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Cianuro para todos, mientras los vecinos acampan por la vida frente a la Corte

El Presidente anunció la baja de retenciones a las corporaciones mineras junto a gobernadores kirchneristas, mientras vecinas y vecinos catamarqueños acampan en Plaza Lavalle de Buenos Aires, esperando un fallo de la Corte y un amparo para la Cordillera. Carrió vs. Macri. Cómo saber qué hacer. Y las voces de quienes sienten que los hacen mendigar por la vida.

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El Presidente anunció la baja de retenciones a las corporaciones mineras junto a gobernadores kirchneristas, mientras vecinas y vecinos catamarqueños acampan en Plaza Lavalle de Buenos Aires, esperando un fallo de la Corte y un amparo para la Cordillera. Carrió vs. Macri. Cómo saber qué hacer. Y las voces de quienes sienten que los hacen mendigar por la vida.

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Rosa Farías está de vacaciones.
No hay playa, no hay arena, no hay mar.
No hay montañas ni paseos para fotografiar y llevarles a sus hijas de regreso a Catamarca.
Rosa Farías viajó con su asma durante 20 horas en un auto prestado (“Gasolero”, describe bajo una risa) junto a otras tres personas más desde Andalgalá hasta el microcentro porteño a fines de enero y aquí está sentada, intercalando jugo con mate, en una carpa en Plaza Lavalle, mientras el sol empuja a la sombra en un mediodía porteño que alcanza los 33 grados. Los catamarqueños no se van a asustar por el calor porteño, aunque con la humedad nunca se sabe. En la plaza en la que está Rosa hay unas 10 carpas, banderas wiphala de los pueblos originarios, hay una convicción profunda y esa sensación plena de la gente que sabe que está haciendo lo correcto, lo lógico, lo sano.
Frente a Rosa, los Tribunales, y hombres y mujeres con vestidos y trajes y corbatas que caminan y miran pero no asocian una vereda con la otra, sino a través de una bandera que reclama: “¡Sentencia ya!”.
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¿Qué sentencia?
“Estamos esperando la resolución del amparo ambiental que presentamos hace 6 años en Andalgalá”, explica Rosa Farías, docente de primaria y secundaria. “Estamos reclamando nada más y nada menos que no se nos instale una mina a 15 kilómetros de la plaza principal. Eso pedimos: vivir tranquilos con el agua limpia. Y también pedimos por el derecho a la vida. Nosotros a veces sentimos que estamos acá mendigando vida. Estamos en las escaleras de este palacio, habiendo dejado nuestras familias y nuestro territorio hace 15 días, en un sacrificio que hacemos con gusto por nuestro pueblo, pero sentimos que estamos mendigándole vida a la Corte. No es justo. Los derechos humanos cruzan todos los estamentos de este país. Y aclaremos algo: este amparo no es sólo por Andalgalá. Nosotros vamos por un amparo que proteja a la Cordillera entera”.
Rosa es integrante de la Asamblea El Algarrobo, formada hace 6 años en Andalgalá, 20 mil habitantes a 240 km de la capital provincial, tras una represión que dejó decenas de heridos, mujeres golpeadas y detenidos por la policía que intentó impedir un bloqueo a camiones del proyecto minero Agua Rica, a cargo de la canadiense Yamana Gold. Desde ese verano de 2010, Rosa Farías está en la calle y en la ruta aun en vacaciones.
Por eso sonríe y aclara: “Mis vacaciones son piqueteras desde hace varios años”.
A los cortes de acceso a las mineras impulsados por vecinas y vecinos, se puede agregar un dato: los dos únicos lugares en los que hubo consultas populares sobre la instalación de la minería a cielo abierto, Esquel (Chubut, 2004) y Loncopué (Neuquén, 2012) mostraron a un 82% de cada una de esas comunidades votando por el No a la mina.
Los políticos han decidido no hacer más consultas populares.
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Daño irreversible
El acampe reclama la resolución de un amparo que fue presentado hace seis años ante el Poder Judicial de Catamarca y que trepó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida demanda a Yamana Gold y al Estado provincial, y solicita que se protejan las fuentes de agua, la salud de los ciudadanos y ciudadanas del pueblo y la prohibición de la nueva explotación minera. Llegó hasta la Corte gracias a otro acampe en Tribunales que la Asamblea realizó en noviembre de 2014.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó un dictamen un mes después para que la causa pase a la Corte ya que las demandadas “estarían en condiciones de llevar a cabo operaciones o acciones que podrían resultar susceptibles de producir un daño al medio ambiente y a la salud que, debido a su magnitud y a las circunstancias de hecho, sea irreversible”. Ahí funciona el llamado principio precautorio: si algo puede provocar un daño irreversible para la vida, la salud, la naturaleza, no se debe hacer hasta que se demuestre su inocuidad.
El acampe se levantó aquella vez ante el dictamen de Gils Carbó, y la Asamblea evaluó que la Corte se expediría durante 2015. No lo hizo, tal vez sumergida en los laberintos de sus internas y de sus externas. Por eso los vecinos volvieron con este Segundo acampe por la vida, frente al palacio judicial, donde organizaron un festival con feria y bandas y una conferencia de prensa prevista para este martes a las 11 junto a las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personas destacadas.
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Qué hacer
