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El agua mala, o cómo atacar a vecinos autoconvocados

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La Policía de La Pampa y el secretario de Seguridad de esa provincia cruzaron el límite fronterizo con Buenos Aires para reprimir una protesta de vecinos autoconvocados y lograr la construcción de un canal clandestino que escurriera el agua de campos pampeanos sojeros a pueblos bonaerenses.
Sansinena y Villa Sauze son dos pequeños pueblos del noroeste de Buenos Aires, ubicados en el límite geográfico con La Pampa. En un mapa, son dos diminutos puntitos –no superan los 600 habitantes– que prácticamente rozan la línea que demarca la división política entre ambas provincias.
Que ambas localidades estén en el límite interprovincial no es sólo un dato de color, sino de total relevancia ya que la Policía de La Pampa –con su ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, a la cabeza– cruzó a la de Buenos Aires para reprimir, fuera de su jurisdicción, un reclamo de los vecinos de los dos pueblos bonaerenses que querían impedir la construcción de un canal clandestino cuyo objetivo era que el agua que inunda los campos sojeros pampeanos producto del desborde del Río V drene hacia territorio bonaerense, con riesgo de inundación y aislamiento para ambas poblaciones.
El saldo de la represión fue de 24 heridos –entre ellos una nena de 6 años y un joven de 25 que aún permanece internado, intentando salvar una de sus piernas– por balas de goma, gas pimienta y bastonazos. El acto brutal fue llevado a cabo por un cuerpo especial de infantería del gobierno de La Pampa liderado por su Ministro de Seguridad, ex intendente de Santa Rosa destituido por abuso de poder y con antecedentes de represión.
El agua mala, o cómo atacar a vecinos autoconvocados
Ministro a los bastonazos
 
El martes pasado, 9 de febrero, los vecinos se autoconvocaron en la intersección de la ruta provincial 2 y el Meridiano V, el camino de tierra que marca el límite entre Buenos Aires y La Pampa, a la altura de la localidad de Villa Sauze (partido de General Villegas).
Estaban anoticiados de que el Gobierno de La Pampa (PJ), en acuerdo con el intendente de Villegas (Cambiemos), habían decidido desviar el agua del Rio V por ese camino, lo que provocaría posibles inundaciones en Sauze y en Sansinena (partido de Rivadavia). Unos kilómetros más al norte, Banderaló (Villegas) ya estaba recibiendo el agua. Lógicamente, querían evitar que abrieran ese canal sin consulta previa.
Los primeros vecinos en llegar se encontraron con máquinas de Vialidad de La Pampa y una gran presencia policial, apostada sobre territorio pampeano.  Entre ellos estaba Emilia de la Iglesia, vecina de Sansinena y directora del grupo de teatro comunitario de Rivadavia y General Pico, La Comunitaria. Su voz del otro lado del teléfono suena perturbada, alerta: urgente. “Estábamos preocupados por la situación. Cuando llegamos, del lado de Buenos Aires estaba la delegada municipal de Villa Sauze y dos policías de la patrulla rural; del de La Pampa, maquinarias para hacer el canal y muchos efectivos”.
Eran las ocho y el sol ya estaba extinguiéndose: se venía la noche.
Los vecinos armaron un cordón para impedir el trabajo de las máquinas y exigir la presencia de las autoridades locales para que el conflicto se resolviese por vías institucionales.
Estaban en eso cuando el ministro de Seguridad de La Pampa, Juan Carlos Tierno, empezó a increparlos: “Vamos a pasar como sea para hacer el canal”, gritó. Los vecinos le respondieron: “Esto es territorio de Buenos Aires y estamos esperando a las autoridades”.
No hubo más diálogo. Las que hablaron a continuación fueron las balas. Y los golpes: la represión.
Emilia enumera los hechos: “Tierno hizo avanzar a los efectivos policiales, todos fuertemente armados. Yo vi al jefe de la Policía, Roberto Ayala, hacer un gesto con la cabeza y ahí se desató la represión. Otros vecinos, además, vieron al propio Ministro agarrando un bastón de policía y dando golpes él mismo”.
Sigue: “Empezaron a avanzar por sobre nuestro cordón. Ninguno pensó que podía pasar esto. Yo estaba en pollera y sandalias, imaginate”. Empezaron a disparar balas de goma indiscriminadamente, a poca distancia y apuntando a los cuerpos de los vecinos: nenes, jóvenes, adultos y personas mayores; las familias que queríamos evitar quedar bajo el agua”, completa.
A David Díaz, un joven de 25 años, le dispararon a sólo un metro de distancia: recibió balazos en ambas piernas y todavía permanece internado a la espera de una segunda operación. Otro vecino recibió un tiro en la frente; Emilia, un balazo en la pantorrilla; otras mujeres en la espalda y en el pecho. En total hubo 24 heridos, incluyendo una nena de 6 años. Todos los testigos responsabilizan a Tierno y hasta coinciden en la frase utilizada por el funcionario a los efectivos policiales: “Metan balas, vamos, metan balas”.
Norberto Gastaldi recibió una herida en el pecho y otra en la frente. Afirma: “El ministro Tierno estaba al frente y de prepo intentó pasar él primero y luego bajó gente de la Policía Montada”.
Néstor Díaz es el padre de David y está con él en el hospital Gobernador Centeno de General Pico (La Pampa), adonde fue derivado por el impacto de las balas. Notablemente afectado, brinda información sobre el estado de salud de su hijo: “Tuvo fractura de tibia y peroné, las balas le cortaron dos tendones y le molieron el hueso. Le sacaron 18 perdigones de bala y luego de la operación le dejaron un hueco en la pierna porque falta carne y músculo para poder coser la herida. Debe esperar que se regenere la piel para someterse a una nueva operación en la que le van a colocar un tutor”.
Un tutor es un fijador externo de metal usado en cirugía ortopédica para fijar el hueso y prevenir el riesgo de fractura. Se compone de dos barras de metal y diversas varillas que penetran en la piel para fijarse sobre el hueso.
El agua mala, o cómo atacar a vecinos autoconvocados
La represión y las topadoras
 
