Nota
El CEO de los derechos humanos (2da parte)
Segunda parte de la investigación sobre Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, como parte de la tarea propuesta por el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo (CPIa)creado para profundizar las revelaciones de los Panamá Papers, tan manipuladas por la prensa comercial. MU y Tiempo Argentino decidieron investigar la lista de funcionarios que poseen cuentas en paraísos fiscales. En total son 14. Claudio Avruj es el primer capítulo. El diario Tiempo publicó una investigación sobre sus empresas, en tanto MU, en su edición de este mes, publica este perfil de sus relaciones políticas y reportaje.
A la semana de asumir, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, citó a todo el plantel en el predio de la Ex ESMA, donde tiene su oficina. De un total de 1.200 empleados fueron apenas 100. Ante el auditorio diezmado, formuló sus primeras definiciones: “Voy a seguir con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. Quienes ya lo conocían por su gestión como subsecretario de derechos humanos en Ciudad o cuando fue representante de la DAIA, advirtieron entonces que Avruj suele acomodarse en el trecho que cava entre los dichos y los hechos. Licenciado en organización institucional por la Universidad Bar Ilan, su fuerte es mantener un trato amable con los más variados actores sociales y utilizar la técnica que le ha enseñado su coach personal: escuchar.
Buenos muchachos
Claudio Bernardo Avruj se hizo conocido como encargado de las relaciones institucionales de la DAIA durante la dirección de Rubén Beraja, en pleno atentado a la AMIA. Si bien no está claro si Avruj fue la mano derecha o la izquierda de Beraja -quien está imputado por haber pagado dinero para desviar la investigación- fue su sombra.
Avruj fue director ejecutivo de la DAIA entre 1997 y 2007, época en que su director adjunto era Alfredo Neuberger, quien aparece mencionado en los Wikileaks por sus informes a la Embajada de los Estados Unidos. Neuberger, además, fue asesor de Enrique Mathov, secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, quien fue recientemente condenado por la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001.
Guillermo Yanco, marido de Patricia Bullrich, es otro nombre asociado a Avruj. Yanco es presidente del Instituto de Estudios Argentinos (Idear), una de las usinas de pensamiento Pro, y comparte con la productora de la familia Avruj un programa televisivo sobre la colectividad judía llamada Vis-A-Vis. Según revela Tiempo Argentino en su investigación conjunta con MU, Vis-A-Vis recibió pauta del gobierno de la Ciudad en 2014, cuando Avruj ya era funcionario del gobierno porteño.
Otro nombre más polémico: Jorge El Fino Palacios, a quien Avruj conoce desde su gestión en la DAIA. Según el periodista Jorge Elbaum, Avruj fue uno de los impulsores del premio que se le entregó al comisario Palacios “por su compromiso en la Causa AMIA”, antes de ser acusado de encubrimiento. Distintas fuentes coinciden, además, que fue Avruj quien se lo presentó a Macri para su nominación como jefe de la Policía Metropolitana.
Sin embargo, cuando el 26 de octubre de 2010 declaró ante la comisión investigadora especial sobre las escuchas ilegales de Palacios, Avruj precisó que lo había recomendado el ex embajador de Israel, Rafael Eldad y que había compartido varios eventos sociales con el comisario, a quien describió como alguien “muy apreciado por la comunidad judía”.
El elegido
José Schulman, titular de la Liga por los Derechos del Hombre, lo define de esta manera: “Es un cuadro de la derecha del siglo 21, no del siglo 18”.
Schulman, como parte de la colectividad, enmarca a Avruj dentro del sionismo: “Ni siquiera tiene una onegé trucha como (la vicepresidenta Gabriela) Michetti, que practica la compasión. Avruj es otra cosa: es parte del sionismo mundial que crea fundaciones para recaudar fondos”. Así interpreta la sociedad que se le descrubrió en pleno Panamá Papers: Kalushy, creada el 27 de julio 1992, cuando Avruj era director de la organización judía B’nai B’rith, orientada a la asistencia social. Avruj vivió en Venezuela y Panamá cuando formó parte del staff directivo de esa organización.
En la sociedad Kalushy también figura su esposa, Elisa Alfie.
La feria de los derechos
En 2007, Avruj deja la dirección ejecutiva de la DAIA y asume como director de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad. Elbaum asegura que luego una comisión investigadora revisó su gestión económica, en particular los precios de la edición de materiales gráficos.
En 2011 asume como subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad. Su gestión se caracterizó por la disolución del área de violencia de género y el vaciamiento de recursos destinados al Parque de la Memoria, espacio que tras la visita del presidente Obama se convirtió en la imagen principal del portal de la Secretaría que ahora dirige.
