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Menos revistas, más costos y tarifazos: crítico panorama del sector gráfico autogestivo

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Mientras el escenario de las trabajadoras y los trabajadores de prensa atraviesa su situación más crítica en décadas, con cierre de medios, 354 despidos en la agencia Télam y 53 en Radio Del Plata, la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) elaboró un informe para relevar el impacto de la crisis en las publicaciones gráficas autogestivas. La situación es alarmante: el 15 por ciento de las revistas no pudo editar ni un número en 2018 y la mitad tuvo que reducir su tirada. En otras, los costos de impresión se incrementaron un 500 por ciento. El impacto de los tarifazos y la política de no trasladar esos precios a les lectores, sostenes de nuestros medios. Testimonios de editores y editoras que reflejan por qué la crisis económica también afecta a la libertad de expresión. Aquí compartimos el informe completo. 

Foto: Lina Etchesuri para lavaca.


“Debido a la fuerte crisis económica que está atravesando el país nos vemos obligadxs a recalcular nuestrxs próximos pasos. No vamos a salir en papel (por lo menos este año). No es porque los ejemplares en papel no se vendan. Se venden, sí. Pero para seguir manteniendo una estructura de producción y ventas con las remuneraciones correspondientes, insumos y materias primas de calidad, cada revista debería tener un precio muy superior al que queremos darle y sería accesible solamente para una minoría. Entonces, bajo circunstancias que no buscamos, no deseamos y claramente no elegimos, decidimos mantener solamente el formato al que todxs tienen acceso”.
Así comienza el comunicado que la revista Extrañas noches envió a sus seguidores, tan sólo una muestra del presente que golpea el sector gráfico autogestivo en el actual contexto de suba indiscriminada de precios, devaluación y tarifazos. Fue una de las razones por la que la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA),  organización que representa a más de 200 publicaciones de todo el país, elaboró este informe de situación para reflejar el impacto de la crisis económica en los medios que editan publicaciones impresas.
Una encuesta realizada a las publicaciones asociadas entre fines de mayo y principios de junio reveló que las políticas económicas y el impacto en la estructura de costos de las revistas impidieron la salida en papel de un 15 por ciento de los títulos: si bien la mitad esos medios decidieron priorizar el formato digital (como el caso de Extrañas noches), las restantes no pudieron publicar ningún número en lo que va del 2018. “Si quisiéramos seguir saliendo en papel, cada número tendría que salir mucha más plata”, explica Marina Klein, editora de Extrañas noches. “Es muy incierto el panorama para saber a cuánto tendría que vender cada ejemplar para encarar una segunda o tercera producción. Hay tanta incertidumbre, con los precios atados al dólar, que no me animo a hacerlo. En agosto del año pasado fue el último número que saqué. Y era un producto que se vendía: hay un público lector, pero no hay uno que pueda pagar 200 pesos una revista y en este contexto”.
Una de las revistas que no pudo editar ni un solo número en 2018 es Maten al Mensajero. “No es que pasamos a lo digital sino que directamente dejamos de salir en papel”, afirma su editor y expresidente de AReCIA, Santiago Kahn. “No sólo por los costos de impresión sino porque vemos que nuestro enfoque fue virando a editar libros y que a nivel comercialización era difícil absorber los saltos brutales de los cambios de costos en una publicación como la nuestra, que tiene páginas a color, tapa dura y un buen laminado. Además, teníamos una política que no dejamos de sostener que era pagar las colaboraciones: diseños, ilustraciones o textos narrativos que significaban un universo de 55 trabajadores y trabajadoras. En un momento optamos por achicar la tirada para gastar menos en impresión, pero sí tuvimos un gasto muy grande operativo para que la revista siga teniendo ese lugar profesional. Sobre todo porque, desde nuestra perspectiva de laburo, comprendemos un concepto de autogestión de manera integral en la que no es sólo juntar la plata para imprimir la revista, sino de sostener puestos de trabajo. Entonces, si no podíamos sostener esa fuente de laburo, la variable de ajuste no podían ser los colaboradores”.

Con los aumentos, en jaque

Entre las revistas que aún siguen publicando, sin embargo, el panorama también es sombrío: el 95 por ciento asegura haber sufrido -en los últimos meses- aumentos en los costos de producción.