En estos tiempos en que tanta gente dice no saber qué hacer, Andalgalá tiene algunas propuestas: “Nos vamos a quedar acá hasta que la Corte dicte sentencia”, afirma Rosa . “Sabemos que eso representaría un precedente muy importante para todas las luchas. Nuestro amparo tiene una calificación dentro del ámbito judicial que dice que es de trascendencia institucional política, económica y social. Es algo que se tiene que resolver”. O sea: están pensando en la vida, en el presente y en el futuro, y eso organiza qué es lo que tienen que hacer. Y así llegaron al acampe frete a los yesos y los mármoles y los pasillos de la Corte.
Alejandro de las Cuevas, otro de los asambleístas que acampa, subraya que el acompañamiento que suscitó la acción es uno de los aspectos vitales en esta lucha. “Es clave: no nos sentimos solos”, afirma este hombre de 57 años, que estuvo detenido tras las manifestaciones en 2010. De todos modos, advierte que no es fácil sostener una medida de estas características. “Es hostil”, describe.  Rosa agrega: “Es difícil. Cuando llueve se te moja todo. Tenemos que sacar y ventilar todo como muchas de las personas sin techo que duermen en esta plaza. Ya estamos curtidos”.
La Asamblea realiza rifas, vende tortas y cobra una cuota para poder juntar fondos. “El que más tiene, más pone: es una cuestión solidaria”, dice Rosa. “Todo es autogestionado. No somos una ONG. Siempre subvencionamos todo con nuestro propio dinero, como este acampe. Después se suma la solidaridad de la gente y de la juventud, que es nuestro motor”.
Debe recordarse que lo que se cuestiona es la megaminería a cielo abierto, que implica el uso de explosivos que revientan literalmente montañas enteras lo cual ya produce una serie de destrozos ambientales y contaminación de agua y suelo, a lo que se agrega el uso de químicos como el cianuro, entre otros, para separar metales preciosos y minerales de las piedras. Las mineras, por otra parte, se llevan lo que se llevan sin control alguno del llamado Estado, con lo cual lo único que vale es su declaración. El Estado no ha podido controlar siquiera escapes de agua cianurada como ocurrió en Jáchal el año pasado.
Lilita sin cianuro
Este lunes se oficializó vía Boletín Oficial el anuncio de la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras que el presidente Mauricio Macri había anunciado el viernes. Una de las funcionarias presentes durante ese acto fue la propia gobernadora de Catamarca, la kirchnerista Lucía Corpacci, lo cual demuestra que en estos asuntos no existe la fantasmal grieta.
Se calcula que la medida implica una transferencia de 3300 millones de pesos del Estado a las corporaciones multinacionales del sector.
La acción despertó críticas hasta dentro de las propias filas de la alianza Cambiemos con un duro comunicado de la Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza. Téngase en cuenta que desde el punto de vita de Cambiemos, la señora Carrió viene a ser algo así como la madre de la criatura. Aunque en este tema parece haber optado por no comer vidrio.
“Significa la entrega de recursos públicos en favor de empresas  (en su mayoría multinacionales), con rentabilidad superlativa en los últimos años. Tengamos en cuenta que en nuestro país operan en dicha actividad más de 50 megaempresas internacionales y sólo un puñado de empresas nacionales”, asegura el texto firmado por Carrió, las diputadas Alicia Terada, Leonor Martínez Villada, los diputados Fernando Sánchez y Rubén Manzi (por Catamarca) y la directora de ACUMAR Fernanda Reyes. “A una actividad con baja capacidad de generación de puestos de trabajo y alto impacto ambiental, no se la puede beneficiar de manera privilegiada con medidas que impliquen transferencias de recursos del conjunto de la sociedad, ocasionando un costo fiscal considerable”.
La envidia de todo comerciante
«Hoy la actividad minera cuenta con un régimen tributario especial que contiene excepciones en los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, al valor agregado, al cheque, a los derechos de importación y exportación, régimen de estabilidad fiscal y un compromiso federal que garantiza la no imposición de gravámenes y tasas municipales ni impuesto a los sellos provinciales”, grafica el comunicado de Carrió, que describe a la minería como «la envidia de todo comerciante, industrial y prestador de servicio en nuestro país».
Ni el patio de mi casa
El comunicado recuerda que la actividad minera es, desde la ley de Inversiones Mineras menemista (24.296), “una de las actividades productivas más beneficiadas por las leyes nacionales, situación que se ha consolidado a lo largo de la gestión kirchnerista”.
El texto cierra así: “Un país que cuida su presente y piensa su futuro pone como prioridad la agenda ambiental, no la rentabilidad de unos pocos. Por lo tanto la defensa del interés general no debe ceder ante las presiones sectoriales, como lo es el lobby minero”.
¿Qué lectura hace Rosa Farías? “El Gobierno sigue como si no existiéramos. El ninguneo lo sentimos siempre. Pero ya no nos importa. Porque solamente confiamos en los pies que caminan. No hay otra lectura. Lo que hicieron en ese acto es un paso más en la entrega de este país. No nos tomó por sorpresa. Sí manifiesto como repudio el simbolismo con que las autoridades actúan”.
¿A qué se refiere? “Me dolió más escuchar al Presidente y a todos los gobernadores cordilleranos informar sobre la quita de las retenciones con la Cordillera atrás. Eso sí: es un cachetazo a la dignidad de los pueblos. No le daría jamás a ningún político para que me cuide la Cordillera. Nunca. No le daría ni el patio de mi casa”.
Menemismo + kirchnerismo + macrismo
La Asamblea No a la Mina de Esquel (Chubut) también repudió la quita de retenciones a través de un comunicado. Afirman que el decreto:

  • “Profundiza el proceso de saqueo y contaminación iniciado y avalado por la Ley de Inversiones Mineras de la era menemista y sucesivas normas sancionadas durante el gobierno kirchnerista y favorece pura y exclusivamente a las corporaciones mineras y los sectores de poder económico concentrado.
  • Ignora las probanzas científicas y fácticas sobre la incompatibilidad de la explotación minera y el cuidado del medio ambiente.
  • Atenta contra la salud y la vida de las poblaciones directamente e indirectamente afectadas por las explotaciones mineras.
  • Vulnera los derechos de la naturaleza y los derechos humanos de todos los habitantes del país.
  • Desconoce las luchas ciudadanas que las comunidades cordilleranas desplegamos desde hace años”.

Responsabilidad Social & Empresaria
La Asamblea El Algarrobo lleva años de una lucha intensa: todos los sábados hay marcha. “La movilización es constante”, apunta Alejandro. Rosa: “La Asamblea está ubicada lejos de la comunidad, pero en las marchas nos vemos las caras.  Llueve o truene, nosotros caminamos. A veces no hemos tenido luz y hemos salido hasta con antorchas. Es una ceremonia en la plaza del pueblo”.
¿Cómo está la situación en Andalgalá? Rosa: “La Yamana está muy desmerecida. Tiene oficinas, policías, alguna gente que cuida el cerro, el famoso verso de la Responsabilidad Social Empresaria, pero va decayendo. Ya no tiene plata: hace 9 años que no puede ingresar. Y sobre la división que generó en la comunidad este tema, puedo decir que el resquebrajamiento social lo hemos ido subsanando. Porque a los velorios vamos todos juntos y al baile, también. Convivimos, pero uno de los orgullos que me dejó la lucha de la Asamblea es el nivel de conciencia que hay en Andalgalá”.
Dato: Andalgalá, siendo que además de Agua Rica tiene el proyecto Bajo Alumbrera desde hace 17 años, sigue siendo el departamento más pobre y con más desocupación de Catamarca, una de las provincias que –pese a esa supuesta inversión- sigue siendo de las más pobres del país.
Alejandro: “Hasta nos quisieron correr los límites de los mapas locales escolares para sacar a las zonas de conflicto social. Los mapas decían: ´límites sin definir´. Es de no creer. Pero una que tenemos a favor es que el pueblo es creativo: las corporaciones no. Hemos llegado a cosas inesperadas. Lo sabemos: la lucha es difícil, pero la gente va tomando conciencia muy fuerte, de a poco. Y hoy estamos acá esperando la resolución del dictamen. Si no creyéramos que se puede no estaríamos acá”.