Otra característica de su gestión porteña fueron las ferias destinadas a colectividades, cuyo hit fue la gastronómica Buenos Aires Celebra. Gabriela Alegre, ex legisladora del Frente Para la Victoria, ocupó el mismo cargo que Avruj en la subsecretaría porteña. Dice: “No está mal promover la diversidad cultural de todas las colectividades, pero es un negocio donde lo único que hacen es vender. Es la lógica PRO: promover negocios privados a costa del Estado”.
Schulman analiza otra variable: “Es una política doble, hipócrita. Por un lado se fomenta celebrar la diversidad cultural, al tiempo que se convive con talleres textiles clandestinos y de discriminación hacia los migrantes latinoamericanos”.
Además de los contratos nunca transparentados sobre los empresarios que accedían a los puestos de Buenos Aires Celebra, estas fuentes señalan que las impresiones destinadas a este tipo de eventos “se las daban todas a la imprenta de Marcelo Glasman”. Glasman es propietario de la imprenta Mimeográfica S.A., además de prosecretario del Museo del Holocausto, del cual Avruj es presidente honorario.
Avruj asumió esa presidencia siendo subsecretario de Derechos Humanos, y la mantiene hasta hoy. Ahora sumó otro cargo: se nombró a sí mismo presidente del instituto de Derechos Humanos de la UNESCO.
En el pliegue de ese perfil internacional y la atención doméstica de los derechos humanos, Avruj juega un rol clave: “Cuando entienden que van a tener una política abierta hacia el mundo y que en ese mundo los derechos humanos gozan de un consenso muy fuerte, se dan cuenta -sobre todo con la primera visita de Hollande (presidente de Francia)-, que no pueden ningunear a los organismos porque tienen un peso específico en la imagen internacional de Argentina. En ese sentido entienden el rol de la Secretaría, en función de los negocios que pretenden y la plata que necesitan que venga. La ambición es la de crear a un tipo con prestigio en organismos internacionales. El más consciente de eso es Avruj y Macri lo está aprendiendo”, interpreta Schulman.
Sigue Schulman: “Y hay otra cosa que Macri está aprendiendo: no es fácil arremeter contra el movimiento de derechos humanos. Le volteamos a Lopérfido, le frenamos la libertad de Etchecolatz, evitamos que venga Obama a la ESMA, y ahora estamos peleándola para que aceleren los juicios”.
En cuanto a los organismos de derechos humanos, Gabriela Alegre distingue un trato distinto hacia Madres y Abuelas y otro, hacia HIJOS: “Intentan hacer quedar a HIJOS como violentos, como cuando los asociaron con las piedras que le tiraron a Macri en Mar del Plata”. Schulman razona por qué: “Por dos razones: porque los HIJOS ya plantearon la diferencia entre la ley y la legitimidad y porque si hay un genocida libre van a ir a escracharlo. Y por algo más pragmático: a diferencia de nosotros, que tenemos 70 y pico de años, ellos tienen 35. Se las van a tener que ver con HIJOS por los próximos 50 años”.
Genocidas go home
Avruj vive a tres cuadras de la ex Esma. Desde el primer día llega puntual a su oficina y cumple riguroso horario. Según trabajadores despedidos, su trato al comienzo fue amable: “Nos saludaba con un beso cada mañana”. Luego, llegaron las rispideces. “Lo primero que hicieron es pedirle al jefe de logística que guardase un ejemplar de cada libro y folleto que sacó la Secretaría los últimos 13 años, que habíamos hecho nosotros. Y ordenaron tirar todo el resto”. Primero, cuentan, querían quemarlos. Luego aceptaron venderlos como papel.
Entre los hombres clave en el manejo de la Secretaria, los trabajadores distinguen a uno del ámbito empresarial, que ubican en una oficina especial: El Hombre del Cubículo. Luego, señalan al director de prensa, Hernán Bubu Arbinder.
Arbinder fue el encargado de comunicar a los empleados la nueva línea: “Queremos cosas que alegren a los argentinos, nos decía”. Lo concreto es que la agenda fijada en Ciudad se trasladó a Nación: pueblos originarios, diversidad sexual, comunidades. Para estas actividades, “la agenda de contactos que utiliza es la misma de la Ciudad”, aseguran quienes estuvieron en la organización de algunos eventos.
Otro de los ejemplos que ilustran los nuevos aires de la Secretaría llegó cuando Avruj debió expedirse sobre la prisión domiciliaria a los genocidas. En el blog Pacificación Nacional Definitiva se puede escuchar el audio en el cual Alejandro Patrón Costa (h) relata la reunión que mantuvieron con Avruj los defensores de los genocidas presos.
Los planteos:
- Que la Secretaría deje de ser querellante en las causas por delitos de lesa humanidad. La respuesta de Avruj: no.
- Otro: que no sean llamados “delitos de lesa humanidad”. La respuesta de Avruj: “Para él está bien llamarlos así”, lamenta Patrón Costas (h).
