Nota
El Chubutaguazo: asambleas salen a las calles contra el nuevo intento de zonificación minera
El gobierno de Chubut anunció hoy que este viernes 5 de febrero la Legislatura dará tratamiento al proyecto de ley de zonificación minera que pretende dar un marco para impulsar la actividad en la provincia. Asambleas de vecines, comunidades originarias, sectores académicos y sindicales ya adelantaron que saldrán esta semana a las calles contra la reactivación de nuevos (viejos) proyectos mineros, como lo vienen haciendo hace 18 años (que incluyeron plebiscitos, represiones y espionajes históricos, además de una Iniciativa Popular que la legislatura chubutense no se digna a tratar). Reflexiones sobre la política, la democracia, y la riqueza convertida en maldición, en esta nota de Sergio Ciancaglini para la MU 149.
En cierta zona del universo hay lugares con nombres bellos y desconocidos en la geografía mediática: Yala Laubat, Colan Conhué, Paso de Indios, Gan Gan, Los Altares, Chacay, Paso del Sapo, Gualjaina, Piedra Parada. Se suman nombres que el narcisismo de las ciudades grandes registra a lo sumo por razones turísticas: El Maitén, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, Trevelin, Corcovado. Andan por allí Esquel, Aldea Apeleg, Facundo, Lago Blanco y del otro lado, en la costa, Camarones, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Puerto Pirámides y un total de 42 comunidades que se están dedicando a un par de tareas inhóspitas en un invierno de nieve, virus y aislamiento: frenar la minería, y reinventar la democracia.
Ese lugar se llama Chubut, que significa “transparente” en lengua tehuelche, aunque otra teoría es que significa “tortuoso” o “zigzagueante”. Muchos de sus habitantes consideran que esa geografía padece una maldición: el oro. Hay también plata, uranio y cantidad de tesoros naturales que encandilan a uno de los oficios más viejos, tortuosos y poco transparentes del mundo: extraer esas riquezas del suelo, con un saldo imborrable de territorios dañados, contaminados y empobrecidos. Por eso maldición y minería funcionan como dos caras de una misma memoria.
Consejos Elsztain
La larga historia, abreviada, señala que el señor Eduardo Elsztain informó en mayo de este año a sus clientes, amigos & afines que el único modo de sobrevivir en modo millonario a pandemias y otras incertidumbres planetarias es acumulando oro. No pesos, plazos fijos ni dólares: lingote mata billetera.
Elsztain es dueño de una creciente barba blanca que oculta el nudo de sus corbatas, entre otros enigmas. Dueño también de IRSA, el grupo de bienes raíces más grande de Argentina con shoppings como Abasto, Alto Palermo, Patio Bullrich, hoteles y edificios de lujo, como el Llao Llao. De Cresud (un millón de hectáreas de campos). De un tercio del Banco Hipotecario. De edificios en Nueva York. Y tiene el control del mayor grupo económico de Israel, el IDB (Israel Discount Bank) entre muchas otras cosas.
Escribió sobre la actual crisis pandémica: “El manual de supervivencia económica de la Argentina dice que, en este contexto de déficit fiscales épicos, más el endeudamiento más alto de la historia, más emisión monetaria a niveles nunca vistos, más depresión económica, cualquier persona con ahorros grandes o pequeños, debería redireccionar una parte significativa de esa liquidez a la única moneda que no puede ser impresa: el oro”. La frase figura en su escrito Chapter three of the most challenging crisis in our lifetimes, o “Capítulo tres de la crisis más desafiante de nuestras vidas”.
La palabra “nuestras” remite solo a los que tienen liquidez en estos tiempos tan secos, a quienes Elsztain les recomienda comprar oro, mientras él concreta algo todavía más astuto: convertirse en minero. Creó la empresa Austral Gold con la que desarrolla proyectos de minería en Salta, San Juan, Rio Negro y Santa Cruz.
