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La revolución no será posteada

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Un estudio realizado en distintas partes del mundo relativiza el impacto político de las redes sociales, sobre todo en los lugares alejados de las ciudades. Y plantea que cuando los usuarios utilizan la política lo hacen más para crear un discurso común de frustración y desilusión, que para hacer la revolución. Por Nell Haynes, para Diagonal.

La revolución no será posteada
En pleno proceso de primarias en los partidos demócrata y republicano en Estados Unidos, no faltan comentarios políticos, artículos de análisis y, desde luego, memes humorísticos, en Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas digitales. Esta actividad en las redes sociales se da por todo el planeta. Desde los bolivianos que dan su #sí o #no a las fotos de Instagram con el fin de animar el voto sobre la limitación de mandato presidencial hasta los ugandeses que utilizaron redes encriptadas en las redes sociales prohibidas durante las elecciones presidenciales, la política en las redes sociales no se circunscribe a países como Gran Bretaña o Estados Unidos.
Sin embargo, la mayor parte de nuestros conocimientos sobre los efectos de las redes sociales en la política –y la política en las redes sociales– procede de lugares como Nueva York, Washington, Londres, Madrid, Santiago, La Paz y El Cairo. ¿Cuál podría ser la relación entre la política y las redes sociales en lugares más remotos donde falta una voz política propia o habitados por personas que ven la política como algo para ‘aquella gente que vive en las grandes ciudades’?
En un largo estudio realizado sobre las redes sociales en nueve ‘lugares remotos’, investigadores en ciencias sociales se plantearon la misma pregunta. El proyecto Why we post fue desarrollado por la University College of London (UCL). Se realizaron entrevistas y encuestas, se interactuó con los participantes digitalmente y se determinó que la política estaba presente de alguna manera en las redes sociales.
Sin embargo, los habitantes de estas ciudades no suelen considerar la movilización política como el uso principal de las redes sociales, ni piensan que la expresión de la política en las mismas afecte a su vida diaria. Lo que descubrieron los investigadores –en una ciudad minera del norte de Chile, en una ciudad obrera del noreste de Brasil, en una pequeña ciudad de Trinidad, en un pueblo inglés, en una pequeña ciudad del sur de Italia, en una ciudad mitad kurda mitad musulmana en el sureste de Turquía, en un centro industrial de Tecnología de la Información (T.I.) en la India, en un pueblo rural del norte de China y en una ciudad industrial del sur de China– es que la política es pienso para el entretenimiento humorístico en las redes sociales, no un mecanismo para la revolución política.
Esto contradice la vasta literatura sobre la influencia de internet en la política, empezando por su papel en los nuevos movimientos sociales de los años 90. A principios de siglo, esta literatura surgió con un evidente optimismo sobre el potencial de la gobernanza electrónica para puentear la brecha digital. Más tarde, la atención se centró en el papel de las plataformas web 2.0 y los contenidos generados por los usuarios y, más recientemente, en las consecuencias de la extensión del wifi y los medios móviles, tales como los teléfonos inteligentes, sobre todo en lo que se refiere a la organización de la actividad política colectiva. De alguna manera, el optimismo ha perdurado, poniendo el foco en el papel de las redes sociales en la organización de la acción política y las formas alternativas de ésta, especialmente en las diversas experiencias regionales de la ‘primavera árabe’.