- Finalmente, plantearon el tema de las prisiones domiciliarias. “Avruj nos dijo que ese era el camino: movilizar denuncias sobre la situación de los presos, por cada caso en particular”.
El relato de Patrón Costas coincide con lo que cuenta un empleado de la oficina de prensa: El Hombre del Cubículo le pidió que escribiera una editorial política que sería firmada por el secretario. “Me dice: ‘Poné que están muy viejos, enfermos y que en algunos casos se pelean con sus compañeros de celda. Decí que ante esos casos, aceptaría la domiciliria’”.
El joven, que venía de la anterior gestión, se negó.
El Hombre del Cubículo le dijo entonces: “Dejá, se lo pido a otro”.
En marzo el diario La Nación –entusiasta defensor de genocidas- publicó un reportaje en la cual Avruj expone estos conceptos.
Medios, adentro
Dirigido por Bubu Arbinder, el esquema de la Secretaría incluyó la creación de un nuevo cargo: la subdirección de prensa, ocupada por Roberto Bobby Menna.
Bobby, a diferencia de Bubu, viene de la tevé y según los ex trabajadores, “tiene todos los contactos con los medios”. Además, en la dirección de prensa fue contratada la joven novia de un famoso productor de radio Metro, “con los contactos del ámbito radial”. Y también, un joven panelista del noticiero de las 18 horas del Canal 26. “Metieron mucha gente vinculada a medios, con muchos contactos: ahí tenés no solo una política de cara a los medios, sino los medios adentro”.
Aportan una anécdota para resumir qué rol juega Avruj y su Secretaría dentro de la geopolítica comunicacional de Cambiemos:
- Lo que van diciendo es un grupo de Whatsapp que enlaza a los principales funcionarios del gobierno nacional con Marcos Peña y su equipo de comunicación.
- A fines de enero llegó a esa lista el mensaje de que Darío Lopérfido, por entonces Ministro de Cultura porteño, había relativizado el número de desaparecidos.
- Luego, desfilaron los mensajes del sistema de monitoreo de redes sociales que evaluaban las reacciones que habían cosechado las opiniones de Lopérfido.
- Por último, llegó la orden de Marcos Peña para neutralizarlo. “Primero que salga Avruj”.
Y Avruj salió.
En primera persona
Estamos en la Esma, que aún impone su pasado siniestro a pesar del Ex. Nos recibe Bobby Menna, quien se esfuerza por hacernos sentir como en casa. El nombre (en rigor es Roberto) y la cara recuerdan a un zapping televisivo, que luego sintoniza: Bobby condujo junto a Jésica Cirio el programa Impacto 9.
Una secretaria ofrece algo de tomar y en tiempo récord llega una moza con agua y café. En las paredes de la sala de espera cuelgan sólo dos cuadros con dibujos: uno de las Madres de Plaza de Mayo; otro de un chupete colgando de una celda. Dentro del despacho del secretario Claudio Avruj, la decoración cambia: sobresalen tres cuadros, cada uno de una colectividad distinta: afro, musulmana y judía. Sobre el escritorio, fotos familiares y en un rincón, fotos con el Papa y Obama. Y encima del sillón donde transcurrirá la entrevista, el retrato de Mauricio Macri con la banda presidencial.
Bobby se quedará durante toda la charla; luego, se sumará Bubu.
A diferencia de Bobby, Bubu no es conocido por su trabajo en los medios, que hasta el día de hoy mantiene: a pesar de su función ministerial, sigue trabajando como productor del periodista de Radio Mitre, Marcelo Longobardi.
En ese marco, Avruj comienza delineando los principales ejes de su política, que define como alineada “con lo que propone Naciones Unidas”. Resalta: “Obviamente un eje importantísimo es Memoria, Verdad y Justicia como política de Estado, pero nosotros detectamos muchísimas ausencias del Estado a nivel federal en materia de derechos humanos. Un eje principal para nosotros es pueblos originarios. El segundo eje es la diversidad sexual. Si bien nosotros reconocemos que durante estos últimos 25 años hubo un despliegue de derechos en cuanto a la diversidad sexual, sin lugar a dudas, hay una brecha muy grande entre lo legal y lo real. Y cuando recorrés el país -ni hablar del GBA- no se despliegan los derechos como en la Capital Federal. Esto lo hemos visto en Salta, donde recién están discutiendo la posibilidad de una zona roja para que la población trans pueda ejercer desgraciadamente la prostitución sin ser avasallados por la policía».
¿La zona roja es la mejor solución para la explotación sexual?
La zona roja no es la mejor solución, porque sabemos que detrás de la prostitución están los que hacen negocios, está la droga y un montón… Pero no podemos prescindir de que la gente que tiene que llegar a esa situación vea sus derechos humanos permanentemente avasallados por la Policía Federal, con complicidad del Estado.