Mientras la sociedad estaba pendiente de la situación sanitaria, la minera canadiense Yamana Gold informó que Elsztain, con su socio Saúl Zang, invertirá 2 millones de dólares para incorporarse al proyecto Suyai, de Esquel, como primer paso para llegar a un 40% del paquete accionario. ¿La función de los nuevos socios? Informa la empresa: “El grupo argentino asumirá la responsabilidad de todos los asuntos ambientales, sociales y de gobierno (ESG) y, en particular, liderará los esfuerzos de permisos destinados a avanzar en el proyecto a través de sus diferentes etapas de desarrollo”.
La traducción obvia es: lobby y negocios. Elsztain intentará que pueda realizarse el hasta ahora fracasado proyecto Suyai (“esperanza”), ubicado sobre la población de Esquel, a 6 kilómetros del centro de la ciudad.
Calcula Pablo Lada, quien desde Trelew se ha transformado en un referente del rechazo en la costa chubutense: “Los 2 millones de dólares son un chiste en términos mineros. Lo de Elsztain es simbólico: significa poner a un empresario argentino para meter más presión para aprobar Suyai”.
Ese proyecto había sido rechazado en 2003 con el 82% de los votos de un plebiscito en Esquel que sembró el camino para la Ley 5001 que prohíbe en toda Chubut la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero mientras las riquezas sigan bajo el suelo parece haber más trampas que leyes en una provincia desmantelada por sus propios gobernantes que han sabido esfumar millones de dólares de las arcas estatales, mientras postulan que la solución es la megaminería. El otro proyecto clave, en la Meseta, es Navidad (plata, plomo y cobre).
Un mensaje de whatsapp llegado desde Chubut sintetiza la situación: “Otra vez sopa”.
¿Qué es una iniciativa popular?
«Se sumó todo” dice Viviana Vivi Moreno, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH) recordando que en diciembre Alberto Fernández, recién asumido, dijo: “En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera y en Chubut hemos logrado que en la zona de la Meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia”.
“Me parece que le informaron mal” supone Vivi, que es bioquímica jubilada y una tromba de iniciativas. En Mendoza, la sociedad agitó inteligencias y pies en diciembre contra la derogación de la ley antiminera 7722, con movilizaciones históricas que hicieron retroceder el plan oficial nacional y provincial. En Chubut hubo también grandes movilizaciones que incluso rodearon la Legislatura en Rawson, y la minería sigue prohibida.
“Íbamos a anunciar la idea de la Iniciativa Popular el 22 de marzo, y nos agarró la cuarentena. Pero cuando vimos que el gobierno, sin importar el coronavirus ni el aislamiento, declaró a la minería ‘actividad esencial’, y que Elsztain entró en el proyecto Suyai, dijimos: no nos podemos paralizar. Cada vez que se los políticos y los mineros se mueven, tiran kerosén al fuego”, dice Vivi.
El 22 de junio se lanzó la Iniciativa Popular, una herramienta de la Constitución provincial que permite, con el aval del 3% de firmas del padrón electoral, presentar un proyecto de Ley que debe ser obligatoriamente tratado por la Legislatura. En Chubut necesitan 13.500 firmas.
¿Qué plantea Ley que propone la Iniciativa? Prohibir la minería metalífera de la primera categoría del Código de Minería (oro, plata, platino, cobre, etc.), la de uranio y torio, y el uso no solo del cianuro sino de toda una serie de químicos contaminantes con los que intenten reemplazarlo.
Iván Payllalaf, 20 años, mapuche-tehuelche y estudiante de Historia, debe viajar desde su casa en Cachay Oeste 10 kilómetros hasta un lugar en la meseta nevada donde consigue señal telefónica para comunicarse con MU: “Otra cosa que incluye la Ley es el principio precautorio, el preventivo, el intergeneracional”. O sea: ante el riesgo de daño irreversible actual o futuro, mejor prevenir que curar. Esos principios, así como el de sostenibilidad y cooperación, son parte de un texto casi desconocido para la farándula empresaria y política, llamado Ley General del Ambiente.
