El próximo miércoles 10 de febrero las Familias Sobrevivientes de Femicidios, colectivo conformado por madres, padres y hermanas de niñas y mujeres asesinadas, llama a reunirse en todo el país, en una acción inédita contra la violencia machista que, según el Observatorio Lucía Pérez, en lo que va del 2021 se llevó al menos 37 vidas. El encuentro será en Plaza de Mayo a las 12 horas y se replicará en Palpalá, Jujuy, y en los territorios bonaerenses de Mar del Plata, Moreno y San Martín. En todos los puntos se leerán los nombres de quienes fueron asesinadas durante el primer mes del año, en Plaza de Mayo la lectura estará a cargo de la actriz Thelma Fardín, y luego se reclamará, una vez más, que el Estado implemente medidas urgentes. Con esta acción las Familias Sobrevivientes de Femicidios retoman el ritual que había sido interrumpido por el aislamiento de encontrarse el segundo miércoles de cada mes. En esta nota, las familias reconstruyen la genealogía del primer año del colectivo, los encuentros y las cartas enviadas sin éxito al presidente Alberto Fernández, y la necesidad de estar juntos y tejer redes para ser escuchados. Cada experiencia refleja así lo que significa la falta de políticas públicas efectivas y cómo es la pelea cotidiana, sin recursos, para sostener la vida y el pedido de justicia.

El 11 de diciembre de 2019 el presidente Alberto Fernández recibió en la mesa de entrada en Casa Rosada lo que probablemente fue el primer petitorio enviado a esta gestión. Estaba firmado por cinco familias que se unieron para tejer la voz colectiva del grupo Familias Sobrevivientes de Femicidios y contenía cinco puntos fundacionales del colectivo: 

Cumplimiento efectivo de la pena: ningún femicida puede quedar en libertad sin que el Estado garantice que la cárcel no haya sido una escuela de más violencia. 

Ayuda inmediata a los hijos de víctimas de femicidios: los abuelos se hacen cargo desde el yogur hasta la psicóloga. 

Acompañamiento integral a las familias desde el Estado que incluya los recursos necesarios para llevar adelante el pedido de justicia: las familias deben pagar desde el ataúd hasta el abogado. 

Capacitación sobre femicidios a los jueces, fiscales y defensores judiciales: debe ser dada por los familiares, que somos expertos en el maltrato, misoginia y crueldad judicial. 

Reconocimiento de las familias como víctimas por parte del Estado, y su consecuente tratamiento.

El petitorio fue firmado frente a la misma Casa Rosada, en Plaza de Mayo, y entregado colectivamente luego de una ronda de más de dos horas en la que esas familias compartieron sus historias y pensaron estrategias para la búsqueda de justicia. 

Habían llegado desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con kilómetros y dolores a cuestas, uniendo sus voces para ser escuchadas por quienes deben encontrar soluciones adecuadas que permitan terminar con la violencia machista, esa violencia que destroza un cuerpo y, a la vez, la vida de las familias.

Estaban presentes Rosana y Alfredo, mamá y papá de Carla Soggiu; Rubén y Ana María, papá y mamá de Melina Romero; Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; Mónica, mamá de Araceli Fulles; y Blanca, mamá de Agustina Fredes. 

Todas y todos llevaban en su pecho las fotos de sus hijas. Entre la ronda de Familias y la Casa Rosada había una bandera negra de letras blancas que decía: “Estado femicida nunca más”.

No están solas

«Desde la primera carta que dejamos en Casa Rosada nosotros hicimos de todo pero las respuestas fueron muy pobres, muy miserables y muy egoístas”, dice Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada a los 16 años en Mar del Plata. “Encontrarnos con otras familias sobrevivientes fue lo mejor que pasó este año. Saco de positivo el amor que pudimos ensamblar, el apoyo que encontramos entre nosotros, y el seguir con la puerta abierta de la lucha”, sostiene mientras en sus francos como enfermera limpia frutillas para hacer mermeladas que vende para costear viajes, fotocopias y trámites en la causa de su hija que aún espera justicia. 