En Salta, justamente, ya se realizaron 503 marchas contra la violencia institucional …
Era el otro foco que iba a mencionar: el tema de la violencia institucional. Es de los problemas más graves del Estado. En Argentina tenés policías muy violentos en todo el país, muy violentos. Ni hablar que todos sabemos qué poder tienen las policías locales. Es un país en el cual hoy la tortura existe en las prisiones: esto lo sabemos. Es un problema muy serio, heredado desde principios de la historia, pero al cual la democracia no pudo darle solución. Pero siguiendo en orden, el tercer eje novedoso que trajimos acá es el tema de la división nacional de multiculturalismo y pluralismo cultural. Yo lo instalé en Ciudad, esto fue muy bien visto por Naciones Unidas y por distintos organismos internacionales como algo novedoso. Porque cuando uno mira colectividades, no es el folklore. Es eso, pero además son las redes de contención que crean las comunidades: todas tienen cementerios, escuelas, iglesias centros deportivos, centros de asistencia social, hogares para ancianos, lo que quieras. El valor que eso tiene como sostén de acompañamiento del Estado es fantástico. Entonces, hay que potenciar.
Sobre el tema de las comunidades hay un caso aberrante: el asesinato de Massar Ba, un referente de los derechos senegaleses que murió a patadas en plena calle de San Telmo.
Sí, claro, el senegalés. Nosotros intervinimos ahí. Estamos en contacto permanente con la comunidad senegalesa, con la cual yo tengo muchos vínculos desde la Ciudad.
¿La secretaría va a constituirse como querellante en la causa?
Ahí estamos trabajando y definiendo… porque ahí tenés también un límite. Como secretaria de Derechos Humanos no podés ser querellante en todos los hechos individuales.
En este caso era un referente de los derechos humanos y hay presunciones de que el crimen involucra agentes del Estado, o que hubo una mala actuación policial
El Estado sí, es otra cosa. Porque si nos ponemos a ser querellantes por cualquiera, primero que no tengo la atribución. Todos los temas de contención, de apoyatura, eso se está haciendo. El proceso de querellante ya no me corresponde.
Sobre otro de los ejes: pueblos originarios. En Salta una niña wichi fue violada y el comportamiento de las instituciones del Estado constituyó una segunda violación…
Sí, sí, estuvimos, de hecho ahí intervinimos. Porque yo tengo mucho vínculo con Ubilla, el que levantó el tema, que es un legislador del FPV justamente. Estuve en Salta, ahí se instaló el tema fuertemente, ahí vamos acompañando también.
Otro caso de violencia institucional: Belén.
Ese tema, bueno, tenía muchísimas deficiencias todo el trabajo que habían hecho los médicos, y la justicia posteriormente. Por eso nosotros presentamos el informe que nos transmitía a Naciones Unidas y bueno, nos reunimos con todos los organismos de derechos humanos, con la abogada, y por suerte se logró la liberación.
Son 30 mil
Usted es presidente honorario del Museo del Holocausto y entendemos que gracias a esa labor es que, de alguna forma, está aquí. Por eso puede entender mejor que nadie que cuando un funcionario pone en duda la cifra de desaparecidos -y mucho más si se dice que es por plata o por susbsidios- está cometiendo algo más que un error. ¿Cuál es su interpretación?
Fui el primero que salió al cruce de las declaraciones de Darío (Lopérfido). Creo que no hay duda alguna. Lo digo como Estado y lo digo como persona: el número de 30 mil más que simbólico es emblemático. Tiene que ver con una lucha, un paradigma que se planteó desde los organismos de derechos humanos como búsqueda de democracia y de verdad y tras el cual toda la sociedad ase enarboló. Ese número no puede ser nunca motivo de discusión política ni ideológica. Eso es gravísimo, porque ¿qué vas a discutir? ¿La dimensión del horror? Si te digo que en vez de 30 mil fueron 25 mil, ¿qué estoy planteando? La minimización de lo que fue la tragedia del terrorismo de Estado: la ponés en duda. En todo caso, lo que sí corresponde es la discusión histórica y académica, pero por ahí no es el tiempo, esto vendrá más adelante. Pero nunca tiene que ser una discusión ideológica. Es cierto que la Conadep -un documento indiscutido por todo el mundo- tiene denuncias de 8.400 y pico. Que esas denuncias, a su vez, se nutren del primer archivo que hicieron los familiares: se juntan las que habían recibido la APDH, más las que habían recibido Familiares, eso se le da a Conadep y la Conadep aumenta. Entonces, ese número no es discutible.
Sobre todo porque, como usted repasa, las cifras y los aportes se hicieron siempre desde organizaciones de la sociedad civil y no desde el Estado
Es que siempre es así.