Detrás de la balacera, avanzaban las máquinas. Los autoconvocados habían puesto los autos sobre el Meridiano, cortando el paso. Las máquinas los esquivaron y recorrieron un trayecto en donde comenzaron a realizar un canal de 20 metros para que pasase el agua. Mientras, las fuerzas de Tierno reprimían y armaban un cordón para impedir el paso.
La voz de Emilia se carga de angustia e impotencia, pero no deja de contar: “Estábamos desesperados. Ahí mismo armamos la lista de heridos. La hice yo personalmente. Cuando llegó Javier Reynoso (jefe comunal de Rivadavia), le entregamos la lista de heridos y las más de 40 vainas de balas de goma para que quedara asentado”. “El intendente de Rivadavia –el de Villegas nunca apareció e incluso dejó la zona liberada– llegó con funcionarios y concejales y tampoco lo dejaban pasar el cordón policial. Ahí volvieron a tirar gas pimienta, hasta que lo dejaron cruzar por ser una autoridad, pero no pudo detener el trabajo de la retroexcavadora; sacó algunas fotos para la presentación judicial y llamó a la policía bonaerense”, agrega.
Así se formaron dos cordones de efectivos policiales enfrentados entre sí: uno en territorio bonaerense, otro en el pampeano. Parecía una película de época en la que dos bandos esperan una señal para enfrentarse.
Esa señal no llegó nunca.
Ya eran casi las cuatro y media de la mañana.
Unas horas después, Reynoso y los vecinos realizaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por la represión y por el delito de intervenir en una provincia ajena. Denunciaron a Tierno, al jefe de Policía, Roberto Ayala, al secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, y al propio gobernador Verna.
Además, la Comisión de Derechos Humanos de Rivadavia –de la que Emilia de la Iglesia es vicepresidenta– convocó a una reunión de urgencia. Tras ella, y con el apoyo de los organismos nacionales, emitieron una declaración en la que reclaman la destitución de Juan Carlos Tierno por la represión; el juicio político al gobernador pampeano “por avalar e instigar los ilícitos” y “usurpar otra jurisdicción con sus fuerzas policiales”; además de solicitar informes al intendente de General Villegas, Eduardo Campana, y a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por “haber dejado en estado de indefensión a los vecinos de Villa Sauze y Sansinena”.
 
