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El Cuarto de Lucía en La Manzana de las Luces: una muestra para hacer justicia

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Desde hoy y hasta el 10 de septiembre podrá visitarse en Perú 222, CABA, la muestra que recrea el cuarto de la adolescente asesinada en Mar del Plata, cuyo femicidio se convirtió en un símbolo de la impunidad, la violencia machista y estatal. A través de El Cuarto de Lucía, la familia reclama el comienzo urgente del juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas – cuyo curso ya fue aprobado- y una nueva fecha de juicio para sentenciar a los culpables por el femicidio. De la mano de esos pedidos urgentes y concretos, llega este Cuarto rodeado de actividades artísticas, de debate y reflexión que serán parte de la trama de pensamiento y acción para parar la violencia machista y la impunidad. Crónica de la apertura, la Carta de la familia a quienes visitan la muestra, y la programación completa.

En un lugar emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, con más de 400 años de historia y donde nació la Universidad de Buenos Aires hace 200 años, quedó ayer inaugurado El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida, la instalación que reproduce el cuarto de la adolescente de 16 años asesinada en octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata y cuyo femicidio, que aún sigue impune, desató el primer paro de mujeres en el  país. El Patio de la Procuraduría, una construcción de ladrillos que data de 1730, será el espacio que hasta el viernes 10 de septiembre albergará esta muestra que propone compartir el ámbito más íntimo de Lucía, el dolor de la ausencia y el reclamo de justicia. Además, habrá actividades presenciales, virtuales y presentaciones artísticas.

Mientras suenan de fondo las campanas, Gustavo Blázquez, antropólogo y director de la Manzana de las Luces, anuncia que con El cuarto de Lucía se reabren las puertas del complejo histórico y da la bienvenida a Marta Montero y Guillermo Pérez, mamá y papá de Lucía. También rememora que el 12 de agosto del año pasado -un año exacto- se anuló el juicio que dejó libres los asesinos de Lucía: “Este espacio histórico se siente capaz de alojar, de contener y hacernos recordar las múltiples violencias que circulan. Acá estamos y luchamos fuertemente contra todas esas violencias”.

Marta toma la palabra y agradece a todes quienes se acercaron a la Manzana de las Luces. “En este lugar se dieron muchas luchas», informa. «Y hoy estamos pidiendo justicia por una hija que nos mataron. Para nosotros es muy emocionante estar acá. Dentro de dos meses, el 8 de octubre se cumplen cinco años de que la mataron y todavía no tenemos justicia. Si hubieran dictado la justicia que se merecía Lucía, dar la condena que correspondía, hoy podríamos estar acá, pero no pidiendo justicia”. Guillermo Pérez suma: “Precisamos el apoyo para el jury (juicio político a dos jueces que dejaron impune el femicidio). Tenemos que estar preparados para un cambio que va a venir en el Poder Judicial, para lo que queremos que pase después”. Con mucha ternura, sobre el final Marta pidió a las chicas de la Campaña Nacional Somos Lucía que se acercaran y Guillermo les agradeció su apoyo incondicional y compañía: “Son las que  almuerzan con nosotros los domingos,  las que estás siempre llamando por teléfono y se preocupan por nosotros”. Y les cuatro se abrazaron.

La instalación fue ideada por Marta Montero, mamá de Lucía, y la periodista Claudia Acuña y se llevó a cabo por primera vez en la rambla marplatense, en la recova de ingreso al teatro Auditorium. La inauguración fue el 14 de febrero de este año, día en que Lucía hubiera cumplido 21 años.

Luego se trasladó al Museo de Bellas Artes Emilio Pettoruti de La Plata, durante el mes de abril. Allí la muestra se abrió al público el mismo día en que la Comisión Bicameral de la Legislatura Bonaerense presentó una acusación formal contra los  jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, que absolvieron a Juan Pablo Offidiani, Matías Gabriel Farías y Alejandro Maciel, los asesinos de Lucía. Y en el día en que hace justo un año fuera anulado el jucio – todavía sin nueva fecha- el cuarto se inaugura en la Manzana de las Luces en el  barrio porteño de San Telmo.

Allí, aquí, luces violetas y blancas se encienden en el Patio donde hay varias personas sentadas y otras de pie, prestando atención a la presentación de la muestra para recorrerla después. Entre el público, se encuentran el papá de Carla Soggiu, el papá de Natalia Mellman, la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa y la mamá de Camila Flores, todas asesinadas por la violencia machista.  La actriz Victoria Onetto, actual Subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires manifestó su emoción al oír a Marta y Guillermo: “Después de escucharlos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para seguir visibilizando esta problemática? Se hace con una decisión política. Lograr romper con esa lógica machista, patriarcal misógina, tan arraigada en nuestra sociedad, es sin duda nuestro desafío”.

La licenciada Valeria González, investigadora, curadora, docente y Secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación dirigió unas palabras de agradecimiento y destacó el artivismo que se combina en El cuarto de Lucía:

«Habla de lo irreparable, de lo inconsolable. Cuando la justicia no hace justicia y en su nombre perpetúa la violencia machista, ahí hay un rol para la cultura. Esto que perpetraron tres dinosaurios del tribunal es por lo que esta marea se alza y lucha.