Por eso la paradoja: quienes se rebelan en Chubut y en Mendoza (y en cada centímetro del país amenazado por la destrucción socioambiental) son personas que defienden la vida y las leyes escritas y no muy aplicadas, amenazadas por los Estados y las corporaciones empresarias.
“Nos han mentido y atacado de todos los modos posibles” dice Vivi Moreno. La secuencia incluye espionaje de la AFI sobre más de 30 integrantes de la asamblea de Esquel (la justicia no dio el nombre de quienes cometieron el delito, porque eran espías protegidos, superando en creatividad al Superagente 86). Las asambleas fueron reprimidas en Rawson por patotas pseudosindicales con zona libre policial en 2012, y a fines del año pasado 6 manifestantes fueron secuestrados y golpeados directamente por la policía provincial, una de las más violentas del país, que logró entre varios blasones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino por la desaparición forzada en democracia de Iván Torres, en 2003, en Comodoro Rivadavia, sin que el accionar policial haya cambiado excesivamente desde entonces.
Mandame un mensajito
El lema de la Iniciativa Popular es “Nos deben una ley”. Explica Vivi Moreno: “Habíamos presentado una Iniciativa Popular en 2014, casi idéntica a la actual, que la Legislatura convirtió en un fraude. Habíamos reunido 13.007 firmas. Pero en lugar de debatir nuestro proyecto, lo distorsionaron totalmente y lo convirtieron en una ley prominera tan vergonzosa, que el propio gobernador Mario Das Neves la tuvo que vetar”. La votación había sido 15 a 12.
El símbolo de aquel fraude fue la foto del legislador del Frente para la Victoria, Gustavo Muñiz, mensajeándose desde su Blackberry con el gerente de Yamana Gold Gastón Berardi, quien le indicaba qué aspectos de la Ley debían modificar. La foto del celular, tomada desde las gradas, recorrió el mundo como símbolo. Vivi: “Ahí estaban nuestros representantes basureándonos, humillándonos. Una todavía confía, tiene ilusiones de que la democracia es la mejor opción. Pero ya aprendimos: no se puede confiar. Hubo incluso tres diputados de Esquel, también del FpV, Javier Cisneros, Héctor Trotta y Elba Willhuber que nos traicionaron”. El propio Das Neves fue antiminero y pro minero sucesivamente (según estaba o no en el poder) hasta que la crisis hídrica en la provincia lo puso contra la minería antes de morir en 2017. Poco después, ya con el vice Mariano Arcioni (ex antiminero) al mando, hizo su aparición en Chubut otro inolvidable, versión PRO: el exsecretario de Energía Juan José Aranguren, con fuerte custodia policial y el vía libre de Macri Mauricio para instalar la minería, actividad que parece destinada a sellar las grietas en buena parte de la política, y abrirlas con las comunidades. “El actual secretario de Minería de Nación, Alberto Hensel, es de San Juan, provincia prominera, y es la continuidad de Aranguren. No hay diferencia alguna”, explica Moreno.
La licenciada en Química Marta Sahores, otra de las mujeres que hizo escuela en Chubut explicando el verdadero contenido de la megaminería, dice sobre las frecuentes contradicciones entre el sistema representativo y la idea de democracia: “La democracia la hacemos en las calles, con la participación. No es ir a votar cada tanto. Cuando vamos a votar, no son elecciones: son opciones. Se opta por el mal menor. La democracia es otra cosa”.
¿La minería da trabajo?
«Es incomprensible que una persona como Mariano Arcioni haya llegado a ser gobernador, y lo siga siendo” dice Pablo Lada. La intentona minera se apoya en ese zigzagueante político cuyos spots televisivos contra la minería quedaron tan archivados como los rumores de romances farandulescos que le dieron notoriedad mediática porteña. En 2019 Arcioni logró adelantar elecciones junto al último pago normal de los sueldos provinciales. Apenas ganó, la realidad quedó más desnuda y menos glamorosa que vedette televisiva: la provincia venía endeudándose en dólares a niveles insostenibles, y estalló una crisis social inédita. Aún hoy, los sueldos se pagan con atrasos de entre dos y tres meses y Chubut vive de los salvavidas financieros que le arroja el gobierno nacional. O sea: más deuda. Arcioni venía siendo uno de los grandes ganadores con el “quedate en casa”, consigna que no aplicó para las mineras, que siguieron operando.
La Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros publicó la teoría según la cual “la Ley 5001 propició el empleo público y desincentivó la inversión privada”. “Siempre han dicho lo mismo” explica Pablo. “La crisis es producto de que no hay minería, y ponen la zanahoria de que con mineras la situación mejoraría, lo cual sabemos que es falso”. Creer que el progreso radica en el extractivismo que primariza la economía, contamina y destruye, es un tanto extravagante. Pero además en Esquel están finalizando una investigación que demuestra por qué el argumento sobre el empleo es falso. Algunos datos del trabajo que se conocerá en estos días: en San Juan, en su apogeo minero, la actividad ocupa al 0,89% de los asalariados y el empleo privado en general está en caída constante durante los últimos 6 años. Si se compara Chubut con la ultraminera Santa Cruz, se descubre que en esta última los empleos públicos ocupan al 57%, contra el 30% de Chubut, revelando el sesgo de la información que difunden los lobbies mineros. Viviana: “Las que ganan son las corporaciones y los políticos que las apoyan. Nunca gana la gente”.
Dónde está la energía
«Lo que está ocurriendo con la Iniciativa Popular es fenomenal” dice Pablo Lada. “Cumplimos los protocolos de distancia, los barbijos, la gente viene con su lapicera y, si no tiene, le damos una que luego desinfectamos. Se hacen colas con frío bajo cero para firmar. Es conmovedor”. Datos de las primeras semanas: Trelew ya reunió el 6% de firmas de su padrón; Puerto Madryn, 4%; Rawson, 11%; Epuyén, 10%. En la Meseta (proyecto Navidad): Las Plumas, 10%; Chacay, 50%; Los Altares, 32%. Todo arriba del 3% necesario, si se mantiene la tendencia. “Y en mucho menos tiempo que la vez anterior, con todo en contra por el frío, la crisis y la pandemia”. Uno de los llamados de las asambleas: “Tu firma vale más que el agua”. Cuatro de los 27 legisladores chubutenses también firmaron, hasta ahora.
Desde la Meseta, Iván Payllalaf me manda una selfie en medio de la nieve que lo rodea. Estudia en Trelew pero volvió a Chacay para estar con su familia. Su papá trabaja en la Cooperativa eléctrica de Gan Gan y su mamá es auxiliar educativa. Iván habla con una mezcla de rigor y emoción en cada palabra: “Las mineras quieren entrar con clientelismo y asistencialismo. En el caso Sarayaku, de Ecuador, la Corte Interamericana dijo que las prácticas de asistencialismo empresarial son incompatibles con los derechos humanos, en especial en el mundo indígena. Tenemos el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada en territorios que nos han sido robados. La minería no es una actividad productiva: no produce nada: solo extrae minerales para exportarlos. Lo que hacemos con las asambleas en Chubut es una de las mejores formas de defender la democracia frente a la estafa, destrucción y división que generan las mineras. No sé qué va a pasar. Tienen gente muy pesada amenazando y el Estado abandonó sistemáticamente a la Meseta. Desde que nací, y más antes, hasta hoy, nunca hay luz desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Hay cortes semanas enteras. Me acostumbré, no me quejo porque nunca me faltó comida ni agua. Pero es una desigualdad. Y les dan todo a las corporaciones. La gente quiere cuidar el agua, la tierra, sus animales, el planeta, la vida. Lo se hace aquí con la Iniciativa me produce admiración. Y yo agradezco que alguien nos escuche”.
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Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros
(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?
El podcast completo:
Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.
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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.
El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.
La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.
Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.
Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.
Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.
Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.
Nota
La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas
Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.
Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.
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