El Presidente anunció la baja de retenciones a las corporaciones mineras junto a gobernadores kirchneristas, mientras vecinas y vecinos catamarqueños acampan en Plaza Lavalle de Buenos Aires, esperando un fallo de la Corte y un amparo para la Cordillera. Carrió vs. Macri. Cómo saber qué hacer. Y las voces de quienes sienten que los hacen mendigar por la vida.


Rosa Farías está de vacaciones.
No hay playa, no hay arena, no hay mar.
No hay montañas ni paseos para fotografiar y llevarles a sus hijas de regreso a Catamarca.
Rosa Farías viajó con su asma durante 20 horas en un auto prestado (“Gasolero”, describe bajo una risa) junto a otras tres personas más desde Andalgalá hasta el microcentro porteño a fines de enero y aquí está sentada, intercalando jugo con mate, en una carpa en Plaza Lavalle, mientras el sol empuja a la sombra en un mediodía porteño que alcanza los 33 grados. Los catamarqueños no se van a asustar por el calor porteño, aunque con la humedad nunca se sabe. En la plaza en la que está Rosa hay unas 10 carpas, banderas wiphala de los pueblos originarios, hay una convicción profunda y esa sensación plena de la gente que sabe que está haciendo lo correcto, lo lógico, lo sano.
Frente a Rosa, los Tribunales, y hombres y mujeres con vestidos y trajes y corbatas que caminan y miran pero no asocian una vereda con la otra, sino a través de una bandera que reclama: “¡Sentencia ya!”.

¿Qué sentencia?
“Estamos esperando la resolución del amparo ambiental que presentamos hace 6 años en Andalgalá”, explica Rosa Farías, docente de primaria y secundaria. “Estamos reclamando nada más y nada menos que no se nos instale una mina a 15 kilómetros de la plaza principal. Eso pedimos: vivir tranquilos con el agua limpia. Y también pedimos por el derecho a la vida. Nosotros a veces sentimos que estamos acá mendigando vida. Estamos en las escaleras de este palacio, habiendo dejado nuestras familias y nuestro territorio hace 15 días, en un sacrificio que hacemos con gusto por nuestro pueblo, pero sentimos que estamos mendigándole vida a la Corte. No es justo. Los derechos humanos cruzan todos los estamentos de este país. Y aclaremos algo: este amparo no es sólo por Andalgalá. Nosotros vamos por un amparo que proteja a la Cordillera entera”.
Rosa es integrante de la Asamblea El Algarrobo, formada hace 6 años en Andalgalá, 20 mil habitantes a 240 km de la capital provincial, tras una represión que dejó decenas de heridos, mujeres golpeadas y detenidos por la policía que intentó impedir un bloqueo a camiones del proyecto minero Agua Rica, a cargo de la canadiense Yamana Gold. Desde ese verano de 2010, Rosa Farías está en la calle y en la ruta aun en vacaciones.
Por eso sonríe y aclara: “Mis vacaciones son piqueteras desde hace varios años”.
A los cortes de acceso a las mineras impulsados por vecinas y vecinos, se puede agregar un dato: los dos únicos lugares en los que hubo consultas populares sobre la instalación de la minería a cielo abierto, Esquel (Chubut, 2004) y Loncopué (Neuquén, 2012) mostraron a un 82% de cada una de esas comunidades votando por el No a la mina.
Los políticos han decidido no hacer más consultas populares.

Daño irreversible
El acampe reclama la resolución de un amparo que fue presentado hace seis años ante el Poder Judicial de Catamarca y que trepó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida demanda a Yamana Gold y al Estado provincial, y solicita que se protejan las fuentes de agua, la salud de los ciudadanos y ciudadanas del pueblo y la prohibición de la nueva explotación minera. Llegó hasta la Corte gracias a otro acampe en Tribunales que la Asamblea realizó en noviembre de 2014.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó un dictamen un mes después para que la causa pase a la Corte ya que las demandadas “estarían en condiciones de llevar a cabo operaciones o acciones que podrían resultar susceptibles de producir un daño al medio ambiente y a la salud que, debido a su magnitud y a las circunstancias de hecho, sea irreversible”. Ahí funciona el llamado principio precautorio: si algo puede provocar un daño irreversible para la vida, la salud, la naturaleza, no se debe hacer hasta que se demuestre su inocuidad.
El acampe se levantó aquella vez ante el dictamen de Gils Carbó, y la Asamblea evaluó que la Corte se expediría durante 2015. No lo hizo, tal vez sumergida en los laberintos de sus internas y de sus externas. Por eso los vecinos volvieron con este Segundo acampe por la vida, frente al palacio judicial, donde organizaron un festival con feria y bandas y una conferencia de prensa prevista para este martes a las 11 junto a las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personas destacadas.