Marta razona: “Estar juntos nos fortalece, a todos nos pasa lo mismo. Si no estuviéramos atrás de la causa, las cosas no funcionarían: es un desgaste físico, psicológico y económico. Si no estamos con la cabeza y cuerpo bien, y con plata para poder ir y venir, no pasa nada, el Estado no te da nada. Al estar las familias juntas decimos ‘si Alfredo lo puede hacer, yo también. Si Mónica puede, yo también’. Nos vamos retroalimentando entre nosotros mismos. Las cosas tan duras como las que pasa el otro son iguales a las que paso yo. Poder hablar nos ayuda, y lo podemos hacer porque somos todos iguales, pasamos por lo mismo. El entramado principal está en poder decir que no estamos solas, estamos juntos por un cambio de paradigma para todas, no para cada uno. Nuestro lema es: ‘no importa lo que tengamos que pasar para llegar a que nuestras hijas tengan justicia’, pero no debería ser tan difícil, debería ser de otra manera, pero la realidad es que somos nosotros llevando adelante la causa de nuestras hijas”. 

Madres descartables

La segunda ronda fue el 12 de febrero del 2020. Desde Mar del Plata llegaron a Plaza de Mayo cincuenta y cuatro personas acompañando a las familias que desde esa ciudad traían su voz. A quienes ya habían estado en el primer encuentro se sumaron Gustavo, papá de Natalia Melmann; Ana, mamá de Analía Aros; y Jesica, hermana de Nancy Segura. 

El círculo se fue haciendo cada vez más grande. 

“¿Qué venimos a hacer a esta plaza? Venimos a sembrar conciencia”, dijo ese mediodía Marta. Blanca, mamá de Agustina Fredes, asesinada también en la ciudad costera a los 19 años, agregó: “Nosotras pasamos a ser madres descartables. Nos matan a nuestras hijas y tenemos que venir de tan lejos a estar acá sentadas llamando la atención e informando de lo que pasa a la gente. Y no es fácil venir acá. Es muy triste”.

La ronda tuvo un punto culminante en  la lectura en voz alta de la segunda carta y petitorio que Mónica, mamá de Araceli Fulles, llevó hasta la mesa de entrada de Casa Rosada. Tres reclamos:  

Que se implemente un programa para contener a las familias víctimas de violencia machista, que incluya a todos los miembros afectados. Este programa debe proporcionar asistencia psicológica adecuada y, de ser necesario, recursos económicos hasta que ese núcleo familiar esté nuevamente en condiciones de insertarse en el mercado laboral. 

Que se implemente la asistencia jurídica gratuita y, en caso de ser necesario, se proporcionen los pasajes necesarios para seguir el trámite judicial, tal como se corresponde con el pleno ejercicio del acceso a la justicia. 

Que se implemente un protocolo de actuación territorial, especialmente en el ámbito de la educación, para aplicar inmediatamente en casos de poblaciones afectadas por femicidios.

Estado sordo

«Cuando empezamos a juntarnos no conocía a nadie pero sí había escuchado los casos”, dice Alfredo, papá de Carla Soggiu, asesinada a los 28 años. Alfredo y Rosana se hicieron cargo de sus nietos menores de edad sin recibir hasta hoy –a dos años del femicidio– la reparación económica establecida en la Ley Brisa. “Mis nietos no cobran nada. Y nadie nos informa nada porque la ANSES está cerrada. Mi señora intenta hacer trámites por teléfono y es imposible. Por la tele dicen que es un trámite sencillo pero no lo es. A nosotros en estos dos años no nos llamaron nunca”. 