Valeria González, investigadora, curadora, docente y Secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación

Somos marea, somos líquidas y donde nos pongan un dique, una muralla, vamos a encontrar hendiduras y canales para volvernos a juntar y alzar nuestra voz.  Lucía, nos estás escuchando desde el cielo y desde acá, porque todas somos Lucía, y sabiendo lo que te gustaba la música, te queremos decir: no olvides, los dinosaurios van a desaparecer”. Lágrimas y aplausos se combinaron en un anochecer de frío, con los ojos de Lucía mirándonos desde el mural de las artistas Natalia Beresiarte y Natalia González.

“Este Estado está en deuda, fundamentalmente por el Poder Judicial –dijo Estela Díaz, la Ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires-. Lo que construyó la impunidad fue una brutal revictimización de Lucía. Necesitamos la causa que juzgue a los responsables del femicidio de Lucía. Este momento, este lugar junta arte, política, memoria, pero fundamentalmente amor. Ese pedido de justicia lo hacen con amor, con compromiso. El  Estado debe acompañarlo como  política pública, para esto estamos llamados”.

La música estuvo presente también de la mano de la cantante y compositora Julia Molinari, quien cantó “Entre lágrimas y flores”, tema compuesto para Lucía, acompañada en coros por Eliana Lardone. A continuación, la actriz Romina Gaetani leyó la carta de la familia de Lucía a las personas que visitan la muestra:

Todo femicidio es evitable.

Lo decimos desde el dolor y desde la convicción que nos da la experiencia de haber convertido este sufrimiento en una batalla cotidiana contra la violencia.

Todo femicidio es un golpe brutal para cada familia y una herida social para toda la comunidad pero también, una oportunidad para prevenir los próximos si hacemos lo que hay que hacer hoy, ya, ahora.

El femicidio de Lucía es un ejemplo, es un símbolo, es un alerta, pero no es un “caso”. Es el brutal resultado de una cadena que hace funcionar la maquinaria femicida y es esa cadena la que tenemos que romper, eslabón por eslabón.

El principal eslabón es el que garantiza la impunidad de ese crimen. Es el que se activa desde el primer momento para que  la investigación esté contaminada por las complicidades que permitieron que ese femicidio se produzca. Es el que se activa en Salta, por ejemplo, hace diez años cuando asesinan a Cassandre y Horuie, las chicas francesas; o en San Martín con Melina y Araceli; o en esta Capital con Carla;  o Córdoba con Cecilia; o hace menos de dos meses, en Santiago del Estero, con Luciana. Todas vidas jóvenes, alegres, que fueron destrozadas, y con ellas, sus familias, sus amigas, sus compañeras de colegio, sus vecinas, sus barrios.

Las familias aprendimos así, con ese golpe atroz, que mientras estábamos aturdidas por el dolor ya se estaban destruyendo pruebas y construyendo relatos para justificar  el crimen de nuestras hijas y por eso mismo sabemos que la posibilidad de justicia depende de que en las primeras horas intervenga un equipo que garantice una investigación imparcial, como corresponde. Eso exigimos.

Todo femicidio es evitable. Y una forma concreta de hacerlo es crear un cuerpo especializado de fiscales y peritos para que intervengan en aquellos crímenes en los que la trama de impunidad territorial implique la complicidad policial y judicial.

También aprendimos  que otro eslabón que nos condena a esta violencia es el silencio. Por eso las familias estamos convencidas de la importancia que tiene para prevenirlos poder reflexionar en comunidad. En cada escuela, en cada plaza, en cada barrio donde las Lucías son asesinadas por ser Lucías debemos parar el mundo por un rato y sentarnos a pensar qué nos pasó, qué lo hizo posible y cómo evitarlo. Eso exigimos.

Todo femicidio es evitable, repetimos. Pero cuando sucede, las familias tenemos que enfrentarnos a un Poder Judicial insensible, inhumano, injusto. En el caso de Lucía, con mucha lucha, persistencia y apoyo de toda la sociedad, logramos anular un fallo vergonzoso. Hoy se cumple un año de este triunfo que significa, nada menos, un límite a ese asqueroso Poder Judicial: nunca más va a poder juzgar a las víctimas. Eso exigimos.

Y  lo logramos .

El Cuarto de Lucía en La Manzana de las Luces: una muestra para hacer justicia

 Pero no alcanza: esos mismos jueces siguen hoy tomando las decisiones en la causa penal de Lucía. Y siguen tomando decisiones en otras causas. Contra esa injusticia también luchamos y logramos que se inicie el trámite de  un jury para que se juzgue a esos jueces. Y en ese jury  el defensor de los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de Lucía es el mismo abogado que defendió a los genocidas responsables de las torturas, violaciones y desapariciones producidas durante la dictadura en el centro clandestino La Cacha; es el mismo abogado que defendió al Padre Grassi en el juicio que lo condenó por abusar de menores y es el mismo abogado que defendió a los policías que desaparecieron a Miguel Bru.