Qué hacer
En estos tiempos en que tanta gente dice no saber qué hacer, Andalgalá tiene algunas propuestas: “Nos vamos a quedar acá hasta que la Corte dicte sentencia”, afirma Rosa . “Sabemos que eso representaría un precedente muy importante para todas las luchas. Nuestro amparo tiene una calificación dentro del ámbito judicial que dice que es de trascendencia institucional política, económica y social. Es algo que se tiene que resolver”. O sea: están pensando en la vida, en el presente y en el futuro, y eso organiza qué es lo que tienen que hacer. Y así llegaron al acampe frete a los yesos y los mármoles y los pasillos de la Corte.
Alejandro de las Cuevas, otro de los asambleístas que acampa, subraya que el acompañamiento que suscitó la acción es uno de los aspectos vitales en esta lucha. “Es clave: no nos sentimos solos”, afirma este hombre de 57 años, que estuvo detenido tras las manifestaciones en 2010. De todos modos, advierte que no es fácil sostener una medida de estas características. “Es hostil”, describe.  Rosa agrega: “Es difícil. Cuando llueve se te moja todo. Tenemos que sacar y ventilar todo como muchas de las personas sin techo que duermen en esta plaza. Ya estamos curtidos”.
La Asamblea realiza rifas, vende tortas y cobra una cuota para poder juntar fondos. “El que más tiene, más pone: es una cuestión solidaria”, dice Rosa. “Todo es autogestionado. No somos una ONG. Siempre subvencionamos todo con nuestro propio dinero, como este acampe. Después se suma la solidaridad de la gente y de la juventud, que es nuestro motor”.
Debe recordarse que lo que se cuestiona es la megaminería a cielo abierto, que implica el uso de explosivos que revientan literalmente montañas enteras lo cual ya produce una serie de destrozos ambientales y contaminación de agua y suelo, a lo que se agrega el uso de químicos como el cianuro, entre otros, para separar metales preciosos y minerales de las piedras. Las mineras, por otra parte, se llevan lo que se llevan sin control alguno del llamado Estado, con lo cual lo único que vale es su declaración. El Estado no ha podido controlar siquiera escapes de agua cianurada como ocurrió en Jáchal el año pasado.
Lilita sin cianuro
Este lunes se oficializó vía Boletín Oficial el anuncio de la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras que el presidente Mauricio Macri había anunciado el viernes. Una de las funcionarias presentes durante ese acto fue la propia gobernadora de Catamarca, la kirchnerista Lucía Corpacci, lo cual demuestra que en estos asuntos no existe la fantasmal grieta.
Se calcula que la medida implica una transferencia de 3300 millones de pesos del Estado a las corporaciones multinacionales del sector.
La acción despertó críticas hasta dentro de las propias filas de la alianza Cambiemos con un duro comunicado de la Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza. Téngase en cuenta que desde el punto de vita de Cambiemos, la señora Carrió viene a ser algo así como la madre de la criatura. Aunque en este tema parece haber optado por no comer vidrio.
“Significa la entrega de recursos públicos en favor de empresas  (en su mayoría multinacionales), con rentabilidad superlativa en los últimos años. Tengamos en cuenta que en nuestro país operan en dicha actividad más de 50 megaempresas internacionales y sólo un puñado de empresas nacionales”, asegura el texto firmado por Carrió, las diputadas Alicia Terada, Leonor Martínez Villada, los diputados Fernando Sánchez y Rubén Manzi (por Catamarca) y la directora de ACUMAR Fernanda Reyes. “A una actividad con baja capacidad de generación de puestos de trabajo y alto impacto ambiental, no se la puede beneficiar de manera privilegiada con medidas que impliquen transferencias de recursos del conjunto de la sociedad, ocasionando un costo fiscal considerable”.
La envidia de todo comerciante
«Hoy la actividad minera cuenta con un régimen tributario especial que contiene excepciones en los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, al valor agregado, al cheque, a los derechos de importación y exportación, régimen de estabilidad fiscal y un compromiso federal que garantiza la no imposición de gravámenes y tasas municipales ni impuesto a los sellos provinciales”, grafica el comunicado de Carrió, que describe a la minería como «la envidia de todo comerciante, industrial y prestador de servicio en nuestro país».
Ni el patio de mi casa
El comunicado recuerda que la actividad minera es, desde la ley de Inversiones Mineras menemista (24.296), “una de las actividades productivas más beneficiadas por las leyes nacionales, situación que se ha consolidado a lo largo de la gestión kirchnerista”.
El texto cierra así: “Un país que cuida su presente y piensa su futuro pone como prioridad la agenda ambiental, no la rentabilidad de unos pocos. Por lo tanto la defensa del interés general no debe ceder ante las presiones sectoriales, como lo es el lobby minero”.
¿Qué lectura hace Rosa Farías? “El Gobierno sigue como si no existiéramos. El ninguneo lo sentimos siempre. Pero ya no nos importa. Porque solamente confiamos en los pies que caminan. No hay otra lectura. Lo que hicieron en ese acto es un paso más en la entrega de este país. No nos tomó por sorpresa. Sí manifiesto como repudio el simbolismo con que las autoridades actúan”.
¿A qué se refiere? “Me dolió más escuchar al Presidente y a todos los gobernadores cordilleranos informar sobre la quita de las retenciones con la Cordillera atrás. Eso sí: es un cachetazo a la dignidad de los pueblos. No le daría jamás a ningún político para que me cuide la Cordillera. Nunca. No le daría ni el patio de mi casa”.
Menemismo + kirchnerismo + macrismo
La Asamblea No a la Mina de Esquel (Chubut) también repudió la quita de retenciones a través de un comunicado. Afirman que el decreto:

• “Profundiza el proceso de saqueo y contaminación iniciado y avalado por la Ley de Inversiones Mineras de la era menemista y sucesivas normas sancionadas durante el gobierno kirchnerista y favorece pura y exclusivamente a las corporaciones mineras y los sectores de poder económico concentrado.
• Ignora las probanzas científicas y fácticas sobre la incompatibilidad de la explotación minera y el cuidado del medio ambiente.
• Atenta contra la salud y la vida de las poblaciones directamente e indirectamente afectadas por las explotaciones mineras.
• Vulnera los derechos de la naturaleza y los derechos humanos de todos los habitantes del país.
• Desconoce las luchas ciudadanas que las comunidades cordilleranas desplegamos desde hace años”.

Responsabilidad Social & Empresaria
La Asamblea El Algarrobo lleva años de una lucha intensa: todos los sábados hay marcha. “La movilización es constante”, apunta Alejandro. Rosa: “La Asamblea está ubicada lejos de la comunidad, pero en las marchas nos vemos las caras.  Llueve o truene, nosotros caminamos. A veces no hemos tenido luz y hemos salido hasta con antorchas. Es una ceremonia en la plaza del pueblo”.
¿Cómo está la situación en Andalgalá? Rosa: “La Yamana está muy desmerecida. Tiene oficinas, policías, alguna gente que cuida el cerro, el famoso verso de la Responsabilidad Social Empresaria, pero va decayendo. Ya no tiene plata: hace 9 años que no puede ingresar. Y sobre la división que generó en la comunidad este tema, puedo decir que el resquebrajamiento social lo hemos ido subsanando. Porque a los velorios vamos todos juntos y al baile, también. Convivimos, pero uno de los orgullos que me dejó la lucha de la Asamblea es el nivel de conciencia que hay en Andalgalá”.
Dato: Andalgalá, siendo que además de Agua Rica tiene el proyecto Bajo Alumbrera desde hace 17 años, sigue siendo el departamento más pobre y con más desocupación de Catamarca, una de las provincias que –pese a esa supuesta inversión- sigue siendo de las más pobres del país.
Alejandro: “Hasta nos quisieron correr los límites de los mapas locales escolares para sacar a las zonas de conflicto social. Los mapas decían: ´límites sin definir´. Es de no creer. Pero una que tenemos a favor es que el pueblo es creativo: las corporaciones no. Hemos llegado a cosas inesperadas. Lo sabemos: la lucha es difícil, pero la gente va tomando conciencia muy fuerte, de a poco. Y hoy estamos acá esperando la resolución del dictamen. Si no creyéramos que se puede no estaríamos acá”.