Para Alfredo lo primero que debería hacer el Estado es muy simple: escuchar. “Tienen que empezar por el principio: escuchando, siempre eso es lo primero. Tenía esperanza de que el Ministerio de las Mujeres pudiera ser de ayuda sobre todo para quienes están vivas. Nosotros tenemos a nuestras hijas muertas, pero hay muchas chicas que están, que sobrevivieron. A mi criterio no hubo avances, fueron cositas muy chiquitas. Creí que iban a avanzar en tratar de prevenir para que bajen las tasas de femicidios, en algo más preventivo y no en darle unos pesos, que además son insuficientes, a alguien que hace la denuncia. Habría que atacar más en otro lado. También veo que generalizan en vez de interiorizarse: todos los casos son diferentes, entonces hay que poner gente que escuche a las personas. Una mujer que hizo la denuncia necesita que la estén cuidando de una manera más personalizada. Si solo se hacen cosas generales no van a servir porque nunca van a contener a todas las personas. Tal vez a algunas sí, pero no a todas. Por eso pienso que tienen que escuchar a los familiares, para escuchar y comprender que esto tiene un montón de aristas. La sábana es corta. Más que una sábana es un repasador, y quieren tapar todo con eso: es imposible”.  

Hagan algo 

La última ronda presencial en Plaza de Mayo, antes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio fue el 11 de marzo de 2020, bajo una tormenta implacable. 

Las familias enumeraron todo lo que tienen que hacer para obtener justicia: investigar, preguntar, buscar, acompañar, y un sinfín de tareas más que van desde pagar el ataúd de sus hijas hasta el yogur que todas las mañanas toman sus nietos y nietas, a quienes ahora cuidan. Bajo la lluvia, en la ronda, Rosana lo sintetizó de este modo: “La justicia no ve que los nenes comen y van a la escuela todos los días”. 

La carta del tercer encuentro entregada en la Casa Rosada y, dirigida también al Presidente fue concreta y dolorosa: “Nosotras, Familias Sobrevivientes de Femicidios reiteramos por tercera vez el pedido urgente de que el Estado que usted preside implemente las políticas públicas necesarias para contener, prevenir y erradicar las violencias que están destrozando las vidas de mujeres y travestis. En las dos anteriores cartas enumeramos una serie de medidas simples, concretas y necesarias. En esta oportunidad no queremos seguir sumando una lista de exigencias, sino sintetizar en una sola lo que se impone ante la grave situación reinante: hagan algo”. 

¿Quién siente?

«Es importante estar juntas porque estamos en el mismo dolor que es como decir que hablamos el mismo idioma”, dice Mónica. Su hija, Araceli Fulles, fue asesinada el 1º de abril de 2017, en San Martín, cuando tenía 22 años. “La encontré a los 27 días violada, quebrada. La habían puesto en un freezer. Estuvieron 27 días sin saber dónde meter el cuerpo, hasta que la enterraron en un pozo con cal. No se veía esa carita que ven acá en la foto. Fui a reconocer el cuerpo. Solo estaban los dientitos y los ojitos. Cuesta. Yo también, antes, estuve muchas veces afuera. No me paré a preguntar por qué estaba reunida la gente, a veces en la plaza o con carteles, porque yo era muy ignorante en ese momento. Ignoraba lo que estaba pasando. Hoy me tocó a mí”, dijo ante el micrófono en una reunión en Plaza de Mayo donde también contó que el más chico de sus dos hijos después del femicidio de su hermana intentó suicidarse dos veces. 

“Nos perjudicó la pandemia pero creo que todos tendríamos que acompañarnos, tomar conciencia de que tenemos que unirnos. Que se sigan sumando familias, es importante estar todas juntas”, reflexiona ahora, a un año del primer encuentro. “No siento que desde el Estado hayan hecho algo, y esto no se va a terminar. La cantidad de femicidios que hay es cada vez mayor, pero no hacen nada para pararlos. No sienten el dolor que sentimos nosotros”. 

Ministerio zoom

Una vez iniciada la cuarentena las cartas continuaron enviándose de manera online y el grupo siguió conectado con la frecuencia posible para cada familia: en algunos casos cargar crédito para tener whastapp no es una opción. 

“Hoy como todos meses nos dirigimos a usted señor presidente Alberto Fernández; necesitamos que nos escuche y nos reciba para plantear el problema que padecemos las familias que somos sobrevivientes de femicidio”, escribieron el 10 de abril del 2020. 