No tan optimista

El estudio de la UCL no es tan optimista como esta literatura. El uso de las redes sociales entre los residentes de las nueve ciudades del estudio refleja más bien su implicación limitada e indirecta en la política en su vida no digital. Por ejemplo, en el pueblo inglés y las ciudades del norte de Chile e Italia, muchas personas muestran una frustración general con la política, igual que la mayoría de sus contactos en las redes sociales. En todos estos lugares, las personas comparten a menudo sus opiniones en Facebook no como forma de protesta para iniciar un cambio, sino con humor como una manera de estrechar lazos comunitarios. En esencia, en vez de ‘hacer política’, utilizan la política con el fin de crear un discurso común de frustración y desilusión. Igual que con el deporte y las celebridades, la política proporciona forraje para una cultura popular compartida.
En Trinidad, la política toma a menudo la forma de espectáculo, pero vista desde una cultura popular. Por ejemplo, cuando el doctor Wayne Kublalsingh de la Universidad de las Antillas inició en 2006 una huelga de hambre de 21 días para protestar contra la construcción de una autopista, no consiguió parar el proyecto, pero se organizó un gran debate en las redes sociales. Los comentarios y las fotografías del deterioro de su cuerpo se mostraron tanto en los medios convencionales como en las redes sociales y los usuarios se vieron envueltos en el drama que se desplegaba debido a su naturaleza espectacular más que por tomar una posición política sobre la construcción de la autopista. Y cuando el primer ministro acordó revisar el proyecto, Kublalsingh puso fin a la huelga, con lo que se terminó la implicación del gran público en el tema.
Aunque la huelga de hambre provocó conversaciones en torno a los temas importantes de la gobernanza y el desarrollo, estas inquietudes políticas fueron eclipsadas en gran medida por el espectáculo de la huelga de hambre, que inspiró muy poca acción política. Muchas personas comentaron en entrevistas y encuestas que, aparte de hablar del espectáculo, no querían que se les asociara con acciones percibidas como ‘activismo’ o ‘participación política’. Consideraron las conversaciones y las bromas en torno a la política aceptables, pero menospreciaron ‘hacer política’ y escribir comentarios ponderados en las redes sociales.

Espectáculo, escándalo y cotilleo

Igual que con los residentes de las ciudades en Inglaterra, Chile e Italia del estudio, es el espectáculo, el escándalo y el cotilleo lo que tiene repercusión en los usuarios, así que son estos aspectos de los asuntos políticos los que se realzan, mientras que los detalles del debate político están ausentes de las redes sociales. Incluso en la ciudad industrial china, los usuarios varones de clase media utilizan las redes sociales para burlarse de la política y los políticos, con el fin de parecer graciosos e inteligentes ante sus iguales. En cada una de estas ciudades, en vez de ‘hacer política’, la gente corriente utiliza las redes sociales para ‘observar’ la política, igual que los espectadores de un partido de fútbol, es decir, como entretenimiento.
En la ciudad del sur de Italia, aunque es común tener amistad con políticos locales de diferentes grupos, se extrema la prudencia al hablar de política en Facebook o adherirse a una causa en particular, debido a la visibilidad asociada a las redes sociales. Es muy poco frecuente que estos italianos marquen “me gusta”, comenten o compartan comentarios políticos que se refieran a un político local en particular. Los propios políticos locales difunden a menudo publicidad favorable sobre su trabajo y publican actualizaciones detalladas sobre sus logros en el ayuntamiento, pero el público en general no se implica en estos temas. En cambio, utilizan las redes sociales para criticar a los personajes públicos, que representan a ‘Europa’, al ‘Estado’ y a la ‘región’. Sólo se implican en temas políticos lo suficientemente generales para no suscitar la posibilidad de que alguien discrepe de su posición. De manera que sus comentarios suelen reducirse a temas como el desempleo, la ineficiencia gubernamental y la corrupción.

Asimismo, en la ciudad minera chilena, las redes sociales se utilizan a menudo paraexpresar decepción con el Gobierno nacional, pero se hace difundiendo memes que ridiculizan al Presidente o a otros políticos destacados. En vez de ser un medio para cambiar la política, estos memes contribuyen a la cohesión local. Al distanciarse de la política nacional y del poder asociado a las personas que residen en la capital de la nación, los chilenos que viven alejados de la urbe cosmopolita sitúan su posición tanto física como política en los márgenes de la nación. Aunque pueden utilizar Facebook para abordar temas locales –como apoyar la construcción de un hospital en la ciudad o protestar contra los planes municipales de convertir un campo de fútbol muy solicitado en un aparcamiento de coches– la solidaridad local es siempre la esencia de la utilización de las redes sociales para fines políticos.
 
En el complejo indio de T.I., los usuarios de las redes sociales no emiten a menudo comentarios serios sobre la política local porque sería demasiado visible para toda la comunidad y podría provocar reacciones negativas en los políticos locales. En su lugar, la crítica en torno a los asuntos políticos locales y la gobernanza se produce en las conversaciones privadas. Las únicas personas que son políticamente activas en las redes sociales son las que trabajan a favor de los partidos políticos locales y sus comentarios tienen el propósito de conseguir apoyo al realzar los acontecimientos o éxitos del partido. Este tipo de comentarios suele atraer los “me gusta” y respuestas de amigos cercanos y otros compañeros del partido.