Al día de hoy existen hábeas corpus sin respuesta, por ejemplo el de Nora Cortiñas, que exige que el Estado le diga dónde está su hijo
Es lo que decimos siempre: los números siempre vienen desde las víctimas. Ahora, ¿qué pasa con todas esas familias que fueron diezmadas, que no quedó nadie? ¿Qué pasa con todas esas familias que se fueron al exilio o están acá y no denuncian? Pero está interpretado que vos tenés documentos donde los militares muchas veces dicen que “para terminar este problema necesitamos que mueran o desaparezcan miles”. Y hay documentos de ellos que dicen 17 mil, hay documentos de 22 mil… ¿Y si son 40 mil? Hagamos al revés: si a lo largo de los años se demuestra que fueron 52 mil. ¿Qué van a decir? “Che qué boludos: no sabían que no eran 30 mil, sino 52 mil?” ¿Y en qué cambió la cuestión de fondo? Por eso hay que ser muy respetuoso y serio y cuidadoso con los números.
Otra cuestións que exige respeto y cuidado son las prisiones domiciliarias de genocidas.
Hay dos dimensiones que hay que entenderlas muy bien. Una dimensión es lo emocional. Lo que representa un asesino – haya matado a uno o a diez, haya robado un bebé- para la inmensa mayoría de la sociedad. Ahora, como trabajadores y luchadores identificados con los derechos humanos sabemos que nuestra aspiración máxima es la justicia. Si Argentina tiene este plexo normativo en el que dice que a los 70 años el juez puede entregar la prisión domiciliaria, no es un tema de impunidad: es un cambio de lugar de cumplimiento de la sentencia. Eso también hay que dejar claro: no es una amnistía o un “ya está, terminaste”. No. Te cambian el lugar de prisión y ahí tiene, la policía o quien corresponda, que velar para que la justicia se cumpla. Ahora, si la ley es taxativa y dice: “a los 70 años, en situación de enfermedad y que no revista un peligro para la sociedad, el hombre es pasible de…”. Como organismo de derechos humanos, si eso es la ley, tenemos que ser los primeros en respetarla y no opinar desde lo político. Porque si no nos vamos a convertir en lo mismo que juzgamos. Acomodamos la justicia según nuestra opinión. Y ese es mi límite.
¿El caso Etchecolatz es un límite?
Ahí entra a jugar lo que representa. Nadie puede desconocer en este concierto lo que representa Etchecolatz para la sociedad, o Videla en su momento. Nadie lo puede desconocer. Pero ahí había otro límite. Lo que sí vimos es dónde se sostuvieron los jueces y pedimos en la causa que se revise la decisión. Pero no podemos apelar porque no estamos habilitados. La ley no lo permite. La ley te dice que una prisión domiciliaria la pide el detenido al juez que lo condena; y el único que puede apelar es el fiscal: la querella no.
Las posturas garantistas, el debido proceso y a la presunción de inocencia no están en cuestión. Son condenas firmes los casos de Etchecolatz, de Weber, de Menéndez …
Esos son los conocidos.
Y hay muchos desconocidos que preferiría saber quiénes son porque me los puedo encontrar en la panadería.
Para el familiar es el mundo, porque fue torturado. Para José Pérez, que nadie lo conoce, ese es el mundo.
¿Un mundo en el que Hitler puede ser tu vecino?
Ya que tocás el tema de los nazis: Priebke fue un asesino de las fosas en Italia, un capo SS, el tipo es responsable de haber matado 800 judíos. Vivió toda su vida como un gran hombre, fundador de escuelas, en Bariloche. Se lo detecta y se lo detiene en el 95. En el 96 logamos que se extradite. Llegó a Italia y murió en su casa, porque la ley le daba la domiciliaria. O sea, no es el primer caso. Hay que separar lo emocional de lo real. Y también creo que hay que desprejuiciar a la sociedad en esto de la impunidad. Porque ¿cuál fue el proceso histórico en estos últimos tres años de las domiciliarias? Hoy tenés dadas 465 domiciliarias a fecha de hoy. 441 se dieron hasta antes del 10 de diciembre. Con toda la oposición que yo puedo tener al gobierno anterior, nadie le va a decir “estuviste trabajando por la impunidad de los militares”. Nadie se lo permitiría. Entonces hay que empezar a desprejuiciarse. Si hablamos de derechos humanos lo mejor que nos puede pasar como sociedad es someternos a Derecho todos y cumplir la ley. Abramos la cabeza.
En el sentido de “desprejuiciar”, nosotros también le hicimos las preguntas que teníamos que hacerle a la anterior gestión. Una que se repite hoy, a 10 años de la segunda desaparición de Julio López. ¿Qué está haciendo el Estado para encontrarlo?
Te doy una primicia: hoy me siento con el ministro de Justicia para proponerle constituirnos como querellantes. Porque esa es una desaparición en democracia.
Otro de los temas que hablan de rupturas y continuidades con políticas anteriores: la búsqueda de los nietos, ¿qué recursos están destinados hoy?