La respuesta tardó meses en llegar: el 29 de septiembre de 2020 las Familias recibieron una carta que decía: “Por medio de la presente se le informa que, por el momento, el Primer Magistrado no podrá recibirlos debido a la intensa actividad del gobierno que actualmente desarrolla”. Ese mismo día se conocieron tres femicidios. 

El pedido fue derivado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Funcionarias de esa cartera se reunieron de manera virtual con Alfredo (papá de Soggiu) y Marta (mamá de Lucía). El resto de las familias no tenían computadora para conectarse, o teléfono que permitiese hacerlo, ni otros recursos. “Hablamos de una diferencia social importante. Me atendés virtualmente pero yo no puedo ni entrar porque no tengo crédito en el teléfono”, dijo ese día Marta.  

En un comunicado difundido por las Familias luego de la reunión explicaron: “Así escuchamos a varias funcionarias de segundo y tercer nivel ministerial, quienes nos detallaron los programas de ayuda asistencial que habían implementado, como por ejemplo la ayuda de 40 mil pesos que se puede pedir antes de los 60 días de sucedido el fallecimiento. Así agradecimos mucho el tiempo que nos dedicaban, les explicamos que los crímenes de nuestras hijas están impunes desde hace varios años y reiteramos nuestro interés: ser recibidas por el Presidente ya que consideramos que los femicidios deben ser prioridad en la agenda de gobierno”.

Luego de la reunión Alfredo describió  la situación con la siguiente imagen: “Pusieron un granito de arena. Es un inicio. Pero falta la playa entera”.  

Nunca más

«La lucha por nuestras hijas no termina, sigue. Somos la voz, el cuerpo, el pensamiento de nuestras hijas. Por eso toda la lucha que se haga con otras familias para mí es importante. Tenemos que estar golpeando puertas y abriendo cabezas”, dice Ana María, mamá de Melina Romero, a quien seguir conectada durante el aislamiento, desde su casa en San Martín, le resultó imposible. “Quedé aislada”, explica.

Por eso Ana María cree importante que pronto puedan retomar las reuniones en Plaza de Mayo: “Ojalá que nos abra las puertas el Presidente. Sería muy importante  porque dijimos ‘Estado ausente nunca más’, pero hay una ausencia tremenda por parte del Estado. Hubo muchas chicas muertas antes y después de Melina. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué hay? El Estado debería escuchar a las familias. Para que nos atiendan tiene que haber tiempo. La Casa de Gobierno es bastante grande para que nos pueda ceder un espacio y nos dé explicaciones a todas. Sería una forma de demostrar que está cumpliendo su función como Presidente, para que el Estado no esté ausente nunca más”. 

El 11 de diciembre de 2019 el presidente Alberto Fernández recibió en la mesa de entrada en Casa Rosada lo que probablemente fue el primer petitorio enviado a esta gestión. Estaba firmado por cinco familias que se unieron para tejer la voz colectiva del grupo Familias Sobrevivientes de Femicidios y contenía cinco puntos fundacionales del colectivo: 

Cumplimiento efectivo de la pena: ningún femicida puede quedar en libertad sin que el Estado garantice que la cárcel no haya sido una escuela de más violencia. 

Ayuda inmediata a los hijos de víctimas de femicidios: los abuelos se hacen cargo desde el yogur hasta la psicóloga. 

Acompañamiento integral a las familias desde el Estado que incluya los recursos necesarios para llevar adelante el pedido de justicia: las familias deben pagar desde el ataúd hasta el abogado. 

Capacitación sobre femicidios a los jueces, fiscales y defensores judiciales: debe ser dada por los familiares, que somos expertos en el maltrato, misoginia y crueldad judicial. 

Reconocimiento de las familias como víctimas por parte del Estado, y su consecuente tratamiento.

El petitorio fue firmado frente a la misma Casa Rosada, en Plaza de Mayo, y entregado colectivamente luego de una ronda de más de dos horas en la que esas familias compartieron sus historias y pensaron estrategias para la búsqueda de justicia. 