Temor y sospecha

En la ciudad india, como en la del noroeste de Brasil, los usuarios temenconsecuencias negativas si los partidos rivales consideran antagónicos sus comentarios en las redes sociales. Centran su atención en mantener buenas relaciones con los partidos políticos locales y sus dirigentes. En agosto de 2014, durante la campaña electoral de Brasil, circulaban por los pueblos vehículos con propaganda, emitiendo por altavoz eslóganes y jingles de todos los políticos. Los vecinos se reunían a menudo para discutirlos, pero no se implicaban digitalmente en el comentario político.
Incluso en los lugares en los que la vida diaria está más estructurada por la afiliación y la lucha políticas, las redes sociales no forman parte necesariamente de esta configuración. La ciudad kurda/musulmana del sureste de Turquía, cerca de la frontera siria, tiene una larga historia de conflicto político y violencia. Sin embargo, los ciudadanos se abstienen de discutir de política en los espacios públicos, lo que incluye las redes sociales públicamente accesibles. Estos debates se reservan para el hogar en el que es más probable compartir opiniones y valores con la familia y los amigos cercanos. Durante las elecciones locales de marzo de 2014, algunos simpatizantes rompieron su silencio y participaron en las reuniones públicas en solidaridad con su partido político. Pero incluso en ese momento, nadie escribió comentarios en su propio muro de Facebook.
En la Turquía kurda, se considera que Facebook es aún más público que personarse en una reunión. Se utiliza principalmente para mantener buenas relaciones con los amigos y familiares, de manera que no pronunciarse en torno a asuntos políticos locales es importante para la coexistencia pacífica, tanto digital como no digital. Los residentes de esta ciudad turca saben también que no deben fiarse siempre de lo que ven en las redes sociales. Por ejemplo, saben muy bien que, en septiembre de 2013, el partido en el poder, el AKP, reclutó a más de 6.000 usuarios de las redes sociales con la intención de influir en la opinión pública. De forma que las redes sociales tienden a reforzar el clima político general de la ciudad, lo que incluye la ausencia de debate en torno a la política local y la capacidad del partido en el poder para suprimir las opiniones de la oposición.

Control del Estado

Por supuesto, en Turquía –como en China– el Estado controla explícita y sistemáticamente el uso de las redes sociales y la vigilancia ejercida por el Estado es una fuerza poderosa que ha influido en cómo se utilizan los espacios semipúblicos de las redes sociales. El Gobierno turco prohibe y bloquea directamente ciertos sitiosde las redes sociales. Varias páginas en Facebook que apoyan al partido kurdo Paz y Democracia (ahora el Partido de las Regiones Democráticas) se han cerrado y se acusó a algunas personas de difamación por haber criticado en las redes a figuras poderosas.
La mayoría de los opositores al Gobierno sienten la presión de ser vigilados, lo que conduce a la supresión del libre debate político digital, de la misma manera que se ha suprimido en los lugares no digitales más públicos. Las redes sociales configuran un entretejido de lo social y lo político de tal manera que la vigilancia del Estado solapa y es reforzado por la vigilancia social de amigos, conocidos o familiares.
Pero más importante quizá que la censura de los Estados es cómo éstos hacen uso del poder mediante las normas sociales que gobiernan las relaciones entre individuos. Y puesto que las redes sociales son en efecto sociales –fundadas en las relaciones entre individuos– estas normas influyen en el uso de las mismas. En las dos ciudades chinas del estudio, la historia de los medios locales y su relación con otras áreas de la vida crean una norma poderosa por la que los residentes ni siquiera conciben las redes sociales como el lugar apropiado o posible para discutir de política y criticar al Gobierno central. Consideran más bien las plataformas de redes sociales como QQ y WeChat como lugares de entretenimiento para crear nuevas relaciones y fortalecer las antiguas.
Esta falta de crítica a la labor del Gobierno o de cualquier tipo de implicación política es mayor cuando se compara con el gran interés popular por debatir temas políticos en espacios no digitales, como son las comidas. La censura directa estuvo ausente, casi innecesaria, porque a medida que se iban desarrollando las redes sociales en China, se configuraban al mismo tiempo como lugar de entretenimiento y amistad, haciendo que la implicación política fuera inapropiada en las mismas.