Lo primero que hice cuando asumí: ratifiqué a Claudia Carlotto al frente de la Conadi. Y ratifiqué a Claudia Naftal en el Sitio. Abuelas permanentemente recibía subsidios y apoyo; lo que nosotros hicimos fue transparentarlo en un convenio y no que queden acuerdos de un funcionario de turno con Estela. Hay que decir la verdad: Estela liquidaba hasta el último papelito del gasto, no hay nada que la enturbie ni nada por el estilo. Pero tener un convenio, al Estado lo tranquiliza.
Panamá y después
Una consulta sobre su situación patrimonial: la sociedad en Panamá. Usted dio una explicación que luego fue desmentida. ¿Cuál es su versión final?
Hubieron dos mails de B’nai B’rith internacional a Página 12 y ellos tomaron el primero y no el segundo, que era el completo. No aparezco en los Panamá Papers.
Aparece en el registro público de Panamá…
¿Por qué aparezco en el registro? Porque viví en Panamá. No era una cuenta offshore. ¿Por qué tenía una empresa? Porque yo era el director de B’nai B’rith en Argentina. Para que entiendan me tomo un minuto: la B’nai B’rith internacional se organiza en distritos. Un distrito es Chile, Argentina, Uruguay Paraguay. Otro es Brasil. Y otro es el Caribe. Yo era director del Caribe, que abarca México, Venezuela, Guatemala, Curacao y Panamá. Los presidentes de esos distritos se eligen cada dos años y van rotando. Legalmente, lo que está inscripta es la B’nai B’rith local, no el distrito. Es como si fuese una franquicia que le da la marca internacional. Ahora, yo estaba en Venezuela dirigiendo. Para que pueda vivir en Panamá había tres formas, que son las que se siguen manteniendo hasta hoy: o sos inversionista y yo no tenía un mango para hacerlo; o tenés un contrato, que el distrito no me lo podía dar porque no estaba legalmente registrado; y otra es tener una empresa. El presidente electo decide que lo mejor era armar una empresa, a tal punto que se pone como secretario general. Y eso fue lo que me permitió tener un contrato de alquiler, abrir una cuenta bancaria para cobrar el sueldo, comprarme el auto y cuando me fui, me fui. Esa es la verdad de la historia.
Por último ¿sobre los dichos del Presidente sobre la dictadura tiene algo que decir?
Lo que sí puedo garantizar es que el Presidente cuando dijo “esto no voy a debatirlo” tiene que ver con lo que estoy planteando: no es un tema de debate, muchachos. Lo mismo cuando habló de la “guerra sucia”: está claro que estaba hablando del sistema que instaló la dictadura. Y en esa dirección estamos trabajando. Y una cosa más: el hecho de estar en el mismo espacio político no es garantía para que avalemos todo lo que cualquiera diga. Lamentablemente, en el gobierno anterior nadie cuestionaba. Yo salí a cuestionar al intendente de General Alvear, en pleno romance con Urtubey me metí en Salta con el quilombo, con Lopérfido me metí yo. Que seamos del mismo espacio es bueno para festejar una elección. Voto un proyecto común, pero desde mí no te va a dar para que te acompañe en todo.
Primer capítulo
Esta investigación forma parte de la tarea propuesta por el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo (CPIa) que nació ante la necesidad de profundizar las revelaciones de los Panamá Papers, tan manipulados por los medios comerciales. El CPIa fue creado por lavaca, y su dirección periodística está a cargo de la revista MU, el diario Tiempo Argentino y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM). Ya hay 10 carreras trabajando en la base de datos de Panamá Papers. Por otra parte, MU y Tiempo Argentino decidieron relevar la lista de funcionarios que poseen cuentas en paraísos fiscales. En total son 14. Claudio Avruj es el primer capítulo. En MU se publica un perfil y reportaje, en tanto Tiempo Argentino investiga su empresa.
Nota
Lucía Pérez: dos responsables del femicidio y una perpetua

El segundo juicio por el caso de Lucía Pérez confirmó que la menor (16 años) fue víctima de un femicidio en octubre de 2016. El fallo de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Roberto Falcone Alexis Semaz, y Gustavo Fissore, leído por este último lo decribe así: “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio” por lo que dictaminó la perpetua para Matías Farías.
La sentencia llegó 44 días después de iniciado este nuevo proceso. Los padres de Lucía, al salir, plantearon que seguirán impulsando la perpetua para Juan Pablo Offidani. En su caso, estos 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo” le significan 15 años de prisión.
Marta Montero, la madre de Lucía, dijo en la calle, rodeada de mujeres: “Yo les puedo asegurar que con esta perpetua que conseguimos todo cambió”. Sus referencia a los narcos, las fake news y lo que llamó “perversión” en sectores académicos y mediáticos.