Habían llegado desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con kilómetros y dolores a cuestas, uniendo sus voces para ser escuchadas por quienes deben encontrar soluciones adecuadas que permitan terminar con la violencia machista, esa violencia que destroza un cuerpo y, a la vez, la vida de las familias.

Estaban presentes Rosana y Alfredo, mamá y papá de Carla Soggiu; Rubén y Ana María, papá y mamá de Melina Romero; Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; Mónica, mamá de Araceli Fulles; y Blanca, mamá de Agustina Fredes. 

Todas y todos llevaban en su pecho las fotos de sus hijas. Entre la ronda de Familias y la Casa Rosada había una bandera negra de letras blancas que decía: “Estado femicida nunca más”.

No están solas

«Desde la primera carta que dejamos en Casa Rosada nosotros hicimos de todo pero las respuestas fueron muy pobres, muy miserables y muy egoístas”, dice Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada a los 16 años en Mar del Plata. “Encontrarnos con otras familias sobrevivientes fue lo mejor que pasó este año. Saco de positivo el amor que pudimos ensamblar, el apoyo que encontramos entre nosotros, y el seguir con la puerta abierta de la lucha”, sostiene mientras en sus francos como enfermera limpia frutillas para hacer mermeladas que vende para costear viajes, fotocopias y trámites en la causa de su hija que aún espera justicia. 

Marta razona: “Estar juntos nos fortalece, a todos nos pasa lo mismo. Si no estuviéramos atrás de la causa, las cosas no funcionarían: es un desgaste físico, psicológico y económico. Si no estamos con la cabeza y cuerpo bien, y con plata para poder ir y venir, no pasa nada, el Estado no te da nada. Al estar las familias juntas decimos ‘si Alfredo lo puede hacer, yo también. Si Mónica puede, yo también’. Nos vamos retroalimentando entre nosotros mismos. Las cosas tan duras como las que pasa el otro son iguales a las que paso yo. Poder hablar nos ayuda, y lo podemos hacer porque somos todos iguales, pasamos por lo mismo. El entramado principal está en poder decir que no estamos solas, estamos juntos por un cambio de paradigma para todas, no para cada uno. Nuestro lema es: ‘no importa lo que tengamos que pasar para llegar a que nuestras hijas tengan justicia’, pero no debería ser tan difícil, debería ser de otra manera, pero la realidad es que somos nosotros llevando adelante la causa de nuestras hijas”. 

Madres descartables

La segunda ronda fue el 12 de febrero del 2020. Desde Mar del Plata llegaron a Plaza de Mayo cincuenta y cuatro personas acompañando a las familias que desde esa ciudad traían su voz. A quienes ya habían estado en el primer encuentro se sumaron Gustavo, papá de Natalia Melmann; Ana, mamá de Analía Aros; y Jesica, hermana de Nancy Segura. 

El círculo se fue haciendo cada vez más grande. 

“¿Qué venimos a hacer a esta plaza? Venimos a sembrar conciencia”, dijo ese mediodía Marta. Blanca, mamá de Agustina Fredes, asesinada también en la ciudad costera a los 19 años, agregó: “Nosotras pasamos a ser madres descartables. Nos matan a nuestras hijas y tenemos que venir de tan lejos a estar acá sentadas llamando la atención e informando de lo que pasa a la gente. Y no es fácil venir acá. Es muy triste”.

La ronda tuvo un punto culminante en  la lectura en voz alta de la segunda carta y petitorio que Mónica, mamá de Araceli Fulles, llevó hasta la mesa de entrada de Casa Rosada. Tres reclamos:  

Que se implemente un programa para contener a las familias víctimas de violencia machista, que incluya a todos los miembros afectados. Este programa debe proporcionar asistencia psicológica adecuada y, de ser necesario, recursos económicos hasta que ese núcleo familiar esté nuevamente en condiciones de insertarse en el mercado laboral. 

Que se implemente la asistencia jurídica gratuita y, en caso de ser necesario, se proporcionen los pasajes necesarios para seguir el trámite judicial, tal como se corresponde con el pleno ejercicio del acceso a la justicia. 

