Nota
#DíaDelPeriodista: últimas noticias sobre el trabajo de informar
El día del periodista. El día que cerró la revista Veintitrés. Un día después de la sentencia del juicio por la represión con balas de plomo en la Sala Alberdi en 2013, en la que tres fotógrafos resultaron heridos. Tres días después de que Alelí Acuña, periodista de la agencia Telam, fuera agredida por la policía con gas pimienta en la desconcentración de la marcha del 3J. Hoy, una conferencia reunió en MU a integrantes del sindicato de prensa Sipreba y del Centro de Estudios Legales con periodistas agredidas en contextos de protesta para reflexionar sobre los derechos vulnerados en la profesión y reclamar garantías. Un dato que lo dice todo: en el último año y medio se perdieron 2.500 puesto de trabajo en todo el país.
La conferencia conectó algo que parece notarse sólo ante cada caso: las y los trabajadores de prensa son hoy objetivos concretos para los operativos policiales en contextos de protesta.¿Por qué? Una respuesta posible: son un blanco porque muestran lo que pasa.
Sin protocolos
Un grupo de mujeres organizadas vio el futuro el día previo al 3J, cuando presentó un habeas corpus en el que se reclamaba el cumplimiento de los protocolos policiales en contexto de protesta: que actúe identificada y por orden judicial, que haya efectivos mujeres, que no porte armas ni arroje indiscriminadamente gases lacrimógenos, etc. Buscaban con este habeas proteger el cuerpo de todas las manifestantes de Ni Una Menos.
“Presentamos habeas corpus para que el Estado respete el Estado de Derecho”, comenzó la conferencia Claudia Acuña, periodista de MU y parte del grupo que presentó la medida: “Y reclamaba al Ministerio que se abstenga de portar armas de fuego y de utilizar gases lacrimógenos, que fue justamente lo que hicieron el 3J”.
El habeas corpus fue aceptado. Es decir, estaba vigente al momento de la desconcentración, momento en el que ocurrieron las agresiones policiales. Balas de goma, chorros de agua y gas pimienta fueron parte del kit que utilizaron efectivos de la Federal para supuestamente responder, desde adentro de la Catedral, a un grupo muy pequeño que tenía una particularidad: eran hombres. En ese contexto, fue cuando Alelí Acuña, trabajadora de prensa de Télam, se acercó para registrar lo que allí pasaba: “Tengo una lente de 50 mm. y eso me obliga a acercarme a la valle para poder hacer una toma de lo que pasaba del otro lado, donde estaba la policía arrojando gases y balas de goma. Cuando enfoco, me tiran gas pimienta, directo a los ojos y la boca. El objetivo puntual era que no sacara fotos”, detalló en la conferencia.
Ana Laura Torna, también de Sipreba y también presente en el sábado en el momento del gaseo policial, agregó: “La policía no actúa sola, sino con una orden. Queremos saber por qué este ataque y por qué a las mujeres. Queremos que se investigue no sólo responsables materiales, sino a los responsables políticos”.
Manuel Tufró, representante del CELS resaltó: “Estamos otra vez frente a una misma situación de mucha confusión sobre quiénes son las fuerzas responsables: no están identificadas, no sabemos si son de la Federal o de la Ciudad, tampoco quién dio la orden. Es decir, que es difícil determinar a simple vista quién ejecutó y quién ordenó ese operativo. No es casual. Esa situación de confusión garantiza impunidad”.
Quien filma a quién
El sindicato SiPreba, por su parte, sintetizó: “No es la primera vez que las fuerzas de seguridad se ensañan contra manifestantes y particularmente contra trabajadoras de prensa- señaló Tomás Eliaschev- Esto tampoco es casualidad: ni bien asumió el actual gobierno, anunciaron un supuesto protocolo de actuación policial en movilizaciones públicas. En realidad, se trató de un mero posteo en Facebook de la ministra de Seguridad. No tiene, por lo tanto, ningún valor legal, pero sí es un claro mensaje a la fuerza policial, de vía libre”.
#Ahora @alegriacuba muestra los cartuchos que la Policía disparó el #3J: "Nosotras sólo estábamos trabajando". pic.twitter.com/hHYrvqKIlz
— lavaca tuitera (@Lavacatuitera) June 7, 2017
En la mesa se recordó que aún está pendiente saber quiénes fueron los responsables de la cacería de mujeres: “No sabemos quiénes hicieron las detenciones del 7 y qué paso el 8, cuando en la cacería policial se demostró, además, un perfil lesbofóbico que no podemos tolerar de ninguna manera”.
Manuel Tufró del CELS – organismo que patrocina a tres de las mujeres detenidas arbitrariamente el 8 de marzo- detalló que hay dos causas en curso. Una tiene como procesadas a las mujeres por resistencia a la autoridad. Otra, es la denuncia sobre el accionar de la fuerza policial ese 8 de marzo, y tiene a estas mismas mujeres como protagonistas, pero en carácter de querella.
Claudia Acuña retomó: “Tenemos también que tener en cuenta el contexto: son muchas situaciones de criminalización, represión, infiltración y ataques a la prensa en contexto de movilizaciones de mujeres. Se trata, además de movilizaciones protagonizadas por mujeres víctimas de violencias, que salen a la calle a denunciar la inacción estatal. Necesitamos garantizar que en estas marchas el Estado respete el Estado de Derecho, pero también que sus operativos sean claros, precisos, acordes a los protocolos vigentes. No podemos permitir que se vuelva a repetir un hecho así en un contexto de responsabilidades sobre el operativo de seguridad tan poco claras”.
También señaló que en ocasión de entregar en la cancillería argentina el petitorio con 600 firmas exigiendo el fin de la masacre de periodistas mexicanos «fuimos filmados si pudor por la policía. Y en cada marcha notamos lo mismo: policías con cámaras de filmación y fotos. ¿Qué destino tienen esas imágenes? ¿A quién se las entregan? ¿Qué hace con ellas? No lo sabemos. No podemos naturalizar que nos filmen, que haya policías sin identificación, que nos tiren gas en la cara. Y que no nos dejen a las y los trabajadores de prensa, filmar, sacar fotos y registrar lo que pasa en la calle sin poner en riesgo nuestros cuerpos».
#Ahora Tufró, de @CELS_Argentina: "A la policía no le gusta que la controlen ni que la filmen. Es nuestro derecho, pero avanzan sobre ello". pic.twitter.com/auTARTezxH
— lavaca tuitera (@Lavacatuitera) June 7, 2017
Contexto
La charla retomó el eje inicial: “Con el habeas corpus le advertimos al Estado: no nos toquen. Y nos tocaron. Y eso venimos a señalar hoy: tocaron a una trabajadora de prensa”, dijo Claudia señalando a Alelí. “Venímos a denunciar este ataque en un día especial, que es el Día del Periodista, pero también el día que cerró la revista Veintitrés. Y cada vez que se cierra un medio, se apagan derechos. Cada vez que se cierra un medio están sacando de circulación voces”.
El sindicato SiPreBA denunció que hay un total de 2500 puestos de trabajos perdidos desde que asumió la alianza Cambiemos, a los que hoy se sumaron los 14 que están en peligro, tras el cierre de la revista Veintitrés por parte del grupo Crónica.
En este contexto, se realizará mañana 8 de junio una movilización, a las 14, desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo (sede Callao), bajo las consignas «Basta de despidos. Sin trabajo no hay libertad de expresión».
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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