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Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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(Desde Mar del Plata) La familia de la adolescente asesinada en 2016 logró que se concrete este nuevo y acaso histórico juicio que tratará de responder aquello que no indagó ni respondió el proceso realizado en 2018, que fue anulado por su parcialidad y prejuicios: ¿Quiénes mataron a Lucía Pérez? En la foto, Matías (hermano) junto a Marta y Guillermo, los padres de la niña asesinada cuando tenía 16 años. La primera jornada será acompañada por una movilización en las calles marplatenses, donde se proyectarán las imágenes de la apertura en directo desde la sala de audiencias. Detalles y datos sobre lo que se viene.   

A 2.313 jornadas del crimen, llegó el día.

El nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016, comenzará este martes 7 a las 9 de la mañana y continuará al menos durante todo el mes de febrero, de 9 a 14 horas, los días hábiles. Se espera que finalice el 1º de marzo aunque todo, tanto los horarios como las jornadas, pueden demorarse. Lo crucial es otra cosa: la búsqueda de justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y tiene como imputados a Matías Gabriel Farías (29 años actualmente) y Juan Pablo Offidani (47). La Unidad Fiscal que lleva adelante el proceso es la N° 7 de Mar del Plata.

Aspecto hoy, desde la puerta, de la sala de audiencias. Al fondo se sentarán los jueces, en el sillón del medio cada persona que testifique. De un lado, fiscal y abogados de la familia. Del otro, abogados de los acusados. La carátula de la causa: abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio (fotos: Lina Etchesuri).
La vista de la sala desde el otro lado: en ese espacio se desarrollarán las audiencias encabezadas por los jueces Fissore, Falcone y Simaz (Fotos: Lina Etchesuri).

Las audiencias transcurrirán en el 6º piso de los Tribunales marplatenses. Allí se sentarán los jueces Gustavo Raúl Fissore (presidente del tribunal), Roberto Falcone, y Alexis Simaz. La querella estará representada por el fiscal Leandro Arévalo y por Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de la familia. El Tribunal autorizó el pedido de los imputados Farías y Offidiani de no estar presentes. Asistirán al proceso vía Zoom desde el penal donde cumplen condena a 8 años de prisión por tenencia de drogas con intención de venta, cargo que se les imputó en el anterior juicio (celebrado hace 4 años y 2 meses) en el que el femicidio de Lucía quedó impune. La anulación de ese fallo fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos. El juez Carlos Natiello planteó por ejemplo que aquella sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”, por lo que califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”. (Por ese fallo los anteriores jueces serán sometidos por el parlamento bonaerense a otro proceso, un juicio político o jury, durante el mes de marzo).

Lo que pasará

En el inicio del este nuevo juicio estarán presentes en la sala del tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

El Tribunal autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense (https://www.youtube.com/c/SupremaCortedeJusticiaProvinciadeBuenosAires?app=desktop) las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto. Pero no las jornadas de declaración de testigos.

Mientras en el 6º piso de Tribunales se desarrollen las audiencias, en el 2º se dispuso una sala donde se emitirá por videoconferencia el juicio completo para un grupo compuesto por: los amicus curiae de la acusación, dos familiares de cada uno de los acusados y cinco de la familia de Lucía (padres y madres de otras víctimas de femicidios), y tan solo seis periodistas de medios gráficos. Al inicio camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes en la sala del 6° piso.

Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, que intervendrán este martes en la primera jornada del nuevo juicio. (Fotos: Lina Etchesuri).

En la calle

Durante la jornada de mañana, desde las 9:30, declarará la familia de Lucía Pérez: Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez, madre, padre y hermano respectivamente. Hasta el 14 de febrero se presentarán los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Se espera que brinden su testimonio, en total, 49 personas.

En la puerta de los Tribunales habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas acompañando a la familia. La Campaña Nacional Somos Lucía, a su vez, llevará adelante una serie de actividades frente al Tribunal durante todo el mes, que abrirán mañana con el siguiente programa:

·         8:45: saludo de la familia de Lucía Pérez

·         9:00 apertura del acto.

·         9:15 canto colectivo.

·         9:30 proyección del inicio de la audiencia.

·         12:15 habla nuevamente la familia.

·         Talleres de serigrafía y estampado

·         Radio abierta con organizaciones sociales y personalidades.

Marta Montero, preparando stencils: los ojos de Lucía como símbolo del reclamo de justicia.

Más info:

¿Por qué se celebra un nuevo juicio? ¿A quién se juzga?

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿Qué son los femicidios territoriales?

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El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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