Que se implemente un protocolo de actuación territorial, especialmente en el ámbito de la educación, para aplicar inmediatamente en casos de poblaciones afectadas por femicidios.

Estado sordo

«Cuando empezamos a juntarnos no conocía a nadie pero sí había escuchado los casos”, dice Alfredo, papá de Carla Soggiu, asesinada a los 28 años. Alfredo y Rosana se hicieron cargo de sus nietos menores de edad sin recibir hasta hoy –a dos años del femicidio– la reparación económica establecida en la Ley Brisa. “Mis nietos no cobran nada. Y nadie nos informa nada porque la ANSES está cerrada. Mi señora intenta hacer trámites por teléfono y es imposible. Por la tele dicen que es un trámite sencillo pero no lo es. A nosotros en estos dos años no nos llamaron nunca”. 

Para Alfredo lo primero que debería hacer el Estado es muy simple: escuchar. “Tienen que empezar por el principio: escuchando, siempre eso es lo primero. Tenía esperanza de que el Ministerio de las Mujeres pudiera ser de ayuda sobre todo para quienes están vivas. Nosotros tenemos a nuestras hijas muertas, pero hay muchas chicas que están, que sobrevivieron. A mi criterio no hubo avances, fueron cositas muy chiquitas. Creí que iban a avanzar en tratar de prevenir para que bajen las tasas de femicidios, en algo más preventivo y no en darle unos pesos, que además son insuficientes, a alguien que hace la denuncia. Habría que atacar más en otro lado. También veo que generalizan en vez de interiorizarse: todos los casos son diferentes, entonces hay que poner gente que escuche a las personas. Una mujer que hizo la denuncia necesita que la estén cuidando de una manera más personalizada. Si solo se hacen cosas generales no van a servir porque nunca van a contener a todas las personas. Tal vez a algunas sí, pero no a todas. Por eso pienso que tienen que escuchar a los familiares, para escuchar y comprender que esto tiene un montón de aristas. La sábana es corta. Más que una sábana es un repasador, y quieren tapar todo con eso: es imposible”.  

Hagan algo 

La última ronda presencial en Plaza de Mayo, antes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio fue el 11 de marzo de 2020, bajo una tormenta implacable. 

Las familias enumeraron todo lo que tienen que hacer para obtener justicia: investigar, preguntar, buscar, acompañar, y un sinfín de tareas más que van desde pagar el ataúd de sus hijas hasta el yogur que todas las mañanas toman sus nietos y nietas, a quienes ahora cuidan. Bajo la lluvia, en la ronda, Rosana lo sintetizó de este modo: “La justicia no ve que los nenes comen y van a la escuela todos los días”. 

La carta del tercer encuentro entregada en la Casa Rosada y, dirigida también al Presidente fue concreta y dolorosa: “Nosotras, Familias Sobrevivientes de Femicidios reiteramos por tercera vez el pedido urgente de que el Estado que usted preside implemente las políticas públicas necesarias para contener, prevenir y erradicar las violencias que están destrozando las vidas de mujeres y travestis. En las dos anteriores cartas enumeramos una serie de medidas simples, concretas y necesarias. En esta oportunidad no queremos seguir sumando una lista de exigencias, sino sintetizar en una sola lo que se impone ante la grave situación reinante: hagan algo”. 

¿Quién siente?

«Es importante estar juntas porque estamos en el mismo dolor que es como decir que hablamos el mismo idioma”, dice Mónica. Su hija, Araceli Fulles, fue asesinada el 1º de abril de 2017, en San Martín, cuando tenía 22 años. “La encontré a los 27 días violada, quebrada. La habían puesto en un freezer. Estuvieron 27 días sin saber dónde meter el cuerpo, hasta que la enterraron en un pozo con cal. No se veía esa carita que ven acá en la foto. Fui a reconocer el cuerpo. Solo estaban los dientitos y los ojitos. Cuesta. Yo también, antes, estuve muchas veces afuera. No me paré a preguntar por qué estaba reunida la gente, a veces en la plaza o con carteles, porque yo era muy ignorante en ese momento. Ignoraba lo que estaba pasando. Hoy me tocó a mí”, dijo ante el micrófono en una reunión en Plaza de Mayo donde también contó que el más chico de sus dos hijos después del femicidio de su hermana intentó suicidarse dos veces. 

