos cero”. Lo mismo hacen hoy día, los grandes grupos financieros, devenidos en inversores en bienes tangibles como los alimentos o la energía.
O acaso, se valúan en las cuentas de nuestros bienes exportables (granos, carnes, leches, maderas, petróleo, gas, minerales), los recursos básicos sobre los que estos han sido producidos o extraídos, como el paisaje, el medio natural transformado, la extracción de los ricos nutrientes de suelos aún algo ricos de la tierra pampeana y chaqueña, el agua virtual, la irradiación solar por unidad de área o el clima que permite duplicar cosechas en el mismo tiempo.
Así como se escuchan los campos de sirena sobre las bondades de muchas nuevas tecnologías, algunas serán veraces y otras tantas, solo falacias habrá que escuchar aún con más atención, las consideraciones en este siglo XXI sobre el valor de nuestros recursos naturales (no sólo de los bienes exportables en el mercado mundial ¡!!), sino la base de estos recursos que les sostienen, y hasta ahora (sólo hasta ahora no hemos considerado).
Tampoco las economías más ricas, los grandes grupos económicos y los traders de los negocios agrícolas o energéticos, pagan a las naciones pobres, cuota alguna por este “alquiler” de su espacio vital. Pero es claro, que lo utilizan.
El pago de retenciones ambientales es un derecho de la nación a hacer valer y reconocer, el resarcimiento por el daño ambiental producido. Pero su producto, no puede derivar en el uso para cualquier fin, como otrora se hiciera, sino en rigor para resarcir, al menos en parte los daños ambientales producidos. Y por otro lado, regular, la forma en que se usan los recursos.
Problemas significativos y falta de miradas
Históricamente, unas sociedades, al mejor estilo parasítico, se nutrieron y crecieron en detrimento de otras. Desde el fondo de la historia, hemos enfrentado estos procesos. En realidad fueron escasos los países que sostuvieron los designios de su desarrollo solamente a través de la explotación de los recursos naturales propios. La economía colonial se nutrió de los recursos foráneos y la sangre de millones de seres humanos explotados tanto en África como en América Latina. El crecimiento de Europa se debió y debería agradecerlo más, a esta irracional explotación. Fueron también muy pocos países cortaron el nudo gordiano de apoyar su crecimiento con la sobreexplotación de materias primas para reincidir solamente en más deuda y dependencia. La mayoría nunca alcanzó a financiar su propio desarrollo, por falta de verdaderas políticas independientes. Por la recurrente dependencia y endeudamiento externo. En las crisis anteriores de la deuda externa, como por ejemplo, las de 1875 y 1890, Argentina pudo salir con una combinación de pago de aranceles y aumento de los precios internacionales de la lana, pero nunca, ni en sus años dorados, ha podido o querido financiar su propio desarrollo. Si antes fue la lana, en la primera década del presente siglo lo fue la soja, que por su valor de mercado internacional, permitió por un lado un viento de cola y una acumulación de recursos económicos que dieron gobernabilidad al gobierno anterior y que por otro lado, no permitió vislumbrar una salida distinta a la mirada de la explotación convencional de los recursos naturales como la tierra, bajo una perspectiva economicista que fue similar tanto desde las miradas de izquierdas como de derechas, solo diferenciadas de alguna manera en la forma en que se tensaba la discusión por la distribución de las migajas. Promovidas las retenciones a las exportaciones, las mismas sirvieron para sostener una alicaída, improductiva e ineficiente economía de la primera década y por el otro, fomentaron una mayor aún sobreexplotación de recursos naturales, tanto en las regiones productivas convencionales como en aquellas ecorregiones alejadas de la producción sojera.
Expresados en dinero, los componentes de esta “deuda ecológica” (Pengue 2002), responden a los enormes costos generados por la sobreexplotación de recursos renovables exportados y convertidos en agotables por sobreexplotación, los daños a la vida humana por el uso indiscriminado de agrotóxicos y fertilizantes, las contaminaciones con metales pesados, el relave de minas, la licuación de montañas, la apropiación del agua superficial y subsuperficial o el uso directamente del espacio vital de los ciudadanos con fines meramente monetarios por encima de la vida misma. A ello se agregan por ejemplo, la enorme presión sobre las especies no humanas, cuya desaparición prácticamente nos enfrenta a una segunda extinción.
Otro costo no reconocido por los países desarrollados es el de los servicios ambientales. Un ejemplo es el proceso de cambio climático, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, del cual son esencialmente responsables los países desarrollados. Los daños a la producción y economías de todo el mundo, la inestabilidad e incertidumbre sobre sus futuras e impredecibles consecuencias (desertización, inundaciones, daños a la biodiversidad), no son tenidos en cuenta.