  • Un 66,6 por ciento registró aumentos en los servicios de agua, gas y luz.
  • Un 59,5 por ciento, en gastos de conectividad (teléfono e Internet).

El porcentaje promedio de los aumentos en los servicios es del 42,4 por ciento. Además, los editores también informaron aumentos en alquileres, transportes, correo y servicios profesionales contratados.
En lo que refiere a la impresión, el golpe de los costos es aún más claro:

  • El 50 por ciento de las revistas redujo su tirada.
  • El 25 por ciento redujo la cantidad de páginas o la calidad de impresión.
  • Y las ediciones que mantuvieron la edición sin modificar la calidad de impresión ni la cantidad de páginas sufrieron aumentos en los costos de impresión que van del 7,5 al 500 por ciento. Para cada revista, AReCIA confrontó costos por ejemplar informados por cada publicación en su último censo, en agosto de 2017, con los de mayo de este año. El aumento promedio es casi del 67 por ciento. En sólo 9 meses.

El editor del Diario de los poetas, Eduardo Monte Jopia, subraya que la publicación tuvo un incremento del 100 por cien en los servicios. “Es un diario que tiene 18 años y que en los últimos dos la situación se volvió muy crítica”, grafica. “Cuando empezamos, el Correo cobraba un envío simple de sólo 25 centavos: hoy cuesta casi 50 pesos. Tuvimos que dejarlo: en Capital el envío lo hacemos con el esfuerzo de toda la revista. Vamos personalmente. Y eso nos está comiendo poco a poco. En algún momento no vamos a salir. Es terrible. Recién pudimos salir en marzo, abril y mayo, pero en junio no pudimos y estamos juntando monedas para julio. No tenemos publicidad, pedimos el mangazo pero la gente tampoco tiene para darnos. No puede ser que salga lo mismo papel ilustración que diario: hablo con uruguayos y chilenos y no entienden lo que estamos hablando. La ilustración es caro en todos lados menos en Argentina. Y eso tiene que ver con el monopolio del papel, concentrado en empresas escondidas.  Son números que escapan a nuestras realidades. Es imposible. Tuvimos que reducir la tirada, y eso que somos sólo una publicación de 8 páginas. ¿Te imaginás una de 60?”.
Ballentin Dance, otra de las revistas socias de AReCIA, era una publicación con 60 páginas: tuvo que reducir a 44 por el incremento de costos. “Tenemos dificultad en la venta de publicidad porque nuestra clientela está quedrando: está bajando mucho porque eran pequeñas pymes que cerraron. Y, cuando conseguís, es muy difícil cobrar: empiezan a tirar cheques a 90 días. La pauta oficial, por ejemplo, es seis meses después. Hacés tu plan de negocios lo más bien, pero te pagan 90 días después y con una devaluación impresionante”.

El propio Estado agudiza la crisis

Otra dimensión relevada en este informe de urgencia es la situación en relación a la pauta oficial, que tienen 6 de cada 10 revistas relevadas. La demora en los pagos de la publicidad del Estado es otra señal de alerta. Ninguna revista está al día con los cobros. El 15,4% tiene una demora “aceptable” de 1 a 3 meses. En el 34,6% de los casos, cobran de 3 a 6 meses tarde. Y el 50% de las revistas apuntó que retrasos en los pagos superan el medio año.
“El panorama es cada vez más negro: con los cierres, se nos cayó el 30 por ciento de publicidad. Por eso tuvimos que hacer 16 páginas menos: pasamos de 60 a 44. A todo eso se suma el incremento de tarifas, pero es imposible trasladar esos precios a la publicidad. Al ser de distribución gratuita, es de lo que vivimos. Tenemos trayectoria: vamos a cumplir 25 años de salir todos los meses. Pasamos crisis y experiencias. Lo vamos a sortear. Pero está difícil”.
AReCIA exige a las autoridades políticas nacionales, provinciales y municipales, y en especial a los funcionarios del área de cultura, que brinden una respuesta ante el estado de emergencia en el que se encuentran las publicaciones gráficas autogestivas de todo el país.

Por eso, exigimos:

  1. Eliminación del 2,5% de IVA
  2. Acceso igualitario y protegido al precio del papel, principal insumo del sector
  3. Posibilidades de crédito sin tasas usurarias
  4. Democratización del circuito de distribución
  5. Reparto equitativo y transparente de la pauta pública

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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