Ningún Tierno
 
Juan Carlos Tierno es el ministro de Seguridad de La Pampa. Asumió el cargo recientemente, por decisión del gobernador Carlos Verna. El funcionario que ordena reprimir a familias y que también reparte palos él mismo tiene un pasado tan oscuro que en vez de su curriculum lo que hay que detallar es su prontuario.
En 1983 fue asesor letrado del ex gobernador Rubén Marín. Se alejó en medio del escándalo por supuestas golpiza a una novia. Siguió como asesor en el Senado de la Nación. Después fue asesor legal de Oscar Jorge en su paso por la intendencia de Santa Rosa en los años ’90. Asumió como director del Banco de La Pampa en 1997. En 2003 fue nombrado ministro de Gobierno por el gobernador Carlos Verna (que ahora volvió a ser electo gobernador): Tierno fue eyectado del cargo tres años después, envuelto en denuncias por violaciones a los derechos humanos y apremios en comisarías.
Su derrotero siguió como candidato a intendente de Santa Rosa, tras ganar la interna del PJ. Asumió el 10 de diciembre de 2007 y fue destituido 87 después, acusado por abuso de poder. En diciembre fue condenado por la Cámara del Crimen Nº 1 a dos años de prisión y cuatro de inahabilitación, pero apeló la sentencia, que continúa en los laberintos judiciales.
Una ex empleada doméstica fue testigo de la violencia machista de Tierno: “Le pegaba a la mujer delante de los niños”, sostuvo un par de años atrás. La mujer describió que imperaba un ambiente de verdadero terror en la casa que entonces compartía Tierno con su primera esposa y madre de sus dos hijos mayores, hoy ya veinteañeros. Al separase, su ex esposa tuvo que huir por caminos alternativos para evitar que la mano larga de Tierno le bloqueara el paso. En aquel momento, Tierno era asesor letrado del ex gobernador Juan Carlos Marín y a la vez encabezaba una comisión provincial de… ¡defensa de los derechos humanos!
No es la única denuncia por violencia que tiene en su haber: en 1984 una ex novia suya terminó internada durante varios días en una clínica privada, con lesiones y quemaduras de cigarrillos en los pezones y el vientre. El policía provincial que le tomó declaración fue inmediatamente confinado a una lejana seccional del oeste pampeano y el sumario con la denuncia desapareció.
Por si fuera poco, sus parejas no son sus únicas víctimas. En sus 87 días como intendente de Santa Rosa quiso pelearse a golpes con trabajadores mercantiles que habían montado una carpa frente a la intendencia en reclamo de un plus salarial. Además, a los pocos días prohibió que los menores de 12 años circularan en bicicleta, subió un 49 por ciento las tasas municipales, incrementó hasta un mil por ciento el monto las multas de tránsito, prohibió la actividad de limpiaparabrisas y malabaristas en todas las calles y se enfrentó con los empleados del municipio. También creó por decreto una policía propia, cuya sede instaló en el Centro Municipal de Cultura de Santa Rosa, no sin antes expulsar a todos los artesanos que trabajaban ahí. Con esa fuerza policial, solía encabezar operativos nocturnos en los boliches de la ciudad. Ante las primeras protestas que reclamaban “fuera Tierno”, no tuvo ningún reparo en calificar a los manifestantes de “subversivos y sediciosos”.
Frente a la dimensión de cada uno de estos hechos, no sorprende que Tierno haya arrancado a los golpes contra los vecinos que querían detener las obras que afectan sus territorios.
Pero aunque sea un impresentable, Tierno es sólo un exponente –sin dudas importante– de un modelo que prefiere inundar pueblos habitados para salvar la renta de los monocultivos sojeros. Es por eso que los autocovocados se preguntan por qué Verna y Tierno tenían tanto apuro en abrir un canal clandestino en otra provincia, cuando ningún pueblo de La Pampa corría riesgo de inundarse. Los únicos afectados eran los campos de soja de miles de hectáreas.
“Abrir ese paso sin ningún tipo de control afecta a la localidad de Villa Sauze, que tuvo que poner barreras contra el agua, y a Sansinena, que está haciendo un montón de contenciones. Es tremendo porque los pueblos se quedan aislados. Son localidades habitadas por trabajadores rurales de bajos recursos; los que tienen grandes extensiones de tierra viven en las grandes ciudades”, advierten los vecinos.
En ese sentido, señalan: “No se respetó nada y si hubiese sido esa la decisión, los pueblos merecen saber si van a ser destinados a ser un reservorio de agua o no. Es algo muy sensible porque hay muchas familias en riesgo. Los problemas del agua se tienen que resolver salvaguardando a las poblaciones, teniendo en cuenta sus decisiones, y no a los dueños de la soja”.
 