Pero el más gravoso de todos, es el permanente sostenimiento y crecimiento, como he destacado, de la fábrica de pobres. No es menor, que el único compromiso real con el capital internacional, sea el de al menos, garantizar la gobernabilidad a través del mantenimiento de planes sociales que atentan contra la dignidad y la vida plena misma. Los pobres son mantenidos en un estado de subdesarrollo sostenible que tanto desde las izquierdas como desde las derechas, ha sido mantenido de una u otra forma a través del tiempo y es lo único que se garantiza en los nuevos acuerdos condicionados a planes de ajuste estructural, se sostendría: Hay que garantizar la gobernanza de un modelo insostenible.
En Argentina, entre 1976 y el 2018 la deuda externa pasó de 7.600 a 350.000 millones de dólares, mientras que la pobreza pasó y osciló entre el 6 % en 1976, 11 % en 1985, 50 % en el 2005, 30 % en el 2013 y ahora y creciendo al 30 %. El trabajo permanente y preciso del ODSA de la UCA, nos da cifras aún más acertadas y alerta ciertamente sobre los enormes costos sociales de estos programas de crecimiento que estamos teniendo.
La cuestión que enfrentamos entonces es que cuando utilizamos las mismas recetas los resultados fueron los mismos: mayor degradación ambiental y pérdidas demostrables en la calidad de vida de los argentinos.
La deuda ecológica y la deuda externa, dos caras de una misma moneda, tienen dentro de sí al enemigo más oculto y que nadie quiere ver: la creciente e imparable deuda interna.
El problema grave que enfrentamos, no lo resolverán ni unos ni otros, con las mismas recetas. O con diatribas disonantes y bajo la construcción de una discordia premeditada. Sufren y mucho, los pobres, la sociedad toda, el ambiente y las otras especies, siempre olvidadas, pero impactadas y desaparecidas para siempre.
El problema, como lo destacaba para su querida Colombia, el prestigioso académico Don Julio Carrizosa Umaña en su Colombia Compleja, necesita de una mirada y perspectiva de análisis desde la complejidad. Y aquí los científicos, quitados de sus ropajes disciplinares, pueden aportar desde la transdisciplina, desde la complejidad, un aporte que muchas veces es dejado de lado.
Como también ha sido dejado de lado, detrás de la coyuntura, la importancia de la educación de calidad y en todos los niveles. Amplia, diversa, plural, pero educación en calidad y profundidad. Solamente de esta forma, con una formación integral, tanto apoyada desde los sistemas formales como informales, lograremos una sociedad que pueda decidir por sus destinos y no sea llevada por las narices de la coyuntura.
La coyuntura nos ha traído a que, en este año 2018, a cien años de la Reforma Universitaria, estemos enfrentando la caída en un endeudamiento externo que prácticamente nos subsumirá en el subdesarrollo por décadas. Es llamativo cómo, a pesar de la gravedad de la situación, la discusión de la sociedad argentina, parece no ver con claridad la seriedad de lo que enfrenta: una creciente deuda ecológica, una destructiva deuda interna y una voraz deuda externa, que en un tris se llevará puestas a nuestras gentes y haciendas. José Ortega y Gasset, nos decía: “Argentinos, a las cosas…”, ojalá estemos a la altura. O si nuevamente no nos atrevemos, y no hacemos nada útil por nuestro país, ojalá que quienes no lo hagan, si se hagan cargo de las consecuencias.
Referencias
- Adams, P. (1993). “Deudas Odiosas, Un legado de insensatez económica y saqueo ambiental”, Editorial Planeta.
- Donoso, A. (2000), Deuda externa, mecanismo de dominación y saqueo, Acción Ecológica, Quito, 2000.
- Pengue, W. A. (2002). “Lo que el norte le debe al sur: Comercio ecológicamente desigual y deuda ecológica”. Le Monde Diplomatique. Edición Cono Sur. Número 34. Abril, Buenos Aires.
- Pengue, W.A. (2008). Fundamentos de Economía Ecológica. Kaicron Editorial. Buenos Aires.
- Pengue, W.A (2012). Los desafíos de la Economía Verde. Kaicron Editorial. Buenos Aires.
- Pengue, W.A. (2017). El vaciamiento de las Pampas. Editorial FHB. Santiago, Chile.
- Pengue, W., Gemmill-Herren, B., Balázs, B., Ortega, E., Viglizzo, E., Acevedo, F., Diaz, D.N., Díaz de Astarloa, D., Fernandez, R., Garibaldi, L.A., Giampetro, M., Goldberg, A., Khosla, A. and Westhoek, H. (2018). ‘Eco-agrifood systems’: today’s realities and tomorrow’s challenges. Chapter 3. In TEEB for Agriculture & Food: Scientific and Economic Foundations. Geneva: UN Environment.
Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
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