Este apenas un dato sobre estos jueces, un golpe más de los tantos que recibimos en este largo camino que nos reveló con claridad algo: tenemos que exigir una reforma judicial urgente.

 Solo vamos a lograr justicia para las Lucías si somos capaces de construir un Poder Judicial decente, derecho y humano.

Solo vamos a terminar con esta violencia si tenemos un Estado presente, activo y decidido a intervenir en cada femicidio con todas sus herramientas y recursos para que sea el último. Hasta que así sea.

No es una utopía. Es un desafío que nos toca enfrentar y que podemos superar si nos unimos, sin grietas, porque no hay dos bandos posibles si la batalla es contra la muerte.

Hoy estamos acá con El cuarto de Lucía, que representa ese parte de nuestra vida que la violencia femicida arrancó de nuestro hogar. Compartimos ese vacío, esa ausencia, esos sueños que ya no serán soñados, nuestra pesadilla, con la esperanza de que les transmita nuestra convicción: Ni Una Más es posible.

Hagamos todo lo que hay que hacer y más hasta que así sea.

Muchas gracias.

Con amor,

Marta, Guillermo y Matías

Llega así el momento en que les presentes podían ingresar al cuarto de Lucía. Una cama tendida, una tabla de surf, dibujos y escritos pegados en las paredes. Una mesa de luz, una lámpara, un libro, un par de zapatillas en el piso. El peso de su ausencia palpita en cada rincón. Una niña que le dice a su madre: «Estoy buscando a Lucía, la quiero ver».

De miércoles a domingo de 12 a 20 hs y hasta el 10 de septiembre se podrá visitar la instalación, recorrer el cuarto, mirar la proyección del juicio  oral que permitió que los asesinos no fueran juzgados por femicidio sino por venta de drogas.

La exigencia de una fecha de inicio del nuevo juicio, el reclamo incesante de justicia por Lucía y por todas las víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio, compartir la carga del dolor, cuidar las heridas con el arte y sus bálsamos reparadores, no desistir, fortalecerse y abrazarse.

Para eso está El Cuarto de Lucía.

El Cuarto de Lucía en La Manzana de las Luces: una muestra para hacer justicia

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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

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El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

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El femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco fue víctima del Poder Judicial: en un juicio abreviado condenaron a su asesino por homicidio simple, sin considerar la brutalidad de su asesinato ni investigar las conexiones de su crimen con sus denuncias periodísticas. “Estamos tan tristes que no podemos ni hablar”, dirá Fabián, el hijo mayor de Griselda. Cuenta que el acuerdo se selló entre la fiscal y la defensa del asesino y que ellos simplemente fueron notificados del acuerdo. “Llegamos a esta etapa con pruebas perdidas y la constante amenaza de que si íbamos a un juicio oral se iban a dedicar a ensuciar la memoria de mi madre. Realmente es imposible luchar contra este sistema: es como andar contra el viento. Perdimos toda esperanza”.

Griselda fue asesinada en su casa de Curuzú Cuatiá en 2023. El viernes el juez Martín José Vega, titular del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, avaló el acuerdo y de esa manera Darío Alfredo Ricardo Holzweissig deberá cumplir la pena por el delito de homicidio simple: 12 años y 6 meses de prisión, no de cumplimiento efectivo por no reconocerse en este fallo el componente de violencia de género. El acuerdo fue alcanzado entre la defensa del imputado y el Ministerio Público Fiscal, representado por Clara Belén Arrúa, titular de la Unidad Fiscal.

En la última emisión de su programa en Facebook Griselda había acusado al comisario  Walter Maciel por seguir en su puesto de policía pese a que una oficial lo había denunciado por abuso sexual. Maciel está ahora detenido por encubrimiento en el caso de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi un año. Dijo Griselda en su último programa y día de vida: “Diana Yardín es policía. Es de Curuzú Cuatiá, pero se encontraba ejerciendo su labor en Monte Caseros. Nadie se solidarizó con Diana. Todos encubren a este individuo: comisario Maciel. Aún no lo apartaron de la fuerza como hicieron con ella”, sostuvo la periodista asesinada.

Y continuó: “Solo pedimos justicia. Que intervengan los fiscales, por favor. No podemos tener un violador en la fuerza”. La denuncia del abuso había sido radicada en la justicia en 2019 por la oficial y también incluiría presuntas amenazas y maniobras de encubrimiento, delito por el que ahora está detenido el comisario en el caso del pequeño desaparecido.

Al informar sobre el escandaloso cierre del caso el diario Norte sintetizó: “Griselda Blanco era una periodista incisiva, una co­municadora social que utili­zaba su voz para denunciar injusticias y dar voz a quie­nes no la tenían. Su asesi­nato no solo fue un crimen contra una persona, sino también un ataque a la li­bertad de prensa. La forma en que la Justicia abordó su caso tiene un eco profundo en la sociedad, especialmen­te para el libre ejercicio del perio­dismo”.

El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

Fotos Sebastián Smok para lavaca.

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La tesis del gran bonete

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¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio. 

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”.  Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para  denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

  1. Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
  2. Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
  3. Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
  4. Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.
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