No nos inunden
 
Las inundaciones y los desbordes del Río V son un problema crónico que desde 1979 afecta, sobre todo, a los pueblos de Sansinena, Banderaló y Villa Sauze. Desde entonces, no hubo ninguna solución concreta.
El Río V nace en San Luis y atraviesa el sur de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Aunque la mayoría de los años está seco, cuando crece el promedio de lluvias, se desborda en la zona del norte pampeano y el noroeste bonaerense. La desforestación y el avance del monocultivo complican el drenaje natural de los suelos. Terraplenes, canalizaciones y desvíos complejizan la trama. La situación genera un conflicto diplomático entre las provincias involucradas, cuyas autoridades participan del juego del gran bonete pasándose uno a otro las responsabilidades. En estos años nunca se construyeron obras definitivas ni funcionó un organismo común entre las partes.
Antes de enviar a su ministro de Seguridad y al jefe de Policía a reprimir, el gobernador Verna había señalado a sus pares de Buenos Aires y Córdoba, María Eugenia Vidal y Juan Schiaretti, por «no responder» sus notas en las que alertaba por la situación. «Creo que si al gabinete de la provincia de Buenos Aires le preguntan por Sansinena, no lo saben encontrar en el mapa», había chicaneado. Además, había amenazado: «Yo no me voy a quedar con agua de la provincia de Buenos Aires. Vamos a bajar el nivel del Meridiano V para asegurarnos que el mismo caudal de agua que entre en la provincia, se vaya». Ésa fue la promesa que Tierno hizo cumplir a balazos y que Verna definió como “una escaramuza».
En 2001, Sansinena fue una de las localidades más afectadas por el desborde del río. En ese entonces, los vecinos hicieron decenas de movilizaciones. En una de ellas, la mamá de Emilia encaró al entonces ministro de Obras Públicas de Buenos Aires, Julián Domínguez, reciente ex presidente de la Cámara de Diputados Nacional. Muy suelto de cuerpo, el polifuncionario sostuvo que Sansinena iba a ser “un reservorio de agua”.
Es por eso que la voz de Emilia se escucha ahora más húmeda y triste del otro lado del teléfono. Esa voz entrecortada dice: “No queremos repetir la historia como farsa. Pasaron 16 años ¿y no pasó nada? No nos inunden de nuevo”.
 

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El escenario y la vida: el universo Cárdenas

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Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.

Fotos: Nora Lezano

“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.

Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.

No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

El escenario y la vida: el universo Cárdenas

Banda sonora

Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.

La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.

En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.

El otro como un territorio a descubrir

La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.

Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.

En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?

Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.

Casa Teatro Estudio

Guardia Vieja 4257, CABA

No hay banda

Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23

La fuerza de la gravedad

Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23

@tatofc

@moyanolaura

@casateatroestudio

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Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa

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Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.

El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña. 

Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”. 

En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”. 

CONTEXTO

En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran: 

1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales. 

2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios. 

3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes. 

4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias. 

FUERA DE CONTEXTO

En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre: 

a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones. 

b) Atentados contra la vida y la integridad física. 

Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”- 

La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.

Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.

LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS

El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar: 

1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas; 

2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación; 

3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero; 

4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias; 

5–allanamientos sin órdenes judiciales; 

6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;

7–violación a procedimientos judiciales,

La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”. 

CONCLUSIONES FINALES

Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:

–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los

cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.

–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de

los de manifestantes

–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.

–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en

las protestas

–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas

en el marco de las protestas y movilizaciones.

–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales

–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de

personas.

–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de

las protestas.

La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”. 

Y concluye: 

–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales. 

–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática. 

–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil. 

–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH. 

–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares. 

–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad. 

Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
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Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua

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El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.

Por Natalia Aramayo

desde San Salvador de Jujuy

El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.  

Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena. 

El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor». 

https://twitter.com/obserluciaperez/status/1703855541821333528?s=48

En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».

Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».

La historia de Iara Rueda

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

El otro juicio

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. 

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.

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