(Desde Mar del Plata)
Miles de mujeres en la calle miraban con ansiedad en sus celulares el streaming de la sentencia, y escucharon en silencio cuando el juez Gustavo Fissori leyó: “Se resuelve condenar a Matías Gabriel Farías por ser autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexcual con acceso carnal agravado, con el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida en concurso ideal con femicidio (…) ocurrido el 8 de octubre del 2016 en la ciudad de Mar del Plata, del que resultó víctima Lucía Pérez Montero, e imponerle la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso”. La calle fue una ovación, un desahogo hecho de lágrimas y abrazos, y la confirmación de la legitimidad de un recamo de justicia.
Un día antes del 24 de marzo empezó a escucharse la consigna que armoniza también con las luchas de las mujeres: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.
La sentencia consideró luego a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del mismo delito, por lo cual se le impusieron 8 años de prisión. El juez Fissori aclaró que por lo tanto se impone a Offidani la pena de 15 años, al unificarse la presente condena con la del juicio anterior (2018) en el que junto con Farías había sido condenado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”.
Pocos minutos después, al culminar la lectura del fallo, bajó de la sala Guillermo Pérez, el padre de Lucía y dijo en medio de la multitud: “Es injusta la pena de Offidani. Vamos a apelar para que tenga perpetua, lo que le corresponde. Pueden comprar voluntades donde quieran, pero a nosotros no nos va a comprar nadie: van a tener que pagar lo que tengan que pagar. Son cul-pa-bles. Y no pueden tener ningún privilegio. Ahora vamos por Offidani”.

La voz de Marta
Cuando llegó Marta desde la sala las lágrimas y los abrazos se multiplicaron al infinito.
Dijo Marta:
“Yo no les puedo decir lo que les agradezco a todos por habernos acompañado, aguantado, bajo el agua, el viento, lo que miércoles fuese. Pero estábamos juntos. A veces menos, a veces más, pero es importante estar unidos y seguir una lucha. Si estamos solos, separados, como cuando nos dicen muchas veces ‘no hagan eso, no hagan lo otro’…. No. Decimos que hay que hacer estrategias como lo hemos hecho. Porque si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos hoy Lucía no tendría justicia”.
“Y les puedo asegurar que con esta perpetua que conseguimos para Farías hoy todo cambió. Porque hasta ayer no sabíamos si hoy se iba a hacer o no esta audiencia. No sabíamos si esta sentencia se iba a dar”.
Luego, conmovida, agregó:
“Pero ¿Por qué cambió para nosotros? Porque ahora ningún narco, ningún dealer, le va a romper el culo a ninguna piba más como se lo hicieron a Lucía”.
“A Lucía la destrozaron, a Lucía la destruyeron internamente, la violaron hasta 15 minutos antes de su muerte. La violaron hasta que su cuerpo terminó muriéndose. ¿Por qué lo decimos? Hay internamente nódulos, células que se rompen y hematomas que quedan ahí. Pero tenías que escuchar una defensa que decía “todas las mujeres somos violadas”. Yo estoy casada, estuve siempre con el mismo hombre, nadie me violó ni fui lastimada”.
“¿De donde sale esa perversión, que nos quiere hacer creer también un grupo de gente que se creen que porque le pagan a unas antropólogas y vienen a hablar pelotudeces, y sacan en una revista Fem disparates? ¿Nosotros tenemos que creer esos disparates?

Las fake news del caso Lucía
Marta continuó profundizando su mirada sobre estos días.
“Mujeres: estuve todos los días del juicio, el que lo pudo ver sabe de qué hablamos, qué es lo que le hicieron a Lucía. Ahora esta gente, estas feministas, estas antropólogas que dicen ser, académicas… Claro, nosotras somos las brutas, las de la calle. Por intuición vamos viendo lo que hicieron y lo que no hicieron, y también vamos deduciendo. Pero no somos ningunas ignorantes, ni van a venir a vendernos pescado podrido como esta gente quiso hacerlo”.
“Vieron las fake news que están tan de moda? Algunos no sabemos ni qué diablos es eso. Yo ni sabía ni me importaba cuando escuchaba esa palabra. Pero esa palabra es eso: armar un discurso, venderlo, que la gente compre ese discurso, y que la gente crea que a Lucía no le pasó nada”.
“Y que fue Lucía con su consentimiento y les dijo ‘cójanme hasta matarme’. Eso nos quisieron hacer creer esas dos mujeres, perversas como si las hay, eso es una perversión. Lucía era una criatura de 16 años, jamás hubiese dado un consentimiento. Un menor, con lo que significa un adulto, ¿hasta donde tiene el dominio ese adulto de ese menor? Y todo el fin de semana se ocuparon de mandar a los medios que Lucía había consentido su propia muerte. A Lucía no la mató nadie. Cuando escuchábamos eso, cuando leíamos eso, no podíamos creer que mujeres llamada feministas actúen de esa manera. Todas tenemos que decir y saber quiénes son. Porque si no parece que una está loca y habla cualquier pelotudez que se le ocurre”.