Relaciones sociales y valores locales

En términos generales, se trate de contextos de vigilancia por parte del Estado o del acceso libre a las redes sociales, en todas las ciudades del estudio, la expresión de los individuos en las redes sociales se orienta por regla general hacia la protección y el cuidado de las relaciones sociales y el prestigio personal. Igual que con las interacciones no digitales, las redes sociales se ven como un lugar para mejorar el estatus social o la popularidad de uno, para asociarse con grupos que se consideran prestigiosos o simplemente para mantener buenas relaciones con otras personas. Pero, por supuesto, la gran visibilidad de las redes sociales reafirma este fenómeno, de manera que sea en primer lugar un espacio para expresar ideas y valores compartidos.
Así que cuando observamos cómo la política se desarrolla en las redes sociales desde una perspectiva más global, se hace evidente que las normas sociales, los tipos de redes y los límites de la aceptabilidad social determinan en gran medida si se debate políticamente o no. Los sentimientos de indiferencia, desilusión o apatía pueden contribuir a la decisión de algunos individuos de abstenerse de discutir de política en internet, pero es más frecuente que las redes sociales sean tan sólo un lugar para la interacción y la socialización de un pequeño grupo. De esta manera, para la mayoría de las personas, tiene más sentido utilizar la política para realzar las redes sociales que utilizarlas para ‘hacer política’.
Esta conclusión puede parecer pesimista, pero apoya otro descubrimiento del estudio relacionado con los efectos de las redes sociales e internet en general sobre la homogeneidad global. El hecho de que las normas sociales locales estén tan arraigadas en cada ciudad que ni el debate político puede cambiar este equilibrio, demuestra que incluso algo tan ubicuo como las redes sociales no consigue que nos parezcamos.
Las redes sociales se utilizan de manera diferente en según qué lugares, siempre de acuerdo con la historia local, el sistema político, las condiciones económicas y los valores culturales. Aunque los contextos locales pueden disuadir a muchas personas de implicarse abiertamente en política en contextos digitales, podríamos concluir que el resultado no visible es positivo. Las redes sociales no representan una influencia uniforme en el mundo, sino que se emplean de manera específica en cada ciudad. Aunque no todas las personas utilizan las redes sociales para inspirar revoluciones políticas a nivel nacional, ni siquiera local, las utilizan para mejorar su vida de acuerdo con sus propios valores sociales.
Fuente original: Red Pepper
Traducción: Christine Lewis Carroll

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El escenario y la vida: el universo Cárdenas

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Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.

Fotos: Nora Lezano

“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.

Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.

No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

El escenario y la vida: el universo Cárdenas

Banda sonora

Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.

La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.

En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.

El otro como un territorio a descubrir

La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.

Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.

En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?

Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.

Casa Teatro Estudio

Guardia Vieja 4257, CABA

No hay banda

Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23

La fuerza de la gravedad

Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23

@tatofc

@moyanolaura

@casateatroestudio

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Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa

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Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.

El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña. 

Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”. 

En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”. 

CONTEXTO

En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran: 

1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales. 

2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios. 

3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes. 

4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias. 

FUERA DE CONTEXTO

En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre: 

a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones. 

b) Atentados contra la vida y la integridad física. 

Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”- 

La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.

Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.

LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS

El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar: 

1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas; 

2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación; 

3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero; 

4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias; 

5–allanamientos sin órdenes judiciales; 

6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;

7–violación a procedimientos judiciales,

La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”. 

CONCLUSIONES FINALES

Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:

–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los

cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.

–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de

los de manifestantes

–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.

–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en

las protestas

–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas

en el marco de las protestas y movilizaciones.

–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales

–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de

personas.

–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de

las protestas.

La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”. 

Y concluye: 

–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales. 

–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática. 

–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil. 

–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH. 

–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares. 

–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad. 

Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
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Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua

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El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.

Por Natalia Aramayo

desde San Salvador de Jujuy

El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.  

Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena. 

El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor». 

https://twitter.com/obserluciaperez/status/1703855541821333528?s=48

En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».

Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».

La historia de Iara Rueda

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

El otro juicio

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. 

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.

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