“Nos perjudicó la pandemia pero creo que todos tendríamos que acompañarnos, tomar conciencia de que tenemos que unirnos. Que se sigan sumando familias, es importante estar todas juntas”, reflexiona ahora, a un año del primer encuentro. “No siento que desde el Estado hayan hecho algo, y esto no se va a terminar. La cantidad de femicidios que hay es cada vez mayor, pero no hacen nada para pararlos. No sienten el dolor que sentimos nosotros”. 

Ministerio zoom

Una vez iniciada la cuarentena las cartas continuaron enviándose de manera online y el grupo siguió conectado con la frecuencia posible para cada familia: en algunos casos cargar crédito para tener whastapp no es una opción. 

“Hoy como todos meses nos dirigimos a usted señor presidente Alberto Fernández; necesitamos que nos escuche y nos reciba para plantear el problema que padecemos las familias que somos sobrevivientes de femicidio”, escribieron el 10 de abril del 2020. 

La respuesta tardó meses en llegar: el 29 de septiembre de 2020 las Familias recibieron una carta que decía: “Por medio de la presente se le informa que, por el momento, el Primer Magistrado no podrá recibirlos debido a la intensa actividad del gobierno que actualmente desarrolla”. Ese mismo día se conocieron tres femicidios. 

El pedido fue derivado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Funcionarias de esa cartera se reunieron de manera virtual con Alfredo (papá de Soggiu) y Marta (mamá de Lucía). El resto de las familias no tenían computadora para conectarse, o teléfono que permitiese hacerlo, ni otros recursos. “Hablamos de una diferencia social importante. Me atendés virtualmente pero yo no puedo ni entrar porque no tengo crédito en el teléfono”, dijo ese día Marta.  

En un comunicado difundido por las Familias luego de la reunión explicaron: “Así escuchamos a varias funcionarias de segundo y tercer nivel ministerial, quienes nos detallaron los programas de ayuda asistencial que habían implementado, como por ejemplo la ayuda de 40 mil pesos que se puede pedir antes de los 60 días de sucedido el fallecimiento. Así agradecimos mucho el tiempo que nos dedicaban, les explicamos que los crímenes de nuestras hijas están impunes desde hace varios años y reiteramos nuestro interés: ser recibidas por el Presidente ya que consideramos que los femicidios deben ser prioridad en la agenda de gobierno”.

Luego de la reunión Alfredo describió  la situación con la siguiente imagen: “Pusieron un granito de arena. Es un inicio. Pero falta la playa entera”.  

Nunca más

«La lucha por nuestras hijas no termina, sigue. Somos la voz, el cuerpo, el pensamiento de nuestras hijas. Por eso toda la lucha que se haga con otras familias para mí es importante. Tenemos que estar golpeando puertas y abriendo cabezas”, dice Ana María, mamá de Melina Romero, a quien seguir conectada durante el aislamiento, desde su casa en San Martín, le resultó imposible. “Quedé aislada”, explica.

Por eso Ana María cree importante que pronto puedan retomar las reuniones en Plaza de Mayo: “Ojalá que nos abra las puertas el Presidente. Sería muy importante  porque dijimos ‘Estado ausente nunca más’, pero hay una ausencia tremenda por parte del Estado. Hubo muchas chicas muertas antes y después de Melina. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué hay? El Estado debería escuchar a las familias. Para que nos atiendan tiene que haber tiempo. La Casa de Gobierno es bastante grande para que nos pueda ceder un espacio y nos dé explicaciones a todas. Sería una forma de demostrar que está cumpliendo su función como Presidente, para que el Estado no esté ausente nunca más”.