“Y lo que le pasó a Lucía es lo que hacen con todas las pibas. Estos jueces gracias a Dios tuvieron esa certeza de poder leer todo, ver todo lo que le hicieron a Lucía, lo que tanto la querella como el fiscal mostraron, la cantidad de pruebas… Que hayan podido ver eso, y darse cuenta de la realidad que quisieron ocultar en el juicio anterior: que esto era un femicidio”.

Un día de justicia
Dijo también Marta: “Cuando hablamos de Farías, hablamos de Offidani. La diferencia es que uno tiene el poder. Los dos son culpables. Offidani no tiene derecho a tener esa condena. Lo vamos a apelar y vamos a llevarlo a la perpetua que tiene que ir”.
A la salida habló también Eduardo Carnicero, que siguió el juicio en representación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires: “Por un lado entendemos que es un antes y un después. Está bueno que se aplica la figura que solicitó la acusación. No pudimos ver los fundamentos todavía, pero sí tenemos la confirmación del delito. Sabemos que hay una pequeña disidencia entre los jueces en cuanto a la calificación, pero de hecho la pena es la misma. La condena se hace por mayoría por las dos figuras, eso es bueno”.
“Con respecto a Offidani se da esta situación de que el fiscal (Arévalo) pide la pena de 20 años porque es una participación secundaria. La querella se apartó de eso. Los jueces receptan lo que pide la fiscalía aplicando en la escala una pena inferior, para saber el por qué hay que ver los fundamentos”.
Entre los familares de otras víctimas se encontraba Gerardo Mellman, el papá de Natalia: “Es una lucha por la familia y por el movimiento feminista. En este nuevo juicio se ha mostrado la verdad. Lo importante: han tomado esta sentencia como una sentencia de femicidio. Está creando un precedente para miles de casos, sin ninguna duda”.
Cristina, la mamá de Eliana Gómez analizó así lo ocurrido: “Fue muy importante haber conseguido una perpetua. Deberíamos haber conseguido las dos, pero habrá que seguir luchando. Sin embargo, repito, lo de hoy fue muy importante, un alivio para la familia, por haber luchado tanto. También es una puerta para el jury también. El fallo sirve para lo que viene, todo lo que hacemos sirve, sea poquito o mucho lo que se logre, todo sirve. Juntarnos, marchar, acompañar a las familias. Y vamos a seguir por todas las familias que aún no tienen justicia”. Tal cual lo que dice Cristina, aun está pendiente el jury o juicio político a los jueces que llevaron adelante el primer proceso por este femicidio, con un fallo que tuvo que ser anulado por la Cámara de Casación por su parcialidad, prejuicio y misoginia, lo cual dio lugar a este segundo proceso.
Daniel, el papá de Cecilia Basaldúa: “Estamos luchando por lo mismo: que se castigue a los culpables y que no se tape nada. Que la justicia se dé cuenta que no estamos solos y que vamos a luchar siempre. La gente no está sola”.
Susana, la madre de Cecilia Basaldúa fue otra muestra de cómo sintieron el fallo las familias de otras víctimas: «Todos los casos de la muertes de nuestras hijas son de la misma manera. Están la policía, la fiscalía, los jueces. Nos alegra mucho ver en el caso de Lucía Pérez que hay dos jueces en el banquillo. Y además, con esta perpetua que se obtuvo, ahora vamos a seguir por Offidani. Sabemos que todos juntos somos la fuerza y vamos a seguir acompañando, como también nos acompañan con el caso de nuestra hija. Muchos años pasaron, parece eterno esto. Nos ponemos al lado de Marta y Guillermo y es una cruz bastante pesada la que tuvieron que cargar todos estos años. Queremos festejar con ellos este fallo. Y con esto, queremos que vayan saliendo todas las perpetuas, que el poder judicial vea que estamos todos unidos y que vamos a luchar siempre. Y que no le tenemos miedo».
Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Primero es importante para que Lucia pueda descansar en paz, y para que los padres sientan fuerza para seguir porque todavía falta. Y a nosotros nos marca un precedente para que la justicia no pueda defender más a los narcos, a los que tienen poder, a la misma justicia, a la policía, a los políticos… es importantísimo. Aparte Marta y Guillermo son un faro para nosotros. Marta tiene la fuerza de todos los mares juntos, nos la transmite a todos los demás. Nuestras hijas merecen justicia y descansar en paz”.
Marisa, la mamá de Luna Ortiz, sumó su sensación este jueves: “Hoy se pudo marcar un precedente, hoy es un día de felicidad para nosotros porque para estos femicidios en los que está entrelazado el narcotrafico nunca podíamos llegar a hacer justicia”.
En pocas palabras Marisa expresó lo que la calle estaba sintiendo: “Hoy llegó el día compañeras. Hoy llegó el día de justicia para Lucia”.


Nota
Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
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